Que expide la Ley Reglamentaria de los Artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia penitenciaria, a cargo de Mary Telma Guajardo Villarreal y suscrita por Juventino Víctor Castro y Castro, diputados del Grupo Parlamentario del PRD

La reglamentación de los artículos 18 y 21 constitucionales en materia penitenciaria exige establecer los parámetros para la gobernabilidad de los centros de internamiento en un estado de derecho que no deja espacios sin control al poder público, máxime cuando las personas se encuentran en una situación de vulnerabilidad frente a abusos de poder. Surge entonces la necesidad de diseñar los órganos, procedimientos y contenidos normativos que garanticen que los agentes del estado se sometan a la ley cuando la aplican a quienes incurrieron en delito o se les acusa de ello. Aquí destacan dos elementos decisivos: el compromiso de Poder Judicial y la participación de la sociedad civil.

Esta iniciativa obedece al mandato contenido en el decreto del 18 de junio de 2008 que reforma la Constitución en materia de justicia penal y seguridad pública, en base a los siguientes

Argumentos

Justificación y alcances de esta ley

En la iniciativa se reglamentan los derechos establecidos en los preceptos constitucionales citados, en la parte relativa al régimen de reinserción social para la federación y para las entidades federativas, de conformidad con el artículo quinto transitorio del decreto por el que se aprueba la reforma constitucional mencionada, que obliga a promulgar la legislación secundaria en la materia dentro de un plazo de tres años a partir de su entrada en vigor, así como con el artículo decimosexto transitorio de la Constitución que asigna al Congreso de la Unión la tarea de promulgar leyes reglamentarias de las garantías individuales.

Esto dota tanto a la ley aquí propuesta de un carácter general con contenidos mínimos, a partir de lo que las autoridades locales y la federal, dentro de su ámbito de competencia, deberán legislar la ejecución penal. Se establece un lenguaje común que permita la diversidad legal dentro de la unidad constitucional.

De esta manera se busca satisfacer las exigencias de técnica legislativa, según las cuales la Constitución debe limitarse a enunciar “las líneas maestras que rigen al estado”, como señala el decreto citado. De acuerdo con lo anterior, en la presente se garantiza que la función legislativa propia de los distintos niveles de gobierno se adecue a las directrices constitucionales 1 .

La normatividad constitucional penitenciaria se ubica dentro del orden jurídico al que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como orden constitucional, para distinguirlo del federal, del local o estatal, del Distrito Federal o, en su caso, del municipal. 2 Por lo tanto, el ordenamiento aquí desarrollado se integraría al denominado bloque de constitucionalidad, mientras que en el orden local o federal se expidan las leyes ordinarias de ejecución de sanciones y medidas penales.

Entre los antecedentes de este criterio jurisprudencial destaca el pensamiento de eminentes juristas como Héctor Fix Zamudio, quien señala que el orden constitucional no se restringe a las normas contenidas en la Constitución misma sino que –recogiendo las ideas de Mariano Otero– comprende también las normas que denomina intermedias 3 es decir, aquellas que se encuentran entre la Constitución y las leyes ordinarias. Ulises Schmill, por su parte, considera estas leyes como parte del orden nacional 4 .

En síntesis, no se pretende convertir el cuerpo normativo en una ley de ejecución de sanciones y medidas penales, sino en un ordenamiento reglamentario de la Constitución que introduce el debido proceso en el ámbito ejecutivo penal, para garantizar el respeto de los derechos fundamentales en la materia, a lo largo de todo el país y por parte de todas las autoridades.

Alcances del debido proceso penitenciario

La ejecución de las penas constituye el último tramo de la impartición de justicia penal; el debido proceso no se agota con la imposición de la sentencia sino que adopta contenidos aplicables a la ejecución de las resoluciones de la autoridad judicial, incluyendo la prisión preventiva para asegurar, entre otros aspectos, que estas no impliquen restricciones o sanciones que solo la autoridad judicial puede imponer, al tiempo que se eviten privilegios indebidos o liberaciones injustificadas al amparo de facultades discrecionales.

La interpretación progresiva de los derechos fundamentales obliga a establecer un vínculo de continuidad entre el proceso penal anterior a la sentencia y el que sigue a ésta, de suerte que, durante la etapa de ejecución, se garantice la gobernabilidad de los centros de internamiento y el respeto a los derechos humanos. De poco serviría un juicio justo y transparente –como el que nos hemos propuesto con la reforma de 2008– con una ejecución de la pena incierta y opaca.

Implicaciones del cambio constitucional en materia penitenciaria

El fin constitucional de la pena ha evolucionado a partir del concepto de “regeneración” –portador de una enorme carga moral– utilizado en 1917, pasando por el de “readaptación social” introducido en 1964-65 –que sustituyó la carga moral por una de tipo psicológico– hasta los términos más neutros de reinserción social o reintegración social , adoptados en la reforma constitucional aquí reglamentada.

Aunque con retraso, esta evolución ha seguido el tránsito que se ha dado de un derecho penal de autor , donde se sancionaba a la persona por lo que se consideraba que en sí misma era, a un derecho penal de acto ”, que sanciona a la persona únicamente por sus acciones u omisiones previamente tipificadas.

La consecuencia común de considerar el sujeto responsable como moralmente degradado o psicológicamente afectado, bajo los respectivos paradigmas anteriores, fue la de convertirlo en objeto de un tratamiento. Al considerar a la persona responsable como la causante de una ruptura con el orden social, el desarrollo constitucional reciente asume una situación más objetiva que puede permitir superar tales atavismos. El cambio conceptual desplaza el objetivo de la pena del estudio y pretensión de modificar la personalidad del sujeto considerado desviado, al restablecimiento del vínculo entre un sujeto responsable y la sociedad; un vínculo cuya ruptura ha sido constatada por el sistema de justicia penal y debe resarcirse bajo baremos igualmente jurídicos –no terapéuticos–, a través de la privación o restricción coactiva, acotada y controlada, de bienes jurídicos, en la que el individuo ya no es más objeto, sino sujeto de derechos y obligaciones.

Este enfoque trae consecuencias prácticas importantes, como la diferencia que, por ejemplo, existe entre la atención psicológica que se preste a un interno con fines de servicio, y la intervención con fines correctivos de psicólogos y psiquiatras estatales en la vida de una persona interna.

Al prescindir de cargas extrajurídicas, el concepto de reinserción social se armoniza con el principio de presunción de normalidad del infractor en el sentido de que las normas penales están dirigidas a personas que comprenden la consecuencia de su conducta, es decir, sujetos imputables. En este sentido, reinserción social se traduce en el cumplimiento de la pena con satisfacción de estándares constitucionales. Con ello, el sistema de justicia penal no responde por la transformación de los individuos, sino por la creación de condiciones dignas y seguras en la prisión; estas que contribuyen a disuadir los delitos en prisión, desde la prisión y después de ella.

En efecto, la decisión de delinquir radica en el libre albedrío tanto de las personas que han delinquido, como de las que no lo han hecho; de ahí la cautela del lenguaje constitucional al establecer que los medios para la reinserción de la persona que ha delinquido tienen como propósito “procurar que no vuelva a delinquir”.

El nuevo modelo constitucional de reinserción social implica así la reingeniería de las instituciones penitenciarias para pasar del tratamiento correctivo al trato digno, desplazando el foco de atención de la forma de ser del individuo, hacia la organización institucional y la conducta de los internos. La exacta aplicación de la pena –como derecho paralelo al de la exacta aplicación de la ley penal– se traduce en el debido proceso penitenciario, entendido como el camino a seguir para lograr un equilibrio entre los internos que, al cumplir una pena o medida, hacen valer sus derechos y las autoridades que, al aplicarla, les exigen el cumplimiento de sus obligaciones.

Para garantizar la ordenación de la vida en reclusión se requiere de un tercero supra partes: el juez de ejecución, figura asumida por la reforma al artículo 21 constitucional que vino a reforzar el papel judicial en esta fase del proceso. En ella se establece que “la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial”. Esto recupera la preeminencia y responsabilidad de la autoridad judicial en la ejecución penal, lo que permite ubicar adecuadamente a las autoridades administrativas intervinientes en la última fase del proceso penal como auxiliares de la justicia, en términos de la fracción XII del artículo 89 constitucional y sus correlativos en las constituciones locales, que señalan, entre las atribuciones del Ejecutivo, las de “Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones”. En este caso, los poderes judiciales requieren el auxilio de los ejecutivos para llevar a cabo la operación de las prisiones, sin delegarle las funciones esenciales de la justicia penal como son las de imponer las penas, modificarlas o decidir sobre su duración.

Visto el carácter auxiliar de la administración, para que los jueces de ejecución cumplan cabalmente su tarea constitucional requieren:

a) Garantizar los derechos de las personas internas y de quienes cumplen sanciones penales, resolviendo con poder coactivo los conflictos que en este ámbito se presenten entre los administrados y las autoridades auxiliares.

b) Decidir lo relativo a la duración de las penas en fase de ejecución (reducción de la pena de prisión).

c) Garantizar los derechos del personal penitenciario.

Con la judicialización de las penas se introducen métodos propios de la jurisdicción, que debe tomar en cuenta medios de prueba verificables y refutables respecto de hechos jurídicamente relevantes –como el comportamiento intra muros–. Asimismo, debe prescindir de diagnósticos y pronósticos sobre la personalidad de las y los internos. Sería un fraude de etiquetas seguir considerando que el interno está “en condiciones de ser reinsertado”, puesto que ello equivaldría justamente a calificarlo como “readaptado” o no para determinar la duración real de la pena. En ese caso, no hubiera tenido sentido el abandono de dicho concepto y la creación de los jueces de ejecución.

Por otra parte, los nuevos jueces en la materia habrán de garantizar la satisfacción de estándares constitucionales en la prisión preventiva. En efecto, sería absurdo que las personas sujetas a prisión preventiva tuviesen menos medios de protección a sus derechos en reclusión que las personas ya condenadas. Es cierto que las personas procesadas están a disposición del juez de la causa que les instruye el proceso respecto de su situación jurídica, pero, en cuanto al internamiento, quedan bajo la responsabilidad material directa de la autoridad penitenciaria, auxiliar del juez de ejecución quien es garante de que todo internamiento se imponga con condiciones de dignidad y seguridad. Para ello, cuando el juez de la causa imponga una medida cautelar que implique el internamiento o una pena de prisión, remitirá copia de la resolución como título del internamiento al juez de ejecución.

De esta forma, con la adopción de la iniciativa se evitarán distintas distorsiones en la función de los jueces de ejecución, como son:

• Motivar sus decisiones en la información clínica, terapéutica o técnico científica que se les suministre, datos que se invocaron en el sistema de readaptación.

• Excluir el examen de las condiciones de vida en reclusión, de la litis en la ejecución.

• Realizar actividades de supervisión penitenciaria que no corresponden a su naturaleza.

Por otra parte, cabe señalar que, en atención al principio constitucional de eficiencia, no será necesario trasladar a los jueces de ejecución algunas funciones que actualmente realizan sus pares en materia de procesos penales, como sería el caso de una sentencia penal que ordena la anotación de la pérdida de derechos familiares en el Registro Civil. En razón de ello, las leyes orgánicas respectivas establecerán las reglas para distribuir la competencia entre ambos tipos de jueces.

En otros casos no resulta conveniente transferir las funciones de los jueces de conocimiento a los jueces de ejecución, como es el supuesto de la pena innecesaria cuando el agente hubiese sufrido consecuencias graves en su persona con motivo de la comisión del ilícito pues, si bien esta valoración puede ocurrir después de la sentencia, resulta más natural que quien desaplique la pena sea el propio juez que la impuso.

El objeto imprescindible de una ley como la aquí propuesta, en tanto reglamentaria de derechos constitucionales, es garantizar que el internamiento por motivos penales sea digno y seguro en lo material, así como otorgar seguridad jurídica de las personas que cumplen una pena, para responder a la necesidad recogida por la colegisladora, en el dictamen de la reforma constitucional correspondiente, de “salvaguardar los derechos de los internos y corregir los abusos, desviaciones e incumplimiento de los preceptos que en el régimen penitenciario puedan producirse”.

De los principios del sistema de reinserción social y la exacta aplicación de la pena

Los internos gozan de todos los derechos constitucionales que no les sean suspendidos o restringidos expresa o concomitantemente por la sentencia o de la resolución que le impone la prisión preventiva. No obstante ello, a lo largo de esta iniciativa se identifican, sin agotarse, algunos de los derechos y principios constitucionales que tienen especial relevancia en distintos supuestos.

Así, en la iniciativa se establecen los criterios generales bajo los cuales se habrá de legislar –en el plano federal y local– respecto de los derechos que se pierden o restringen durante el internamiento. En el caso de las restricciones, no se listan todas aquellas que legítimamente pueden imponerse a los internos, sino que se establece que toda restricción deberán regirse por los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad.

De manera similar, en tanto se trata de una ley marco, no se establece un catálogo exhaustivo de los derechos que se conservan, que expresan o implícitamente se adquieren con motivo del internamiento, sino que se limitan a señalar las bases generales para su ejercicio y protección. Ello no pesa para destacar algunos derechos, especialmente cuando son conferidos de manera implícita en la Constitución, como es el caso del derecho a los alimentos y otros suministros, cuando adquieren peculiaridades en reclusión, como sucede con la libertad de conciencia o que, refiriéndose al proceso penal, son extrapolables a la fase de ejecución con modalidades propias, como el derecho a no autoincriminarse o a la publicidad.

Así, asumiendo que el debido proceso no termina con la imposición de la pena sino que se prolonga durante su ejecución, se establecen las salvaguardas para los derechos y obligaciones de las personas internas en relación con:

a) La situación penitenciaria digna y segura (custodia, instalaciones y mobiliario, régimen del internamiento, servicios y suministros).

b) Los traslados.

c) La duración de la pena.

d) Las sanciones a internos.

e) Los derechos de los distintos tipos de visitantes.

Adicionalmente se regulan la función de los poderes judiciales y ejecutivos en el ámbito penitenciario, así como otros temas relacionados con el personal administrativo, técnico y de seguridad y custodia; la intervención de la defensa pública y particular, del Ombudsman y del Ministerio Público.

Colaboración entre las autoridades federales y locales

La operación de los convenios previstos en el artículo 18 constitucional, en donde se pretende que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa, exige que se establezcan las reglas en la ley, para así resolver la competencia de los nuevos jueces de ejecución en estos supuestos.

La presente iniciativa establece las reglas para que, cuando los internos sean trasladados por virtud de dichos convenios, los tribunales competentes sobre las autoridades penitenciarias receptoras ejerzan su jurisdicción en todos los aspectos relacionados con la situación penitenciaria digna y segura de los internos trasladados a estos centros, así como con la duración de la pena impuesta para ellos.

Lo anterior es una consecuencia natural de la disposición constitucional que faculta para la celebración de dichos convenios, puesto que estos serían inviables si los jueces competentes en el lugar de origen mantuviesen su jurisdicción longa manu respecto de los internos que hubiesen sido trasladados. Surge entonces la necesidad de establecer, a través de la ley general propuesta, los cimientos para la celebración de protocolos adicionales a dichos convenios, por medio de los cuales se homogenice la legislación sobre la reducción de la pena de prisión, de acuerdo con las bases constitucionales aquí establecidas, con el objetivo de que la norma aplicable en las distintas jurisdicciones sea la misma y se otorgue certeza jurídica a todos los sentenciados. De esta manera se evita el contrasentido que se presenta cuando dos internos en el mismo centro federal, provenientes de entidades distintas, cumplen su pena a distinto paso.

Se exceptúan algunos supuestos de modificación a la duración de la pena cuando su reducción obedece a la aplicación retroactiva benigna de la ley penal, donde el juez que impuso la sentencia tiene mayor información del marco jurídico aplicable.

Finalmente, en este rubro no se asigna participación alguna a la víctima ni al Ministerio Público, en tanto que la relación procesal penitenciaria se integra de manera distinta ya que aquí las partes son, por un lado, la administración penitenciaria y, por el otro, el interno con su defensor, así como terceros legitimados para intervenir como los defensores penitenciarios o solicitantes de visita.

No se van a revisar los hechos que dieron lugar a sentencia en un proceso, sino su cumplimiento. Se trata así de una litis distinta, en la que la intervención del Ministerio Público sólo hace sentido en los casos de excesos o privilegios en la ejecución y, desde luego, en toda situación que implique la comisión de un delito en reclusión o con motivo de la reclusión. En la fase de ejecución, el Ministerio Público se identifica con la parte débil: el interno discriminado frente a privilegios otorgados a otros internos; el interno que es objeto de abusos por los auxiliares; el interno que no tiene acceso a la justicia penitenciaria, el interno que es víctima de un delito en el interior del centro y el miembro del personal penitenciario que es objeto de abusos o puesto en riesgo.

Debido a ello, no se coloca al ministerio público del lado de la administración en los casos en que ésta se encuentra en una situación de igualdad procesal frente al interno, pues vendría a romper dicho equilibrio y obligaría al interno a litigar en contra de dos partes más fuertes. Finalmente, en este punto, la víctima tiene un interés legítimo de que se cumpla debidamente la pena. Por lo tanto, se justifica la intervención del Ministerio Público para promover la responsabilidad de las autoridades que otorguen privilegios indebidos (materiales o jurídicos), pero no hay razón alguna para que intervenga como parte cuando se debaten temas distintos, como en el caso de imposición de sanciones administrativas.

Régimen del internamiento

El internamiento por motivos penales, sea en prisión preventiva o en cumplimiento de una pena de prisión, se funda en el título judicial respectivo –sentencia o medida decretada por los jueces de procesos penales o de ejecución– que debe establecer las bases para su ejecución respecto de los derechos que se afectan, los que se conservan y los que adquieren con motivo del internamiento, de manera que la autoridad auxiliar y el interno tengan la mayor certeza posible respecto del alcance del título en que se finca el internamiento.

En el régimen de mujeres internas se prevén las medidas necesarias para garantizar el respeto de sus necesidades específicas en todo momento y dentro del marco de la equidad de género.

A fin de no contravenir la norma constitucional que conviene que la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial, se establece que la administración –auxiliar en la impartición de justicia– no puede imponer rutinas o medidas que agraven la pena o los alcances de la prisión preventiva, ni adoptar decisiones que acorten la duración de la pena o que representen privilegios ilegales durante el internamiento.

Dado el abandono de la concepción de un “tratamiento individualizado”, bajo el régimen “progresivo y técnico” que, de acuerdo con las normas hasta ahora vigentes, consta de etapas sucesivas bajo el control de los consejos técnicos, la iniciativa redefine las funciones estos cuerpos orientándolos ya no como instrumento de una corrección moral coactiva, sino como equipo dedicado a garantizar la gobernabilidad de los establecimientos penitenciarios y la satisfacción de los derechos de los internos. Todo esto constituirá un escenario más adecuado para el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos en la materia y el desarrollo personal de los internos.

Modificación de la duración de la pena

Al establecer las bases para la reducción de la pena de prisión (actualmente englobada dentro de los “beneficios de ley”), esta iniciativa busca satisfacer el reclamo de la población sentenciada por la certeza jurídica. Bien lo dijo Jeremías Bentham, “la incertidumbre es el mayor de los verdugos”, por lo que no es casualidad que numerosos disturbios penitenciarios obedezcan a esta causa. De ahí la necesidad de establecer cimientos objetivos para la reducción de las penas y transparentar los procedimientos respectivos.

El sistema de “beneficios de ley”, vigente hasta la fecha en las diversas jurisdicciones nacionales, establece tres mecanismos concurrentes con elementos coincidentes: la preliberación, la remisión parcial de la pena y la libertad preparatoria. Esta complejidad deriva del sistema progresivo vigente que, como se ha reiterado a lo largo del documento, asume al interno como un enfermo en tratamiento. En homenaje a la seguridad jurídica constitucionalmente tutelada, se simplifican la regulación de los reductivos de la pena de prisión.

Por otra parte, para favorecer el acceso de las víctimas a la reparación del daño en términos del artículo 20, apartado c), fracción IV, esta iniciativa establece que, cuando se repare el daño a la víctima del delito, opere un reductivo de la pena de prisión. En efecto, se puede constatar que, en numerosos casos, las sanciones para la reparación del daño a las víctimas del delito prescriben antes de que termine de cumplirse la pena de prisión, por lo que se hace necesario establecer incentivos para reparar el daño causado y evitar que la norma constitucional quede en buenos propósitos.

Debe advertirse que si se permitiera mantener a los internos como objeto de estudios técnicos o científicos a fin de evaluar su evolución en términos de predisposición a cumplir la ley, y se mantuviese el régimen de reductivos de la pena de prisión unido a esta evaluación, además de la afectación de derechos intangibles de los internos, como su libertad de conciencia y su presunción de normalidad, se socavaría la función que constitucionalmente ha sido reasignada a los jueces para determinar la duración de la pena. En efecto, los jueces quedarían reducidos a amanuenses de la autoridad penitenciaria, supeditados a los dictámenes técnicos para determinar si un interno “ya sanó”. Por ende, la duración efectiva de la pena seguiría condicionada por la administración penitenciaria y el personal técnico que de ella depende, a partir de datos no punibles en detrimento de la judicialización de la pena y de los principios que rigen su imposición y aplicación como los de materialidad, lesividad y retribución.

La pena debe ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado, según lo establece el artículo 22 constitucional reformado (principios de proporcionalidad , vinculado con los principios antes mencionados); de ahí que toda modificación en la naturaleza y duración de la pena en el ámbito de ejecución penal no sólo debe ser determinada por la autoridad judicial (artículo 21 constitucional), sino que también obedece a la conducta penitenciaria y no a la conducta delictiva que motivó el internamiento (principio non bis in idem recogido por el artículo 23 constitucional).

Todo dato o apreciación que no constituya una conducta (por ejemplo los calificativos de “ambicioso” o “egocéntrico” frecuentes en los estudios a los que se les atribuye un carácter técnico científico, a partir de los que actualmente se niegan “beneficios de ley” o solicitudes de traslado), así como toda conducta que no sea lesiva para la comunidad o el funcionamiento de las instituciones (como el hecho de presentar tatuajes o arracadas), son irrelevantes bajo un debido proceso basado en el ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones demostrables ante la autoridad judicial. Cuando se requiere de especialistas para poder apreciar en las personas aspectos inmateriales que no fueron objeto del juicio, que no han trascendido al exterior o que no han afectado a terceros, estamos ante elementos que escapan al derecho penal en sus dimensiones sustantiva, procesal y ejecutiva.

La iniciativa establece límites a los montos de reducción de las penas a efecto de evitar que por esta vía se modifique sustancialmente su duración en desdoro de la función judicial de imponer las penas.

Recursos administrativos y acciones judiciales

La iniciativa prevé que las leyes ordinarias de ejecución de sanciones y medidas penales establezcan un sistema de medios de impugnación para garantizar que todo acto u omisión de autoridad que afecte la esfera jurídica de los gobernados, más allá del contenido explícito o implícito de las sentencias o determinaciones judiciales, encuentre un remedio efectivo en este ámbito.

Se observa de esta forma el principio de subsidiariedad en tanto que los reclamos sobre la situación penitenciaria digna y segura solamente llegarán al juez de ejecución después de haberse agotado el recurso administrativo. En los demás casos, las acciones podrán llevarse directamente ante el juez de ejecución.

La materia penitenciaria no es la excepción al postulado según el cual no debe haber derechos sin garantías judiciales; por ello, en la iniciativa se establecen acciones procesales en la ejecución penal para hacer valer todos los derechos que la leyes reconocen a las personas internas y a otros sujetos intervinientes en el ámbito penitenciario, como los visitantes.

Resalta la necesidad de que las leyes ordinarias acumulen los casos planteados siguiendo criterios de eficiencia, así como que algunas decisiones judiciales tengan efectos erga omnes. Puede presentarse el caso en que una persona interna reclame una dieta especial post-operatoria, lo que únicamente tendrá efectos para el demandante. Sin embargo, cuando se acredite la deficiencia o insuficiencia de la alimentación general, la resolución judicial correspondiente deberá condenar a la administración a mejorar la alimentación general, y no solamente la del actor del caso concreto. De otra forma se generarían cientos de litigios.

Se establece asimismo, al igual que en todo proceso ordinario, la existencia de una segunda instancia ante los tribunales de alzada en la materia.

De la reforma en la materia se prevén asimismo modificaciones y adecuaciones a los códigos penales y de procedimientos penales, a las leyes orgánicas de los poderes judiciales, a las leyes de presupuesto, contabilidad y gasto público (para hacer efectivas condenas que impliquen erogaciones).

Transparencia y contraloría pública y social

La iniciativa prevé el ingreso irrestricto del personal de los organismos públicos de protección a los derechos humanos, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura; de los defensores públicos y particulares, así como del Ministerio Público para cumplir sus respectivas funciones; además, obviamente, de los jueces en materia penitenciaria, sus actuarios y/o notificadores.

De igual forma se establece la obligación de legislar a efecto de garantizar la adopción de mecanismos públicos de escrutinio sobre la vida en reclusión. En efecto, si se considera que el sistema penitenciario es parte integrante del sistema de justicia penal, la publicidad y transparencia en la ejecución resultan tan importantes durante el proceso como en la ejecución, para lo cual es necesario establecer las normas que favorezcan la gobernabilidad de los centros penitenciarios mediante mecanismos de contraloría social.

En efecto, el derecho procesal penal a la publicidad se manifiesta en la fase de ejecución en un doble aspecto: por una parte, mediante la realización de audiencias públicas en los procesos penitenciarios que permitirán a los presentes conocer lo que ocurre en el interior del centro; por otra, existen mecanismos de larga tradición en otros países que favorecen distintos aparatos para que la población pueda observar directamente la vida en reclusión. Lo anterior responde a la idea de que, si la publicidad procesal constituye una forma de control comunitario en la incorporación de las pruebas y la determinación de la responsabilidad, éste debe manifestarse en la posibilidad de que la ejecución de las penas se lleve a cabo sin abusos y sin privilegios.

Responsabilidad del auxiliar.

Se trata de una responsabilidad propia, distinta a la que rige a los integrantes de los poderes judiciales y a la aplicable a los miembros de la administración pública. Su alcance se limita a situaciones graves, tanto en exceso en la ejecución –al responsabilizar a los agentes de la autoridad penitenciaria cuando incurran en torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes–, como en supuestos extremos de defecto en la ejecución –por la concesión de privilegios indebidos, canonjías en favor de un interno o un grupo de internos o, finalmente, por la obstrucción de la justicia penitenciaria o de los mecanismos de control penitenciario.

Medidas de apremio y cautelares

La iniciativa contiene la aplicación de medidas de apremio para dotar a los jueces de ejecución de herramientas efectivas. Sería un pésimo precedente establecer una jurisdicción sin imperio. Se prevé también el establecimiento de mecanismos para que los jueces y tribunales de ejecución hagan efectivas sus determinaciones, incluso cuando impliquen erogaciones económicas.

Igualmente se establecen medidas cautelares para la protección de la vida o la integridad de los internos que se encuentren en riesgo por cualquier motivo; también sirven para evitar distinciones o preferencias ilegales, así como para garantizar que los defensores pueden entrevistarse con los internos.

Disposiciones transitorias

La iniciativa establece los cauces legales para hacer valer los derechos que se originan en la reforma constitucional de 2008 en materia de ejecución penal, una vez que entre en vigor y en tanto no se hayan promulgado y entrado en vigor las leyes ordinarias que deberán promulgarse en términos del artículo Segundo transitorio de la citada reforma, o no se hayan adecuado las existentes. De esta forma, el Senado de la República responde a un reclamo inminente de los sujetos al derecho penitenciario quienes, desde el día mismo en que la reforma entra en vigor, podrán invocar la aplicación del nuevo marco constitucional para atender a su situación penitenciaria digna y segura, así como podrán definir la duración efectiva de su pena sin que, como ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las autoridades puedan excusarse en que no se han promulgado las leyes reglamentarias y ordinarias respectivas.

La defensoría pública debe extender sus servicios para garantizar el acceso a la justicia penitenciaria de procesados y sentenciados mediante la investigación, sanción y reparación de la violación a sus derechos, por lo que la iniciativa establece la obligación a cargo de los legisladores locales y del federal para adecuar la legislación en la materia. Todo esto busca el establecimiento de la defensa pública penitenciaria. En tanto suceda, las defensorías de oficio en los procesos penales estarán obligadas a patrocinar a los internos que soliciten su intervención en la defensa de los derechos penitenciarios. De la misma forma habrá que adecuar otras leyes federales y locales que se ven impactadas por esta trascendental reforma constitucional.

Finalmente, considerando que esta no es una ley penitenciaria, sino una legislación que protege los derechos fundamentales en la materia, deja a los legisladores ordinarios, federal y locales, la regulación de los aspectos sustantivos, orgánicos y procesales que quedan dentro de su margen de apreciación.

Fundamento Legal

Con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos Iniciativa para expedir una nueva Ley.

Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia penitenciaria.

Ley Reglamentaria de los Artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia Penitenciaria

Capítulo IDisposiciones generales

Artículo1. Alcances. Esta ley tiene por objeto desarrollar las bases constitucionales sobre las cuales las entidades y la federación regularán los derechos constitucionales en materia penitenciaria. También tiene como propósito regir las relaciones entre las autoridades administrativas y judiciales que intervienen en la ejecución penal cuando pertenecen a distintas jurisdicciones.

Artículo 2. Definiciones. Para efectos de esta ley, se entenderá por:

I. Asistencia en libertad: el apoyo que las autoridades deben prestar a las personas que hayan sido internadas como pena o como medida cautelar, a fin de favorecer su desarrollo social.

II. Administración. autoridades penitenciarias responsables del internamiento y de la dirección, administración y control de los centros, así como sus superiores jerárquicos.

III. Calificación: el valor numérico asignado a cada centro en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria publicado anualmente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

IV. Centro: los lugares de internamiento en los que se impone la privación de la libertad a título de pena de prisión o de medida cautelar.

V. Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VI. Defensor de la causa: los abogados pertenecientes a la defensa pública o particulares que patrocinen a los internos en su defensa penal.

VII. Defensor penitenciario: los abogados particulares o pertenecientes a la defensa pública que patrocinan a los internos en su defensa penitenciaria.

VIII. Duración de la pena: el tiempo de la sanción privativa de la libertad, acumulación y la declaración de su reducción o extinción.

IX. Entrevista: las que los defensores de la causa o penitenciarios lleven a cabo con los internos en locutorios y con privacidad.

X. Entidades: los estados y el Distrito Federal.

XI. Federación: el gobierno federal.

XII. Internamiento: la privación de la libertad en lugares de detención a título de pena de prisión o de medida cautelar.

XIII. Interno: la persona sujeta a reclusión penal en virtud de un título del internamiento.

XIV. Inspecciones judiciales: Las que lleve a cabo el juez de ejecución en los centros para el desahogo de una prueba o como medio para verificar el cumplimiento de sus determinaciones.

XV. Instalaciones y mobiliario: comprende las áreas de servicios educativos, culturales, deportivos, recreativos, religiosos y laborales; locutorios, estancias y áreas de visitas; áreas para madres internas; sanitarios y dormitorios, cocinas y comedores, así como la infraestructura general y los muebles y enseres necesarios para una vida digna en internamiento con condiciones adecuadas de higiene y salubridad, iluminación, ventilación y de mantenimiento.

XVI. Juez de ejecución: titular o titulares de los órganos jurisdiccionales de primera instancia responsables de la imposición del internamiento y de otras sanciones y medidas decretadas en los procesos penales.

XVII. Juez penal: el juez de primera instancia o juez de la causa que impone una pena de prisión o la prisión preventiva.

XVIII. Leyes de ejecución: las leyes de ejecución de sanciones y medidas penales que promulguen la federación y las entidades en cumplimiento de la reforma constitucional para regular la imposición del internamiento y otras sanciones y medidas decretadas en los procesos penales.

XIX. Medidas cautelares: las decretadas por la administración o los jueces de ejecución para proteger la vida o la integridad de los internos o del personal penitenciario.

XX. Medidas de apremio: las impuestas a las autoridades administrativas dentro de los procesos de ejecución para hacer cumplir las sentencias y determinaciones judiciales.

XXI. Observadores: personas que ingresan a los centros con fines de contraloría social con sujeción al reglamento respectivo.

XXII. Ombudsman: los titulares o visitadores de las comisiones públicas de protección a los derechos humanos, así como los mismos servidores públicos cuando realizan sus funciones como parte del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

XXIII. Partes: los sujetos procesales intervinientes en un litigio penitenciario en representación de administración, o como contraparte de la misma, bien sean personas internas, personas sujetas o vinculadas a proceso, o sentenciadas. Comprende asimismo a las personas que tengan un interés tutelado por el derecho penitenciario como es el caso de: los solicitantes de visita y los visitantes; de carácter profesional, como los defensores penitenciarios los defensores de la causa, y el propio personal penitenciario ante la tutela de sus derechos frente a la Administración.

XXIV. Pena: toda privación o restricción coactiva de bienes jurídicos impuesta por los jueces cuando se decreta la responsabilidad penal del afectado.

XXV. Pena de prisión: el internamiento como sanción penal.

XXVI. Pena sustitutiva de prisión. Las sanciones alternativas a la pena de prisión, ya sea que se impongan en forma directa por el juez de la causa o sucedánea por el mismo juez o el juez de ejecución.

XXVII. Prisión preventiva: el internamiento como medida cautelar.

XXVIII. Reductivos: la bonificación de parte de la pena de prisión impuesta a una persona a partir de las condiciones legales establecidas para ello.

XXIX. Régimen de internamiento: las obligaciones y restricciones a las que están sujetas las personas internas en cuanto al acceso al aire libre; comunicaciones al interior y al exterior; entrevistas y recepción de visitas; horarios; lugares de desplazamiento en el centro; rutinas y actividades de aseo y de conservación del orden; la introducción o posesión de alimentos, bebidas y objetos; ubicación al interior del centro, y otras similares.

XXX. Reintegración social: cumplimiento de la pena con satisfacción de estándares constitucionales y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos vigente en México.

XXXI. Responsabilidad del auxiliar: la fincada por el juez de ejecución a los agentes y funcionarios de la administración por exceso o defecto en el acatamiento de un título del internamiento.

XXXII. Sanciones administrativas: las impuestas por la autoridad penitenciaria a los internos después de un procedimiento seguido de acuerdo con reglas de debido proceso.

XXXIII. Servicios: las actividades educativas, culturales, recreativas, de trabajo, de capacitación para el trabajo, de protección para la salud, deportivas y otras similares que debe tener disponibles el centro de manera accesible, aceptable y adaptable a las necesidades de las personas internas.

XXXIV. Situación penitenciaria: toda acción u omisión por parte de la administración que afecte la calidad de vida del interno y, en particular, las instalaciones y mobiliario, el régimen de internamiento, la seguridad y custodia, los servicios y los suministros que reciba.

XXXV. Solicitantes de entrevista: las personas que, como defensores en la causa o penitenciarios, requieran hablar con un interno, recabar firmas o intercambiar documentos.

XXXVI. Solicitantes de visita: las personas externas que requieran ingresar al centro a fin de realizar una visita personal, familiar, íntima, asistencial, pastoral o de observación.

XXXVII. Suministros: comprende el agua corriente y potable, alimentos, medicinas, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, e instrumentos de trabajo que debe ofrecer el centro.

XXXVIII. Visitantes: personas que ingresan a un centro para realizar una visita personal, familiar, íntima, pastoral, asistencial o de observación.

XXXIX. Traslados: las transferencias de internos de un centro a otro.

XL. Título del internamiento: la sentencia o la resolución judicial por la que se impone la reclusión de una persona.

XLI. Tribunal de ejecución: titular o titulares del órgano judicial de segunda instancia.

Capítulo IIDe los principios del sistema de reinserción social Y la exacta aplicación de la pena

Artículo 3. Contenido del internamiento.

I. Las personas quedarán sujetas a un título del internamiento en la medida que se establezca en el mismo, en la Constitución, en la presente ley y en las leyes de ejecución:

a) Conservarán todos los derechos que sean expresamente afectados en el título de internamiento o cuya afectación sea consecuencia necesaria para cumplir con él. No se podrá invocar la protección de la integridad del propio interno como causa de justificación para agravar su pena, ni se podrá colocar a las personas internas en desventaja frente a las personas que gozan de su libertad bajo la aducción de que se hace en su beneficio.

b) Adquirirán todos los derechos que expresamente se les concedan, así como aquellos que sean concomitantes o necesarios para hacerlos efectivos o para no agravar innecesariamente el contenido de la pena.

c) Asumirán las obligaciones que les impongan las leyes de ejecución, los reglamentos y disposiciones generales y particularizadas que de ellas deriven, a fin de mantener la gobernabilidad y seguridad de los centros, los derechos de terceros y la civilidad en su interior.

En lo que no se desprenda de los incisos anteriores o no esté especificado en la parte relativa de esta ley, toda afectación al interno en su situación penitenciaria digna y segura se regirá por los principios de legalidad, proporcionalidad, necesidad y razonabilidad. Los servicios y suministros en particular, se regirán de acuerdo con los principios de igualdad, equidad de género y no discriminación.

Artículo 4. Principios de interpretación.

Para interpretar el alcance del título del internamiento en cuanto los derechos que se conservan, se restringen o se adquieren, la aplicación del derecho proveniente de fuentes internas, así como de los siguientes instrumentos internacionales convencionales y no convencionales se guiará por el principio pro persona :

a) Declaración Universal de Derechos Humanos;

b) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

c) La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

d) El protocolo facultativo de la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

e) Las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos;

f) Los principios básicos para el tratamiento de reclusos;

g) El conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión;

h) Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas (Reglas de Bangkok );

i) Las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de su libertad;

j) Los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y

k) Los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas.

Igualmente se aplicarán, en lo conducente:

a) La plataforma de acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing);

b) La Convención sobre los derechos del niño; y

c) La Convención sobre los derechos de personas con discapacidad.

De la misma manera se aplicará este principio para determinar la norma aplicable cuando provenga de fuentes internas, entre ellas:

a) Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y

b) La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

La gestión de las prisiones y la capacitación de su personal atenderá a los principios y prácticas administrativas, establecidos en los manuales sobre la materia publicados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Artículo 5. Debido proceso penitenciario

Las leyes penitenciarias garantizarán el debido proceso con motivo de todo procedimiento o proceso que se siga en relación con la situación penitenciaria, los traslados, la duración de la pena, las sanciones administrativas y la responsabilidad disciplinaria del auxiliar.

Artículo 6 . Acceso a la justicia penitenciaria

Las leyes penitenciarias, las del Ombudsman y las de las defensorías de oficio garantizarán el acceso de los internos a la justicia penitenciaria y proveerán lo necesario para evitar que los internos y quienes testifiquen en su favor sean intimidados o sufran represalias con motivo del ejercicio de sus derechos o a causa su colaboración con la justicia penitenciaria.

Artículo 7. Reparación del daño a los internos

Las leyes penitenciarias establecerán los procedimientos para la reparación integral del daño que se cause a los internos por torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, atendiendo al principio restitutio in integrum.

Artículo 8. Efectividad normativa

Cuando un derecho penitenciario no estuviese protegido en la legislación federal o de las entidades, y sí en la Constitución o esta ley, los jueces de ejecución o los que hagan sus veces, proveerán lo necesario para darle efectividad.

Capítulo IIIDe las autoridades judiciales de ejecución

Artículo 9. Rectoría judicial

Los jueces y tribunales de ejecución tendrán la decisión final sobre los centros.

Artículo. 10. Los jueces de ejecución

Los jueces de ejecución serán jueces especializados en igualdad de condiciones que los jueces penales y tendrán remuneraciones similares. Su función será garantizar los derechos de los internos y corregir los abusos y desviaciones en el internamiento o cumplimiento de otras sanciones y medidas que sean instrumentadas con el auxilio de la administración. Tendrán las siguientes atribuciones:

I. Conocer de las acciones judiciales previstas en esta ley.

II. Controlar la aplicación por parte de la administración de las medidas de seguridad impuestas a personas inimputables.

III. Autorizar los traslados promovidos por la administración o los internos y, sin necesidad de agotar recursos administrativos previos, resolver sobre la denegación de los solicitados por los internos.

IV. Asumir el mando constitucional directo de la administración cuando se constituyan en un centro con motivo de la sustanciación de los procesos penitenciarios, y hacer comparecer a los agentes de la administración, así como a los internos en el curso de los mismos.

V. Autorizar las medidas restrictivas a las que se refiere el último párrafo del artículo 18 constitucional, así como sus modalidades y duración.

VI. Ejercer las funciones que le asignen las leyes en cuanto al cumplimiento de medidas o sanciones diversas a las establecidas en el título del internamiento.

VII. Controlar todo internamiento de un centro.

VIII. Revisar los cómputos finales de reducción de las penas; declarar su extinción y autorizar la salida correspondiente.

IX. Decretar las citaciones, comparecencias, apercibimientos, requerimientos y medidas de apremio necesarios para hacer cumplir sus determinaciones, así como las sanciones al auxiliar si fuera el caso, para todo lo cual tendrá el apoyo de la fuerza pública.

X. Decretar las reservas presupuestales, así las transferencias y aplicaciones del gasto público necesarias para dar cumplimiento a sus determinaciones.

XI. Realizar los avisos consulares conducentes respecto del internamiento y cambio de la situación jurídica de las personas internas.

XII. Conducir los procesos de justicia restaurativa en la fase de ejecución.

XIII. Emitir sentencias y otras determinaciones fundadas y motivadas de conformidad con orden jurídico mexicano, proveniente de fuentes internas o del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

XIV. Revisar la legalidad, así como la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de los traslados, las medidas urgentes que decrete la administración y dar la orden de su revocación o modificación cuando fuere el caso.

XV. Resolver con los jueces de la causa, en forma concurrente o excluyente, según determine la legislación federal o local ordinaria, sobre las siguientes materias:

a) Adecuación de la pena por su aplicación retroactiva de la misma en beneficio del sentenciado.

b) Sustitutivos de la pena de prisión.

c) Reparación del daño en beneficio de las víctimas del delito.

d) Cumplimiento de las sanciones penales y medidas cautelares distintas al internamiento.

e) Prelación, acumulación y cumplimiento simultáneo de penas.

f) Autorizaciones de los traslados internacionales, activos y pasivos, en cumplimiento de los tratados internacionales en la materia.

g) Autorizaciones de las extradiciones activas y pasivas de internos, en cumplimiento de los tratados internacionales en la materia.

XVI. Las demás que las leyes le confieran o que sean necesarias para desempeñar su función.

Artículo 11. Actuación rogada

Los jueces de ejecución no podrán realizar funciones de supervisión penitenciaria en caso alguno ni realizar inspecciones fuera de los procesos instaurados. La ejecución de sus determinaciones y sentencias será oficiosa. Cuando los jueces de ejecución tengan conocimiento de un hecho relevante para la defensa pública penitenciaria deberán notificarlo a su titular para que haga valer los derechos que a su parte corresponden. Asimismo, darán parte al Ombudsman con la información atingente a los asuntos de su competencia.

Artículo 12. Obligación de denunciar

Los jueces de ejecución deberán denunciar ante el Ministerio Público los hechos delictivos de los que tengan conocimiento con motivo y en ejercicio de sus atribuciones, de acuerdo con el artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Penales y sus correlativos en las entidades.

Artículo 13. Normas supletorias

En todo lo no previsto por las leyes de ejecución se atenderá a lo dispuesto por la legislación procesal penal, penal sustantiva, y orgánica de los poderes judiciales intervinientes.

Capítulo IVCompetencia y colaboración de las autoridades administrativas y judiciales

Artículo 14. Legalidad en la ejecución

La administración no deberá modificar el alcance del título del internamiento respecto de la naturaleza de la pena, ni afectar la situación penitenciaria a no ser que ello derive de una sanción administrativa. No podrá invocarse la seguridad de los centros, ni las exigencias de la custodia o de protección al propio interno para agravar o modificar su pena, haciéndola más aflictiva.

Artículo 15. Protocolos adicionales

Los convenios que, en los términos del artículo 18 constitucional, celebren la federación y las entidades para el cumplimiento de las penas, establecerán protocolos para:

I. Organizar el Registro Penitenciario Nacional, con información sobre la situación jurídica de cada interno y persona sentenciada a la pena de prisión o a otras diversas, cuya información podrá ser consultada y modificada de la siguiente manera:

a) Las autoridades penitenciarias y en materia de procuración de justicia podrán realizar las consultas necesarias.

b) Las autoridades judiciales podrán alimentar la base de datos, en los casos en que tuviesen intervención legal.

II. Acordar un sistema único de reductivos de la pena de prisión de conformidad con las bases establecidas en el apartado correspondiente de esta ley.

III. Organizar un sistema nacional de asistencia en libertad, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil.

Artículo 16. Competencia en caso de traslados

Cuando los internos sean trasladados por virtud de los convenios previstos en el artículo 18 constitucional, para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa, los tribunales que sean competentes sobre las autoridades penitenciarias receptoras ejercerán su jurisdicción sobre los internos en todos los aspectos relacionados con su situación penitenciaria digna y segura, así como con la duración de la pena impuesta.

Se exceptúan de lo anterior las modificaciones a la duración de la pena cuando obedezcan a la aplicación retroactiva benigna de la ley penal, en cuyo caso será el juez de procesos penales o de ejecución de origen quien, de oficio, deberá determinar la reducción o extinción de la pena, a no ser que se tratase de un interno de jurisdicción federal proveniente de otro centro federal.

Capítulo VLa situación penitenciaria

Artículo 17. Contenido del internamiento

El internamiento se aplicará de acuerdo con el principio de reinserción social a fin de garantizar la civilidad en el interior de los centros, a partir del ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes de parte de la administración y del interno.

A. La administración estará obligada a:

I. Proporcionar instalaciones y mobiliario adecuados para los internos.

II. Imponer un régimen de internamiento que garantice la dignidad de los internos y la gobernabilidad de los centros. No se podrá establecer medidas aflictivas aduciendo razones de seguridad o el beneficio del propio interno afectado por ellas.

Las mujeres internas recibirán trato directo de parte de personal penitenciario femenino, específicamente en las áreas de dirección, custodia, registro y salud.

III. Prestar los servicios de calidad satisfactoria y con sujeción a los principios establecidos en esta ley, anteponiendo intereses del interno a los de la administración.

Con excepción de las medidas preventivas de enfermedades, de higiene y de salubridad general, no podrá forzarse a los internos a recibir los servicios que ofrezca el centro ni sancionársele en forma alguna por no recibirlos.

Los servicios de atención psicológica o psiquiátrica se prestarán preferentemente por personal externo a los centros y, en todo caso, se mantendrá la confidencialidad de la información personal entre el profesional tratante y el interno, por lo que sus resultados no podrán ser utilizados para afectar la duración de la pena.

Las intervenciones psicológicas, psiquiátricas o médicas contarán con el consentimiento informado del interno, de sus familiares o visitantes asiduos, excepción hecha en los casos donde, por requerimiento de autoridad judicial, se examine la calidad de inimputable o de incapaz de un interno.

Sólo en forma voluntaria podrán aplicarse exámenes a los internos para detectar si son portadores de VIH/SIDA.

Los servicios educativos se ajustarán a los principios constitucionales y legales aplicables al sistema educativo nacional. Las bibliotecas de los centros garantizarán el acceso de las personas internas, sin excepción, a los textos relativos al orden jurídico nacional y a todos aquellos que puedan utilizar en su defensa. Este material deberá estar a disposición de los internos tanto en forma impresa como electrónica. Las autoridades penitenciarias están obligadas a organizar actividades de capacitación para la población y el personal que incluyan las normas y principios nacionales e internacionales sobre prisión, equidad de género y situaciones de discapacidad.

Los servicios tomarán en consideración las necesidades especiales en el caso de las mujeres, a quienes les otorgarán asistencia médica especializada para el cuidado de su salud atendiendo, en su caso, a las exigencias propias de la maternidad. En particular, las mujeres deberán contar con atención médica ginecológica y pediátrica, antes, durante y después del parto, el cual no deberá realizarse dentro de los lugares de privación de libertad, sino en hospitales o establecimientos destinados para ello. En el caso de no fuese posible, no se registrará oficialmente que el nacimiento ocurrió al interior de un lugar de privación de libertad.

La administración estará obligada a garantizar el respeto y el fomento de la equidad de género en todas las áreas: educación, salud, alimentación, trabajo, remuneración y capacitación, deporte, actividades artísticas y recreativas, cursos y talleres que respondan a las necesidades específicas de las mujeres (tratando temas como salud reproductiva, autoestima, violencia de género, entre otros), derecho a la visita familiar e íntima, acceso y calidad de las instalaciones.

La detención preventiva en establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del lugar de la residencia en los siguientes eventos: Cuando a la imputada o acusada le falten dos meses o menos para el parto. Igual derecho tendrá durante los seis meses siguientes a la fecha de nacimiento, y cuando la imputada o acusada fuere madre cabeza de familia de hijo menor o que sufriere incapacidad permanente, siempre y cuando haya estado bajo su cuidado. En ausencia de ella, el padre que haga sus veces tendrá el mismo beneficio.

Las hijas e hijos de las internas podrán permanecer con su madre dentro del Centro durante las etapas postnatal y de lactancia, o hasta que la niña o el niño haya cumplido los seis años de edad.

Para ser directora de un centro femenil o de una sección femenil es requisito tener formación en materia de género y derechos humanos.

Todo el personal debe ser capacitado sobre estos temas como parte de su formación y capacitación continua obligatoria, independientemente del tipo de centro en el que preste servicio.

a) Las personas adultas mayores recibirán cuidados especiales.

b) A las personas con algún tipo de discapacidad recibirán las medidas de apoyo pertinentes para facilitar su acceso a todos los servicios e instalaciones, así como para evitar que la situación penitenciaria digna y segura se vea afectada en función de su discapacidad específica.

c) Las personas indígenas y extranjeras, a quienes se les brindará el apoyo necesario para evitar toda restricción en el acceso a los servicios o en el ejercicio de sus derechos por motivos lingüísticos o culturales.

d) Las personas que padezcan VIH/SIDA serán provistas de servicios médicos y protección especializada

e) A las personas con preferencias sexuales diferentes se reconocerá en su identidad y se protegerá de toda forma de discriminación.

IV. Otorgar preferencia a las personas con necesidades especiales para el uso de las instalaciones y el mobiliario, así como la provisión de suministros.

V. Establecer la separación entre hombres y mujeres; procesados y sentenciados.

VI. Prestar atención especial a las necesidades de los internos y las internas que hayan sufrido violencia física, mental o sexual.

B. El interno:

I. Se someterá al régimen de internamiento.

II. Acatará las disposiciones legales y reglamentarias, así como cualesquiera otras de carácter general, así como las órdenes individuales que reciba de la administración con apego a la legalidad y respeto a su dignidad.

Capítulo VILos traslados

Artículo 18. Traslados forzosos

Los traslados realizados sin o contra la voluntad del interno deberán ser justificados por la administración ante el juez de ejecución con anticipación de 15 días naturales a la fecha en que pretenda llevar a cabo el mismo. Queda prohibido el traslado forzoso de mujeres embarazadas o de las madres cuyos hijos vivan con ellas en prisión. Si la madre interna solicitase el traslado, se atenderá al interés superior de sus hijos menores de edad.

Artículo 19. Procedencia de traslado forzoso

El traslado en contra de la voluntad del interno podrá proceder por un plazo máximo de tres años y deberá fundarse en:

I. Razones disciplinarias debidamente comprobadas.

II. Razones de cupo. En este caso la administración, después de ponderar la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida, deberá tomar en cuenta el arraigo del interno, la cercanía con sus familiares de acuerdo con el principio constitucional de protección a la familia y el principio del interés superior del niño reconocido en la convención sobre la materia.

El juez de ejecución calificará la pertinencia del traslado a partir de elementos objetivos que invoque el Ministerio Público para justificar que un juez de distrito de procesos penales distinto al del lugar de comisión del delito sea competente para conocer de un juicio atendiendo a las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado, por razones de seguridad en las prisiones o por otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, de acuerdo con la legislación procesal aplicable. Si el traslado se autoriza respecto de personas procesadas se tomará en consideración el respeto al derecho a la defensa. El juez ponderará asimismo la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida, tomando en cuenta los demás elementos señalados en la fracción II de este artículo.

En ningún caso procederá un traslado forzoso hacia un centro que en el año inmediato anterior haya obtenido una calificación inferior a la asignada al de origen.

Artículo 20. Prohibición de la relegación

Queda prohibido todo traslado que implique la relegación o destierro como forma de sanción.

Artículo 21. Procedencia del traslado voluntario

En los traslados decretados por la autoridad judicial con la conformidad del interno, el juez de ejecución requerirá la ratificación de la voluntad del interno en su presencia, así como la de su defensor. En ese acto, el juez de ejecución deberá hacerles saber las implicaciones del traslado.

Artículo 22. Denegación de solicitud de traslado

Las negativas a conceder el traslado por parte de la administración en los casos de entidades que tienen celebrado el convenio a que se refiere el artículo 18 constitucional no podrán fundarse en la falta de anuencia de la entidad receptora cuando el interno acredite el arraigo o la necesidad de salvaguardar valores familiares o proteger el interés superior del niño.

Artículo 23. Restricciones a convenios en materia de traslados

Los convenios que celebren la federación y las entidades en términos del artículo 18 constitucional no podrán anteponer la falta de anuencia por razones de cupo como excepción para que el interno cumpla su pena en los lugares donde se acrediten los supuestos señalados en el artículo relativo a la denegación de solicitudes de traslado.

Capítulo VIIModificación de la duración de la pena

Artículo 24. Cómputo

El cómputo para toda modificación en la duración de la pena será realizado por la administración y aprobado por el juez de ejecución.

Artículo 25. Reducción de la pena por comportamiento legal

La reducción de la pena comportamiento legal del interno que redunde en la generación de un clima de civilidad en el interior del centro y en favorecimiento de su gobernabilidad, es un derecho exigible por los internos y no una medida discrecional. La reducción por este concepto no podrá exceder al 40 por ciento de la pena impuesta. La gravedad del delito ya juzgado no será obstáculo para obtener este reductivo.

La evaluación del comportamiento del interno para los efectos de la reducción de la pena se sujetará a la conducta observable y verificable o refutable de las personas internas que afecten la convivencia cívica y la gobernabilidad del centro. En todo lo anterior se observarán los principios de lesividad, materialidad, prohibición de injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada; inviolabilidad de la conciencia, no discriminación, legalidad, seguridad jurídica, igualdad y non bis in idem , por lo que para influir en el cómputo que realiza la administración para efectos de la reducción de la pena no podrán ser consideradas las circunstancias subjetivas de los internos; tampoco la negativa de participar en cualquier tipo de estudios que se practiquen sobre su persona.

En ningún caso se afectará el derecho del interno a obtener un reductivo en función de que el centro no proporcione los servicios educativos, culturales, recreativos, de trabajo, de capacitación para el trabajo, de protección para la salud y las actividades deportivas. Tampoco se afectará al interno que no haya tenido interés en ejercer los derechos conducentes.

Artículo 26. Reducción de la pena por reparación del daño a la víctima del delito

La reducción de la pena basada en la reparación del daño en beneficio de las víctimas del delito, no podrá exceder al 15 por ciento del monto de la condena si se pagara durante el primer año de internamiento, a partir de la fecha de la sentencia de segunda instancia, y de 10 por ciento si se pagara con posterioridad. La gravedad del delito ya juzgado no será obstáculo para obtener este reductivo.

Artículo 27. Uniformidad de criterios para la reducción de las penas

La federación y las entidades celebrarán protocolos adicionales a los convenios previstos en el artículo 18 constitucional, a fin de uniformar los criterios para la reducción de la pena de prisión con apego a los principios antes señalados.

Artículo 28. Cómputos anual y final de la pena

En el mes de febrero de cada año, la administración extenderá a cada interno sentenciado una constancia con el cómputo de su condena hasta esa fecha, especificando el tiempo en que se haya reducido la misma. Cuando la extinción de la pena sea previsible que ocurra durante el año siguiente, la administración deberá agregar el cómputo acumulativo estimado, considerando que el interno satisfaga los requisitos necesarios para ello. Una vez llegada la fecha, la administración deberá realizar de nueva cuenta el cómputo y hacerlo del conocimiento del interno y del juez de ejecución.

Artículo 29. Reducción de la pena por mala calificación del centro

Cuando el centro en el que se cumpla el internamiento tenga una calificación global inferior a seis puntos o inferior a ocho puntos en el rubro de derechos humanos, puntuaciones que garantizan el desarrollo de actividades productivas y educativas, así como en materia de equidad de género, en el cómputo que realice la administración correspondiente al mismo ejercicio anual calificado, deberá considerarse que el interno cumplió con los requisitos necesarios para la reducción de la pena durante el periodo en que subsistiese dicha calificación, a no ser que hubiese incurrido en dos o más faltas graves durante el mismo periodo.

Artículo 30. Revisión de cómputo

Los jueces de ejecución revisarán de oficio el cómputo final de reducción de la pena y, en su caso, la declararán extinguida.

Artículo 31. Sentencias de reemplazo

Los jueces de ejecución que resuelvan en contra de la administración respecto de una constancia de cómputo anual o de extinción de la pena, dictarán directamente la resolución definitiva sin requerir un nuevo cómputo a la administración. Para ello, los jueces de ejecución podrán realizar las inspecciones necesarias.

Artículo 32. Definitividad de las reducciones de pena

Una vez decretada la reducción de la pena, esta surtirá los mismos efectos legales como si se hubiese cumplido en su totalidad.

Capítulo VIIIIngresos, visitas y entrevistas

Artículo 33 . Facultades judiciales en los centros

Los jueces y magistrados de ejecución, así como el personal judicial acreditado que dependa de ellos, tendrán acceso absoluto a los centros, sus registros y archivos en el cumplimiento de sus funciones. Los jueces de ejecución asumirán el mando constitucional directo de la administración cuando se constituyan en un centro. Por su parte, el director en funciones o quien le sustituya deberá prestarle todo el apoyo necesario.

Artículo 34. Intervención del Ombudsman

El personal de los organismos públicos de protección a los derechos humanos y del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura tendrá acceso irrestricto a todos los centros, archivos y registros penitenciarios, sin necesidad de previo aviso. Los visitadores del Ombudsman nacional tendrán acceso ilimitado a todos los centros, archivos y registros penitenciarios, mientras que los adscritos a los Ombudsman de las entidades podrán acceder ilimitadamente a los centros, archivos y registros penitenciarios pertenecientes de la jurisdicción local de su entidad, así como a los centros federales que alojen internos a quienes trasladaran desde su entidad, o en los que realizasen funciones de apoyo a otro Ombudsman. En estos dos últimos supuestos, los visitadores limitarán su intervención a lo que concierne a los internos cuya situación lo requiera. No podrá impedirse a los visitadores que ingresen a los centros con el equipo necesario para el desempeño de sus atribuciones y que se entrevisten en privado con los internos.

Artículo 35. Intervención de los defensores

Los defensores de la causa y del proceso penitenciario podrán entrevistar a los internos en privado, por locutorio en todo momento. No podrá limitárseles el ingreso de los objetos necesarios para el desempeño de su tarea, ni podrá revisarse el contenido de los documentos que introdujesen o retirasen del centro.

Artículo 36. Intervención del Ministerio Público

El Ministerio Público tendrá las siguientes intervenciones:

I. En materia de justicia penal, investigar las denuncias por los delitos cometidos en el internamiento o con motivo de los procesos de ejecución de sentencias. Los informes y recomendaciones del Ombudsman o del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura harán las veces de denuncia cuando de ellos se desprenda la posible comisión de un delito.

II. En materia de justicia penitenciaria, entablar la acción de responsabilidad del auxiliar. Para ello, el Ministerio Público tendrá acceso ilimitado a los centros, archivos y registros penitenciarios sin necesidad de previo aviso, para constatar los supuestos de responsabilidad del auxiliar. Podrá igualmente realizar entrevistas confidenciales con los internos en los locutorios o en el interior del centro, recabar su firma cuando sea necesario e intercambiar documentación.

III. Solicitar medidas cautelares al juez de ejecución para proteger la vida e integridad de los internos o del personal penitenciario.

Artículo 37. Intervención de los observadores

La federación y las entidades reglamentarán las visitas de observación de manera que se promueva y garantice el escrutinio público y la auditoría social sobre la vida en reclusión. Los observadores deberán tener acceso a todas las áreas del centro, y poder entrevistar a los internos en cualquier área apropiada. Las visitas de observación contribuyen a la seguridad de los centros, por lo que no se pueden invocar razones de seguridad para impedirlas. Tampoco podrá invocarse el derecho a la intimidad de la propia imagen de los internos para restringir las visitas de observación. Los centros garantizarán la seguridad de los observadores sin interferir en su función.

Artículo 38. La obstrucción a la labor judicial de los visitadores del Ombudsman, de los defensores de la causa y penitenciarios, del Ministerio Público y de los observadores será sancionada administrativa y penalmente. Se consideran actos de obstrucción a la justicia penitenciaria no dar cauce a los escritos que los internos dirijan a las autoridades penitenciarias administrativas o judiciales; otorgarles el recibo correspondiente cuando haya lugar para ello y obstaculizar su asistencia a las audiencias a las que fuesen citados, así como toda forma de intimidación o represalia con motivo del ejercicio de sus derechos.

Artículo 39 . Visitas personales, familiares, íntimas, pastorales y asistenciales

La federación y las entidades federativas reglamentarán las visitas personales, familiares, íntimas, pastorales y asistenciales, sin que en caso alguno pueda impedirse el contacto personal de la persona visitante con la persona visitada.

Capítulo IXProcedimientos administrativos y procesos judiciales

Artículo 40. Legitimación activa

Pueden promover recursos y acciones penitenciarias:

I. El interno

II. Los defensores penitenciarios y las organizaciones no gubernamentales, oficiosamente.

III. Los solicitantes de entrevista y de visita, así como los visitantes, en relación con las visitas.

IV. El Ministerio Público, en los procesos de responsabilidad del auxiliar y tratándose de medidas cautelares.

Cuando el recurso o la acción judicial hubiese sido interpuesta oficiosamente por un defensor particular o una organización no gubernamental y el interno rechazara su intervención o cuando, después de otorgar un mandato lo revocara y el juez considerase que, con base en la apariencia del buen derecho, hay materia para continuar con el proceso, designará al defensor de oficio penitenciario adscrito para que continúe con la defensa hasta dictarse sentencia.

La administración y los jueces de ejecución podrán rechazar los recursos y demandas notoriamente improcedentes. Cuando estos tengan dudas sobre la representación que ostentan quienes promueven en nombre de una organización no gubernamental, el recurso administrativo o la demanda judicial correspondiente se presentará a título personal de quien o quienes promueven a nombre de ella, sin perjuicio de que posteriormente se acredite tal carácter.

Artículo 41. Oralidad

Los procesos que se establezcan en los términos de este capítulo, se regirán por los principios del sistema oral acusatorio establecido en el artículo 20 constitucional.

Artículo 42. En la sustanciación de todo proceso, los jueces y tribunales de ejecución se atendrán a la voluntad procesal de las partes. Cuando los escritos o peticiones no fuesen claros, los jueces de ejecución llamarán a los promoventes para su aclaración. Si el destinatario de una promoción no fuese competente para sustanciarla, la remitirá a la autoridad competente, sin que ello afecte los plazos establecidos para su presentación.

Artículo 43. Acumulación procesal

Las leyes de ejecución establecerán la acumulación de los procedimientos administrativos o procesos judiciales tengan un mismo objeto.

No procederá el desistimiento de los recursos y demandas, por lo que las autoridades administrativas y judiciales continuarán con su tramitación hasta que esto concluya. Se asignará la representación del peticionario a la defensa pública en caso de que este revocara el mandato al defensor designado.

Artículo 44. Objeto del recurso administrativo

Las leyes de ejecución regularán los procedimientos que deberán ventilarse ante la administración para hacer valer:

I. Los derechos de los internos en contra de acciones u omisiones de las autoridades penitenciarias respecto de la situación penitenciaria, con excepción del traslado.

II. Cualquier afectación a sus derechos que no tenga señalada una vía de protección jurisdiccional directa.

Artículo 45. Acceso a la jurisdicción

Las leyes de ejecución regularán las acciones que se podrán ejercer directamente ante los jueces de ejecución para hacer valer:

I. El acceso a los recursos administrativos, para lo cual los jueces de ejecución recibirán cualquier queja de la competencia de las autoridades administrativas y las turnarán para su tramitación, después de hacer constar su recepción y entrega.

II. Los derechos de los internos ante inconformidades por la constancia del cómputo anual o final que realice la administración respecto de la reducción de la pena, la omisión de entregar dicha constancia o cualquier controversia relacionada con la duración de la pena.

III. Los derechos de los solicitantes de visitas en contra de la falta de respuesta de la administración, la negativa para facilitarlas, o las restricciones impuestas una vez autorizadas o realizadas.

IV. Los derechos de los internos en materia de traslados.

V. Las condiciones de trabajo del personal administrativo, técnico, de seguridad y custodia por acciones u omisiones de sus superiores que repercutan negativamente en el funcionamiento del centro.

VI. Las medidas cautelares para proteger la vida o seguridad de los internos, para evitar distinciones o preferencias ilegales, así como para garantizar las entrevistas.

VII. La responsabilidad del auxiliar.

VIII. La reparación del daño al interno por torturas y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

IX. La ilegalidad de disposiciones penitenciarias de carácter general diversas a los reglamentos, cuando sean autoaplicativas o cuando el interesado las controvierta con motivo de su primer acto de aplicación.

Artículo 46. Sentencias

Las sentencias que se dicten en contra de la administración deberán ser notificadas personalmente a las partes. Las sentencias que entrañen la puesta en libertad de un interno, se ejecutarán el mismo día. El resto surtirá sus efectos en un plazo de cinco días naturales y deberán cumplirse dentro de los cinco días subsecuentes, a no ser que la administración solicite un plazo mayor en razón de las dificultades materiales que represente. Ante esto, el juez de ejecución podrá extender el plazo o establecer un calendario para su cumplimiento progresivo.

Artículo 47. Efecto erga omnes

Las leyes de ejecución preverán que las sentencias que versen sobre la situación penitenciaria digna y segura tengan efectos generales, simultáneos o graduales.

Artículo 48. Ejecución de sentencia para visita de observación

Para la ejecución de una sentencia que ordene una visita de observación, el juez de ejecución comisionará al actuario con el propósito de que los visitantes se ciñan al objeto de la misma y a la vez no sean obstaculizados en su realización. La presencia del actuario no impedirá que los observadores se entrevisten en privado con los internos.

Artículo 49. Recurso de apelación

Contra las decisiones dictadas por los jueces de ejecución de primera instancia procederá el recurso de apelación que deberá interponerse dentro de los cinco días siguientes a su notificación.

Cuando la sentencia autorice un traslado o la imposición de una sanción administrativa, la interposición del recurso de apelación la suspenderá. De igual manera, no se ejecutará sentencia alguna que fuese impugnada mediante el recurso de apelación, si este quedara sin materia.

Capítulo XSanciones a los internos

Artículo 50. Sanciones administrativas

Las leyes de ejecución establecerán las infracciones, sanciones y procedimientos para imponer sanciones administrativas a las personas internas, así como los recursos para inconformarse ante ellas.

No podrán sancionarse las conductas que:

I. Impliquen el ejercicio de un derecho.

II. No afecten un bien jurídicamente tutelable.

III. Cuya autoría no pueda identificarse.

Artículo 51. Las leyes de ejecución establecerán el catálogo de faltas de acuerdo con su gravedad.

Artículo 52 . Proporcionalidad

En la individualización de toda sanción se aplicará el principio de proporcionalidad.

Artículo 53. No trascendencia de las sanciones administrativas

Las sanciones administrativas impuestas se aplicarán de manera que se eviten sus efectos trascendentes en perjuicio de las visitas personal, familiar, íntima, pastoral o asistencial. En ningún caso podrá afectarse la comunicación, en condiciones de privacidad, de las personas que cumplan una sanción, con su defensor de la causa o penitenciario, el Ombudsman o los observadores.

Artículo 54 . Límite del aislamiento temporal

La sanción de aislamiento temporal tendrá una duración que no exceda del límite constitucional de 36 horas señalado por el artículo 21 constitucional para las faltas administrativas. Queda prohibido el aislamiento en el caso de mujeres embarazadas o con hijos de hasta seis meses de edad.

Capítulo XIResponsabilidad del auxiliar

Artículo 55. Responsabilidad del auxiliar

La responsabilidad del auxiliar es propia de los servidores públicos quienes, perteneciendo a los poderes ejecutivos, desempeñan funciones de auxiliares del los poderes judiciales en la ejecución de sanciones penales. Los agentes de la administración incurrirán en responsabilidad del auxiliar por:

I. Torturas y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes en perjuicio de los internos.

II. El incumplimiento del título de internamiento por el otorgamiento de prebendas o canonjías a uno o más internos, o privilegios desiguales en la situación penitenciaria o jurídica, en forma que se estime contraria a la ley.

III. La obstrucción de la justicia penitenciaria o de la intervención del Ombudsman, de los defensores de la causa y penitenciarios, así como de los observadores.

Artículo 56 . Sustanciación de la responsabilidad del auxiliar

El Ministerio Público iniciará los procesos de responsabilidad del superior ante el juez de ejecución, a partir de:

I. La solicitud de un interno, defensor penitenciario, Ombudsman u organización no gubernamental.

II. Su observación directa en los centros, para lo cual estará obligado a recorrer sus instalaciones mensualmente.

III. Los informes y recomendaciones del Ombudsman .

IV. Las sentencias dictadas en contra de la administración. Para ello, los jueces de ejecución estarán obligados a notificar sus sentencias al Ministerio Público.

Si después de recibir una petición de parte de los sujetos mencionados en la fracción I de este artículo, el Ministerio Público no ejerciera la acción correspondiente, la misma podrá ejercitarse directamente por los interesados. Cuando intervenga el Ministerio Público, los interesados tendrán el carácter de coadyuvantes.

En conjunto con la acción de responsabilidad del auxiliar, deberá hacerse valer la reparación del daño. El juez prevendrá al promovente que no lo haga.

Si, además de la responsabilidad del auxiliar existiese probable responsabilidad penal, adicionalmente el Ministerio Público le dará curso por esa vía.

Cuando se determine la responsabilidad del auxiliar, los procedimientos de responsabilidad disciplinaria que por los mismos hechos se substancien con base en las leyes de responsabilidades aplicables, no podrán llevar a cabo las mismas sanciones que el juez de ejecución y viceversa.

La responsabilidad del auxiliar será aplicable al superior que, sin tener responsabilidad directa haya sabido o, en razón de las circunstancias del momento, debería saber que su subordinado estaba cometiendo faltas o se proponía cometerlas, siempre y cuando:

a) Las faltas guarden relación con las actividades bajo su responsabilidad y control.

b) No adoptaran todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes para su investigación y persecución.

Las leyes de ejecución establecerán los procesos a seguirse por responsabilidad del auxiliar, ante la cual procederán las siguientes sanciones:

a) Suspensión hasta por un año.

b) Destitución.

c) Inhabilitación para ocupar cargos como auxiliar del sistema de justicia penal.

Capítulo XIIMedidas de apremio y medidas cautelares

Artículo 57. Medidas de apremio

Los jueces de ejecución tendrán las siguientes facultades para hacer cumplir sus determinaciones:

a) Prevención respecto de la aplicación de una sanción.

b)Suspensión hasta por un año.

c) Destitución.

d) Designación de un interventor temporal en sustitución del director del centro con cargo al erario de la administración.

e) Aseguramiento de las reservas presupuestales, así las transferencias y aplicaciones del gasto público necesarias para dar cumplimiento a sus determinaciones.

Cuando el cumplimiento de una sentencia implique erogaciones económicas, el juez de ejecución recurrirá al superior jerárquico del director del centro y así sucesivamente, hasta requerirse al titular de la secretaría o entidad a la que pertenezca. Cuando lo anterior no baste, el juez penitenciario decretará el destino de los fondos públicos suficientes para cumplir con la sentencia, de acuerdo con los estudios periciales que el Ombudsman realice. Para la administración de estos fondos se constituirá un fideicomiso.

Si en el curso del cumplimiento de una sentencia se origina responsabilidad administrativa de los superiores del director del centro, esta se sustanciará de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos o las leyes aplicables en las entidades.

Artículo 58. Medidas cautelares

Los jueces de ejecución decretarán las medidas necesarias para:

a) Proteger la vida e integridad de los internos cuando se aduzca una situación de riesgo, para lo cual decidirán de inmediato bajo el principio de apariencia del buen derecho y notificarán su determinación al director del centro o quien lo supla en su ausencia. Él podrá ordenar que el actuario se apersone en el centro a fin de hacer valer su determinación. Los directores o quienes les sustituyan en sus funciones asumen la calidad de garantes respecto de las personas a favor quienes se haya decretado una medida cautelar.

b) Hacer cesar toda distinción o privilegio en el trato o en la situación penitenciaria hacia los internos.

c) Garantizar el derecho a la realización de una entrevista, en cuyo caso el juez decidirá dentro de las tres horas siguientes a la acción correspondiente y lo notificará al director del centro.

En todos los casos, si fuese necesario, el juez comisionará a un actuario del juzgado para que acompañe al visitante y haga valer su determinación.

Las medidas cautelares podrán ser revocadas o modificadas por el juez de ejecución con base en los datos posteriores que aporten las partes.

El juez de ejecución comunicará al Ombudsman competente la adopción, modificación o revocación de las medidas cautelares que decrete.

Transitorios

Primero. En tanto se emiten las leyes penitenciarias o las existentes se adecuen a lo dispuesto por esta ley, los derechos constitucionales de los internos en la materia, exigibles ante autoridades administrativas, se harán valer en forma de petición dirigida al director del centro.

Segundo. Mientras se crean los jueces de ejecución en la federación y en todas las entidades, las acciones de carácter judicial se entablarán ante los jueces de procesos penales respectivos en la forma de incidente no especificado.

En todo caso, los procesos de ejecución se sustanciarán en forma autónoma al proceso que hubiese dado lugar al título de internamiento iniciarán con la demanda del interno y el propio título, mismo que deberá proporcionar la autoridad judicial que lo haya emitido a requerimiento del interno o de la autoridad que conozca el proceso de ejecución, sin que su falta de exhibición oportuna pueda perjudicar los intereses del interno.

Tercero . En función de las cargas de trabajos de los jueces de procesos penales y si la federación o las entidades lo decidieran, podrán establecer que, en tanto se crean los jueces de ejecución, los procesos relativos sean de la competencia del Tribunal Federal Fiscal y de Justicia Administrativa, o los tribunales que ejerzan jurisdicción administrativa similar en las entidades, quienes aplicarán las disposiciones sustantivas que se establecen en esta Ley de acuerdo con los procedimientos previstos en las leyes que los rigen.

Cuarto. Cuando el director de un centro niegue o no resuelva dentro del plazo de sesenta días naturales sobre la petición de un interno, de acuerdo con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo transitorio anterior, se entenderá que su respuesta es negativa y quedará expedito el derecho del interno para ejercer las acciones judiciales correspondientes.

Quinto. Las solicitudes de “beneficios de ley” que estén en curso ante las autoridades administrativas al 19 de junio de 2011, fecha en que entra en vigor la reforma constitucional en materia penitenciaria, seguirán su trámite. Si se negaran dentro de un plazo de noventa días naturales, contados a partir de dicha fecha, procederá la acción judicial penitenciaria correspondiente, prevista en esta Ley. Si concluye el plazo, ante la falta de respuesta se considerará como negativa.

Sexto. El gobierno federal y las entidades están obligados a promover las adecuaciones legislativas que hicieren falta, con el fin de que sean congruentes con esta ley y las leyes de ejecución que se expidan.

Notas

1. De similar manera, el Congreso de la Unión aprobó anteriormente la Ley General para la igualdad entre hombres y mujeres (Diario Oficial de la Federación , 2 de agosto de 2006), del que se derivan obligaciones para los congresos locales al legislar en las materias civil y familiar que, por antonomasia, corresponden al ámbito estatal y del Distrito Federal. En el último párrafo de su exposición de motivos se señala que dicha Ley, “[...] plantea una reglamentación clara y precisa del primer párrafo del artículo 4° constitucional, mediante una ley general.”

2. México, Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, “controversia constitucional. los diversos ordenes jurídicos establecidos en la constitución federal tienen autonomía funcional y asignaciones competenciales propias”. Del contenido de los artículos 1º, 40, 41, primer párrafo, 43, 44, 49, 105, fracción I, 115, fracción I, 116, primero y segundo párrafos, 122, primero y segundo párrafos, 124 y 133, de la Constitución Federal, puede distinguirse la existencia de cuatro órdenes jurídicos dentro del Estado mexicano, a saber: el federal, el local o estatal, el del Distrito Federal y el constitucional. Cada uno de ellos cuenta con asignaciones competenciales propias que, por lo general, son excluyentes entre sí, contando con autonomía para su ejercicio a cargo de las autoridades correspondientes. P./J. 95/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, septiembre de 1999, p. 709.

3. Héctor Fix-Zamudio, “Hacia una nueva constitucionalidad. Necesidad de perfeccionar la reforma constitucional en el derecho mexicano. Las leyes orgánicas”, en Hacia una nueva constitucionalidad. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. México, 2000. pp. 191-228. Debe señalarse que el maestro Fix-Zamudio propone que la expedición y reforma de las leyes de esta naturaleza se rijan por un procedimiento también intermedio (entre el exigido para las normas constitucionales y las de carácter ordinario) para evitar lo que bien caracteriza como “la volubilidad de las simples mayorías legislativas”. El argumento es válido de lege ferenda ; sin embargo, en tanto no se instrumente una reforma constitucional en el sentido propuesto, continúa vigente el procedimiento ordinario para aprobar las leyes reglamentarias necesarias para hacer efectivos los derechos constitucionales, cuya jerarquía normativa no se ve disminuida por la ausencia de una mayoría calificada o un requisito similar. La falta de una mayor rigidez no mengua el carácter general ni resta validez a las normas intermedias.

4. Ulises Schmill, El sistema de la Constitución mexicana , Librería de Miguel Porrúa, México, 1977, pp. 135 y siguientes. Más reciente: Ulises Schmill, Fundamentos conceptuales de una teoría de la Constitución y de los derechos fundamentales , en serie Ensayos y Conferencias de los formadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Suprema Corte de Justicia

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2011.

Diputados: Mary Telma Guajardo Villareal y Juventino Víctor Castro y Castro (rúbricas)