De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma los artículos 65 Bis y 128, y adiciona el 65 Bis 1 a 65 Bis 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 de su Reglamento, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente

“Minuta proyecto de decreto que reforma los artículos 65 Bis y 128; y adiciona los artículos 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6 y 65 Bis 7 a la Ley Federal de Protección al Consumidor”, recibida por esta Cámara de Diputados de la Cámara colegisladora, en fecha 27 de marzo de 2012.

La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 66, 68, 95, 157 y 158 inciso 1 fracción IV el Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se abocó al estudio y análisis de la Minuta mencionada al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el día 27 de marzo de 2012, los CC. Secretarios de la misma dieron cuenta al Pleno de esta Soberanía de la Minuta que se mencionó en el exordio del presente dictamen.

Segundo. El ciudadano presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.

Tercero. Los antecedentes de la Minuta de referencia son los siguientes:

1. La Comisión de Economía dictaminó en conjunto dos iniciativas para generar una sola reforma que implicó modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Las Iniciativas que se dictaminaron son las siguientes:

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 65 Bis y 128, y se adicionan los artículos 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6 y 65 Bis 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada por la Diputada Susana Hurtado Vallejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en fecha 28 de abril de 2011.

• Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los párrafos quinto, sexto y séptimo al artículo 65 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada por el Diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en fecha 29 de abril de 2011.

2. En fecha 18 de octubre de 2011, el Pleno de la Cámara de diputados aprobó el Dictamen referido por 328 votos en pro, 10 en contra y 1 abstención.

3. En fecha 20 de octubre de 2011, el Pleno de la Cámara de Senadores resolvió enviar a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictaminación correspondiente, la Minuta de referencia.

4. Seguido su trámite legislativo, en fecha 27 de marzo de 2012, el dictamen correspondiente que modificaba la Minuta enviada por la Cámara de Diputados, fue aprobado por 86 votos por el Pleno de la Cámara de Senadores y en consecuencia, enviada de regreso a la Cámara de Diputados.

5. En fecha 28 de marzo de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados resolvió turnar la Minuta que nos ocupa a la Comisión de Economía, para análisis y dictaminación.

Consideraciones

Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer sobre la Minuta referida en el exordio del presente escrito.

Segunda. Que la materia de la Minuta de referencia trata de lo siguiente:

• Facultar a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para establecer un registro público en el que se deberán inscribir las Casas de Empeño y los formatos de los contratos de adhesión que celebren con sus clientes.

• Prever los requisitos que deberán cumplir las Casas de Empeño para obtener su inscripción en el registro público.

• Incluir a las Casas de Cambio como sujetas de las sanciones establecidas por la ley, así como aumentar el monto de las mismas.

Tercera. Que el dictamen favorable a la Minuta en referencia realizado por las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos; establece como fundamento de su posición las siguientes:

“Consideraciones:

Estas comisiones dictaminadoras coinciden con la Colegisladora en que es necesario ampliar la regulación de las casas de empeño a fin de salvaguardar los intereses de los usuarios de las mismas, otorgándoles mayor seguridad jurídica.

Al respecto, se realiza un análisis de las modificaciones y adiciones propuestas en el dictamen remitido por la Colegisladora, bajo las siguientes consideraciones:

Primera. Reforma al artículo 65 Bis.

Mediante una modificación al artículo 65 Bis, la minuta contempla ampliar la definición de “casa de empeño” de forma que abarque todas las instituciones que conforman el sector prendario, incluyendo a las Instituciones de Asistencia Privada (en adelante IAP).

La redacción actual del artículo referido, contempla lo siguiente:

Artículo 65 Bis. Los proveedores personas físicas o sociedades mercantiles no regulados por leyes financieras, que en forma habitual o profesional realicen contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, deberán registrar su contrato de adhesión ante la Procuraduría.

Las personas a que se refiere el párrafo anterior no podrán prestar servicios ni realizar operaciones de las reservadas por las leyes vigentes a las instituciones del sistema financiero nacional.

Los proveedores deberán transparentar sus operaciones, por lo que deberán colocar en su publicidad o en todos sus establecimientos abiertos al público, de manera permanente y visible, una pizarra de anuncios o medio electrónico informativo, que tendrá como propósito brindar información a los consumidores sobre los términos y condiciones de dichos contratos. Además deberán informar, el monto de la tasa de interés anualizada que se cobra sobre los saldos insolutos; dicha información deberá resaltarse en caracteres distintivos de manera clara, notoria e indubitable.

Los proveedores deberán cumplir con los requisitos que fije la norma oficial mexicana que se expida al efecto por la Secretaría, la cual incluirá aspectos operativos tales como las características de la información que se debe proporcionar al consumidor, y los elementos de información que debe contener el contrato de adhesión que se utilice para formalizar las operaciones. Asimismo, deberá contener o permitir obtener para los principales servicios ofrecidos, la suma de todos los costos asociados a la operación.

Al respecto, el artículo 65 Bis en la minuta que nos ocupa se encuentra redactado como sigue (los cambios destacados en negritas):

Artículo 65 Bis. Para efectos de lo dispuesto en la presente ley, serán Casas de Empeño los proveedores personas físicas, morales e instituciones no reguladas por leyes y autoridades financieras que en forma habitual o profesional realicen u oferten al público contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, independientemente de la forma en que estén constituidas y el destino que le den a sus recursos.

Las personas a que se refiere el párrafo anterior, no podrán prestar servicios ni realizar operaciones de las reservadas y reguladas por las leyes vigentes a las instituciones del sistema financiero nacional.

La Procuraduría establecerá un registro público en el que se deberán inscribir las Casas de Empeño y los formatos de los contratos de adhesión que celebren con sus clientes.

Para organizarse y operar se requiere la inscripción en el registro de Casas de Empeño, que compete otorgar a la Procuraduría. Por su naturaleza, los derechos derivados de la inscripción son intransmisibles.

La operación de una Casa de Empeño sin la inscripción en el registro de Casas de Empeño, se considerará como infracción particularmente grave y se sancionará conforme a lo dispuesto en el artículo 128 Bis.

Al respecto, estas comisiones desean destacar, en primer término, que el Código de Comercio en su artículo 75, fracción X, considera como acto de comercio a las actividades realizadas por las casas de empeño.

Por otro lado, como es del conocimiento público, algunas Instituciones de Asistencia Privada (IAP) realizan servicios de mutuo con interés y garantía prendaria cómo actividad fundamental para allegarse recursos. Estas instituciones se rigen de acuerdo a leyes locales que les otorgan personalidad jurídica y patrimonios propios, para realizar actividades sin propósito de lucro. Conforme a la definición propuesta para reputar casas de empeño en el primer párrafo del artículo 65 BIS, se puede interpretar que estás instituciones quedarían comprendidas dentro de las comprendidas por dicho párrafo.

Ahora bien, estas comisiones desean destacar que lo anterior podría resultar improcedente con nuestro sistema legislativo, toda vez que conforme a su normatividad, estas instituciones, regidas por el derecho civil, no tienen fines de lucro, tal es el caso de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Distrito Federal, a saber.

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto regular las instituciones de asistencia privada que son entidades con personalidad jurídica y patrimonio propio, sin propósito de lucro que, con bienes de propiedad particular ejecutan actos de asistencia social sin designar individualmente a los beneficiarios. Las instituciones de asistencia privada serán fundaciones o asociaciones.

En consecuencia, los contratos de préstamo con garantía prendaria que estas instituciones realizan, se rigen por lo establecido en el Código Civil en virtud de no tener fines de lucro.

Tal es el sentido que han tomado las resoluciones jurisdiccionales donde estos términos se han dirimido, para lo que se cita la más reciente, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito:

Al respecto, se cita enseguida el criterio sostenido por el Poder Judicial Federal:

Instituciones de asistencia privada para el Distrito Federal. La Procuraduría Federal del Consumidor carece de competencia para sancionarlas por el incumplimiento de un contrato prendario celebrado en términos del artículo 2892 del Código Civil para dicha entidad.

Los artículos 1 y 3 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal disponen que éstas son entidades con personalidad jurídica y patrimonio propios, sin propósito de lucro, que con bienes de propiedad particular ejecutan actos de asistencia social sin designar individualmente a los beneficiarios, cuyos actos y servicios deberán someterse a lo dispuesto por sus estatutos, las leyes aplicables de acuerdo al marco de su actuación, sus reglamentos y demás disposiciones obligatorias en la materia. De lo anterior se sigue que la Procuraduría Federal del Consumidor carece de competencia para sancionar a dichas instituciones por el incumplimiento de un contrato prendario celebrado en términos del artículo 2892 del Código Civil para el Distrito Federal, fundamentalmente porque ese pacto de voluntades no surgió con motivo de una relación comercial entre proveedor y consumidor con el propósito de realizar actos de comercio con ánimo de lucro o especulación mercantil, sino por la suscripción de un contrato de naturaleza civil, por una institución que no tiene la calidad de sociedad mercantil ni el carácter de casa de empeño, ya que esos actos o servicios son asistenciales o humanitarios, sin especulación con fines de lucro o ganancia económica, tan es así que sus actividades o servicios no están gravados por la Ley del Impuesto sobre la Renta, conforme lo prevé su artículo 95, fracción VI.

Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo directo 258/2011. Montepío Luz Saviñón, Institución de Asistencia Privada. 29 de junio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Valentín Omar González Méndez.

Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXIV, Agosto de 2011. Página: 1368. Tesis: I.7o.A.804 A. Tesis Aislada. Materia(s): Administrativa

De lo anterior, se desprende que de mantenerse la inclusión de las IAP en el artículo 65 Bis de la LFPC como lo propone la minuta, se presentarían cuestionamientos jurídicos respecto de la validez y constitucionalidad de la reforma, así como respecto de las atribuciones de la Profeco, por lo que, estas comisiones consideran que, de aprobarse la propuesta, se iniciarían medios de impugnación de la norma, que podrían derivar en su inaplicabilidad.

Al respecto, conviene también citar la parte alusiva de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Acción de Inconstitucionalidad 1/99, a saber:

“...

b). “Aún cuando el Distrito Federal es una entidad única con características muy peculiares que la distinguen de los Estados de la Federación y que su ámbito competencial a diferencia de dichos Estados es expreso, para los efectos del presente estudio es necesario asentar que no existe disposición constitucional alguna que faculte al Congreso Federal para legislar en materia de instituciones de asistencia privada y que, por el contrario, las leyes federales (Ley General de Salud y Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social), que reglamentan y regulan el derecho a la protección de la salud previsto en el artículo 4º, tercer párrafo de la Constitución Federal, atribuyen dicha facultad a los gobiernos de las entidades federativas como servicio de salud en materia de asistencia social, razón por la cual dicha materia ha quedado reservada a los Estados.”

Por ello, estas comisiones estiman que para dar plena solidez jurídica y coherencia con el sistema federal de la defensa del consumidor, es pertinente no considerar a las IAP en la reforma al artículo 65 Bis en comento.

Por lo anterior, se realizan los ajustes correspondientes en el proyecto de decreto del presente dictamen.

Segunda. Adición de un artículo 65 Bis 1.

La minuta propone adicionar un nuevo artículo 65 Bis 1 para establecer la obligación de Profeco de expedir las disposiciones de carácter general para la operación del registro público de casas de empeño, para quedar como sigue:

Artículo 65 Bis 1. Para obtener de la Procuraduría el registro para operar como Casa de Empeño se requiere, además de la documentación e información que la Procuraduría establezca mediante disposiciones de carácter general, los siguientes requisitos:

I. Presentar solicitud por escrito dirigida a la Procuraduría con los siguientes datos:

a) Nombre, denominación o razón social de la Casa de Empeño y, en su caso, del representante legal;

b) Registro Federal de Contribuyentes;

c) Domicilio del establecimiento matriz o de las oficinas en las que se asiente la administración de la Casa de Empeño;

d) En su caso, domicilio de las sucursales en las que se prestará el servicio de Casa de Empeño;

e) Domicilio para oír y recibir notificaciones;

f) Fecha y lugar de la solicitud;

II. Presentar documento con el que se acredite la personalidad jurídica del promovente. Tratándose de personas morales, se deberán presentar los documentos con los que se acredite su constitución y la personalidad jurídica de su representante;

III. Acompañar copia del formato de contrato de adhesión que se utilizará para las operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, el cual deberá cumplir, además de los requisitos que establece la presente ley, los que en su caso se encuentren establecidos por alguna Norma Oficial Mexicana;

IV. Presentar a favor de la Federación una de las garantías establecidas en el artículo 137 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, para garantizar los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a los pignorantes.

Dicha caución será para garantizar una cantidad equivalente a la diferencia entre el valor del inventario de los bienes empeñados que tenga la Casa de Empeño durante el año fiscal anterior y el monto de los préstamos efectivamente entregados durante el mismo período. El monto de la garantía deberá actualizarse durante los primeros dos meses del año.

La garantía no podrá ser menor a diez mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Las Casas de Empeño de nueva creación deberán presentar una garantía por esta cantidad, sin perjuicio de que al año siguiente sea actualizada en los términos del párrafo anterior.

La garantía se hará efectiva a solicitud de la Procuraduría conforme al Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, para los casos en que la Casa de Empeño sea declarada en concurso o quiebra mercantil.

No podrán ser socios, accionistas, administradores, directivos o representantes de las Casas de Empeño, quienes hayan sido condenados por delitos patrimoniales, financieros o de delincuencia organizada.

Al respecto, estas comisiones estiman procedente el artículo transcrito, para establecer los requisitos mínimos que las casas de empeño deberán presentar para su registro, así como dotar a la Procuraduría de la facultad de precisar la información y documentación adicional que se requiera mediante disposiciones de carácter general.

Al respecto, las comisiones desean establecer los siguientes comentarios al presente artículo:

Se considera que debe facultarse a la Profeco para que mediante las correspondientes disposiciones generales expida las bases de operación del registro que se propone y permitir así que mediante disposiciones reglamentarias se permita ajustar la operación de dicho registro, cómo que el mismo pueda realizarse mediante medios electrónicos y otras medidas de facilitación y control que deben precisarse al operarlo.

Con relación a la propuesta de incluir fianza a favor de la Federación como medio para garantizar el pago de daños y perjuicios, las comisiones consideran que la operación de este mecanismo resultaría problemática, dado que el régimen que se plantea aplicar para tal efecto, previsto en el Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, no tiene afinidad con el régimen regulatorio de las casas de empeño.

Lo anterior es así, en virtud de que dicha fianza se exigiría como un requisito a cumplir para autorizar la operación de una casa de empeño y no para asegurar el cumplimiento de alguna obligación fiscal o no fiscal frente al Estado. Por esta razón, las disposiciones reglamentarias aludidas no tienen aplicación para el caso.

Es importante resaltar que el hecho de que la fianza sirva como medio para garantizar daños y perjuicios implica la previa declaración de que efectivamente dichos daños y perjuicios se generaron a los consumidores, lo que podría solo lograrse mediante sentencia dictada por autoridad jurisdiccional. Esta situación implicaría que el pago, de proceder, se realizaría después del desahogo de un proceso judicial que conllevaría falta de oportunidad para resarcir a los consumidores por las afectaciones a su patrimonio.

En consecuencia, debido a la naturaleza del contrato de fianza, la propuesta deviene inviable, toda vez que Profeco únicamente podría ejercer acción legal cuando el proveedor se declare en concurso o quiebra mercantil, lo cual es poco probable ya que es común que las casas de empeño cierren o desaparezcan antes de iniciar un concurso mercantil. Esta situación, además de los aspectos señalados en párrafos precedentes, anula cualquier posibilidad real de que esta fianza resulte realmente eficaz como garantía.

Por otra parte, cabe mencionar que tanto el artículo 65 Bis 6, previsto en esta minuta, como la vigente NOM-179-SCFI-2007, numerales 6.11.3 y 6.11.4, prevén las formas en las que responderá la casa de empeño por la pérdida o deterioro de los bienes dados en prenda y el procedimiento para resarcir los daños; así como las garantías que se ofrezcan, cobertura y mecanismos mediante los cuales el consumidores puede hacerlas efectivas.

Por lo anterior, estas comisiones consideran que el mecanismo previsto en el propuesto artículo 65 Bis 6 es una protección suficiente para los consumidores, ya que no requiere de la intervención de un tercero (Juez, autoridad administrativa o ambos) o de una resolución judicial para la reposición del daño o menoscabo que hubiere sufrido el bien depositado en prenda.

Por lo anterior, estas comisiones consideran que es innecesaria y excesiva la reforma prevista en este artículo que, como hemos revisado, puede ocasionar una dilación en la reparación del daño al consumidor.

En consecuencia, se elimina la fracción IV del artículo 65 Bis 1 y se realizan las modificaciones pertinentes en el decreto de este dictamen.

Respecto de la limitante que este artículo plantea para la participación de personas que hayan sido condenadas por delitos patrimoniales, financieros o de delincuencia organizada en la dirección, administración y control de las casas de empeño, es importante destacar que Profeco no cuenta con facultades para vigilar la constitución de sociedades, ni le resultaría viable acreditar en todos los casos las hipótesis relacionadas con la condena por delitos patrimoniales, financieros o de delincuencia organizada de los participantes en tales empresas, por lo que se sugiere que este tipo de requisitos se cubra con una carta bajo protesta de decir verdad, cuya falsedad demostrada pueda ser sancionada con la cancelación del registro, lo que implicaría la clausura definitiva del establecimiento.

De esta manera, las disposiciones que se modificarían de este artículo propuesto en la minuta se señalan a continuación, subrayando los cambios que estas comisiones consideran realizar para perfeccionarla:

Artículo 65 Bis 1. Para obtener de la Procuraduría el registro para operar como Casa de Empeño se requiere, además de la documentación e información que la Procuraduría establezca mediante disposiciones de carácter general, los siguientes requisitos:

I a III...

No podrán ser socios, accionistas, administradores, directivos o representantes de las Casas de Empeño, quienes hayan sido condenados por delitos patrimoniales, financieros o de delincuencia organizada. La violación a esta disposición se considerará como infracción particularmente grave y se sancionará conforme a lo dispuesto en el artículo 128 Bis y con la cancelación definitiva del registro.

La Procuraduría expedirá el resto de las disposiciones de carácter general que sean necesarias para la operación del registro, procurando su agilidad y economía, y considerará también las causales de suspensión y cancelación del mismo.

Tercera. Adición de un artículo 65 Bis 2.

La iniciativa propone adicionar un artículo 65 Bis 2 para contemplar lo siguiente:

Artículo 65 Bis 2. Una vez cumplidos los requisitos establecidos en el artículo anterior, la Procuraduría inscribirá al solicitante en el registro público y emitirá la constancia que ampare dicho registro indicando un número único de identificación.

La Procuraduría, dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la recepción de la solicitud, deberá resolver sobre la inscripción en el registro y emitir la constancia correspondiente. Transcurrido dicho plazo, se entenderá que la resolución es en sentido negativo al solicitante.

La Procuraduría deberá publicar cada año en el Diario Oficial de la Federación y de forma permanente en su sitio de Internet, la lista de los proveedores inscritos en el registro.

En referencia a este artículo, estas comisiones lo consideran procedente, por lo que es integrado con su redacción actual en el decreto del presente dictamen.

Cuarta. Adición de un artículo 65 Bis 3.

Por otra parte, la adición del artículo 65 Bis 3 está planteada de la siguiente manera:

Artículo 65 Bis 3. Las Casas de Empeño deberán informar a la Procuraduría de cualquier cambio o modificación en la información solicitada en el artículo 65 Bis 1 de la presente ley mediante la presentación de un aviso dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se realizó el cambio.

En relación a este artículo, estas comisiones lo consideran procedente, por lo que también es integrado con su redacción actual en el decreto del presente dictamen.

Quinta. Adición de un artículo 65 Bis 4.

Asimismo, la iniciativa propone la adición de un artículo 64 Bis 4, cuya redacción se propone como sigue:

Artículo 65 Bis 4. Las Casas de Empeño deberán transparentar sus operaciones, por lo que deberán colocar en su publicidad o en todos sus establecimientos abiertos al público, de manera permanente y visible, una pizarra de anuncios o medio electrónico informativo, que tendrá como propósito brindar información a los consumidores sobre los términos y condiciones de dichos contratos.

Además, deberán informar el costo diario totalizado, así como el costo mensual totalizado, que se deberán expresar en tasas de interés porcentual sobre el monto prestado, los cuales, para fines informativos y de comparación, incorporarán la totalidad de los costos y gastos inherentes al contrato de mutuo durante ese periodo.

La información a la que se refiere el presente artículo deberá resaltarse en caracteres distintivos de manera clara, notoria e indubitable y permitir su fácil comprensión y comparación por parte de los consumidores.

En referencia a este artículo, estas comisiones consideran procedente establecer los elementos informativos que permitan a los usuarios de servicios de casas de empeño conocer los montos de interés y la totalidad de los costos y gastos inherentes al contrato, los que resultará una acción efectiva en la protección de sus derechos y en su consumo informado, por lo anterior, es integrado con su redacción actual en el decreto del presente dictamen.

Sexta. Adición de un artículo 65 Bis 5.

La iniciativa propone la adición de un artículo 65 Bis 5, para quedar como sigue:

Artículo 65 Bis 5. Las Casas de Empeño deberán cumplir con los requisitos que fije la Norma Oficial Mexicana que se expida al efecto por la Secretaría, misma que determinará, entre otros, los elementos de información que se incluirán en el contrato de adhesión que se utilizará para formalizar las operaciones; las características de la información que se proporcionará al consumidor, y la metodología para determinar la información relativa a la totalidad de los costos asociados a la operación a que se refiere el artículo 65 Bis 4 de la presente ley.

Al respecto, estas comisiones consideran acertada la actualización y adaptación de la NOM ahora vigente a este nuevo conjunto de disposiciones, por lo que el texto de este artículo es transcrito íntegramente en el decreto de este dictamen.

Séptima. Adición de un artículo 65 Bis 6.

Se propone la adición de un nuevo artículo 65 Bis 6 que quedaría de la siguiente manera:

Artículo 65 Bis 6. Las Casas de Empeño deberán establecer procedimientos que le garanticen al pignorante la restitución de la prenda. En caso de que el bien sobre el que se constituyó la prenda haya sido robado, extraviado o sufra algún daño o deterioro, el pignorante podrá optar por la entrega del valor del bien conforme al avalúo o la entrega de un bien del mismo tipo, valor y calidad.

Tratándose de metales preciosos, el valor de reposición del bien no podrá ser inferior al valor real que tenga el metal en el mercado al momento de la reposición.

La infracción a este artículo se considerará particularmente grave y se sancionará conforme a lo dispuesto en el artículo 128 Bis de esta ley.

Las comisiones coinciden con la adecuada protección de los derechos de los usuarios de Casas de Empeño que este nuevo artículo supone, por lo que lo tienen de aprobarse en sus términos.

Octava. Adición de un artículo 65 Bis 7.

La minuta propone adicionar un artículo 65 Bis 7 para quedar como sigue:

Artículo 65 Bis 7. La Procuraduría podrá celebrar convenios de colaboración o concertación con las asociaciones, cámaras, confederaciones u organismos de representación de las Casas de Empeño, con el objeto de coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

Las Casas de Empeño deberán hacer del conocimiento de la Procuraduría Estatal que corresponda, mediante un reporte mensual, los siguientes actos o hechos que estén relacionados con las operaciones que realizan, de acuerdo con lo que se establece a continuación:

I. Los casos en que un cliente haya empeñado tres o más artículos iguales o de naturaleza similar en una o más sucursales o unidades de negocio de una misma Casa de Empeño.

II. Cuando racionalmente se pueda estimar que existe un comportamiento atípico del pignorante que permite suponer que los bienes prendarios son objetos provenientes de hechos ilícitos.

Para efectos de los supuestos contemplados en este artículo, las Casas de Empeño deberán proporcionar a la Procuraduría Estatal que corresponda los siguientes datos del cliente involucrado:

I. Nombre;

II. Domicilio;

III. Copia de la identificación oficial contra la cual se cotejo la firma del contrato respectivo, y

IV. Tipo de bien o bienes empeñados y el importe de los montos empeñados.

En los casos en que se presuma la comisión de un delito a solicitud del Ministerio Público, las prendas empeñadas podrán quedar en calidad de depósito en la Casa de Empeño sin que se pueda disponer de ellas de forma alguna, hasta en tanto no se concluya la averiguación previa. Si concluida ésta, el Ministerio Público determina que existen elementos para ejercer la acción penal, la custodia de las prendas quedará sujeta a lo que en su oportunidad dicte la autoridad competente. En caso de determinar que no existen elementos para ejercer la acción penal, el Ministerio Público competente notificará a la Casa de Empeño, para liberar el mencionado depósito.

Al respecto, estas comisiones consideran adecuada las previsiones establecidas en este nuevo artículo, tendientes a disminuir la práctica de realizar este tipo de contratos mediante la prenda de artículos procedentes de hechos delictivos, particularmente el robo, y se considera que este mecanismos permitirá a los ministerios públicos un mejor despacho e integración de las denuncias y querellas existentes y, en consecuencia, reducir la incidencia de este proceder, desincentivando la comisión de los delitos respectivos.

Novena. Reforma al artículo 128.

Finalmente, la minuta propone una reforma al artículo 128, para quedar como sigue:

Al respecto, estas comisiones realizan la actualización correspondiente al cambio de monto de las sanciones realizado al concluir el año 2011, para ser congruente con los montos establecidos durante 2012 en dicho artículo, para quedar como sigue:

Artículo 128. Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7, 8, 10, 12, 44, 63, 63 Bis, 63 Ter, 63 Quintus, 65, 65 Bis, 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6, 65 Bis 7, 73, 73 Bis, 73 Ter, 73 Quáter, 73 Quintus, 74, 76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 Ter, 92, 92 Ter, 98 Bis y 121 serán sancionadas con multa de $617.41 a $2’414,759.14”

Cuarta. De lo anterior, se desprende que básicamente el Senado de la República realizó seis cambios a la Minuta consistentes en:

• Exceptuar a las sociedades que no sean mercantiles de la aplicación de esta nueva regulación;

• Eliminar la garantía que se había establecido para garantizar los daños y perjuicios que pudieran causar las casas de empeño a los pignorantes,

• Establecer la posibilidad de cancelar el registro de la casas de empeño cuando tengan socios, accionistas, administradores, directivos o representantes que hayan sido condenados por delitos patrimoniales, financieros o de delincuencia organizada.

• Establecer la facultad expresa para la Profeco de expedir las disposiciones de carácter general que sean necesarias para la operación del registro, así como las causales de suspensión y cancelación.

• Se actualizó el monto de la multa.

• Se elimina la disposición transitoria que establece una partida de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para la instrumentación de los programas de verificación.

Quinta. Que los diputados que integran la Comisión de Economía, consideran que los términos en los que fue regresada la Minuta a esta Cámara, aún con los cambios apuntados, implica un avance en la materia de regulación de casas de empeño y una ampliación de la protección de los derechos del consumidor, por lo que estiman debe de aprobarse en sus términos.

Sexta. En virtud de lo anterior, la Comisión de Economía se manifiesta por aprobar la Minuta que nos ocupa en los términos precisados en el presente Dictamen, y remitir en su momento al Ejecutivo para los efectos del apartado A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 65 Bis y 128; y se adicionan los artículos 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6 y 65 Bis 7 a la Ley Federal de Protección al Consumidor

Artículo Único. Se reforman los artículos 65 Bis y 128; y se adicionan los artículos 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6 y 65 Bis 7 a la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 65 Bis. Para efectos de lo dispuesto en la presente ley, serán casas de empeño los proveedores personas físicas o sociedades mercantiles no reguladas por leyes y autoridades financieras que en forma habitual o profesional realicen u oferten al público contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria.

Las personas a que se refiere el párrafo anterior no podrán prestar servicios ni realizar operaciones de las reservadas y reguladas por las leyes vigentes a las instituciones del sistema financiero nacional.

La Procuraduría establecerá un registro público en el que se deberán inscribir las casas de empeño y los formatos de los contratos de adhesión que celebren con sus clientes.

Para organizarse y operar se requiere la inscripción en el Registro de Casas de Empeño, que compete otorgar a la Procuraduría. Por su naturaleza, los derechos derivados de la inscripción son intransmisibles.

La operación de una casa de empeño sin la inscripción en el Registro de Casas de Empeño se considerará como infracción particularmente grave y se sancionará conforme a lo dispuesto en el artículo 128 Bis.

Artículo 65 Bis 1. Para obtener de la Procuraduría el registro para operar como casa de empeño se requiere, además de la documentación e información que la Procuraduría establezca mediante disposiciones de carácter general, los siguientes requisitos:

I. Presentar solicitud por escrito dirigida a la Procuraduría con los siguientes datos:

a) Nombre, denominación o razón social de la casa de empeño y, en su caso, del representante legal;

b) Registro Federal de Contribuyentes;

c) Domicilio del establecimiento matriz o de las oficinas en las que se asiente la administración de la casa de empeño;

d) En su caso, domicilio de las sucursales en las que se prestará el servicio de casa de empeño;

e) Domicilio para oír y recibir notificaciones;

f) Fecha y lugar de la solicitud;

II. Presentar documento con el que se acredite la personalidad jurídica del promovente. Tratándose de personas morales, se deberán presentar los documentos con los que se acredite su constitución y la personalidad jurídica de su representante; y

III. Acompañar copia del formato de contrato de adhesión que se utilizará para las operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, el cual deberá cumplir, además de los requisitos que establece la presente ley, los que en su caso se encuentren establecidos por alguna norma oficial mexicana.

No podrán ser socios, accionistas, administradores, directivos o representantes de las casas de empeño quienes hayan sido condenados por delitos patrimoniales, financieros o de delincuencia organizada. La violación a esta disposición se considerará como infracción particularmente grave y se sancionará conforme a lo dispuesto en el artículo 128 Bis y con la cancelación definitiva del registro.

La Procuraduría expedirá el resto de las disposiciones de carácter general que sean necesarias para la operación del registro, procurando su agilidad y economía, y considerará también las causales de suspensión y cancelación del mismo.

Artículo 65 Bis 2. Una vez cumplidos los requisitos establecidos en el artículo anterior, la Procuraduría inscribirá al solicitante en el registro público y emitirá la constancia que ampare dicho registro indicando un número único de identificación.

La Procuraduría, dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la recepción de la solicitud, deberá resolver sobre la inscripción en el registro y emitir la constancia correspondiente. Transcurrido dicho plazo, se entenderá que la resolución es en sentido negativo al solicitante.

La Procuraduría deberá publicar cada año en el Diario Oficial de la Federación y de forma permanente en su sitio de Internet la lista de los proveedores inscritos en el registro.

Artículo 65 Bis 3. Las casas de empeño deberán informar a la Procuraduría de cualquier cambio o modificación en la información solicitada en el artículo 65 Bis 1 de la presente ley mediante la presentación de un aviso dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se realizó el cambio.

Artículo 65 Bis 4. Las casas de empeño deberán transparentar sus operaciones, por lo que deberán colocar en su publicidad o en todos sus establecimientos abiertos al público, de manera permanente y visible, una pizarra de anuncios o medio electrónico informativo, que tendrá como propósito brindar información a los consumidores sobre los términos y condiciones de dichos contratos.

Además, deberán informar el costo diario totalizado, así como el costo mensual totalizado, que se deberán expresar en tasas de interés porcentual sobre el monto prestado, los cuales, para fines informativos y de comparación, incorporaran la totalidad de los costos y gastos inherentes al contrato de mutuo durante ese periodo.

La información a la que se refiere el presente artículo deberá resaltarse en caracteres distintivos de manera clara, notoria e indubitable y permitir su fácil comprensión y comparación por parte de los consumidores.

Artículo 65 Bis 5. Las casas de empeño deberán cumplir con los requisitos que fije la norma oficial mexicana que se expida al efecto por la Secretaría, misma que determinará, entre otros, los elementos de información que se incluirán en el contrato de adhesión que se utilizará para formalizar las operaciones, las características de la información que se proporcionará al consumidor, y la metodología para determinar la información relativa a la totalidad de los costos asociados a la operación a que se refiere el artículo 65 Bis 4 de la presente ley.

Artículo 65 Bis 6. Las casas de empeño deberán establecer procedimientos que le garanticen al pignorante la restitución de la prenda. En caso de que el bien sobre el que se constituyó la prenda haya sido robado, extraviado o sufra algún daño o deterioro, el pignorante podrá optar por la entrega del valor del bien conforme al avalúo o la entrega de un bien del mismo tipo, valor y calidad.

Tratándose de metales preciosos, el valor de reposición del bien no podrá ser inferior al valor real que tenga el metal en el mercado al momento de la reposición.

La infracción a este artículo se considerará particularmente grave y se sancionará conforme a lo dispuesto en el artículo 128 Bis de esta ley.

Artículo 65 Bis 7. La Procuraduría podrá celebrar convenios de colaboración o concertación con las asociaciones, cámaras, confederaciones u organismos de representación de las casas de empeño, con el objeto de coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley y las normas oficiales mexicanas aplicables.

Las Casas de Empeño deberán hacer del conocimiento de la procuraduría estatal que corresponda, mediante un reporte mensual, los siguientes actos o hechos que estén relacionados con las operaciones que realizan, de acuerdo con lo que se establece a continuación:

I. Los casos en que un cliente haya empeñado tres o más artículos iguales o de naturaleza similar en una o más sucursales o unidades de negocio de una misma casa de empeño.

II. Cuando racionalmente se pueda estimar que existe un comportamiento atípico del pignorante que permite suponer que los bienes prendarios son objetos provenientes de hechos ilícitos.

Para efectos de los supuestos contemplados en este artículo, las casas de empeño deberán proporcionar a la procuraduría estatal que corresponda los siguientes datos del cliente involucrado:

I. Nombre;

II. Domicilio;

III. Copia de la identificación oficial contra la cual se cotejó la firma del contrato respectivo; y

IV. Tipo de bien o bienes empeñados y el importe de los montos empeñados.

En los casos en que se presuma la comisión de un delito, a solicitud del Ministerio Público las prendas empeñadas podrán quedar en calidad de depósito en la casa de empeño sin que se pueda disponer de ellas de forma alguna, hasta en tanto no se concluya la averiguación previa. Si concluida ésta el Ministerio Público determina que existen elementos para ejercer la acción penal, la custodia de las prendas quedará sujeta a lo que en su oportunidad dicte la autoridad competente. En caso de determinar que no existen elementos para ejercer la acción penal, el Ministerio Público competente notificará a la casa de empeño para liberar el mencionado depósito.

Artículo 128. Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7, 8, 10, 12, 44, 63, 63 Bis, 63 Ter, 63 Quintus, 65, 65 Bis, 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6, 65 Bis 7, 73, 73 Bis, 73 Ter, 73 Quáter, 73 Quintus, 74, 76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 Ter, 92, 92 Ter, 98 Bis y 121 serán sancionadas con multa de $617.41 a $2’414,759.14.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las casas de empeño contarán con un plazo de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente decreto.

Tercero. La Procuraduría Federal del Consumidor deberá ejecutar un programa de verificación de establecimientos y lugares en los que se ofertan al público contratos de mutuo con interés y garantía prendaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 días de mes de abril de 2012.

Diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva, Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretarios; José Antonio Arámbula López, Raúl Gerardo Cuadra García, Pavel Díaz Juárez (rúbrica), Luz Mireya Franco Hernández (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica en abstención), Ramón Jiménez López, Vidal Llerenas Morales (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez, Enrique Salomón Rosas Ramírez, Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), Valerio González Schcolnik (rúbrica), Margarita Beatriz de Candelaria Curmina Cervera (rúbrica), María Dolores Patricia Cabrera Muñoz, Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga (rúbrica), Yolanda Eugenia González Hernández.