Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio; y de las Leyes General de Sociedades Mercantiles, de Sociedades de Inversión, General de Títulos y Operaciones de Crédito, de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, y Federal de Derechos, suscrita por la diputada Norma Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe Norma Sánchez Romero, diputada federal de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6 numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Sociedades de Inversión, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones y de la Ley Federal de Derechos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

I. Síntesis de la iniciativa presentada

El presente paquete legislativo incluye modificaciones al Código de Comercio, Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, así como a la Ley Federal de Derechos.

Las modificaciones realizadas a dichos ordenamientos legales, tienen como objeto principal impulsar la competitividad y la productividad a nivel nacional, mediante la consolidación y el perfeccionamiento del marco jurídico que actualmente rige la actividad comercial en nuestro país.

En este sentido, mediante la implementación de las reformas aquí contenidas se facilitará y se fomentará la actividad productiva de todos los sectores económicos de nuestro país. En términos generales, las necesidades y los distintos aspectos atendidos mediante el presente paquete legislativo, se pueden resumir de la siguiente manera:

- Simplificación administrativa, mediante la eliminación de distintos requisitos legales que actualmente dificultan la creación y apertura de nuevos negocios en nuestro país.

- Eliminación de cargas económicas que desincentivan la creación y la formalización de establecimientos comerciales.

- Promoción de la figura del corredor público, como depositario de la fe pública mercantil.

- Adecuación del marco legal que rige la actividad corporativa de las sociedades mercantiles, de conformidad con las propias necesidades administrativas y comerciales de las sociedades mercantiles.

- Profundización, optimización y diversas mejoras al marco legal que rige a los órganos de vigilancia de las sociedades mercantiles, los derechos de las minorías, el gobierno corporativo, responsabilidades, derechos de los accionistas y las actividades de los órganos de administración.

- Modernización del Registro Público de Comercio, en beneficio y como protección de la buena fe en la actividad mercantil.

- Profundización y perfeccionamiento de figuras crediticias que fomentan la obtención de créditos garantizados mediante bienes muebles.

- Fortalecimiento de la regulación de medios electrónicos en juicios mercantiles, así como en la figura del arbitraje comercial.

- Fortalecimiento del arbitraje mercantil

- Eliminación de costos de trámites en constitución de sociedades.

Las reformas legales que nos ocupan, constituyen mejoras significativas y cambios importantes dentro de diversas disposiciones legales de carácter mercantil. Sin embargo, es importante resaltar que mediante el presente paquete legislativo no se pretende reformar la totalidad de las leyes mercantiles de nuestro país, sino que se están atendiendo diversos puntos específicos que actualmente la actividad comercial de nuestro país requiere que sean reformados de manera substancial, tal y como se presenta en estos momentos.

Asimismo, es importante destacar que a lo largo de la exposición de motivos se sostendrá que estas reformas tienen por objeto velar por la voluntad contractual de las partes, sin embargo la propia materia mercantil ya se encuentra regida por este principio. En este sentido el autor Jorge Barrera Graf sostiene que la teoría del dirigismo contractual, deriva en que todas las relaciones jurídicas de naturaleza mercantil, y por ende todos los ordenamientos legales mercantiles, se entienden regidos y comprendidos por la máxima de la libre voluntad de las partes; razón por la cual a veces resulta innecesario repetir continuamente que las disposiciones legales en cuestión sean “salvo pacto en contrario”.

En resumen, la presente reforma legislativa conlleva notables beneficios en favor de la actividad comercial de nuestro país, con lo cual por supuesto, se busca incentivar la creación de nuevos negocios, la atracción de mayores inversiones, la formalización de comercios ya existentes, y en consecuencia, la creación de mayores fuentes de empleo, así como una mayor derrama económica.

Para ilustrar los beneficios mencionados en caso de que se aprueben las reformas que contiene esta iniciativa, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) ha estimado un beneficio potencial por la disminución de los costos financieros directos en que incurren las empresas actualmente, de 8 mil 739 millones de pesos, los cuales equivalen al 0.07 por ciento del producto interno bruto del país.

II. Perspectiva y legislación internacional

Al margen de las mejores prácticas internacionales, así como de los lineamientos y experiencia a nivel mundial, el presente paquete legislativo atiende a distintas opiniones formuladas por el Banco Mundial durante la misión llevada a cabo este año en nuestro país. Tales recomendaciones son las que a continuación se precisan:

- Respecto a las múltiples publicaciones que las sociedades mercantiles actualmente tienen que realizar, el Banco Mundial ha señalado que es más efectivo realizar publicaciones en línea en lugar de utilizar papel, ya que cualquier persona interesada puede consultar la información de cualquier empresa a través de sitios web, mismos que serán actualizados constantemente y, por tanto, la información ahí contenida es del todo confiable y se encuentra siempre disponible.

En estos términos, el Banco Mundial señala que mediante la construcción de soluciones integrales de la información, y el uso de medios electrónicos e internet, hoy en día es completamente innecesario utilizar publicaciones en periódicos y formatos impresos en papel.

Adicionalmente, el Banco Mundial ha hecho mención de que la información contenida en publicaciones electrónicas o sitios web, debe tener el mismo valor probatorio que aquélla impresa en papel; y que incluso es más fácil prevenir fraudes y alteraciones en documentos electrónicos que en impresiones físicas.

El Banco Mundial reconoce que una importante medida de simplificación administrativa que impulsa la competitividad de las empresas, consiste en permitirles realizar todo tipo de actividad, con excepción claro, de aquéllas prohibidas, o que necesitan autorizaciones especiales. Con esto, se implementa y se hace más eficiente la actividad comercial de las empresas, pues podrán ser más productivas, sin tener que estar realizando constantes trámites para ejercer su actividad comercial, como sería el caso de constantes reformas a sus estatutos (asambleas, protocolización, derechos registrales, etcétera).

Por otra parte, estudios realizados por el Banco Mundial han señalado que las economías donde es fácil para las empresas hacer negocios a menudo disponen de avanzadas iniciativas de gobierno en línea (e-government). El gobierno en línea o gobierno electrónico surgió en los años 80 y las economías con sistemas bien desarrollados continúan mejorándolo.

Por ello, en diversos países como el caso de Italia y Brunei en 2010 se facilitó la apertura de empresas al mejorar la eficiencia del registro mercantil e implementar un sistema de registro en línea donde se pudiera realizar la búsqueda por nombre.

En países como Alemania desde 2007 se cuenta con un registro en línea centralizado que permite el fácil acceso al público en general para realizar consultas sin ningún costo.

Asimismo, el Banco Mundial señala que la eficiencia y modernidad de un registro público siempre se obtiene a través de la construcción de soluciones integrales de tecnologías de la información. Tal es el caso de países en los cuales el gobierno electrónico ha alcanzado una modernidad ejemplificativa en cuanto a los registros públicos de comercio, que fueron construidos con estas soluciones integrales: Inglaterra, Ucrania, Nueva Zelanda, Portugal, Singapur, por mencionar algunos.

En estos términos, el Banco Mundial recomienda que la validez de la base de datos central, siempre deberá prevalecer sobre las bases de datos locales que la alimentan, y de esta forma poder resolver conflictos registrales sobre la validez de la información registrada en bases distintas.

El Banco Mundial ha reconocido que las mejores prácticas internacionales permiten mayor flexibilidad para la realización y reconocimiento de acuerdos entre accionistas; fomentando así la libertad contractual entre los mismos.

Por otro lado, el Banco Mundial ha expresado que en nuestro país siempre han existido porcentajes excesivos para ejercer derechos minoritarios en las sociedades mercantiles, incluso muy por encima de los estándares internacionales, los cuales generalmente consisten entre 5 por ciento y 10 por ciento de tenencia accionaria para poder ejercer derechos minoritarios.

El Banco Mundial señala que es importante la eliminación de disposiciones legales que permitan la utilización inadecuada por parte de los litigantes, que pretenden restar fuerza probatoria a medios electrónicos. En este sentido, señalan que a nivel mundial Inglaterra es un modelo a seguir, pues gracias a las reformas implementadas en dicho país se ha logrado que los procedimientos contenciosos se resuelvan de manera casi “virtual”, y por tanto se hagan más eficientes los procesos, eliminando dilaciones procesales y generando una impartición de justicia expedita.

Acerca de la promoción de la figura del corredor público como depositario de la fe pública mercantil, el Banco Mundial señala que las disposiciones legales que sean reformadas en este sentido, originarán una mejor competencia y calidad en la prestación del servicio de “fe pública” a favor de todos los comerciantes.

III. Problemática actual en legislación en México

De acuerdo con lo anterior la iniciativa plateada tiene como finalidad las que se mencionan a continuación:

1. Libre determinación del número de socios en las sociedades de responsabilidad limitada

Las relaciones comerciales privadas tienen como principio “la libre voluntad de las partes”. El número máximo de socios (50) en la sociedad de responsabilidad limitada establecido en la LGSM limita injustificadamente el principio anterior y constituye un obstáculo para la capitalización y crecimiento de este tipo de sociedades.

Para entender la razón por la cual la Ley General de Sociedades Mercantiles exige que las sociedades de responsabilidad limitada tengan un número máximo de socios, es necesario explicar el contexto y las causas por las cuales se incluyó esta figura en la legislación mexicana. La función de este tipo social atendió a la creación de empresas mercantiles de pequeña y mediana importancia, en las que no se arriesgara la totalidad del patrimonio de los socios (responsabilidad limitada), y que no se previeran las complicaciones exigidas para la sociedad anónima 1 .

Lo anterior significa que en un principio la inclusión de este tipo social buscaba que pequeñas entidades económicas se constituyeran bajo una forma legal que previera una responsabilidad limitada para sus socios, pero que a su vez fuera menos compleja que la sociedad anónima (sociedad que por excelencia limita la responsabilidad de sus accionistas hasta por el monto de sus aportaciones). En consecuencia, surgió como limitante que las sociedades de responsabilidad limitada no tuvieran más de veinticinco socios, pues al tratarse de empresas pequeñas un número reducido de socios facilitaría su organización y cohesión.

En 1992 con la finalidad de facilitar el desarrollo de la actividad mercantil y económica, en la legislación mexicana se duplicó el número máximo de socios de 25 a 50 socios, esta reforma fue realizada conjuntamente con el aumento del capital social de las sociedades de responsabilidad limitada para facilitar la suma de esfuerzos y capitales. Sin embargo, el contexto comercial en la actualidad es distinto, ya que la figura de Sociedad de Responsabilidad Limitada ha sido adoptada mayormente por grandes empresas nacionales e internacionales, las cuales se enfrentan a la limitante de no poder contar con un número de socios mayor a cincuenta personas. Lo anterior inhibe la creación de empresas bajo esta forma y retrasa la constitución legal de empresas, lo cual afecta la competitividad de nuestro país.

Si las grandes empresas nacionales e internacionales son las que hoy en día optan por constituirse bajo el tipo social de Sociedad de Responsabilidad Limitada y dado que en este tipo de empresas se requieren mayores recursos (capital), lo más congruente es la adecuación del marco legal a dichos cambios, y por lo tanto, modificar el artículo 61 de la Ley General de Sociedades Mercantiles para permitir que el número de socios en la sociedad de responsabilidad limitada sea, al igual que en la sociedad anónima, ilimitado.

2. Pago de acciones en especie

El artículo 141 de la LGSM establece que las acciones pagadas en todo o en parte mediante aportaciones en especie, deben quedar depositadas en la sociedad durante dos años. Asimismo, el citado artículo dispone que si durante el tiempo en que permanezcan depositadas las acciones, aparece que el valor de los bienes es menor en un veinticinco por ciento del valor por el cual fueron aportados, el accionista está obligado a cubrir la diferencia a la sociedad.

Resulta claro que el objeto del artículo 141 de la LGSM es proteger a los accionistas de una sociedad contra una disminución en el valor de su tenencia accionaria derivada del pago de acciones mediante una aportación en especie cuyo valor resulte menor al aportado en un veinticinco por ciento o más. Si bien la protección establecida en el artículo 141 resulta útil y legítima, no lo es la imposición obligatoria por ministerio de ley. Como se ha mencionado antes en esta exposición de motivos, el principio que debe regir en las relaciones comerciales es la libre voluntad de las partes. En ese sentido, si los accionistas de una empresa desean asumir el riesgo de que el valor al que se aportan determinados bienes a cambio de acciones sea mayor o menor al cabo de cierto plazo, se considera que no se justifica que la ley imponga una limitación. El requisito actual representa una fuerte carga para aquellos accionistas que hacen aportaciones en especie, ya que éstos no pueden disponer de sus acciones en un plazo de 2 años (por ejemplo, darlas en prenda para obtener un crédito).

Por lo anterior, se propone dar a la asamblea la libertad para flexibilizar este requisito. Con ello primaría la voluntad de los accionistas y se evitarían simulaciones como compraventas con capitalización de deuda que suelen realizarse por lo estricta que es la regla actual de los 2 años y del 25 por ciento .

3. Sistema de Información Empresarial

El Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) fue creado como un “padrón de empresas a nivel nacional para promover la vinculación de negocios entre empresarios mexicanos y extranjeros”. Están obligados a inscribirse y renovar la inscripción de dicho sistema todos los comercios e industrias que se constituyan dentro de la República Mexicana. La inscripción y renovación tienen un costo que representa un obstáculo de carácter económico para la creación de nuevas unidades económicas, así como para la productividad de las ya constituidas.

El SIEM encuentra su fundamento en el artículo 29 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, el cual dispone que es un instrumento para captar, integrar, procesar y suministrar información oportuna y confiable sobre las características y ubicación de los establecimientos de comercio, servicios, turismo e industria en el país, que permita un mejor desempeño y promoción de las actividades empresariales. Dicho artículo continúa señalando que la inscripción en el SIEM es obligatoria y que la misma tiene un costo de registro, lo cual a decir de dicho artículo no representa una obligación de pago de una cuota de afiliación. Asimismo, el artículo 30 de dicho ordenamiento legal señala que todos los comerciantes e industriales están obligados a registrar y actualizar cada uno de sus establecimientos en el SIEM.

La Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones impone a todos los comerciantes (personas físicas y morales) la obligación de registrarse y renovar su registro en el SIEM, debiendo pagar las tarifas que sean publicadas por la Secretaría de Economía, las cuales van de 100 a 670 pesos, según el número de empleados que existan dentro de cada negocio. Con esto, se impone tanto a los negocios ya establecidos, como a los que están próximos a constituirse, una carga, sin que exista la posibilidad de que sólo se inscriban aquellas unidades económicas que encuentren en el SIEM una verdadera herramienta de información que les sea de utilidad.

Mediante la imposición del pago de las tarifas por registro y renovación del SIEM, se grava indebidamente a los comerciantes e industriales mexicanos que no requieren del SIEM, y por tanto se resta competitividad en la creación de nuevos comercios y se afecta económicamente a los negocios ya constituidos.

Para entender las razones que motivaron la creación del SIEM, junto con el registro y renovación obligatorios, debemos considerar que antes de 1996 la Ley de las Cámaras de Comercio y de las de Industria (antecedente directo de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, vigente a partir de 2005), establecía en su artículo 5 que todo comerciante industrial cuyo capital manifestado ante la Secretaría de Hacienda fuera de dos mil quinientos pesos en adelante, estaba obligado a inscribirse en la cámara correspondiente o en las delegaciones; inscripción que por supuesto tenía un costo, y con lo cual existía una afiliación obligatoria.

Sin embargo, derivado de constantes impugnaciones realizadas por los comerciantes en contra de la afiliación obligatoria, mediante jurisprudencia dictada en 1995 por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se declaró la inconstitucionalidad del artículo 5 de dicho ordenamiento legal, por considerar que la obligación impuesta a los comerciantes e industriales de afiliarse a la cámara correspondiente, violaba la libertad de asociación establecida por el artículo 9o. constitucional:

Registro Número 200279

Localización:

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, octubre de 1995

Página: 5

Tesis: P./J. 28/95

Jurisprudencia

Materia(s): Constitucional, administrativa.

Cámaras de Comercio e Industria, afiliación obligatoria. El articulo 5o. de la ley de la materia viola la libertad de asociación establecida por el artículo 9o. constitucional. La libertad de asociación consagrada por el artículo 9o. constitucional es el derecho de que gozan los particulares, tanto personas físicas como personas jurídico-colectivas, para crear un nuevo ente jurídico que tendrá personalidad propia y distinta de la de sus asociados. Tal derecho es violado por el artículo 5o. de la Ley de las Cámaras de Comercio y de las de Industria, al imponer a los comerciantes e industriales cuyo capital manifestado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sea de dos mil quinientos pesos en adelante, la obligación de inscribirse en la Cámara correspondiente en el curso del mes siguiente a la iniciación de sus actividades o dentro del mes de enero de cada año, advertidos de que, de no hacerlo, se les sancionará con una multa que en caso de reincidencia será duplicada y que no les liberará del cumplimiento de esa obligación. Ahora bien, si la libertad de asociación establecida por el artículo 9o. de la Constitución es un derecho de los gobernados, la esfera de protección derivada de la garantía constitucional de que se trata puede operar en tres posibles direcciones: 1o. derecho de asociarse formando una organización o incorporándose a una ya existente; 2o. derecho a permanecer en la asociación o a renunciar a ella; y 3o. derecho de no asociarse. Correlativamente, la autoridad no podrá prohibir que el particular se asocie; no podrá restringir su derecho a permanecer en la asociación o a renunciar a ella, ni, tampoco, podrá obligarlo a asociarse. Consecuentemente, el artículo 5o. de la Ley de las Cámaras de Comercio y de las de Industria al imponer la obligación a los comerciantes e industriales a afiliarse a la Cámara correspondiente, viola la libertad de asociación establecida por el artículo 9o. constitucional.”

Derivado de lo anterior, en 1996 fue publicada una nueva Ley de las Cámaras de Comercio y de las de Industria, en la cual se eliminó la afiliación obligatoria declarada inconstitucional. Sin embargo, al eliminar dicho registro obligatorio existiría una notable reducción en el número de empresas afiliadas, con lo cual surgió la necesidad de encontrar una nueva manera de obtener recursos en favor de las cámaras empresariales.

Por esta razón, surgieron las tarifas de pago por concepto de inscripción y renovación del registro en el SIEM, como una nueva forma de obtener recursos para las cámaras empresariales. Dicha obligación de pago fue establecida por primera vez en la Ley de las Cámaras de Comercio y de las de Industria publicada en 1996, misma que posteriormente fue retomada por la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, publicada en 2005, y que hoy en día se encuentra vigente. Así, tenemos que actualmente la principal fuente de recursos de las cámaras empresariales es el cobro de las tarifas por concepto de inscripción y renovación de registro en el SIEM, ya que dicho sistema es administrado por las propias cámaras, y por lo tanto, les son destinados a éstas los recursos obtenidos mediante el cobro de dichas tarifas.

No obstante, tal y como fue expuesto anteriormente, el establecimiento de tarifas obligatorias para inscribirse y renovar el registro dentro de un padrón de comerciales e industriales mexicanos como el SIEM es ineficiente, afecta significativamente la creación de nuevas unidades económicas en nuestro país, e incluso afecta el ingreso de las ya constituidas, pues mediante dicha imposición injustificada se encarecen los costos de constitución de nuevos negocios y sobre todo se imponen costos de transacción a los emprendedores fomentando la informalidad y restando competitividad a nuestro país . Asimismo, la obligatoriedad del SIEM desincentiva a los inversionistas, y en general limita el desarrollo económico nacional, a cambio del cobro de tarifas destinadas al sostenimiento de agrupaciones colectivas como lo son las cámaras empresariales.

Es importante mencionar que el padrón del SIEM es una herramienta poco útil para los comerciantes e industriales del país. Actualmente sólo existen cerca de 735 mil empresas inscritas; en cambio, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha puesto en marcha el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, en el cual se ofrece información sobre la identificación y ubicación de todos los establecimientos activos en el territorio nacional, y que además ofrece una posición en GPS de los negocios dados de alta. Este directorio contiene información sobre 4 millones 374 mil 600 unidades económicas en nuestro país, por lo cual es una herramienta de utilidad, tanto para los comerciantes como para el sector público y la ciudadanía en general, al consolidar sus datos en una plataforma moderna, sofisticada, actualizada y eficiente.

Inclusive, las mejores prácticas internacionales, reconocidas por el propio Banco Mundial, consideran que la existencia de múltiples registros o bases de datos sobre información de las empresas, genera datos inconsistentes, así como costos adicionales para los emprendedores. En este sentido, se recomienda que exista un solo registro público con la información de cada unidad económica, en el cual se puedan realizar consultas de manera ágil y fidedigna.

Por los motivos antes expuestos, se propone que la inscripción en el SIEM y el pago de las tarifas correspondientes sean opcionales. De esta manera, las empresas a las que sea de utilidad el SIEM podrán inscribirse y hacer uso del mismo, sin que sea obligatoria la inscripción para las empresas que no deseen utilizar el SIEM. Con lo anterior, se fomenta una mayor competitividad en la creación de nuevas unidades económicas y una mayor productividad de las ya constituidas.

Asimismo, es importante resaltar que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) realizó un cálculo estimado acerca de los beneficios económicos por la eliminación del pago de las tarifas del SIEM, y con el cual concluyó que en caso de que sean eliminados, existiría una liberación de recursos económicos que actualmente destinan las empresas para enterar dichas tarifas de aproximadamente mil 868.4 millones de pesos, por concepto de costo financiero únicamente por el pago de la tarifa; y de 2 mil 368.2 millones de pesos, por concepto de costo regulatorio en que se incurre para completar el trámite.

4. Eliminación de publicaciones innecesarias y publicación en un solo sitio web

De conformidad con diversas leyes mercantiles tales como el Código de Comercio, la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley de Sociedades de Inversión, los comerciantes están obligados a realizar diversas publicaciones (por ejemplo, el anuncio de su calidad mercantil, las convocatorias de sus asambleas y la publicación de sus estados financieros), muchas de ellas innecesarias.

Aunado a lo anterior un gran número de estas publicaciones deben realizarse en diarios de circulación nacional y local, o ambos. Los costos por plana van de 10 mil 900 a más de 20 mil pesos. Por ello, existe la práctica de utilizar periódicos desconocidos para disminuir los costos, en unas ocasiones, y en otras para cumplir el formalismo jurídico y evitar que los actos societarios cuya publicación es obligatoria sean conocidos.

Por otra parte y de conformidad con datos de la Secretaría de Economía, en nuestro país en el año 2009 existían 5 millones 144 mil 56 de empresas de las cuales el 99.8 por ciento son Mipyme. Para este tipo de empresas resulta sumamente costoso realizar las publicaciones a las cuales están obligados por la ley, y efectuarlas les genera costos que necesariamente inciden en su competitividad y crecimiento, por lo cual en muchas ocasiones no son realizadas.

Por lo anterior, la presente iniciativa tiene un doble propósito: por una parte identificar aquellas publicaciones innecesarias y eliminarlas de la ley; y por otra, crear un boletín electrónico gratuito para dar publicidad a las restantes, como se explica más adelante.

En cuanto al primer propósito, la presente iniciativa propone la derogación, entre otras disposiciones, de la fracción I del artículo 16 que establece la obligación de que los comerciantes publiquen por medio de la prensa su calidad mercantil, así como de las fracciones I y II del artículo 17. Lo anterior debido a que las sociedades deben inscribirse en el Registro Público de Comercio o de lo contrario se considerarán irregulares y las personas físicas quedan matriculadas de oficio al inscribir cualquier documento. Así, se exige cumplir con la publicidad por dos medios distintos, lo cual resulta innecesario. Cabe destacar que el incumplimiento de lo antes señalado carece de sanción y la falta de utilidad de dicha disposición provoca que los comerciantes la incumplan.

Asimismo, mediante la presente reforma se propone eliminar distintas publicaciones que en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las empresas mexicanas deben realizar, como son por ejemplo en el caso de adquisición de acciones para amortizarlas, convocatorias para las asambleas generales, reducciones de capital social, balances, resoluciones de escisión, acuerdos sobre distribución parcial, balances generales, etcétera.

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española por publicidad debe entenderse el “Conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas o de los hechos”. Y “en sentido técnico jurídico consiste en aquel conjunto de medios jurídicos previstos por el legislador a fin de hacer patentes situaciones jurídicas privadas, en interés de terceros, quienes pudieran resultar perjudicados o favorecidos por la constitución, modificación o extinción de tales situaciones” 2 .

Así, se considera conveniente y viable crear un boletín electrónico gratuito en el que sea obligatorio hacer las publicaciones a que obliga la ley, otorgando mayor certidumbre a los accionistas. Esto acorde con las mejores prácticas internaciones en donde el uso de medios electrónicos tiene una gran trascendencia y dado que la publicidad a través de estos medios representa una gran alternativa de eficiencia y bajo costo.

Al respecto, el Banco Mundial señala que mediante la construcción de soluciones integrales de la información, y el uso de medios electrónicos e internet, hoy en día es completamente innecesario utilizar publicaciones en periódicos y formatos impresos en papel.

Esta propuesta otorgaría a las sociedades un medio de publicidad efectivo, eficiente y gratuito que beneficiaría especialmente a las Mipyme, fomentando el cumplimiento de las publicaciones que se deben realizar y eliminando aquellas que son innecesarias.

Resulta importante resaltar que la Cofemer realizó un cálculo estimado acerca de los beneficios económicos por la eliminación y transformación de todas estas publicaciones, y con el cual concluyó que existiría una liberación de recursos económicos que actualmente destinan las empresas, el cual asciende a los 4,969 millones de pesos, por concepto de costo financiero por las cuotas que son enteradas para realizar las publicaciones actualmente.

5. Objeto social de las sociedades mercantiles

Actualmente las empresas únicamente pueden realizar los actos y ejercer las facultades previstas en su escritura constitutiva, y por tanto, para llevar a cabo alguna actividad distinta a las contempladas en su objeto social, es necesario reformar los estatutos sociales.

Esta situación no es congruente con las prácticas comerciales actuales, ya que las empresas pueden cambiar de giro repentinamente y en ocasiones requieren llevar a cabo actos que no se encuentran especificados dentro de sus estatutos. En este sentido, las empresas tienen que modificar sus estatutos para cambiar de giro o incluir nuevas facultades, con lo cual se les generan costos notariales y de tiempo.

Doctrinarios mexicanos han sostenido que para cumplir con la finalidad social la sociedad puede ejercitar todos los derechos que sean necesarios y además realizar algunas actividades conexas u operaciones inherentes al objeto de la sociedad, precisando que esto último no sería propiamente la finalidad social sino la capacidad jurídica de la persona moral o las facultades de los representantes de dicha persona moral.

Asimismo, se ha sostenido que los administradores no pueden realizar operaciones extrañas al objeto de la sociedad, y toda vez que la sociedad sólo puede actuar a través de ellos, el maestro Mantilla Molina señala que esto lleva a corroborar la tesis de que la sociedad sólo está capacitada para realizar los negocios jurídicos tendientes a la realización de sus propios fines, por lo que aquellos actos que se exceden del objeto social podrán ser equiparables a los de una sociedad irregular.

Para evitar problemas de interpretación sobre el alcance del objeto y la capacidad jurídica de las personas morales, la presente iniciativa adiciona el contenido del artículo 4 de la Ley General de Sociedades Mercantiles para señalar que las sociedades mercantiles, por el solo hecho de serlo, podrán realizar todos los actos de comercio necesarios para el cumplimiento de su objeto social, salvo lo expresamente prohibidos por las leyes y los estatutos sociales.

A través de la presente reforma se mantiene la libre voluntad de las partes para pactar el objeto social y las facultades o actividades que dicha sociedad mercantil realizará, pero se adicionan, por ministerio de ley, todas aquellas actividades de naturaleza mercantil que requieran para el cumplimiento del objeto social. Con esto, se amplía el margen de acción de las empresas y se otorga mayor flexibilidad a su actuación. Lo anterior se encuentra limitado, desde luego, por las restricciones para desarrollar ciertas actividades determinadas por leyes especiales.

Vale la pena señalar que en la práctica los fedatarios públicos generalmente promueven que los accionistas dispongan de una redacción amplia de su objeto social, con lo cual puedan realizar múltiples actividades. Sin embargo, en numerosas ocasiones esto resulta insuficiente y los accionistas se ven obligados a modificar sus estatutos a fin de adecuar las nuevas actividades comerciales a un formalismo legal, restando, como ya se dijo, flexibilidad y capacidad de adaptación y generando costos.

6. Nueva arquitectura del sistema que opera el Registro Público de Comercio

El Registro Público de Comercio es una institución diseñada para hacer del conocimiento público, de los terceros, la situación y relaciones de los comerciantes y el contenido de determinados documentos, todo ello en beneficio y como protección de la buena fe en el tráfico mercantil.

El carácter originario del mismo es federal derivado de la competencia que tiene el Congreso de la Unión en materia de comercio y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que en su artículo 34 fracción XIV, dispone que le corresponde a la Secretaría de Economía: “Regular y vigilar, de conformidad con las disposiciones aplicables, la prestación del servicio registral mercantil a nivel federal, así como promover y apoyar el adecuado funcionamiento de los registros públicos locales”.

Pese a lo anterior, hasta hace algunos años el Registro Público de Comercio operaba como un anexo del Registro Público de la Propiedad a cargo de los Estados, lo cual provocaba que se prestara un servicio heterogéneo y se solicitaran al particular diferentes requisitos dependiendo del Estado en el que se llevara a cabo el servicio. Asimismo, no se contaba con una autoridad federal que lo coordinara y no existían procedimientos, plazos y fases definidos.

Como consecuencia, en el año 2000 se introdujo una reforma al Código de Comercio con el fin de que el Registro Público de Comercio estuviera coordinado por la autoridad federal y funcionara a través de un programa informático por virtud del cual se homologaran los requisitos, plazos y fases en todo el país.

De esta manera, se previó que el registro tendría una base de datos central interconectada a las bases de datos de los registros de las oficinas estatales, las cuales existen en cada entidad federativa de conformidad con lo que demande el tráfico mercantil. Ahora bien, la base de datos central se alimenta de la réplica que se debe realizar de las bases de datos de las entidades federativas a ésta.

Por lo tanto, si bien es cierto que con la reforma antes mencionada se dio un gran paso en la modernización del procedimiento registral en materia de comercio la implementación y operación de dicho sistema informático con las características antes descritas, fue producto de un procedimiento que se llevó a cabo en un lapso de tiempo específico.

En primer término, los convenios de coordinación que se celebraron entre el gobierno federal y los Estados para materializar el procedimiento antes descrito, se formalizaron en distintas fechas, y como consecuencia de ello las bases de datos en cada oficina registral con las características antes mencionadas comenzaron a operar en distintos momentos.

Derivado de lo anterior, en la actualidad existen 269 oficinas de Registro Público de Comercio en los estados, de las cuales 60 no realizan ningún tipo de réplica de información porque no se encuentran conectadas a la base de datos central, por tanto la información concentrada en dicha base no está completa.

Aunado a ello, dado que la Inscripción se realiza en la oficina del Registro Público de Comercio del domicilio del comerciante, para realizar una consulta o solicitar una certificación es necesario hacerlo presencialmente en la oficina registral en la que se encuentra registrado éste o ante un notario o corredor público de la entidad federativa de que se trate. Asimismo, una sociedad puede en varias ocasiones modificar su domicilio y por tanto estar inscrito en distintas oficinas. Lo anterior provoca que no exista la posibilidad de contar con una base de datos centralizada que permita su consulta rápida oportuna y eficaz.

Asimismo, podemos afirmar que es una tendencia de mejores prácticas internacionales que en la práctica jurídica se utilicen medios electrónicos como una herramienta que contribuya a mejorar las instituciones y agilice los trámites que requieren realizar los emprendedores, además de que dichos medios acortan las distancias entre los participantes de la actividad comercial y permiten proporcionar la adecuada publicidad a los actos que realizan los comerciantes con la mayor agilidad y el menor costo posible.

Por lo tanto, la centralización del Registro Público de Comercio operado por un programa informático permitiría la consulta en una sola base de datos sin la necesidad de acudir a cada oficina registral. Lo anterior convertiría al Registro Público de Comercio en un registro federal, digital, con una sola base de datos central y se lograría contar con un registro de fácil acceso, que tuviera la información necesaria y con la agilidad y eficiencia que se requieren en el tráfico mercantil.

Esta reforma constituiría el siguiente paso después de la reforma del año 2000 para contar con un procedimiento registral acorde con las necesidades de los comerciantes que permita una adecuada consulta de la información, eliminando los costos de transacción tanto en tiempo como en dinero que se requieren para acudir y consultar en cada oficina registral.

Es importante destacar que no se elimina la facultad de las entidades federativas de cobrar los derechos relativos al Registro, por lo cual no se afectaría la recaudación que llevan a cabo los Estados en esta materia.

7. Acuerdos entre accionistas y emisión de acciones con características especiales. Profundizar los derechos de accionistas minoritarios y fortalecer el régimen de responsabilidad de los administradores y del órgano de vigilancia de la sociedad

En México, la legislación mercantil en materia de gobierno corporativo y derechos de minorías fue diseñada hace muchos años. El régimen vigente es rígido en diversos aspectos societarios, como la celebración de pactos entre accionistas y organización de los órganos societarios, lo cual ubica al país en desventaja para atraer inversiones respecto de otros países.

Ante esta problemática, la presente iniciativa pretende actualizar nuestro marco normativo reflejando los principales estándares de gobierno corporativo y protección de derechos de minorías que existen a nivel internacional.

A finales de 2005, con la publicación de la nueva Ley del Mercado de Valores (LMV) y la creación de la Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI), se dio un gran avance en estas materias.

La creación de la SAPI obedeció a la necesidad del mercado de valores de contar con una figura societaria moderna que fomentara el desarrollo de inversiones y capital de riesgo, dotando de plena certeza y protección a los aportantes del capital.

Así, en seguimiento a las reformas contempladas por la LMV, nace la necesidad de reflejar los avances en materia de gobierno corporativo y protección de minorías vigentes en el país en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Los cambios que se proponen ya se encuentran vigentes para las SAPI y han mostrado efectividad. Por tanto, la propuesta busca extender estos beneficios de manera genérica a cualquier sociedad anónima que voluntariamente pretenda adoptar estos estándares de gobierno societario. La situación actual en derechos de minorías es la siguiente:

En materia de acuerdos entre accionistas, la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) contempla una serie de prohibiciones que vuelven rígido el actuar de los accionistas al restringir la facultad de los mismos de pactar la forma de conducir la administración de la sociedad.

La presente iniciativa busca incorporar un régimen societario acorde a estándares internacionales que ya se prevé en la LMV y que se basa en la autonomía de la voluntad de los accionistas, reconociendo la existencia de acuerdos relativos a los derechos de compra, venta y limitaciones sobre el derecho de voto principalmente, encaminados a potencializar el valor de la sociedad sin favorecer a un determinado socio o accionista o grupo de socios o accionistas.

Este nuevo régimen será aplicable exclusivamente a aquellas sociedades que opten por reconocer la existencia de estos acuerdos.

Actualmente, por disposición expresa de la LGSM queda prohibido cualquier convenio que restringiera la libertad de voto de los accionistas. Esta disposición no sólo atenta contra el principio de libertad en la conducción de la sociedad por parte de los accionistas, sino que también limita los derechos de propiedad y toma de decisiones por parte de los mismos.

La presente iniciativa busca eliminar esta restricción a fin de permitir la emisión de acciones con características especiales relacionadas con los derechos de voto, partiendo del supuesto de que serán las propias sociedades las que de acuerdo a sus necesidades definirán las clases y tipos de acciones que desean emitir. Esto dotará de certidumbre jurídica a los tenedores de los títulos y a las sociedades emisoras de los mismos.

8. Profundizar los derechos de accionistas minoritarios y fortalecer el régimen de responsabilidad de los administradores y del órgano de vigilancia de la sociedad

Los derechos de los socios o accionistas minoritarios son fundamentales, entre otros aspectos, para incentivar la diversificación de la base de inversionistas, especialmente de aquellos que no participan en la administración de la empresa.

En este sentido, la presente Iniciativa busca dotar de mejores derechos a los citados socios y accionistas, sin comprometer la operación de las sociedades, ya que los porcentajes vigentes son relativamente muy altos y difíciles de alcanzar. La propuesta consiste en:

(i) una disminución del porcentaje actual del 33 por ciento necesario para ejercer una acción civil en contra de consejeros y directivos, fijándolo en 25 por ciento,

(ii) una disminución del porcentaje actual del 33 por ciento necesario para aplazar por tres días y sin necesidad de nueva convocatoria, la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados, fijándolo en 25 por ciento,

(iii) una disminución del porcentaje actual del 33 por ciento necesario para oponerse judicialmente a las resoluciones de las Asambleas Generales, fijándolo en 25 por ciento , y

(iv) una disminución del porcentaje actual del 33 por ciento necesario para solicitar la convocatoria de una asamblea de accionistas, fijándolo en 25 por ciento

Los derechos de minorías plasmados en la presente Iniciativa son independientes de que las tenencias accionarias tengan o no derecho a voto, o bien este derecho se encuentre restringido, manteniendo el principio rector establecido en la LGSM vigente de “una acción un voto”.

La reducción propuesta contempla un porcentaje razonable pues representa la cuarta parte del capital social y se justifica ante el creciente grado de pulverización de la tenencia accionaria en México, y es congruente con la tendencia legislativa de los países más desarrollados cuyas reformas en este sentido se han dado como respuesta a los abusos directos a los derechos de accionistas minoritarios que han suscitado escándalos corporativos.

Por otra parte, tanto los administradores como el órgano de vigilancia de la sociedad tienen por ministerio de ley la responsabilidad inherente a su mandato y la derivada de las obligaciones que tanto la LGSM como los estatutos de la propia sociedad les imponen.

El régimen vigente de responsabilidades requiere modernizarse, a fin de que los administradores sean responsables de los daños y perjuicios ocasionados con motivo de los actos, hechos u omisiones generados con motivo de su encargo a favor de la sociedad, exclusivamente, cuando se hayan conducido en forma dolosa o de mala fe. De ahí que la iniciativa reconoce que los administradores tienen que correr riesgos para generar valor en la sociedad y en esos casos no deben ser responsables, situación que hoy en día es imprecisa.

El órgano de vigilancia de la sociedad es un elemento fundamental para garantizar una administración transparente de las empresas y una adecuada revelación de información a los accionistas. Dicho órgano forma parte del conjunto de mecanismos que permiten mitigar los problemas de agente-principal y fomentar que los administradores y funcionarios actúen en el mejor interés de los socios.

El manejo transparente de las empresas promueve niveles más altos de inversión, formalidad y empleo. Por ello, es importante que las sociedades mexicanas adopten mejores prácticas en materia de rendición de cuentas para generar confianza en los inversionistas.

La Ley General de Sociedades Mercantiles confiere la función de vigilancia a comisarios temporales y revocables, quienes pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad. Si bien la figura del comisario resulta adecuada, requiere algunos ajustes para hacerla más operativa y eficiente.

Así, la presente iniciativa propone regular el manejo de conflictos de interés de las personas encargadas de la vigilancia de la sociedad, estableciendo con mayor precisión el procedimiento que deben seguir dichas personas para notificar la existencia del conflicto a los administradores.

Por otra parte, se considera excesiva e inoperante la obligación de los comisarios de “vigilar ilimitadamente y en cualquier tiempo todas las operaciones de la sociedad” (artículo 166, fracción IX). “Como está regulado y estructurado por la LGSM, el órgano de vigilancia de las SA –y de la S de RL (como sociedades privadas de capitales)- no cumplen sus funciones, porque, en efecto, en la práctica de los negocios, no vigila ni controla o supervisa las operaciones y la actividad de los administradores, ni verifica y comprueba realmente la llevanza y el contenido de la contabilidad (incluyendo los diversos libros sociales), ni protege a los socios, ni a la minoría.” 4

Es imposible que una persona pueda vigilar ilimitadamente y en cualquier tiempo todas las operaciones de la Sociedad. Asimismo, el precepto impone una responsabilidad y un riesgo muy elevado a las personas que conforman el órgano de vigilancia. Por ello, se propone una redacción más acorde con las funciones del comisario, estableciendo que será obligación del mismo “vigilar la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la sociedad”.

Finalmente, es necesario reconocer que las funciones de vigilancia han tendido a profesionalizarse y recaer en los auditores externos de la Sociedad, conformados por firmas de contadores que ejercen las funciones de comisario. Así, en muchas ocasiones la función de auditoría es ejercida por el Consejo de Administración con el auxilio de auditores independientes. Por lo anterior, siguiendo las experiencias positivas de las Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión y del Código de Mejores Prácticas Corporativas 5 , se propone legislar, como alternativa al comisario, la figura del comité integrado por miembros del consejo de administración que ejerzan las funciones de auditoría, quienes estarán sujetos a los mismos derechos y obligaciones previstos en la Ley para los comisarios. Al mismo tiempo, las sociedades que adopten este régimen deberán contar con un auditor externo independiente, a fin de garantizar la imparcialidad y profesionalismo en la vigilancia de las operaciones sociales y en la generación de información confiable para los accionistas.

9. Mejorar la figura de la prenda sin transmisión de posesión y fideicomiso de garantía

La presente iniciativa incorpora algunas modificaciones al régimen aplicable a las garantías mobiliarias para facilitar el otorgamiento del crédito.

El 23 de mayo de 2000 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las reformas para enriquecer el régimen de garantías y facilitar su ejecución en caso de incumplimiento. Las figuras creadas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC) fueron el fideicomiso de garantía y la prenda sin transmisión de posesión. A su vez, en el Código de Comercio fue modificado el respectivo procedimiento de ejecución.

Dentro de las principales características de dicha reforma, encontramos que el deudor conserva los bienes dados en garantía, pudiendo usarlos, transformarlos e incluso venderlos, con la aclaración de que en ningún momento el bien perderá su condición de fuente de pago del crédito.

Aunado a lo anterior, mediante reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2003, el régimen legal mexicano sobre garantías fue actualizado con la finalidad de adaptar dicho esquema a las prácticas económicas y comerciales que se derivaron de las tendencias en operaciones financieras, en aquel momento.

El referido régimen de garantías estableció un proceso para facilitar el otorgamiento de créditos con garantías mobiliarias; sin embargo, en la práctica, las instituciones financieras se han encontrado con algunos requerimientos que representan obstáculos para el uso de este mecanismo.

Los aspectos principales que desarrolla la presente iniciativa en materia de garantías mobiliarias son:

A. Precisión a la aplicación de requerimientos al endoso de cheques

La iniciativa precisa que los cheques expedidos por cantidades inferiores a las establecidas por el Banco de México, podrán ser endosados en blanco o al portador, en congruencia con lo establecido en el artículo 179 de la LGTOC.

Lo anterior, en virtud de que actualmente únicamente se permite el endoso en blanco o al portador de aquellos cheques que son expedidos de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Banco de México.

B. Fortalecimiento de la libertad contractual

La presente reforma pretende fortalecer la libertad contractual entre deudores y acreedores, modificando aquellas disposiciones cuya rigidez, al no admitir pacto en contrario, podrían obstaculizar el otorgamiento del crédito o la comercialización de los bienes otorgados como garantías, o bien, podrían provocar la nulidad de la garantía por falta del cumplimiento de algún requisito. Actualmente, por ejemplo, la ley establece que las partes estarán obligadas a convenir el lugar donde se deberán encontrar las garantías, las contraprestaciones mínimas que deberá recibir el deudor de su contraparte por la venta o transferencia de los bienes en garantía y las características que permitan identificar a la persona o personas a las que el deudor podrá vender o transferir los bienes. Lo anterior ocasiona que la falta de alguna de estas cláusulas pueda ser invocada por cualquiera de las partes para reclamar la nulidad de la garantía.

Asimismo, es pertinente señalar que el vencimiento anticipado del crédito puede ser en perjuicio tanto para el deudor como para el acreedor, por ello se propone que dicho vencimiento anticipado quede sujeto al convenio entre las partes y no sea una consecuencia legal irrenunciable.

Por otro lado, se precisa que la enajenación de bienes objeto de un fideicomiso de garantía debe ser acorde no sólo con el curso normal de las actividades del fideicomitente, sino también con lo establecido en el contrato de fideicomiso, a fin de no restringir la libertad contractual.

En suma, se busca fomentar la capacidad de acuerdo entre acreedor y deudor y flexibilizar las disposiciones para eliminar los obstáculos al ejercicio de la garantía.

C. Aplicación del derecho sustantivo mercantil

La modificación propuesta precisa que serán actos mercantiles las operaciones que sean consideradas como actos de comercio para una de las partes contratantes aunque la otra parte no sea comerciante ni realice actos de especulación comercial; lo anterior, en virtud de que el Código de Comercio es claro al establecer la procedencia de la vía mercantil para actos mixtos, pero no para establecer la aplicación del derecho sustantivo mercantil para la parte que no cuenta con un carácter comercial en esos actos.

De esta manera, se otorga mayor certidumbre jurídica para la aplicación del derecho mercantil a las partes involucradas en este tipo de operaciones.

D. Identificación de la garantía

Actualmente, existen algunas interpretaciones en el sentido de que se requiere que la garantía se constituya exclusivamente sobre bienes que puedan ser descritos con toda precisión. Lo anterior da lugar a controversias innecesarias sobre el grado de precisión de la identificación de la garantía especial. Sin embargo, lo relevante debe consistir en que la garantía especial pueda distinguirse, de cualquier forma, respecto a la garantía genérica.

En tal virtud, se establece la posibilidad de llevar a cabo la identificación genérica de los bienes cuando la identificación individual resulta sumamente difícil de realizar.

E. Pago del adeudo

Para otorgar mayores posibilidades de pago al deudor, se propone una modificación que tiene como intención que dicho deudor pueda efectuar el pago de la deuda con otros bienes y no necesariamente con el producto de la garantía.

De esta manera, se otorga al deudor mayores posibilidades para cumplir con su obligación de pago y se favorece la posibilidad de recuperación del crédito al permitir expresamente mecanismos adicionales para su liquidación.

F. Conflictos de interés

Se propone facultar a la partes para que designen a un tercero independiente e imparcial que resuelva los conflictos de interés, ya que el surgimiento de controversias es utilizado como argumento para invalidar el fideicomiso o para diferir el pago de la obligación.

G. Oponibilidad contra terceros

El texto vigente de la LGTOC, en materia de oponibilidad contra terceros, establece que el fideicomiso cuyo objeto recaiga en cosa corpórea o en títulos al portador, surtirá efectos contra terceros desde la fecha en que el bien se encuentre en poder de la institución fiduciaria.

Dicha mención es poco clara ya que podría interpretarse que se tiene que transmitir la posesión de los bienes a la fiduciaria, lo cual no hace sentido si lo aplicamos a garantías mobiliarias que tienen por objeto evitar el desplazamiento de posesión. En este sentido, la modificación tiene por objeto aclarar que, cuando se afecten cosas corpóreas o bien títulos al portador, el fideicomiso surte efectos ante terceros desde la fecha de inscripción en el registro o de su entrega al fiduciario o a un tercero.

H. Designación de peritos

A través de la reforma se propone colmar una laguna legal al establecer que cuando las partes no alcancen un acuerdo para la designación del perito que se encargue del avalúo de los bienes objeto de las garantías, esta designación será realizada por un juez a solicitud de cualquiera de las partes.

10. Fortalecer la regulación de medios electrónicos en juicios

El comercio electrónico se encuentra ampliamente regulado en nuestra legislación mercantil. Con la reforma del año 2000 se incluyó en el Código de Comercio el título relativo al comercio electrónico y se otorgó valor jurídico y probatorio a los mensajes de datos. Dichos mensajes son definidos por la propia ley como “la información generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología.”

Así, el artículo 89 Bis del Código de Comercio señala que “no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a cualquier tipo de información por la sola razón de que esté contenida en un Mensaje de Datos”. De igual forma, el artículo 1205 dispone que los Mensajes de Datos son admisibles como medios de prueba.

En cuanto a la regulación del valor probatorio de los mensajes de datos, el artículo 1298-A del Código de Comercio señala que “para valorar la fuerza probatoria de dichos mensajes, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, archivada, comunicada o conservada”. Sin embargo, en los casos en que la ley requiere que un documento sea conservado y presentado en su forma original no se establece expresamente cómo acreditar dicho requisito tratándose de mensajes de datos. Esto genera problemas en la práctica para la admisión de pruebas.

El Código Federal de Procedimientos Civiles establece en su artículo 210-A que en los casos en que la ley requiere que un documento sea conservado y presentado en su forma original, dicho requisito quedará satisfecho si se acredita que el mensaje de datos se ha mantenido íntegro e inalterado a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y ésta pueda ser accesible para su ulterior consulta. En nuestra opinión esta solución es la correcta y debería aplicarse en virtud de que el Código Federal de Procedimientos Civiles es supletorio del Código de Comercio. Sin embargo, la falta de regulación expresa genera problemas en la práctica al momento de la admisión de pruebas consistentes en mensajes de datos.

Por lo anterior, se propone adicionar un artículo al Código de Comercio para señalar expresamente que en todos los juicios mercantiles se reconoce como prueba los mensajes de datos y que su valor probatorio se regirá conforme a lo previsto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles.

11. Dar claridad a la disposición que establece la responsabilidad de los administradores en el caso de sociedades irregulares

La presente iniciativa propone eliminar el último párrafo del artículo 7 de la Ley General de Sociedades Mercantiles que señala que “las personas que celebren operaciones a nombre de la sociedad, antes del registro de la escritura constitutiva, contraerán frente a terceros responsabilidad ilimitada y solidaria por dichas operaciones”. Lo anterior en virtud de que dicha responsabilidad ya se encuentra regulada con mayor claridad en el artículo 2 de la citada ley: “Los que realicen actos jurídicos como representantes o mandatarios de una sociedad irregular, responderán del cumplimiento de los mismos frente a terceros, subsidiaria, solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de la responsabilidad penal, en que hubieren incurrido, cuando los terceros resultaren perjudicados.”

12. Fedatarios públicos

La presente iniciativa propone modificar la Ley General de Sociedades Mercantiles a fin de actualizar aquellos artículos en los que se hace referencia únicamente a los notarios, siendo que dichas facultades para realizar determinados actos jurídicos corresponden también a los corredores públicos. Por ejemplo, el artículo 5 vigente señala que “las sociedades se constituirán ante notario (...)”, por lo que se propone sustituir la palabra notario por fedatario público.

13. Fortalecer la figura del arbitraje mercantil

El arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de controversias por el cual las partes en conflicto acuerdan que un tercero, conocido como árbitro, resolverá con carácter vinculante y definitivo su conflicto mediante un laudo. Como mecanismo alternativo, el arbitraje excluye la competencia de los órganos jurisdiccionales, ya que las partes prefirieron que el tribunal arbitral 6 , y no el Estado, resolviera su controversia.

En 1989, el Código de Comercio fue reformado en el sentido de regular el arbitraje comercial nacional e internacional. En 1993 México adoptó la Ley Modelo de UNCITRAL sobre arbitraje comercial internacional, y suprimió el requisito de formalidad excesiva de escritura pública, póliza o convenio judicial, para que los compromisos y cláusulas compromisorias fueran válidos. Las disposiciones de la mencionada Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional, se incorporaron en el Título Cuarto “Del Arbitraje Comercial”, del Libro Quinto “De los Juicios Mercantiles” del Código de Comercio.

El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reformó diez artículos de nuestra Constitución, incluyendo al artículo 17, en el sentido de obligar al Congreso de la Unión y a los congresos en las entidades federativas, a regular los mecanismos alternativos de solución de controversias.

El primero de los efectos de esa reforma constitucional consistió en ratificar la legislación nacional sobre el arbitraje como mecanismo alternativo de solución de controversias, disipar dudas sobre la constitucionalidad del arbitraje 7 y aclarar que el acuerdo arbitral supone una renuncia a la jurisdicción del Estado. La ratificación consistió en establecer de manera expresa que el legislador ordinario tiene facultades para legislar en materia de arbitraje, y de esa manera terminar la práctica de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia y de los magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito, que consiste en fundamentar sus resoluciones de los juicios de amparo sobre arbitraje en leyes secundarias y no en preceptos constitucionales.

El resultado del procedimiento arbitral es un laudo, por el cual se puede condenar a una o más de las partes a cumplir con sus obligaciones, absolverlas o declarar determinada situación. Si la parte condenada a cumplir con determinada prestación no lo hace voluntariamente, es necesario solicitar al juzgador del Estado el reconocimiento y la ejecución del laudo. Para que el juzgador no niegue dicha ejecución, se requiere que el acuerdo arbitral, aceptación de los árbitros, procedimiento y laudo cumplan con ciertos requisitos jurídicos, entre los cuales se encuentran la arbitrabilidad de la materia y la concordancia con el orden público.

El arbitraje ofrece múltiples beneficios frente a la jurisdicción pública, como son la celeridad en la solución de la controversia, la confidencialidad y la especialización de los árbitros, ya que el tribunal arbitral se enfoca generalmente en un solo caso, las partes pueden elegir a árbitros expertos en la materia de su controversia y suscribir un convenio de confidencialidad.

No obstante lo anterior, se han dado un gran número de casos en los cuales a pesar de que ambas partes consintieron en resolver su controversia mediante arbitraje, la parte que perdió no cumple voluntariamente con el laudo. Es entonces cuando la parte vencedora se ve en la necesidad de acudir ante el juzgador para solicitar la homologación y ejecución forzosa del laudo, y la parte perdedora alega, hasta ese momento, que el tribunal arbitral nunca fue competente, lo que da origen a un segundo litigio ante los tribunales del Estado.

Debido a los términos en que se encuentra redactado actualmente el artículo 1424 del Código de Comercio, se presenta otro problema, consistente en que una de las partes, a pesar de haber consentido previamente en resolver sus conflictos mediante arbitraje, cuando es notificada de la demanda arbitral, solicita al juez del Estado que suspenda el procedimiento arbitral, considerando que el tribunal arbitral es incompetente.

El juzgador del Estado, entonces, resolverá una controversia consistente en determinar si el árbitro era o no competente, antes de solucionar el problema principal (por ejemplo, falta de pago en un contrato o el incumplimiento de cualquier otra obligación), lo que se traduce en la dilación en el inicio y duración del procedimiento arbitral.

La propuesta de reforma pretende dar mayor seguridad jurídica a la figura del arbitraje en el sentido de que se cumplan los siguientes principios, que también son aplicables en los demás contratos:

• Obligatoriedad: También se le conoce como “pacta sunt servanda”, que significa “los contratos son para cumplirse”. El acuerdo arbitral obliga a las partes a someterse al procedimiento acordado entre ellas para solucionar la controversia, aunque después de haber celebrado dicho contrato se nieguen a cumplirlo. El acuerdo arbitral puede oponerse como la “excepción de compromiso” en un juicio, con la finalidad de que el juez del Estado remita el caso al tribunal arbitral, a pesar de que una de las partes haya alegado ante él la incompetencia del mencionado tribunal arbitral.

• Intangibilidad: La validez y cumplimiento del acuerdo arbitral no puede quedar al arbitrio de una de las partes. Ninguna de las partes puede revocar unilateralmente el acuerdo arbitral. Incluso, las partes tienen derecho a participar en la designación de los árbitros. En algunos reglamentos de arbitraje, se permite que cada una de las partes designe un árbitro y que los designados a su vez elijan a un tercero.

En caso de que no sea posible tal designación, la institución de arbitraje elegirá a todos los árbitros 8 . En caso de no existir institución arbitral, porque el arbitraje sea ad hoc, será el juzgador competente quien designará al árbitro 9 . Ninguna de las partes en lo individual puede modificar las reglas que fueron acordadas al momento de celebrar el contrato, ni revocar al árbitro único designado por ambas partes.

• Oponibilidad: Significa que los efectos del acuerdo arbitral pueden hacerse valer frente a la contraparte, terceros y juzgadores. El acuerdo arbitral es una excepción válida que se puede oponer en juicio. Una vez iniciado el procedimiento arbitral, es posible oponer las excepciones de compromiso (arbitral), incompetencia y litispendencia al juzgador ordinario, debido al principio de “kompetenz-kompetenz”, el cual establece que el árbitro tiene su propia competencia para resolver el asunto, derivada del acuerdo arbitral.

La propuesta radica principalmente en modificar el vigente artículo 1424 del Código de Comercio 10 en el sentido de que sea primero el tribunal arbitral y no el juez, el encargado de comprobar si un acuerdo arbitral es nulo, ineficaz o de ejecución imposible.

El artículo 1424 del Código de Comercio es del tenor literal siguiente:

Artículo 1424. El juez al que se someta un litigio sobre un asunto que sea objeto de un acuerdo de arbitraje, remitirá a las partes al arbitraje en el momento en que lo solicite cualquiera de ellas, a menos que se compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible.

Si se ha entablado la acción a que se refiere el párrafo anterior, se podrá no obstante, iniciar o proseguir las actuaciones arbitrales y dictar un laudo mientras la cuestión esté pendiente ante el juez.

Sin menoscabo de lo que establece el primer párrafo de este artículo, cuando un residente en el extranjero se hubiese sujetado expresamente al arbitraje e intentara un litigio individual o colectivo, el juez remitirá a las partes al arbitraje. Si el juez negase el reconocimiento del laudo arbitral en los términos del artículo 1462 de este Código, quedarán a salvo los derechos de la parte actora para promover la acción procedente.

Al respecto, se propone reformar sus dos primeros párrafos y adicionar un tercero, para quedar redactado de la siguiente manera:

Artículo 1424. El juez al que se someta un litigio sobre un asunto que sea objeto de un acuerdo de arbitraje, remitirá a las partes al arbitraje en el momento en que lo solicite cualquiera de ellas.

El tribunal arbitral tendrá derecho a pronunciarse sobre su propia competencia y sobre la validez o eficacia del acuerdo arbitral. Si alguna de las partes se opone a cualquiera de estas dos últimas resoluciones arbitrales, deberá manifestarlo ante el mismo tribunal arbitral dentro de los cinco días hábiles siguientes.

En caso de que el tribunal arbitral sostenga su competencia y la validez o eficacia del acuerdo arbitral, las actuaciones arbitrales continuarán y la parte agraviada sólo podrá pedir la nulidad o impugnar la ejecución del laudo con base en esas causales, en términos de lo dispuesto por los artículos 1457, fracción I, incisos a), c) y d), y 1462, fracción I, incisos a), c) y d), del presente código.

Si la parte agraviada ha entablado acción para impugnar la competencia del tribunal arbitral o la validez y o eficacia del acuerdo arbitral ante la autoridad judicial, se podrá no obstante, iniciar o proseguir las actuaciones arbitrales y dictar un laudo mientras la cuestión esté pendiente ante el juez, quien deberá prestar el auxilio necesario a los árbitros en los términos del presente título.

Lo propuesta anterior, evitaría la intervención excesiva de jueces y magistrados para resolver cuestiones procesales que podrían tardar mucho tiempo, antes de determinar que los árbitros fueron competentes desde el principio.

Esto es así, debido a que el arbitraje es originalmente un mecanismo alternativo de solución de controversias de tipo sustantivo, no formal ni procesal. La intención de las partes es determinar si alguna de ellas incumplió con sus obligaciones. En cambio, y lamentablemente, para muchos litigantes, alegar la incompetencia del tribunal o ineficacia del acuerdo arbitral son generalmente tácticas dilatorias que les permiten alargar inútilmente el litigio, en detrimento del patrimonio de sus clientes.

Asimismo, se propone reformar el contenido del artículo 1480, excluyendo la responsabilidad del Tribunal Arbitral respecto de las medidas cautelares que se dicten, estableciendo textualmente que “De toda medida cautelar queda responsable el que la pide, por consiguiente son de su cargo los daños y perjuicios que se causen”.

14. Ley Federal de Derechos

En concordancia con la iniciativa de reforma presentada por la Diputada Norma Sánchez Romero, misma que fue aprobada por el Senado de la República el pasado 26 de octubre y mediante la cual, entre otras cuestiones, se eliminó el pago de derechos por la autorización o cambio de uso de nombre o denominación social establecidos en las fracciones I y II del artículo 25 de la Ley Federal de Derechos, el presente paquete legislativo incluye la eliminación de los derechos establecidos en la fracción XI de dicho artículo, los cuales consisten en el pago por la presentación extemporánea de los avisos de uso o cambio de denominación o razón social.

En atención a lo expuesto, la suscrita diputada federal Norma Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Sociedades de Inversión, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones y de la Ley Federal de Derechos, al tenor de lo siguiente:

I. Código de Comercio

Primero. Se deroga la fracción I, del artículo 16; se deroga el artículo 17; se modifica el artículo 20; se adiciona el artículo 50 Bis 2; se modifica la fracción primera del artículo 600; se adiciona un artículo 1061 Bis; se modifica el segundo párrafo y adiciona un párrafo final al artículo 1414 Bis; se modifica el artículo 1424 y se modifica el segundo párrafo del inciso b) del artículo 1480 del Código de Comercio, en los términos siguientes:

Artículo 16. Todos los comerciantes, por el hecho de serlo, están obligados.

I. Se deroga.

II. ...

III. ...

IV. ...

Artículo 17. Se deroga.

Artículo 20. El Registro Público de Comercio operará con un programa informático mediante el cual se realizará la captura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, reproducción, verificación, administración y transmisión de la información registral.

El programa informático será establecido por la secretaría. Dicho programa y las bases de datos del Registro Público de Comercio, serán propiedad del gobierno federal.

La secretaría establecerá los formatos, que serán de libre reproducción, así como los datos, requisitos y demás información necesaria para llevar a cabo los asientos a que se refiere el presente capítulo, previo pago de los derechos establecidos por las entidades federativas. Lo anterior deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 50 Bis 2. Las publicaciones que deban realizarse conforme a las leyes mercantiles se realizarán a través del medio electrónico que para tal propósito establezca la Secretaría de Economía, y surtirán efectos a partir del día siguiente de su publicación.

Lo anterior, sin perjuicio de las publicaciones que deban realizarse de conformidad con otras disposiciones o leyes especiales.

Artículo 600. ...

I. A publicar en el medio electrónico establecido por la Secretaría de Economía, y circular sus reglamentos, fijándolos en los parajes públicos, en la parte más visible de sus oficinas y en cada uno de los vehículos destinados a la conducción, poniendo los artículos relativos al reverso de los conocimientos de carga;

II. ...

III. ...

IV. ...

Artículo 1061 Bis. En todos los juicios mercantiles se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios digitales, ópticos o en cualquier otra tecnología. Su valor probatorio se regirá conforme a lo previsto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 1414 Bis. ...

I. y II. ...

Al celebrar el contrato las partes deberán designar perito o establecer las bases para designar a una persona autorizada, distinta del acreedor, para que realice el avalúo de los bienes, en caso de que éste no pueda llevarse a cabo, en términos de lo establecido en las fracciones de este artículo.

A falta de acuerdo respecto a la designación del perito, éste será designado por el juez competente a solicitud de cualquiera de las partes.

Artículo 1424. El juez al que se someta un litigio sobre un asunto que sea objeto de un acuerdo de arbitraje, remitirá a las partes al arbitraje en el momento en que lo solicite cualquiera de ellas.

El tribunal arbitral tendrá derecho a pronunciarse sobre su propia competencia y sobre la validez o eficacia del acuerdo arbitral. Si alguna de las partes se opone a cualquiera de estas dos últimas resoluciones arbitrales, deberá manifestarlo ante el mismo tribunal arbitral dentro de los cinco días hábiles siguientes.

En caso de que el tribunal arbitral sostenga su competencia y la validez o eficacia del acuerdo arbitral, las actuaciones arbitrales continuarán y la parte agraviada sólo podrá pedir la nulidad o impugnar la ejecución del laudo con base en esas causales, en términos de lo dispuesto por los artículos 1457, fracción I, incisos a), c) y d), y 1462, fracción I, incisos a), c) y d), del presente código.

Si la parte agraviada ha entablado acción para impugnar la competencia del tribunal arbitral, la validez o eficacia del acuerdo arbitral ante la autoridad judicial, se podrá no obstante, iniciar o proseguir las actuaciones arbitrales y dictar un laudo mientras la cuestión esté pendiente ante el juez, quien deberá prestar el auxilio necesario a los árbitros en los términos del presente título.

Artículo 1480. ...

I. ...

a)...

b)...

c)...

II. ...

a)...

b)...

...

De toda medida cautelar queda responsable el que la pide, por consiguiente son de su cargo los daños y perjuicios que se causen.

II. Ley General de Sociedades Mercantiles

Segundo. Se adiciona al artículo 4, el párrafo segundo; se modifica el artículo 5; se modifica el artículo 7, párrafo primero y se elimina el párrafo tercero; se adiciona al artículo 8, el párrafo segundo; se modifica el artículo 9, párrafo segundo; se modifica el artículo 17; se adiciona el artículo 24 bis; se elimina el artículo 61; se modifica el artículo 64; se modifica el artículo 89, fracciones tercera y cuarta; se modifica el artículo 90; se modifica el artículo 91, párrafo primero, fracción quinta y se adiciona la fracción séptima; se modifica el artículo 99; se modifica el artículo 113; se modifica el artículo 119; se modifica el artículo 125, fracción séptima; se modifica el artículo 132; se modifica el artículo 136, fracción tercera; se modifica el artículo 141; se modifica el artículo 144; se modifica el artículo 157; se modifica el artículo 160, párrafos primero y segundo; se adicionan al artículo 161 los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo; se adiciona el artículo 161 bis; se modifica el artículo 163, primero y último párrafos; se modifica el artículo 164, párrafo primero y se adiciona el párrafo segundo; se modifica el artículo 165, párrafo primero; se modifica el artículo 166, párrafo primero, y fracción novena; se modifica el artículo 167; se modifica el artículo 168 párrafo primero y tercero; se modifica el artículo 169; se modifica el artículo 170; se modifica el artículo 171; se modifica el artículo 172, párrafo noveno; se modifica el artículo 173; se modifica el artículo 176; se modifica el artículo 177; se modifica el artículo 181, fracciones primera, segunda y tercera; se modifica el artículo 183; se modifica el artículo 184, párrafos primero y segundo; se modifica el artículo 185, párrafo segundo; se modifica el artículo 186; se modifica el artículo 192, párrafo segundo; se modifica el artículo 194 párrafos primero, segundo y tercero; se adicionan al artículo 196, los párrafos tercero, cuarto e incisos a), b) y c); se modifica el artículo 197, párrafo primero; se modifica el artículo 198, párrafo primero, y se adicionan las fracciones primera, incisos a), b), c), d) y e), así como las fracciónes segunda tercera y cuarta; se modifica el artículo 199; se modifica el artículo 201, párrafo primero y segundo; se modifica el artículo 205, párrafo primero; se modifica el artículo 212, segundo párrafo; se modifica el artículo 223; se modifica el artículo 228 bis, fracción quinta; se modifica el artículo 243, párrafo segundo; se modifica el artículo 247, fracción segunda; se modifica el artículo 251, párrafo tercero, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en los términos siguientes:

Artículo 4. ...

Las sociedades mercantiles podrán realizar todos los actos de comercio necesarios para el cumplimiento de su objeto social, salvo lo expresamente establecido por las leyes y los estatutos sociales.

Artículo 5. - Las sociedades se constituirán ante fedatario público y en la misma forma se harán constar con sus modificaciones. El fedatario público no autorizará la escritura o póliza cuando los estatutos o sus modificaciones contravengan lo dispuesto por esta ley.

Artículo 7. Si el contrato social no se hubiere otorgado en escritura o póliza ante fedatario público, pero contuviere los requisitos que señalan las fracciones I a VII del artículo 6o., cualquiera persona que figure como socio podrá demandar en la vía sumaria el otorgamiento de la escritura o póliza correspondiente.

...

Se deroga el tercer párrafo.

Artículo 8. ...

Asimismo, las reglas permisivas contenidas en esta ley no constituirán excepciones a la libertad contractual que prevalece en esta materia.

Artículo 9. ...

La reducción del capital social, efectuada mediante reembolso a los socios o liberación concedida a éstos de exhibiciones no realizadas, se publicará en el medio electrónico establecido por la Secretaría de Economía.

...

...

Artículo 17. Las estipulaciones que excluyan permanentemente a uno o más socios de la participación en las ganancias, no producirán efecto legal alguno.

Artículo 24 Bis. Los administradores, gerentes y funcionarios de las sociedades a que se refiere esta ley, desempeñarán su cargo procurando la creación de valor en beneficio de la sociedad, sin favorecer a un determinado socio, accionista o grupo de socios o accionistas. Al efecto, deberán actuar diligentemente adoptando decisiones razonadas y cumpliendo los demás deberes que les sean impuestos por virtud de esta ley o de los estatutos sociales.

Artículo 61. Se deroga.

Artículo 64. Al constituirse la sociedad el capital deberá estar íntegramente suscrito. Los estatutos deberán prever el porcentaje de su exhibición.

Artículo 89. ...

I. ...

II. ...

III. Que se exhiba en dinero efectivo el valor de cada acción pagadera en numerario, de acuerdo con el porcentaje señalado en los estatutos, y

IV. Que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse, en todo o en parte, con bienes distintos del numerario, de conformidad con lo que se prevean en los estatutos.

Artículo 90. La sociedad anónima puede constituirse por la comparecencia ante fedatario público, de las personas que otorguen la escritura o póliza correspondiente, o por suscripción pública, en cuyo caso se estará a lo establecido en el artículo 11 de la Ley del Mercado de Valores.

Artículo 91. La escritura constitutiva o póliza de la sociedad anónima deberá contener, además de los datos requeridos por el artículo 6o., los siguientes:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. El mecanismo para la designación de los comisarios o personas encargadas de la vigilancia a que se refiere el artículo 164;

VI. ...

VII. En su caso, las estipulaciones que:

a) Impongan restricciones, de cualquier naturaleza, a la transmisión de propiedad o derechos, respecto de las acciones de una misma serie o clase representativas del capital social, distintas a lo que se prevé en el artículo 130 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

b) Establezcan causales de exclusión de socios o para ejercer derechos de separación, de retiro, o bien, para amortizar acciones, así como el precio o las bases para su determinación.

c) Permitan emitir acciones que:

1. No confieran derecho de voto o que el voto se restrinja a algunos asuntos.

2. Otorguen derechos sociales no económicos distintos al derecho de voto o exclusivamente el derecho de voto.

3. Limiten o amplíen el reparto de utilidades u otros derechos económicos especiales.

4. Confieran el derecho de veto o requieran del voto favorable de uno o más accionistas, respecto de las resoluciones de la asamblea general de accionistas.

Las acciones a que se refiere este inciso, computarán para la determinación del quórum requerido para la instalación y votación en las asambleas de accionistas, exclusivamente en los asuntos respecto de los cuales confieran el derecho de voto a sus titulares.

d) Implanten mecanismos a seguir en caso de que los accionistas no lleguen a acuerdos respecto de asuntos específicos.

e) Amplíen, limiten o nieguen el derecho de suscripción preferente a que se refiere el artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

f) Permitan limitar la responsabilidad en los daños y perjuicios ocasionados por sus consejeros y Funcionarios, derivados de los actos que ejecuten o por las decisiones que adopten, siempre que no se trate de actos dolosos o de mala fe, o bien, ilícitos conforme a ésta u otras leyes.

Artículo 99. Suscrito el capital social y hechas las exhibiciones legales, los fundadores, dentro de un plazo de quince días, publicarán la convocatoria para la reunión de la Asamblea General Constitutiva, en la forma prevista en el programa, en el medio electrónico establecido por la Secretaría de Economía.

Artículo 113. Salvo lo previsto por el artículo 91, cada acción sólo tendrá derecho a un voto; pero en el contrato social podrá pactarse que una parte de las acciones tenga derecho de voto solamente en las Asambleas Extraordinarias que se reúnan para tratar los asuntos comprendidos en las fracciones I, II, IV, V, VI y VII del artículo 182.

...

...

...

...

...

Artículo 119. Cuando se decrete una exhibición cuyo plazo o monto no conste en las acciones, deberá hacerse una publicación, por lo menos 30 días antes de la fecha señalada para el pago, en el medio electrónico establecido por la Secretaría de Economía. Transcurrido dicho plazo sin que se haya verificado la exhibición, la sociedad procederá en los términos del artículo anterior.

Artículo 125. ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. Los derechos concedidos y las obligaciones impuestas al tenedor de la acción, y en su caso, a las limitaciones al derecho de voto y en específico las estipulaciones previstas en la fracción VII del artículo 91 de esta ley.

VIII. ...

Artículo 132. Los accionistas tendrán derecho preferente, en proporción al número de sus acciones, para suscribir las que emitan en caso de aumento del capital social. Este derecho deberá ejercitarse dentro de los quince días siguientes a la publicación en el medio electrónico establecido por la Secretaría de Economía, del acuerdo de la asamblea sobre el aumento del capital social.

Artículo 136. ...

I. ...

II. ...

III. La adquisición de acciones para amortizarlas se hará en bolsa; pero si el contrato social o el acuerdo de la Asamblea General fijaren un precio determinado, las acciones amortizadas se designarán por sorteo ante Notario o Corredor titulado. El resultado del sorteo deberá publicarse por una sola vez en el medio electrónico establecido por la Secretaría de Economía;

IV. ...

V. ...

Artículo 141. La asamblea totalitaria podrá resolver que las acciones pagadas en todo o en parte mediante aportaciones en especie, deben quedar depositadas en la sociedad durante dos años. Si en este plazo aparece que el valor de los bienes es menor en un veinticinco por ciento del valor por el cual fueron aportados, el accionista está obligado a cubrir la diferencia a la sociedad, la que tendrá derecho preferente respecto de cualquier acreedor sobre el valor de las acciones depositadas.

Artículo 144. - Cuando los administradores sean tres o más, el contrato social determinará los derechos que correspondan a la minoría en la designación, pero en todo caso la minoría que represente un veinticinco por ciento del capital social nombrará cuando menos un consejero. Este porcentaje será del diez por ciento, cuando se trate de aquellas sociedades que tengan inscritas sus acciones en la Bolsa de Valores. Tales designaciones, sólo podrán revocarse por los demás accionistas, cuando a su vez se revoque el nombramiento de todos los demás consejeros, en cuyo caso las personas sustituidas no podrán ser nombradas con tal carácter durante los doce meses inmediatos siguientes a la fecha de revocación.

Artículo 157. Los administradores tendrán la responsabilidad inherente a su mandato y la derivada de las obligaciones que la ley y los estatutos les imponen. Dichos administradores deberán guardar confidencialidad respecto de la información y los asuntos que tengan conocimiento con motivo de su cargo en la sociedad, cuando dicha información o asuntos no sean de carácter público. Dicha obligación de confidencialidad estará vigente durante el tiempo de su encargo y hasta un año posterior a la terminación del mismo.

Artículo 160. Los administradores estarán obligados a denunciar las irregularidades de las cuales tengan conocimiento y que se relacionen con la sociedad.

Asimismo, serán solidariamente responsables con los que les hayan precedido, por las irregularidades en que éstos hubieren incurrido, si, conociéndolas, no las denunciaren por escrito a los comisarios o personas encargadas de vigilancia de la sociedad.

Artículo 161. ...

La responsabilidad de los administradores consistente en indemnizar los daños y perjuicios ocasionados con motivo de los actos, hechos u omisiones a que hace referencia esta Ley, será solidaria entre los responsables que hayan adoptado la decisión y será exigible como consecuencia de los daños o perjuicios ocasionados. La indemnización que corresponda deberá cubrir los daños y perjuicios causados a la sociedad y, en todo caso, se procederá a la remoción del cargo de los responsables.

En los estatutos sociales podrán preverse limitaciones a la responsabilidad en los daños y perjuicios ocasionados, únicamente en el caso previsto en el artículo 91, fracción VII, inciso f). En dicho supuesto se podrán contratar seguros, fianzas o cauciones que cubran el monto de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.

La responsabilidad que derive de los actos a que se refiere este capítulo, será exclusivamente en favor de la sociedad.

El demandante podrá transigir en juicio el monto de la indemnización por daños y perjuicios, siempre que previamente someta a aprobación del consejo de administración de la sociedad, los términos y condiciones del convenio judicial correspondiente. La falta de dicha formalidad será causa de nulidad relativa. A falta de consejo de administración o de resolución de éste corresponderá a la asamblea realizar la aprobación referida en este párrafo.

Las acciones que tengan por objeto exigir responsabilidad en términos de esta ley, caducarán en cinco años contados a partir del día en que se hubiere realizado el acto o hecho que haya causado el daño patrimonial correspondiente.

En todo caso, las personas que a juicio del juez hayan ejercido la acción a que se refiere este artículo, con temeridad o mala fe, serán condenadas al pago de costas en términos de lo establecido en el Código de Comercio.

Artículo 161 Bis. Los administradores no incurrirán, individualmente o en su conjunto, en responsabilidad por los daños o perjuicios que ocasionen a la sociedad, derivados de los actos que ejecuten o las decisiones que adopten, cuando actuando de buena fe, se actualice cualquiera de las excluyentes de responsabilidad siguientes:

I. Den cumplimiento a los requisitos que esta ley o los estatutos sociales establezcan para la aprobación de los asuntos que competa conocer al consejo de administración;

II. Tomen decisiones o voten en las sesiones del consejo de administración o, en su caso, comités a que pertenezcan, con base en información proporcionada por los gerentes, auditores externos o los expertos independientes, cuya capacidad y credibilidad no ofrezcan motivo de duda razonable;

III. Hayan seleccionado la alternativa más adecuada, a su leal saber y entender, o los efectos patrimoniales negativos no hayan sido previsibles, en ambos casos, con base en la información disponible al momento de la decisión; o

IV. Cumplan los acuerdos de la asamblea de accionistas, siempre y cuando éstos no sean violatorios de la ley.

Artículo 163. Los accionistas que representen el veinticinco por ciento del capital social, incluso limitado o restringido o sin derecho a voto, podrán ejercitar directamente la acción de responsabilidad civil contra los administradores, siempre que se satisfagan los requisitos siguientes:

I. ...

II. ...

Para los efectos señalados en este artículo, los accionistas de voto limitado podrán ejercer su derecho de voto.

Artículo 164. La vigilancia de la sociedad anónima estará a cargo de uno o varios comisarios, temporales y revocables, quienes pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad o bien, a cargo de auditores externos independientes y un comité integrado por consejeros que ejerzan las funciones de auditoría, quienes estarán sujetos a los mismos derechos y obligaciones previstos en esta ley para los comisarios.

En todo caso, los comisarios, auditores externos independientes y miembros del comité deberán aceptar sus cargos mediante escrito dirigido a la sociedad, en un plazo de quince días naturales contados a partir de la notificación de la designación. De no recibir dicha aceptación, se deberá realizar una nueva designación de la o las personas encargadas de la vigilancia de la sociedad, quienes deberán realizar las funciones comprendidas desde el periodo que la sociedad no hubiera tenido personas a dicho cargo.

Artículo 165. No podrán ser comisarios o estar a cargo de la vigilancia de la sociedad:

I. ...

II. ...

III. ...

Artículo 166. Son facultades y obligaciones de los comisarios o personas encargadas de la vigilancia de la sociedad:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

A)...

B) ....

C)...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. ...

IX. En general, vigilar la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la sociedad.

Artículo 167. Cualquier accionista podrá denunciar por escrito a los comisarios o personas encargadas de la vigilancia de la sociedad, los hechos que estime irregulares en la administración, y éstos deberán mencionar las denuncias en sus informes a la asamblea general de accionistas y formular acerca de ellas las consideraciones y proposiciones que estimen pertinentes.

Artículo 168. Cuando por cualquier causa faltare la totalidad de los comisarios o personas encargadas de la vigilancia de la sociedad, el consejo de administración deberá convocar, en el término de tres días, a asamblea general de accionistas, para que ésta haga la designación correspondiente.

...

En el caso de que no se reuniere la asamblea o de que reunida no se hiciere la designación, la autoridad judicial del domicilio de la sociedad, a solicitud de cualquier accionista, nombrará los comisarios o personas encargadas de la vigilancia de la sociedad, quienes funcionarán hasta que la asamblea general de accionistas haga el nombramiento definitivo.

Artículo 169. Los comisarios o personas encargadas de la vigilancia de la sociedad serán individualmente responsables para con la sociedad por el cumplimiento de las obligaciones que la ley y los estatutos les imponen. Podrán, sin embargo, auxiliarse y apoyarse en el trabajo de personal que actúe bajo su dirección y dependencia o en los servicios de técnicos o profesionistas independientes cuya contratación y designación dependa de los propios comisarios o personas encargadas de la vigilancia de la sociedad.

Artículo 170. Los comisarios o personas encargadas de la vigilancia de la sociedad que en cualquiera operación tuvieren un interés opuesto al de la sociedad, deberán abstenerse de toda intervención, bajo la sanción establecida en el artículo 156.

Al efecto, los comisarios o personas encargadas de la vigilancia de la sociedad deberán notificar por escrito al consejo de administración o al administrador único, según sea el caso, dentro de un plazo que no deberá exceder de 15 días naturales contados a partir de que tomen conocimiento de la operación correspondiente, los términos y condiciones de la operación de que se trate, así como cualquier información relacionada con la naturaleza y el beneficio que obtendrían las partes involucradas en la misma.

Artículo 171. Son aplicables a los comisarios o personas encargadas de la vigilancia de la sociedad, las disposiciones contenidas en los artículos 144, 152, 154, 160, 161, 162 y 163.

Artículo 172. ...

A)...

B)...

C)...

D)...

E)...

F)...

G)...

A la información anterior se agregará el informe de los comisarios o personas encargadas de la vigilancia de la sociedad, a que se refiere la fracción IV del artículo 166.

Artículo 173. El informe del que habla el enunciado general del artículo anterior, incluido el informe de los comisarios o personas encargadas de la vigilancia de la sociedad, deberá quedar terminado y ponerse a disposición de los accionistas por lo menos quince días antes de la fecha de la asamblea que haya de discutirlo. Los accionistas tendrán derecho a que se les entregue una copia del informe correspondiente.

Artículo 176. La falta de presentación oportuna del informe a que se refiere el enunciado general del artículo 172, será motivo para que la asamblea general de accionistas acuerde la remoción del administrador o consejo de administración, o de los comisarios o personas encargadas de la vigilancia de la sociedad, sin perjuicio de que se les exijan las responsabilidades en que respectivamente hubieren incurrido.

Artículo 177. Quince días después de la fecha en que la asamblea general de accionistas haya aprobado el informe a que se refiere el enunciado general del artículo 172, los accionistas podrán solicitar que se publiquen en el medio electrónico establecido por la Secretaría de Economía los estados financieros, junto con sus notas y el dictamen de los comisarios o personas encargadas de la vigilancia de la sociedad.

Artículo 181. ...

I. Discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores a que se refiere el enunciado general del artículo 172, tomando en cuenta el informe de los comisarios o personas encargadas de la vigilancia de la sociedad, y tomar las medidas que juzgue oportunas.

II. En su caso, nombrar al administrador o consejo de administración y a los comisarios o personas encargadas de la vigilancia de la sociedad;

III. Determinar los emolumentos correspondientes a los Administradores y comisarios o personas encargadas de la vigilancia de la sociedad, cuando no hayan sido fijados en los estatutos.

Artículo 183. La convocatoria para las asambleas deberá hacerse por el administrador o el consejo de administración, o por los comisarios o personas encargadas de la vigilancia de la sociedad, salvo lo dispuesto en los artículos 168, 184 y 185.

Artículo 184. Los accionistas que representen por lo menos el veinticinco por ciento del capital social, podrán pedir por escrito, en cualquier tiempo, al administrador o consejo de administración o a los comisarios o personas encargadas de la vigilancia de la sociedad, la convocatoria de una asamblea general de accionistas, para tratar de los asuntos que indiquen en su petición.

Si el administrador o consejo de administración, o los comisarios o personas encargadas de la vigilancia de la sociedad se rehusaren a hacer la convocatoria, o no lo hicieren dentro del término de quince días desde que hayan recibido la solicitud, la convocatoria podrá ser hecha por la autoridad judicial del domicilio de la sociedad, a solicitud de quienes representen el veinticinco por ciento del capital social, exhibiendo al efecto los títulos de las acciones.

Artículo 185. ...

I. ...

II. ...

Si el administrador o consejo de administración, o los comisarios o personas encargadas de la vigilancia de la sociedad, se rehusaren a hacer la convocatoria, o no la hicieren dentro del término de quince días desde que hayan recibido la solicitud, ésta se formulará ante el Juez competente para que haga la convocatoria, previo traslado de la petición al administrador o consejo de administración y a los comisarios o personas encargadas de la vigilancia de la sociedad. El punto se decidirá siguiéndose la tramitación establecida para los incidentes de los juicios mercantiles.

Artículo 186. La convocatoria para las asambleas generales deberá hacerse por medio de la publicación de un aviso en el medio electrónico establecido por la Secretaría de Economía con la anticipación que fijen los estatutos, o en su defecto, quince días antes de la fecha señalada para la reunión. Durante todo este tiempo estará a disposición de los accionistas, en las oficinas de la sociedad, el informe a que se refiere el enunciado general del artículo 172.

Artículo 192. ...

No podrán ser mandatarios los administradores ni los comisarios o personas encargadas de la vigilancia de la sociedad de la sociedad.

Artículo 194. Las actas de las Asambleas Generales de Accionistas se asentarán en el libro respectivo y deberán ser firmadas por el presidente y por el secretario de la asamblea, así como por los comisarios o personas encargadas de la vigilancia de la sociedad que concurran. Se agregarán a las actas los documentos que justifiquen que las convocatorias se hicieron en los términos que esta ley establece.

Cuando por cualquiera circunstancia no pudiere asentarse el acta de una asamblea en el libro respectivo, se protocolizará ante fedatario público.

Las actas de las asambleas extraordinarias serán protocolizadas ante fedatario público e inscritas en el Registro Público de Comercio.

Artículo 196. ...

...

Al efecto, se presumirá, salvo prueba en contrario, que un accionista tiene en una operación determinada un interés contrario al de la sociedad, cuando manteniendo el control de la sociedad vote a favor o en contra de la celebración de operaciones, obteniendo beneficios que excluyan a otros accionistas o a dicha sociedad.

Se entiende que un accionista mantiene el control de la sociedad cuando cuenta con la capacidad de llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes:

a) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes;

b) Mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social;

c) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas.

Artículo 197. Los administradores y los comisarios o personas encargadas de la vigilancia de la sociedad no podrán votar en las deliberaciones relativas a la aprobación de los informes a que se refieren los artículos 166 en su fracción IV y 172 en su enunciado general o a su responsabilidad.

...

Artículo 198. Sin perjuicio de lo que dispongan las leyes especiales, los accionistas de las sociedades anónimas podrán convenir entre ellos:

I. Derechos y obligaciones que establezcan opciones de compra o venta de las acciones representativas del capital social de la sociedad, tales como:

a) Que uno o varios accionistas solamente puedan enajenar la totalidad o parte de su tenencia accionaria, cuando el adquirente se obligue también a adquirir una proporción o la totalidad de las acciones de otro u otros accionistas, en iguales condiciones;

b) Que uno o varios accionistas puedan exigir a otro socio la enajenación de la totalidad o parte de su tenencia accionaria, cuando aquéllos acepten una oferta de adquisición, en iguales condiciones;

c) Que uno o varios accionistas tengan derecho a enajenar o adquirir de otro accionista, quien deberá estar obligado a enajenar o adquirir, según corresponda, la totalidad o parte de la tenencia accionaria objeto de la operación, a un precio determinado o determinable;

d) Que uno o varios accionistas queden obligados a suscribir y pagar cierto número de acciones representativas del capital social de la sociedad, a un precio determinado o determinable, y

e) Otros derechos y obligaciones de naturaleza análoga;

II. Enajenaciones y demás actos jurídicos relativos al dominio, disposición o ejercicio del derecho de preferencia a que se refiere el artículo 132 de esta ley, con independencia de que tales actos jurídicos se lleven a cabo con otros accionistas o con personas distintas de éstos;

III. Acuerdos para el ejercicio del derecho de voto en asambleas de accionistas, y

IV. Acuerdos para la enajenación de sus acciones en oferta pública.

Los convenios a que se refiere este artículo no serán oponibles a la sociedad, excepto tratándose de resolución judicial.

Artículo 199. A solicitud de los accionistas que reúnan el veinticinco por ciento de las acciones representadas en una Asamblea, se aplazará, para dentro de tres días y sin necesidad de nueva convocatoria, la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados. Este derecho no podrá ejercitarse sino una sola vez para el mismo asunto.

Artículo 201. Los accionistas que representen el veinticinco por ciento del capital social podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de las asambleas generales, siempre que se satisfagan los siguientes requisitos:

I. ...

II. ...

III. ...

No podrá formularse oposición judicial contra las resoluciones relativas a la responsabilidad de los administradores o de los comisarios o personas encargadas de la vigilancia de la sociedad.

Artículo 205. Para el ejercicio de las acciones judiciales a que se refieren los artículos 185 y 201, los accionistas depositarán los títulos de sus acciones ante fedatario público o en una institución de crédito, quienes expedirán el certificado correspondiente para acompañarse a la demanda y los demás que sean necesarios para hacer efectivos los derechos sociales.

...

Artículo 212. ...

...

Las sociedades que emitan obligaciones deberán publicar anualmente su balance, certificado por Contador Público. La publicación se hará en el medio electrónico establecido por la Secretaría.

Artículo 223. Los acuerdos sobre fusión se inscribirán en el Registro Público de Comercio y se publicarán en el medio electrónico establecido por la Secretaría de Economía. De la misma manera, cada sociedad deberá publicar su último balance, y aquélla o aquéllas que dejen de existir, deberá publicar, además, el sistema establecido para la extinción de su pasivo.

Artículo 228 Bis. ...

...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. La resolución de escisión deberá protocolizarse ante fedatario público e inscribirse en el Registro Público de Comercio. Asimismo, deberá publicarse en el medio electrónico establecido por la Secretaría de Economía, un extracto de dicha resolución que contenga, por lo menos, la síntesis de la información a que se refieren los incisos a) y d) de la fracción IV de este artículo, indicando claramente que el texto completo se encuentra a disposición de socios y acreedores en el domicilio social de la sociedad durante un plazo de cuarenta y cinco días naturales contado a partir de que se hubieren efectuado la inscripción y la publicación;

VI. ...

VII. ...

VIII. ...

IX. ...

X. ...

Artículo 243. ...

El acuerdo sobre distribución parcial deberá publicarse en el medio electrónico establecido por la Secretaría de Economía, y los acreedores tendrán el derecho de oposición en la forma y términos del artículo 9o.

Artículo 247. ...

I. ...

II. Dicho balance se publicará en el medio electrónico establecido por la Secretaría de Economía.

...

III. ...

Artículo 251. ...

...

Las sociedades extranjeras deberán publicar anualmente, en el medio electrónico establecido por la Secretaría de Economía, un balance general de la negociación visado por un contador público titulado.

III. Ley de Sociedades de Inversión

Tercero. Se modifica el artículo 79 de la Ley de Sociedades de Inversión, en los términos siguientes:

Artículo 79. Las sociedades de inversión, sociedades operadoras de sociedades de inversión y sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, deberán publicar en medios impresos o electrónicos de amplia circulación o divulgación, los estados financieros trimestrales y anuales, formulados de acuerdo con lo previsto en el artículo 77 de esta Ley. Tales publicaciones serán bajo la estricta responsabilidad de los administradores y comisarios de las sociedades que hayan aprobado y dictaminado la autenticidad de los datos contenidos en dichos estados financieros. Ellos deberán cuidar que éstos revelen efectivamente la verdadera situación financiera de las sociedades y quedarán sujetos a las sanciones correspondientes en el caso de que las publicaciones no se ajusten a esta situación. Se exceptúa a las sociedades de inversión y a las sociedades operadoras de sociedades de inversión, de lo establecido en el artículo 177 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

...

...

IV. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

Cuarto. Se modifica el tercer párrafo del artículo 32; se modifica el artículo 212, párrafo tercero: se modifica el primer párrafo del artículo 347; se modifica el primer párrafo del 349; se modifica el primer párrafo del artículo 351; se modifica el segundo párrafo del artículo 353; se modifica el primer párrafo del artículo 354; se adiciona un párrafo al artículo 355; se modifica el primer y último párrafos del artículo 357; se modifica el último párrafo del artículo 358; se modifica el artículo 360; se modifica el primer párrafo y se agrega un último párrafo al artículo 363; se adicionan dos párrafos al artículo 365; se modifica el primer párrafo del artículo 367; se modifica el primer párrafo y se derogan las fracciones I, II y III del artículo 371; se modifica el párrafo primero, se adicionan dos fracciones y un párrafo final al artículo 373; se modifican las fracciones I y II, el tercer párrafo y se adiciona un párrafo final con incisos a) y b) en el artículo 374; se deroga el artículo 377; se modifica el quinto párrafo y se adicionan cuatro párrafos al artículo 382; se adicionan tres párrafos al artículo 396; se modifica el artículo 397; se modifica la fracción tercera y se adiciona un párrafo al artículo 398; se modifica el último párrafo del artículo 399; se modifica el párrafo primero del artículo 401; se modifica el párrafo primero del artículo 403, se modifica el artículo 404, agregando cinco párrafos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito para quedar como sigue:

Artículo 32. ...

...

Tratándose de acciones, bonos de fundador, obligaciones, certificados de depósito, certificados de participación y cheques, el endoso siempre será a favor de persona determinada; el endoso en blanco o al portador no producirá efecto alguno. Lo previsto en este párrafo no será aplicable a los cheques expedidos por cantidades inferiores a las establecidas por el Banco de México, a través de disposiciones de carácter general que publique en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 212. ...

...

Las sociedades que emitan obligaciones deberán publicar anualmente su balance, certificado por Contador Público. La publicación se hará en el medio electrónico establecido por la secretaría.

Artículo 347. Los contratos mediante los cuales se documente la constitución de garantías a través de la prenda sin transmisión de posesión, serán mercantiles para todas las partes que intervengan en ellos. Se exceptúan aquellos contratos que se celebren entre dos o más personas físicas o morales civiles que no tengan el carácter de comerciantes en los términos del Código de Comercio, así como aquellos actos que, de conformidad con el mismo, no se reputen como actos de comercio para ninguna de sus partes.

...

Artículo 349. Salvo pacto en contrario, cuando el deudor esté facultado para hacer pagos parciales, la garantía se reducirá desde luego y de manera proporcional con respecto de los pagos realizados, si ésta recae sobre varios objetos o éstos son cómodamente divisibles en razón de su naturaleza jurídica, sin reducir su valor, y siempre que los derechos del acreedor queden debidamente garantizados.

Artículo 351. En caso de concurso del deudor, los bienes objeto de prenda sin transmisión de posesión que existan en la masa, podrán ser ejecutados por el acreedor prendario, mediante la acción que corresponda conforme a la ley de la materia, ante el juez de concurso mercantil, el cual deberá decretar, sin más trámite, la ejecución solicitada.

...

Artículo 353. ...

No podrá constituirse prenda ordinaria u otra garantía ni gravamen, sobre los bienes que ya se encuentren pignorados con arreglo a esta Sección Séptima.

Artículo 354. Los bienes pignorados deberán identificarse de forma individual o genérica. Se podrán identificar de forma genérica cuando el deudor dé en prenda sin transmisión de posesión a su acreedor todos o parte de los bienes muebles que utilice para la realización de su actividad preponderante.

Artículo 355. Podrán darse en prenda sin transmisión de posesión los bienes muebles siguientes:

I. a V. ...

Tratándose de bienes referidos en las fracciones III a V, los mismos quedarán comprendidos de manera automática como bienes pignorados, salvo pacto en contrario.

Artículo 357. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 355 y 356, las partes podrán convenir, al celebrar el contrato de prenda sin transmisión de posesión:

I. a IV. ...

En caso de incumplimiento a las estipulaciones convenidas con base en este artículo, el crédito garantizado con la prenda sin transmisión de posesión se podrá dar por vencido anticipadamente por el acreedor.

Artículo 358. ...

...

La excepción a que se refiere este artículo, sólo procederá tratándose de bienes muebles que puedan distinguirse del resto de los bienes muebles que el deudor haya dado en prenda al primer acreedor.

Artículo 360. En caso de que en el contrato respectivo se establezca que los bienes pignorados deban estar asegurados por una cantidad que alcance a cubrir su valor de reposición, el deudor tendrá la facultad de determinar la compañía aseguradora que se encargará de ello. En el mencionado seguro deberá designarse como beneficiario al acreedor prendario. Salvo pacto en contrario, el saldo insoluto del crédito garantizado, se reducirá en una cantidad igual a la del pago que el acreedor reciba de la institución de seguros. En este último caso, de existir algún remanente, el acreedor deberá entregarlo al deudor, a más tardar el tercer día hábil siguiente a la fecha en que lo reciba.

Artículo 363. Las partes deberán designar perito o acordar las bases para su designación, cuya responsabilidad será dictaminar, una vez que haya oído a ambas partes, la actualización de los supuestos previstos en los artículos 361 y 362.

Las partes podrán designar como perito para los efectos de lo dispuesto en este artículo, a un almacén general de depósito, así como encomendar a éste la guarda y conservación de los bienes pignorados.

A falta del acuerdo referido en el primer párrafo de este artículo, el perito será designado por juez competente a solicitud de cualquiera de las partes.

Artículo 365. ...

...

El contrato de prenda sin transmisión de posesión será válido desde su constitución y la nulidad de alguna de sus cláusulas por contravenciones a lo dispuesto en esta ley no producirá la nulidad de la prenda.

En caso de declararse nula alguna cláusula del contrato de prenda sin transmisión de posesión, se aplicará supletoriamente lo dispuesto por esta ley.

Artículo 367. En caso de incumplimiento del deudor de las obligaciones derivadas del crédito garantizado con prenda sin transmisión de posesión, los acreedores prendarios tendrán derecho a percibir el principal, los intereses y accesorios de sus créditos del producto de la enajenación de los bienes objeto de esas garantías, con exclusión absoluta de los demás acreedores del deudor.

...

...

...

Artículo 371. La prenda sin transmisión de posesión, registrada en el Registro Único de Garantías Mobiliarias, tendrá prelación sobre actos y gravámenes registrables y no registrados y sobre actos o gravámenes registrados con posterioridad.

I. Se deroga

II. Se deroga

III. Se deroga

Artículo 373. Se entenderá por adquirente de mala fe, para efectos de lo dispuesto en los artículos 356 y 398, a toda persona que adquiera, sin consentimiento del acreedor, bienes muebles del deudor, sabedora por cualquier medio, incluyendo el Registro Único de Garantías Mobiliarias, de:

I. La existencia de la garantía sobre dichos bienes, y

II. Que la enajenación de dichos bienes se encuentra fuera del curso normal de la actividad preponderante del deudor.

Las enajenaciones realizadas sin contar con el consentimiento a que se refiere este artículo no harán que cesen los efectos de la garantía y el acreedor conservará el derecho de persecución sobre los bienes respectivos con relación a los adquirentes; sin perjuicio de que el acreedor exija al deudor el pago de los daños y perjuicios que dicha enajenación le cause.

Artículo 374. ...

I. Las físicas y morales que tengan el control directo o indirecto de más del cinco por ciento de los títulos representativos del capital del deudor, o que estén sujetas a un control corporativo común con el deudor;

II. Los miembros propietarios y suplentes del consejo de administración del deudor o de las personas morales a que se refiere la fracción anterior;

III. y IV. ...

...

Las enajenaciones realizadas sin contar con la autorización a que se refiere este artículo serán nulas, por lo que no cesarán los efectos de la garantía y el acreedor conservará el derecho de persecución sobre los bienes respectivos con relación a los adquirentes; sin perjuicio de que el acreedor exija al deudor el pago de los daños y perjuicios que dicha enajenación le cause.

...

Para efectos de la fracción I anterior se entiende por control corporativo la capacidad de una persona o grupo de personas, de llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes:

a) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes, de una persona moral.

b) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral, ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma.

Artículo 377. Se deroga

Artículo 382. ...

...

...

...

La institución fiduciaria podrá ser fideicomisaria en los fideicomisos que tengan por fin servir como instrumentos de pago de obligaciones derivadas de créditos otorgados por la propia institución. En este supuesto, las partes podrán convenir los términos y condiciones para dirimir posibles conflictos de intereses.

Las partes podrán nombrar a un ejecutor o instructor, que podrá ser una institución fiduciaria o cualquier tercero, a fin de que determine el cumplimiento o incumplimiento del contrato para el sólo efecto de iniciar el procedimiento de ejecución y para que cumpla los fines del fideicomiso en lo que respecta a la realización y aplicación de la garantía, a partir de que se considere incumplida la obligación garantizada.

En todo caso, el ejecutor o instructor ejercitará sus funciones en nombre y representación del fiduciario, pero sin sujetarse a sus instrucciones, obrando en todo momento de conformidad con lo pactado en el contrato y la legislación aplicable y actuando con independencia e imparcialidad respecto de los intereses del fideicomitente y fideicomisario.

Para efectos del párrafo anterior, se presume independencia e imparcialidad en el cumplimiento del contrato o ejecución de la garantía, cuando los títulos representativos del capital social, así como las compras e ingresos del último ejercicio fiscal o del que esté en curso del ejecutor o instructor, no estén vinculados con alguna de las partes del crédito garantizado en más de un diez por ciento.

Artículo 396. ...

Para tal efecto, las partes podrán nombrar un ejecutor o instructor, que podrá ser una institución fiduciaria o cualquier tercero, a fin de que determine el cumplimiento o incumplimiento del contrato para el sólo efecto de iniciar el procedimiento de ejecución y para que cumpla los fines del fideicomiso en lo que respecta a la realización y aplicación de la garantía, a partir de que se considere incumplida la obligación garantizada.

En todo caso, el ejecutor o instructor ejercitará sus funciones en nombre y representación del fiduciario, pero sin sujetarse a sus instrucciones, obrando en todo momento de conformidad con lo pactado en el contrato y la legislación aplicable y actuando con independencia e imparcialidad respecto de los intereses del fideicomitente y fideicomisario.

Para efectos del párrafo anterior, se presume independencia e imparcialidad en el cumplimiento del contrato o ejecución de la garantía, cuando los títulos representativos del capital social, así como las compras e ingresos del último ejercicio fiscal o del que esté en curso del ejecutor o instructor, no estén vinculados con alguna de las partes del crédito garantizado en más de un diez por ciento.

Artículo 397. Cuando así se señale, un mismo fideicomiso podrá ser utilizado para garantizar simultánea o sucesivamente diferentes obligaciones que el fideicomitente contraiga, con un mismo o distintos acreedores, a cuyo efecto se estipularán las reglas y en su caso, las prelaciones aplicables.

En este caso, cada fideicomisario estará obligado a notificar a la institución fiduciaria cuando la obligación a su favor haya quedado extinguida, en cuyo caso quedarán sin efectos los derechos que respecto de él se derivan del fideicomiso. La notificación deberá entregarse mediante fedatario público a más tardar a los cinco días hábiles siguientes a la fecha en la que se reciba el pago.

En el caso de fideicomisos con fideicomisarios sucesivos y no simultáneos, a partir del momento en que el fiduciario reciba la mencionada notificación, el fideicomitente podrá designar un nuevo fideicomisario o manifestar a la institución fiduciaria que se ha realizado el fin para el cual fue constituido el fideicomiso.

El fideicomisario que no entregue oportunamente al fiduciario la notificación a que se refiere este artículo, resarcirá a los demás fideicomisarios, en su caso, y al fideicomitente los daños y perjuicios que con ello les ocasione

Artículo 398. ...

I. y II. ...

III. Instruir al fiduciario la enajenación de los bienes fideicomitidos, sin responsabilidad para éste, siempre y cuando dicha enajenación sea acorde con el contrato de fideicomiso y el curso normal de las actividades del fideicomitente. En estos casos cesarán los efectos de la garantía fiduciaria y los derechos de persecución con relación a los adquirentes de buena fe, quedando afectos al fideicomiso los bienes o derechos que el fiduciario reciba o tenga derecho a recibir en pago por la enajenación de los referidos bienes.

...

Las fracciones I y II referidas anteriormente, serán aplicables sólo a los fideicomisos de garantía en los cuales el deudor o un tercero conserve la posesión sobre los bienes muebles.

Artículo 399. Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, las partes podrán convenir desde la constitución del fideicomiso:

I. a VI. ...

En caso de incumplimiento a los convenios celebrados con base en este artículo, el crédito garantizado por el fideicomiso se podrá declarar vencido anticipadamente por el acreedor garantizado.

Artículo 401. Salvo pacto en contrario, los riesgos de pérdida, daño o deterioro del valor de los bienes fideicomitidos corren por cuenta de la parte que esté en posesión de los mismos, debiendo permitir a las otras partes inspeccionarlos a efecto de verificar, según corresponda, su peso, cantidad y estado de conservación general.

...

Artículo 403. En el fideicomiso de garantía, las partes podrán convenir la forma en que la institución fiduciaria procederá a enajenar extrajudicialmente, a título oneroso, los bienes o derechos en fideicomiso, pudiendo en todo caso pactarse lo siguiente:

I. a IV. ...

...

...

a) y b) ...

Artículo 404. El fideicomiso de garantía debe constar por escrito. Tratándose de fideicomisos cuyo objeto recaiga sobre bienes inmuebles deberá constar en escritura pública e inscribirse en el registro público de la propiedad correspondiente.

Cuando el patrimonio del fideicomiso de garantía recaiga sobre bienes muebles y su monto sea igual o superior al equivalente en moneda nacional a doscientas cincuenta mil unidades de inversión, las partes deberán ratificar sus firmas ante fedatario público.

El contrato de fideicomiso de garantía será válido desde su constitución y la nulidad de alguna de sus cláusulas por contravenciones a lo dispuesto en esta ley no producirá la nulidad del fideicomiso.

En caso de declararse nula alguna cláusula del contrato de fideicomiso de garantía, se aplicará supletoriamente lo dispuesto por esta ley.

El fideicomiso de garantía cuyo objeto recaiga en bienes muebles, surtirá efectos contra tercero desde su inscripción en el registro público respectivo.

El fideicomiso de garantía que no deba ser inscrito, surtirá efectos contra tercero desde que se tenga por cierta su fecha y, en su caso, se cumplan los requisitos siguientes:

I. Si se tratare de un título nominativo, desde que éste se endose a la institución fiduciaria y se haga constar en los registros del emisor, en su caso;

II. Si se tratare de cosa corpórea o títulos al portador, desde su entrega al fiduciario o a un tercero, conforme al contrato del fideicomiso.

Se tiene por cierta la fecha de los fideicomisos de garantía desde que su constitución obra en documentos públicos.

V. Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones

Quinto. Se modifica el segundo párrafo del artículo 29; se modifica el artículo 30; se deroga la fracción II del artículo 31 y se modifica el párrafo primero del artículo 32, de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, en los términos siguientes:

Artículo 29. ...

La inscripción y registro para el SIEM en la cámara que corresponda será opcional para las empresas. La inscripción no obligará al pago de cuota alguna de afiliación, mas sí al pago de registro según lo dispuesto en este título. Los ingresos por este concepto se destinarán preferentemente a la mejoría y desarrollo tecnológico del SIEM.

...

I. a V. ...

...

Artículo 30. Los comerciantes e industriales inscritos en el SIEM deberán registrar y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos en el SIEM.

Artículo 31. El SIEM tendrá las siguientes características:

I. ...

II. Se deroga

III. a V. ...

Artículo 32. La información que deberán proporcionar los comerciantes e industriales inscritos en el SIEM será de dos tipos:

I. a II. ...

...

VI. Ley Federal de Derechos

Sexto. Se derogan los incisos a), b) y c) de la fracción XI del artículo 25 de la Ley Federal de Derechos para quedar en los términos siguientes:

Artículo 25. Por la realización de trámites relacionados con las fracciones I y IV del artículo 27 Constitucional, se pagará derechos conforme a las siguientes cuotas:

I. a X. ...

XI. Por la presentación extemporánea de los siguientes avisos:

a) Se deroga

b) Se deroga

c) Se deroga

XIII a XIV. ...

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Economía contará con un plazo de 180 días para establecer mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, el medio electrónico señalado en los artículos 50 Bis 2, 320 y 600 del Código de Comercio y los artículos 9, 99, 119, 132, 136, 186, 212, 223, 228 Bis, 243, 247 y 251 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Tercero. Para efectos de las leyes mercantiles, cuando en las mismas se haga referencia a “notario o fedatario público”, “escritura”, “protocolo” y “protocolización”, se entenderán incluidos los términos “corredor público”, “póliza expedida por corredor”, y cualquier “libro de registro de corredor”, respectivamente.

Cuarto. Las disposiciones previstas en los artículos 163, 184, 199 y 201, entrarán en vigor, en lo relativo a los derechos de minorías, a partir del décimo día hábil posterior a la fecha del presente Decreto. Por lo anterior, todas las sociedades que se constituyan a partir del día antes referido tendrán que respetar los nuevos derechos de minorías en sus estatutos

Solicito a esta asamblea la publique íntegra en el Diario de los Debates. Asimismo, solicito sea turnada la presente iniciativa, por ser de contenido fundamentalmente económico y empresarial a la Comisión de Economía, con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Notas

1 Mantilla Molina, Roberto. Derecho Mercantil. México, 1959.

2 Labariega Villanueva, Pedro Alfonso. La Digitalización del Registro Público de Comercio ¿La new age en la legislación patria?, Revista Boletín Mexicano de Derecho Comparado. número 113, 2005, página 6.

3 López Juárez, Ponciano, “Requisitos que deben contener los estatutos de una Sociedad Anónima Promotora de Inversión a la luz de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de la nueva Ley del Mercado de Valores”, en Revista Mexicana de Derecho . Número 8, Editorial Porrúa, Colegio de Notarios del Distrito Federal, México, 2006, página 157.

4 Barrera Graf, Jorge. Instituciones de derecho mercantil. Generalidades. Derecho de la empresa. segunda edición, Editorial Porrúa. México, 2010, página 579.

5 El Código de Mejores Prácticas Corporativas forma parte de las disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

6 El tribunal arbitral es el árbitro o árbitros designados para resolver una controversia, conforme al artículo 1416, fracción V, del Código de Comercio.

7 Serna Rodríguez, Carlos, en el artículo titulado: “La inconstitucionalidad del arbitraje comercial y la problemática que ésta genera”, del libro: Propuestas Concretas para Enriquecer el Orden Jurídico Nacional, Editorial Themis, Colección Foro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, México, 2008, página 461; y Carpizo, Jorge, Óscar Cruz Barney, con otros (compiladores), Constituciones Históricas de México, obra citada, páginas 173 a 556.

8 Un ejemplo de reglamento de arbitraje con esa disposición es el del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, Suecia, del año 2007. Ver artículo 13.

9 Ver artículos 619, tercer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; 11 (3) de la Ley Modelo de UNCITRAL de Arbitraje Comercial Internacional; y 1427, fracciones II y III, del Código de Comercio.

10 Actualizado al 6 de junio de 2011, fecha de la última reforma publicada a dicho precepto legal en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 4 de diciembre 2011.

Diputada Norma Sánchez Romero (rúbrica)