De las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Reforma Agraria, dos con las que remiten contestaciones a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al conflicto agrario y de límites existente entre las comunidades de los Chimalapas, Oaxaca, y Cintalapa, Chiapas

México, DF, a 9 de enero de 2012.

Diputado Francisco Javier Salazar Sáenz

Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

Hago referencia a su oficio número DGPL 61-II-9-4405, de fecha 6 de diciembre de 2011, recibido en las oficinas de esta dirección general el 20 del mismo mes y año, por el que comunicó al secretario de Gobernación para los efectos procedentes los puntos de acuerdo, aprobados por el pleno de la Cámara de Diputados en sesión celebrada el 6 de diciembre de 2011, que a continuación se transcriben:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno federal, a través de las Secretarías de Gobernación, de la Reforma Agraria, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a los gobiernos de Oaxaca y de Chiapas, a realizar coordinadamente las acciones necesarias para conciliar y resolver con la mayor brevedad el conflicto agrario y de límites existente entre las comunidades de los Chimalapas, Oaxaca, y Cintalapa, Chiapas. Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno federal a revisar de manera exhaustiva por las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales los permisos, las concesiones o las autorizaciones de explotación forestal que pudieran haber expedido a favor de ejidos, comunidades particulares en la zona en conflicto, entre los Chimalapas, Oaxaca, y Cinta lapa, Chiapas; y, en su caso, a revocarlos o suspenderlos, en tanto es posible resolver el conflicto agrario y de límites que en ésta se presenta. Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los gobiernos de Chiapas y Oaxaca a realizar todas las acciones a su alcance para evitar el clima de violencia en la zona y ayudar a la solución definitiva del conflicto entre los Chimalapas, Oaxaca, y Cintalapa, Chiapas.

Con relación al punto primero, se informa lo siguiente:

Esta secretaría ha puesto todo su empeño y cuidado en cumplir a cabalidad las disposiciones que rigen su actuación administrativa, ajustándose al marco legal vigente en materia ambiental o forestal. Por ello, conscientes de la problemática que lamentablemente impera en la región de los Chimalapas, desde 2004, en numerosas ocasiones los servidores públicos que laboramos en esta dirección general, en las delegaciones federales de Oaxaca y Chiapas, y otras áreas de la Semarnat, en coordinación con servidores públicos de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de los gobiernos de Chiapas y Oaxaca, hemos recibido y escuchado, en un ambiente de cordialidad los planteamientos y comentarios que las partes involucradas han tenido a bien exponer, tanto a comuneros de San Miguel y Santa María Chimalapas, Oaxaca, así como ejidos y pequeñas propiedades de Cintalapa, Chiapas.

Tan es así, que una vez que nos hemos asegurado de que cada una de las solicitudes recibidas cumple todos los requisitos de ley, sin importar procedencia o ubicación geográfica, a la fecha se ha recibido de la Región de Chimalapas o Noroeste de Cintalapa (denominación que tanto en la Mesa Agraria como en la Social instauradas se acordó mencionar), la Semarnat ha emitido 16 autorizaciones forestales, desglosadas de la siguiente forma: 4 han sido a nombre de las comunidades de los Chimalapas, de las cuales 2 han sido para aprovechamiento forestal no maderable en San Miguel Chimalapas para resina de pino y palma comedor, y otras 2 para Santa María Chimalapas, para el aprovechamiento forestal maderable. Y otras 12 autorizaciones de aprovechamiento forestal maderable fueron para predios en Cintalapa; 4 para núcleos agrarios; y 8 para pequeños propietarios.

Igual que se hace con todas las autorizaciones, permisos y otras resoluciones que emite esta dirección general, las 16 autorizaciones mencionadas se subieron a la página web de la Semarnat una vez que fueron emitidas, y desde entonces éstas pueden consultarse de manera directa y transparente por cualquier ciudadano, en cualquier momento. La liga electrónica es http://www.semarnat.gob.mx/TEMAS/GESTIONAMBIENTAL/RESOLUTIVOS/Pages/for estal.aspx

Es de nuestro conocimiento, igual que ha trascendido a la ciudadanía, que no parece haber problemática social inminente respecto a una amplia mayoría de estas autorizaciones de aprovechamiento forestal emitidas, salvo en el caso del ejido Gustavo Díaz Ordaz.

En este sentido y con relación a la autorización para el aprovechamiento forestal maderable, emitida por esta secretaría respecto al ejido Gustavo Díaz Ordaz el 25 de agosto de 2005 y con motivo de la demanda de amparo promovida por los ciudadanos Cuauhtémoc Martínez Gutiérrez, Amos Antonio Cruz y Estaban Sánchez Vázquez, entonces presidente, secretario y tesorero de San Miguel Chimalapa, ante el Juzgado Sexto de Distrito en Oaxaca, el juez de la causa decretó con fecha 18 de enero de 2006, en el juicio de amparo 965/2005, la suspensión provisional de la autorización emitida por el suscrito.

Por ello, y como corresponde hacer, el 30 de enero de 2006, mediante el oficio número SGPA/ DGGFS/ 712/ 0133/ 06, esta dirección general emitió el comunicado de suspensión provisional al presidente del comisariado del ejido Gustavo Díaz Ordaz, con fundamento en el artículo 65, fracción I, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Posteriormente, con el oficio número 5184, de fecha 22 de abril de 2008, recibido en esta dirección general el 29 de abril de ese año, el juez sexto de distrito en Oaxaca dictó el acuerdo en que se declaró que la sentencia constitucional de fecha 25 de febrero de 2008, había causado estado para todos los efectos legales procedentes. Adicionalmente, me permito mencionar que el mismo juez sexto de distrito en Oaxaca en su sentencia constitucional indicó que “el juicio de amparo no es el medio para dirimir tal controversia, pues en tal caso la competencia radica en los tribunales unitarios agrarios”.

Como consecuencia de lo anterior, con el oficio número SGPA/ DGGFS/ 712/ 1355/ 08, de fecha 30 de junio de 2008, se informó a dicho ejido lo dictado por el juez sexto de distrito, pudiendo continuar el aprovechamiento de recursos forestales maderables en el ejido Gustavo Díaz Ordaz, una vez obtenida la autorización de modificación del programa de manejo forestal.

Por ello, mediante el oficio número SGPA/ DGGFS/ 712/ 0928/ 11, de fecha 4 de abril de 2011, fue otorgada la autorización de la modificación del programa de manejo forestal con nivel avanzado para el aprovechamiento de recursos forestales maderables, el cual se encuentra vigente hasta el 3 de abril de 2023.

Derivado de la reunión realizada el 23 de enero de 2009 con la Segob, el conflicto particular entre la comunidad de San Miguel Chimalapa (Oaxaca) y el ejido Gustavo Díaz Ordaz (Chiapas) ya no fue considerado un foco rojo “en materia forestal” sino que se percibió como un asunto de naturaleza agraria (como los hechos lo indican) y que como tal deberían resolverlo sectorialmente las autoridades agrarias (SRA, RAN, PA), con la coordinación de la Segob, como sabemos que se ha venido haciendo a la fecha.

Para atender la problemática en dicha región se ha llevado a cabo desde 2004 hasta la fecha una serie de reuniones con la participación de la Segob, la SRA, y las Secretarías de Gobierno de Oaxaca y de Chiapas; participó también esta secretaría. Las dos últimas reuniones se celebraron el 8 y 24 de noviembre, en presencia del titular de la Segob y de los gobernadores de Oaxaca y Chiapas; participaron también la Semarnat y la Sedesol, entre otras instituciones. En dichas reuniones se llegó al acuerdo mencionado en el párrafo anterior: el problema de fondo y en origen es de naturaleza agraria, y no forestal. Si bien todos entendemos que el tema forestal, aunque es circunstancial y coyuntural, ha distraído la atención de lo medular: el aparente diferendo agrario de fondo. Por ello también se acordó seguir trabajando en paralelo entre todos, gobierno federal, junto con ambos gobiernos estatales y, sobre todo, las propias partes en conflicto, a través de sus representantes, para el análisis y la resolución del conflicto agrario, mientras se ven opciones de sustentabilidad en la región, de forma integral, en favor de la conservación de los ecosistemas, llevando a todos los vecinos de dicha zona, proyectos y programas productivos y de desarrollo social.

Es igualmente pertinente resaltar que en la mesa social, que coordina la Sedesol, las instituciones federales participantes (Sedesol, Semarnat, Conagua, Conafor, SCT, CFE, Sagarpa y otras) propusimos un paquete de ayuda con los programas actuales disponibles, con la finalidad·de llevar recursos e invertir en toda la región de Chimalapas, como·proyectos en viviendas, escuelas, carreteras, tendidos eléctricos, pago por servicios ambientales y proyectos productivos.

Con relación al punto segundo, se informa lo siguiente:

Como es de su conocimiento, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable es el ordenamiento que regula las actividades productivas del sector forestal, entre las que se encuentra el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, confiriendo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la facultad de sustanciar y resolver los trámites de autorización que ella misma establece, así como los procedimientos de suspensión, extinción, nulidad o revocación de éstas. Por ello, cada una de las autorizaciones emitidas ha pasado por un proceso de revisión exhaustiva, como se informó en el apartado anterior.

En el contexto arriba indicado y después de haber analizado las disposiciones de la referida Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se advierte que entre ellas no se encuentra ninguna hipótesis normativa diversa de las establecidas en los artículos 65 a 68 de dicho ordenamiento que permita a esta autoridad administrativa sustanciar y resolver de oficio o a instancia de parte procedimientos sobre la suspensión, extinción, nulidad o revocación de autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales fuera de los supuestos que dichas disposiciones establecen y se menciona más abajo.

Por otra parte, es importante destacar que para el desahogo de los procedimientos de autorización de aprovechamiento de recursos forestales (tanto maderables como no maderables), el artículo 83, fracción VI, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece como causa para denegar una autorización solicitada cuando se presenten conflictos agrarios, de límites o de sobreposición de predios, y este supuesto se actualiza en los casos en que hay un conflicto o controversia ante autoridad judicial o jurisdiccional sobre la propiedad o posesión de la superficie total o parcial del terreno forestal objeto de la solicitud de aprovechamiento. Asimismo, dicho supuesto guarda relación directa con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones II y VI, del mismo ordenamiento, el cual establece como requisito de cualquier solicitud de autorización tanto la copia certificada del título que acredite el derecho de propiedad o posesión respecto del terreno o terrenos objeto de la solicitud, así como una manifestación, bajo protesta de decir verdad, sobre la situación legal del predio o predios y, en su caso, sobre conflictos agrarios.

Así, por lo que corresponde a la suspensión de una autorización de aprovechamiento de recursos forestales, el artículo 31, fracción II, del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, establece: “Cuando exista conflicto ante autoridad competente respecto de la propiedad o posesión de un predio en el que se haya·autorizado un aprovechamiento forestal, la parte que tenga interés jurídico reconocido en el procedimiento respectivo podrá solicitar la suspensión. Para tal efecto, deberá presentar escrito a la secretaría en el que indique expresamente la autoridad que conozca del conflicto, junto con las constancias que acrediten la existencia del mismo”. Dicha solicitud deberá realizarla mediante el trámite Semarnat-03-055, “Solicitud de suspensión de autorización de aprovechamiento forestal”, publicado en la página de la Cofemer (http://www.cofemer.gob.mx/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1728277&num_modalidad=0&epe=0&nv=0).

Asimismo, y de conformidad con el último párrafo del referido artículo 31, fracción II, “la Secretaría levantará la suspensión dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que el titular del aprovechamiento exhiba copia certificada de la resolución o sentencia definitiva y del acuerdo que la haya declarado ejecutoriada. El mismo plazo y condiciones aplicarán para dictar la revocación de la autorización de aprovechamiento forestal otorgada, cuando la resolución de la autoridad competente haya sido favorable al solicitante de la suspensión”.

En vista de las disposiciones indicadas, la suspensión de las autorizaciones otorgadas se puede derivar y establecerse bien sea por cualquiera de las vías que se indican:

1. Resolución de autoridad judicial o jurisdiccional competente (artículo 65, fracción I, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable), como pudiera ser un tribunal unitario agrario.

2. Como medida de seguridad (artículos 65, fracción III, y 161, fracción III, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable) o como sanción administrativa (artículos 65, fracción III, y 164, fracción III, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable), dentro de los procedimientos de inspección en materia forestal que se siguen a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

3. Asimismo, como resolución administrativa de la propia Semarnat, dentro del procedimiento de suspensión a que da lugar lo dispuesto en el artículo 65, fracción II, de la LGDFS; esto es, cuando haya conflicto respecto a la propiedad o posesión ante alguna autoridad o instancia competente, para lo cual debe sustanciarse el procedimiento previsto en el artículo 31, fracción II, del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

En tal sentido, se informa que a la fecha esta secretaría no ha recibido ni se tiene constancia escrita y formal de autoridad administrativa o judicial respecto a alguna solicitud de suspensión de cualquiera de las autorizaciones legalmente emitidas en dicha zona.

Una vez que se reciba alguna solicitud u orden de suspensión por alguna de las vías mencionadas, cuente y tenga plena certeza la Cámara de Diputados que la Semarnat canalizará y actuará en consecuencia con inmediatez.

Adicionalmente a todo lo expuesto, se hace también del conocimiento y se somete a consideración de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que, en el caso de que considere que si hay elementos de juicio que permitan a esta autoridad administrativa suspender o revocar las autorizaciones de aprovechamiento forestal emitidas, sin transgredir las disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se hagan de nuestro conocimiento los argumentos y elementos de juicio conducentes a efecto de instaurar los procedimientos que, en su caso, correspondan.

Sin otro particular y poniéndome a su entera disposición por si requiriere alguna información adicional, aprovecho el presente para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Doctor Francisco García García (rúbrica)

Director General de Gestión Forestal y de Suelos

México, DF, a 16 de enero de 2012.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo

Presidente de la Mesa Directiva

Cámara de Diputados

Honorable Congreso de la Unión

Me refiero al oficio SEL/UEL/311/4277/11 del 7 de diciembre de 2011, signado por el licenciado Adrián Flores Ledesma, director general adjunto de Proceso Legislativo de la Subsecretaria de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, por el cual hace del conocimiento el contenido del diverso oficio D.G.P.L. 61-II-9-4405, signado por el diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, Vicepresidente de la Mesa Directiva referente al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados en sesión del 6 de diciembre de 2011, que establece en la parte conducente “....La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Gobierno federal, a través de las Secretarías de Gobernación, de Reforma Agraria y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a los Gobiernos de los Estados de Oaxaca y Chiapas, para que, coordinadamente, realicen todas las acciones que sean necesarias para conciliar y resolver a la brevedad, el conflicto y de límites que existe entre las comunidades de Los Chimalapas, Oaxaca y Cintalapa Chiapas...”, mismo que fue turnado a ésta institución; por lo anterior, le comento que en el caso particular de la conflictividad agraria de las referidas comunidades indígenas del estado de Oaxaca, con ejidos del municipio Cintalapa, del estado de Chiapas, se han realizado las siguientes actividades:

La problemática agraria que presentan las Comunidades de San Miguel Chimalapa y Santa María Chimalapa, del estado de Oaxaca con ejidos del municipio de Cintalapa estado de Chiapas, deriva de la ejecución de las resoluciones presidenciales de los bienes comunales de San Miguel y Santa María Chimalapa. ambos del estado de Oaxaca, la cual afectó una superficie aproximada de 47-115-12-72.91 hectáreas ubicadas en el estado de Chiapas, donde se localizan diversos núcleos agrarios y grupos de campesinos chiapanecos con distintas situaciones jurídicas, 128 pequeñas propiedades con títulos legalmente expedidos y 42 expedientes inconclusos y/o en trámite de presuntos terrenos nacionales.

Para la atención de esta conflictividad, en 1996 se creó el Comité Interestatal Paritario, integrado por los gobiernos de los estados de Chiapas y de Oaxaca, los representantes especiales de la Secretaría de la Reforma Agraria en ambas entidades, las delegaciones de la Procuraduría Agraria, los representantes de las comunidades, núcleos agrarios y poblaciones involucrados, cuyo propósito fue atender a los grupos en conflicto dentro de un proceso de conciliación, partiendo de su situación jurídica, considerando la fecha de sus resoluciones presidenciales.

Destaca que de los trabajos realizados se detectó que 6 núcleos agrarios del estado de Chispas, se incluyen en la superficie concedida a la comunidad Santa María y 7 en la de San Miguel Chimalapas, por lo que se ubicó la problemática como una controversia agraria y no de límites entre Estados.

Los días 23 y 24 de septiembre del 2008, con la presencia del Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Secretaría de la Reforma Agrada, entre otras instancias del Gobierno Federal, se realizó la primera reunión de las comisiones para atender la problemática de la zona limítrofe Chiapas-Oaxaca, caso Chimalapas, desde el ámbito social, ambiental, agrario y desarrollo humano, cuyos objetivos son:

a) Recopilación de documentos agrarios que involucran a comunidades oaxaqueñas.

b) Recopilación de documentos agrarios que involucran ejidos chiapanecos.

c) Acopio documental de nacionaleros, pequeños propietarios y demás sujetos inmersos en la zona. Elaboración de dictámenes técnico-jurídico.

Al 5 de octubre de 2009. se integraron 126 expedientes a la Procuraduría Agraria, de los cuales 21 corresponden a predios con titulo de Terreno Nacional: 54 a presuntos nacionaleros (Sin título), 43 a predios con escritura pública y 8 núcleos agrarios.

Actualmente, se tiene que se han culminado las mediciones en e ejidos de Chiapas planteando a la comunidad de Santa hilaría Chimalapas, del estado de Oaxaca una propuesta de contraprestación económica para la solución del conflicto, sin que hasta la fecha (4 de enero de 2012), sea aceptada és1a propuesta por la comunidad que reclama el respeto y desalojo de la superficie.

Asimismo, en el mes de diciembre de 2011, ante la Secretaría de Gobernación de Chiapas, los Representantes de los Bienes Comunales de San Miguel y Santa María Chimalapas, del estado de Oaxaca, suscribieron con los integrantes de los Órganos de Representación de los ejidos del estado de Chiapas, acuerdo para retomar la mesa interinstitucional que permita llegar a soluciones reales y que no violenten el astado de derecho, signando como testigos de honor los Gobernadores de los estados de Chiapas y Oaxaca, quienes se comprometieron a retirar la fuerza pública estatal y que el área quedo bajo la vigilancia del ejército mexicano.

En el acuerdo descrito, la subcomunidad de San Antonio, anexa a la comunidad de Santa María Chimalapa, se comprometió a retirar de manera definitiva el bloqueo que de manera intermitente mantenía en el acceso al ejido Licenciado Gustavo Díaz Ordaz del municipio de Cintalapa, estado de Chiapas.

De igual manera, le comento que se procura atender la conflictividad de forma coordinada e integral, tratando de no descuidar ninguna de las implicaciones que reviste la conflictividad agraria, toda vez que desde el punto de vista jurídico, implica que las resoluciones presidenciales de los núcleos agrarios del estado de Chiapas permanecen hasta hoy intocadas, pero de promoverse tos juicios, estos se defenderán agotando todas las instancias legales, asimismo, desde el punto de vista social e incumplimiento de los compromisos que han estado asumiendo tanto el gobierno federal como estatales de Oaxaca y Chiapas, puede provocar que los inconformes realicen movilizaciones, plantones o retención de funcionarios y en cuanto al aspecto económico, la cancelación de aprovechamientos forestales tanto para las comunidades de Oaxaca, como para los ejidos de Chiapas, implicaría afectaciones e los habitantes, que podría derivar en un enfrentamiento, el cual se ha visto disminuido por la presencia de la policía.

Para lograr lo anterior, los gobiernos de los estados de Chiapas y Oaxaca, Secretaría de la Reforma Agraria, Tribunal Unitario Agrario Distrito 3, Registro Agrario Nacional y Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y Procuraduría Agraria continuaremos atendiendo la conflictividad agraria en ésta parte del país, siendo importante contar con la voluntad de los directamente afectados en las mesas de diálogo y concertación.

Por lo apuntado, se concluye que las dependencias responsables en ningún momento hemos descuidado la atención de los conflictos agrarios que presentan las comunidades Chimalapas con ejidos del estado de Chiapas, sino que por el contrario han sido atendidos permanentemente, procurando redunde en una mejor calidad de vida de los campesinos involucrados con les cuales estamos comprometidos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado Rosendo González Patiño (rúbrica)

Procurador Agrario

(Se remiten a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Reforma Agraria.)