Con proyecto decreto, por el que se reforma el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona el capítulo IX al título VII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por María del Socorro García Quiroz, Rosalinda López Hernández y Tomás Torres Mercado, de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PRD

México, DF, a 22 de septiembre de 2011.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Rosalinda López Hernández, María del Socorro García Quiroz y Tomás Torres Mercado presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona el capítulo IX al título VII de la Ley Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica)

Vicepresidente

Quienes suscriben, Rosalinda López Hernández, María del Socorro García Quiroz y Tomás Torres Mercado, senadores de la república en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 8, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto decreto por el se reforma el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona el capítulo IX al título VII de la Ley Impuesto sobre la Renta, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Desde 2001, la Constitución federal dispone en el artículo 1o. que en los Estados Unidos Mexicanos está prohibida toda discriminación motivada por origen étnico nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias (sexuales), el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.

Esta disposición, de vigencia relativamente reciente, y los demás postulados que se han establecido en el máximo ordenamiento desde 1917 continúan siendo aspiraciones difíciles de concretar en el futuro inmediato. Como ejemplo podemos mencionar la distancia tan lejana de cumplir a plenitud el anhelo de proscribir cualquier tipo de discriminación contra las mujeres.

Si bien debemos reconocer los diversos cambios socioeconómicos que ha experimentado el país en pro de la equidad de género, persisten prácticas que impiden el desarrollo de las mujeres, y que en muchas ocasiones son fruto de un marco regulatorio que debería estar llamado a garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.

Uno de tantos obstáculos a que las mujeres se han enfrentado es la discriminación laboral en sus distintas manifestaciones, ya sea por actos de hostigamiento sexual, el otorgamiento de salarios inferiores a los de los hombres pese a realizar un trabajo igual, dificultades para obtener un ascenso y llegar a los cargos o puestos de dirección, o en lo que ahora me interesa resaltar, la no contratación o despido por embarazo, entre otras.

La discriminación por embarazo es una forma de rechazo laboral que padecen las mujeres en el país por el simple hecho de tener características biológicas y físicas distintas de las de los hombres. La posibilidad de ser madres constituye un gran obstáculo para ingresar o permanecer en el mercado laboral.

El despido por embarazo y la solicitud del examen o certificado de no gravidez son prácticas discriminatorias que no hemos logrado desterrar pese a la presión social existente en ese sentido y a las iniciativas de reforma con tal propósito en los últimos años.

Aun cuando se trata de una problemática grave, resulta lamentable que a estas fechas la Ley Federal del Trabajo no prohíba de manera expresa la discriminación hacia las embarazadas que solicitan un empleo o que ya trabajan. Resulta lamentable también que la Ley del Seguro Social prevea una modalidad de prestación económica para la embarazada que fomenta la discriminación laboral, particularmente la exigencia por muchas empresas del ominoso certificado de ingravidez como requisito indispensable para la contratación, lo cual limita las oportunidades de trabajo para las embarazadas.

Sobre esto último, habría que recordar que la Ley del Seguro Social establece en los artículos 101 a 103 que la asegurada tiene derecho durante el embarazo y el puerperio a un subsidio en dinero igual a 100 por ciento del último salario diario de cotización que debe recibir durante los 42 días anteriores al parto y los 42 posteriores. Dicho subsidio es pagado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) previo cumplimiento de algunos requisitos, entre los que destaca haber cubierto por lo menos 30 cotizaciones semanales en el periodo de 12 meses anteriores a la fecha en que deba comenzar el pago del subsidio.

Si no es posible cumplir el supuesto descrito, la misma ley establece que el pago del salario íntegro durante los 84 días quedará a cargo del patrón. De ahí que algunos afirmen que el subsidio representa una causa de discriminación de la trabajadora, toda vez que para evitarlo los empleadores recurren a la práctica de exigir exámenes de no gravidez a las que solicitan empleo.

Las empresas argumentan que el subsidio de maternidad representa una carga económica significativa, derivado no solamente de los costos directos que implica asumir el subsidio sino, también, de los costos de reemplazo de los puestos de trabajo que desempeñaban las embarazadas.

Es cierto que lo anterior podría explicar, aunque no justificar, que los empleadores exijan un certificado de no embarazo a la operaria para poder contratarla y que, en consecuencia, se ejerza una actitud discriminatoria para la mujer en el mundo laboral, lo cual es muy probable que no ocurriría si no se exigiera el requisito legal de las semanas cotizadas y se liberase al empleador de cubrir una salario íntegro a quien por imposibilidad física deje de laborar.

Para enfrentar esta problemática, desde la academia y el ámbito legislativo se han presentado propuestas de solución que básicamente plantean reducir al patrón el costo del subsidio (cuando no se cumplen las 30 cotizaciones semanales) y, en consecuencia, incrementar la aportación del IMSS para sufragar la prestación.

Sobre el particular, habría que señalar que el IMSS destina recursos económicos importantes para sufragar el subsidio de maternidad cuando la asegurada cumple los requisitos establecidos en la ley. En los últimos 10 años, el importe de este subsidio ha sido mayor de 28 mil millones de pesos (véase el cuadro). Tan sólo en 2010 se erogaron 3 mil 677 millones 527 mil 246 pesos para costear 458 mil 962 certificados de incapacidad por maternidad, según consta en informes del IMSS. La misma fuente indica que la mayoría de las solicitudes la subsidiada el IMSS y que sólo 12 por ciento de los certificados tramitados (con un monto aproximado de 500 millones de pesos al año) no produce subsidio, los que podría inferirse son asumidos por los patrones:

Exigir mayor aportación del IMSS implicaría incrementar el déficit que el instituto presenta para sufragar los servicios que presta, toda vez que los recursos que se utilizan para financiar el subsidio por maternidad provienen del seguro de enfermedades y maternidad, el cual, a decir de la institución, presenta un déficit de 192 mil 325 millones de pesos, considerando el registro pleno del costo neto del periodo del régimen de jubilaciones y pensiones, o de 2 mil 859 millones de pesos, sin considerarlo.

De lo expuesto debemos establecer tres conclusiones: primera, la madre asegurada, con independencia del número de semanas cotizadas, debe siempre recibir el subsidio de maternidad; segunda, no sería oportuno exigir al IMSS que asumiera todo el costo de la prestación, cuando se tiene información de la grave situación financiera que enfrenta, particularmente el seguro de enfermedades y maternidad; y tercera, resulta necesario modificar el marco legal no precisamente para relevar del talmente al patrón del costo económico expuesto, pues la exigencia de responsabilidad social debe permanecer, sino para otorgar una trato más equitativo.

La presente iniciativa propone, en primer lugar, modificar la Ley Federal del Trabajo a fin de impedir la discriminación laboral por maternidad, prohibiendo al patrón o representante solicitar a las trabajadoras el certificado de no embarazo. En segundo lugar, se propone que el Estado asuma parte del costo de tan encomiable prestación, a través de un mecanismo que no represente una erogación de recursos previamente obtenidos; es decir, la contribución del Estado sería parte del presupuesto de gastos fiscales, definido por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público como los apoyos indirectos autoaplicativos del gobierno hacia diversos sectores de la economía o de contribuyentes, otorgados a través del marco tributario, que no implican una erogación de recursos o ingresos previamente obtenidos sino que permiten a sus beneficiarios disminuir, evitar o diferir el pago de impuestos.

Concretamente, la propuesta consistiría en otorgar un estímulo fiscal a los contribuyentes personas físicas o morales del impuesto sobre la renta, consistente en poder deducir de sus ingresos acumulables, por el ejercicio correspondiente, un monto adicional equivalente a 50 por ciento del salario efectivamente pagado a las trabajadoras aseguradas en el régimen obligatorio ante el IMSS, durante el periodo de descanso a que tienen derecho por situación de embarazo y puerperio, siempre que se encuentren en el supuesto establecido en el segundo párrafo del artículo 103 de la Ley del Seguro Social, por lo cual se dispone que queda cargo del patrón el pago del salario íntegro.

Ese tipo de estímulos fiscales ha sido utilizado para fomentar el primer empleo o la contratación de trabajadores de 65 años y más, y trabajadores con capacidades diferentes.

Con esta propuesta, el Estado y el patrón asumirían su responsabilidad en la atención de la demanda social de las embarazadas que no cumplen el requisito de las semanas cotizadas, con lo cual se pretende inhibir la solicitud de la denigrante prueba de no gravidez.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se reforman el primer párrafo y la fracción I, y se adiciona la XII al artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 133. Queda prohibido a los patrones y a sus representantes

I. Negarse a aceptar trabajadores por razón de edad, género, discapacidad, estado civil o condición de embarazo;

II. a XI. ...

XII. Exigir a las mujeres certificado médico de ingravidez, o la práctica de pruebas de embarazo como requisito previo para otorgar un empleo o para permanecer en él;

Artículo Segundo. Se adiciona el capítulo IX, “De la promoción de la equidad de género en la contratación laboral”, con el artículo 238 Bis, al título VII, “De los estímulos fiscales”, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Título VIIDe los Estímulos Fiscales

Capítulo IXDe la Promoción de la Equidad de Género en la Contratación Laboral

Artículo 238 Bis. Las disposiciones de este capítulo tienen por objeto otorgar un estímulo fiscal a los contribuyentes personas físicas o morales del impuesto sobre la renta que se encuentren en el supuesto a que se refiere el segundo párrafo del artículo 215 de la Ley del Seguro Social, a efecto de promover la equidad de género en la contratación y permanencia laboral.

El estímulo fiscal consiste en poder deducir de los ingresos acumulables del contribuyente, por el ejercicio fiscal correspondiente, un monto adicional equivalente a cincuenta por ciento del salario efectivamente pagado a las aseguradas en el régimen obligatorio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, durante el periodo de descanso a que tienen derecho por situación de embarazo y puerperio, siempre que se encuentren en el supuesto establecido en el segundo párrafo del artículo 103 de la Ley del Seguro Social, por lo cual queda cargo del patrón el pago del salario íntegro.

Lo dispuesto en el presente artículo será aplicable siempre que el contribuyente cumpla las obligaciones contenidas en el artículo 15 de la Ley del Seguro Social y las de retención y entero a que se refiere el capítulo del título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta y obtenga del Instituto Mexicano del Seguro Social el certificado a que se refiere la fracción II del artículo 102 de la Ley del Seguro Social.

El Servicio de Administración Tributaria podrá establecer disposiciones de carácter general que faciliten la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Fuentes consultadas

- Cámara de Diputados. Propuestas de modificaciones de la Ley Federal del Trabajo (un enfoque social), Sistema Integral de Información y Documentación, Servicio de Investigación y Análisis, diciembre de 2002, 23 páginas.

- Instituto Mexicano del Seguro Social. Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2010-2011.

- Instituto Mexicano del Seguro Social. Memoria estadística 2009, capítulo IX, “Prestaciones económicas”.

- Instituto Mexicano del Seguro Social. Memoria estadística 2010, capítulo IX, “Prestaciones económicas”.

- Género y democracia, generando equidad en el proceso electoral federal 2008-2009, Partido de la Revolución Democrática.

- Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. Informe del régimen jurídico actual de la Ley Federal del Trabajo y la protección de los derechos de las mujeres.

- Baraibar Ruiz, Lucía. El subsidio de maternidad como causa de discriminación de la mujer trabajadora, tesis profesional, Universidad de las Américas Puebla, 2003.

- Mendizábal Bermúdez, Gabriela. “Análisis comparativo de las prestaciones de seguridad social por maternidad”, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, número 116, mayo-agosto de 2006.

- Ruiz Moreno, Ángel Guillermo. “La discriminación de la mujer por maternidad”, en Revista Latinoamericana de Derecho Social, número 4, enero-junio 2007, páginas 137-148.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 20 de septiembre de 2011.

Senadores: Rosalinda López Hernández, María del Socorro García Quiroz, Tomás Torres Mercado, Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbricas).