Con proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

México, DF, a 24 de abril de 2012.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación.

Atentamente

Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica)

Vicepresidente

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación

Artículo Único. Se reforman los artículos 3, 4, 5, 6, 8, 9 fracciones I, V, VI, XII, XIII, XV, XIX; XXVII, XXVIII, la denominación del Capítulo III del Título I, los artículos 10, 11, 12, 13, 15, 23, 25, 28, 32, 34, 38, la fracción V del artículo 39, 45, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 75, las fracciones I a IV del artículo 83 y las fracciones II y IV del artículo 84; se adiciona un párrafo segundo y diez fracciones al artículo 1, las fracciones XXII Bis, XXII Ter, XXIX a XXXIV del 9, los artículos 13 Bis, 15 Bis, 15 Ter, 48 Bis, 48 Ter, 49 Bis, la Sección Tercera “De la Sustanciación” del Capítulo V “De los Procedimientos”, recorriéndose el orden de las subsecuentes secciones, 65 Bis, 72, 77 Bis, 77 Ter, 77 Quáter, 77 Quintus, 77 Séptimus, 83 Bis, 83 Ter, la fracción II Bis del artículo 84, 86 y 87; se reforman y adicionan los artículos 20, 24, 26, 30, 43, 44, 51, 52 53, 55, 71, 74 y 78; y se derogan las fracciones I a VIII del artículo 5; las fracciones I a IV del artículo 10; las fracciones I a IX del artículo 11; la fracción VII del artículo 34; la Sección Segunda “De la Reclamación” y la actual-Sección Sexta “Del Procedimiento Conciliatorio entre Particulares”, ambas del Capítulo V·“De los Procedimientos”; y la fracción I del artículo 84, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público y de interés social. El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.

Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. Ajustes razonables: Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas en la infraestructura y los servicios, que al realizarlas no impongan una carga desproporcionada o afecten derechos de terceros, que se aplican cuando se requieran en un caso particular, para garantizar que las personas gocen o ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones con las demás.

II. Consejo: El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

III. Discriminación: Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia, por acción u omisión, que no sea objetiva, racional y proporcional y que, basada que en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el sexo, la preferencia sexual, la edad, la discapacidad, la condición social, económica, de salud o jurídica, la apariencia física, el género, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, la identidad o filiación política, el estado civil o cualquier otra condición, que tenga por efecto obstaculizar, restringir, impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos humanos y la igualdad real de oportunidades de las personas, o cualquier otro efecto que ataque la dignidad humana.

También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como de discriminación racial y de otras formas conexas de intolerancia.

IV. Diseño universal: se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado.

V. Estatuto: El Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

VI. Igualdad real de oportunidades: Es el acceso que tienen las personas o grupos de personas al igual disfrute de derechos, por la vía de las normas y o los hechos, para el disfrute de sus derechos.

VII. Ley: La Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación.

VIII. Poderes públicos federales: Las autoridades, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, los Poderes Legislativo y Judicial y los organismos constitucionales autónomos.

IX. Programa: El Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

X. Resolución por disposición: Resolución emitida por el consejo, con carácter vinculante, por medio de la cual se declara que se acreditó una conducta o práctica social discriminatoria, y por tanto, de manera fundada y motivada se imponen medidas administrativas y reparadoras a quien resulte responsable de dichas conductas.

Artículo 3. Cada uno de los poderes públicos federales adoptará las medidas que estén a su alcance, tanto por separado como coordinadamente, de conformidad con la disponibilidad de recursos que se haya determinado para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio correspondiente, para que toda persona goce, sin discriminación alguna, de todos los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y en los tratados internacionales de los que México sea parte.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación, para cada ejercicio fiscal se incluirán las asignaciones correspondientes para promover las acciones de igualación, de inclusión y acciones afirmativas a que se refiere el capítulo III de esta ley.

Artículo 4. Queda prohibida cualquier forma de discriminación en términos del artículo 1 fracción III.

Artículo 5. No se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas que tengan por efecto promover la igualdad real de oportunidades de las personas o grupos. Tampoco será juzgada como discriminatoria la distinción basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de derechos.

Artículo 6. La interpretación del contenido de esta Ley, así como la actuación de los poderes públicos federales será conforme con los instrumentos internacionales aplicables en materia de derechos humanos de los que México sea parte, así como con las recomendaciones y resoluciones adoptadas por los organismos multilaterales y regionales y demás legislación aplicable.

Artículo 8. En la aplicación de la presente ley intervendrán los poderes públicos federales, así como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Capítulo II

Medidas para prevenir la discriminación

Artículo 9. Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.

Con base en lo estipulado en el artículo 1 fracción III se consideran como discriminación, entre otras:

I. Impedir el acceso o la permanencia a la educación pública o privada, así como a becas e incentivos en los centros educativos:

II. Establecer contenidos, métodos o instrumentos pedagógicos en que se asignen papeles contrarios a la igualdad o que difundan una condición de subordinación;

III. Prohibir la libre elección de empleo, o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo;

IV. Establecer diferencias en la remuneración, las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos iguales;

V. Limitar el acceso y permanencia a los programas de capacitación y de formación profesional;

VI. Negar o limitar información sobre derechos sexuales y reproductivos o impedir el libre ejercicio de la determinación del número y espaciamiento de los hijos e hijas;

VII. Negar o condicionar los servicios de atención médica, o impedir la participación en las decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico dentro de sus posibilidades y medios;

VIII. Impedir la participación en condiciones equitativas en asociaciones civiles, políticas o de cualquier otra índole;

IX. Negar o condicionar el derecho de participación política y, específica mente, el derecho al sufragio activo o pasivo, la elegibilidad y el acceso a todos los cargos públicos, así como la participación en el desarrollo y ejecución de políticas y programas de gobierno, en los casos y bajo los términos que establezcan las disposiciones aplicables;

X. Impedir el ejercicio de los derechos de propiedad, administración y disposición de bienes de cualquier otro tipo;

XI. Impedir el acceso a la procuración e impartición de justicia;

XII. Impedir, negar o restringir el derecho a ser oídos y vencidos, a la defensa o asistencia; y a la asistencia de personas intérpretes o traductoras en los procedimientos administrativos o judiciales, de conformidad con las normas aplicables; así como el derecho de las niñas y niños a ser escuchados;

XIII. Aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra la igualdad, dignidad e integridad humana;

XIV. Impedir la libre elección de cónyuge o pareja;

XV. Promover el odio y la violencia a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación.

XVI. Limitar la libre expresión de las ideas, impedir la libertad de pensamiento, conciencia o religión, o de prácticas o costumbres religiosas, siempre que éstas no’ atenten contra el orden público;

XVII. Negar asistencia religiosa a personas privadas de la libertad, que presten servicio en las fuerzas armadas. o que estén internadas en instituciones de salud o asistencia;

XVIII. Restringir el acceso a la información, salvo en aquellos supuestos que sean establecidos por las leyes nacionales e instrumentos jurídicos internacionales aplicables;

XIX. Obstaculizar las condiciones mínimas necesarias para el crecimiento y desarrollo integral, especialmente de las niñas y los niños, con base al interés superior de la niñez;

XX. Impedir el acceso a la seguridad social y a sus beneficios o establecer limitaciones para la contratación de seguros médicos, salvo en los casos que la ley así lo disponga;

XXI. Limitar el derecho a la alimentación, la vivienda, el recreo y los servicios de atención médica adecuados, en los casos que la ley así lo prevea;

XXII. Impedir el acceso a cualquier servicio público o institución privada que preste servicios al público, así como limitar el acceso y libre desplazamiento en los espacios públicos;

XXIII. La falta de accesibilidad en el entorno físico, el transporte, la información, tecnología y comunicaciones, en servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público;

XXIV. La denegación de ajustes razonables que garanticen, en igualdad de condiciones, el goce o ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad;

XXV. Explotar o dar un trato abusivo o degradante;

XXVI. Restringir la participación en actividades deportivas, recreativas o culturales;

XXVII. Restringir o limitar el uso de su lengua, usos, costumbres y cultura, en actividades públicas o privadas, en términos de las disposiciones aplicables;

XXVIII. Limitar o negar el otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones para el aprovechamiento, administración o usufructo de recursos naturales, una vez satisfechos los requisitos establecidos en la legislación aplicable;

XXIX. Incitar alodio, violencia, rechazo, burla, injuria, persecución o la exclusión;

XXX. Realizar o promover violencia física, sexual, o psicológica, patrimonial o económica por la edad, género, discapacidad, apariencia física, forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual, o por cualquier otro motivo de discriminación;

XXXI. Estigmatizar o negar derechos a personas con adicciones; que han estado o se encuentren en centros de reclusión, o en instituciones de atención a personas con discapacidad mental o psicosocial;

XXXII. Negar la prestación de servicios financieros a personas con discapacidad y personas adultas mayores;

XXXIII. Difundir sin consentimiento de la persona agraviada información sobre su condición de salud;

XXXIV. Estigmatizar y negar derechos a personas con VIH/sida;

XXXV. La aplicación de políticas públicas, programas u otras acciones de gobierno que siendo aparentemente neutrales tengan un impacto desventajoso en los derechos de las personas.

XXXVI. En general cualquier otro acto u omisión discriminatorio en términos del artículo 1 fracción III de esta ley.

Capítulo III

Medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades

Artículo 10. Derogado.

Artículo 11. Derogado.

Artículo 12. Derogado.

Artículo 13. Derogado.

Artículo 14. Derogado.

Artículo 15. Derogado.

Capítulo IV

De las medidas de igualación, medidas de inclusión y acciones afirmativas

Artículo 15-A. Cada uno de los poderes públicos federales y aquellas instituciones que estén bajo su regulación, o competencia, están obligados a realizar las medidas de igualación, las medidas de inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación.

La adopción de estas medidas forma parte de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual debe ser incorporada de manera transversal y progresiva en el quehacer público, y de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas que lleve a cabo cada uno de los poderes públicos federales.

Artículo 15-B. Las medidas de igualación son aquellas que buscan hacer efectivo el acceso de todas las personas a la igualdad real de oportunidades eliminando las barreras físicas, comunicacionales, normativas o de otro tipo, que obstaculizan el ejercicio de derechos y libertades prioritariamente a las mujeres y a los grupos en situación de discriminación o vulnerabilidad.

Artículo 15-C.- Las medidas de igualación incluyen, entre otras:

I. Ajustes razonables en materia de accesibilidad física;

II. Adaptación de los puestos de trabajo para personas con discapacidad;

III. Diseño y distribución de comunicaciones oficiales, convocatorias públicas, libros de texto, licitaciones, entre otros, en formato braille o en lenguas indígenas;

IV. Uso de intérpretes de lengua de señas mexicana en los eventos públicos de todas las dependencias gubernamentales y en los tiempos oficiales de televisión;

V. Uso de intérpretes y traductores de lenguas indígenas.

VI. La accesibilidad del entorno social, incluyendo acceso físico, de comunicaciones y de información.

VII. Derogación o abrogación de las disposiciones normativas que impongan requisitos discriminatorios de ingreso a escuelas, trabajos, entre otros.

VIII. Creación de licencias de paternidad, homologación de condiciones de derechos y prestaciones para los grupos en situación de discriminación o vulnerabilidad.

Artículo 15-D. Las medidas de inclusión son aquellas disposiciones, de carácter preventivo o correctivo, cuyo objeto es eliminar mecanismos de exclusión o diferenciaciones desventajosas para que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos en igualdad de trato.

Artículo 15-E.- Las medidas de inclusión podrán comprender, entre otras, las siguientes:

I. La educación para la igualdad y la diversidad dentro del sistema educativo nacional;

II. La integración en el diseño, instrumentación y evaluación de las políticas públicas del derecho a la igualdad y no discriminación.

III. Desarrollo de políticas contra la homofobia, xenofobia, la misoginia, la discriminación por apariencia o el adultocentrismo.

IV. Acciones de sensibilización y capacitación dirigidas a integrantes del servicio público con el objetivo de combatir actitudes discriminatorias.

V. Llevar a cabo campañas de difusión al interior de los poderes públicos federales.

VI.

Artículo 15-F. Las acciones afirmativas son las medidas especiales, específicas, a favor de personas o grupos en situación de discriminación, cuyo objetivo es corregir situaciones patentes de desigualdad en el disfrute o ejercicio de derechos y libertades, aplicables hasta que subsistan dichas situaciones. Se adecuarán a la situación que quiera remediarse, deberán ser -legítimas, respetar los principios de justicia y proporcionalidad y ser temporales. Estas medidas no serán consideradas discriminatorias en términos del artículo 5o. de la presente ley.

Artículo 15-G. Las acciones afirmativas podrán incluir, entre otras, las medidas para favorecer el acceso, permanencia y promoción de personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación y subrrepresentados, en espacios educativos, laborales y cargos de elección popular a través del establecimiento de porcentajes o cuotas.

Las acciones afirmativas serán prioritariamente aplicables hacia personas pertenecientes a los pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores.

Artículo 15-H. Las instancias públicas que adopten medidas de igualación, medidas de inclusión y acciones afirmativas, deben reportarlas periódicamente al consejo para su registro y monitoreo. El consejo determinará la información a recabar y la forma de hacerlo en los términos que se establecen en el estatuto.

Capítulo V

Del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

Sección Segunda

De las atribuciones

Artículo 20. Son atribuciones del consejo:

I. Derogado.

II. Derogado.

III. Derogado.

IV. Derogado.

V. Derogado.

VI. Derogado.

VII. Derogado.

VIII. Derogado.

IX. Derogado.

X. Derogado.

XI. Derogado.

XII. Derogado.

XIII. Derogado.

XIV. Derogado.

XV. Derogado.

XVI. Derogado.

XVII. Derogado.

XVIII. Derogado.

XIX. Derogado.

XX. Proponer políticas, programas, proyectos o acciones cuyo objetivo o resultado esté encaminado a la prevención y eliminación de la discriminación;

XXI. Elaborar instrumentos de acción pública que contribuyan a incorporar la perspectiva de no discriminación en el ámbito de las políticas públicas;

XXII. Elaborar, ejecutar y supervisar la instrumentación del Programa, que tendrá el carácter de especial y de cumplimiento obligatorio de conformidad con la Ley de Planeación;

XXIII. Formular observaciones, sugerencias y directrices a quien omita el cumplimiento o desvíe la ejecución del Programa y facilitar la articulación de acciones y actividades que tengan como finalidad atender su cumplimiento; sin perjuicio del ejercicio de las acciones que esta ley confiere a las personas, grupos y comunidades en situación de discriminación y organizaciones de la sociedad civil;

XXIV. Verificar que los Poderes Públicos Federales e instituciones y organismos privados, adopten medidas y programas para prevenir y eliminar la discriminación;

XXV. Requerir a los Poderes Públicos Federales la información que juzgue pertinente sobre la materia para el desarrollo de sus objetivos;

XXVI. Participar en el diseño del Plan Nacional de Desarrollo, en los programas que de él se deriven y en los programas sectoriales, procurando que en su contenido se incorpore la perspectiva del derecho a la no discriminación;

XXVII. Promover que en- el Presupuesto de Egresos de la Federación se destinen los recursos necesarios para la efectiva realización de las obligaciones en materia de no discriminación;

XXVIII. Elaborar guías de acción pública con la finalidad de aportar elementos de política pública para prevenir y eliminar la discriminación;

XXIX. Promover el derecho a la no discriminación mediante campañas de difusión y divulgación;

XXX. Promover una cultura de denuncia de prácticas discriminatorias;

XXXI. Difundir las obligaciones asumidas por el Estado mexicano en los instrumentos internacionales que establecen disposiciones en materia de no discriminación, así como promover su cumplimiento por parte de los Poderes Públicos Federales, para lo cual podrá formular observaciones generales o particulares;

XXXII. Elaborar, difundir y promover que en los medios de comunicación se incorporen contenidos orientados a prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias;

XXXIII. Promover el uso no sexista del lenguaje e introducir formas de comunicación incluyentes en el ámbito público y privado;

XXXIV. Elaborar y difundir pronunciamientos sobre temas relacionados con la no discriminación que sean de interés público;

XXXV. Promover en las instituciones públicas y privadas y organizaciones de la sociedad civil la aplicación de acciones afirmativas, buenas prácticas y experiencias exitosas en materia de no discriminación.

XXXVI. Establecer una estrategia que permita a las instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales, llevar a cabo programas y medidas para prevenir y eliminar la discriminación en sus prácticas, instrumentos organizativos y presupuestos;

XXXVII. Reconocer públicamente a personas que en lo individual con sus acciones se distingan o se hayan distinguido en su trayectoria, por impulsar una cultura de igualdad de oportunidades y de no discriminación y el ejercicio real de los derechos de todas las personas.

XXXVIII. Desarrollar acciones y estrategias de promoción cultural que incentiven el uso de espacios, obras, arte y otras expresiones para sensibilizar sobre la importancia del respeto a la diversidad y la participación de la sociedad en pro de la igualdad y la no discriminación.

XXXIX. Proporcionar orientación, formación y capacitación bajo diversas modalidades.

XL. Sensibilizar, capacitar y formar a personas servidoras públicas en materia de no discriminación;

XLI. Instrumentar la profesionalización y formación permanente del personal del consejo;

XLII. Elaborar programas de formación para las personas y organizaciones de la sociedad civil a fin de generar activos y recursos multiplicadores capaces de promover y defender el derecho a la igualdad y no discriminación;

XLIII. Proponer a las instituciones del sistema educativo nacional, lineamientos y criterios para el diseño, elaboración y/o aplicación de contenidos, materiales pedagógicos y procesos de formación en materia de igualdad y no discriminación y celebrar convenios para llevar a cabo procesos de formación que fortalezcan la multiplicación y profesionalización de recursos en la materia.

XLIV. Conocer e investigar los presuntos casos de discriminación que se presenten, cometidos por personas servidoras públicas, poderes públicos federales o particulares;

XLV. Orientar y canalizar a las personas, grupos y comunidades a la instancia correspondiente en caso de que no se surta la competencia del consejo;

XLVI. Emitir resoluciones por disposición e informes especiales y, en su caso, establecer medidas administrativas y reparadoras contra las personas servidoras públicas federales, los poderes públicos federales o particulares en caso de cometer alguna acción u omisión de discriminación previstas en esta ley;

XLVII. Solicitar a cualquier autoridad o particular la adopción de las medidas precautorias o cautelares necesarias para evitar consecuencias de difícil o imposible reparación, en los casos de los que tenga conocimiento el consejo y se consideren graves, aun cuando no sea competente; lo anterior, a través del servicio de orientación o en la tramitación de los expedientes de queja.

XLVIII. Promover la presentación de denuncias por actos que puedan dar lugar a responsabilidades previstas en ésta u otras disposiciones legales; así como ejercer ante las instancias competentes acciones colectivas para la defensa del derecho a la no discriminación.

XLIX. Celebrar convenios de colaboración con los Poderes Públicos Federales, estatales y municipales, con los órganos de la administración del Distrito Federal, con particulares, con organismos internacionales y/u organizaciones de la sociedad civil;

L. Efectuar, fomentar, coordinar y difundir estudios e investigaciones sobre el derecho a la no discriminación;

LI. Emitir opiniones en relación con los proyectos de reformas en la materia que se presenten en el honorable Congreso de la Unión;

LII. Emitir opiniones sobre las consultas que, relacionadas con el derecho a la no discriminación, se le formulen;

LIII. Proponer reformas legislativas, reglamentarias o administrativas que protejan y garanticen el derecho a la no discriminación;

LIV. Diseñar indicadores para la evaluación de las políticas públicas con perspectiva de no discriminación;

LV. Elaborar un informe anual de sus actividades;

LVI. Proponer modificaciones al Estatuto Orgánico;

LVII. Las demás establecidas en esta Ley, en el Estatuto Orgánico y demás disposiciones aplicables.

Sección Cuarta

De la Junta de Gobierno

Artículo 23. La Junta de Gobierno estará integrada por la persona que ocupe la Presidencia del consejo, siete representantes del Poder Ejecutivo federal y siete de la asamblea consultiva del consejo.

La representación del Poder Ejecutivo Federal se conformará con las siguientes dependencias y entidades:

I. Secretaría de Gobernación;

II. Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

III. Secretaría de Salud;

IV. Secretaría de Educación Pública;

V. Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

VI. Secretaría de Desarrollo Social, y

VII. Instituto Nacional de las Mujeres.

Cada persona representante tendrá el nivel de titular de subsecretaría o rango inferior al titular, y las personas suplentes, del inferior jerárquico inmediato al de aquélla.

Las personas integrantes designadas por la asamblea consultiva y sus respectivas personas suplentes durarán en su encargo tres años, pudiendo ser ratificadas por otro período igual por una sola ocasión, o hasta la terminación de su periodo como integrante de la asamblea consultiva. Este cargo tendrá el carácter de honorario.

La Junta de Gobierno será presidida por la persona que ocupe la presidencia del consejo.

Serán invitadas permanentes a la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero no a voto, las siguientes entidades: Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, Instituto Mexicano de la Juventud, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Consejo Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida, Instituto Nacional de Migración y Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Artículo 24. La Junta de Gobierno tendrá, además de aquellas que establece el artículo 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las siguientes atribuciones:

I. Aprobar y modificar su reglamento de sesiones, y el Estatuto Orgánico del consejo, con base en la propuesta que presente la presidencia;

II. Aprobar los ordenamientos administrativos que regulen el funcionamiento interno del consejo propuestos por la Presidencia, así como establecer los lineamientos y las políticas generales para su conducción con apego a esta ley, su Estatuto Orgánico, los reglamentos de la Junta de Gobierno y de la asamblea consultiva, El Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y las demás disposiciones legales aplicables;

II Bis. Aprobar la estrategia, criterios y lineamientos propuestos por la Presidencia del consejo, que permitan a las instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales llevar a cabo programas y medidas para prevenir y eliminar la discriminación en sus prácticas, instrumentos organizativos y presupuestos;

III. Aprobar el proyecto de presupuesto y del programa operativo anual que someta a su consideración la Presidencia del Consejo y conocer los informes de su ejercicio y ejecución;

IV. Aprobar el informe anual de actividades que rendirá la Presidencia del Consejo a los Poderes de la Unión;

V. Autorizar el nombramiento o remoción a propuesta de la Presidencia del Consejo, a los servidores públicos de éste que ocupen cargos en las dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquél;

VI. Emitir los criterios a los cuales se sujetará el Consejo en el ejercicio de sus atribuciones;

VII. Aprobar el tabulador de salarios del Consejo y prestaciones al personal de nivel operativo del consejo, siempre que su presupuesto lo permita;

VIII. Se deroga.

IX. Considerar las opiniones de ·Ia Asamblea Consultiva en materia de prevención y eliminación de la discriminación;

X. Acordar la realización de las operaciones inherentes al objeto del organismo con sujeción a las disposiciones aplicables, y

XI. Las demás que le confieran éste u otros ordenamientos.

Artículo 25. La Junta de Gobierno sesionará válidamente cuando se encuentren presentes más de la mitad de las personas representantes, siempre que esté la persona titular de la Presidencia de la junta, o la persona que establezca el Estatuto Orgánico en caso de ausencia de la persona titular.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos y, en caso de empate, la persona que ocupe la presidencia del Consejo, tendrá voto de calidad.

Las sesiones serán ordinarias y extraordinarias; las ordinarias se llevarán a cabo por lo menos seis veces al año, y las- extraordinarias cuando las convoque la persona titular de la Presidencia, o la mitad más uno de las y los integrantes de la junta.

Sección Quinta

De la Presidencia

Artículo 26. La persona que ocupe la presidencia del consejo, quien presidirá la junta, será designado por el titular del Poder Ejecutivo federal. La Cámara de Senadores podrá objetar el nombramiento por mayoría, pudiéndolo también hacer la Comisión Permanente durante los periodos de receso bajo el mismo esquema de mayoría, durante los treinta días naturales posteriores al nombramiento. Si no se presenta objeción al vencimiento de este plazo, se tendrá por efectivo el nombramiento de la persona titular del Ejecutivo federal.

Para ser presidente del Consejo se requiere:

I. Contar con título profesional;

II. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, sociales, de servicio público o académicas, relacionadas con la materia de esta ley, y

III. No haberse desempeñado como secretario/a de Estado, procurador/a General de la República, gobernador/a, jefe/a del gobierno, senador/a, diputado/a federal o local, o dirigente de un partido o asociación política durante los dos años previos al día de su nombramiento.

Artículo 28. La persona que ocupe la presidencia del consejo durará en su cargo cuatro años y podrá ser ratificada por un periodo igual, por una sola ocasión.

Artículo 30. La Presidencia del consejo tendrá, además de aquellas que establece el artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las siguientes atribuciones:

I. Planear, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento del consejo, con sujeción a las disposiciones aplicables;

II. Proponer a la Junta de Gobierno, para su aprobación, los ordenamientos administrativos que regulen el funcionamiento interno del Consejo, incluyendo el, Estatuto Orgánico, manuales, lineamientos, reglamentos, así como las políticas generales para su conducción;

III. Someter a la Junta de Gobierno, para su aprobación, la estrategia, criterios o lineamientos que permitan a las instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales llevar a cabo programas y medidas para prevenir y eliminar la discriminación en sus prácticas, instrumentos organizativos y presupuestos;

IV. Presentar a la consideración de la Junta de Gobierno, para su aprobación, el proyecto del Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación;

V. Someter a la consideración de la Junta de Gobierno, para su aprobación, y a la Asamblea Consultiva, el informe anual de actividades y el relativo al ejercicio presupuestal del consejo.

VI. Ejecutar los acuerdos y demás disposiciones de la Junta de Gobierno, así como supervisar y verificar su cumplimiento por parte de las unidades administrativas del consejo;

VII. Enviar a los Poderes de la Unión el informe anual de actividades del consejo, así como de su ejercicio presupuestal; éste último, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

VIII. Se deroga.

IX. Proponer el nombramiento y/o remoción de las personas servidoras públicas del consejo, a excepción de aquellas que ocupen los dos niveles jerárquicos inferiores inmediatos al de la Presidencia;

X. Ejercer la representación legal del Consejo, así como delegarla cuando no exista prohibición expresa para ello;

XI. Promover y celebrar convenios de colaboración con dependencias y entidades de la administración pública federal, de los estados de la federación, municipios, organizaciones de ·la sociedad civil u otras de carácter privado, organismos nacionales e internacionales;

XII. Proponer a la Junta de Gobierno, para su aprobación, el tabulador salarial del consejo y prestaciones al personal de nivel operativo del Consejo, siempre que su presupuesto lo permita;

XIII. Solicitar a la Asamblea Consultiva opiniones relacionadas con el desarrollo de los programas y actividades que realice el Consejo, y con cuestiones en materia de prevención y eliminación de la discriminación, y

XIV. Las demás que le confieran ésta ley u otros ordenamientos.

Sección Sexta

De la asamblea constitutiva

Artículo 32. La Asamblea Consultiva estará integrada por no menos de diez ni más de veinte personas representantes de los sectores privado, social y de la comunidad académica que, por su experiencia o especialidad puedan contribuir a la prevención y eliminación de la discriminación y a la consolidación del principio de igualdad real de oportunidades. La asamblea no podrá estar integrada con más del 50 por ciento de personas del mismo sexo.

Las personas que la integren serán propuestas por la persona que ocupe la presidencia del Consejo, la Asamblea Consultiva, y los sectores y comunidad señalados, y su nombramiento estará a cargo de la Junta de Gobierno en los términos de lo dispuesto en el Estatuto Orgánico.

Artículo 34. Son facultades de la Asamblea Consultiva:

I. Presentar opiniones ante la Junta de Gobierno, relacionadas con el desarrollo de los programas y actividades que realice el consejo;

II. Asesorar tanto a la Junta de Gobierno como a la Presidencia del consejo en cuestiones relacionadas con la prevención y eliminación de la discriminación;

III. Atender las consultas y formular las opiniones que le sean solicitadas por la Junta de Gobierno o por la Presidencia del Consejo;

...

V. Nombrar de entre sus integrantes a las siete personas que la representarán y formarán parte de la Junta de Gobierno y a sus respectivas o respectivos suplentes;

VI. Participar en las reuniones y eventos a los que la convoque el consejo, para intercambiar experiencias e información de carácter nacional e internacional relacionadas con la materia;

VII. Derogada.

VIII. Las demás que señalen el Estatuto Orgánico y otras disposiciones aplicables.

Artículo 35. Las personas integrantes de la Asamblea Consultiva durarán en su cargo tres años, y podrán ser ratificadas por un período igual, en los términos de lo dispuesto en el Estatuto Orgánico. Cada año se renovará al menos cuatro de sus integrantes.

Sección Séptima

De los Órganos de Vigilancia

Artículo 38. El consejo contará con una contraloría, órgano de control interno, al frente de la cual estará la persona designada en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública por sí o a través del órgano interno de control del consejo, el ejercicio de las atribuciones que en materia de control, inspección, vigilancia y evaluación le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Auditoría Superior de la Federación.

El órgano de vigilancia del consejo estará integrado por un Comisario Público propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública, quienes ejercerán sus funciones de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

El comisario acudirá con voz pero sin voto, a las sesiones de la Junta de Gobierno.

Artículo 39. El Comisario Público, tendrá las siguientes facultades:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. Las demás inherentes a su función y las que le señale expresamente la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de su competencia.

Sección Octava

Prevenciones Generales

...

Sección Novena

Régimen de Trabajo

...

Capítulo V

Del procedimiento de queja

Sección Primera

Disposiciones generales

Artículo 43. El consejo conocerá de las quejas por los presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias a que se refiere esta ley, atribuidas a particulares, personas físicas o morales, así como a personas servidoras públicas federales, y a los poderes públicos federales, e impondrá en su caso las medidas administrativas y reparadoras que esta ley previene.

Toda persona podrá presentar quejas por presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias ante el Consejo, ya sea directamente o por medio de su representante, aun cuando no tenga vínculos con la persona presuntamente agraviada.

...

Cuando fueren varios las o los peticionarios que formulan una misma queja, nombrarán a una persona representante común; la omisión dará lugar a que el consejo la designe de entre aquéllas, con quien se practicarán las notificaciones.

Artículo 44. Las quejas que se presenten ante el consejo sólo podrán admitirse dentro del plazo de un año, contado a partir de que se haya iniciado la realización de los presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias, o de que la persona peticionaria tenga conocimiento de estos.

En casos excepcionales, y tratándose de actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias graves a juicio del Consejo Nacional, éste podrá ampliar dicho plazo mediante un acuerdo fundado y motivado.

Artículo 45. El consejo podrá proporcionar orientación a las personas peticionarias y agraviadas respecto a los derechos que les asisten y los medios para hacerlos valer y, en su caso, canalizará ante las instancias correspondientes en la defensa de los citados derechos, en los términos establecidos en el Estatuto Orgánico.

Artículo 48. Tanto las personas particulares, como las personas servidoras públicas y los poderes públicos federales, están obligadas a auxiliar al personal del consejo en el desempeño de sus funciones y a rendir los informes que se les soliciten en los términos requeridos.

En el supuesto de que las autoridades o personas servidoras públicas federales sean omisas para atender los requerimientos del Consejo, se informará a su superior jerárquico de esa situación, y en caso de continuar con el incumplimiento, se dará vista al órgano interno de control correspondiente para que aplique las sanciones administrativas conducentes.

Artículo 48 Bis.- Las quejas se tramitarán conforme a lo dispuesto en esta ley. El procedimiento será breve y sencillo, y se regirá por los principios pro persona, de inmediatez, concentración, eficacia, profesionalismo, buena fe, gratuidad y suplencia de la deficiencia de la queja.

Artículo 49. Las quejas podrán presentarse por escrito, con la firma o huella digital y datos generales de la parte peticionaria, así como la narración de los hechos que las motivan.

También podrán formularse verbalmente mediante comparecencia en el consejo, por vía telefónica, fax, por la página web institucional o correo electrónico institucional, las cuales deberán ratificarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación, pues de lo contrario se tendrán por no presentadas.

Artículo 50. El consejo no admitirá quejas anónimas, ni aquéllas que resulten evidentemente improcedentes, infundadas; o no expongan conductas o prácticas discriminatorias, dentro del ámbito de su competencia, o éstas consistan en la reproducción de una queja ya examinada y determinada anteriormente.

Las quejas que no contengan el nombre de la parte peticionaria, como consecuencia del temor a represalias, se podrán registrar, debiéndose mantener sus datos de identificación en estricta reserva, los cuales le serán solicitados con el único fin de tenerla ubicada y poder de esta forma realizar las gestiones necesarias para la preservación de sus derechos.

La reserva de los datos procederá sólo en los casos en que con ello no se imposibilite la investigación de la queja o la actuación de este consejo.

Artículo 51. Si el consejo no resulta competente o no se trata de un acto, omisión o práctica social discriminatoria, podrá brindar a la parte interesada la orientación necesaria para que, en su caso, acuda ante la instancia a la cual le corresponda conocer del caso.

Artículo 52. Cuando de la narración de los hechos motivo de queja no se puedan deducir los elementos mínimos para la intervención del Consejo, se solicitará por cualquier medio a la persona peticionaria que los aclare dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la petición.

De omitir atender tal solicitud, se practicará un segundo requerimiento con igual plazo y, de insistir en la omisión, se emitirá acuerdo de conclusión del expediente por falta de interés.

Artículo 53. En ningún momento la presentación de una queja ante el Consejo interrumpirá la prescripción de las acciones judiciales o recursos administrativos previstos por la legislación correspondiente.

Artículo 55. Cuando se presenten dos o más quejas que se refieran a los mismos hechos, actos, omisiones o prácticas sociales presuntamente discriminatorias, el Consejo, a su juicio, podrá acumularlas para su trámite y resolución, cuando reúnan los requisitos de procedibilidad y proporcionen elementos relevantes al caso que se investiga, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico del consejo.

Sección Segunda

De la Reclamación

Artículo 58. Se deroga.

Artículo 59. Se deroga.

Artículo 60. Se deroga.

Artículo 61. Se deroga.

Artículo 62. Se deroga.

Artículo 63. Se deroga.

Sección Tercera

De la Sustanciación

Artículo 63 Bis. La persona titular de la Presidencia, la persona titular de la Dirección General Adjunta de Quejas, así como las personas titulares de las direcciones, subdirecciones y jefaturas de departamento de la Dirección General Adjunta que tendrán a su cargo la tramitación de expedientes de queja y el personal que al efecto se designe, tendrán en sus actuaciones fe pública para certificar la veracidad de los hechos en relación con las quejas presentadas ante dicho consejo; las orientaciones que se proporcionen; la verificación de medidas administrativas y reparadoras, entre otras necesarias para la debida sustanciación del procedimiento.

Para los efectos de esta ley, la fe pública consistirá en la facultad de autenticar documentos preexistentes o declaraciones y hechos que tengan lugar o estén aconteciendo en su presencia.

Las declaraciones y hechos a que se refiere el párrafo anterior, se harán constar en el acta circunstanciada que al efecto levantará la persona servidora pública correspondiente.

Artículo 63 Ter. En los casos de los que tenga conocimiento el consejo y se consideren graves, podrá solicitar a cualquier particular o autoridad la adopción de las medidas precautorias o cautelares necesarias para evitar consecuencias de difícil o imposible reparación; lo anterior, a través del área que proporcione orientación o en la tramitación de los expedientes de queja.

Artículo 63 Quáter. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la queja, o al de su aclaración, se resolverá respecto a su admisión.

Artículo 63 Quintus. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la admisión de la queja, las imputaciones se harán del conocimiento de la persona particular, física o moral, persona servidora pública o Poderes Públicos Federales a quienes se atribuyan éstas, o a su superior jerárquico o al representante legal, para que rindan un informe dentro del plazo máximo de diez días hábiles siguientes al de la fecha de su notificación.

Artículo 63 Sextus. En la contestación se afirmarán, refutarán o negarán todos y cada uno de los hechos actos, omisiones o prácticas discriminatorias imputadas, además de incluir un informe detallado y documentado de los antecedentes del asunto, sus fundamentos y motivaciones y, en su caso, los elementos jurídicos o de otra naturaleza que los sustenten y demás que considere necesarios.

Artículo 63 Séptimus. A la persona particular, física o moral, persona servidora pública o poderes públicos federales a quienes se atribuyan los presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias, se les apercibirá de que de omitir dar contestación a las imputaciones, o dar respuesta parcial, se tendrán por ciertas las conductas o prácticas sociales presuntamente discriminatorias que se le atribuyan, salvo prueba en contrario, y se le notificará del procedimiento conciliatorio, cuando así proceda, para efectos de su participación.

Sección Cuarta

De la conciliación

Artículo 64. La conciliación es la etapa del procedimiento de queja por medio del cual personal de este consejo intenta, en los casos que sea procedente, avenir a las partes para resolverla, a través de alguna de las soluciones que se propongan, mismas que siempre velarán por la máxima protección de los derechos de las personas presuntamente víctimas de conductas y/o prácticas sociales discriminatorias.

Cuando el contenido la queja, a juicio del Consejo, se refiera a casos graves, o bien exista el riesgo inminente de revictimizar a la persona peticionaria y o agraviada, el asunto no podrá someterse al procedimiento de conciliación con las autoridades o particulares presuntamente responsables de la discriminación, por lo que se continuará con la investigación o, si se contara con los elementos suficientes, se procederá a su determinación.

Artículo 65 Bis. En el caso de que las partes residan fuera del domicilio del consejo, la conciliación podrá efectuarse por escrito, medios electrónicos u otros, con la intermediación del consejo.

En caso de que las partes acepten la conciliación, ya sea en sus comparecencias iniciales, o en cualquier otro momento, dentro de los quince días hábiles siguientes se efectuará la audiencia respectiva, para cuya celebración este Consejo fijará día y hora.

El consejo podrá realizar esa conciliación aun sin la presencia de la parte peticionaria o agraviada, siempre y cuando se cuente con la anuencia de cualquiera de éstas.

Artículo 66. Al preparar la audiencia, la persona conciliadora solicitará a las partes los elementos de juicio que considere convenientes para ejercer adecuadamente sus atribuciones, pudiendo aquéllas ofrecer los medios de prueba que estimen necesarios.

Artículo 67. En caso de que la parte peticionaria o a quien se atribuyan los hechos motivo de queja no comparezcan a la audiencia de conciliación y justifiquen su inasistencia dentro del plazo de los tres días hábiles siguientes, por única ocasión se señalará nuevo día y hora para su celebración.

Artículo 68. La persona conciliadora expondrá a las partes un resumen de la queja y de los elementos de juicio con los que se cuente hasta ese momento y las exhortará a resolverla por esa vía, ponderando que las pretensiones y acuerdos que se adopten sean proporcionales y congruentes con la competencia de este consejo.

Artículo 69. La audiencia de conciliación podrá ser suspendida a juicio de la parte conciliadora o a petición de ambas partes de común acuerdo hasta en una ocasión, debiéndose reanudar, en su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes.

Artículo 70. De lograr acuerdo se suscribirá convenio conciliatorio; el cual tendrá autoridad de cosa juzgada y traerá aparejada ejecución, y el Consejo dictará acuerdo de conclusión del expediente de queja, sin que sea admisible recurso alguno, quedando sujeto el convenio a seguimiento hasta su total cumplimiento.

Artículo 71. En el supuesto de que el consejo verifique la falta de cumplimiento de lo convenido, su ejecución podrá promoverse ante los tribunales competentes en la vía de apremio o en juicio ejecutivo, a elección de la parte interesada o por la persona que designe el consejo, a petición de aquélla.

A juicio del consejo se podrá decretar la reapertura del expediente de queja, con motivo del incumplimiento total o parcial del convenio.

Artículo 72. De no lograrse conciliación entre las partes, se abrirá la etapa de la investigación, o se determinará la queja de considerar el Consejo que cuenta con los elementos o pruebas necesarias para ello.

Sección Quinta

De la investigación

Artículo 73. El consejo efectuará la investigación, para lo cual tendrá las siguientes facultades:

I. Solicitar a las autoridades o particulares a los que se atribuyen los hechos motivo de queja la remisión de informes complementarios y documentos relacionados con el asunto materia de la investigación;

II. Solicitar a otras personas físicas o morales, personas servidoras públicas o poderes públicos federales que puedan tener relación con los hechos o motivos de la queja, la remisión de informes o documentos vinculados con el asunto.

Para realizar la investigación no será impedimento el carácter confidencial o reservado de la información; sin embargo, el Consejo deberá manejar ésta en la más estricta confidencialidad y con apego a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

III. Practicar inspecciones en el o los lugares en que se presume ocurrieron los hechos, así como en los archivos de particulares, de las autoridades, personas servidoras públicas o entidad de los poderes públicos imputados. En su caso, se asistirá de personal técnico o profesional especializado;

IV. Citar a las personas que deben comparecer como testigos o peritos; y

V. Efectuar todas las demás acciones que el consejo juzgue convenientes para el mejor conocimiento del asunto.

Artículo 75. Las pruebas que se presenten por las partes, así como las que de oficio se allegue el consejo, serán valoradas en su conjunto, de acuerdo con los principios de la lógica, la experiencia y la legalidad, a fin de que puedan producir convicción sobre los hechos motivo de queja.

Sección Sexta

De la resolución

Artículo 77 Bis. Las resoluciones por disposición que emita el consejo, estarán basadas en las constancias del expediente de queja.

Artículo 77 Ter. La resolución por disposición contendrá una síntesis de los puntos controvertidos, las motivaciones y los fundamentos de derecho interno e internacional que correspondan y los resolutivos en los que con toda claridad se precisará su alcance y las medidas administrativas y reparadoras que procedan conforme a esta Ley. En la construcción de los argumentos que la funden y motiven se atenderá a los criterios y principios de interpretación dispuestos en esta ley.

Artículo 77 Quáter. El consejo puede dictar acuerdos de trámite en el curso del procedimiento de queja, los cuales serán obligatorios para las partes; su incumplimiento traerá aparejadas las medidas administrativas y responsabilidades señaladas en este ordenamiento.

Artículo 78. Si al concluir la investigación, no se logra comprobar que se hayan cometido los actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias imputadas, el consejo dictará el acuerdo de no discriminación, atendiendo a los requisitos a que se refiere el Estatuto Orgánico del consejo.

Artículo 79. Si una vez finalizada la investigación, el consejo comprueba los actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias formulará la correspondiente resolución por disposición, en la cual se señalarán las medidas administrativas y reparadoras a que se refiere el capítulo correspondiente de esta ley, así como los demás requisitos que prevé el Estatuto Orgánico del consejo.

La notificación de la resolución que se emita en el procedimiento de queja, que en su caso contenga la imposición de medidas administrativas y reparadoras previstas en esta ley, se realizará personalmente, por mensajería o por correo certificado con acuse de recibo.

De no ser posible la notificación por cualquiera de esos medios, podrá realizarse por estrados, de conformidad con lo señalado en el Estatuto Orgánico.

Artículo 79 Bis. Con la finalidad de visibilizar (el término no sería aplicable en este caso) y hacer del conocimiento de la opinión pública aquellos casos relacionados con presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias que a juicio del consejo sean graves, reiterativos o que tengan una especial trascendencia, podrá emitir informes especiales en los que se expondrán los resultados de las investigaciones; en su caso, las omisiones u obstáculos atribuibles a particulares y personas servidoras públicas; estableciendo propuestas de acciones y medidas para lograr condiciones de igualdad y no discriminación.

Artículo 79 Ter. Las personas servidores públicos federales a quienes se les compruebe que cometieron actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias, además de las medidas administrativas y de reparación que se les impongan, quedarán sujetas a las responsabilidades en que hayan incurrido, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

El consejo enviará la resolución a la Secretaría de la Función Pública, al contralor interno o al titular del área de responsabilidades de la dependencia, entidad u órgano público federal al que se encuentre o se hubiese encontrado adscrita la persona servidora pública responsable. La resolución emitida por el consejo constituirá prueba plena dentro del procedimiento respectivo.

Sección Sexta

Del Procedimiento

Conciliatorio entre Particulares

Artículo 80. Derogado.

Artículo 81. Derogado.

Artículo 82. Derogado.

Capítulo VI

De las medidas administrativas y reparadoras

Sección Primera

De las Medidas Administrativas y Reparadoras

Artículo 83. El consejo dispondrá la adopción de las siguientes medidas administrativas para prevenir y eliminar la discriminación:

I. La impartición de cursos o talleres que promuevan el derecho a la no discriminación y la igualdad de oportunidades;

II. La fijación de carteles donde se señale que en ese establecimiento, asociación o institución se realizaron hechos, actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias, o mediante los que se promueva la igualdad y la no discriminación;

III. La presencia de personal del consejo para promover y verificar la adopción de medidas a favor de la igualdad de oportunidades y la eliminación de toda forma de discriminación;

IV. La difusión de la versión pública de la resolución en el órgano de difusión del Consejo; y

V. La publicación o difusión de una síntesis de la resolución en los medios impresos o electrónicos de comunicación.

La imposición de estas medidas administrativas a los particulares, se sujetará a que éstos se hayan sometido al convenio de conciliación correspondiente.

Artículo 83 Bis. El Consejo podrá imponer las siguientes medidas de reparación:

I. Restitución del derecho conculcado por el acto, omisión o práctica social discriminatoria;

II. Compensación por el daño ocasionado;

III. Amonestación pública;

IV. Disculpa pública o privada;

V. Garantía de no repetición del acto, omisión, o práctica social discriminatoria, y

VI. Cualquier otra medida encaminada al resarcimiento del daño ocasionado por la comisión de actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias.

Artículo 83 Ter. Las medidas administrativas y reparadoras señaladas se impondrán sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal a que hubiere lugar.

Sección Segunda

De los criterios para la imposición de medidas administrativas y reparadoras

Artículo 84. Para la imposición de las medidas administrativas y reparadoras, se tendrá en consideración:

I. Se deroga.

II. La gravedad de la conducta o práctica social discriminatoria;

II Bis. La concurrencia de dos o más motivos o formas de discriminación;

III. La reincidencia, entendiéndose por ésta cuando la misma persona incurra en igual, semejante o nueva violación al derecho a la no discriminación, sea en perjuicio de la misma o diferente parte agraviada;

IV. El efecto producido por la conducta o práctica social discriminatoria.

Sección Tercera

De la ejecución de las medidas administrativas y reparadoras

Artículo 86. Tratándose de personas servidoras públicas, la omisión en el cumplimiento a la resolución por disposición en el plazo concedido, dará lugar a que el consejo lo haga del conocimiento de la Secretaría de la Función Pública y de la autoridad, dependencia, instancia o entidad del poder púbico competente para que procedan conforme a sus atribuciones.

Si se trata de particulares, personas físicas o morales, que omitan cumplir, total o parcialmente, la resolución por disposición, este Consejo podrá dar vista a la autoridad competente por la desobediencia en que haya incurrido.

Artículo 87. El Consejo tendrá a su cargo la aplicación de las medidas administrativas y reparadoras previstas en los artículos 83 y 83 Bis de esta ley.

No obstante, los costos que se generen por esos conceptos deberán ser asumidos por la persona a la que se le haya imputado el acto u omisión discriminatoria.

Sección Cuarta

Del Recurso de Revisión

Artículo 88. Contralas resoluciones y actos del consejo los interesados podrán interponer el recurso de revisión, de conformidad con la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

Artículos Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Artículo Tercero. El período de duración a que hace referencia esta ley para la persona que ocupe el cargo de la Presidencia del Conapred entrará en vigor a partir del siguiente nombramiento.

Artículo Cuarto. El sistema para iniciar la renovación escalonada de las personas integrantes de la Asamblea Consultiva se propondrá mediante acuerdo de dicho órgano colegiado, y se pondrá a consideración de la Junta de Gobierno para su aprobación.

Artículo Quinto. Dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de publicación del presente decreto, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación deberá emitir los lineamientos que regulen la aplicación de las medidas previstas en el artículo 83 de la presente ley.

Senador Ricardo García Cervantes (rúbrica)

Vicepresidente

Senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica)

Secretaria