Que expide la Ley General de Atención y Protección de los Derechos de las Víctimas del Delito, a cargo del diputado Óscar Martín Arce Paniagua, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Óscar Martín Arce Paniagua, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Atención y Protección de los Derechos de las Víctimas de Delito, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A efecto de atender y proteger a las víctimas y ofendidos del delito, presento a la consideración de ese honorable Congreso de la Unión, la iniciativa por la que se expide la Ley General de Atención y Protección de los Derechos de las Víctimas de Delito, dirigida a establecer un conjunto de derechos y una infraestructura que den lugar, en todo el país, a brindar la merecida atención integral a las necesidades de las personas que, directa o indirectamente, han sido víctimas de delito.

Con la ley que se propone a esta representación popular, México hace frente a una deuda histórica con las víctimas del delito, que en otros países del orbe han venido siendo atendidas desde hace décadas.

La iniciativa de Ley General de Atención y Protección de los Derechos de las Víctimas de Delito se propone como un instrumento para revertir insuficiencias en la calidad y oportunidad de la respuesta institucional que se brinda a las víctimas.

Sus contenidos se nutren de propósitos estratégicos fijados por el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012: garantizar mejores condiciones para la presentación de denuncias por las víctimas de los delitos; articular la cooperación entre los tres órdenes de gobierno para enfrentar con eficacia y contundencia los efectos adversos que la violencia le traslada a las víctimas; crear mecanismos que apuntalen la integridad y seguridad de las víctimas; dar pasos para acabar con la situación de indefensión que les afecta, y, propugnar para que el sistema de procuración de justicia opere con herramientas para su adecuada atención, en aras de su integridad personal y patrimonial, así como del respeto que merecen como personas.

El espíritu que permea a la ley que se propone se inspira en un elemento central: la dignidad de la víctima, quien en todo momento y circunstancia merece recibir un apoyo y servicio de las autoridades, caracterizado por el singular respeto que amerita todo ser humano. Ello requiere que los servidores públicos desempeñen sus funciones con empatía, tacto y consideración ante el daño sufrido. A la vez, una atención pertinente exige que no se infrinja afrenta al orgullo personal de la víctima ni se provoque la degradación del concepto que la persona tiene de sí misma. La víctima debe ser vista y tratada, en todo momento, como un sujeto que ejercita derechos. Los servicios y apoyos que se le brinden deben favorecer el libre ejercicio autónomo de su voluntad; fortalecer su autoestima; reconocer sus capacidades y límites, y, empoderar al individuo frente a la circunstancia por la que pasa a consecuencia del delito perpetrado en su contra.

La iniciativa está dirigida a poner fin a actos de prepotencia, negligencia, indolencia o insensibilidad en que incurren algunas autoridades frente a quien vive momentos particularmente difíciles por haber sido perpetrado un delito en su contra o de un ser querido, promoviendo y requiriendo la debida atención. La meta es que toda víctima reciba, en todo el país, el respaldo, el consuelo, la ayuda, el apoyo, la solidaridad y la atención especializada que merece, bajo esquemas institucionalizados que respondan a procedimientos estandarizados de operación, alineados a las mejores prácticas. El objetivo es respetar sus derechos, brindarle el acompañamiento institucional que necesita y evitar infringir un doble daño a quien ha sido victimizado por la delincuencia.

Esta iniciativa fue construida a partir de la muy trascendental y generosa contribución de la Universidad Nacional Autónoma de México aportada en beneficio de quienes han sido sujetos de delitos perpetrados en su contra; responde a las demandas que han articulado diversas organizaciones sociales.

La iniciativa toma en cuenta los pertinentes señalamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, contenidos en la Recomendación General número 14 sobre los derechos de las víctimas de delitos. También responde a las inquietudes planteadas por organizaciones de la sociedad, en los numerosos diálogos emprendidos por el Ejecutivo Federal.

Bajo un enfoque de integralidad de las políticas públicas resulta fundamental que, se profundicen simultáneamente los esfuerzos legislativos y administrativos necesarios para mejorar, sustancialmente, la atención a las víctimas de delito. Fue por ello, que el Ejecutivo creó la Procuraduría Social para la Atención a las Víctimas de Delitos.

Si bien en la Federación y en algunas entidades federativas hay avances importantes en la atención a víctimas a la luz de las sucesivas reformas introducidas en años recientes al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley General tiene como una de sus finalidades centrales el asegurar a la población estándares mínimos en todo el país en la atención y protección de las víctimas del delito. Ello resulta trascendente en razón de que cerca de nueve de cada diez delitos acontecidos en territorio nacional pertenecen al fuero común, por lo que la atención a las víctimas de los mismos debe ser brindada por las autoridades de la entidad federativa que corresponda.

En los términos del proyecto, tanto la Federación como las entidades federativas quedan obligadas, en aras de un bien mayor, a adoptar y desarrollar una infraestructura para proveer a las víctimas de delito de servicios básicos fundamentales para que puedan recuperar y asumir la cotidianeidad tras haber sido afectados por un delito, con el soporte de la atención médica, psicológica, jurídica y social que merecen.

Para generar el entramado institucional que dé lugar a la armonización de los esfuerzos de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, la iniciativa procede, además, a crear la Conferencia Nacional de Atención Integral a Víctimas, coordinada por la Procuraduría Social para la Atención a las Víctimas de Delitos Federal. La naturaleza, misión social y funciones de esta procuraduría se impulsa por la iniciativa, replicándola mediante instituciones equivalentes de las entidades federativas y se apuntala para una mayor eficacia en sus acciones en favor de las víctimas, dándole sustento estableciendo un conjunto de atribuciones acompañadas de obligaciones específicas en materia de atención y protección a las víctimas.

Con la presente iniciativa se pone al alcance de las personas afectadas por el delito un entramado institucional que sea identificado inequívocamente por la sociedad con la misión exclusiva de brindar a toda víctima, de manera oportuna y sin distinguir su particular condición, la atención personalizada e inmediata que merece. Estas procuradurías sociales podrán, en caso de ser necesario, vincular a la víctima con las dependencias especializadas según las necesidades particulares de cada persona. Su objetivo es asegurar una asistencia integral que responde adecuadamente en las cuestiones médicas, psicológicas, jurídicas y sociales, a quien ha sido víctima de delito o a quien padece la pena de no saber qué ha sucedido a un ser querido que se encuentra desaparecido o no ha sido localizado.

La iniciativa está dirigida a articular esfuerzos, estructurándolos de manera orgánica al interior del gobierno de cada entidad federativa, bajo el impulso y liderazgo de la procuraduría social respectiva, para dar lugar así a una sinergia poderosa de recursos institucionales. Lo que propone la iniciativa es cohesionar y consolidar las acciones que hoy realizan los gobiernos en beneficio de las víctimas y escalarlas, a otro nivel, de manera que la atención y protección que merecen tenga efectivamente lugar, al ser proveídas por todas las autoridades obligadas a ello, incluido el Ministerio Público, bajo el impulso de las procuradurías sociales de atención a víctimas de delitos, a partir de la sistematización de toda la información relacionada con ésta y de la propuesta de protocolos y modelos de atención.

En términos concretos la ley contempla, entre otras, las disposiciones que a continuación se detallan:

Se establece la calidad de víctima, disponiendo que será directa cuando aquélla sea titular del bien jurídico lesionado por la acción u omisión prevista en la ley penal respectiva como delito, así como quien haya resentido materialmente la conducta del autor del delito; e indirecta cuando tenga parentesco hasta el tercer grado en línea recta con la víctima directa, así como a cualquier otra persona que tenga análoga relación afectiva o dependencia económica con aquélla.

Se contempla expresamente que la calidad de víctima no estará condicionada a la identificación, aprehensión o procesamiento del autor del delito, tampoco podrá circunscribirse a la participación de la víctima en un procedimiento penal, lo cual será voluntario y deberá responder sólo a los intereses de ésta.

Se dispone una amplia interpretación de los derechos de las víctimas, bajo la óptica de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y las leyes aplicables en la materia, favoreciendo en todo tiempo aquella que más le beneficie.

La iniciativa contempla diversas fases de asistencia a las víctimas, con la finalidad de impulsar su reintegración a la cotidianeidad; entre ellas, la de victimización; la de evaluación diagnóstica; la de servicio o tratamiento y la fase de reparación del daño. En cada una de estas fases operan servicios de atención y apoyo a las víctimas, sustentadas en derechos específicos conferidos a las mismas.

Dentro de los principios generales que deberán observarse en el cumplimiento de la Ley destaca el enfoque especializado y diferenciado. La acción institucional y la intensidad de la misma deberán alinearse a las necesidades de aquellos grupos de víctimas con mayor grado de vulnerabilidad. Se hará en razón del tipo de daño o delito sufridos; la relación de la víctima con el agresor; el perfil psicológico y anímico de la víctima; y de atributos personales de la víctima, tales como su sexo, edad, discapacidad, orientación e identidad sexual, sus condiciones de salud, embarazo, origen étnico o nacional, lengua, religión, situación económica y nivel de estudios concluido; así como en función de la disponibilidad que tenga la víctima para acceder a medios de ayuda y asistencia.

Otro principio general que destaca en el despliegue de la acción gubernamental es el enfoque transformador. Los servidores públicos deberán realizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, los esfuerzos necesarios para que las medidas de ayuda, protección, atención, asistencia y reparación integral a las que tienen derecho las víctimas, contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes.

Se contempla, con respecto a la reparación del daño que el delincuente debe a las víctimas, el derecho de éstas a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del hecho punible que las ha afectado, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, indemnización y satisfacción.

La iniciativa establece el derecho de los afectados por el delito a recibir, desde la victimización y hasta que la víctima se haya reincorporado a las actividades cotidianas, asistencia médica y psicológica de urgencia, así como tratamiento por personal especializado dirigido a lograr su rehabilitación y recuperación física, moral y/o psicológica.

Conforme al presente proyecto las procuradurías sociales ofrecerán orientación, asistencia, acompañamiento, representación jurídica y otros servicios especializados, lo que facilitará a las víctimas el acceso a la justicia, desde la averiguación previa, hasta la reparación del daño, pasando por el proceso penal. Por otra parte, las procuradurías sociales habrán de ofrecer, en los términos propuestos esos servicios de forma gratuita en los casos en que los deudos de una víctima así lo requieran.

Por lo que respecta a otros derechos que se establecen en la Ley para las víctimas, destacan, además de los ya mencionados, los siguientes: recibir un trato digno y respetuoso; conocer la verdad sobre los hechos delictivos; acceder de manera informada a los mecanismos de justicia disponibles; ser notificadas y escuchadas por la autoridad competente; y al resguardo de su identidad y otros datos personales por parte de las autoridades.

Excepcionalmente se prevé un procedimiento detallado para la asignación, de manera temporal, de Ayuda Económica Victimal, con cargo a un fondo constituido para tal efecto, cuando a consecuencia directa de ciertos delitos, la víctima directa o, en su caso, la indirecta, sufran graves daños a su salud, la pérdida –por causa del delito sufrido- del empleo, de alimentos por lesión o enfermedad, de la manutención para su formación académica, o para cubrir: aparatos ortopédicos, prótesis y medicamentos necesarios para la rehabilitación; gastos funerarios o para solventar ciertas medidas que tiendan a mejorar su seguridad personal bajo amenaza grave, clara e inminente ya sea a su vida o a su integridad personal.

Con la finalidad de dar certeza a las actuaciones emprendidas por las instancias responsables de la atención integral a las víctimas, ya sea en el orden federal o local, se establece el marco legal que regulará sus atribuciones, mecanismos de coordinación con otras instancias en la materia, así como la estructura orgánica mínima con la que deberán contar.

Se dispone como obligación de las procuradurías sociales, en un ejercicio efectivo de transparencia, el rendir un informe anual ante la Conferencia Nacional de Atención Integral a Victimas, mediante el cual darán a conocer públicamente su funcionamiento y resultados en materia de atención a víctimas.

Dicha instancia colegiada estará integrada por los titulares de las Instituciones de Atención a Víctimas de Delitos de la Federación, el Distrito Federal, los Estados así como de los Municipios, y será presidida por el Titular de la Procuraduría Social para la Atención de las Víctimas de Delitos Federal. La iniciativa precisa las atribuciones de la Conferencia Nacional, así como elementos propios de su funcionamiento.

Se prevé la creación de 33 fondos de Apoyo a Víctimas, con la finalidad de cubrir los costos de las medidas de atención y protección de aquéllas que hayan sufrido graves daños, los cuales habrán de integrarse, entre otros, con recursos públicos asignados presupuestalmente, con el producto de la enajenación de los bienes que sean decomisados, con el producto del decomiso de los instrumentos u objetos del delito, con la proporción del producto de los bienes que hayan sido objeto de extinción de dominio, con las multas impuestas en sentencia por la comisión de ciertos delitos, con las aportaciones que a este fin hagan en efectivo o en especie los organismos públicos, privados y sociales.

Se contempla que las procuradurías sociales del país cuenten con un Consejo de Participación Ciudadana, el cual deberá integrarse con representantes de los sectores público y social, con facultades para emitir las recomendaciones u observaciones necesarias para mejorar la prestación de los servicios y el acceso a la justicia a favor de las víctimas.

Por último se dispone que las instituciones de seguridad pública y de protección civil de los tres órdenes de gobierno, las procuradurías de justicia y todas aquellas instancias contempladas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se coordinen en el ámbito de sus respectivas competencias, para brindar eficaz y eficientemente los servicios de atención integral a las víctimas.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de éste Honorable Pleno, la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se expide la Ley General de Atención y Protección de los Derechos de las Víctimas del Delito, para quedar como sigue

Único. Se expide la Ley General de Atención y Protección de los Derechos de las Víctimas del Delito

Ley General de Atención y Protección de los Derechos de las Víctimas del Delito

Título Primero
Disposiciones Preliminares

Capítulo Primero
De los Alcances y Principios de la Ley

Artículo 1. (Ámbito de aplicación, objeto de la Ley y sujetos obligados)

La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia en todo el territorio nacional, obliga en el ámbito de sus respectivas competencias, a las autoridades de los tres órdenes de gobierno con atribuciones en materia de atención a víctimas, así como a las instituciones públicas, sociales o privadas con quienes hayan celebrado algún convenio que tenga como fin brindar atención a las víctimas en los términos y condiciones establecidas en el presente ordenamiento.

Tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones de las víctimas de delito, los servicios de atención y las medidas de protección que deben brindárseles, la constitución y operación de fondos de apoyo a las víctimas para financiar las mismas, la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios.

Artículo 2. (Principios generales)

Los principios generales que deberán observarse en el cumplimiento de la presente Ley son, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes:

I. Trato digno. La dignidad es un valor, principio y derecho fundamental base y condición de todos los seres humanos que implica el derecho inherente de toda persona a ser tratada con ética y respeto, como un sujeto que ejerce sus derechos y a no ser objeto de violencia o arbitrariedad por parte de las autoridades.

Toda víctima que entre en contacto con el personal de las instituciones sujetas al presente ordenamiento, deberá ser tratada con empatía, respeto, tacto, paciencia y amabilidad, protegiendo su intimidad y favoreciendo el libre ejercicio autónomo de su voluntad;

II. Buena fe. La actuación entre las autoridades a las que se refiere esta Ley y las víctimas a quienes atiende y protege se caracterizará por la mutua confianza que posibilite una interacción recíproca que favorezca el logro de los objetivos comunes, incluido el goce y ejercicio de los derechos de las víctimas y el cumplimiento de sus obligaciones;

III. Complementariedad. Los derechos, obligaciones y servicios que establece esta Ley se articulan unos con otros aportando al propósito final de atender y proteger a quien ha sufrido un delito y repararle el daño, por lo que las autoridades deberán asegurarse de llevarlos a la práctica de manera armónica y propendiendo a la concreción de un esquema integral;

IV. Diligencia debida. El gobierno y los servidores públicos deberán dar respuesta oportuna, eficaz, eficiente, pertinente, en la protección y asistencia a las víctimas;

V. Empoderamiento y reintegración. Todas las acciones que se realicen en beneficio de las víctimas estarán orientadas a fortalecer su independencia, autodeterminación y desarrollo personal para que puedan lograr, hasta donde sea factible, su más completa recuperación y asumir la cotidianeidad en pleno ejercicio de sus derechos y despliegue de sus capacidades;

VI. Enfoque especializado y diferenciado. La acción de los integrantes de las instituciones sujetas a la presente Ley y la intensidad de la misma responderá a la existencia de grupos de víctimas con mayor vulnerabilidad en razón del tipo de daño o delito sufridos, relación de la víctima con el agresor, el perfil psicológico y anímico de la víctima, y de atributos personales de la víctima tales como su sexo, edad, discapacidad, orientación e identidad sexual, sus condiciones de salud, embarazo, origen étnico o nacional, lengua, religión, situación económica, nivel de estudios concluido, entre otros, así como en función de la disponibilidad para acceder a medios de ayuda y asistencia;

VII. Enfoque transformador. Los integrantes de las Instituciones sujetas al presente ordenamiento deberán realizar en el ámbito de sus respectivas competencias los esfuerzos necesarios para que las medidas de ayuda, protección, atención, asistencia y reparación integral a las que tienen derecho las víctimas, contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes;

VIII. Factibilidad. Obliga a los tres órdenes de gobierno al diseño de políticas públicas y herramientas operativas viables, sustentables y de alcance definido en tiempo, espacio y previsión de recursos presupuestales, que permitan la articulación e implementación del contenido de la Ley de forma armónica y la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas así como el cumplimiento por éstas de las obligaciones a su cargo;

IX. Integralidad de la víctima e interdependencia de sus dimensiones. Los servicios prestados a las víctimas deberán tratarla reconociendo que es un ser con múltiples dimensiones, entre ellas, la física, psicológica, emocional, social, económica y jurídica, y por ello se deberá tener en cuenta que la atención y tratamiento que se dé a cada una de esas dimensiones tiene repercusiones sobre las demás;

X. Interpretación de los derechos de las víctimas. Los derechos de las víctimas previstos en esta Ley deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y las leyes aplicables en la materia, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para la víctima;

XI. No discriminación. Los miembros de las instituciones sujetas a esta Ley deberán abstenerse de incurrir en tratos discriminatorios, tales como aquellos que tengan origen en condiciones de salud, condición social o económica, discapacidad, edad, embarazo, estado civil, lengua, nivel de estudios concluido, opiniones, orientación e identidad sexual, origen étnico o nacional, religión, sexo o cualquier otra que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos de una víctima; las autoridades deberán abstenerse de negar la prestación, en los términos que establece esta Ley, de la atención y protección necesarias por prejuzgar o responsabilizar de su situación a las personas que señalen haber sufrido un daño derivado de la comisión de un delito;

XII. No revictimización. La desatención y el trato inadecuado a una víctima que acude a solicitar apoyo en ejercicio de sus derechos, constituyen la imposición de una afectación adicional a la ya sufrida con motivo del delito perpetrado en su contra, que deberá evitarse, debiéndose erradicar fenómenos de maltrato, burocratismo y anomalías como el hecho de que las características y condiciones particulares de la víctima sean motivo para negarle a esa persona la calidad de víctima; los miembros de las instituciones sujetas a este ordenamiento tampoco podrán exigir de la víctima acciones o sujeción de ésta a mecanismos o procedimientos que agraven injustificadamente su condición, ni establecer requisitos que desmotiven, obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Asimismo, deberán buscar minimizar la imposición de molestias a las víctimas y que éstas experimenten demoras injustificadas en la atención que se les deba prestar de acuerdo a esta Ley;

XIII. Participación conjunta. Sin perjuicio de lo dispuesto por otros ordenamientos, la función pública regulada por esta Ley se instrumentará, en los términos de la misma, con la participación de los sectores social y privado, incluidas las víctimas y organizaciones de víctimas;

XIV. Publicidad. Todas las acciones, mecanismos y procedimientos deberán ser públicos, siempre que ello no vulnere los derechos de las víctimas, debiéndose observar los límites fijados por las disposiciones relativas, entre otros, a la reserva de la averiguación previa y el proceso penal y a la confidencialidad de los datos personales.

Los servidores públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán implementar mecanismos de difusión eficaces, a fin de brindar información y orientación a las víctimas acerca de los derechos, servicios, mecánicas, procedimientos y recursos a los que pueden acceder;

XV. Rendición de cuentas. Las autoridades y servidores públicos encargados de la implementación de la Ley estarán sujetos a mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación que contemplen la participación pública, y

XVI. Trasparencia y acceso a la información. Los servicios, mecánicas, procedimientos y acciones relacionados con las víctimas deberán instrumentarse de manera que garanticen la transparencia de la gestión pública y el acceso a la información pública gubernamental, observando los límites fijados por las disposiciones jurídicas en la materia, entre otros, los relativos a la reserva de la averiguación previa y del proceso penal, así como a la confidencialidad de la información proporcionada y generada en la atención médica, psicológica, de trabajo social, jurídica y demás datos que integren el expediente de la víctima.

Artículo 3. (Del auxilio inmediato)

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno que con motivo de sus funciones entren en contacto con las víctimas, deberán brindarles el auxilio inmediato correspondiente y referirlas a las instancias especializadas que se requieran.

Artículo 4. (Del propósito de la atención a las víctimas)

Los servicios que proporciona el Estado a las víctimas tienen como propósito central atender con agilidad y eficacia su necesidad y demanda legítimas de recibir ayuda; de acceder a la justicia; de ser rehabilitadas en el daño que les ha sido causado; de ser reparadas por el victimario, y de reintegrarse, hasta donde sea posible, a la cotidianeidad.

Artículo 5. (De la gratuidad de los servicios de las procuradurías sociales)

Los servicios de atención médica, psicológica, jurídica, de asistencia social y de apoyo a familiares de personas desaparecidas o no localizadas, que se presten a las víctimas en los términos de la presente Ley por la Procuraduría Social para la Atención a las Víctimas de Delitos y sus equivalentes a nivel local serán gratuitos.

Capítulo Segundo
De las Víctimas

Artículo 6. (De la calidad de víctima)

La calidad de víctima, para los efectos de esta Ley no estará condicionada a la identificación, aprehensión, procesamiento o condena del autor del delito y será independiente de la relación familiar que exista entre el perpetrador y la víctima.

Artículo 7. (De los procedimientos para acreditar la calidad de la víctima)

La Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos y las instancias locales correspondientes, deberán emitir lineamientos que contengan los procedimientos internos a través de los cuales se acreditará ante la institución la calidad de víctima de el o los solicitantes, para los efectos de acceder a las medidas integrales, multidisciplinarias y especializadas de atención a las víctimas del delito contempladas en el presente ordenamiento, sin perjuicio del acceso a aquellas medidas que ameriten ser otorgadas con carácter urgente o inmediato que prevean los propios lineamientos.

Los lineamientos a que se refiere el párrafo anterior deberán prever, al menos, la práctica de evaluaciones preliminares de carácter psicológico; médico, cuando proceda; legal y de entorno social.

Asimismo, los lineamientos deberán prever mecanismos que sin condicionar la prestación de servicios, con excepción de lo dispuesto en el artículo 81, incentiven a las víctimas a presentar la denuncia o querella del caso y fomenten una cultura de denuncia ciudadana.

Artículo 8. (De las víctimas directas)

Para los efectos de esta Ley, se considerará víctima directa a la persona física titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por el delito, así como a quien haya resentido materialmente la acción u omisión prevista en la ley penal respectiva como delito.

Artículo 9. (De las víctimas indirectas)

Para los efectos de esta Ley se considerará víctima indirecta, a quien tenga parentesco hasta el tercer grado en línea recta con la víctima directa conforme a la legislación civil, así como a cualquier otra persona que tenga relación afectiva análoga a la que suele prevalecer entre las personas comprendidas en ese parentesco o dependencia económica comprobable con aquélla, y que en todos los casos hayan resentido efectos por el delito perpetrado en contra de la víctima directa.

También será considerada víctima indirecta, la persona que haya sufrido daños por auxiliar a una víctima directa en peligro o para prevenir su victimización.

Artículo 10. (De los beneficiarios de los derechos y servicios)

Serán beneficiarias de los derechos y servicios previstos en esta Ley, las víctimas directas e indirectas que hayan sufrido daños, lesiones físicas, afectaciones psico-emocionales y en general cualquier menoscabo a sus derechos tutelados por la ley penal, como consecuencia directa de la comisión de un delito.

Capítulo Tercero
De la Competencia en la Atención a las Víctimas del Delito

Artículo 11. (De la competencia en la atención a las víctimas del delito)

La atención a la víctima deberá brindarse por las autoridades del orden de gobierno que corresponda al delito de que se trate, por lo que las autoridades federales tendrán a su cargo la atención de víctimas de delitos del fuero federal y las autoridades de las entidades federativas, la de los delitos del fuero común.

En caso de conexidad o concurso de delitos que implique la competencia tanto del fuero común como del federal, la atención corresponderá primariamente a la autoridad local.

Artículo 12. (Atención integral de la víctima por las procuradurías sociales en función del interés de la misma, a través de la suscripción de convenios).

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior y con independencia a los principios de distribución de competencia que establecen los códigos penales y los códigos de procedimientos penales, las leyes orgánicas y otros ordenamientos, para los efectos de esta Ley, tomando en cuenta en todo momento lo que le resulte más favorable para la víctima, las procuradurías sociales y demás autoridades de los tres órdenes de gobierno, con base en los dictámenes emitidos para tal efecto, deberán brindarle la atención médica y psicológica posterior a la fase de victimización a partir del que sea su actual lugar de residencia con independencia del lugar en donde se haya cometido el delito. Por el contrario, la representación jurídica de la víctima en la averiguación previa y en el proceso penal por un delito del fuero común, serán proveídas por la procuraduría social de la entidad federativa donde radique el Ministerio Público o el juzgador que esté conociendo del asunto. Para tal efecto las procuradurías sociales deberán celebrar los acuerdos o convenios de coordinación y colaboración correspondientes, los cuales deberán mantener vigentes los derechos mínimos que a la víctima le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 13 . (Oficios, exhortos y requisitorias de las procuradurías Sociales)

Cuando una Procuraduría Social de atención a las víctimas de delitos, deba practicar alguna diligencia en otra entidad federativa para lograr la atención integral de la víctima, verificará lo conducente en términos de los convenios de coordinación y colaboración celebrados para tal efecto con su homóloga en dicha entidad federativa; en este tenor, se dará entera fe y crédito a los oficios, exhortos o requisitorias que se libren, debiendo en consecuencia, cumplimentarse siempre que llenen las condiciones fijadas por la Ley o por instrumentos convencionales correspondientes.

Título Segundo
De los Derechos y Obligaciones de las Víctimas

Capítulo Primero
De los Derechos en General

Artículo 14. (De la provisión de condiciones que favorezcan el ejercicio de los derechos por las víctimas)

Será obligación de las autoridades sujetas a la presente Ley proveer lo necesario para favorecer el ejercicio de los derechos de las víctimas en su ámbito de competencia, atendiendo al fuero en el que se haya actualizado el delito.

Artículo 15. (Del goce de derechos y de las fases de asistencia a las víctimas)

Las víctimas gozarán de los derechos que establece esta Ley desde la fase de victimización y hasta que haya sido rehabilitada o haya asumido una cotidianeidad conforme a los estudios que al respecto se practiquen y hasta el grado que sea factible, de acuerdo a la reglamentación correspondiente, salvo que se trate de algún derecho cuyo ejercicio requiera necesariamente que una fase determinada de la atención a la víctima se encuentre vigente.

Con independencia de lo establecido en las leyes de la materia sobre los procedimientos penales, se entenderá por:

I. Fase de victimización: aquella que abarca desde el momento en que la víctima resiente el daño producto de la comisión de un delito, hasta los primeros actos de atención ya sea de urgencia o primaria que reciba por parte de una autoridad competente;

II. Fase evaluación diagnóstica: aquella que abarca desde el momento en que una autoridad competente practica evaluaciones a la situación de la víctima para determinar, con base en sus necesidades y en la situación jurídica aplicable, el tratamiento que procede sea proveído a la víctima;

III. Fase de servicio o tratamiento: aquella que abarca desde que la víctima es referida a la autoridad o instancia competente para recibir ya sea el servicio o el tratamiento necesario acorde al diagnóstico, hasta que la víctima haya recibido el servicio de que se trate o alcanzado su rehabilitación posible o asumido una cotidianeidad, y

IV. Fase de reparación del daño: aquella que abarca desde que la reparación del daño se reclama al victimario, hasta que la misma sea cubierta.

En todas las fases señaladas, incluyendo los casos en que las víctimas decidan acceder a un mecanismo de justicia alternativo, las autoridades involucradas y, en su caso, a petición expresa de las víctimas, la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos o la instancia local equivalente, les brindarán la atención que requieran conforme a su ámbito de competencia.

Los derechos que hubiesen sido establecidos en otras leyes a favor de las víctimas se harán valer de manera armónica con los dispuestos en la presente ley, de tal manera que la existencia de beneficios diversos no implicará la anulación de los mismos o su duplicidad.

Artículo 16. (Del tratamiento diferenciado)

Las instituciones sujetas a esta Ley deberán brindar atención diferenciada a las víctimas con razón del tipo de daño o delito sufridos, de la relación de la víctima con el agresor, del perfil psicológico y anímico de la víctima, y de atributos personales de la víctima tales como su sexo, edad, discapacidad, orientación e identidad sexual, sus condiciones de salud, embarazo, origen étnico o nacional, lengua, religión, situación económica, nivel de estudios concluido, entre otros, así como en función de la disponibilidad para acceder a medios de ayuda y asistencia.

Artículo 17. (De los derechos de las víctimas tutelados por ésta la Ley)

Para efectos de esta Ley, sin perjuicio de los derechos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, los códigos penales, los códigos de Procedimientos Penales y demás ordenamientos aplicables, las víctimas tendrán derecho a:

I. Recibir un trato digno, respetuoso y no discriminatorio, por parte del personal de las instituciones públicas, sociales o privadas que en términos de lo dispuesto en el presente ordenamiento brinden atención o algún servicio a las víctimas;

II. Recibir, desde la fase de victimización y en instituciones del Sistema Nacional de Salud, asistencia médica y psicológica de urgencia, así como tratamiento especializado;

III. Ser informadas de sus derechos y deberes establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la legislación, la presente Ley, y demás ordenamientos aplicables;

IV. A ser orientadas, asesoradas y representadas dentro del procedimiento penal y ante las demás instancias donde tengan que hacer una defensa de sus derechos como víctimas;

V. Al ejercicio de la acción penal por particulares en los casos en que la ley lo determine;

VI. Acceder de manera informada a los mecanismos de justicia disponibles para que la autoridad competente determine la responsabilidad que proceda por la comisión del delito;

VII. Conocer la verdad sobre los hechos que le causaron el daño sufrido;

VIII. Recibir asesoría jurídica gratuita por parte de los servidores públicos especializados de las procuradurías de justicia y procuradurías sociales desde la fase de victimización y hasta que asuma una cotidianeidad, según corresponda;

IX. Conocer el estado y avance de las peticiones que haya formulado a las autoridades en ejercicio de sus derechos, conforme a la normatividad respectiva;

X. Ser notificadas y escuchadas por la autoridad competente, cuando se encuentre presente en la audiencia, diligencia o en cualquier otra actuación;

XI. Que cuando se trate de víctimas extranjeras, su Consulado sea inmediatamente notificado conforme a las normas internacionales que protegen el derecho a la asistencia consular;

XII. La reunificación familiar, en términos de la reglamentación correspondiente, cuando por razón de su tipo de victimización su núcleo familiar se haya dividido; y dicha reunificación fuere factible;

XIII. Participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, ayuda, atención, asistencia, acceso a la justicia y reparación integral del daño, conforme a los mecanismos, procedimientos y términos establecidos por las leyes;

IIV. Que las políticas públicas que se implementen tengan un enfoque de género y diferencial;

XV. A que se le brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad corporal, en términos de las disposiciones aplicables, y por medio de las medidas de protección que, en el caso, procedan;

XVI. Recibir de los responsables o terceros obligados a ello la reparación del daño de acuerdo a la legislación aplicable;

XVII. A que se les otorgue, en los casos que procedan y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, la Ayuda Económica Victimal a que se refiere el artículo 97 de esta Ley;

XVIII. Recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación física y psico-emocional con la finalidad de asumir la cotidianeidad;

XIX. Recibir información adecuada y oportuna de los servicios a los que tienen derecho, las instituciones que los brindan y los procedimientos para su acceso;

XX. A que las autoridades mantengan bajo resguardo su identidad y otros datos personales, en los casos previstos por la legislación aplicable, y a que se respete su intimidad y la de su familia;

XXI. Recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor, en caso de que no hablen el idioma español o tengan discapacidad auditiva, verbal o visual;

XXII. Expresar libremente sus opiniones y preocupaciones ante las autoridades e instancias correspondientes, y a que éstas, en su caso, sean consideradas en las decisiones que afecten sus intereses legítimos;

XXIII. A trabajar de forma colectiva con otras víctimas para la defensa de sus derechos, y

XXIV. Las víctimas tienen derecho a continuar con su desarrollo personal, familiar y social, en la medida de lo posible, en las condiciones existentes antes de la comisión del delito.

Artículo 18. (De los derechos de la victimas indirectas en los casos de personas desaparecidas o no localizadas)

Cuando una persona se encuentre desaparecida o no localizada, con motivo de las conductas y delitos previstos en el artículo 72 de la presente Ley, los familiares que tengan el carácter de víctimas indirectas, tendrán los derechos siguientes:

I. Recibir atención médica en los términos del artículo 60 de esta Ley;

II. Recibir atención psicológica en los términos del artículo 61 de esta Ley;

III. Recibir apoyo jurídico por las autoridades en la tramitación que hagan del juicio de declaración de ausencia y presunción de muerte ante los órganos jurisdiccionales correspondientes;

IV: Recibir de las autoridades, una vez emitida la sentencia a que se refiere la fracción anterior, orientación y asesoría jurídica para tramitar el pago del siniestro en el caso de que existir un contrato de seguro que resulte aplicable;

V. Recibir, una vez emitida la sentencia a que se refiere la fracción I, orientación y asesoría jurídica para hacer valer derechos laborales adquiridos por esas personas desaparecidas o no localizadas cuando en averiguación previa existan indicios de que fueron víctima de ilícitos perpetrados por la delincuencia organizada, así como en las materias mercantil, civil, familiar, fiscal y las demás en que proceda;

VI. Que se reconozca, una vez emitida la sentencia a que se refiere la fracción III, la ausencia de ese familiar, en los trámites que tengan que realizar ante instancias jurisdiccionales o administrativas, y

VII. Que se les preste gestoría social en los términos del artículo 63 de esta Ley.

Artículo 19. (Renuncia por la víctima a derechos que le confiere esta Ley )

En los casos en que sea procedente conforme a las leyes, la víctima podrá renunciar a derechos que le confiere esta Ley, con motivo de salidas alternativas al proceso penal previstas en las leyes que rijan éste último.

En el caso del sistema acusatorio, para que dicha renuncia surta efectos, el Ministerio Público o los juzgadores deberán haber intervenido para verificar que la misma haya sido otorgada sin vicios en el otorgamiento de la voluntad de la víctima y que no se trate de derechos irrenunciables por ser de orden público.

En caso de que la renuncia sea a un derecho a recibir atención por una procuraduría social o equivalente, se deberá dejar constancia de la misma por escrito que la procuraduría social integrará en el expediente respectivo.

Artículo 20. (De las obligaciones de las víctimas)

Las víctimas tendrán las obligaciones siguientes:

I. Actuar de buena fe y conducirse con veracidad sobre la comisión del delito, el daño sufrido y respecto a sus circunstancias personales, incluyendo su condición socioeconómica;

II. Hacer del conocimiento de la autoridad competente la comisión del delito y, en su caso, participar en las diligencias necesarias para el esclarecimiento del mismo cuando así se lo requiera el Ministerio Público o el juzgador competente con base en lo que dispongan las leyes;

III. Acudir al tratamiento correspondiente que le sea asignado por la autoridad competente, salvo que renuncie al mismo;

IV. Proporcionar a las procuradurías de Justicia los datos que éstas le requieran por ser necesarios para la integración del Registro Nacional de Víctimas, salvo que existan circunstancias objetivas y verificables que pongan en riesgo su integridad personal en el caso de proveerlos;

V. Conservar los bienes objeto de aseguramiento cuando éstos hayan sido puestos bajo su custodia, en términos de la legislación aplicable;

VI. Abstenerse de realizar la cremación del cuerpo de un familiar que le haya sido entregado, cuando la autoridad así se lo requiera, y por el lapso que se determine necesario;

VII. Respetar y guardar la confidencialidad de la información reservada a la que tengan acceso, y

VIII. Las demás que se señalen en los reglamentos correspondientes.

Los servicios que regula la presente Ley podrán ser suspendidos temporalmente o retirados definitivamente cuando las víctimas incumplan con las obligaciones a que se refiere el presente artículo.

Capítulo Segundo
Consideraciones Generales

Artículo 21. (Del tratamiento especializado)

El modelo de tratamiento de la víctima estará sustentado con base en la gravedad del daño que se le haya ocasionado y orientará tanto la prestación de servicios como en la implementación de acciones dentro de las instituciones encargadas de brindarles atención y tratamiento. Además responderá a la existencia de grupos de víctimas con mayor vulnerabilidad en razón del tipo de daño o delito sufridos, relación de la víctima con el agresor, el perfil psicológico y anímico de la víctima, y de atributos personales de la víctima tales como el sexo, edad, discapacidad, orientación e identidad sexual, condiciones de salud, embarazo, origen étnico o nacional, lengua, religión, situación económica, nivel de estudios concluido, entre otros, así como en función de la disponibilidad para acceder a medios de ayuda y asistencia.

Capítulo Tercero
Del Derecho a la Verdad

Artículo 22. (Derecho a conocer la verdad)

Las víctimas tienen derecho a conocer los hechos constitutivos del delito perpetrado en su contra, la identidad de los responsables y las circunstancias que hayan propiciado su comisión.

Toda víctima podrá participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los diferentes mecanismos previstos en los ordenamientos legales en los cuales se le permitirá expresar sus opiniones y preocupaciones cuando sus intereses sean afectados. Las víctimas deberán decidir libremente su participación; las autoridades deberán proveer a las víctimas de la información suficiente sobre las implicaciones de cada uno de estos mecanismos.

Siempre que la autoridad disponga de esta información y le sea requerida por las víctimas indirectas, deberá hacer de su conocimiento, cuando no lo impida algún valor superior, el destino o paradero de personas que estuvieron desaparecidas o no localizadas, el último lugar y circunstancia en que la persona fue vista y, en su caso, el lugar donde se encuentran los restos de las personas fallecidas a consecuencia de un delito.

Artículo 23. (De los mecanismos de búsqueda de la verdad)

La Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, según corresponda, deberán impulsar la búsqueda de la verdad a través de los procedimientos de acceso a la justicia y promover espacios de diálogo con las víctimas.

Capítulo Cuarto
Del Acceso a la Justicia

Artículo 24. (Derecho al acceso a la justicia)

Las víctimas tendrán acceso a los mecanismos de justicia de que disponga el Estado, incluidos los procedimientos judiciales y administrativos. La legislación en la materia que regule su intervención en los diferentes procedimientos deberá facilitar su participación y permitir que sus opiniones y preocupaciones sean presentadas y valoradas cuando las decisiones afecten sus intereses.

La legislación procesal contemplará los casos en que procederá la acción penal por particulares.

Artículo 25. (De la obligación positiva para hacer viable el acceso a la justicia)

El acceso de las víctimas a la justicia deberá estar libre de obstáculos para permitir su intervención en condiciones de igualdad. Las autoridades competentes, en los tres órdenes de gobierno, habrán de favorecer activamente el ejercicio por las víctimas de los derechos mencionados en el apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables. Asimismo, habrán de favorecer la participación de las víctimas en procedimientos de justicia, contribuyendo, en su esfera de competencia, a que éstas reciban el apoyo y atención que requieran por lo que respecta a su seguridad e integridad física y psicológica.

Artículo 26. (Medios alternativos de resolución de controversias)

Las víctimas tendrán derecho a utilizar los medios alternativos de resolución de controversias de acuerdo a la legislación aplicable. Las autoridades estarán obligadas a informar a las víctimas sobre las consecuencias de sus decisiones y a tutelar el respeto de sus derechos en la utilización de estos procedimientos.

Artículo 27. (De la asistencia jurídica)

Las instituciones de seguridad pública, las procuradurías y cualquier institución pública que con motivo de sus funciones entren en contacto con las víctimas, ofrecerán a éstas la asistencia jurídica que les permita conocer sus derechos y las autoridades que puedan asistirles en el ejercicio de los mismos de acuerdo a lo establecido en esta Ley y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 28. (De la atención jurídica especializada)

Para impulsar el acceso a la justicia, la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos o la instancia equivalente en las entidades federativas contarán con personal capacitado que además de informar a las víctimas sobre las acciones procedentes para la restitución de sus derechos, les brinden orientación y asesoría jurídicas para la toma de decisiones y, en su caso, las representen jurídicamente de acuerdo con lo establecido en las disposiciones aplicables.

Capítulo Quinto
De la Atención Médica y Psico-Emocional a las Víctimas

Artículo 29. (Del derecho a recibir atención médica y psicológica)

Desde que las autoridades de los tres órdenes de gobierno que resulten competentes, tengan noticia de que una persona fue víctima de la comisión de un delito, le brindarán atención médica y psico-emocional, con la finalidad de contrarrestar el impacto que sobre su salud física y emocional haya producido el delito o delitos sufridos.

Con este propósito, el Estado deberá proveer a las víctimas acceso a los servicios públicos de salud de acuerdo a lo señalado en la Ley.

Artículo 30. (De la atención médica y psico-emocional)

Las medidas de atención médica y psico-emocional podrán ser de urgencia o especializadas. Dichas medidas deberán tener siempre relación directa con la comisión del delito, y se proporcionarán, según se requiera, de conformidad con los dictámenes médicos emitidos en términos de las disposiciones aplicables y podrán incluir:

I. La recuperación y fomento de actitudes positivas respecto de la atención de la salud y autoestima personales;

II. La práctica de consultas;

III. La provisión de medicamentos;

IV. La realización de estudios de gabinete y análisis clínicos o de laboratorio;

V. La práctica de intervenciones quirúrgicas y cuidados postoperatorios;

VI. La atención en unidades de terapia intensiva;

VII. Prevención y rehabilitación en períodos de convalecencia;

VIII. Tratamiento de rehabilitación por lesiones físicas;

IX. El tratamiento odontológico;

X. La prevención y el control de enfermedades transmisibles;

XI. La prevención de la invalidez y la rehabilitación de los inválidos;

XII. La prevención y atención del consumo de alcohol, estupefacientes y psicotrópicos, así como la rehabilitación de adicciones;

XIII. La orientación psicológica;

XIV. El tratamiento psicológico;

XV. El tratamiento psiquiátrico, y

XVI. El tratamiento integral del dolor.

Artículo 31. (Del alcance del derecho de las víctimas a la atención médica y psicológica de urgencia)

El derecho de las víctimas a recibir atención médica y psicológica de urgencia comprenderá:

I. Ser explorada físicamente con su consentimiento;

II. A que la exploración y atención médica, psiquiátrica, ginecológica o de cualquier tipo, deberá estar a cargo, siempre que ello sea factible, de personal de su mismo sexo, cuando la víctima lo solicite;

III. Contar con servicios victimológicos especializados a fin de recibir tratamiento postraumático inmediato para la recuperación de salud mental y física, y

IV: Los demás que contemplen otras disposiciones.

Artículo 32. (De la atención médica y psicológica especializada cuando se hayan sufrido graves daños)

Las víctimas que hayan sufrido daños graves tendrán derecho a recibir además de la de urgencia, atención médica y psicológica especializada. La asistencia médica y psicológica que reciban las víctimas deberá ser integral y comprenderá desde la atención de heridas leves hasta la rehabilitación de los miembros u órganos afectados por el daño sufrido, los servicios de enfermería y equipo necesarios para el desarrollo o mantenimiento del tratamiento correspondiente que tenga por objeto la atención a la enfermedad contraída o al tratamiento de rehabilitación necesario producto del delito.

El derecho a la atención especializada, incluirá la rendición de los informes periódicos sobre el estado de salud de las víctimas, así como la obligación de mantener informados a sus familiares sobre el pronóstico de recuperación cuando ésta se halle en una institución hospitalaria.

Artículo 33. (Del tipo de instituciones proveedoras de la atención médica y psicológica)

El Estado proveerá lo necesario para que las víctimas tengan acceso a los servicios de salud descritos en el presente capítulo.

Las víctimas que sean derechohabientes de algún régimen de seguridad social recibirán la atención médica y psico-emocional a que se refiere este capítulo en las instituciones que conforme al régimen respectivo corresponda y sólo en caso de que no cuenten con los servicios para el tratamiento del daño sufrido, la víctima será canalizada a la institución pública que pueda brindarla.

Cuando la víctima no cuente con algún régimen de seguridad social, será canalizada a la institución pública que pueda atenderlo en términos de las disposiciones aplicables.

La Federación, las entidades federativas y los municipios garantizarán que la atención médica especializada y de urgencia sea brindada por instancias del sector público y, en caso de no contar con servicios especializados, deberán coordinar su tratamiento por instituciones sociales y privadas en los términos que se establezcan en los convenios que se suscriban para tal efecto y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Los tres órdenes de gobierno se coordinarán entre sí y, en su caso, con el sector social y privado, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables para la prestación de medidas de atención médica.

Capítulo Sexto
Del Apoyo Económico

Artículo 34. (Del apoyo económico a determinadas víctimas)

Cuando a consecuencia directa de alguno de los delitos previstos en el artículo 72 de esta Ley, sobre los cuales el Ministerio Público ejercite la acción penal correspondiente y la víctima directa o, en su caso, la indirecta, sufran la pérdida del empleo en el caso de mayores de dieciséis años de edad; de la manutención para su formación académica en el caso de menores de edad; de la provisión que venía recibiendo de sustento económico y/o de servicios de salud; o bien, de la posibilidad de trabajar por encontrarse enfermo o lesionado, la Procuraduría Social o la instancia local correspondiente, previa solicitud por escrito y en los términos de la presente Ley y su Reglamento, podrá, excepcionalmente y sin perjuicio de las demás medidas previstas en la Ley:

I. Asignar recursos del Fondo de Apoyo correspondiente, en términos de las disposiciones aplicables, para que la víctima que haya sufrido la pérdida de su empleo, reciba una cantidad mensual equivalente como máximo a cinco salarios mínimos vigentes en su localidad y hasta por un plazo de doce meses;

II. Gestionar, en los términos de los programas y normas aplicables, el ingreso de los dependientes económicos de la víctima en edad escolar, a determinado centro de educación pública básica, media superior o superior, según corresponda, siempre y cuando el beneficiario de esta medida asuma el compromiso de dedicarse exclusivamente a las actividades de formación académica y no tenga ningún ingreso por cualquier otro concepto. En estos supuestos, se canalizará al beneficiario a las instancias correspondientes que cuenten con programas de apoyo para personas en esta circunstancia.

En caso de no ser sujetos a los beneficios a que se refiere el párrafo anterior recibirán, cuando proceda y en términos de las disposiciones aplicables, recursos del Fondo de Apoyo correspondiente hasta en una cantidad igual a la que resulte necesaria para la adquisición de útiles escolares, libros y uniformes, así como para cubrir sus necesidades básicas, particularmente a los menores huérfanos cuando carezcan de proveedor alimentario, hasta por un período de veinticuatro meses prorrogables por periodos iguales en los términos que se establezcan en los lineamientos expedidos para tal efecto;

III. Facilitar y promover el ingreso de la víctima y de sus dependientes económicos a los sistemas públicos de asistencia económica y de salud ya establecidos, siempre y cuando se trate de menores de edad, del cónyuge, concubina o concubinario; o de personas con discapacidad;

IV. Cubrir gastos funerarios o de inhumación de la víctima directa que fallezca a consecuencia del delito perpetrado en su contra cuando los familiares carezcan de recursos de conformidad con el estudio económico que se realice para tal efecto;

V. Proveer alimentos provisionales a víctimas que hayan quedado enfermas o lesionadas y a sus dependientes económicos, mientras dure el tratamiento médico o psicológico requerido del que sean sujetos y hasta por un plazo máximo de doce meses;

VI. Proveer a víctimas que hayan quedado lesionadas aparatos ortopédicos, prótesis y los medicamentos necesarios para la rehabilitación, cuando no estén cubiertos por el sistema de salud del que sean derechohabientes o por aquel al que pertenezcan, y

VII. Facilitar a las víctimas a que se refiere este artículo, en coordinación con las autoridades correspondientes, el uso de transporte público como apoyo para asistir a los programas de rehabilitación y la permanencia en casas de cuidado o refugios temporales, entre otros, hasta por un plazo de doce meses.

Para ser sujetos de la ayuda a que se refiere este artículo, la víctima, o en su caso su legítimo representante, la solicitará, antes del término de dos años a partir de la comisión de los hechos y por escrito a la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos o la instancia local correspondiente, de acuerdo al fuero del delito o delitos, en los términos que fije la reglamentación. En todo caso, la solicitud deberá ser resuelta dentro del plazo de diez días hábiles, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente.

En caso de que la resolución que recaiga a la solicitud, niegue la ayuda económica, la víctima directa o indirecta, o su representante, podrá solicitar la reconsideración de su petición, lo cual deberá resolverse en un plazo no mayor a veinte días hábiles, en los términos que establezca la reglamentación correspondiente.

Capítulo Séptimo
De la Reparación del Daño

Sección Primera
De los Criterios de Reparación del Daño por Violaciones a Derechos Humanos

Artículo 35. Las disposiciones de la presente Sección serán aplicables para la reparación de toda persona física que individual o colectivamente haya sido objeto de una violación a sus derechos humanos por parte del Estado.

Lo dispuesto en la presente Sección no será aplicable a las personas morales, quienes podrán obtener o exigir la reparación que en su caso proceda conforme a la Ley de Amparo, el artículo 113, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias federal y locales, así como las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables.

Artículo 36. Para los efectos de lo previsto en el párrafo tercero del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los órganos jurisdiccionales Federales y de las entidades federativas que, en el ámbito de su competencia, emitan una sentencia donde se determine la violación de un derecho humano, deberán pronunciarse respecto de la reparación del daño, en los términos previstos por el presente capítulo. Por tanto, dicha reparación del daño quedará sujeta a que se acredite la concurrencia de los siguientes elementos:

I. Que se trate de actos u omisiones cometidos por una autoridad gubernamental;

II. Que tales actos u omisiones constituyan violaciones a los derechos humanos reconocidos en el orden jurídico mexicano, y

III. Que de dichas violaciones a derechos humanos se desprenda la obligación de las autoridades de reparar el daño.

Artículo 37. Serán principios rectores en la aplicación de este Capítulo y en la determinación de la reparación del daño causado por violaciones a los derechos humanos, los siguientes:

a) Principio de nexo causal. Existencia de una relación causa-efecto entre: los hechos del caso, la violación al derecho humano declarada en los términos del artículo anterior y los daños acreditados, con las formas y medios de reparación del daño;

Habrá obligación de reparar el daño causado cuando existan elementos suficientes para identificar el nexo causal entre la acción u omisión de uno o más agentes del Estado que violen los derechos humanos y como consecuencia de ello se cause un daño a la víctima.

b) Principio de proporcionalidad. Existencia de una relación de correspondencia entre la gravedad que tenga la violación del derecho humano y las formas o medidas de reparación del daño que se determinen;

c) Principio de equidad. Las circunstancias de las violaciones a los derechos humanos serán consideradas a fin de procurar una graduación atemperada en la distribución de cargas y beneficios entre el Estado y los particulares, respectivamente, analizando en todos los casos los efectos concretos de las formas o medidas de reparación del daño que se determinen, y

d) Principio de razonabilidad. Las formas y medios determinados para la reparación del daño deben ser constitucionalmente admisibles, necesarios para la obtención de su fin y sujetos a criterios de prudencia y moderación.

En todos los casos, la determinación de las formas y medios de reparación del daño no deberá generar un enriquecimiento que propicie efectos lucrativos en torno a la defensa de los derechos humanos.

Artículo 38. No procederá la reparación del daño en los siguientes casos:

I. Cuando la violación derive de un acto legislativo;

II. Cuando sea notorio que el daño ya haya sido suficientemente reparado por otra vía;

III. Cuando sea notorio que no existe daño que reparar;

IV. Cuando resulte evidente que el acto u omisión no sea atribuible al Estado o a uno de su agentes, o que no existen elementos suficientes para determinar de manera preliminar que existe un nexo causal entre la violación y el daño sufrido por la víctima;

V. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen consentimiento.

Artículo 39. La reparación del daño deberá ser proporcional a las circunstancias específicas de cada caso y podrá realizarse en alguna o algunas de las formas siguientes:

I. Restitución;

II. Satisfacción;

III. Rehabilitación;

IV. Garantías de no repetición, y

V. En su caso, la indemnización que en equidad sea determinada de acuerdo con la legislación correspondiente.

Artículo 40. La restitución, siempre que sea posible, tendrá por objeto restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación del derecho humano, procurando que la persona o personas titulares del derecho violado gocen y disfruten el derecho de la manera más adecuada posible.

La restitución comprende, según corresponda, el restablecimiento de la libertad, de la identidad, del honor, de la vida familiar, de la ciudadanía, el regreso al lugar de residencia, la reintegración en el empleo, la devolución de los bienes, y en general, el restablecimiento en el ejercicio de los derechos humanos violados.

La sentencia que proteja al particular constituye en sí misma una forma de restitución, por lo que el órgano jurisdiccional al emitirla, deberá precisar con claridad, en adición a los requisitos establecidos en la ley adjetiva que resulte aplicable, lo siguiente:

I. El derecho humano violado;

II. La autoridad o autoridades responsables de la violación al derecho humano y su concreta participación en dicha violación, y

III. La forma en que se restablecerá el ejercicio del derecho humano violado.

Artículo 41. La satisfacción comprenderá las medidas de carácter general o individual que tiendan al reconocimiento de una violación de derechos humanos o busquen rescatar el honor y reivindicar a la víctima frente a la sociedad.

Las medidas de satisfacción comprenderán:

I. Proponer el establecimiento de medidas eficaces para conseguir la cesación de las violaciones continuadas al derecho humano de que se trate;

II. Ordenar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o al órgano competente local, la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, cuando se trate de violaciones graves y generalizadas a derechos humanos, siempre que esa revelación no provoque más daños o nuevas violaciones a derechos humanos; o se amenace la seguridad o los intereses del particular, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar al particular o impedir que le sean inferidas nuevas violaciones; o se ponga en riesgo la seguridad nacional, la estabilidad social o se transgredan otros derechos humanos.

Lo dispuesto en esta fracción sólo podrá ser ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al conocer sobre la reparación del daño.

III. La búsqueda de la persona que, por violación a sus derechos humanos, esté desaparecida y la acción para rescatarla o recuperarla; o la búsqueda del cadáver de la persona que haya sido privada de la vida con motivo de la violación de sus derechos humanos y la ayuda para recuperarlo, identificarlo y volver a inhumarlo según el deseo del particular o de las prácticas religiosas y culturales de su familia y comunidad, siempre que se haya demostrado la negligencia de la autoridad;

IV: El reconocimiento público de los hechos y la aceptación de responsabilidades, señalando de manera individual la autoridad que deberá cumplir con ello;

V. La publicación de las sentencias o resoluciones judiciales o administrativas que tengan como finalidad restituir al particular en el goce pleno de los derechos humanos violados;

VI. La emisión de órdenes a efecto de que se inicien los procedimientos de aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones;

VII. Las medidas tendientes a emprender acciones dirigidas a reivindicar el honor, la reputación y el buen nombre de los particulares, cuando éstos se hayan visto vulnerados, y

VIII. Las conmemoraciones y homenajes a los particulares que hayan sufrido la violación a sus derechos humanos. Siempre que se trate de violaciones graves y generalizadas a derechos humanos y que así lo ordene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La sentencia que ampare y proteja a la víctima constituye per se una forma de satisfacción, por lo que el órgano jurisdiccional al emitirla, deberá precisar con claridad los derechos humanos violados y las autoridades responsables de dicha violación, así como su concreta participación en la misma.

Artículo 42. La rehabilitación incluirá la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales. En este caso el juez deberá tomar en cuenta las medidas de atención y servicios que ya hayan sido brindados por las instituciones públicas del Estado.

Al dictar medidas de rehabilitación, el juez deberá privilegiar que las mismas se brinden por las instituciones de salud o seguridad social públicas en las que la víctima sea derechohabiente o en las instituciones de asistencia social públicas.

Artículo 43. Las garantías de no repetición son las medidas tendientes a evitar que los hechos que dieron lugar a la violación de derechos humanos vuelvan a repetirse. Las medidas de garantía de no repetición serán:

I. Ordenar a la autoridad competente para que, en el marco de sus atribuciones, establezca medidas que tengan por objeto generar un control efectivo de las autoridades del Estado que hayan cometido los actos violatorios de derechos humanos de los particulares;

II. Órdenes que tengan por objeto propender la garantía de que todos los procedimientos del orden civil o militar, se ajustarán a las normas constitucionales relativas a las garantías procesales, a la equidad y a la imparcialidad;

III. Ordenar a la autoridad competente para que en el marco de sus atribuciones, establezca medidas cuyo objeto sea la realización de programas de capacitación que tiendan a incrementar la cultura de la promoción, respeto y tutela de los derechos humanos por parte de los servidores públicos y de la sociedad en general;

IV. Órdenes que tengan por objeto propender a la protección de grupos específicos, tales como: los profesionales del derecho, los profesionales de la salud y de la asistencia sanitaria, los profesionales de la información y otros sectores conexos, así como de los defensores de los derechos humanos, y

V. La promoción de mecanismos destinados a prevenir y vigilar los conflictos sociales.

Artículo 44. La indemnización, que en su caso llegare a ser parte de la reparación del daño, deberá realizarse de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, considerando sólo los daños y perjuicios económicamente evaluables que tengan nexo causal con las violaciones de derechos humanos. La indemnización podrá comprender todos o algunos de los siguientes conceptos:

I. Lucro cesante. Cuyo cálculo se realizará a partir de la pérdida o detrimento de los ingresos de los particulares, directamente causadas por la violación al derecho humano.

Para el cálculo de lucro cesante deberá tomarse en cuenta el salario o ingreso real del particular en la fecha en que sucedieron los actos violatorios de los derechos humanos, e incorporar, en el primer caso los ajustes por incremento general de sueldos durante el período respectivo y, en el segundo caso, el incremento en el índice General de Precios al Consumidor teniendo en consideración la expectativa de vida del particular, su edad productiva y la fecha de la emisión de la sentencia. En aquellos casos en los que no sea posible comprobar el salario o ingreso real, se tomará en consideración el salario mínimo vigente en la fecha que se verificaron los actos violatorios de derechos humanos.

II. Daño emergente. Cuyo cálculo se realizará a partir de los gastos efectuados por los particulares con motivo de los actos violatorios del derecho humano, así como a partir de las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con la misma. El daño emergente podrá incluir, cuando sea procedente, la atención médica y psicológica de los particulares y la de sus familiares.

Para el cálculo del daño emergente deberán tomarse en cuenta las pruebas documentales sobre los supuestos daños emergentes que haya sufrido el particular.

III. Daño moral. Cuyo cálculo se realizará valorando los efectos lesivos de los sufrimientos y las aflicciones causadas a los particulares y a sus familiares al violarles el derecho humano, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones de carácter no pecuniario, en las condiciones de vida del particular o su familia.

El daño moral implica el pago de una compensación económica fijada en equidad para el particular o sus familiares, siempre que no sea factible o suficiente reparar el daño a través de medidas de satisfacción y de garantías de no repetición.

IV. Gastos y costas. Cuyo cálculo se realizará a partir de las erogaciones que, por concepto de y gastos y honorarios profesionales, hayan tenido que sufragar los particulares en el curso de los procesos o procedimientos instaurados con motivo de los hechos que dieron lugar a la sentencia que declaró la violación de derechos humanos.

Para el cálculo de los gastos y costas se tomarán en cuenta las pruebas documentales presentadas por los particulares y los aranceles que para tales efectos prevean las disposiciones aplicables.

Para los casos de indemnización por pérdida de la vida, o por lesiones que causen incapacidad parcial o total, permanente o temporal, se estará a las reglas que para tal efecto establece el artículo 1915 del Código Civil Federal.

Artículo 45. La indemnización que, en su caso, llegare a determinarse como forma de la reparación del daño deberá pagarse en moneda nacional, pudiendo convenirse su pago en especie.

Cuando la autoridad responsable de la violación al derecho humano pertenezca a la Federación, la indemnización será cubierta en los términos del artículo 47 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En caso de que pertenezca a una entidad federativa o a un municipio o demarcación político-administrativa del Distrito Federal, las indemnizaciones serán cubiertas por estas autoridades en términos de las disposiciones presupuestarias y/o hacendarias que las rijan.

Artículo 46. Queda prohibido que una víctima reciba por el mismo concepto, respecto de los mismos hechos y por el mismo daño más de una indemnización, sin perjuicio de que la responsabilidad por la violación pueda ser atribuible tanto al Estado, como a sus agentes en lo particular.

Artículo 47. En la determinación de las medidas tendientes a reparar las violaciones a los derechos humanos, los jueces deberán observar los principios de división y equilibrio de poderes y tener en cuenta las facultades constitucionales, legales y reglamentarias de los órganos del Estado.

Artículo 48. La causalidad única o concurrencia de hechos y condiciones causales, así como la participación de otros agentes en la generación del daño o afectación reclamados deberá probarse a través de la identificación de los hechos que produjeron el resultado final.

Artículo 49. Corresponde a la víctima probar que los daños o afectaciones por violaciones a los derechos humanos son consecuencia de acciones u omisiones que le son imputables al Estado por medio de sus agentes.

Corresponde al Estado probar que los daños o afectaciones por violaciones a los derechos humanos derivan de hechos o circunstancias imprevisibles o inevitables según los conocimientos de la ciencia o de la técnica existente en el momento de su acaecimiento; o bien, la existencia de caso fortuito o fuerza mayor que lo exoneran de responsabilidad.

Artículo 50. Las formas y modalidades que, en su caso, sean determinadas como reparación del daño a favor del particular, en ningún caso podrán ser interpretadas como prerrogativas que puedan obstaculizar el ejercicio de las facultades con que cuentan las autoridades del Estado, o que su ejercicio pueda derivarse de hechos que con posterioridad a la sentencia que declare la violación de los derechos humanos, llegaren a realizar los particulares en contravención del orden jurídico mexicano.

Artículo 51. Las disposiciones contenidas en la presente Sección se aplicarán e interpretarán en forma armónica e interdependiente con las leyes en materia penal, incluidas aquellas que rigen delitos en lo particular, las demás leyes que se refieran a la atención a las víctimas del delito, así como las demás normas que se relacionen con la protección y reparación de violaciones a derechos humanos o la responsabilidad patrimonial del Estado por cualquier daño que llegue a generar.

Artículo 52. La autoridad jurisdiccional que dicte medidas de reparación del daño por violaciones a derechos humanos, deberá tomar en cuenta las medidas de reparación del daño de cualquier tipo que ya hayan sido otorgadas a la víctima en sentencias y resoluciones previas.

Artículo 53. Las autoridades que hayan sido condenadas a la reparación del daño por violaciones a los derechos humanos, o las encargadas del cumplimiento de la sentencia, podrán repetir contra las personas directamente responsables el pago de la indemnización cubierta a las víctimas. Lo anterior, sin perjuicio de los procedimientos de responsabilidades que proceda iniciar en contra de las personas directamente responsables.

Artículo 54. Los principios previstos en la presente Sección serán aplicables, en lo conducente, a los procedimientos alternativos de solución que prevean las leyes federales y de las entidades federativas.

Sección Segunda
De la Reparación del Daño como Consecuencia de Delito

Artículo 55. (De la reparación del daño)

Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, diferenciada, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del hecho punible que las ha afectado.

La reparación del daño es un derecho de las víctimas de delito y una obligación de los responsables o de los terceros que estén obligados a dicha reparación.

Artículo 56. (De la integración de la reparación del daño)

La reparación del daño comprende, sin perjuicio de lo señalado en los códigos sustantivos de la materia:

I. La restitución del bien perdido por la comisión del delito, y si no fuere posible, el pago del precio de la misma al momento de la comisión del delito;

II. La indemnización por la privación de la vida, la cual se estimará conforme a las disposiciones legales aplicables al respecto;

III. La indemnización del daño material causado, incluyendo, el pago de la rehabilitación, esto es, el pago de los tratamientos médicos curativos o psicoterapéuticos que, como consecuencia del delito, sean necesarios para la atención de problemas de salud de la víctima y para la recuperación de la misma;

IV. La indemnización, en su caso, por el daño moral, mismo que procederá para compensar a la víctima, entre otros, el sufrimiento que se le haya causado, así como la afectación a su honor y fama pública, en los términos de la legislación civil aplicable;

V. La indemnización para resarcir los perjuicios ocasionados, conforme a lo señalado por el Código Civil Federal o en el correspondiente de la entidad federativa, incluyendo y la indemnización equivalente a la totalidad de los salarios o ingresos dejados de percibir por causa del delito, y

VI. La satisfacción, consistente en las acciones orientadas a restituir el buen nombre de la víctima, su dignidad, su honor, y, en su caso, a las medidas simbólicas o en memoria de las víctimas.

Artículo57. (De la determinación del daño)

El daño causado a las víctimas por la comisión de un delito será determinado por el Ministerio Público al momento del ejercicio de la acción penal y por la autoridad judicial en la sentencia respectiva, de acuerdo a la legislación aplicable.

Tendrán la naturaleza de daño directo la pérdida de la vida y las lesiones físicas o psicológicas que sufran las víctimas como consecuencia directa del delito.

Serán considerados como elementos constitutivos de daño indirecto los perjuicios y pérdidas patrimoniales que sean consecuencia directa de la comisión del delito, los cuales deberán ser considerados en la reparación del daño ordenada en la sentencia, bajo las reglas que señalan las leyes penales y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 58. (De la reparación del daño en los casos de extinción de dominio)

El Ministerio Público demandará, en los casos en que proceda, la extinción de dominio de los bienes relacionados con la acción u omisión delictiva en términos de la ley de la materia, con la finalidad de que su producto se aplique al pago de la reparación del daño conforme proceda y de acuerdo con la legislación penal correspondiente.

Artículo 59. (De las reglas especiales para la reparación del daño)

La reparación del daño deberá ser cubierta directamente a las víctimas por el sentenciado o por los terceros que estén obligados a dicha reparación, salvo en los casos siguientes.

Cuando la víctima del hecho delictuoso haya fallecido, se considerarán como víctimas indirectas y tendrán derecho a recibir la reparación del daño, los descendientes en línea recta hasta el tercer grado, el cónyuge, la concubina o concubinario, o ascendientes en línea recta hasta el tercer grado y los dependientes económicos. En caso de no existir ninguno de los mencionados, el monto de la reparación del daño se destinará al Fondo de Apoyo correspondiente, y

I. Cuando la víctima padezca lesiones transitorias o permanentes que impliquen pérdida o disminución de sus facultades físicas o mentales, también podrán recibir en su nombre el monto de la reparación del daño, los beneficiarios citados en la fracción anterior.

Capítulo Octavo
De la Atención a Familiares de Personas Desaparecidas o no Localizadas a Consecuencia de Delitos

Artículo 60. (De la atención médica a familiares de personas desaparecidas o no localizadas)

La atención médica a familiares de personas desaparecidas o no localizadas a consecuencia de los delitos a que se refiere el artículo 72, será proveída por la institución pública de salud de la que sean derechohabientes. En caso de no serlo de ninguna o de que la atención que se requiera no sea proveída por ésta, será brindada por otras instituciones del Sistema Nacional de Salud de la entidad federativa de que se trate o, en su defecto, de la Federación.

Artículo 61. (De la atención psicológica a familiares de personas desaparecidas o no localizadas)

La atención psicológica a familiares de personas desaparecidas o no localizadas a consecuencia de los delitos a que se refiere el artículo 72, será proveída por la Procuraduría Social competente en los términos de lo dispuesto por el artículo 18, así como por la institución pública de salud de la que sean derechohabientes. En caso de no serlo de ninguna o de que la atención que se requiera no sea proveída por ésta, será brindada por otras instituciones del Sistema Nacional de Salud de la entidad federativa de que se trate a las que el familiar sea remitido por la Procuraduría Social o, en su defecto, de la Federación.

Artículo 62. (De la atención jurídica a familiares de personas desaparecidas o no localizadas)

La atención jurídica a familiares de personas desaparecidas o no localizadas a consecuencia de los delitos a que se refiere el artículo 72, será proveída por la Procuraduría Social competente y abarcará:

I. El impulso y colaboración en el ámbito de su competencia en la búsqueda y ubicación de la persona;

II. Apoyo jurídico en la tramitación del juicio de declaración de ausencia y presunción de muerte ante los órganos jurisdiccionales correspondientes;

III. Orientación y asesoría jurídica para hacer valer derechos laborales adquiridos por esas personas desaparecidas o no localizadas cuando en averiguación previa existan indicios de que fueron víctima de ilícitos perpetrados por la delincuencia organizada, así como en las materias mercantil, civil, familiar, fiscal y las demás en que proceda;

IV. Orientación y asesoría jurídica para tramitar el pago del siniestro en el caso de que existir un contrato de seguro que resulte aplicable, una vez emitida la sentencia a que se refiere la fracción anterior;

V. Asesoría o asistencia jurídicas para que se reconozca la ausencia de su familiar en los trámites que tengan que realizar ante las instancias jurisdiccionales o administrativas;

VI. Aportar al expediente de la averiguación previa correspondiente y a las demás autoridades responsables de buscar, localizar y, en su caso, recuperar a personas desaparecidas o no localizadas, elementos de información útiles a dichos propósitos con los que se entre en contacto;

VII. Acompañar a los familiares de personas desaparecidas o no localizadas con motivo de alguno de los delitos señalados en el artículo 72 de la presente Ley, para solicitar ante el Ministerio Público y otras autoridades competentes, incluidas las de policía y de salud, información relacionada con la búsqueda, localización, identificación y recuperación de dichas personas o de sus restos mortuorios en poder de la autoridad, tras corroborarse que corresponden a su familiar;

VIII. Enlace y coordinación por el personal especializado de la Procuraduría Social con las instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno, así como con los sectores público, social y privado, para la activación de acciones y mecanismos de búsqueda, localización y recuperación de personas desaparecidas o no localizadas;

IX. Consulta por el personal especializado de la Procuraduría Social de la información gubernamental derivada del hallazgo de cadáveres vinculados con delitos de alto impacto, localizados en territorio nacional;

X. Búsqueda de la persona por el personal especializado de la Procuraduría Social en las redes de información sobre personas desaparecidas o no localizadas, así como en las plataformas existentes tanto de la Procuraduría General de la República como de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, sobre dicho tema, y

XI. Búsqueda de la persona por el personal especializado de la Procuraduría Social en los registros inmediatos de detención de personas existentes.

Artículo 63. (De la gestoría social a familiares de personas desaparecidas o no localizadas)

La gestoría social a familiares de personas desaparecidas o no localizadas a consecuencia de los delitos a que se refiere el artículo 72 de esta Ley, será proveída por la Procuraduría Social competente y consistirá en gestionar el acceso a los subsidios o ayudas previstos en programas de los sectores gubernamental, social y privado, en materia de gastos funerarios, becas u otros inherentes y, en su caso, otorgarlos directamente cuando proceda conforme a la normatividad aplicable. El derecho de estos familiares a que se refiere este artículo estará condicionado a que hayan presentado previamente la denuncia por el o los delitos correspondientes;

Título Tercero
De las Autoridades en Materia de Atención a las Víctimas

Capítulo Primero
De las Instancias Responsables y sus Obligaciones

Artículo 64. (Instancias responsables de la atención integral a víctimas)

La Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos o la instancia local correspondiente, será la responsable de coordinar con su junta de gobierno o consejo de participación, a las instituciones de seguridad pública, el Sistema Nacional de Seguridad Pública y las entidades y dependencias de los tres órdenes de gobierno descritas en este ordenamiento, para alcanzar la atención integral a las víctimas, de conformidad con lo establecido en la presente Ley y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Para tal efecto, la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos o la instancia local correspondiente podrá celebrar los acuerdos, convenios y demás instrumentos convencionales, mediante los cuales se establezcan los mecanismos de coordinación y colaboración que permitan la participación de los sectores público, social y privado en materia de atención integral y protección a las víctimas.

Artículo 65. (Del personal de atención a víctimas)

Todo servidor público que dentro de su ámbito de competencia tenga contacto con las víctimas, deberá estar debidamente capacitado para brindarles un servicio de calidad, acorde a su condición de víctima. Será responsabilidad de los titulares de las procuradurías sociales y de la Procuraduría General de la República y sus equivalentes en las entidades federativas, así como de las dependencias y entidades del sector público de los tres órdenes de gobierno, instrumentar las acciones que resulten necesarias para lograr dicho fin, observando los principios de probidad, honradez, imparcialidad, objetividad y profesionalismo.

Las formas de atención reguladas por la Ley deberán prever la participación de personas especialistas en derecho victimal, justicia restaurativa, trauma, violencia sexual y violencia contra las mujeres y niños, además de fomentar la capacitación de funcionarios en estas áreas de particular sensibilidad.

La observancia de lo dispuesto en el párrafo anterior, se hará extensiva a las instituciones del sector social y privado con las que se hayan celebrado los convenios a que se refiere el artículo 66 de la presente Ley.

Artículo 66. (De las autoridades)

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a través de las instancias que correspondan, están obligadas a proporcionar atención integral y protección a las víctimas en sus respectivos ámbitos de competencia, en los términos establecidos por la presente Ley y demás ordenamientos aplicables.

De manera enunciativa y no limitativa, se establecerán en los términos señalados por esta Ley los mecanismos necesarios para su coordinación con las siguientes instituciones:

I. La Secretaría de Salud y demás organismos públicos que presten servicios de salud de los tres órdenes de gobierno;

II. La Secretaría de Desarrollo Social federal y las correspondientes de las entidades federativas;

III. El Poder Judicial de la Federación y los poderes Judiciales de las entidades federativas;

IV. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de los tres órdenes de gobierno;

V. Las instituciones de seguridad pública y protección civil de los tres órdenes de gobierno, así como las diversas instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública;

VI. Las instituciones privadas de salud o cualquier otra con quienes se suscriba convenio o acuerdo para brindar auxilio y asistencia a las víctimas;

VII. Las instituciones encargadas de dar atención especializada a mujeres, menores de edad, personas con discapacidad o integrantes de los pueblos indígenas, migrantes y a otros grupos vulnerables, y

VIII. Las autoridades homólogas o afines a las señaladas en los incisos anteriores, de las entidades federativas y municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Capítulo Segundo
De la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos o la Instancia Local Correspondiente

Artículo 67. (De la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos o la instancia local correspondiente) .

Para efectos de la presente Ley, además de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos que es la instancia correspondiente al ámbito federal, cada entidad federativa deberá contar con una instancia que coordine la atención integral a las víctimas del fuero común, con la finalidad de que los mismos servicios se presten de acuerdo a lo dispuesto en esta Ley y cuyas dependencias encargadas de brindar el servicio cuenten con áreas especializadas de atención de víctimas, de acuerdo con la estructura que establezca la legislación aplicable.

Dichas instancias coordinarán la participación de las organizaciones sociales mediante los mecanismos o instrumentos que se consideren necesarios, buscando una adecuada relación con instituciones culturales o científicas, con prestadores de servicios especializados de carácter victimológico, criminológico, legal, médico, psicológico, sociológico, asistencial, de justicia restaurativa y cualquier otro vinculado con las ciencias penales y victimológicas, incluidas las universidades, los colegios de profesionales, barras, asociaciones y agrupaciones.

La Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos y las instancias locales correspondientes tendrán facultades para coordinar y promover que se proporcionen los servicios a que se refiere esta Ley, en el ámbito de sus competencias.

La Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos y las instancias locales correspondientes, según sea el caso, brindarán atención y procurarán el acceso de las víctimas al auxilio, protección, tratamiento, orientación, asesoría y representación jurídica especializada a las víctimas, particularmente el apoyo inmediato por los daños más graves sufridos.

Artículo 68. (De las áreas de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos o instancias locales similares)

Además de lo señalado en la normatividad aplicable y para efectos de la presente Ley, la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos y las instancias locales correspondientes deberán contar, como mínimo, con las siguientes áreas básicas de atención a víctimas:

I. Recepción, información y orientación a usuarios;

II. Atención telefónica;

III. Orientación, asesoría y representación jurídica;

IV. Asistencia médica y psicológica;

V. Recepción, trámite y seguimiento de medidas de protección;

VI. Apoyo en la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas;

VII. Asistencia Social;

VIII. Albergues temporales, cuando sea factible;

IX. Políticas públicas

X. Apoyo laboral;

XI. Investigación y normativa en materia de atención a víctimas;

XII. Evaluación del desempeño institucional, y

XIII. Las demás que dispongan los Reglamentos correspondientes y las que acuerde la Conferencia Nacional de Atención Integral a Víctimas.

Artículo 69. (Del personal especializado)

Para el ejercicio de sus atribuciones, la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos y las instancias locales correspondientes se auxiliarán de unidades administrativas y personal debidamente capacitado en sus diferentes áreas, de conformidad con la normatividad aplicable y con los artículos 65 y 66 de la presente Ley.

Capítulo Quinto
De la Protección a la Víctima y a los Familiares de Personas Desaparecidas

Artículo 70. (De la protección de víctimas bajo amenaza grave a su vida o integridad personal)

Con independencia de que se encuentren dentro de un procedimiento penal o de cualquier otra índole, las víctimas bajo amenaza a su vida o integridad personal tendrán derecho a la protección cautelar, por parte del Estado, de su persona y a la de sus familiares hasta el segundo grado, en los términos de lo dispuesto en este Capítulo.

La protección oportuna y pertinente a estas víctimas será garantizada por el Ministerio Público, así como por las demás autoridades que resulten competentes, en términos de las disposiciones jurídicas en la materia.

Las medidas de protección deberán brindarse atendiendo a las circunstancias del caso, cuando existan elementos objetivos y verificables de que sobre la persona pende una amenaza ya sea a su vida o a su integridad personal con riesgo elevado de materializarse, así como fundarse en un análisis objetivo de riesgo.

Las medidas de protección proveídas deberán ser acordes a la dignidad de la víctima y respetar su privacidad.

Artículo 71. (De los factores y criterios para estimar la necesidad de la protección a víctimas bajo amenaza grave a su vida o integridad personal)

En todos los casos la necesidad de proveer medidas de protección que establece este capítulo será valorada por las autoridades considerando, entre otros, la confluencia de los siguientes factores, procediendo en la valoración de manera secuencial en el orden enunciado:

I. Que se deduzca de elementos objetivos que una víctima se encuentra bajo una Amenaza actual, real y de naturaleza grave ya sea a su vida o a su integridad personal, entendida como la condición de la persona o situación de la misma de ser blanco inminente de un ataque dirigido a privarle de la vida o a infringirle lesiones que afecten sustancialmente su integridad física, que lo coloca en peligro presente, evidente y delicado;

II. Que existan, en función de acontecimientos y circunstancias tanto pasados como presentes que así lo evidencien, razones fundadas para estimar que dichos bienes jurídicos están en alto riesgo de que la Amenaza se concrete en los hechos causando la pérdida de la vida o afectaciones graves a la integridad de esa persona;

III. Que, en el caso de víctimas bajo Amenaza, la persona de que se trate haya sufrido en los últimos dos años, incluso en grado de tentativa, alguno de los delitos previstos en el artículo 72, o que, en el caso de familiares de personas desaparecidas o no localizadas, el familiar haya desaparecido con motivo de la violencia ejercida por el crimen organizado;

IV. Que el Riesgo Estimado de Concreción de la Amenaza sea elevado, entendido como la cuantificación de la estimación de la probabilidad que existe, conforme a datos objetivos, de que la Amenaza termine materializándose, en los hechos durante los próximos 90 días naturales, contra la persona;

V. El grado de Vulnerabilidad de la persona frente a la Amenaza, entendido como la estimación de la medida en que las condiciones objetivas de la persona y su entorno, implican la exposición de ella a terminar sufriendo el daño al emprenderse el ataque en su contra, es decir hacen factible, en los hechos y conforme a datos objetivos, que alcance su objetivo final un ataque que se haya propuesto privarle de la vida o infringirle lesiones que afecten sustancialmente su integridad física, y

VI. La viabilidad de poner en práctica ciertas medidas de protección para acotar el grado de Vulnerabilidad de la persona frente a la Amenaza, entendido como el análisis de la factibilidad presupuestal, operativa e institucional de ejecutar en tiempo las medidas de que se trate, entendidas como aquellas que emprende la autoridad dirigidas a acotar la Vulnerabilidad, disminuir el Riesgo y desalentar un ataque que intente concretar la Amenaza.

En caso que se presente la evasión de un arraigado, detenido, procesado o sentenciado, la víctima que lo denunció o testificó en su contra, podrá solicitar la protección a la que se refiere esta ley, de conformidad con los criterios establecidos en el presente artículo y con las demás disposiciones jurídicas en la materia.

Artículo 72. (De los delitos respecto de los cuales la persona bajo amenaza grave a su vida o integridad personal deberá tener la condición de víctima)

Para la procedencia de las medidas de protección y como indicativo de la propensión al ejercicio de la violencia física por quienes previamente han perpetrado un delito en contra de la persona bajo amenaza grave a su vida o integridad personal, se requerirá que ésta tenga ya acreditada la condición de víctima por haber sufrido, aún en grado de tentativa, alguno de los siguientes delitos:

I. Desaparición forzada;

II. Extorsión cuando el constreñimiento se realiza con ejercicio de la violencia física o amenaza de recurrir a ella;

III. Genocidio;

IV. Homicidio calificado;

V. Lesiones graves que ponen en peligro la vida, excluyendo las que hayan sido inferidas en riña o en duelo;

VI. Terrorismo;

VII. Tortura;

VIII. Trata de personas por lo que respecta a retención y/o explotación;

IX. Violación;

X. Los contemplados en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, y

XI. Los contemplados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Artículo 73. (De las modalidades para el otorgamiento de las medidas de protección)

Las medidas temporales de protección dirigidas a acotar la vulnerabilidad a sufrir un ataque de las personas a las que se refiere este capítulo, deberán ser otorgadas con la oportunidad que se amerite, tomando en cuenta entre otros aspectos, la vulnerabilidad de la víctima, su situación de riesgo, la naturaleza de la amenaza, la identidad de quien la ha proferido, en su caso, así como la capacidad de la víctima para adaptarse a las medidas de protección.

Toda petición de medidas de protección será presentada, para su estudio y resolución conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, ante aquella autoridad que cuente con facultades para proceder, en su caso, a su provisión y ejecución.

En todo caso deberá generarse un dictamen que sustente la determinación de que se trate.

Las medidas de protección que, en todos los casos, hayan sido conferidas serán retiradas por la autoridad cuando la amenaza haya desaparecido o el riesgo de que se concrete se haya atenuado hasta hacer insubsistente la necesidad de mantenerlas.

Artículo 74. (Tipos de medidas cautelares de protección)

Dentro de las medidas cautelares de protección podrán contemplarse al menos las siguientes:

I. El traslado de la víctima y/o sus familiares a un refugio de alta seguridad para su estancia temporal en el mismo;

II. Vigilancia, custodia y salvaguarda de su integridad personal, incluyendo, en su caso, durante sus traslados;

III. Acotamiento de vulnerabilidades en su domicilio y, en su caso, lugar de trabajo, así como vigilancia del mismo, y

IV. Excepcionalmente la entrega de apoyo financiero para facilitar el traslado de la víctima y familiares a los lugares donde se les brinde tratamientos o participen en procedimientos penales.

Toda medida de protección será implementada con el consentimiento expreso y por escrito de las víctimas, sus representantes legales y/o personas beneficiadas, por lo que se permitirá a éstas exponer su parecer sobre sus necesidades y las medidas requeridas para mejorar su seguridad. Las personas beneficiarias de las medidas de protección deberán colaborar activamente para su eficacia, observando las directrices emitidas por el personal de seguridad.

Las cuestiones relativas a la operatividad, coordinación, solicitudes, requisitos y demás elementos para requerir y hacer efectivas las medidas de protección dispuestas en el presente capítulo, deberán precisarse en los ordenamientos correspondientes.

Las medidas de protección deberán ser otorgadas con cargo al presupuesto autorizado de la dependencia o entidad del gobierno federal, de la entidad federativa o del municipio que sea competente para prestarlas.

En casos extraordinarios una medida de protección podrá ser cubierta con cargo a los recursos del Fondo de Apoyo a Víctimas que corresponda al fuero del delito de que se trate, conforme a los casos, modalidades, reglas y requisitos que establezcan los ordenamientos correspondientes.

Artículo 75. (De la reserva y de la confidencialidad de la información relacionada con la protección de víctimas)

La información y documentación relacionada con las personas protegidas, será considerada ya sea como reservada o como confidencial, en los términos que dispone la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con excepción de aquélla de carácter estadístico, la cual podrá ser proporcionada en los términos de la ley referida, siempre y cuando no ponga en riesgo la seguridad de las personas sujetas a protección.

Los servidores públicos que con motivo de sus funciones conozcan de las medidas de protección previstas en el presente capítulo y por cualquier motivo dejen de prestar sus servicios, están obligadas a no revelar información sobre la operación de aquéllas, apercibidos de las consecuencias civiles, administrativas o penales, según corresponda por su incumplimiento.

Capítulo Tercero
De las Facultades de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos o la Instancia Local Correspondiente y de los Servicios en Particular

Artículo 76. (Del objeto de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos o la instancia local correspondiente)

La Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos y las instancias locales correspondientes, tendrán por objeto asegurar el acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados que el Estado proporcionará a las víctimas u ofendidos de delitos, para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y su reincorporación a la vida cotidiana, por cualquier medio que garantice el contacto entre el organismo y la víctima de delitos, incluyendo medios digitales y electrónicos.

Asimismo, diseñarán, promoverán e impulsarán políticas públicas en beneficio de las víctimas y operarán programas para brindarles atención.

Artículo 77. (De las facultades de las procuradurías)

Para el cumplimiento de su objeto, la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos y las instancias locales correspondientes, tendrán en el ámbito de su competencia, entre otras, las siguientes atribuciones:

I. Ejercer, dirigir, coordinar, organizar, vigilar y evaluar, en la esfera de su competencia, la función de atención a las víctimas, a nivel de la federación o de la entidad federativa, según corresponda;

II. Coordinarse con cualquier autoridad, incluidas instituciones de seguridad pública, las instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los Centros de Atención a Víctimas y organismos sociales y privados, para el logro de sus objetivos;

III. Proveer de manera directa o a través de instituciones especializadas servicios a víctimas;

IV. Brindar, cuando sea factible, alojamiento temporal en albergues y albergues especializados, a víctimas que no se encuentren en condición de riesgo extremo, en los términos que determine la reglamentación correspondiente;

V. Facilitar ante las autoridades competentes, el acceso a las víctimas a los subsidios o ayudas previstos en los programas, entre otros, gastos funerarios, becas, compensaciones, seguros médicos o, en su caso, podrá otorgarlos directamente a víctimas, de conformidad con las reglas de operación y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como las previsiones presupuestarias aprobadas para tal efecto;

VI. Solicitar a las instituciones públicas involucradas en la investigación de los delitos, la información y apoyo que requiera para el cumplimiento de sus funciones, por sí o por la víctima o su representante legal, cuando así corresponda, atendiendo a la confidencialidad de datos y a la reserva de la averiguación previa;

VII. Recopilar y sistematizar la información relacionada con las víctimas u ofendidos de delitos y con la atención que les brinde;

VIII. Promover la investigación y elaborar y difundir diagnósticos y estudios sobre la situación de las víctimas u ofendidos de delitos, así como recomendar acciones y reformas al marco jurídico para asegurar su reconocimiento y atención eficaz y oportuna;

IX. Elaborar y proponer la instrumentación de modelos y protocolos de atención a víctimas, así como prestar asesoría técnica en esa materia;

X. Generar, compilar, manejar y sistematizar la información derivada de los programas y mecanismos de atención a las víctimas;

XI. Participar en el desarrollo de redes de información sobre la atención a las víctimas;

XII. Planear, programar, coordinar y dar seguimiento a los servicios de atención a víctimas, incluyendo aquellos proveídos por terceros;

XIII. Formular, ejecutar y supervisar programas y campañas de atención y protección a víctimas, así como evaluar sus resultados;

XIV. Verificar la oportuna y adecuada actuación de las instituciones especializadas para brindar la atención a víctimas u ofendidos de delitos, así como dar el seguimiento que corresponda;

XV. Diseñar programas de vinculación en conjunto con la Procuraduría General de la República y sus similares en las entidades federativas, según corresponda, para que en el ámbito de su competencia, se dé una atención pertinente, digna y de calidad a las víctimas a través de la capacitación y sensibilización del personal que tiene contacto con las víctimas;

XVI. Coadyuvar con autoridades que tengan competencia en materia de atención a víctimas;

XVII. Impulsar y colaborar en el ámbito de su competencia la búsqueda y ubicación de personas desaparecidas o no localizadas con motivo de las conductas y delitos previstos en el artículo 72 de la presente Ley;

XVIII. Brindar a los familiares que tengan la calidad de víctima indirecta, cuando una persona se encuentre desaparecida o no localizada, con motivo de las conductas y delitos previstos en el artículo 72 de la presente Ley, apoyo jurídico en la tramitación del juicio de declaración de ausencia y presunción de muerte ante los órganos jurisdiccionales correspondientes;

XIX. Brindarles orientación y asesoría jurídica para hacer valer derechos laborales adquiridos por esas personas desaparecidas o no localizadas cuando en averiguación previa existan indicios de que fueron víctima de ilícitos perpetrados por la delincuencia organizada, así como en las materias mercantil, civil, familiar, fiscal y las demás en que proceda;

XX. Brindarles, una vez emitida la sentencia a que se refiere la fracción anterior, orientación y asesoría jurídica para tramitar el pago del siniestro en el caso de que existir un contrato de seguro que resulte aplicable;

XXI. Brindarles asesoría o asistencia jurídicas para que se reconozca la ausencia de su familiar en los trámites que tengan que realizar ante las instancias jurisdiccionales o administrativas;

XXII. Establecer vínculos con instancias públicas, sociales y privadas que tengan como misión contribuir a la búsqueda y localización de personas desaparecidas o no localizadas, así como brindar atención y servicios a sus familiares y a las víctimas en caso de ser encontradas;

XXIII. Diseñar, en trabajo conjunto con instancias públicas, sociales y privadas, procedimientos y protocolos dirigidos a brindar atención a los familiares o círculo social más cercano de personas desaparecidas o no localizadas con motivo de las conductas y delitos previstos en el artículo 72 de la presente Ley, así como aquellos dirigidos a proveer atención al propio desaparecido cuando es encontrado, rescatado o reaparece;

XIV. Aportar a las autoridades responsables de buscar, localizar y, en su caso, recuperar a personas desaparecidas o no localizadas, elementos de información útiles a dichos propósitos de los que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones;

XXV. Acompañar a los familiares de personas desaparecidas o no localizadas con motivo de alguno de los delitos señalados en el artículo 72 de la presente Ley, para solicitar ante el Ministerio Público y otras autoridades competentes, incluidas las de policía y de salud, información relacionada con la búsqueda, localización, identificación y recuperación de dichas personas;

XXVI. Promover e implementar acciones y mecanismos de enlace y coordinación con las instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno, así como con los sectores público, social y privado, para la búsqueda, localización y recuperación de personas desaparecidas o no localizadas;

XXVII. Intercambiar experiencias con organizaciones internacionales en materia de búsqueda, localización y atención de personas desaparecidas o no localizadas y en materia de servicios a sus familiares, así como investigar y difundir al interior del país mejores prácticas prevalecientes a nivel internacional;

XXVIII. Generar y sistematizar la información relacionada con personas desaparecidas o no localizadas, derivada de los expedientes que se integren en la Procuraduría, con el fin de aportar información útil para la prevención, investigación, y localización, así como generar indicadores agregados a nivel nacional;

XXIX. Recopilar, sistematizar y analizar la información derivada del hallazgo de cadáveres vinculados con delitos de alto impacto, localizados en territorio nacional, con el propósito final de brindar atención a familiares de personas desaparecidas o no localizadas como consecuencia de los delitos señalados en el artículo 72 de la presente Ley;

XXX. Estar presente, cuando sea factible, en las diligencias de exhumación de uno o más cadáveres cuando existan elementos que permitan presuponer que los restos corresponden a alguna persona respecto de la que la Procuraduría Social de que se trate viene prestando servicios a sus familiares que le han reportado como desaparecida o no localizada;

XXXI. Estar presente, cuando sea factible, en las diligencias de inhumación colectiva de cadáveres no identificados, tras recibir aviso de que ésta será llevada a cabo o tomar conocimiento de la noticia;

XXXII. Participar en el desarrollo y explotación de redes de información sobre personas desaparecidas o no localizadas, así como su vinculación a las plataformas existentes tanto de la Procuraduría General de la República como de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, sobre dicho tema;

XXXIII. Acceder a los registros inmediatos de detención de personas existentes con el propósito de lograr la identificación y localización de aquellas reportadas como desaparecidas o no localizadas por los familiares a quienes brinda atención;

XXIV. Gestionar el acceso de víctimas y de familiares de personas desaparecidas o no localizadas como consecuencia de los delitos señalados en el artículo 72 de la presente Ley, a los subsidios o ayudas previstos en programas de los sectores gubernamental, social y privado, en materia de gastos funerarios, becas u otros inherentes y, en su caso, otorgarlos directamente cuando proceda conforme a la normatividad aplicable, y

XXXV. Recomendar reformas al marco jurídico en matera de búsqueda, localización y recuperación de personas desaparecidas o no localizadas, así como de atención a éstas y a sus familiares;

XXXVI. Promover la participación de las víctimas en la elaboración y diseño de políticas y programas de atención y protección en los términos y condiciones que establezca el marco jurídico;

XXXVII. Realizar foros abiertos de consulta ciudadana, para conocer las expectativas y necesidades sociales en materia de protección a las víctimas;

XXXVIII. Brindar asesoría técnica a las diversas instancias federales y locales, según sea el caso, así como a entes sociales y privados, en materia de capacitación y sensibilización para la atención y protección a víctimas;

XXXIX. Promover acciones específicas de atención y protección a las víctimas e involucrar en esta tarea, inclusive mediante la celebración de convenios, al sector educativo en general, a las autoridades de salud, sindicatos, agrupaciones empresariales y de comerciantes, sociedades de padres de familia, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil organizada, víctimas y colectivos de víctimas;

XL. Participar en la preparación de reformas jurídicas y administrativas en materia de atención y protección a víctimas tendentes a armonizar todos los servicios a disposición de las víctimas de acuerdo a las atribuciones que se les concedan en sus ámbitos correspondientes;

XLI. Fomentar la cultura de protección a las víctimas;

XLII. Realizar actos y celebrar convenios de coordinación y colaboración con autoridades e instituciones vinculadas con las funciones de protección a víctimas de los tres órdenes de gobierno;

XLIII. Recabar donativos en dinero y en especie para proveer apoyos a víctimas;

XLIV. Participar en la creación de fideicomisos, ya sea como fideicomitente y/o fideicomisario para el logro de sus objetivos;

XLV. Con la participación de las instituciones correspondientes, elaborar un programa integral de comunicación social para dar a conocer los derechos y beneficios que consagra la presente Ley en favor de las víctimas;

XLVI. Celebrar convenios con instituciones públicas, sociales y privadas para la realización de campañas de difusión de los instrumentos y mecanismos de protección a víctimas, así como para la obtención de recursos para el Fondo de Apoyo correspondiente;

XLVII. Promover el otorgamiento de beneficios e incentivos de carácter fiscal y económico, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, a fin de alentar la participación de los sectores social y privado en beneficio de las víctimas;

XLVIII. Participar en la generación de programas de prevención del delito en conjunto con las autoridades competentes en la materia;

XLIX. Diseñar programas, emitir lineamientos y realizar acciones para fomentar la cultura de denuncia ciudadana de delitos, y

L. Las demás que señale la presente Ley y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 78. (De los servicios de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos o la instancia local correspondiente en materia jurídica)

La Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos y las instancias locales correspondientes, a través de sus áreas jurídicas, brindarán servicios para que la víctima goce de un acceso igualitario a la justicia, por lo que deberán proveer, a petición de parte:

I. Información sobre los derechos que la Constitución, los tratados internacionales, esta Ley, y otras legislaciones les reconocen;

II. Orientación jurídica sobre los diferentes mecanismos de acceso a la justicia de que dispone la víctima y sus implicaciones, incluidos los mecanismos alternos;

III. Asesoría jurídica para la defensa y ejercicio de sus derechos ante los distintos órganos de procuración y administración de justicia, así como ante las instancias de derechos humanos;

IV. Acompañamiento a la víctima, en los casos y condiciones que establezca la reglamentación correspondiente, cuando ésta actúe ante los distintos órganos de procuración y administración de justicia, así como ante las instancias de derechos humanos;

V. Representación jurídica de la víctima, en los casos y condiciones que establezca la reglamentación correspondiente. El derecho de la víctima a ser representado jurídicamente estará condicionado a que la víctima haya presentado previamente la denuncia por el o los delitos correspondientes;

VI. Conciliación, mediación o arbitraje por personal especializado en justicia restaurativa y victimología, a solicitud de la víctima, en relación con el delito perpetrado en su contra y en los casos en que proceda conforme a derecho, y

VII. Las demás que determinen la presente Ley, su Reglamento, los acuerdos de la Conferencia Nacional de Atención Integral a Víctimas y las demás disposiciones legales, reglamentarias y normativas aplicables.

Artículo 79. (Del contenido y alcance de los servicios de atención jurídica)

Para los efectos señalados en los dos artículos anteriores, los servicios de atención jurídica podrán abarcar:

I. En el caso de la orientación jurídica: la explicación puntual de la o las vías por las cuales las víctimas puedan hacer efectivos sus derechos, las instancias competentes ante quienes puedan acudir y los resultados previsibles de las acciones a emprender, así como sus implicaciones. La orientación jurídica podrá ser proveída por cualquier medio, incluso de forma verbal o electrónica y deberá incluir la provisión de elementos por la autoridad dirigidos a resolver las dudas que plantee la víctima;

II. Asesoría jurídica: la evaluación del caso que exponga la víctima, analizando la información aportada por ésta y la emisión de una opinión escrita en la que se le recomienden los posibles cursos de acción que puede emprender para hacer valer sus derechos;

III. Acompañamiento a la víctima: la asistencia directa a la víctima en los momentos en que esté compareciendo y actuando ante los distintos órganos de procuración y administración de justicia, así como ante las instancias de derechos humanos, proveyéndole de apoyo jurídico dirigido a maximizar la eficacia de sus gestiones, promociones y actuaciones y a reaccionar de manera pertinente ante las situaciones que se vayan presentando;

IV: Representación jurídica: el ejercicio, en nombre y representación de la víctima, de las acciones de promoción y de defensa de los derechos e intereses legítimos de la víctima, ante toda autoridad competente, en el marco de los procedimientos penales, así como en los procedimientos de orden civil que tengan por objeto que la víctima obtenga la reparación del daño. Incluye aquellas acciones dirigidas a hacer valer los distintos derechos que confiere a la víctima el apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El servicio de representación jurídica podrá comprender desde la presentación de la denuncia o querella hasta los recursos y medios de impugnación que prevean las leyes aplicables e incluye el diseño y despliegue de la estrategia procesal.

Dicha representación deberá hacerse constar ante el Ministerio Público o juzgador, según corresponda, con autorización de la víctima.

En igualdad de circunstancias, la representación jurídica será otorgada prioritariamente a víctimas de delitos relacionados con violaciones graves que pongan en peligro o afecten la vida, la integridad personal, la seguridad o la libertad personales, así como la libertad e indemnidad sexuales.

Con exclusión de la información proveída de manera general en páginas de Internet, folletos y similares, la provisión de cualquiera de los servicios jurídicos enunciados en el artículo 59, implicará la apertura del expediente de la víctima ante la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos o la instancia local correspondiente.

Artículo 80. (De la representación jurídica)

Las víctimas podrán solicitar ser representadas jurídicamente por la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos o por la instancia local correspondiente, de acuerdo a lo fijado en la reglamentación correspondiente, debiendo hacerlo por escrito. Cuando así lo deseen, podrán renunciar a la representación que se les venga proveyendo, dejando constancia escrita de dicha renuncia en los expedientes o registros respectivos.

Artículo 81. (De las reglas en materia de aviso a la autoridad competente de hechos delictivos de los que las procuradurías sociales tengan conocimiento)

Respecto a lo dispuesto en el artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Penales y los correlativos de los ordenamientos de procedimientos penales locales, el personal de Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos o la instancia local correspondiente, deberá hacer del conocimiento del Ministerio Público competente, los hechos presuntamente constitutivos de delitos que pongan en riesgo la vida o la libertad de los que tome conocimiento al brindar atención a víctimas, en cuyo caso, habrá de gestionar todas las acciones inherentes a que se mantenga resguardada la identidad de la víctima y las medidas necesarias para su seguridad.

Artículo 82. (De los servicios médicos y psicológicos)

En materia de atención médica y psicológica, la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos o la instancia local correspondiente, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Brindar asistencia a las víctimas en las áreas de psicología, psiquiatría, psicosocial, medicina y gestionar, en los casos en que así sea necesario, la atención médica especializada por otras instancias del sector público;

II. La asistencia médica que reciban las víctimas deberá ser integral y comprenderá desde la atención de lesiones leves, hasta la rehabilitación en la medida de lo posible, comprendiendo todo el tratamiento que corresponda para la preservación y restablecimiento de la salud;

III. Coordinar los servicios médicos y psicológicos que se presten a las víctimas de carácter urgente por las autoridades competentes, a través de su área de atención respectiva;

IV. Cuando en las instituciones públicas de salud de cierto orden de gobierno no sea factible brindar la atención médica a que tiene derecho la víctima, las autoridades deberán explorar el que a dicha víctima le sea otorgada la atención médica o psicológica que requiere a través de los otros órdenes de gobierno;

V. En casos de daños graves a la salud de la víctima que pongan en peligro su vida, así como de lesiones físicas permanentes que impliquen la pérdida de un órgano o de un miembro del cuerpo, generados directamente por la comisión del delito y que se presenten como secuela directa del mismo sobre la salud de la víctima, respecto de los que las autoridades públicas de salud en los tres órdenes de gobierno dejen constancia escrita de que no es factible que sean atendidos por una institución del Sistema Nacional de Salud, el comité especializado interinstitucional que establezca el reglamento podrá determinar que la atención de dicho daño a la salud sea proveída en determinada institución de salud social o privada, con cargo a los recursos que haya disponibles en el Fondo de Apoyo, en los plazos, términos, condiciones y requisitos que establezca la reglamentación correspondiente;

VI. En los casos en que en las instituciones públicas no sea factible que a la víctima se le brinde la atención médica especializada que requiera, se podrán destinar recursos del Fondo de Apoyo para el tratamiento de la víctima en las instituciones sociales o privadas que cuenten con la especialidad correspondiente, siempre y cuando se trate de víctimas relacionadas con delitos en los que se afecten los derechos a la vida, la integridad personal, la seguridad y la libertad. El Estado repetirá contra el victimario por el mismo monto de esos recursos utilizados al proceder a la reparación del daño;

VII. Impulsar la creación de programas de atención especializada operados por personal capacitado que respondan a las necesidades locales de las víctimas y colectivos de víctimas;

VIII. La institución de salud que esté a cargo de la atención médica o psicológica de la víctima a la que la Procuraduría Social venga facilitando atención, deberá rendir a ésta, informes periódicos sobre la evolución de su estado de salud;

IX. Crear espacios colectivos en donde se promueva el trabajo grupal entre víctimas para propiciar su reinserción a sus actividades cotidianas, y

X. Las demás que determinen la presente Ley y los acuerdos de la Conferencia Nacional de Atención Integral a Víctimas.

Las víctimas que sean derechohabientes de algún régimen de seguridad social recibirán atención en las instituciones correspondientes al mismo y solo en caso de que no cuenten con los servicios para la asistencia del daño sufrido, la víctima será canalizada a la institución pública que pueda brindarla.

Artículo 83. (De los servicios en materia de asistencia social)

La Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos y la instancia local correspondiente, tendrá las siguientes facultades en el rubro de asistencia social:

I. Diseñar y ejecutar programas de información y campañas de difusión dirigidos a la población en general o a grupos específicos, a través de los cuales se den a conocer los derechos de las víctimas y las formas de hacerlos efectivos, de manera coordinada con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y la Conferencia Nacional de Atención Integral a las Víctimas;

II. Coordinar con las secretarías de Desarrollo Social o equivalentes, la creación, administración y funcionamiento de los albergues de resguardo, así como generar mecanismos de coordinación para el acceso a los programas de dichas dependencias por parte de las víctimas;

III. Asegurar que las víctimas tengan acceso al Ministerio Público, al Juzgador y a la propia procuraduría social correspondiente en los términos de los esquemas de coordinación que se celebren al efecto y de lo dispuesto en esta ley;

IV. Gestionar apoyos para el alojamiento y alimentación para aquellas víctimas de escasos recursos que necesiten trasladarse de su domicilio a otra demarcación geográfica para acudir ante el Ministerio Público, el Juzgador o la propia Procuraduría Social correspondiente. Las procuradurías sociales impulsarán la utilización y expansión de tecnologías y medios de atención no presencial como la telefónica, correo electrónico, video conferencia

V. Brindar servicios propios de la disciplina del trabajo social, y

VI. Las demás que determinen la presente Ley y los acuerdos de la Conferencia Nacional de Atención Integral a Víctimas.

Artículo 84. (De los servicios en materia de asistencia laboral)

La Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos y la instancia local correspondiente, tendrá las siguientes facultades en materia de asistencia laboral:

I. Orientar y referir a las víctimas ante las autoridades competentes de la procuración y administración de justicia laboral y de protección de los derechos humanos, para que éstas hagan valer sus derechos laborales;

II. Generar programas de difusión, en coordinación con la Secretaría del Trabajo que corresponda, sobre los derechos de las víctimas en los centros de trabajo;

III. Generar mecanismos de coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que corresponda, para facilitar, en su caso, el acceso al trabajo para víctimas que hayan perdido su empleo a consecuencia del delito sufrido, y

IV. Las demás que determinen la presente Ley y los acuerdos de la Conferencia Nacional de Atención Integral a Víctimas.

Artículo 85. (De las facultades en materia de estudios y normatividad)

La Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos o la instancia local correspondiente, tendrá las siguientes facultades en materia de estudios y normatividad:

I. Elaborar e impulsar la realización de estudios en materia de atención y protección a víctimas que incluyan su acceso al sistema de justicia penal;

II. Organizar foros y seminarios sobre temas relacionados con la atención y protección a las víctimas;

III. Promover la participación de víctimas y la sociedad civil organizada en la realización de estudios, de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos o instancia local correspondiente, así como en la evaluación de los mismos:

IV. Proponer, en el ámbito de su competencia, anteproyectos de iniciativas de ley, reglamentos y demás disposiciones jurídico-administrativas en materia de víctimas, y

V. Las demás que determine la presente Ley y los acuerdos de la Conferencia Nacional de Atención Integral a Víctimas.

Artículo 86. (De los informes anuales de las procuradurías sociales)

La Procuraduría Social de Atención Integral a Víctimas de Delito y las de cada entidad federativa deberán emitir anualmente un informe en el que dé cuenta de su funcionamiento y efectividad. Con independencia de que dicho informe deberá ser público, el mismo deberá ser presentado ante la Conferencia Nacional de Atención Integral a Víctimas.

Capítulo Cuarto
Del Consejo de Participación de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos o de la Instancia Local Correspondiente

Artículo 87. (Del Consejo de Participación de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos o de la instancia local correspondiente)

La Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos y la instancia local correspondiente deberán contemplar la participación en sus órganos de gobierno de ciudadanos que se hayan destacado por su labor en la promoción de la seguridad y la justicia, en la relación con la atención a víctimas de delitos.

En aquellos casos en que las instancias locales no cuenten con órganos de gobierno, deberán establecer consejos de participación cuyos miembros deberán cumplir la misma calidad a que refiere el párrafo anterior y participarán con voz y voto en las sesiones del mismo.

Para efectos de lo dispuesto en esta Ley, los Consejos de Participación, estarán integrados, según corresponda, por:

I. El titular de la instancia local correspondiente, quien fungirá como Presidente;

II. Un Secretario Técnico, que será nombrado por el Consejo, a propuesta de su Presidente;

III. Un representante de una institución pública de educación superior;

IV. Dos representantes de instituciones de seguridad pública;

V. Un representante de la Secretaría de Salud;

VI. Un representante de la Secretaría de Educación;

VII. Un representante de la Secretaría de Finanzas o su similar;

VIII. Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social o su similar;

IX: Un representante de la Secretaría del Trabajo o su similar;

X. Un representante del Poder Judicial;

XI. Un representantes del Poder Legislativo;

XII. Un representante de la Procuraduría General de Justicia del Estado;

XIII. Un representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos;

XIV. Dos representantes de organizaciones no gubernamentales debidamente reconocidas en la materia;

XV. Una víctima o un representante de un colectivo de víctimas,

XVI. Un experto en victimología.

Cada Consejo llevará a cabo por lo menos tres sesiones ordinarias al año y podrá citar a sesiones extraordinarias cuando así lo determine su Presidente. Cada uno de los representantes contará con voz y voto en las sesiones que se instauren.

El nombramiento o remoción de los representantes de cada una de las instituciones señaladas en este artículo, se hará de acuerdo con su normatividad aplicable, con excepción de las mencionadas en las últimas dos fracciones de este artículo.

Los cargos en el Consejo de Participación serán de carácter honorario.

Artículo 88. (De las facultades de los Consejos de Participación)

Los Consejos de Participación estarán facultados para:

I. Realizar o encomendar estudios o consultas sobre la problemática prevaleciente en materia de atención a víctimas;

II. Conocer de los resultados de las evaluaciones de desempeño que se practiquen a la Procuraduría Social o a sus programas;

III. Emitir las recomendaciones necesarias para mejorar la prestación de los servicios y el acceso a la justicia por parte de las víctimas;

IV. Presentar un informe anual sobre las actividades desarrolladas que se presentará ante el poder legislativo que corresponda;

V. Proponer mejores prácticas para la protección de las víctimas;

VI. Proponer acciones de capacitación para ser desarrollados en las dependencias del sector público en materia de atención a víctimas;

VII. Supervisarla administración del Fondo de Apoyo correspondiente y presentar recomendaciones a las autoridades competentes, haciéndolas del conocimiento público y dando seguimiento subsecuente al impacto de las mismas;

VIII. Promover actividades que le permitan, en términos de las disposiciones legales, recabar aportaciones en especie o en efectivo para el Fondo de Apoyo correspondiente;

IX. Crear los espacios colectivos dentro de la instancia local correspondiente, que permitan la interacción entre las víctimas y beneficiarios de la Ley, así como la participación de éstas en la construcción de políticas y programas y sus evaluaciones, y

X. Las demás que determine la presente Ley y su Reglamento.

Capítulo Quinto
De las Responsabilidades de Otras Autoridades en la Atención a las Víctimas de Delitos

Artículo 89. (De las secretarías de salud así como las instituciones de salud sociales y privadas con quienes se suscriba convenio o acuerdo)

En materia de atención a las víctimas, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y sus similares de las entidades federativas tendrán, en forma enunciativa más no limitativa, la obligación de brindar atención médica y psicológica, incluyendo la de urgencia y la especializada, a las víctimas de delitos y a los familiares de personas desaparecidas o no localizadas. Dicha atención deberá proveerse para brindar atención a la salud de esas personas, por lo que serán responsables de que tanto a la atención médica como a la psicológica se les dé continuidad, en función de los dictámenes médicos y psicológicos que se emitan.

Las instituciones de salud de carácter social y privado con quienes se haya suscrito convenio o acuerdo para brindar auxilio y asistencia especializada a las víctimas que se encuentre vigente, tendrán las mismas obligaciones arriba enunciadas.

Las secretarías de salud deberán coordinar y articular la atención que las instituciones que conformen el sistema de salud bajo su responsabilidad, brinden a las víctimas, ejerciendo, además de las que les confieren otros ordenamientos jurídicos, las siguientes facultades:

I. Impulsar la planeación institucional de la atención que el sistema y las instituciones que lo conforman habrán de dar a las víctimas;

II. Promover la expansión de la capacidad instalada que tiene el sistema para brindar atención a las víctimas;

III. Fomentar la capacitación del personal del sistema en mejores prácticas de atención psicológico-emocional a víctimas;

IV. Supervisar y vigilar, en coordinación con la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos o la instancia local correspondiente, que las instituciones de salud públicas, así como las sociales y privadas con quienes se encuentre vigente convenio o acuerdo, otorguen a las víctimas la atención médica y psicológica ya sea de urgencia o especializada que corresponda, y

V. Recibir y desahogar tanto peticiones como quejas formuladas por las víctimas y por la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos o la instancia local correspondiente, informando a ambas de la resolución adoptada respecto a cada petición o queja.

Artículo 90. (De las secretarías de desarrollo social)

La Secretaría de Desarrollo Social a nivel federal y sus similares en las entidades federativas, en materia de atención a las víctimas, en forma enunciativa mas no limitativa, tienen las obligaciones siguientes:

I. Aplicar, en el ámbito de su competencia, todos aquellos programas y acciones que beneficien a las víctimas, con enfoques especializados;

II. Desarrollar los programas sociales que tiendan a mitigar el daño causado en aquellas personas que han sido víctimas;

III. Participar, en coordinación con la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos o la instancia local correspondiente, en la construcción, habilitación u operación de los albergues para víctimas, y

IV. En materia albergues, un Comité especializado interinstitucional que establezca el reglamento, determinará: ubicación geográfica; modelo de operación; servicios a otorgarse.

V. Las demás que señalen otras leyes y disposiciones en la materia.

Artículo 91. (De los Centros de Resguardo Temporal)

La Secretaría de Desarrollo Social a nivel federal y sus similares en las entidades federativas, dispondrán de Centros de Resguardo Temporal para víctimas, los cuales deberán:

I. Ofrecer alojamiento temporal a las víctimas y sus familiares, de acuerdo con las necesidades básicas de las víctimas y lo que señalen los dictámenes realizados por la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos o la instancia local correspondiente;

II. Proporcionar alimentación a las víctimas durante el tiempo que dure el alojamiento;

III. Coordinar con la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos o la instancia local correspondiente, y la institución responsable, la atención médica y psicológica, en tanto la víctima se aloje en el Centro de Resguardo, y

IV. Coordinar con la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos o la instancia local correspondiente, las acciones que deba emprender la víctima ante el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional, durante el tiempo que dure su alojamiento para facilitar su participación libre e informada en los diferentes procesos de acceso a la justicia.

Las víctimas que tengan su domicilio fuera del lugar en que se encuentre la autoridad ante la que deban acudir, por razones de la investigación o el proceso penal, podrán hacer uso de los Centros de Resguardo Temporal en los términos del presente artículo.

La ubicación geográfica de cada Centro de Resguardo Temporal, será determinada por la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos o la instancia local correspondiente.

Artículo 92. (De las instituciones de seguridad pública, procuradurías de justicia, y de protección civil)

Las instituciones de seguridad pública y de protección civil de los tres órdenes de gobierno, las procuradurías de justicia y todas aquellas instancias de acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tendrán, en materia de protección a las víctimas, las siguientes obligaciones:

I. Orientar a toda víctima sobre los derechos que le asiste, los lugares a donde puede acudir por información y atención, así como los datos sobre las organizaciones existentes en materia de promoción y defensa de los derechos de las víctimas, de lo cual deberán dejar constancia por escrito;

II. Brindar orientación jurídica a las víctimas que así lo soliciten;

III. Solicitar, en función del fuero del que se trate, a la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos, o la instancia local correspondiente, se brinde a las víctimas asesoría jurídica especializada;

IV. Brindar atención médica y psicológica de urgencia;

V. Solicitar a las instituciones de salud, atención médica y psicológica de urgencia, en los hospitales y clínicas del sector público de la Federación y de las entidades federativas y facilitar el traslado de las víctimas a estas instituciones en caso de ser necesario, y

VI. Las demás que se señalen otras leyes y disposiciones en la materia.

Título Cuarto

Capítulo Único
De la Conferencia Nacional de Atención a Víctimas de Delitos

Artículo 93. (De la Conferencia Nacional de Atención Integral a Víctimas de Delitos)

La Conferencia Nacional de Atención Integral a Víctimas de Delitos estará integrada por los titulares de las Instituciones de Atención a Víctimas de Delitos de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, y será presidida por el Procurador Social para la Atención de las Víctimas de Delitos del gobierno federal.

Dicha Conferencia contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por el Presidente de la misma.

El Procurador General de Justicia Militar será invitado permanente de esta Conferencia.

El Presidente de la Conferencia Nacional de Atención Integral a Víctimas de Delitos podrá invitar a personas e instituciones relacionadas con los asuntos a tratar.

Todas las personas que colaboren en instituciones de atención a víctimas o realicen alguna actividad en beneficio de éstas, deberán contar con los conocimientos requeridos para la actividad correspondiente.

Artículo 94. (De las atribuciones de la Conferencia Nacional de Atención Integral a Víctimas)

La Conferencia Nacional de Atención Integral a Víctimas tendrá las siguientes atribuciones:

I. Formular políticas generales de atención a víctimas de delitos, así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar las acciones en la materia;

II. Promover la coordinación y colaboración entre las Instituciones de Atención a Víctimas de Delitos, de Procuración de Justicia, Policiales y del Sistema Penitenciario;

III. Formular propuestas para la elaboración del Programa Nacional de Atención a Víctimas de Delitos y demás instrumentos programáticos relacionados con el ámbito de su competencia, así como darles seguimiento;

IV: Formular, el Programa Rector de Profesionalización de las Instituciones de Atención a Víctimas de Delitos;

V. Conocer de los resultados que arrojen las evaluaciones que se realicen a las procuradurías sociales o a sus programas;

VI. Elaborar propuestas de reformas en materia de atención a víctimas de delitos;

VII. Integrar los Comités que sean necesarios para el desempeño de sus funciones;

VIII. Emitir bases y reglas para la atención a víctimas de delitos, de conformidad con los ordenamientos legales aplicables, así como para la realización de acciones conjuntas con otras autoridades;

IX. Fijar criterios uniformes para la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, capacitación, profesionalización, evaluación, reconocimiento, certificación y registro del personal de las Instituciones de Atención a Víctimas de Delitos, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables;

X. Promover la capacitación, actualización y especialización conjunta de los miembros de las Instituciones de Atención a Víctimas de Delitos, conforme al Programa Rector de Profesionalización;

XI. Promover la homologación de los procedimientos de control de confianza de los Integrantes de las Instituciones de Atención a Víctimas de Delitos, de conformidad con las disposiciones aplicables;

XII. Promover que las legislaciones aplicables prevean un procedimiento ágil, eficaz y uniforme para la imposición de sanciones administrativas al personal de las instituciones de atención a víctimas de delitos, por incumplimiento de los deberes previstos en esta Ley y demás que se establezcan en los ordenamientos correspondientes;

XIII. Impulsar la participación de la comunidad en las actividades de atención a víctimas de delitos;

XIV. Fijar criterios de cooperación y coordinación para la atención médica, psicológica y jurídica de víctimas del delito, así como de gestoría de trabajo social respecto de las mismas;

XV. Fomentar la cultura de respeto a las víctimas del delito y a sus derechos reconocidos en el orden jurídico vigente;

XVI. Formular estrategias de coordinación en materia de combate a la corrupción y de atención a víctimas y ofendidos de delitos;

XVII. Proponer programas de cooperación internacional en materia de atención a víctimas de delitos;

XVIII. Establecer lineamientos para el desahogo de procedimientos de atención a víctimas de delitos;

XIX. Proponer al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, criterios para la atención a víctimas de delitos;

XX. Expedir sus reglas de organización y funcionamiento;

XXI. Promover la uniformidad de criterios jurídicos, y

XXII. Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 95. (De las sesiones de la Conferencia Nacional de Atención Integral a Víctimas)

La Conferencia Nacional de Atención Integral a Víctimas se reunirá en sesión plenaria cada seis meses de manera ordinaria. El Presidente del Sistema Nacional podrá convocar a sesiones extraordinarias cuando existan motivos justificados para ello.

Título Quinto
Del Programa Nacional de Atención a Víctimas

Artículo 96. (Del Programa Nacional de Atención a Víctimas)

Para el cumplimiento de los objetivos señalados en el artículo 97 de esta Ley, la Conferencia Nacional de Atención Integral a Víctimas, en coordinación con las instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública, deberá elaborar un programa nacional de atención a las víctimas que se publicará en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 97. (Del contenido del Programa Nacional)

I. El Programa a que se refiere el artículo anterior, estará basado en:

a) Un diagnóstico de los servicios a disposición de las víctimas, incluidas las redes de atención a víctimas disponibles en la Federación, las entidades federativas y municipios y su funcionamiento;

b) Un diagnóstico sobre los códigos de ética, manuales, instructivos y formatos sobre la atención a víctimas existentes en la Federación, entidades federativas y municipios con el objetivo de lograr su armonización y actualización;

c) Un informe de cada una de las entidades federativas sobre sus servicios y descripción de necesidades inmediatas, que se traduzca en un mapa de capacidades instaladas, incluidas los mecanismos de colaboración, coordinación o enlace existentes y de prioridades de atención para el mejoramiento de los servicios, y

d) Investigaciones en materia de victimología sobre el tipo de delitos más graves cometidos en los últimos tres años y que requieran atención inmediata.

II. El Programa comprenderá los siguientes aspectos:

a) La promoción para el establecimiento y mejoramiento de los centros de atención y refugio para las víctimas e instituciones que brinden atención a las víctimas;

b) La vinculación de los servicios gubernamentales y no gubernamentales que se brinden a las víctimas, a fin de optimizar los recursos y lograr la atención integral de acuerdo a esta Ley;

c) Una propuesta de colaboración interinstitucional;

d) Una estrategia de comunicación con organismos internacionales y organizaciones extranjeras dedicadas a la planeación y al desarrollo de programas de atención a las víctimas;

e) El diseño, programación y calendario de cursos de sensibilización, capacitación y actualización para los prestadores de servicio de atención a víctimas del Sistema Nacional;

f) El diseño de una estrategia de difusión en los medios masivos de comunicación sobre los derechos de las víctimas, los servicios a su alcance y de sensibilización a la sociedad sobre la problemática que enfrentan las víctimas;

g) Promoción de las reformas legales a los ordenamientos vinculados con la atención a víctimas;

h) Una estrategia para aumentar la capacidad de las partes integrantes de la Conferencia Nacional de Atención Integral a Víctimas;

i) Las actividades programáticas y una proyección de los recursos que se requieren para armonizar los servicios en la federación y las entidades federativas y municipales, y

j) El establecimiento de mecanismos de evaluación del Sistema Nacional en donde se contemple la participación ciudadana.

Título Sexto
De los Fondos de Apoyo a las Víctimas

Capítulo Único
De los Fondos de Apoyo a las Víctimas

Artículo 98. (De los Fondos de Apoyo a las Víctimas)

La Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos y cada instancia local correspondiente contarán de manera respectiva con un Fondo de Apoyo a las Víctimas con el fin de cubrir los costos de la Ayuda Económica Victimal, misma que consiste en las medidas de apoyo siguientes:

I. Las medidas de protección a las víctimas en los casos en que proceda conforme al artículo 70 de esta Ley;

II. El apoyo económico otorgado a las víctimas en los términos del artículo 34 de esta Ley, y

III. Las medidas de atención a las víctimas que hayan sufrido graves daños a su salud en términos de lo señalado en el artículo 82, fracciones V y VI de esta Ley.

El porcentaje de los recursos del Fondo de Apoyo a destinarse cada año a cada uno de estos rubros se determinará en las reglas de operación del fondo respectivo.

Artículo 99. (De los recursos que integran los Fondos de Apoyo)

Cada uno de los Fondos de Apoyo a las Víctimas se constituirá con:

I. Los recursos que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión apruebe en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el fondo a cargo de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos.

En el caso de los fondos de las entidades federativas, con los recursos que apruebe el respectivo Poder Legislativo en el presupuesto de egresos correspondiente;

II. El producto de la enajenación de los bienes que sean decomisados en los expedientes de investigación y/o procedimientos penales, en la proporción que corresponda en términos de lo establecido en el Código Federal de Procedimientos Penales o en la legislación local respectiva.

III. El producto de la enajenación de los instrumentos u objetos del delito, así como el producto que el delincuente haya obtenido del delito, una vez que se haya cubierto la reparación del daño, según corresponda por competencia a la Federación o a las entidades federativas;

IV. Con la proporción del producto de la enajenación de los bienes que hayan sido objeto de extinción de dominio, con base en lo dispuesto por la ley federal o local de la materia;

V. El monto de las multas que como pena se apliquen a los sentenciados de delito por la Federación o a las entidades federativas, según corresponda, por los delitos enumerados en el artículo 72 de esta Ley;

V. El monto de las reparaciones del daño no reclamadas, según corresponda a la Federación o a las entidades federativas;

VII. Las aportaciones que a este fin hagan en efectivo o en especie las personas físicas o morales de carácter público, privado o social nacionales o extranjeros de manera altruista;

VIII. Los rendimientos que se obtengan de las inversiones de los recursos que obren en el respectivo Fondo de Apoyo;

IX. Los montos que se recuperen en términos del artículo 103 de la Ley, y

X. Los demás recursos que se determinen en las disposiciones aplicables.

La Auditoría Superior de la Federación o su equivalente de la entidad federativa correspondiente, verificará la correcta aplicación de los recursos a los que se refiere este artículo.

La constitución de los fondos de Apoyo a que se refiere este artículo, será con independencia de la existencia de otros ya establecidos para la atención a víctimas. La aplicación de recursos establecidos en otros fondos a favor de la víctima y los de esta Ley se hará de manera complementaria, a fin de evitar su duplicidad. El acceso a los recursos a favor de cada víctima no podrá ser superior a los límites establecidos en el Reglamento correspondiente.

Artículo 100. (De la administración de los fondos de Apoyo)

Cada uno de los fondos de Apoyo será creado y administrado por la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos o la instancia local correspondiente y estará sujeto a las reglas de operación que normarán su funcionamiento y los criterios de asignación de los recursos.

Artículo 101. (De los requisitos para recibir Ayuda Económica Victimal)

Para ser beneficiarios del Apoyo Económico Victimal a que se refiere el artículo 98 de esta Ley, las víctimas deberán reunir los requisitos que al efecto establezca la reglamentación correspondiente, misma que deberá incluir, como mínimo, el que la víctima acredite haber presentado la denuncia o querella por el delito o delitos que sufrió, ante el Ministerio Público competente y una evaluación integral de su entorno familiar y social que evite duplicidades o redundancias en el otorgamiento de la Ayuda Económica Victimal.

Artículo 102. (Del orden de prelación para la recepción de apoyos)

Cuando la víctima pierda la vida como consecuencia de la comisión de un delito, las víctimas indirectas tendrán derecho a la Ayuda Económica Victimal a que se refiere el artículo 98 de esta Ley, en el siguiente orden de prelación:

I. Su cónyuge, concubina o concubinario y sus hijos;

II. Los ascendientes, y

III. Los dependientes económicos, en los términos de los reglamentos que al efecto se expidan.

Artículo 103. (De la subrogación parcial por la autoridad en la reparación del daño)

El Estado tendrá derecho a recuperar del victimario que haya sido condenado en un proceso penal, los montos que haya erogado con cargo al Fondo de Apoyo a las Víctimas del Delito que corresponda.

Para tal efecto, la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos o la instancia local correspondiente deberá aportar al Ministerio Público los elementos de prueba que permita al Estado subrogarse en los derechos de la víctima a la reparación del daño, hasta por el monto de los recursos erogados en su favor con cargo al Fondo de Apoyo.

El Ministerio Público estará obligado a ofrecer los elementos probatorios señalados en el párrafo anterior, en los momentos procesales oportunos, a fin de garantizar que sean valorados por el juzgador al momento de dictar sentencia, misma que deberá prever de manera expresa la subrogación del Estado en el derecho de la víctima a la reparación del daño y el monto correspondiente a dicha subrogación, en los casos en que así proceda.

La Procuraduría General de la República, la Procuraduría de Justicia o la instancia local correspondiente, la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos o la instancia local correspondiente, velarán en todo momento por que los intereses del Estado estén debidamente representados, particularmente en las etapas procesales a las que se alude en los párrafos anteriores, a fin de maximizar la recuperación de recursos. Para tal fin las instituciones señaladas establecerán la coordinación necesaria para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo.

La subrogación por parte del Estado en los derechos de las víctimas para cobrar el importe por concepto de la reparación del daño no implicará, en ningún caso, su responsabilidad por el delito cometido o una obligación de éste de cubrir la reparación del daño.

La Federación y las entidades federativas ejercerán el procedimiento económico coactivo para hacer efectivo el monto de la reparación del daño conforme a sus respectivas legislaciones, sin perjuicio de que dicho cobro pueda reclamarse por la víctima en la vía civil, para cobrar la reparación del daño del sentenciado o de quien esté obligado a cubrirla, en términos de las disposiciones federales o locales que resulten aplicables.

Una vez ejecutado el cobro al condenado a la reparación del daño mediante el procedimiento económico coactivo, antes de entregar a la víctima el monto de los recursos obtenidos, la autoridad ejecutora deducirá el monto total de recursos decretado a favor del Estado en la sentencia respectiva, mismo que la autoridad ejecutora deberá reintegrar al respectivo Fondo de Apoyo.

La Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos o la instancia local correspondiente tendrán el carácter de beneficiario y/o tercero interesado en los procedimientos dirigidos a que el victimario repare el daño causado a la víctima del delito, así como la facultad de recurrir aquellas sentencias que no se apeguen a lo establecido en el presente artículo.

Título Séptimo
De las Infracciones y Sanciones

Capítulo Único

Artículo 104. (De la responsabilidad de las autoridades)

Con independencia de lo que dispongan otras leyes, toda limitación o denegación de los derechos o servicios establecidos en el presente ordenamiento, así como en aquellos igualmente aplicables, será causa de responsabilidad civil, penal y/o administrativa según corresponda para la autoridad que resulte responsable, en los términos de la ley de la materia.

Artículo 105. (A quien niegue o cobre los servicios sin causa justificada o derecho)

Al que estando obligado en términos de lo dispuesto en la presente Ley, a brindar los servicios contemplados en la misma y los niegue sin causa justificada o los cobre sin derecho, se le aplicará sanción de quinientos a mil días multa e inhabilitación de seis meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, sin perjuicio de la responsabilidad en la que incurra conforme a otras disposiciones aplicables.

Artículo 106. (A quien cobre por los servicios regulados por la Ley)

A los proveedores de servicios regulados por esta Ley respecto de los que exista obligación de otorgamiento gratuito, que cobren o pidan contraprestación en especie o en efectivo por los servicios brindados, se les aplicará una sanción de doscientos a quinientos días multa, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurren conforme a otras leyes.

Artículo 107. (A quien publique o divulgue información reservada o confidencial)

Al que estando obligado en términos de lo dispuesto en la presente Ley, divulgue por cualquier medio y sin consentimiento expreso de la víctima o de quien tenga derecho a emitirlo, información reservada o confidencial a la que tenga acceso con motivo de sus funciones se le aplicará sanción de quinientos a mil quinientos días multa e inhabilitación de uno a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos sin perjuicio de la responsabilidad en la que incurra conforme a otras disposiciones aplicables.

Artículo 108. (De la obligación de hacer cumplir las sanciones)

Las autoridades competentes verificarán bajo su estricta responsabilidad el debido cumplimiento a lo dispuesto en este Título y la correcta aplicación de las sanciones que establece el mismo.

Transitorios

Primero. La presente Ley entrará en vigor a los noventa días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo Tercero Transitorio siguiente.

Segundo. El Titular del Poder Ejecutivo Federal deberá expedir el Reglamento en un término de 120 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Tercero. Las medidas de atención y servicios que brinden la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito o la instancia local correspondiente, que no impliquen erogaciones con cargo a los fondos de Apoyo a las Víctimas del Delito señalados en el artículo 98 de esta Ley, podrán otorgarse a cualquier persona que sea víctima en términos de las disposiciones de esta Ley y las que de ella deriven, con independencia de la fecha en que se haya cometido el delito.

Las medias de atención que se brinden con cargo a los fondos de Apoyo a las Víctimas del Delito señalados en el artículo 98 de esta Ley, serán aplicables a las víctimas de delitos cometidos a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

Cuarto. La Conferencia Nacional de Atención Integral a Víctimas deberá reunirse en un término no mayor a 120 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Quinto. La Conferencia Nacional de Atención Integral a Víctimas en coordinación con las instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública dentro de los 120 días naturales contados a partir de su constitución, deberá elaborar el Programa Nacional de Atención a Víctimas.

Sexto. Los distintos códigos fiscales u ordenamientos equivalentes de las entidades federativas y del Distrito Federal, deberán adecuarse en un término no mayor a 90 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, para establecer que las multas impuestas en sentencia por la comisión de los delitos a que se refiere el artículo 72 de la Ley, deberán ser destinados al Fondo de Apoyo a Víctimas correspondiente.

Séptimo. Las legislaciones relacionadas con la atención a víctimas que existan a nivel federal y local, y legislación especializada se aplicarán en todo aquello que no se oponga a la presente Ley.

Octavo. Las entidades federativas y el Distrito Federal deberán realizar, en su caso, en un término no mayor a 120 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las modificaciones a sus respectivas legislaciones en materia penal y administrativa para adecuarlas a lo previsto por la presente Ley.

Noveno. Las entidades federativas y el Distrito Federal deberán crear en un término no mayor a 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos respectiva o la instancia similar. En el caso de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos Federal y de las instancias locales que ya existan, se deberán realizar los ajustes a las disposiciones legislativas y/o administrativas que procedan para su adecuación a la presente Ley en el término antes señalado.

Décimo. La Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos o la instancia correspondiente en las entidades federativas, deberán aprobar sus reglamentos internos en un plazo no mayor a 90 días naturales, contados a partir de su constitución.

Décimo Primero. La selección de los representantes de la sociedad civil al Consejo de Participación de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos Federal, por el primer mandato será realizada por los otros miembros del Consejo de entre las candidaturas presentadas.

Décimo Segundo. La primera evaluación de los programas y políticas emprendidas por la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos o la instancia local correspondiente será a los 365 días contados a partir del primer día de su funcionamiento, y cuyos resultados deberán ser presentadas al Congreso respectivo dentro de los 90 días naturales del cumplimiento de esta fecha.

Décimo Tercero. Para efectos de lo señalado en la fracción II, del artículo 99 de la Ley, se destinará a los fondos de apoyo correspondientes la parte proporcional del producto de la enajenación de los bienes que sean decomisados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Décimo Cuarto. Las erogaciones que, en su caso, sean necesarias para cumplir con lo dispuesto en la presente Ley serán cubiertas por las autoridades y órganos de la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, según corresponda, con cargo a sus respectivos presupuestos aprobados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2012.

Diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica)