Gaceta Parlamentaria, año XIV, núMero 3352-V, martes 20 de septiembre de 2011

De la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Equidad y Género fue turnada para análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada por el diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, 84, 85, 86, 182, 185 y 187 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 25 de febrero de 2010, el diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del PVEM, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Segundo. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite a la iniciativa de referencia, turnándola a la Comisión de Equidad y Género para análisis y dictamen.

Contenido de la iniciativa

Para el iniciador, la violencia en México es una realidad que daña cotidianamente a la población femenina en todo el país y vulnera de manera significativa sus derechos.

Señala que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006, 10 millones 88 mil 340 mujeres casadas o unidas de 15 años o más fueron violentadas a lo largo de su relación. De esa cifra, 44.6 por ciento ha sufrido agresiones físicas y 84.3 por ciento ha padecido violencia psicológica.

Precisa que una de las formas más frecuente de violencia que sufren las mujeres es la proveniente del esposo o la persona con que se encuentran unidas afectivamente. Las manifestaciones de violencia no se reducen al maltrato físico, que va desde golpes y lesiones hasta el homicidio, sino que comprenden actos psicológicos y sexualmente coercitivos, como insultos, desprecios o devaluación.

Por consiguiente, aduce, la amenaza de violencia contra la integridad o la vida de las mujeres se encuentra en su hogar; así, nueve de cada diez mujeres víctimas de violencia familiar no denuncian por temor a que el agresor incremente la violencia que ejerce sobre ellas o por falta de recursos económicos propios para subsistir con los hijos fuera del hogar conyugal.

Para el promovente, con su iniciativa se reconoce que los problemas fundamentales que enfrentan las mujeres víctimas de violencia familiar son la falta de denuncia ante el Ministerio Público por temor al agresor, la falta de autonomía económica, no tener una vivienda propia y no contar con redes familiares y sociales de apoyo.

Por ello considera que es obligación del Estado crear condiciones que garanticen a la mujer una vida libre de violencia. Una de las formas más efectivas de lograrlo es poniendo especial énfasis en la necesidad de implantar programas efectivos y de largo alcance que atiendan uno de los problemas principales que impide a las mujeres dejar una relación de violencia: la carencia de recursos económicos propios.

Por tanto, propone reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a efecto de que, en un marco de coordinación, las entidades federativas establezcan programas de apoyo económico temporal dirigido a víctimas de violencia familiar que hayan denunciado ante la autoridad competente ese delito y que no cuenten con recursos económicos ni sociales que permitan condiciones mínimas de independencia, con la obligación de participar en un tratamiento psicológico especializado y gratuito, que favorezca su empoderamiento y repare el daño causado por la violencia.

Asimismo, se propone establecer que las entidades federativas, en el marco de su competencia, garanticen la seguridad e integridad física de las víctimas que denuncian a través de las instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública, y que se ordene que se les brinde protección en los casos en que haya un riesgo objetivo para su vida o integridad corporal.

En suma, somete a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto

Contenido de la iniciativa

a) Se propone adicionar las fracciones VI, recorriéndose las demás en el orden, al artículo 8 y XXI, recorriéndose las demás en el orden, al artículo 49; y se propone reformar las fracciones V del artículo 8, VII del artículo 47 y XX y el último párrafo del artículo 49 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Equidad y Género de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, que suscriben el presente dictamen, exponen las siguientes

Consideraciones

Primera. La comisión dictaminadora tiene claro que en el artículo 8 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se comprenden los modelos de atención, prevención y sanción, entendidos como el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar.

Que en virtud de ello, la federación, las entidades federativas y el Distrito Federal, al establecerlos, deberán considerar diversas medidas que efectivamente pongan salvo la integridad física y sicológica de las víctimas.

Segunda. Entre las medidas por considerar para la formulación y ejecución de los modelos de atención, prevención y sanción tenemos la de proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico especializados y gratuitos a las víctimas.

Otra medida atañe directamente al agresor, a quien se brindarán los servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos para eliminar los estereotipos y patrones que justifican su violencia. También, deben evitar establecer procedimientos de mediación o conciliación, por ser inviables en una relación de sometimiento entre el agresor y la víctima.

Además, los modelos citados deben favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios secretos para las víctimas y sus hijos, donde se les brindarán apoyos psicológico y jurídico, especializados y gratuitos.

Tercera. En este tenor, una de las acciones que el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres es diseñar un modelo integral de atención a los derechos humanos y ciudadanía de las mujeres que deberán instaurar las instituciones, los centros de atención y los refugios que atiendan a víctimas (artículo 38, fracción XIII).

Igualmente, el artículo 48 dispone en la fracción X que al Instituto Nacional de las Mujeres, le corresponda impulsar la creación de refugios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema Nacional. En consecuencia, el artículo 50 establece que corresponde a los municipios apoyar la creación refugios seguros para víctimas.

Cuarta. Más aún, la Ley General de Acceso de las Mujeres tiene el capítulo específico “De la atención a las víctimas”, en el cual se establece que las autoridades respectivas deberán proteger a las víctimas mediante la adopción y aplicación de acciones y programas, como proporcionar atención médica, psicológica y jurídica, de manera integral, gratuita y expedita; y proporcionar un refugio seguro a las víctimas (artículo 51).

Por su parte, el artículo 52 establece que los derechos de las víctimas de violencia son el ser tratada con respeto de su integridad y del ejercicio pleno de sus derechos; contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades; recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones de atención; contar con asesoría jurídica gratuita y expedita; recibir información médica y psicológica; contar con un refugio, mientras lo necesite; ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.

También, que en los casos de violencia familiar, las mujeres que tengan hijos podrán acudir a los refugios con éstos, y que la víctima no será obligada a participar en mecanismos de conciliación con su agresor.

Por último, en el artículo 53 se establece que el agresor deberá participar obligatoriamente en los programas de reeducación integral, por mandato de autoridad competente.

Quinta. Medularmente, en este aspecto, la Ley General de Acceso de las Mujeres considera un capítulo relativo a la organización de los refugios para las víctimas de violencia y de los servicios que deberán prestar.

Así, en el artículo 54 se establece que a los refugios corresponderá velar por la seguridad de las mujeres que se encuentren en ellos; proporcionar a las mujeres la atención necesaria para su recuperación física y psicológica, que les permita participar plenamente en la vida pública, social y privada; dar información a las víctimas sobre las instituciones encargadas de prestar asesoría jurídica gratuita; y brindar a las víctimas la información necesaria que les permita decidir sobre las opciones de atención, entre otros.

En el artículo 55 se dispone que los refugios deban ser lugares seguros para las víctimas, por lo que no se podrá proporcionar su ubicación a personas no autorizadas para acudir a ellos.

Enseguida, en el artículo 56 se enumeran los servicios especializados y gratuitos que deberán proporcionarse en los refugios: hospedaje, alimentación, vestido y calzado, servicio médico, asesoría jurídica, apoyo psicológico; programas reeducativos integrales a fin de que logren estar en condiciones de participar plenamente en la vida pública, social y privada; capacitación, para que puedan adquirir conocimientos para el desempeño de una actividad laboral, así como bolsa de trabajo, con la finalidad de que puedan tener una actividad laboral remunerada en caso de que lo soliciten.

Asimismo, en los artículos 57 a 59 se señala que la permanencia de las víctimas en los refugios será voluntaria y no podrá ser mayor a tres meses, a menos de que persista su inestabilidad física, psicológica o su situación de riesgo. Por eso, en esta última situación el personal médico, psicológico y jurídico del refugio evaluará la condición de las víctimas.

Sexta. En este tenor, la propuesta de reformar la fracción V del artículo 8, para otorgar apoyo económico temporal a las víctimas, y la de adicionar la fracción VI, para que la autoridad correspondiente garantice la seguridad de las víctimas, esta Comisión de Equidad y Género estima que estas disposiciones ya se encuentran previstas en los artículos 54, 55, 56, 57, 58 y 59 concernientes al capítulo “De los refugios para las víctimas de violencia” de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Concretamente, los refugios deben brindar, hasta por tres meses, hospedaje, alimentación, vestido y calzado, servicio médico, asesoría jurídica y apoyo psicológico; también, programas reeducativos integrales que las preparen para participar plenamente en la vida pública, social y privada; así como capacitación y bolsa de trabajo.

Por consiguiente, la propuesta de reformar la fracción VII del artículo 47 y de adicionar la fracción XXI al artículo 49, relativo al establecimiento de programas de apoyo económico temporal, así como de adicionar la fracción XXII, la Comisión de Equidad y Género estima que son inviables por las razones aducidas en los párrafos precedentes.

Por lo que toca a la adición de los incisos c) y d) al artículo 49 para facultar a las entidades federativas y al Distrito Federal para tipificar la violencia familiar como un delito grave, esta Comisión de Equidad y Género estima que ya se encuentra previsto en el artículo 9 de la Ley General de Acceso de las Mujeres, el cual señala que con el fin de contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres dentro de la familia, los Poderes Legislativos federal y locales, en el respectivo ámbito de sus competencias, considerarán la tipificación del delito de violencia familiar. En consecuencia, de aprobarse las reformas y adiciones propuestas se estaría generando una duplicidad de normas jurídicas.

Por añadidura, la ley mandata a entidades federativas y al Distrito Federal –artículo 49, fracción XX– para “impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley, así como para establecer como agravantes los delitos contra la vida y la integridad cuando estos sean cometidos contra mujeres, por su condición de género”.

Más aún, el último párrafo del citado artículo establece que las “autoridades federales harán las gestiones necesarias para propiciar que las autoridades locales reformen su legislación, para considerar como agravantes los delitos contra la vida y la integridad corporal cometidos contra mujeres”.

En razón de lo expuesto, la Comisión de Equidad y Género somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada por el diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 25 de febrero de 2010.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, julio de 2011.

La Comisión de Equidad y Género

Diputados: Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), presidenta; Ana Estela Durán Rico (rúbrica), Fidel Kuri Grajales, Elvia Hernández García, Blanca Estela Jiménez Hernández (rúbrica), Laura Elena Estrada Rodríguez (rúbrica), Tomasa Vives Preciado (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera, secretarios; Laura Arizmendi Campos (rúbrica), Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Margarita Gallegos Soto, Laura Felícitas García Dávila, Luis García Silva, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Marcela Guerra Castillo (rúbrica), María del Carmen Guzmán Lozano (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Sandra Méndez Hernández, Juan Carlos Natale López (rúbrica), María Elena Pérez de Tejada Romero (rúbrica), Leticia Robles Colín (rúbrica), Adela Robles Morales (rúbrica), Leticia Quezada Contreras, Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica).

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada con fecha 30 de abril de 2008, a cargo de la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha la Mesa Directiva de este órgano legislativo turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud, para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido de la iniciativa

La presente propuesta de reforma tiene como objetivo demostrar que la exposición del niño a diversos comerciales de refrescos en la televisión está aunado con el desarrollo de la obesidad, y que, entre más tiempo se le dedique a la televisión, más notorias son las posibilidades de desarrollar la obesidad y que la misma permanezca en la adultez si no se atiende a tiempo. Por lo tanto se deduce que los mecanismos participantes en este proceso pueden ser tanto la inactividad física que promueve el uso de este medio de comunicación, como también el papel de los anuncios publicitarios que apuntan a niños cada vez más pequeños y promueven el consumo de refrescos y alimentos hipercalóricos a través de diversos caminos.

III. Consideraciones

Primera Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. Intenta reformar el artículo 307 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

“Artículo 307. ...

II.

III.

IV. La publicidad televisiva de bebidas no alcohólicas especialmente refrescos, deberá estar dirigida a una población mayor de 18 años, prohibiendo todos los anuncios de este productos en programas que ven regularmente grupos de niñas, niños y adolescentes menores a esta edad”.

Tercera. En un estudio (Ensanut) de niños de la ciudad de México reportó que el tiempo promedio que veían televisión era de 4.1 horas al día (28.7 horas/semana). Los estudiantes pasaban en promedio 2.4 horas al día viendo programas de televisión y 1.7 hr al día viendo videos o películas. Los niños que ven cuatro o más horas de televisión al día presentan mayor Índice de Masa Corporal (IMC) y adiposidad medido a través de pliegues cutáneos; por el contrario, aquellos que ven menos de una hora tienen menores IMC.

Dieta:

La dieta de un niño en la etapa lactancia a preescolar es 100% brindada por la madre. Posteriormente en la etapa escolar en horarios del colegio, los niños tienen la capacidad de elegir que es lo que van a ingerir, aún siendo que la madre le haya mandado lunch. Asimismo la dieta de cualquier persona se basa en las siguientes características:

El sabor; se refiere a la capacidad de los alimentos para estimular el sentido del gusto a través de la palatibilidad, aroma y textura.

La percepción del valor del alimento; se refiere al costo por unidad de energía.

Comodidad; se refiere a la elección de aquellos alimentos que implican un ahorro en el tiempo para comprarlos, prepararlos y cocinarlos, como los industrializados, congelados o empaquetados.

Valor nutritivo; se refiere a la cantidad y proporción de nutrimentos que contiene el alimento.

Una revisión sistemática que evaluó la fuerza de asociación entre las características de la alimentación y la génesis de obesidad infantil clasificó como factores fuertemente implicados al consumo de alimentos con alta densidad energética; como probablemente implicados a la publicidad y a la ingestión de bebidas refrescantes azucaradas; y como posiblemente asociados al aumento en el tamaño de las porciones. La ingestión de fruta, verdura y leche es mucho menor a la que tenían los niños hace algunas décadas. Los alimentos que consumen fuera de casa también han incrementado, muchas veces en restaurantes de comida rápida, en donde abundan los alimentos con bajo valor nutritivo, como aquellos densamente energéticos (altos en grasa y azúcares)

Ambiente

También llamado contexto social o nicho ecológico, se le puede calificar actualmente como “ambiente obesogénico” por la suma de influencias que rodean al individuo y generan oportunidades y condiciones de vida que provocan aumento de peso en individuos o poblaciones. Engloba los factores económicos (costo de alimentos, ingreso familiar), políticos (formales: leyes y políticas públicas; e informales: reglas institucionales, incluidas las del hogar), socioculturales (valores, influencia de amigos, familiares, escuela, hogar y vecindario) y físicos (disponibilidad de alimentos en la casa, escuela, publicidad, trabajo, propaganda comercial) en los que se desenvuelve el huésped y que tienen poderosas influencias sobre la conducta.

a. Factores socioculturales y demográficos.

Transición nutricional. En las últimas tres décadas han ocurrido cambios importantes a nivel mundial:

1. Transición demográfica, reducción de la tasa de natalidad, incremento en la esperanza de vida y, como consecuencia, modificaciones en la pirámide poblacional.

2. Transición epidemiológica, aumento de las enfermedades crónico degenerativas y disminución de las infecciosas.

3. Transición nutricional, los patrones dietarios que tradicionalmente se basaban en cereales se han modificado, con un mayor consumo de azúcar y grasa a través de alimentos industrializados.

El incremento en la popularidad de la comida rápida y el comer fuera del hogar se debe, en parte, a que cada vez más mujeres se han incorporado a la fuerza laboral y cuentan con menos tiempo disponible para actividades relacionadas con la preparación de los alimentos. Debido a las nuevas prácticas de cultivo, los subsidios y las innovaciones en el procesamiento, empaque, preservación y refrigeración, existe un incremento en la variedad de alimentos disponibles, sobre todo los que se consumen fuera del hogar o que no requieren tiempo en su preparación. En México, datos del Inegi reportan que las mujeres en 1995 realizaban 45.08 horas/semana de trabajos domésticos, de las cuales al menos 10.3 horas eran para cocinar, y en 1999 había disminuido a 43.13 horas/semana. En México, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a través del Programa de Desayunos Escolares, distribuye, en un intento de subsanar los problemas de desnutrición en los niños que acuden a escuelas públicas, desayunos en la modalidad de caliente y frío.

Obesidad en los padres

El sobrepeso en los padres es uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de obesidad en los niños. Las madres obesas tienden a proporcionar raciones de alimentos mayores de las que los niños necesitan. Se ha observado que el grado de adiposidad de los padres es un marcador de la preferencia por grasa dietaria en los hijos.

Factores físicos

La industria y los servicios de alimentos gastan en todo el mundo millones de dólares en propaganda en los medios de comunicación. Muchas compañías enfocan sus campañas publicitarias en los niños, en un esfuerzo por conseguir lealtad “de por vida” con la marca. La publicidad de alimentos con alta densidad energética se incluye en lo que implica un “ambiente obesogénico”, ya que dificulta que los niños hagan elecciones saludables en cuestión de alimentos. La OMS publicó en 2004 una revisión extensa sobre publicidad de alimentos y bebidas dirigida a los niños, donde destacan anuncios en televisión, internet, venta directa en las cooperativas escolares, patrocinios y el uso de logos, mensajes o imágenes de sus productos dentro de los programas de televisión o películas, para que éstos formen parte del programa sin que el televidente se sienta bombardeado por la publicidad. En algunos países estas estrategias comerciales ya están reguladas a fin de reducir la presión comercial, evitar mensajes falsos o engañosos que, por estar dirigidos a una población vulnerable de ser explotada por su credulidad, se dañe su salud física, mental o moral, además de prevenir que se induzcan presiones para los padres para que le compren un determinado producto o se les haga sentir inferiores en caso de no tenerlo. En México no tenemos una evaluación de los comerciales que se transmiten en las horas de programación infantil. El uso de etiquetas comerciales, como las que califican a algunos productos de “bajos en grasa”, “light”, etcétera, crea un mensaje inconsciente que lleva a consumir mayor cantidad de éstos. Sin embargo, algunos productos reducidos en grasa presentan un alto contenido de azúcares, por lo que su densidad energética total no se modifica.

Ambiente familiar y escolar

En las etapas preescolar y escolar se forman los hábitos alimentarios que predominarán durante toda la vida, los cuales pueden ser parcialmente atribuidos a factores familiares (selección del tipo y cantidad de alimento), heredados y ambientales (interacciones entre padres e hijos, incluyendo información de cuándo iniciar y terminar de comer). Las madres suelen ser las primeras cuidadoras y establecen la estructura del patrón de dieta, ofreciendo algunos alimentos y otros no, regulando los horarios de comida, sobre todo el desayuno, permitiendo el consumo de bebidas azucaradas, etcétera. Los padres tienden a sobrealimentar a sus hijos como una forma de disipar sus culpas, como expresión de sus propias necesidades no satisfechas o como una manifestación deformada de cariño. Es frecuente que en los niños obesos la comida se utilice para premiar, calmar, amenazar o controlar su conducta. La obesidad y la falta de actividad física pueden surgir por estrés o duelo, por ruptura de la unidad familiar, o por presiones o fracasos escolares y laborales. Para involucrar a los padres en el problema de obesidad, resulta indispensable que los padres reconozcan el problema y sus posibles consecuencias, por lo que los profesionales de la salud deben sensibilizarlos al respecto. Los niños de familiar que cuentan con la oportunidad de comer juntos son menos propensos a padecer sobrepeso u obesidad.

Factores económicos

La epidemia de obesidad no sólo es consecuencia de alteraciones biológicas, sino también es un fenómeno económico y social. Existe evidencia que propone una relación entre pobreza y obesidad, ya que: en poblaciones con tasas altas de pobreza y bajo nivel educativo se observa una mayor prevalencia de obesidad; hay una relación inversa entre la densidad energética y el consumo de alimentos; la alta densidad energética y palatibilidad de los edulcorantes y grasas están asociados con mayor ingestión de energía y la pobreza y la inseguridad alimentaria están asociados con un menor gasto en alimentos y pobre calidad en la dieta.

Cuarta. En el entendido que la obesidad y el sobrepeso son de origen claramente multifactorial, se considera que no los son solo el refresco y el sedentarismo televisivo como lo propone la iniciativa. Se deben impulsar cambios en la Ley General que abarquen la problemática en su totalidad. Así mismo, como bien se expone al inicio de la exposición de motivos, somos el segundo país que presenta obesidad, esto significa obesidad generalizada, no solo obesidad infantil, se debe de combatir el problema actual y no dejar avanzarlo. Si se quiere educar al paciente debe ser por medio de programas educativos en las escuelas, centros educativos, etc., no por medio de la televisión.

Quinta. En la exposición de motivos no expresan la fuente de su bibliografía en la mayoría de sus datos porcentuales, los términos son indeterminados para profundizar en el tema; es por eso que la información que se brinda no se determina como científicamente validada.

En mérito de lo antes expuesto, la Comisión de Salud se permite someter a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa proyecto de decreto que reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud, presentada por la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 30 de abril de 2008.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo, a los 7 días del mes de septiembre del 2011.

La Comisión de Salud

Diputados: Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho (rúbrica en abstención), Rosalina Mazari Espín, Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales (rúbrica), secretarios; Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez, Olga Luz Espinoza Morales (rúbrica), Leandro Rafael García Bringas, Clara Gómez Caro (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Árciga, Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica), Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo (rúbrica), Leticia Quezada Contreras (rúbrica en abstención), Oralia López Hernández (rúbrica).

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desechan tres iniciativas con proyecto de decreto por las que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada con fecha 28 de abril de 2011, el pleno de esta honorable Cámara de Diputados aprobó un dictamen en materia de donación y el trasplante de órganos.

2. En sesión celebrada con fecha 29 de abril de 2011, el diputado Aarón Irízar López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa que reforma los artículos 320 y 324 de la Ley General de Salud, en materia de trasplantes.

3. En sesión celebrada con fecha 25 de mayo de 2011, el diputado Jorge Kahwagi Macari integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presento la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 324, 329, 334 y 345 de la Ley General de Salud, en materia de trasplantes.

4. En sesión celebrada con fecha 15 de junio de 2011, el diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en su Título Décimo Cuarto, referente a la donación.

5. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de este órgano Legislativo, turnó las mencionadas iniciativas a la Comisión de Salud, para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido de las iniciativas

Iniciativa 29 del diputado Aarón Irízar López

Prever que toda persona que desee donar o no donar su cuerpo total o parcialmente deberá, manifestar su voluntad ante la Secretaría de Salud, de no hacerlo, habrá consentimiento tácito.

Iniciativa de diputado Jorge Kahwagi Macari

Establecer que cuando se trate de personas sujetas a interdicción o menores de edad donantes será necesario obtener el consentimiento explicito de su representante legal o disponente secundario para donar sus órganos. Prever que el Centro Nacional de Trasplantes expedirá un documento oficial a las personas que no deseen donar. Incluir en los requisitos para realizar trasplantes de donantes que hayan perdido la vida, no constar con revocación del consentimiento tácito o explícito por parte de la autoridad correspondiente del sector salud ni del ministerio público para la donación de sus órganos y tejidos. Considerar que no existirá impedimento alguno para que a solicitud y con la autorización de un disponente secundario se prescinda de los medios artificiales cuando se presente la muerte encefálica.

Iniciativa del diputado Cuauhtémoc Salgado Romero

Establecer que el presunto donador sólo aplicará para la donación de órganos y tejidos una vez que se confirme la pérdida de la vida de éste y sus órganos y tejidos sólo podrán extraerse cuando se requieran para fines de trasplante. Prever que el Centro Nacional de Trasplantes se encargará de expedir el documento oficial mediante el cual se manifieste la negativa de donación de sus órganos después de la muerte. Establecer que el consentimiento expreso para donar en vida los órganos, tejidos y células, constará por escrito y podrá señalarse que éste se hace a favor de determinadas personas o instituciones y podrá expresar el donante, las circunstancias de modo, lugar y tiempo y cualquier otra que condicione la donación; asimismo, cuando corresponda a mayores de edad con capacidad jurídica, no podrá ser revocado por terceros, pero el donante podrá revocar su consentimiento en cualquier momento, sin responsabilidad de su parte.

Prever que la negativa de donación constará por escrito público o privado y deberá estar firmado por éste; asimismo, podrá ser limitada cuando se refiera a la disposición de determinados componentes y, en este caso, se podrá hacer a favor de determinadas personas o instituciones y podrá expresar el donante, las circunstancias de modo, lugar y tiempo y cualquier otra que condicione la donación.

III. Consideraciones

Primera Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

Segunda. La donación y el trasplante de órganos en nuestro país, se ha convertido en un grave problema de salud pública. A pesar de que existe ya un sistema nacional de trasplantes, desde hace mucho tiempo se requería de la revisión y actualización del marco regulatorio de la donación y los trasplantes, específicamente en la Ley General de Salud.

El proceso de un trasplante inicia cuando el médico diagnostica un padecimiento que ha afectado gravemente un órgano o tejido específico de un paciente, quien unas vez remitido al especialista correspondiente, éste deberá determinar si existen razones médicas para que el problema pudiera ser tratado mediante un trasplante.

Tercera. La problemática en esta materia cobra especial relevancia debido a que muchos mexicanos han perdido y están perdiendo sus vidas dada la escasez de órganos y una baja tasa de donación, considerando que en México tenemos a más de 12 mil personas en espera de un trasplante; así mismo, nuestro país se encuentra muy por debajo de su potencial en la materia, ya que la tasa de donación llega a ser apenas del orden de 9 personas por cada millón de habitantes, en el mejor de los casos.

Cuarta. Las iniciativas en materia de donación y el trasplante de órganos que se dictaminan se consideran innecesarias, en virtud de que el 28 de Abril de 2011 esta H. Cámara de Diputados aprobó una reforma legislativa que fue conformada con la finalidad de dar solución a este grave problema, en la cual se han avalado reformas a 16 artículos de la Ley General de Salud, incorporado 11 nuevos artículos, además de que se han adicionando 23 fracciones y párrafos a artículos ya existentes en la misma ley. Dentro de estas modificaciones se contemplan las propuestas de los diputados promovente, incluso se rebasan, como lo son: Facilita y fortalece algo que resulta fundamental, que es el consentimiento tácito, mediante el cual todo mexicano puede ser considerado donante al fallecer, siempre y cuando no haya manifestado su negativa en vida, y se cuente con el consentimiento de los familiares. Fomenta la cultura de la donación, e impulsa la multiplicación de donantes al momento de la realización de trámites públicos o cuando los ciudadanos acuden a obtener documentos oficiales. Consolida el Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes, no solamente a nivel federal, sino en las entidades federativas, a través de los Centros Estatales de Trasplantes. Establece nuevas figuras y conceptos, como el del coordinador hospitalario de donación de órganos y tejidos para trasplantes, mismos que deberán estar debidamente capacitados y disponibles de manera permanente. Establece la realización de campañas permanentes de concientización sobre la importancia de la donación y los trasplantes. Pone especial énfasis en la coordinación entre las distintas instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud y con los gobiernos de las entidades federativas. Mejora significativamente todos los procesos relativos a la asignación, distribución, procuración y trazabilidad de órganos y tejidos.

Quinta. Es por ello que los Integrantes de esta Comisión, para no entorpecer el procedimiento que se lleva actualmente en el Senado de la Republica en calidad de Minuta, debido a que dicha reforma de la Ley General de Salud sentará las bases para convertir a México en un líder mundial en el campo de la donación y el trasplante de órganos.

En mérito de lo antes expuesto, la Comisión de Salud se permite someter a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Resolutivo

Primero. Se desecha la Iniciativa que reforma los artículos 320 y 324 de la Ley General de Salud, en materia de trasplantes, presentada por el diputado Aarón Irízar López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional , el 29 de abril de 2011.

Segundo. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 324, 329, 334 y 345 de la Ley General de Salud, en materia de trasplantes presentada por el diputado Jorge Kahwagi Macari, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza , el 25 de mayo de 2011.

Tercero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en su título Décimo Cuarto, referente a la donación, presentada por el diputado Cuauhtémoc Salgado Romero integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 15 de junio de 2011.

Cuarto. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo, a los 7 días del mes de septiembre de 2011.

La Comisión de Salud

De la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XII al artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 39, y 45 numeral 6, e incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción II; 157, numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Expediente número 3426

Gaceta Parlamentaria número 3153-VI

1. El día 8 de diciembre del 2010, la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción XII del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (LCNDH).

2. Esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turno la presente iniciativa a la Comisión de Derechos Humanos, para el análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Contenido de la iniciativa

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún refiere en su iniciativa, la preocupación por el incremento de la criminalidad en México, considerando que es consecuencia de la información lesiva que existe actualmente en los sistemas de radio, televisión y prensa en nuestro país, cuando se dan a conocer: actividades ilícitas, delincuenciales, etcétera.

Agrega la legisladora que algunas letras de canciones populares, fomentan la acción delictiva en los jóvenes e incluso logran que éstos muestren rasgos de devoción hacia personajes dedicados a actividades criminales, ocasionando que algunas personas se dediquen a ellas como un medio para mejorar su nivel económico.

Por lo tanto, la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún propone decreto que

Modifica la fracción XII del artículo 6, pasando la fracción XII a ser la XIII, recorriéndose las demás en su orden:

Artículo 6. La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

I. a XI. ...

XII. Supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema informativo, televisivo, radiofónico y periodístico del país;

XIII. a XV.

Consideraciones

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano señala en el tercer párrafo del artículo 1:

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

2. El derecho a la información es hoy una garantía protegida constitucionalmente en forma tribológica: el derecho de informar, el derecho a ser informado y derecho a atraerse información, además de que está regulada por leyes secundarias como la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT).

Artículo 5o. La radio y la televisión, tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia humana. Al efecto, a través de sus transmisiones, procurarán:

I. Afirmar el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana y los vínculos familiares;

II. Evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud;

III. Contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y a conservar las características nacionales, las costumbres del país y sus tradiciones, la propiedad del idioma y a exaltar los valores de la nacionalidad mexicana.

...

3. Así mismo la función social de la vigilancia sobre las transmisiones de los medios ya se encuentra regulada y supervisada por la SEGOB, de acuerdo al artículo 10 de la LFRT, el cual dispone:

Artículo 10. Compete a la Secretaría de Gobernación:

I. Vigilar que las transmisiones de radio y televisión se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la dignidad personal y a la moral, y no ataquen los derechos de tercero, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden y la paz públicos;

II. Vigilar que las transmisiones de radio y televisión dirigidos a la población infantil propicien su desarrollo armónico, estimulen la creatividad y la solidaridad humana, procuren la comprensión de los valores nacionales...

4. El licenciado Raúl Arroyo González, ombudsman del Estado de Hidalgo, en su comparecencia a la reunión de consulta de la Ley de Seguridad Nacional ante la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, de fecha 15 de junio del 2011, expresó lo siguiente:

Yo no soy partidario de que a los medios de comunicación se les regule a través del ombudsman mexicano porque ello implicaría el riesgo de caer en la censura, más bien considero, que debería de trabajarse más en la ética de los medios de comunicación y en este sentido creo que los medios de comunicación deben ser ellos mismos quienes deben discernir su actuación pues su formación en el mundo de la comunicación se los permite.

Con base en los numerales anteriores es importante destacar que las funciones de vigilancia están por ley atribuidas a otras instancias dentro de la administración pública federal; que la difusión o publicación de “nota roja”, no necesariamente afecta los derechos humanos, pues atraviesa también el derecho a la información.

Por otro lado, considerando las experiencias de otros países, es parte de la agenda de discusión establecer un acuerdo para no prestarse a una especie de promoción, información del crimen organizado y las bandas delincuenciales; existiendo diversos tipos de propuestas que no han sido materializadas en posiciones definitivas por los medios de comunicación, en virtud del derecho consagrado en el artículo 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la libertad de expresión.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos somete a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII al artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentada por la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el 8 de diciembre de 2010.

Segundo. Comuníquese a la Mesa Directiva y a la Presidencia de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, ambos de la Cámara de Diputados para los efectos legales a que haya lugar.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a diez de agosto de 2011.

La Comisión de Derechos Humanos

Diputados: Manuel Cadena Morales (rúbrica), presidente; Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Jaime Flores Castañeda (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz, María del Rosario Brindis Álvarez, Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León, Sami David David, Margarita Gallegos Soto, Lizbeth García Coronado (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores, Diana Patricia González Soto (rúbrica), María del Carmen Guzmán Lozano (rúbrica), Héctor Hernández Silva, Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), Aránzazu Quintana Padilla (rúbrica), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica en contra), Florentina Rosario Morales, Jaime Sánchez Vélez, María Sandra Ugalde Basaldúa, Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica).

De la Comisión de Reforma Agraria, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Reforma Agraria fue turnada para dictamen la minuta de la Cámara de Senadores con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria

La Comisión de Reforma Agraria, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción 1, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, para efectos del artículo 72, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. A la Comisión de Reforma Agraria fue turnado con fecha 29 de marzo de 2011, mediante el oficio número DGPL 61-II.1.1402 para estudio y dictamen, el expediente número 4389, que contiene la minuta con proyecto de decreto de la Cámara de Senadores por el que se reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria.

2. Examinando el expediente se encuentra que contiene

a) Oficio número DGPL 2P2A.-7389, de fecha 22 de marzo de 2011, de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores que remite a la Cámara de Diputados el expediente que contiene la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria.

b) Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria.

c) Oficio número 096, de fecha 20 de mayo de 2008, por el que el senador Renán Cleominio Zoreda Novelo solicita al licenciado Víctor M. Orduña Muñoz, secretario técnico de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, inscribir en el proyecto del orden del día de la Comisión Permanente del miércoles 21 de mayo de 2008, entre otros documentos, la iniciativa del senador Mario López Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI, que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 185 de la Ley Agraria.

d) Iniciativa y turno de la Presidencia de la Mesa Directiva de fecha 21 de mayo de 2008, para las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural, de Recursos Hidráulicos, de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores.

e) Oficios de fecha 21 de mayo de 2008, firmados por la diputada Liliana Carbajal Méndez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dirigidos a los presidentes de las Comisiones de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural, de Recursos Hidráulicos, de Reforma Agraria, y de Estudios Legislativos, Segunda, mediante los cuales comunica el acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva con anexo de la iniciativa.

f) Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria, de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural, de Recursos Hidráulicos, y de Estudios Legislativos Segunda, que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria.

g) Modificación del texto del dictamen de las comisiones unidas dictaminadoras, que el senador Tomás Torres Mercado reservó para su discusión en lo particular y fue aprobada.

3. Con fecha 1 de junio de 2011 se sometió a estudio de los integrantes de la comisión el expediente turnado, apoyando éste sobre todo en el análisis realizado y el material de opiniones recopilado por las comisiones unidas dictaminadoras del Senado de la República, contenidos en el expediente.

Contenido de la iniciativa

A) Motivación

a) La garantía individual que consiste en administrar justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa e imparcial no deja de ser un buen deseo en numerosos casos.

b) Frecuentemente, la poca voluntad de las partes impide la pronta solución de los conflictos.

c) Algunas entidades del país han realizado apreciables esfuerzos para hacer efectivo el contenido del dispositivo constitucional, por medio de la justicia alternativa.

d) El uso de los medios alternativos de solución se ha extendido al grado que diversas entidades ya cuentan con ordenamientos puntuales.

e) Es necesario, sin embargo, profundizar su uso en beneficio de quienes se encuentren en una situación de desventaja económica, como ocurre en los tribunales agrarios.

f) Debemos procurar que las leyes en sus partes procesales privilegien las formas de solución de controversias que eviten la generación de conflictos.

g) La aceptación de la composición procesal contenida en el artículo 185 de la Ley Agraria ayuda al abatimiento de la carga de trabajo de los tribunales.

h) Se propone dar mayor tiempo a las partes para que lleguen a una solución consensuada, no limitar su voluntad de llegar a una composición amigable.

B) Propuesta de reforma

Artículo 185. El tribunal abrirá la audiencia y en ella se observarán las siguientes prevenciones:

I. a V. ...

VI. En cualquier estado de la audiencia y en todo caso antes de que el fallo pronunciado cause ejecutoria , el tribunal exhortará a las partes a una composición amigable. Si se lograra la avenencia , se dará por terminado el juicio y se suscribirá el convenio respectivo, el que una vez calificado y, en su caso, aprobado por el tribunal, tendrá el carácter de sentencia. En caso contrario, el tribunal oirá los alegatos de las partes, para lo cual concederá el tiempo necesario a cada una y en seguida pronunciará su fallo en presencia de ellas de una manera clara y sencilla.

...

El dictamen de las comisiones unidas del Senado de la República

Las comisiones dictaminadoras advierten “lo confuso de su redacción y su conexa interpretación, porque el juicio agrario para ese instante se encuentra concluido, al existir ya un pronunciamiento jurisdiccional por excelencia, que está poniendo fin al fondo del litigio planteado”, por lo que consideran más conveniente “elevar el convenio derivado a categoría de sentencia definitiva o cosa juzgada, para no dar lugar en la praxis a situaciones problemáticas con su interpretación, y sobre todo poner en tela de juicio si las sentencias dictadas por los tribunales agrarios ponen o no fin a las controversias planteadas”.

La Comisión de Reforma Agraria, al hacer el examen del dictamen de las comisiones unidas del Senado, asume como propios los considerandos de los numerales que van del II al VI y reconoce el esfuerzo realizado en la consulta de opiniones calificadas. Valorando el proceso legislativo seguido y todo el material contenido en el expediente, ha resuelto fundamentar su resolución en los numerales citados y en los siguientes

Considerandos

1. La expresión “en cualquier estado de la audiencia y en todo caso antes de que el fallo pronunciado cause ejecutoria o sea material o jurídicamente ejecutado” propuesta en la minuta que se examina y que contiene el núcleo principal de la reforma de la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria supone en efecto que ya se pronunció un fallo y se dio por terminado el juicio, a diferencia de la redacción vigente.

2. Las expresiones siguientes: “el tribunal exhortará a las partes a una composición amigable” es aplicable en la audiencia que se realiza por y para el fallo que da por concluido el juicio, y existe precisamente para materializar la posibilidad de celebración de un convenio entre las partes para poner fin al juicio y también para orientar al magistrado en la búsqueda de la verdad.

3. Para hacer efectivos los principios rectores de oralidad, inmediación, publicidad y concentración que caracterizan el juicio agrario, la Ley Agraria dispone que las actuaciones que demandan la intervención de los magistrados se realicen con las formalidades propias de una audiencia.

4. En la audiencia se concentran todos los actos de juzgamiento, con aplicación plena de los principios anteriores. Durante ella, las partes enfrentadas en el proceso exponen su teoría o versión del caso, y los hechos y argumentos jurídicos y probatorios con que pretendan sacar avante sus tesis. El magistrado tendrá la mejor posibilidad de adoptar una decisión en derecho, con arreglo a las pruebas que tenga ocasión de apreciar en forma directa.

5. En esta audiencia se produce la exhortación del tribunal para la composición amigable, lograr la avenencia y suscribir un convenio. De producirse este resultado entre las partes, lo acordado se incorpora a la sentencia. La reforma pretende prolongar esta exhortación, aun después de pronunciada la sentencia, la que una vez pronunciada determina la relación del derecho controvertido con el sujeto o parte en el juicio que se hace merecedor de ese derecho; es decir, después que la contienda termina precisamente cuando se produce el fallo judicial en beneficio de una de las partes.

6. Conforme a nuestra legislación vigente, el fallo judicial supone siempre la posibilidad de ser resultado de un convenio de las partes o una resolución judicial sin esta institución, o también de una combinación de ambos procedimientos. La resolución judicial que se produce en ausencia o sin la participación de convenio de las partes da cuenta de que no tuvo éxito en la audiencia la exhortación del tribunal a la composición amigable a que lo obliga la legislación vigente.

7. En el procedimiento definido por el derecho agrario adjetivo está determinado el hecho de que el momento procesal oportuno para la conciliación de las partes es la audiencia formal, que al realizarse se cumplen los mandatos constitucionales de los artículos 14 y 16 y debe tener lugar antes de pronunciar sentencia para ofrecer al juzgador el material convenido para dictar su resolución y lo convenido entre las partes se considere en la sentencia. La reforma que se propone pretende prolongar este momento procesal de la conciliación más allá de pronunciada la sentencia.

8. Existe una condición de incertidumbre inicial que caracteriza esta etapa procesal del juicio de a qué parte de los contendientes corresponde el derecho controvertido. La sentencia define y supera esta condición de incertidumbre inicial. Esta condición por sí misma es ventajosa para la composición amigable y, consecuentemente, para la celebración de un convenio. Una vez que la sentencia da certidumbre al derecho de una de las partes, se convierte en obstáculo para un convenio posterior.

9. Si se lograra la avenencia de las partes después de pronunciado el fallo y éstas celebran un convenio, y la sentencia todavía no causa ejecutoria, el convenio o lo convenido puede ser igual o similar al fallo. En tal caso, no agrega nada al procedimiento, más que la reafirmación y el reconocimiento de que la sentencia es satisfactoria para las partes contendientes y resuelve una situación conflictiva, resuelve la controversia. Puede ser diferente y hasta estar en oposición con la sentencia que pone fin al juicio; en estos últimos casos, el convenio cuestiona el fallo, genera una contradicción entre el fallo judicial y el convenio.

10. La posibilidad de la contradicción entre convenio y sentencia, que no existe en los supuestos del procedimiento vigente en efecto, como reconoce la minuta, complica y pone en entredicho la función judicial procesal. Cuestiona que el procedimiento judicial cumple a cabalidad sus condiciones y su objetivo y su función de medio idóneo para la solución del conflicto. Desacredita la ventaja de la economía procesal que se busca en el procedimiento judicial.

11. Las partes pueden siempre convenir en forma particular o privada sin la intervención judicial, con arreglo al derecho civil; pero si acuden a esta instancia del derecho agrario es porque además de que corresponde la materia a este ordenamiento jurídico, es porque por sí mismos no lo han logrado, si es que se conocen y conocen su controversia y lo han intentado, o porque las partes no se conocían y no existían posibilidades de convenir y se conocen y se enfrentan en el juicio por primera vez.

12. Es menos posible que fuera de la audiencia y del control judicial que ésta ejerce entre los participantes puedan convenir las partes. La celebración de la audiencia exige condiciones que sólo pueden satisfacerse en el marco de la formalidad. Cualquiera que sean sus tiempos, se rige por los siguientes principios: equidad, neutralidad, imparcialidad, confidencialidad, empoderamiento o simetría de poder, buena fe y veracidad.

13. En la audiencia, el magistrado es garante del cumplimiento de los citados principios. El magistrado, entre otras cosas, interviene como tercero neutral exhortando a las partes contendientes a buscar una solución convenida. El magistrado en funciones de conciliador no propone alternativas de solución, como ha confirmado la abundante jurisprudencia al respecto. Fuera de la audiencia y de sus condiciones, es menos factible lo pretendido por la reforma.

14. De acuerdo con lo anterior, tampoco es procedente la propuesta de reforma siguiente: “El convenio a que hace referencia el párrafo anterior deberá contener los acuerdos tomados y los lineamientos generales para ejecutarlo, así como las sanciones en caso de incumplimiento”, que prescribe elementos operativos o de instrumentación eficaz de los acuerdos.

15. La propuesta de reforma deja fuera de lugar total y absolutamente sin sentido la última frase con que se cierra la fracción IV del artículo 185 vigente en la ley, que dice: “En caso contrario, el tribunal oirá los alegatos de las partes, para lo cual concederá el tiempo necesario a cada una y enseguida pronunciará su fallo en presencia de ellas de una manera clara y sencilla”. Esta redacción sólo es compatible lógicamente con la redacción vigente.

16. La reforma propuesta, en suma, introduce elementos de confusión, es muy controvertible su eficacia para el propósito que se busca, es audazmente innovadora, pero genera contradicciones difíciles de superar, que en vez de que resuelva controversias, genera más controversias, ahora en el proceso que se supone es el dispositivo para las soluciones.

Por lo expuesto, la Comisión de Reforma Agraria somete a consideración del pleno de esta asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha en todos sus términos la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria.

Segundo. Comuníquese a la Cámara de Senadores para efectos de lo dispuesto en el artículo 72, apartado d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de agosto 2011.

La Comisión de Reforma Agraria

Diputados: Óscar García Barrón (rúbrica), presidente; María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Joel González Díaz (rúbrica), María Estela de la Fuente Dagdug, Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica), Luis Hernández Cruz (rúbrica), secretarios; Rafael Rodríguez González, Felipe Cervera Hernández (rúbrica), Fernando Santamaría Prieto, María Felícitas Parra Becerra (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston, Gumercindo Castellanos Flores, José Manuel Marroquín Toledo, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Domingo Rodríguez Martell (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes, Filemón Navarro Aguilar, Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Enrique Salomón Rosas Ramírez (rúbrica), Héctor Fernández Aguirre (rúbrica), Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Víctor Manuel Galicia Ávila (rúbrica), María Esther Terán Velázquez, Héctor Eduardo Velasco Monroy (rúbrica), Josefina Rodarte Ayala (rúbrica), Moisés Villanueva de la Luz (rúbrica).

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados fue turnada, para estudio y dictamen correspondiente, la minuta con proyecto de decreto por el que reforma el segundo párrafo del artículo 34, el primer párrafo del artículo 44, el primero y segundo párrafos del artículo 46, el artículo 47, el segundo párrafo del artículo 50, el artículo 56 y el artículo 125; y se adicionan la fracción III del artículo 42, y el segundo párrafo del artículo 44, todos de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

Los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LXI Legislatura nos hemos avocado con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82, 84, 85, 102, 157, 176 y 180 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen:

Metodología

Para dar cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la comisión presenta el siguiente dictamen en cuatro apartados, a saber:

I. El apartado “Antecedentes” de la propuesta en estudio en el que se da constancia del inicio y desarrollo del proceso legislativo.

II. El apartado “Contenido de la minuta” sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el apartado “Consideraciones” se expresan los motivos y fundamentos que sustentan la resolución de esta comisión dictaminadora.

I. Antecedentes

A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, el 14 de abril del 2011, mediante oficio de la Mesa Directiva número DGPL 61-II-2-1261, año segundo, sección segunda y número de expediente 4600, fue turnada la minuta para su estudio y dictamen correspondiente.

I. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa a la Comisión de Agricultura y Ganadería para estudio y dictamen.

II. El 20 de enero de 2010, el senador Juan Bueno Torio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores, la iniciativa de mérito para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

III. El 3 de diciembre de 2010 se llevó a cabo una reunión de trabajo donde se analizó el contenido de la iniciativa, con el personal jurídico del senador Juan Bueno Torio (proponente) y el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, a través de la Dirección Jurídica del organismo.

IV. El 16 de diciembre de 2010 se realizó una mesa de trabajo con representantes del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar; de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar-CNC; de la Unión Nacional de Cañeros, AC; y de la Cámara Azucarera, donde se analizaron y discutieron las diversas reformas y adiciones que se proponen para modificar la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

V. El 20 de enero de 2011, en la séptima reunión ordinaria de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado, se analizó, discutió y se sometió a votación el proyecto de dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

VI. Del análisis, discusión y votación de la iniciativa en referencia, los integrantes de la Comisión de Agricultura del Senado aceptaron el proyecto en lo general; en lo particular se reservaron firmar el proyecto, hasta atender la propuesta de adecuar los artículos que versan sobre los periodos de inicio de la zafra (septiembre de cada año) con la entrega del padrón de abastecedores de caña (último día de agosto), estas adecuaciones deben ser coherentes para no afectar el estimado de producción en la zafra que corresponda.

VII. El 23 de febrero de 2011 se realizó una segunda mesa de trabajo con representantes de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar-CNC; de la Unión Nacional de Cañeros, AC; y de la Cámara Azucarera, donde se analizaron y discutieron las diversas propuestas para adecuar las reservas a la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

VIII. Iniciativa presentada por el senador Juan Bueno Torio (PAN) el 20 de enero de 2010 (LXI Legislatura).

IX. Dictamen de primera lectura presentado el 5 de abril de 2011 (LXI Legislatura).

X. Dictamen a discusión presentado el 13 de abril de 2011. Proyecto de decreto aprobado por 90 votos. Pasa a la Cámara de Diputados para los efectos del apartado A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (LXI Legislatura).

II. Contenido de la minuta

El objeto de la presente es establecer que las solicitudes de afiliación o renuncia de los abastecedores de caña, por sí o por conducto de las organizaciones, deberán presentarse ante el Registro a más tardar el 31 de agosto, previo al inicio del ciclo azucarero. En su caso, las organizaciones deberán presentar ante el Registro, mediante escrito, el aviso de no movimientos en su padrón. Si alguna organización local no proporciona esta información dentro del plazo concedido, el registro de oficio procederá a requerir su entrega, concediéndole al efecto un plazo no mayor de cinco días hábiles.

Por otra parte, si la organización local de que se trate no cumple en tiempo con el requerimiento, el Registro informará a la Secretaría, para los efectos de que ésta promueva la imposición de una multa, ésta no libera a la organización de la obligación de proporcionar la información que se indica. Asimismo, los Ingenios tendrán la obligación de entregar al comité y al Registro a más tardar el 31 de julio de cada año y sin necesidad de requerimiento previo, la relación de la totalidad de sus abastecedores de caña de azúcar.

Asimismo, en caso de que el ingenio no proporcione esta información dentro del plazo establecido, el Registro directamente o a solicitud de cualquiera de las organizaciones locales de abastecedores, procederá a requerir su entrega, concediéndole al efecto un plazo no mayor de cinco días hábiles. Si el ingenio no cumple en tiempo con el requerimiento, el Registro informará a la Secretaría, para los efectos de que ésta promueva la imposición de una multa, ésta no libera al ingenio de la obligación de proporcionar la información que se indica.

Como resultado de la acción promovida por la Procuraduría General de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los artículos 50, segundo párrafo, última parte, 56, 119 y 125 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, considerando que es inconstitucional que la ley prevea la intervención obligatoria de la junta permanente para resolver los conflictos entre cañeros e industriales, aún cuando dicha Junta podría actuar como árbitro si las partes se someten libremente al arbitraje.

III. Consideraciones

Primera. Que en el marco de los artículos 25 y 27, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 22 de agosto de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar”, cuyo objetivo es normar las actividades asociadas a la agricultura de contrato y a la integración sustentable de la caña de azúcar, de los procesos de la siembra, el cultivo, la cosecha, la industrialización y la comercialización de la caña de azúcar, sus productos, subproductos, coproductos y derivados.

Segunda. Que esta ley establece en el artículo 9 la constitución del “Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar”, como un organismo público descentralizado, dependiente de la administración pública federal, cuyo objeto será la coordinación y la realización de todas las actividades previstas en ella relacionadas con la agroindustria de la caña de azúcar.

Tercera. Que la agroindustria azucarera es uno de los principales motores económicos de muchas regiones del país, ya que genera en su conjunto el 0.06 por ciento del producto interno bruto nacional (PIB),1 el 11.6 por ciento del PIB del sector primario y el 2.5 por ciento del PIB manufacturero.

Cuarta. Que la producción y el número de ingenios de caña de azúcar se registra en 15 estados del país: Campeche (1), Colima (1), Chiapas (2), Jalisco (6), Michoacán (3), Morelos (2), Nayarit (2), Oaxaca (3), Puebla (2), Quintana Roo (1), Sinaloa (3), San Luis Potosí (4), Tabasco (3) y Tamaulipas (2), y de Veracruz (21). Actualmente en México operan 57 ingenios azucareros.2

En la zafra 2007-2008 se produjeron 5 millones 520 mil toneladas de azúcar, y en la zafra 2008-2009, la producción alcanzó 4 millones 96 toneladas.

Quinta. Que según informes del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, al término del primer cuatrimestre del presente año, la producción acumulada de azúcar presenta una recuperación, ya que los datos disponibles correspondientes a la zafra 2009-2010 muestran una producción de 4 millones 300 mil toneladas. 3 Ello demuestra la importancia de la agroindustria de la caña de azúcar en el país.

Sexta. Que el sector cañero y azucarero del país, genera actualmente 450 mil empleos directos y, de manera indirecta, dependen de él 2.2 millones de personas en 15 estados del país,4 por lo que la cadena productiva de la caña es de suma importancia para el sector primario y manufacturero mexicano.

Séptima. Que la cadena de la agroindustria azucarera se integra por productores de caña, cortadores, transportistas, propietarios de ingenios, trabajadores de fábrica, abastecedores de insumos y proveedores de maquinaria y herramientas, entre otros, dando sustento a más de 440 mil familias con empleos permanentes en el campo, la fábrica, los almacenes y en el proceso de comercialización del dulce y sus derivados.5

Octava. Que la toma de decisiones del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar se realiza a través de su junta directiva, la que actualmente se integra por el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como por representantes de la Cámara Azucarera y representantes de las organizaciones nacionales de abastecedores de caña de azúcar.

Novena. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 24 de la ley de mérito, los citados comités de producción y calidad cañera se integran con los representantes de los ingenios y también con los representantes de los abastecedores, éstos últimos por conducto de cada una de las organizaciones locales de abastecedores de caña de azúcar; debiendo tomar en cuenta que conforme a lo establecido por el artículo 26 del mismo ordenamiento legal, los comités de referencia, son los órganos encargados de vigilar el cumplimiento de la propia ley; teniendo, entre otras, las siguientes facultades y obligaciones:

Formular los programas de operación de campo relativos a la siembra de caña de azúcar, actividades agrícolas, mecanización del campo, cosecha y molienda de caña para la zafra;

Expedir las órdenes de suspensión de riegos, de quemas y de corte;

Determinar el monto de los castigos a que se hagan acreedores los abastecedores de caña o el industrial;

Aprobar el control y rotación de estibas de caña en el batey del ingenio;

Aprobar la distribución de todos los gastos prorrateables efectuados durante los periodos de pre zafra y zafra que deban ser aplicados a la masa común de caña liquidable;

Coadyuvar en su ámbito de acción con las medidas necesarias que le den viabilidad a las actividades que contribuyan al desarrollo sustentable de la caña de azúcar.

Para la realización oportuna y eficiente de las actividades certificadoras en la materia, se hace indispensable que el Registro cuente oportunamente con la relación de la totalidad de los abastecedores de caña de azúcar de cada uno de los ingenios en el país, los cuales son definidos por el artículo 35, fracción X, de la ley en la materia, como las plantas industriales dedicadas al procesamiento, transformación e industrialización de la caña de azúcar y que en la actualidad ascienden a 57 a nivel nacional; e igualmente se hace indispensable que las organizaciones locales de abastecedores de caña presenten al Registro las altas y bajas de sus abastecedores afiliados.

Décima. Que a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, se promovieron diversos juicios de amparo en su contra y la Procuraduría General de la República promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Undécima. Que como resultado de la acción promovida por la Procuraduría General de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los artículos 50, segundo párrafo, última parte, 56, 119 y 125 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, considerando que es inconstitucional que la ley prevea la intervención obligatoria de la Junta Permanente para resolver los conflictos entre cañeros e industriales, aún cuando dicha Junta podría actuar como árbitro si las partes se someten libremente al arbitraje.

Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la misma resolución aclaró el alcance del artículo 98 de la ley citada, señalando que las aportaciones que los industriales y las organizaciones de abastecedores hagan al Centro de Investigación Científica y Tecnológica de la Caña de Azúcar tendrán el carácter de voluntarias y no podrán ser obligatorias, ya que dicha institución no es un organismo público.

Duodécima. Que la reformas al artículo 34, surgen a razón de obtener y mantener el registro de las organizaciones locales, cuyo requisito es que estas organizaciones cuenten con una membrecía equivalente al 10 por ciento del padrón total de abastecedores de cada ingenio del que se trate, además del 10 por ciento del volumen total de la caña a industrializarse y deberán estar inscritas en el Registro. Esta modificación se deriva a la reforma del artículo 42.

El artículo 42 de la ley establece el procedimiento que debe seguir los abastecedores de caña que tengan interés en constituir una organización o de renunciar a la que pertenezcan, deberán presentar la solicitud de afiliación o renuncia.

Decimotercera. Que esta comisión dictaminadora considera que esta modificación no contribuye a dar certidumbre de los padrones de abastecedores de caña. Ya que el artículo 47 de la ley en comento dispone:

“Artículo 47. Los padrones de abastecedores de caña de azúcar por ingenio se actualizarán anualmente; de no presentarse modificación alguna una vez iniciado el ciclo azucarero, prevalecerá el padrón del ciclo anterior.”

Es decir, no hay ninguna necesidad de establecer una nueva obligación y, peor aún, multa, a las organizaciones de Abastecedores de Caña que no entreguen las solicitudes y/o renuncias, puesto que este artículo 47 ya dispone que, si no se presenta modificación, debe prevalecer el padrón del ciclo anterior.

Decimocuarta. En relación con a la propuesta de reforma al artículo 44 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, en el precepto se incorporan la obligación para que los ingenios, entreguen al Registro y al Comité, la relación de la totalidad de sus abastecedores de caña, a más tardar el 31 de julio de cada año. Sobre la información que emitan los ingenios deberán contener los mismos requisitos mínimos que contengan los datos suficientes que permitan su plena identificación.

En cuanto a este primer párrafo, en su primera parte, sólo pretende detallar los datos que debe contener la relación entregada por el ingenio, lo cual así sucede actualmente.

Que lo realmente importante y trascendente es su segunda parte, la cual es improcedente, puesto que, para que una organización de abastecedores de caña reciba el listado de abastecedores de caña del ingenio que corresponda, debe demostrar su interés jurídico en obtenerlos y para ello debe cumplir con los requisitos que la misma ley señala para poder ser considerada como tal, es decir, como organización de abastecedores de caña de azúcar, no simplemente estar “constituida legalmente ante notario público”.

Que en cuanto a las obligaciones y en su caso multa al ingenio, es un factor de orden y procura el cumplimiento en los tiempos, para facilitar una adecuada ejecución en las funciones de registro.

Decimoquinta. Que la reforma al artículo 46 de la Ley, remite a la fecha establecida en la fracción III del artículo 42 de la ley, pero como ya señalamos es improcedente por tanto es innecesario la modificación que se propone en este artículo.

Decimosexta. Que la reforma al contenido del artículo 47 de la ley, de los padrones de abastecedores de caña de azúcar por ingenio se actualizarán anualmente y deberán publicarse en el mismo ingenio correspondiente y en la página de Internet de la Secretaría.

En este sentido la comisión analizó la propuesta y considera que es inconveniente, ya que ante el clima de violencia e inseguridad que se vive actualmente en nuestro país, vulnera y pone en peligro la privacidad y seguridad personal de cada uno de los abastecedores de caña.

Por otra parte, al no justificarse la adición al artículo 42, no es procedente hacer la adición relativa en este artículo.

Decimoséptima. Que referente a la reforma al artículo 50, donde estipula que el contrato que deben celebrar los industriales con los abastecedores de caña es el instrumento jurídico que regula las relaciones entre ambos respecto de la siembra, el cultivo, la cosecha y la industrialización de la caña de azúcar; será uniforme para todos los ingenios del país, se sujetará a los términos que se establecen en esta ley y requerirá la sanción del comité correspondiente, entregándose copia del mismo a las partes.

Deberá contener, como mínimo, la personalidad de los contratantes, la identificación del ingenio y del terreno contratado para producción de caña de azúcar, la vigencia del contrato, la forma de pago de la caña, el pago de intereses ordinarios o moratorios, las causales de rescisión, el sometimiento expreso de las partes a los acuerdos del Comité Nacional y del Comité, de conformidad con sus facultades y atribuciones.

En este sentido la comisión dictaminadora considera que las reformas que se proponen no subsanan la declaración de inconstitucionalidad dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al sometimiento de las partes a la jurisdicción de la Junta Permanente, acción de inconstitucionalidad 27/2005, publicada en el diario oficial de la federación el 7 de diciembre de 2007.

Que se debe considerar que la situación que se prevé en este artículo ha sido superada en el contrato uniforme que tienen celebrado los abastecedores de caña y cada uno de los ingenios, pues en su cláusula vigésima cuarta se establece:

“En caso de controversia derivada de la ejecución y cumplimiento del presente contrato que no pueda ser resuelta conciliatoriamente ante el comité de producción y calidad cañera, las partes aceptan someterse a la jurisdicción de la junta permanente de arbitraje de la agroindustria de la caña de azúcar, en los términos del compromiso arbitral que al efecto celebren.”

Decimoctava. Que para el caso de la reforma al artículo 56 aprobada por el Senado retoma y mantiene la esencia del artículo original que fue declarado inconstitucional por la sentencia de la SCJN, dado que establece como principal posibilidad el sometimiento de los ingenios y abastecedores de caña a la jurisdicción de la Junta Permanente con el objeto de dirimir las controversias que surjan por el incumplimiento de la ley o del contrato, sin establecer un mecanismo donde la jurisdicción de la Junta Permanente deje de tener prioridad sobre otras opciones.

Decimonovena. Finalmente en cuanto a la reforma al artículo 125, que también fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el tema de obligación a someterse a la jurisdicción de la Junta Permanente. En consecuencia el dictamen aprobado por el Senado retoma el contenido original del artículo 125 y le da viabilidad legal estableciendo que los abastecedores de caña, y los industriales podrán someterse a la jurisdicción de la Junta Permanente, cambiando en la iniciativa la obligatoriedad por la posibilidad al sustituir el deberán por el podrán, sin embargo esto resulta insuficiente para subsanar la inconstitucionalidad declarada por la Corte, toda vez que someten la realización del mandato establecido en el 125 a otros artículos contenidos dentro de la misma Ley los cuales de acuerdo a la Corte también son inconstitucionales

Por otra parte, debemos considerar que la situación que se prevé en este artículo ha sido superada en el contrato uniforme que tienen celebrado los abastecedores de caña y cada uno de los ingenios, pues en su cláusula vigésima cuarta se establece:

http://www.conadesuca.gob.mx/marco%20 juridico/formato_contrato_uniforme_ 16 de_julio _2008[1].pdf

Por lo expuesto y para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72, fracción D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LXI Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente

IV. Acuerdo

Único. Se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 34, el primer párrafo del artículo 44, el primero y segundo párrafos del artículo 46, el artículo 47, el segundo párrafo del artículo 50, el artículo 56 y el artículo 125; y se adicionan la fracción III del artículo 42, y el segundo párrafo del artículo 44, todos de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, remitida por la honorable Cámara de Senadores el 14 de abril de 2011.

Notas

1 Según datos de la Unión de Cañeros, AC-CNPR.

2 Manual Azucarero Mexicano 2009, página 66.

3 “Registra zafra avance de 4.3 millones de toneladas de azúcar”, http://www.presidencia.gob.mx/prensa/sagarpa/?contenido=56351, 19 de julio de 2010.

4 “La zafra 2008-2009 avanza conforme a lo programado: ya se molieron más de 2.2 millones de toneladas de caña”, http://www.presidencia.gob.mx/prensa/sagarpa/?contenido=41228, 19 de julio de 2010.

5 Ibídem, “Agroindustria azucarera espera producción cercana a los cinco millones de toneladas”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de agosto de 2011.

La Comisión de Agricultura y Ganadería

Diputados: Cruz López Aguilar (rúbrica), presidente; Manuel Humberto Cota Jiménez, Alfredo Francisco Lugo Oñate (rúbrica), Fermín Montes Cavazos (rúbrica), Luis Félix Rodríguez Sosa, Rolando Zubía Rivera (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón (rúbrica), Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), José M. Torres Robledo, secretarios; Óscar García Barrón, Joel González Díaz (rúbrica), Héctor Elías Barraza Chávez (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Jorge Rojo García de Alba, Gerardo Sánchez García, Héctor Eduardo Velasco Monroy, Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), Alberto Esquer Gutiérrez (rúbrica), José Luis Íñiguez Gámez (rúbrica), Fernando Santamaría Prieto, Benigno Quezada Naranjo, Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), Enrique Octavio Trejo Azuara (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), José María Valencia Barajas, Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Eduardo Zarzosa Sánchez (rúbrica).