De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4, 5 y 12 de la Ley de Asistencia Social

Honorable Asamblea

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

La Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio DGPL.61-II-7-2754 de fecha 13 de septiembre de 2011, turnó a la Comisión de Desarrollo Social con opinión de la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen, el expediente número 5244, que contiene una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4, 5 y 12 de la Ley de Asistencia Social, presentada por el diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, durante la sesión de la misma fecha.

Con estos antecedentes, la comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la iniciativa con proyecto de decreto referida, a fin de valorar su contenido, deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta con el siguiente:

Contenido de la iniciativa

La iniciativa presentada por el diputado Pedro Vázquez González pretende modificar la Ley de Asistencia Social para la creación del Sistema Nacional de Comedores Públicos Gratuitos a lo largo y ancho de nuestro territorio, para garantizar el acceso a la alimentación diaria a los mexicanos que menos tienen.

Se señala en la exposición de motivos que esta propuesta está sustentada en la realidad que vive la gran mayoría del pueblo mexicano, que se debate entre el desempleo y la miseria extrema. Esta condición social de nuestro pueblo no es producto de su voluntad. Es el resultado de un sistema que excluye a la mayoría del disfrute de la riqueza social que se genera anualmente.

Argumenta el diputado proponente, que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social señala en la medición de indicadores sobre pobreza y marginación del año 2010, que el número de mexicanos con carencia en el acceso a la alimentación paso de 23.8 millones de personas en 2008 a 28 millones el año pasado. Prácticamente son 5 millones de mexicanos que no tienen acceso a la alimentación. De ahí la importancia de una propuesta como la que estamos proponiendo a esta soberanía. Además, el incremento en el precio de los alimentos se ha convertido en un acicate que ha elevado la pobreza de nuestro pueblo, que se conjuntó con la caída de las remesas que envían nuestros compatriotas del exterior, que era un factor atenuante de este flagelo social.

Señala el diputado proponente que lo más grave de la situación de pobreza es que el 50 por ciento de los recursos que se destinan a la política social, no llegan a los mexicanos más pobres, porque las autoridades locales y federales los desvían, cuestión que lo reconoce el Consejo Nacional de Evaluación de la política social de nuestro país.

Ejemplifica el diputado proponente que en el país hay experiencias exitosas en la implementación de comedores públicos. En el Distrito Federal hay una política de este tipo que atiende a miles de ciudadanos de la capital. el gobierno de nuestra capital, ha instrumentado la creación de comedores públicos que permiten que miles de capitalinos puedan comer sin tener que vivir en la incertidumbre del hambre. En América Latina, Venezuela es un ejemplo de un país que no le ha tenido miedo a los cambios sociales. Prueba de ello es que desde hace varios años instrumentó una política social que privilegia a los más necesitados. Además ha aprovechado los recursos provenientes del petróleo han sido utilizados para implementar políticas de corte social que benefician a los más necesitados. En cada barrio de esa nación hay comedores públicos gratuitos.

Por todo lo anterior, el diputado proponente y su grupo parlamentario proponen crear el Sistema Nacional de Comedores Públicos Gratuitos en el país para garantizar la alimentación a los más pobres, porque un pueblo bien alimentado, es un pueblo sano y más productivo y destacan que destacar que también se cuenta con el estudio de impacto presupuestal, por lo que se tienen los elementos técnicos necesarios para su estudio y dictamen en las comisiones a las que sea turnada.

Es por ello, por las consideraciones antes expuestas, que someten a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII, pasando la actual a ser fracción XIII, al artículo 4; adiciona los párrafos segundo a quinto al artículo 5 y adiciona una fracción XIV, pasando la actual a ser fracción XV, del artículo 12, todos de la Ley de Asistencia Social.

Consideraciones de la comisión dictaminadora

I. En un primer término, es de reconocer con gran interés la preocupación del diputado proponente en el sentido de beneficiar a los grupos más desprotegidos y a toda persona en su alimentación.

II. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 4o. que “los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”. Que si bien este artículo no especifica en particular a un grupo vulnerable en específico, se entiende conforme al espíritu jurídico del artículo que los habitantes de la república cuentan con los derechos enunciados en este ordenamiento.

III. El derecho social a la alimentación, entendido como el derecho de todos los individuos a disfrutar del acceso físico y económico a una alimentación adecuada y los medios para obtenerla (OACDH, 2004), está reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Desarrollo Social y en la Ley General de Salud. Además, México, como Estado integrante de la Organización de las Naciones Unidas, está obligado a cumplir con lo establecido en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que indica lo siguiente: “Los estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los estados parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho”. De esta forma, en las mencionadas leyes se señalan los apoyos en materia de alimentación que los adultos mayores pueden recibir por medio de los programas y acciones de los diferentes órdenes de gobierno.

IV. La Ley General de Desarrollo Social regula el pleno ejercicio de los derechos sociales asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social, para ello define los principios y lineamientos generales a los que debe sujetarse la Política Nacional de Desarrollo Social. De esta forma, el desarrollo social busca que se creen programas innovadores que reemplacen los subsidios y las acciones aisladas de asistencia social por un esfuerzo integral, de largo alcance, dirigido a los sectores que señala la propia Ley en la materia y no nada más en los grupos más vulnerables. Si bien en el artículo sexto de la Ley General de Desarrollo Social se establece a la alimentación como uno de los derechos para el desarrollo social, y en el artículo octavo se señala que toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja, no es a través de programas o acciones asistencialistas como se fortalece el desarrollo humano y social de los individuos.

V. En el artículo 6 de la Ley General de Desarrollo Social se establece que “Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. El artículo 8 señala que “Toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja”. El artículo 14 clarifica que “La Política Nacional de Desarrollo Social debe incluir, cuando menos, las siguientes vertientes: Superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación”. El artículo 18 define que “Los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con esta Ley”. El artículo 19 establece que “Son prioritarios y de interés público: III. Los programas dirigidos a las personas en condiciones de pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad; V. Los programas y acciones públicas para asegurar la alimentación y nutrición materno-infantil; VI. Los programas de abasto social de productos básicos”. Así mismo, el Reglamento de esta Ley señala en el artículo 7 que para crear un nuevo programa de desarrollo social, la dependencia o entidad responsable del mismo, elaborará un diagnóstico acerca de su conveniencia, viabilidad y eficiencia, siguiendo los lineamientos que determine la Secretaría. El artículo 12 señala que “El Programa Nacional de Desarrollo Social incluirá, por lo menos, lo siguiente: d) Alimentación”. El Artículo 33 define que “El fomento del sector social de la economía, en tanto actor corresponsable en los procesos de desarrollo social, tendrá los siguientes objetivos: III. Ampliar oportunidades y recursos para que los grupos indígenas, las personas adultas mayores, los discapacitados y otras personas y grupos en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad se incorporen a las actividades productivas del sector social de la economía”. De esta forma, en la mencionada ley ya tiene aspectos relativos a la alimentación de las personas y en especial de los adultos mayores.

VI. Además, ello requeriría de adecuaciones al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal del que se trate para que se pudieran asignar recursos para su aplicación, así como de una reglamentación que norme y regule el funcionamiento de ese sistema de comedores públicos gratuitos. Además, resulta indispensable conocer las estadísticas sobre el tema, así como la población objetivo para dicha propuesta porque no es claro cuáles personas pueden considerarse en situación de vulnerabilidad y, por ende, puedan ser beneficiadas de este sistema nacional de comedores. Además es necesario establecer a qué dependencia u organismo público desconcentrado estará sectorizado dicho sistema nacional de comedores públicos gratuitos. Por tales motivos, esta propuesta resulta inviable para que pueda implementarse.

VII. La Ley de Asistencia Social en el artículo 3 define que “Para los efectos de esta Ley, se entiende por asistencia social el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva”. El artículo 4 señala que “Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar. Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social, preferentemente: I. Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o afectados por: a) Desnutrición; V. Adultos mayores en desamparo, incapacidad, marginación o sujetos a maltrato”. De esta forma, en esta citada ley se establece la ayuda asistencial en materia de alimentación a las personas, si bien no define claramente el apoyo a los adultos mayores, sí existen elementos para que éstos se vean beneficiados.

VIII. Por otro lado, el Código Civil Federal en su capítulo II “De los Alimentos” señala en el artículo 30 que “La obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a su vez derecho de pedirlos”. El artículo 304 menciona que “Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres”. Por su parte, el artículo 308 señala que “Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad”. El artículo 311 establece que “Los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de quien debe recibirlos. Determinados por convenio o sentencia, los alimentos tendrán un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual del salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción”. De esta forma, en este ordenamiento de carácter federal, queda manifestado el derecho a recibir alimentación de las personas sujetas a los lineamientos mismos de la ley, con lo cual se acentúa el apoyo en materia alimentaria por parte de los individuos. Por otro lado, gran parte de los códigos civiles estatales precisan con claridad el derecho a recibir alimentos y una sana nutrición por parte de los adultos mayores.

IX. Por otro lado, las reglas de operación para el ejercicio fiscal 2011 del programa 70 y Más como parte de las líneas de acción de la Estrategia Vivir Mejor del gobierno federal, establecen que este Programa se enfoca en la consolidación de una red de protección social que brinda asistencia a los beneficiarios en condiciones de vulnerabilidad, a efecto de fomentar su desarrollo personal y comunitario. En particular, otorga un apoyo económico a los adultos mayores de 70 años y más en localidades de hasta 30 mil habitantes. De igual forma en las reglas de operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades se manifiesta que éste busca que las personas y familias puedan tener una participación social plena, libre y equitativa, al desarrollar y potenciar sus capacidades básicas a través del acceso a: Alimentación, promoviendo una alimentación que reúna los requisitos mínimos nutricionales, así como a la orientación alimentaria para una dieta saludable. El objetivo general del Programa es contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza, favoreciendo el desarrollo de las capacidades de educación, salud y nutrición de las familias beneficiarias del Programa, así como proporcionar apoyos a las familias beneficiarias para mejorar la alimentación y nutrición de todos sus integrantes, con énfasis en la población más vulnerable como son los niños y niñas, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Además, en el tema del apoyo a adultos mayores, el Programa otorga de manera bimestral un apoyo monetario mensual a los adultos mayores integrantes de las familias beneficiarias, con una edad de 70 años o más. En el componente alimentario, el Programa Oportunidades otorga apoyos monetarios directos mensuales a las familias beneficiarias, para contribuir a que mejoren la cantidad, calidad y diversidad de su alimentación, buscando por esta vía elevar su estado de nutrición. Adicionalmente, el programa otorga un apoyo monetario mensual llamado apoyo alimentario Vivir Mejor, que tiene como propósito compensar a las familias beneficiarias por el efecto del alza internacional de los precios de los alimentos. Por otro lado, en las reglas de operación del Programa de Apoyo Alimentario (PAL) operado por la Sedesol, se menciona que uno de los principios fundamentales para lograr el desarrollo humano es garantizar que las personas puedan cubrir sus necesidades de alimentación y nutrición, pues cuando éstas no son satisfechas se condiciona el crecimiento y desarrollo de sus capacidades cognitivas, además del adecuado funcionamiento diario, lo que constituye un obstáculo para alcanzar el mayor nivel posible de salud y bienestar.

X. Además, los restantes programas federales de desarrollo social a cargo de la Sedesol y de organismos descentrados de esta secretaría, la mayoría de ellos hacen especial énfasis en la focalización de los recursos y de los beneficios, a la alimentación de los beneficiarios, por medio de diferentes medidas e instrumentos utilizados. Además, en gran parte de los estados de la república este tipo de acciones como lo que propone el diputado, es decir la instrumentación de sistemas de comedores públicos o comunitarios gratuitos, ya se están aplicando, por lo que puede decirse que si se estableciera este sistema nacional se duplicarían acciones, programas, así como existiría una duplicación de recursos para los mismos objetivos. Esto arrojaría que se mal ejercieran presupuestos de recursos importantes que bien se podrían utilizar en otras prioridades del desarrollo social. De igual forma, los sistemas integrales para el desarrollo de las familias (DIF) llevan a cabo medidas de contención en materia de alimentación y desnutrición de los grupos más vulnerables, por lo que nuevamente se generaría una duplicidad de acciones enfocadas a un mismo problema, sólo que bajo el cobijo de otro nivel de gobierno.

XI. En todo caso, lo que se requeriría es reformar la Ley de Asistencia Social y no el artículo 8 de la Ley General de Desarrollo Social y, por ende, esta propuesta de iniciativa con proyecto de decreto no sería competencia de esta comisión y sí de la de Atención a Grupos Vulnerables. Ello, por supuesto, sin mencionar que la Ley General de Desarrollo Social hace mención de la asistencia social como uno de los aspectos importantes para cubrir las demandas prioritarias de los grupos más vulnerables. La Ley de Asistencia Social menciona en el artículo tercero que se entiende por asistencia social el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral. También señala en el artículo cuarto que son sujetos de la asistencia social, preferentemente: I) Todas las niñas, niños y adolescentes en situación de desnutrición y de vivir en la calle, así como los indigentes. Por tal motivo, en esta misma ley se señala a estos sectores vulnerables como agentes prioritarios de asistencia social, por lo que las acciones y programas a esos sectores se llevan a cabo en diferentes niveles de gobierno por distintas secretarías. Por ello, resulta inviable la propuesta de crear un sistema nacional de comedores públicos gratuitos.

XII. Debe reconocerse la labor y preocupación del diputado proponente por la insuficiencia alimentaria y el problema del hambre que se ha convertido en una amenaza que atenta contra el derecho a la alimentación de los individuos y, en consecuencia, contra el desarrollo social y humano, y que requieren de la acción pública para remontar la situación de vulnerabilidad o inequidad, que impiden el acceso igualitario a las herramientas de su desarrollo como personas. Son de suma importancia las propuestas y opiniones de los diputados para el fortalecimiento del debate y las discusiones legislativas. Sin embargo, la iniciativa presentada no puede ser aprobada en sentido positivo por lo anteriormente expuesto.

Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las consideraciones realizadas, la Comisión de Desarrollo Social propone a esta honorable asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 4, 5 y 12 de la Ley de Asistencia Social relativo a la creación de un Sistema Nacional de Comedores Públicos Gratuitos, presentado por el diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el 13 de septiembre de 2011.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2011.

La Comisión de Desarrollo Social

Diputados: José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irizar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas, Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar, Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos, Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz, Alba Leonila Méndez Herrera, Adriana Terrazas Porras, José Óscar Aguilar González (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston, Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Carlos Flores Rico (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Laura Margarita Suárez González (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica).