De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desechan cinco iniciativas con proyectos de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de violencia escolar

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 157, numeral 1, fracción I, 176 y 182 numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 9 de febrero de 2011 fue presentada por la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 42 de la Ley General de Educación.

2. Con fecha 9 de febrero de 2012, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibo a la iniciativa con proyecto de decreto y ordenó su turno a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

3. Con fecha 28 de febrero de 2012 fue presentada por la diputada Laura Arizmendi Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7o. y 49 de la Ley General de Educación.

4. En esa misma fecha, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibo a la iniciativa con proyecto de decreto y ordenó su turno a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

5. Con fecha 28 de febrero de 2012 fue presentada por el diputado Ariel Gómez León, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 42 de la Ley General de Educación.

6. Con fecha 28 de febrero de 2012, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibo a la iniciativa con proyecto de decreto y ordenó su turno a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

7. Con fecha 1 de marzo de 2012 fue presentada por la diputada Laura Arizmendi Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7o. y 8o. de la Ley General de Educación.

8. En esa misma fecha, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibo a la iniciativa con proyecto de decreto y ordenó su turno a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

9. Con fecha 29 de marzo de 2012 fue presentada por el diputado David Hernández Vallín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 12, 14, 30 y 42 y adiciona los artículos 53 Bis, 53 Ter y 53 Quárter de la Ley General de Educación.

10. En esa misma fecha, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibo a la iniciativa con proyecto de decreto y ordenó su turno a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

11. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo a las cinco iniciativas y comenzó su análisis conjunto por coincidir en los objetivos que persiguen.

II. Descripción de las iniciativas

A. Iniciativa de la Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena que reforma el artículo 42 de la Ley General de Educación

La diputa Gallegos Camarena comienza su exposición de motivos con un recuento histórico de cómo a lo largo del tiempo niñas, niños y adolescentes fueron susceptibles del abuso parental y del estado, haciendo referencia a la ley romana, y las medidas en la edad media y la revolución industrial para revertir el gasto que los hijos significaban a los padres.

En este orden de ideas señala que hasta finales del siglo XVIII comienzan a notarse cambios en el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos del derecho, mencionando la Declaración de los Derechos del Niño (1959) y la Convención de los Derechos del Niño (1989), en que los estados parte se comprometieron a adoptar medidas para dar efectividad a los derechos que en los cuerpos normativos se establecían.

Respecto de la Convención y su cumplimiento, menciona que en México, a finales de 1999, el Congreso aprobó la reforma al artículo 4o. de la Carta Magna que introdujo la noción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, señalando algunas obligaciones básicas de la familia, la sociedad y el estado para protegerlos. Asimismo, en abril de 2000, se aprobó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reglamentaria del artículo 4o. constitucional.

A pesar de los cuerpos normativos mencionados señala, en México niños y niñas continúan siendo expuestos a violaciones a sus derechos, así como a violencia física, sexual y psicológica en el hogar y la escuela, en instituciones de protección y judiciales, en los lugares donde trabajan y en sus comunidades. Y se refiere a prácticas que son aceptadas socialmente como el castigo físico, el acoso escolar, el acoso sexual, y prácticas tradicionales violentas pueden ser percibidos como normales, en particular si no provocan lesiones físicas duraderas. La legisladora asegura que estas violaciones tienen lugar porque niñas y niños “no saben defenderse ante las agresiones de los adultos, no piden ayuda y carecen de mecanismos accesibles y confidenciales que permitan denunciar”.

En este orden de ideas, la diputada asegura que su propuesta pretende garantizar que niñas, niños y adolescentes cuenten con instrumentos que les permitan denunciar probables violaciones a sus derechos, asegurando que tanto educadores como autoridades educativas deben abstenerse de conocer de dichas denuncias y habrán de hacerlas llegar a las autoridades de procuración de defensa y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que corresponda.

Finalmente y de acuerdo con las consideraciones expuestas por la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, la iniciativa contiene el proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 42 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 42. ...

Asimismo, se tomarán medidas que permitan a los educandos denunciar de forma confidencial cualquier acto violatorio de sus derechos.

En caso de que las y los educadores, así como las autoridades educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún delito en agravio de las y los educandos o de cualquier acto violatorio de sus derechos , lo harán del conocimiento inmediato de las instancias de procuración de defensa y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes o de la autoridad competente.

Transitorios

Único. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

B. Iniciativa de la diputada Laura Arizmendi Campos que reforma los artículos 7º y 49 de la Ley General de Educación

La diputada Arizmendi Campos aborda la exposición de motivos de su iniciativa mencionando la necesidad de generar una cultura de prevención y eliminación de la violencia al interior de las escuelas, instituciones que califica como “principales entornos de socialización”, por lo que las considera un espacio poderoso y con gran influencia en la construcción de la identidad personal.

Respecto del tema particular de violencia escolar, la legisladora hace referencia a ciertas manifestaciones como el maltrato físico y verbal, la intimidación, la exclusión social y el abuso, y muestra su preocupación al respecto, pues considera que el fenómeno afecta las relaciones interpersonales imprescindibles, como base de la convivencia escolar, atemoriza y deteriora el clima de seguridad y confianza necesarias para el progreso intelectual, afectivo y moral de los alumnos.

La legisladora refiere que en México el fenómeno de la violencia escolar ha dejado de ser noticia y se ha convertido en parte de la cotidianeidad de los alumnos y alumnas, y agrega que su gravedad y frecuencia se han incrementado y extendido por todos los rincones del país y aunque son las zonas urbanas donde éste sigue teniendo mayor presencia, cada vez se eleva más el número de casos en zonas rurales.

Al respecto añade que anteriormente, la violencia escolar se encontraba asociada a maltratos físicos y emocionales impuestos por los docentes; y que hoy en día ha cambiado con la aparición y expansión de fenómenos como el bullying en los que los generadores y receptores de la violencia son los mismos alumnos.

Sobre la magnitud del problema, la diputada Arizmendi Campos cita datos de 2007 y 2008 del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INNE) y concluye que la violencia introduce riesgos potenciales que amenazan los objetivos de la educación escolarizada, y que para su prevención son necesarios programas y planes de estudio que incluyan una cultura de respeto, tolerancia y mediación, como métodos de resolución de conflictos escolares, así como difundir materiales que respondan a los problemas de violencia en las aulas, en la escuela y fuera de ella.

En este orden de ideas, la iniciante asegura que se deben unir esfuerzos para mejorar el comportamiento de los educandos en los centros escolares, a fin de fomentar la participación del alumnado a través de normas de comportamiento; y para fortalecer el sistema educativo profesionalizando a las autoridades educativas y a los docentes, con el fin de que resuelvan conflictos rechazando cualquier tipo de actitudes violentas.

Finalmente y de acuerdo con las consideraciones expuestas por la diputada Laura Arizmendi Campos, la iniciativa contiene el proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 7o. y adiciona un párrafo al artículo 49 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 7. La educación que impartan el estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. a V. ...

VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz, prevenir y erradicar la violencia escolar en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos.

Artículo 49. El proceso educativo se basará en los principios de libertad y responsabilidad que aseguren la armonía de las relaciones entre educandos y educadores y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas. De igual manera se fomentará el uso de todos los recursos tecnológicos y didácticos disponibles.

El proceso educativo buscará salvaguardar la integridad física y psicológica de los alumnos con el fin de prevenir y erradicar la violencia escolar, en los diferentes niveles educativos.

Además estará sujeto a los fines y criterios en los artículos 7 y 8 del presente ordenamiento, para lo cual se brindará capacitación al personal docente para que éste, a su vez, transmita esa información a los educandos, así como a los padres de familia.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

C. Iniciativa del diputado Ariel Gómez León que reforma el artículo 42 de la Ley General de Educación

El diputado Gómez León aborda de manera directa la problemática de la violencia escolar en México citando datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, de la Secretaría de Educación Pública, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Secretaría de Educación del Distrito Federal; mismos que a continuación se sintetizan:

• 40 por ciento de la población escolar de primaria y secundaria, tanto en instituciones públicas como privadas del país, es víctima de bullying .

• 90 por ciento de las y los alumnos han sufrido alguna agresión por parte de sus compañeras o compañeros,

• 95 por ciento de los alumnos del Distrito Federal han sido víctimas o han presenciado un acto de bullying,

• En el Distrito Federal se reconocen 6 tipos de maltrato escolar: el psicoemocional, el físico directo, el físico indirecto, el sexual, el verbal y por medio de las tecnologías de la información y comunicación,

• 32 por ciento de los menores de 15 años afirmaron ser víctimas de maltrato en la escuela,

• Más de 15 por ciento aseguró ser insultado,

• 13 por ciento dijo ser golpeado por sus compañeros,

• 1 de cada 4 jóvenes sufre agresiones verbales y físicas,

• Alrededor de 70 por ciento de los estudiantes de secundaria han padecido bullying, México ocupa el primer lugar en violencia verbal, física y psicológica de entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El legislador añade a estas cifras que la discriminación daña la dignidad de las personas, que la humillación y degradación las deja en estado de vulnerabilidad frente a todo tipo de abusos y agrega que el sector educativo se ve gravemente afectado, pues las víctimas dejan la escuela evitando ser sujetos a sufrir agresiones por parte de sus compañeros, cuando el conflicto pudiera solucionarse con la intervención de maestros, administrativos y director de los planteles, sin omitir a los tutores o padres de familia tanto de las víctimas, como de los agresores.

Respecto del combate contra la discriminación, el iniciante sostiene las siguientes propuestas:

• Incorporar nuevos contenidos en los programas educativos,

• Modificar los términos de la relación entre alumnos, entre éstos y los docentes, entre éstos y los padres de familia, y entre la escuela y la comunidad,

• Transformar el ambiente escolar y las formas de gestión y dirección bajo principios de respeto y atención a la diversidad, y

• Dar a los menores generadores de violencia, que abusan del poder que por cualquier causa tienen, herramientas y mecanismos con los que puedan resolver sus conflictos, sin infamarlos, mostrándoles que la tolerancia es una forma de vida.

Finalmente y de acuerdo con las consideraciones expuestas por el diputado Ariel Gómez León, la iniciativa contiene el proyecto de decreto que reforma el artículo 42 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 42. En la impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, condenando todo tipo de conductas violentas en sus diversas modalidades como el acoso, bloqueo social, hostigamiento, manipulación, coacción, exclusión social, intimidación, agresión, amenazas y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad.

...

Transitorio

Único. La adición contenida en este decreto, entrarán en vigor el siguiente día al de su publicación.

D. Iniciativa de la diputada Laura Arizmendi Campos que reforma los artículos 7o. y 8o. de la Ley General de Educación

En su propuesta, la Diputa Arizmendi Campos muestra su interés en que la perspectiva de género y la educación para la paz sean conceptos contemplados por los contenidos curriculares y las normas de convivencia de los centros de enseñanza del país, pues considera que esto contribuiría al fortalecimiento de la democracia y a la comprensión de los orígenes de la violencia que aqueja a la sociedad mexicana.

La legisladora sostiene que educar para la paz es educar para la resolución pacífica de los conflictos; es crear conciencia sobre la importancia de oponerse a todo aquello que resulte contrario a la dignidad humana; por lo que considera que las reformas educativas deben insistir en la necesidad de una educación sobre valores.

Si bien la diputada reconoce los esfuerzos realizados para que en el sistema educativo se contemple la educación para la paz, asegura que se carece de una concepción integral de éstas, ya que asegura, existe “un vacío de formación e información en estudiantes, docentes y padres de familia, al grado que los alumnos no reconocen que la resolución de conflictos se puede dar por medios no violentos, en un marco de pleno respeto a los derechos humanos”.

Respecto de las acciones que se han llevado a cabo para introducir la educación para la paz, la legisladora hace un recuento de los acuerdos internacionales que han dado lugar a iniciativas tanto de académicos como del estado, entre ellos resaltan la Declaración y el Programa de Acción de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, junio de 1993); el Plan de Acción Mundial sobre Educación para los Derechos Humanos y la Democracia, aprobado por el Congreso Internacional sobre Educación para los Derechos Humanos y la Democracia (Montreal, marzo de 1993) y la Declaración y el Programa de Acción para una Cultura de Paz (13 de septiembre de 1999); la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979); la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1994).

De esta manera, la Iniciante concluye que entre los principios que deben considerarse cuando se educa en la paz con perspectiva de género se encuentran: el cultivo de valores como la justicia, la cooperación, la solidaridad, el desarrollo de la autonomía personal y la toma de decisiones; la convivencia con los demás en ambientes de respeto y armonía; la preparación para el conflicto y su resolución no violenta; el desarrollo del pensamiento crítico; la promoción de la educación intercultural, la educación para el desarrollo y la educación para la ciudadanía.

Finalmente y de acuerdo con las consideraciones expuestas por la diputada Laura Arizmendi Campos, la iniciativa contiene el proyecto de decreto que reforma los artículos 7o. y 8o. de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 7o. ...

I. a V. ...

VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz con perspectiva de género y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos;

VII. a XVI. ...

Artículo 8o. El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan —así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan— se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres, niñas y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno. Corresponde al estado promover que las escuelas sean espacios de fomento a la equidad y a la cultura de paz.

I. a III. ...

Transitorio

Único. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

E. Iniciativa del diputado David Hernández Vallín que reforma los artículos 12, 14, 30 y 42 y adiciona los artículos 53 Bis, 53 Ter y 53 Quáter de la Ley General de Educación

El diputado Hernández Vallín comienza su exposición de motivos señalando que el bullying , es un trastorno multifactorial que debe ser prevenido y manejado por especialistas de la conducta, por lo que califica de “impostergable elevar a rango de ley lo relativo a este trastorno, desde una óptica integral, para su detección y prevención”.

Sobre la problemática añade que no se trata de un problema menor, pues se trata de conductas que deben recibir atención inmediata, para quien las emite y para quien las recibe, y muestra su preocupación respecto del daño que el agresor genera en la víctima, redundando en baja autoestima, estado de ansiedad, depresión, deserción escolar y en casos graves la muerte.

Respecto de los alcances de la problemática, el legislador asegura que el fenómeno afecta a su vez a los demás integrantes del núcleo escolar que presencia el maltrato, toda vez que lo viven como algo “natural por cotidiano”, lo cual eventualmente ocasionará que esta población se insensibilice ante la violencia y el abuso.

Por lo anterior, el diputado sostiene que resulta imperativo, adecuar el marco jurídico a la realidad social. Y si bien reconocer que en el Congreso General, nos hemos ocupado enfáticamente de la atención a las víctimas de diversos delitos, hemos olvidado a los menores, víctimas de acoso escolar. Y añade que más allá de la criminalización de las conductas, se requieren acciones de atención integral a todos los agentes que participan en el acoso escolar.

En este orden de ideas, el iniciante señala que su propuesta está dirigida, a la instrumentación de un “Programa Nacional Permanente contra el Acoso Escolar”, como responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública, de aplicación obligatoria en los centros educativos de los diferentes órdenes de gobierno, en la educación básica y media superior.

Finalmente y de acuerdo con las consideraciones expuestas por el diputado David Hernández Vallín, la iniciativa contiene el proyecto de decreto que reforma los artículos 12, 14, 30 y 42 y adiciona los artículos 53 Bis, 53 Ter y 53 Quáter de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 12. ...

I. a XIII. ...

XIV. Formular el Programa Nacional Permanente contra el Acoso Escolar, en el ámbito de la educación básica y media superior; y

XV. ...

Artículo 14. ...

I. al XII. ...

XIII. Desarrollar el Programa Nacional Permanente contra el Acoso Escolar, en el ámbito de la educación básica y media superior; y

XIV. ...

Artículo 30. ...

Sin menoscabo de lo señalado en los párrafos anteriores, las instituciones a que se refiere este artículo están obligadas a generar indicadores sobre su avance en la aplicación de métodos para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación y de violencia a través del índice de acoso escolar que en su caso se observe en cada institución anualmente, con la finalidad de que sean sujetas a evaluación sobre la materia. Tales indicadores serán de dominio público y se difundirán por los medios disponibles.

Artículo 42. ...

Los educadores así como las autoridades educativas harán del conocimiento inmediato de la autoridad competente, la comisión de algún delito entre educandos; así como los casos de acoso escolar en los términos que establezcan el Programa Nacional contra el Acoso Escolar y demás disposiciones aplicables.

Sección 4. Del Programa Nacional Permanente contra el Acoso Escolar

Artículo 53 Bis. El Programa Nacional Permanente contra el Acoso Escolar, tiene por objeto prevenir y erradicar el acoso escolar en el entorno escolar, en el ámbito de la educación básica y media superior.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por acoso escolar, las manifestaciones reiteradas de discriminación, intimidación, violencia física o psicológica entre los educandos.

Artículo 53 Ter. Corresponde a la secretaría, la elaboración del Programa Nacional Permanente Contra el Acoso Escolar, que conjunte la atención integral a todos los agentes que lo integran, en el ámbito de la educación básica y media superior.

La secretaría considerará las opiniones de las autoridades educativas locales, y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, expresadas a través del Consejo Nacional Técnico de la Educación y del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación a que se refiere el artículo 72.

Artículo 53. Quáter. El Programa Nacional Permanente contra el Acoso Escolar, contendrá al menos lo siguiente:

I. Reporte Anual del Índice de Acoso Escolar por entidad federativa: diagnóstico estadístico sobre las causas, frecuencia y consecuencias, a fin de evaluar la eficacia de las medidas desarrolladas para prevenir, atender, y sancionar, el acoso escolar, en su caso;

II. Acciones institucionales, en materia de prevención, denuncia y tratamiento del acoso escolar, para la atención gratuita de víctimas y agresores;

III. Mecanismos de remisión para la atención de los educandos a los servicios de atención médica, psicológica y jurídica, en su caso;

IV. Directorio de instituciones de atención gratuita en el entorno de cada centro escolar;

V. Estrategia publicitaria contra el acoso escolar para medios de comunicación nacionales y locales;

VI. Lineamientos generales de capacitación para autoridades educativas y educadores;

VII. Lineamientos generales para la capacitación al personal encargado de la procuración de justicia, policías y demás funcionarios encargados de las políticas de prevención, atención y sanciones en su caso;

VIII. Inclusión prioritaria en el Plan Nacional de Desarrollo de las políticas gubernamentales para erradicar el acoso escolar; y

IX. Las demás inherentes a la realización de acciones y estrategias para el abatimiento efectivo del acoso escolar.

Para tales efectos, la secretaría podrá celebrar convenios de colaboración con diversas instancias del sector público y privado.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Educación Pública deberá expedir el Programa Nacional Permanente contra el Acoso Escolar, a los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

III. Consideraciones generales

Los diputados que integramos la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos comprendemos las preocupaciones expuestas por los diputados Gallegos Camarena, Gómez León y Arizmendi Campos, de igual manera, ha sido una postura recurrente de este órgano el reconocimiento de la problemática de violencia y discriminación que ha permeado en los centros escolares, por lo que coincidimos con los iniciantes que infundir en los educandos la importancia de la no violencia, la conciencia del respeto a los derechos y la educación para la paz sólo puede tener impactos sociales favorables.

Desafortunadamente, en los últimos años el país entero se ha visto inmerso en una ola de violencia alarmante. Y no sólo eso, sino que la violencia, además de incrementarse cuantitativamente y en su grado de peligrosidad, es cada vez más precoz. Especialistas afirman que las edades de iniciación en el crimen tienen una tendencia a reducirse, de manera que cada vez tenemos delincuentes más jóvenes. 1

Deseamos reiterar nuestra preocupación respecto de la violencia en los centros escolares, popularmente identificado como bullying , ya que no somos ajenos al problema y como en diversas oportunidades, a lo largo de la presente legislatura lo hemos mencionado, no se trata de un tema nuevo ni desconocido; el acoso escolar ha existido siempre, definido por vez primera en los años 70 como el acoso a un estudiante que “está siendo acosado (bullied ) o victimizado cuando él o ella es expuesto, de forma repetitiva y por un periodo de tiempo, a acciones negativas por parte de uno o más estudiantes”; las acciones negativas incluyen violencia física, ofensas verbales, exclusión e inclusive gestos, y que no debe confundirse con la ocasional pelea de dos estudiantes de aproximadamente la misma fuerza (física o psicológica), ya que en el bullying existe siempre una relación asimétrica de poder 2 .

Asimismo, no ignoramos las cifras y datos presentados por el diputado Ariel Gómez León; aunadas a ellas, hemos analizados estudios previos a estos, como los resultados de la Encuesta Internacional de Criminalidad y Victimización 2005 (ICVS por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas en que ya se señalaba a México como el país con el más alto índice de robo con violencia y lo ubicaba también entre las naciones con las más altas tasas de victimización.

Comprendemos también la indefensión que viven niñas, niños y adolescente que señala la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena cuando menciona que “no saben defenderse”, por lo que estamos convencidos de que en la atención y prevención del problema, deben verse involucrados tanto el núcleo familiar, como los profesores y las autoridades educativas; particularmente éstas últimas tienen la importante labor de llevar a cabo programas, campañas informativas, cursos y conferencias preventivas, así como otras líneas de acción que orienten a los padres o tutores a detectar cuando sus hijos o pupilos son víctimas de violencia escolar, a los profesores a identificar las características de los estudiantes agresores y especialmente a los educandos a:

• Identificar y manejar situaciones de riesgo,

• cuidar de sí mismos,

• resolver conflictos de forma no violenta,

• solicitar ayuda a sus padres o autoridades educativas.

Las instituciones educativas tienen un papel clave en la construcción de una nación más justa, asimismo, tienen una gran participación y responsabilidad en la enseñanza de valores humanos, sin embargo, debe reconocerse también que actualmente las sociedades conocen de un debilitamiento del núcleo familiar; el papel de la familia en la transmisión de valores tiende a ser tácitamente delegado a la escuela.

En el mismo orden de ideas, comprendemos que el derecho de toda persona a la educación como garantía otorgada por el estado, debe significar el acceso a un servicio de calidad, orientado al desarrollo de la persona, por esto, como también lo hemos dado a conocer en dictámenes previamente aprobados, esta comisión sostiene que la educación en México debe caracterizarse por ser una herramienta que fomente la importancia de la convivencia pacífica, la cultura de la paz, el respeto de los derechos humanos y la práctica de los valores humanos universales contenidos en nuestra Carta Magna.

Convencidos de esto, respaldamos las consideraciones de la diputada Laura Arizmendi Campos y reiteramos nuestro rechazo a toda manifestación de violencia y de discriminación, pero no sólo en los centros escolares, sino que en todos los ámbitos sociales; en este sentido, deseamos traer a la memoria que el constituyente permanente integró, en diciembre de 2006, el tercer párrafo al artículo 1o. de nuestra Carta Magna para contener en las garantías individuales un aporte a la dignidad humana, al prohibir:

Toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Reformas aprobadas

Firmes en las ideas contenidas en el presente análisis, y conscientes de la labor que debe realizar el Poder Legislativo para contar con el marco legal que dé la pauta a las autoridades educativas para llevar a cabo acciones concretas que atiendan la problemática que se plantea, esta comisión, a lo largo de la presente legislatura ha atendido diversas propuestas de reforma, especialmente a la Ley General de Educación, que tienen como objetivo principal mirar por la seguridad e integridad de los educandos.

De esta manera, en la decimocuarta reunión ordinaria, fue aprobado el proyecto de decreto que reforma los artículos 8, 14, 42 y 49 de la Ley General de Educación, con la finalidad de que los casos de violencia e indisciplina escolar sean atendidos observando cada uno de manera particular y dentro del marco legal que rige a las instituciones educativas.

Dicha reforma fue igualmente aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados el 27 de septiembre de 2011 y remitida al Senado de la República, la minuta remitida busca, de manera sintetizada los siguientes aspectos:

a. Que el criterio que orientará a la educación se basará en la cultura de la paz.

b. Que entre las atribuciones concurrentes de las autoridades educativas se contemplará la creación de mecanismos de prevención, detección y atención de casos de violencia escolar.

c. Que se dé seguimiento oportuno a los casos de violencia escolar en cualquiera de sus manifestaciones, y

d. Que el proceso educativo se basará en principios que aseguren relaciones armónicas, de respeto e igualdad.

Asimismo, en la decimoquinta reunión ordinaria la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, el pleno aprobó por unanimidad la reforma al artículo 7o de la Ley General de Educación que añade a los fines educativos propiciar la práctica de “los valores humanos universales” e impulsar “el aprecio por las bellas artes”, con la firme convicción de que estas acciones pueden figurar como un factor preventivo para el conflicto social y cultural de violencia que afronta el estado.

Finalmente, el 22 de febrero del presente año, en la decimoctava reunión plenaria, esta comisión aprobó reformas a los artículos 2o. y 7o. de la Ley General de Educación que son coincidentes con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 y que establecen como uno de los fines educativos propiciar la cultura de la no discriminación y la no violencia en cualquiera de sus manifestaciones. El texto votado favorablemente es el siguiente:

Artículo 2o. Toda persona tiene derecho a recibir educación y, por tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

...

...

Artículo 7o. ...

I. a V. ...

VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz, la no discriminación y la no violencia en cualquiera de sus manifestaciones , así como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto de los mismos;

VII. a XVI. ...

IV. Consideraciones particulares

En razón de que el presente dictamen analiza cuatro propuestas, que si bien coinciden en sus fines, modifican de manera diversa cuatro preceptos de la Ley General de Educación, los diputados que integramos esta comisión consideramos pertinente realizar un análisis comparativo de cada una de las modificaciones presentadas por los iniciantes, a la luz de las reformas que han sido aprobadas por este órgano, así como del texto vigente de la norma.

A continuación se analizan, de manera separada, las modificaciones contenidas en los proyectos de las cuatro iniciativas y los textos de las reformas aprobadas o bien de los preceptos vigentes que las atienden:

Reformas al artículo 7o.

En uno de los proyectos se busca que uno de los fines educativos sea propiciar la cultura da la paz con perspectiva de género, por un lado cabe señalar que la cultura de la paz es un término abarcador e inclusivo, que no sólo se refiere a la ausencia de la guerra, de acuerdo con la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cultura de la paz “requiere un proceso positivo, dinámico y participativo en que se promueva el diálogo y se solucionen los conflictos en un espíritu de entendimiento y cooperación mutuos”, y añade que responde a la “necesidad de eliminar todas las formas de discriminación e intolerancia, incluidas las basadas en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión pública o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la propiedad, las discapacidades, el nacimiento u otra condición”.

De esta manera, se considera que la cultura de la paz integra entre otras, la perspectiva de género; además deseamos resaltar que desde su nacimiento la Ley se constituyó como un cuerpo normativo incluyente y dedicado a regular la garantía de un derecho social, asimismo, cabe señalar que el texto vigente contempla la importancia de dar un trato jurídicamente diferenciado a la mujer, tal es el caso de las fracciones IV y XV del artículo 32 que establecen como obligaciones de las autoridades educativas otorgar facilidades de acceso, reingreso, permanencia y egreso a las mujeres al servicio educativo, y desarrollar programas para que los padres y tutores tomen conciencia de que las niñas deben recibir un trato igualitario y las mismas oportunidades educativas que los varones, respectivamente.

Otro de los proyectos de decreto propone una adición a la fracción VI, para que uno de los fines de la educación sea prevenir y erradicar la violencia escolar, en lugar de propiciar la cultura de la no violencia, de manera general; respecto de esta reforma reiteramos que es nuestro interés y preocupación que la educación rechace la violencia en la sociedad en general y en todas las manifestaciones en que se presenta y no únicamente en los centros escolares, por lo que en fechas recientes se aprobó la modificación a dicha fracción en el siguiente tenor:

VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz, la no discriminación y la no violencia en cualquiera de sus manifestaciones , así como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto de los mismos;

De esta manera, consideramos que las propuestas de reforma que se han analizado no son procedentes por no ser coincidentes con el espíritu de los preceptos, o bien por ya encontrarse atendidas por el texto vigente y por las reformas aprobadas previamente.

Reforma al artículo 8o.

El proyecto de decreto que busca reformar el artículo 8o. señala que corresponderá al estado promover que las escuelas sean espacios de fomento a la equidad y a la cultura de la paz.

Aunado a los argumentos señalados en el apartado anterior, consideramos que esta propuesta ya se encuentra atendida por el texto vigente que señala que el criterio que orientará a la educación luchará contra la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente contra mujeres, niñas y niños; asimismo, entre las reformas aprobadas por esta comisión, se encuentra aquella a la fracción III del precepto de referencia que integra a la cultura de la paz, el texto íntegro se reproduce a continuación:

Artículo 8o. ...

I. y II. ...

III. Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando el aprecio por la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad y la cultura de la paz , cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.

Reformas a los artículos 12 y 14

Entre sus propuestas, el diputado David Hernández Vallín agrega una fracción a cada uno de los preceptos para establecer, en el caso del artículo 12, como una de las atribuciones de la autoridad educativa federal la formulación de un programa específico destinado a combatir el acoso escolar en la educación básica y media superior y una de las atribuciones concurrentes de ésta y de las locales; y en el caso del artículo 14, como una atribución concurrente de las autoridades federal y locales el desarrollo del mismo programa.

Consideramos que por la especificidad de la propuesta, esta es improcedente al no resultar favorable para la atención de la problemática, ya que estamos convencidos de que no debe emplearse un solo medio por parte del estado para prevenir, detectar y atender el acoso escolar, por ese motivo, entre las reformas aprobadas por esta Comisión se encuentra la adición de una fracción al artículo 14 de la Ley en la que se establece como facultad concurrente de las autoridades educativas federal y locales la promoción de todo tipo de mecanismos que ayuden a prevenir, detectar y atender los cualquier caso y manifestación de violencia y abuso escolar. El texto aprobado se reproduce a continuación:

Artículo 14. - ...

I. a la XI. ...

XII. Promover prácticas cooperativas de ahorro, producción y consumo, de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia y el Reglamento de Cooperativas Escolares,

XIII. Promover mecanismos de prevención, detección y atención de casos de violencia y abuso escolar en cualquiera de sus manifestaciones, y

XIV. Las demás que con tal carácter establezcan esta ley y otras disposiciones aplicables.

...

Reforma al artículo 30

La reforma propuesta a este artículo hace referencia al “índice de acoso escolar”, término no contenido en la ley, sino que pertenece a la propuesta de una nueva sección 4, del capítulo II de la ley. Por lo cual si viabilidad se analiza más adelante en este mismo apartado.

Reformas al artículo 42

Los proyectos que proponen reformas al precepto buscan que en la impartición de educación para menores se condene todo tipo de conductas violentas y se realiza un listado de ellas; y que además se tomarán medidas que permitan a los educandos realizar denuncias confidenciales de actos violatorios de sus derechos, y que en caso de que los educadores o las autoridades educativas tengan conocimiento de éstos lo harán del conocimiento de instancias de procuración de defensa y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Respecto de ampliar el texto del precepto, para efecto de que se atiendan los casos de violencia escolar y no únicamente los delitos, como lo establece el texto vigente, nuestra coincidencia con los Iniciantes ha quedado plasmada en la Décimo Cuarta Reunión Ordinaria de ésta Comisión en que se aprobó el texto siguiente:

Artículo 42. ...

En caso de que las y los educadores así como las autoridades educativas, tengan conocimiento de casos de violencia, de abuso en cualquiera de sus manifestaciones, o de la comisión de algún delito en agravio de las y los educandos, lo harán del conocimiento inmediato de la autoridad competente .

Asimismo, consideramos que la reforma atiende la propuesta de describir a la autoridad a la que habrá de recurrirse en el caso de conocimiento de los actos a que se hace referencia; por lo que se considera que las modificaciones no son de aprobarse.

Sobre las denuncias que se mencionan en las propuestas, consideramos que por tratarse de una medida que deben brindar las autoridades educativas, no pertenece a este artículo, sino que consiste en una de las obligaciones de las autoridades educativas; de esta manera, se observa que proveer de medios para realizar denuncias consiste en un acto de detección de casos de violencia, mismo que, como ya se mencionó, hemos aprobado entre las atribuciones concurrentes de las autoridades educativas federales y locales, contenidas en el artículo 14 de la ley, a quienes corresponderá establecer los términos.

Reforma al artículo 49

Finalmente, el proyecto de decreto propone una reforma al artículo 49 para establecer que el proceso educativo buscará salvaguardar la integridad física y psicológica de los alumnos con el fin de prevenir y erradicar la violencia.

La salvaguarda de la integridad de los educandos es un objetivo transversal que se ve reflejado en diversos artículos de la ley, por nombrar otros además de todos los mencionados previamente, el artículo 7o. señala que la educación contribuirá al desarrollo del individuo, difundirá los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, creará conciencia sobre la preservación de la salud, y evitará que se comentan ilícitos en contra de menores de edad; por su parte, el artículo 42 señala que la educación tomará medidas que aseguren la protección y el cuidado del educando, así como la preservación de su integridad física, psicológica y social.

Respecto del objetivo de prevenir y erradicar la violencia escolar, con base en todas nuestras consideraciones expuestas y con el afán de no ser repetitivos, concluimos que es un tema que ha provocado nuestra preocupación y nos ha movido a aprobar las reformas ya mencionadas, que tienen el firme propósito de prevenir, detectar y atender conforme a derecho los casos de violencia escolar, viendo siempre por el interés de niñas, niños y adolescentes.

Adición de la sección 4 al capítulo II de la ley, denominada “Del Programa Nacional Permanente contra el Acoso Escolar”

La iniciativa que contiene esta propuesta añade una sección al capítulo II para detallar en esta el objeto, ámbito de competencia, funcionamiento y contenidos de un nuevo programa dedicado específicamente al combate contra el acoso escolar.

Respecto de la creación de un programa específico, como ya mencionamos en el presente análisis, creemos que la estrategia a seguir por las autoridades para atender la problemática no debe limitarse un solo mecanismo; aunado a esto, consideramos que las adiciones resultan jurídicamente inviables por tratarse de una Ley General en la que no corresponde contener detalles operativos de un programa determinado, sino que resulta competencia al ejecutivo del Ejecutivo a través de regulación reglamentaria. De esta manera, la propuesta se valora improcedente.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 fracción G de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta honorable asamblea que los cinco proyectos de decreto aquí analizados, que reforman los artículos 7o., 8o., 12, 14, 30, 42 y 49 y que adicionan una nueva sección 4 al capítulo II, con tres nuevos artículos, de la Ley General de Educación sean desechados y archivados como total y definitivamente concluidos, para efecto de que no vuelvan a ser presentados en las sesiones del año legislativo en curso.

Por lo anterior, y una vez analizada la iniciativa materia de este dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma el artículo 42 de la Ley General de Educación, presentada por la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 9 de febrero de 2012.

Segundo. Se desecha la iniciativa que reforma los artículos 7o. y 49 de la Ley General de Educación, presentada por la diputada Laura Arizmendi Campos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el 28 de febrero de 2012.

Tercero. Se desecha la iniciativa que reforma el artículo 42 de la Ley General de Educación, presentada por el diputado Ariel Gómez León, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 28 de febrero de 2012.

Cuarto. Se desecha la iniciativa que reforma los artículos 7o. y 8o. de la Ley General de Educación, presentada por la diputada Laura Arizmendi Campos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el 1 de marzo de 2012.

Quinto. Se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, presentada por el diputado David Hernández Vallín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 29 de marzo de 2012.

Sexto. Archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.

Notas

1. Rodríguez Manzanera, Luis (2009). Criminología . México. Porrúa. Pág. 507

2. Cfr. Olweus Dan (2002). Bullying at school: what we know and what we can do , Reino Unido, 8a edición, Blackwell Publishers Inc., páginas 9-10.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 17 de abril de 2012.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

Diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García (rúbrica), Jaime Oliva Ramírez, Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alba Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano, Óscar Lara Salazar (rúbrica), José Antonio Aysa Bernat, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez, Alejandro Bahena Flores, José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), María Sandra Ugalde Basaldúa, Yolanda del Carmen Montalvo López, Elvira de Jesús Pola Figueroa (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, José Isabel Meza Elizondo, Blanca Juana Soria Morales, Blanca Luz Purificación Dalila Soto Plata, Juan José Cuevas García (rúbrica).