Gaceta Parlamentaria, año XIV, núMero 3348-III, miércoles 14 de septiembre de 2011

Dictámenes de proposiciones

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a traducir la legislación a las lenguas indígenas y difundirla; y a los Congresos locales, a emitir normas en materia de preservación y desarrollo de las lenguas y culturas indígenas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados del honorable Congresos de la Unión, de la LXI Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:

“Por el que se exhorta a los Congresos locales, para que garanticen lo establecido en el artículo 2o. constitucional, y a la SEP y al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para que de manera conjunta realicen la traducción del marco legal que rige a la República Mexicana a las lenguas indígenas existentes, así como su difusión”, a cargo del diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Con fundamento en los dispuesto en los artículos 39, 44 y 45, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1 fracción IV, 177 y 180 del Reglamento de la Cámara de Diputados; la Comisión de Asuntos Indígenas, somete a la consideración de esta H. Asamblea, el Dictamen relativo al Punto de Acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

1. La proposición con punto de acuerdo de este dictamen fue presentada por el diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en la sesión del siete de abril del 2011 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.

2. Con esa fecha, con fundamento en el artículo 67 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la citada proposición a esta comisión, para efectos de elaboración de dictamen.

3. El 11 de abril de 2010 mediante oficio CAI/022/2011, la Presidencia de la Comisión de Asuntos Indígenas remitió la citada proposición a los integrantes de ésta, para efectos de estudio y opinión.

Consideraciones

I. Que de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, del Instituto Nacional de Geografía (Inegi), en México 6 millones 913 mil 362 personas de 3 años y más, hablan alguna lengua indígena.

II. Que según los datos censales del Inegi, en 1930, 16 por ciento de la población total de entre 5 años y más era hablante de una lengua indígena; mientras que para 1990 la proporción disminuyó hasta ubicarse en 7.5 por ciento; y para 2010 tan sólo fue del 6.8 por ciento.

III. Que desde la época colonial y aún en el México independiente, los pueblos indígenas han sido marginados social y políticamente.

IV. Que en la actualidad, independientemente del método que se use para medir la marginación y la pobreza, los pueblos indígenas siempre están situados en los últimos lugares del bienestar y del acceso a las oportunidades y la justicia.

V. Que esa condición de marginación y pobreza de los pueblos indígenas, así como el deterioro de sus lenguas, además de sus raíces históricas, es debida a que, en la actualidad, entre otros factores, las legislaturas locales no atienden su obligación de establecer un marco normativo que en su ámbito de competencia, garantice el acceso pleno a los derechos colectivos de dichos pueblos, particularmente en lo referente a la preservación, fortalecimiento y desarrollo de sus lenguas.

VI. Que en relación a obligatoriedad del Estado Mexicano a proteger, desarrollar y difundir las lenguas de los pueblos originarios, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

• En el artículo 2o., Apartado A: “Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía” para... (fracción IV) “Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad”; y en su último párrafo señala: “las constituciones y las leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público”.

• En el artículo 4o., último párrafo: “...el Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa”.

VII. Que, por otra parte, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, establece:

• En el artículo 4o. de que las lenguas indígenas y el español son lenguas nacionales.

• En sus artículos 5 y 6, que es obligación de los tres órdenes de gobierno, en los ámbitos de sus respectivas competencias, preservar, desarrollar, difundir y promover el uso de las lenguas indígenas.

VIII. Que, solamente 10 entidades federativas han reformado sus constituciones de acuerdo con el artículo 2o. constitucional (San Luis Potosí, Tabasco, Durango, Jalisco, Puebla, Morelos, Querétaro, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo); y solamente 12 cuentan con leyes reglamentarias relativas al reconocimiento de los pueblos indígenas y su atención (Oaxaca, Quintana Roo, Chiapas, Campeche, estado de México, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Durango, Querétaro, Baja California). Sin embargo desde la perspectiva cualitativa, ninguna de ellas ha establecido los procedimientos para otorgar personalidad jurídica a los pueblos y comunidades indígenas y acceso pleno a sus derechos colectivos.

IX. Que según estudios del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, alguna característica de la diversidad lingüística de México son:

• Se hablan 68 lenguas indígenas, con 364 variantes;

• Los idiomas indígenas más hablados son “náhuatl, con 1 millón 376 mil hablantes; maya, con 759 mil; mixteco y zapoteco, con más de 400 mil;

• 22 de dichos idiomas, entre ellos el maya y el hña hñu, presentan un grado de extinción acelerada.

• 20 lenguas indígena no rebasan cada una de ellas, los dos mil hablantes.

X. Que no obstante que el Programa de Revitalización, Fortalecimiento y Desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales 2008-2012, reconoce la problemática de las lenguas de los pueblos originarios, y que su salud y deterioro están directamente relacionados a la capacidad de dicha lengua para acceder a los satisfactores materiales y culturales de la población que la habla, se aprecia que los esfuerzos institucionales son insuficientes y que las entidades federativas tienen reducida participación en esta tarea.

XI. La falta de una eficaz política a favor de las lengua indígenas tiene expresiones como las siguientes:

• La persistente, violaciones a sus derechos humanos. Un ejemplo de esta situación es lo expresado en la primera jornada de Encuentros sobre Salud Sexual y Reproductiva en Contextos Indígenas: las miradas propias (16 de marzo, Ciudad de México), dónde se destacó que “las indígenas víctimas de violencia sexual difícilmente denuncian, ya que es muy poco probable que les crean si el victimario niega el hecho”.

• En la gran mayoría de los proceso procesos judiciales donde se ven involucrados indígenas, se carece de traductores e intérpretes, faltando así a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 10 la Ley General de derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (“Las autoridades federales responsables de la procuración y administración de justicia, incluyendo las agrarias y laborales, proveerán lo necesario a efecto de que en los juicios que realicen, los indígenas sean asistidos gratuitamente, en todo tiempo, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua indígena y cultura“), lo que significa para los indígenas enfrentar en condiciones adversas y por ello injustas, procesos que en muchas ocasiones terminan con la pérdida de su libertad.

• En el ámbito educativo la violación a los derechos humanos de los indígenas y la inequidad también están presentes. El propósito histórico de la educación para los indígenas ha sido la “castellanización” y promover los aprendizajes de la “cultura nacional”, como forma de incorporarlos al “progreso”. En la actualidad, la utilización de libros de texto en lenguas indígenas, el mejoramiento de los métodos educativos y los programas asistenciales han mejorado los indicadores de eficiencia, pero los contenidos y práctica educativos mantienen la histórica orientación sustentada en la estrategia liberal de sustentar la unidad y el desarrollo nacionales en una sola cultura y una sola lengua, no obstante la evidencia mundial y las recomendaciones de los organismos multilaterales de construcción de las sociedades justas y democráticas sustentadas en una política educativa que respeta y fortalece la diversidad cultural y lingüística.

• “En la actualidad, las comunidades lingüísticas (lenguas) se enfrentan a procesos de globalización económica que apuntan hacia la homogenización lingüística y cultural, así como a una creciente marginación socioeconómica y al incremento de la migración, lo que provoca que la diversidad cultural y lingüística sea subvalorada por la sociedad no hablante de lengua indígena. Esta situación ubica a los indígenas en desventaja para acceder a las ofertas de servicios y desarrollo que ofrecen las instituciones; y es una de las causas que contribuyen a la desaparición de una lengua y obliga a los hablantes de lenguas indígenas a utilizar el castellano” (Programa de Revitalización, Fortalecimiento y Desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales 2008-2012).

XII. Que una de las formas de llevar justicia a los pueblos y comunidades indígenas es garantizar que su población tenga conocimiento de las leyes que como pueblos y ciudadanos mexicanos los rigen y les otorgan derechos. En este sentido, se reconoce el esfuerzo de la Cámara de Senadores por la publicación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lengua Nahuatl y del INALI por la traducción también de la Constitución a 13 lenguas.

XIII. Que ese esfuerzo es una acción ejemplar para que las lenguas indígenas sean parte a la vida pública y gubernamental del país y que esta tarea debe ampliarse a para que marco jurídico que rige la vida de los mexicanos y por tanto de los indígenas, sea conocido y difundido en dichos idiomas.

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas, dictaminan positivamente la referida proposición, por lo que emitimos, los siguientes

Acuerdos

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a que prevea los recursos necesarios para que a partir del Ejercicio Fiscal de 2012, a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, se traduzca a las lenguas indígenas el marco legal federal; así como para garantizar su difusión en el territorio nacional, primordialmente en aquellas comunidades indígenas que por cuestiones geográficas son de difícil acceso y, a través del sistema de radiodifusoras indigenistas.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a los congresos de las entidades federativas, a emprender la revisión de sus respectivas constituciones y leyes, para que realicen a éstas las reformas conducentes o, en su caso, emitan las leyes necesarias, para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 2o. constitucional y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas; con el fin de que los respectivos gobiernos diseñen y ejecuten políticas públicas eficaces que promuevan la preservación y el enriquecimiento de las lenguas de los pueblos indígenas y de todos los elementos que constituyen su cultura e identidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2011.

La Comisión de Asuntos Indígenas

Diputados: Jorge González Ilescas (rúbrica), presidente; José Óscar Aguilar González (rúbrica), Héctor Pedraza Olguín (rúbrica), María Isabel Pérez Santos, Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), Eduardo Zarzosa Sánchez (rúbrica), María de Jesús Mendoza Sánchez (rúbrica), María Felícitas Parra Becerra (rúbrica), Filemón Navarro Aguilar (rúbrica), Sabino Bautista Concepción, Felipe Cervera Hernández (rúbrica), María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Julieta Octavia Marín Torres (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced, Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, Rosa Adriana Díaz Lizama, Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera, María Elena Pérez de Tejada Romero, Dora Evelyn Trigueras Durón, Ignacio Téllez González (rúbrica), Luis Hernández Cruz (rúbrica), Domingo Rodríguez Martell (rúbrica), Florentina Rosario Morales (rúbrica), José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Guerrero a reconocer la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur como organismo público de educación superior y proporcionarle el apoyo económico correspondiente

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Guerrero para que expida el decreto que reconozca y otorgue Personalidad Jurídica como Institución de Educación Pública Superior a la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, presentada por el diputado Domingo Rodríguez Martell del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Asuntos Indígenas somete a consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo al referido punto de acuerdo, el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

1. La proposición con punto de acuerdo fue presentada por el diputado Domingo Rodríguez Martell en la sesión del 6 de octubre de 2010, y publicada en la Gaceta Parlamentaria en la misma fecha.

2. Con esa misma fecha, la proposición con punto de acuerdo fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a la Comisión de Asuntos Indígenas, para efectos de su análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Con fecha 8 de octubre de 2010, fue remitida la referida proposición a los diputados integrantes de la comisión, mediante oficio CAI/806/2010, para efectos de estudio y opinión.

4. El diputado presidente y otros integrantes de la comisión recibieron en audiencia, por separado y en distintas ocasiones a los representantes de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, con el objeto de escucharlos y conocer pormenorizadamente la problemática planteada.

Consideraciones

I. La comisión dictaminadora realizó el estudio de la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar y dictaminar.

II. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina se sustenta en el derecho que tienen los pueblos indígenas a promover su propia educación e instrumentar las instituciones que permitan generar su desarrollo así como ejercer su libre determinación y, en consecuencia, su autonomía.

III. La Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur (Unisur) inició actividades el 12 de octubre de 2007, por el Acuerdo de los pueblos indígenas mixteco, amuzgo, tlapaneco, nahua, afromexicano y mestizo, como resultado de diez años de consulta y confiando en la palabra del gobierno del Estado de Guerrero. En su integración y diseño participaron las entonces autoridades municipales, destacados académicos y organizaciones civiles.

IV. Esta institución se ha fijado como propósito atender la demanda de educación superior de las regiones indígenas del estado de Guerrero. Desde su fundación las autoridades de los pueblos y las de los municipios constitucionalmente reconocidos, iniciaron los trámites ante las autoridades educativas del Estado y de la Federación, e integraron los expedientes técnicos requeridos.

V. No obstante, con base en los estudios técnicos referidos, las autoridades del gobierno estatal en turno, decidieron promover la integración de otra universidad intercultural. Dicha decisión dejó sin opciones educativas de nivel superior a la mayoría de los jóvenes de las regiones indígenas del estado.

VI. En consecuencia, las autoridades comunitarias y los padres de familia decidieron continuar con las gestiones y promover la creación de la Unisur para atender la demanda de educación superior de los jóvenes indígenas. Para ello instalaron cuatro sedes, en los municipios de Malinaltepec, Tepecoacuilco, Xochistlahuaca y Cuajiniculapa, abatiendo así los altos costos de desplazamiento y gastos de estancia de los jóvenes de familias pobres, que erogarían para asistir a otras instituciones de educación superior del estado.

VII. Con el tiempo, por el nivel de su profesorado, el desempeño de los estudiantes y su estrecha vinculación con las comunidades, la Unisur se ha convertido en una opción de calidad, socialmente pertinente y sobre todo, ha logrado el aprecio de la población indígena a la que sirve.

VIII. En la actualidad la Unisur, por falta de reconocimiento y de apoyo del gobierno del estado de Guerrero, opera sin reconocimiento oficial, sin embargo, sus experiencias, innovaciones y logros educativos, le han permitido ganar prestigio nacional e internacional, tanto es así que su modelo es reproducido en otras universidades indígenas de Sudamérica.

IX. Aunque el personal académico de la universidad y los estudiantes han continuado con el cumplimiento de los planes y programas de estudio, la falta de reconocimiento y validez oficial de los estudios pone en riesgo la obtención de los documentos que acrediten la formación de los alumnos que ya están a punto de egresar.

X. Por otra parte, las familias de los estudiantes, las autoridades comunitarias y el cuerpo directivo y docente de la Unisur, han hecho esfuerzos considerables para mantener las posibilidades de formación de los jóvenes que actualmente estudian en esa Universidad.

XI. El compromiso, la calidad académica y el prestigio conseguido por la Unisur, constituye ya un patrimonio de los pueblos indígenas del estado de Guerrero y de México que, a juicio de esta comisión, además, de valorarse plenamente, sin duda es una valiosa aportación a la educación superior nacional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Asuntos Indígenas se permite someter a consideración al pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Guerrero a reconocer a la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur como un organismo público de educación superior y a brindarle el apoyo económico correspondiente.

Se solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de Guerrero que informe a esta soberanía por conducto de la Comisión de Asuntos Indígenas, dentro del término 30 días naturales, la resolución que tenga a bien emitir respecto al contenido de este dictamen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.

La Comisión de Asuntos Indígenas

De la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo a incorporar y definir como prestadores de servicios turísticos el tiempo compartido, las marinas turísticas y los servicios de transportación aérea, terrestre y marítima, en adición de los contenidos en su momento en la legislación anterior a la vigente Ley General de Turismo, considerando que estará por publicarse el reglamento de ésta

La Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, 45, numeral 6, incisos e) y f), 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 167, numeral 4, y demás referentes al Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

Primero. El 15 de marzo de 2011, el diputado Carlos Manuel Joaquín González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo a incorporar y definir como prestadores de servicios turísticos el de tiempo compartido, marinas turísticas, y servicios de transportación aérea y terrestre y marítima, en adición de los contenidos en su momento en la legislación anterior a la vigente Ley General de Turismo, considerando que estará por publicarse el reglamento de la citada ley.

Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LXI Legislatura, con número de oficio DGPL 61-II-1-1350, expediente 4251, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Del análisis correspondiente de la proposición materia del presente dictamen se desprende que se requiere dar certeza jurídica a la actividad, como establece el diputado promovente, en plena concordancia con la declaratoria de 2011 como Año del Turismo en México y habiéndose solicitado por el Ejecutivo federal la suma de todos los esfuerzos para promover el sector en el marco del Acuerdo Nacional para el Turismo.

El presente dictamen observa que la proposición manifiesta la importancia que representa la aplicación de acciones en materia de capacitación y mejora continua de las empresas del sector y su capital humano para elevar la calidad y, en consecuencia, la experiencia del turista es indispensable que en ámbito de actuación de la Secretaría de Turismo se encuentra claramente establecido quiénes son prestadores de servicios y a quiénes se destinarán la política turística y los recursos presupuestarios asignados al efecto.

La comisión dictaminadora coincide en que la actividad turística se desarrolla a partir de diversos actores que hacen posible la atención del turista o visitante. En una primera instancia, los servicios de hospedaje, alimentos y bebidas, guías de turistas y agencias de viajes, en sus distintas modalidades, han sido reconocidos en la normatividad turística desde la elaboración del primer ordenamiento; posteriormente se han integrado nuevos actores.

La historia normativa de los servicios turísticos se encuentra desde la Ley de Población de 1947, que regulaba las agencias de turismo, los guías de turistas, los servicios de trasporte, de los establecimientos de hospedaje y de los restaurantes, hasta la Ley Federal de Turismo de 1984, que contenía un capítulo correspondiente a prestadores de servicios turísticos, que regulaba a seis prestadores de servicios, además de que establecía que se considerarían prestadores los demás a que la secretaría reconociera el carácter preponderantemente turístico.

Los prestadores de servicios que se consideraban sujetos de esta regulación eran los siguientes:

I. Hoteles, albergues, habitaciones con sistema de tiempo compartido o de operación hotelera y demás establecimientos de hospedaje, así como los campamentos y paradores de casas rodantes;

II. Agencias, subagencias, operadoras de viajes y operadoras de turismo;

III. Arrendadoras de automóviles, embarcaciones y otros bienes muebles y equipos destinados al turismo;

IV. Transportes terrestres, marítimo, fluvial, lacustre y aéreo para el servicio exclusivo de turismo;

V. Prestadores de guías de turistas, guías choferes y guías especializados;

VI. Restaurantes, cafeterías, bares, centros nocturnos y similares.

En 1992 se publicó la última Ley Federal de Turismo, que presentó un cambio sustancial respecto a la ley de 1984 en materia de reordenación de los sujetos regulables, tomándose la decisión de restringir el número de prestadores de servicios regulados a los que en términos de lo turístico era indispensable atender por la ley de turismo y se eliminaron los sujetos previstos en las fracciones III, IV y VI del artículo 2o. de la ley de 1984, incorporando las empresas de intercambio como nuevo prestador.

En ese sentido, la ley de 1992 eliminó lo relativo a las empresas de transportación, y se tomó la definición de que la figura jurídica de los tiempos compartidos estuviera en la regulación en materia de protección del consumidor, a partir de identificar su naturaleza no desde el punto de vista estrictamente turístico sino su carácter mercantil.

Es indiscutible que para la actividad turística en el país, así como para todos los actores que participan de ella contribuyen para ampliar su crecimiento. Así como cualquier otro sector de la economía, el turismo incide en la generación de empleos, la atracción de inversiones, la promoción al desarrollo económico y sus consecuentes efectos visibles en la calidad de vida de la sociedad a la que impacta. El hecho de que el turismo sea un sector profesional y productivo, comprendido por empresas innovadoras y sustentables, promueve en lo integral hacia la competitividad de un estado.

El diputado promovente manifiesta en la exposición de motivos: “La diversificación de la actividad turística es la clave para obtener mejores resultados y lograr una mejor posición en el ranking mundial. De allí que sea fundamental que todos los prestadores de servicios turísticos, definidos como la persona física o moral que proporcione o contrate la prestación de dichos servicios turísticos, sean parte integrante de la política turística y para ello tienen que ser sujetos de la regulación que enmarca y da contexto al sector”.

En el análisis jurídico, los atributos de los prestadores de servicios turísticos pueden ser considerados simultáneamente en este triple punto de vista: la doctrina general del derecho civil, del derecho mercantil y del derecho administrativo. Es decir, confluyen en sí las tres posibilidades normativas, pero su origen es la función que cumplen en el proceso turístico.

Por tanto, coincidimos en que las personas que realizan en el país actividades turísticas, como transporte, alojamiento, recreación, alimentación y suministro de bebidas, alquiler de buques, aeronaves y vehículos de transporte terrestre y cualquier otro servicio destinado al turista, así como las que se dediquen a prestar servicios de información, promoción, publicidad y propaganda, administración, protección, auxilio, higiene y seguridad de turistas, deberían ser consideradas prestadores de servicios turísticos.

Para el caso específico de la competitividad turística, la Organización Mundial de Turismo, el propio Foro Económico Mundial y otras organizaciones y operadores de la industria turística han desarrollado índices y estudios similares a escalas nacional y regional. Estos índices constituyen una medida de los factores que hacen atractivo realizar inversiones o implantar negocios en el sector de viajes y turismo de un país específico, mas no representan una medida del atractivo del país como destino turístico. Consideran aspectos como el marco regulador, el ambiente de negocios e infraestructura, los recursos humanos, culturales y naturales, entre otros, a fin de evaluar la competitividad turística.

En el mundo globalizado actual, la competencia se presenta desde todos los flancos y en todos los niveles. Por ello elegir las inversiones correctas para hacer frente a dicha competencia, conscientes de una restricción presupuestaria, es fundamental para la supervivencia y el liderazgo en todos los ámbitos, evidentemente incluido el turismo.

Es indispensable para dar certeza jurídica que en el ámbito de actuación de la Secretaría de Turismo se encuentre claramente establecido y definido quiénes son considerados “prestadores de servicios turísticos”.

Asimismo, por la importancia que representa la aplicación de acciones en materia de capacitación y mejora continua de las empresas del sector y su capital humano, para elevar la calidad y en consecuencia la experiencia del turista, es indispensable que en ámbito de actuación de la Secretaría de Turismo se encuentre claramente establecido quiénes son prestadores de servicios y a quiénes se estará destinando la política turística y los recursos presupuestales asignados al efecto.

Con base en lo anterior, la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LXI Legislatura considera procedente dirigir un respetuoso exhorto a la Secretaría de Turismo del gobierno federal a incorporar y definir como prestadores de servicios turísticos el de tiempo compartido, marinas turísticas y servicios de transportación aérea y terrestre y marítima, en adición de los contenidos en su momento en la legislación anterior a la vigente Ley General de Turismo, considerando que estará por publicarse el reglamento de la citada ley.

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LXI Legislatura somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo a incorporar y definir como prestadores de servicios turísticos el tiempo compartido, y la transportación terrestre, aérea y marítima, en adición de los contenidos en su momento en la legislación anterior a la vigente Ley General de Turismo, considerando que estará por publicarse el reglamento de la citada ley, ordenamiento idóneo para integrar a quienes serán sujetos de la regulación turística.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2011.

La Comisión de Turismo

Diputados: Carlos Joaquín González (rúbrica), presidente; Miguel Ángel García Granados (rúbrica), Maurilio Ochoa Millán (rúbrica), Noé Martín Vázquez Pérez (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (rúbrica), Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica), Gustavo Antonio Ortega Joaquín (rúbrica), Miguel Martínez Peñaloza (rúbrica), Lizbeth García Coronado (rúbrica), José Alfredo González Díaz (rúbrica), Laura Arizmendi Campos (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano, Efraín Ernesto Aguilar Góngora (rúbrica), Cecilia Soledad Arévalo Sosa (rúbrica), Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío, Juan José Cuevas García (rúbrica), José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Jaime Sánchez Vélez, José Ignacio Seara Sierra (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Luis Alejandro Guevara Cobos.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las comisiones de la Cámara de Diputados a observar en la elaboración y aprobación de dictámenes los principios y las obligaciones establecidos en el artículo segundo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Equidad y Género de la LXI Legislatura de la H. Cámara de Diputados, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las comisiones de esta soberanía a observar, cuando elaboren y aprueben dictámenes, los principios y las obligaciones establecidos en el artículo 2º de Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

La Comisión de Equidad y Género, con fundamento los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 67, 80, 84, 85, 157, 162, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientesAntecedentes

Primero. Con fecha 7 de octubre de 2010, la diputada Lucila Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las comisiones de esta soberanía a observar, cuando elaboren y aprueben dictámenes, los principios y las obligaciones establecidos en el artículo 2º de Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de Equidad y Género, de la Cámara de Diputados para su análisis y dictamen.

Contenido de la Proposición

Asegura la proponente que la igualdad es la piedra angular de toda sociedad democrática que aspire a la justicia social y a la realización de los derechos humanos. Que en prácticamente todas las sociedades y esferas de actividad la mujer es objeto de desigualdades en las leyes y en la práctica. Aunque las causas y las consecuencias puedan variar de un país a otro, la discriminación contra la mujer es una realidad muy difundida que se perpetúa por la supervivencia de estereotipos y de prácticas y creencias culturales y religiosas tradicionales que perjudican a la mujer.

Ante este fenómeno social, asevera, la comunidad internacional ha reconocido la no discriminación como un principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos, que está presente en los principales tratados de derechos humanos y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), aprobada en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Afirma que la CEDAW, enuncia en una forma jurídicamente vinculante para los Estados Partes, los principios aceptados internacionalmente sobre los derechos de la mujer, bajo la “prohibición de todas las formas de discriminación contra la mujer”, entendida ésta como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.

Entre las obligaciones que emanan de esta Convención, arguye, se encuentran las establecidas en el artículo 2, que a la letra versa:

“Artículo 2.

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.”

Advierte que a pesar de que México ratificó la CEDAW y de los importantes esfuerzos que se han realizado para darle cumplimiento, la discriminación sigue siendo un problema persistente en los diversos ámbitos de nuestra vida cotidiana.

En abono de lo anterior, señala que de acuerdo con el índice de discriminación salarial calculado para 2008, es necesario incrementar en promedio 9.5 por ciento el salario que se les paga a las mujeres para lograr la equidad salarial; asimismo, se estima que en 2009, 76.8 hombres de 14 años y más de cada cien participaron en alguna actividad económica, y sólo 41.1 de cada cien mujeres del mismo grupo de edad lo hicieron; también, en 2005, la tasa de analfabetismo de hombres era de 6.8 hombres analfabetas por cada cien hombres, mientras la tasa de mujeres era de 9.8.

En muchas ocasiones, arguye, estas situaciones de desigualdad son generadas por normas legales que, aún cuando deberían ser el medio para combatir la discriminación, con frecuencia son precisamente las que, de forma activa o pasiva, alientan las prácticas discriminatorias.

En este sentido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, mecanismo de seguimiento al cumplimiento de la CEDAW, con motivo del análisis del Sexto informe periódico de México, emitió sus observaciones finales, entre las que se encuentra la siguiente:

“El Comité insta al Estado Parte a que conceda una alta prioridad a la armonización de las leyes y las normas federales, estatales y municipales con la convención, en particular mediante la revisión de las disposiciones discriminatorias vigentes, con el fin de garantizar que toda la legislación se adecue plenamente al artículo 2 y a otras disposiciones pertinentes de la Convención. El Comité insta al Estado Parte a que ponga en marcha un mecanismo eficaz para asegurar y supervisar este proceso de armonización”.

Por tanto, recomienda que el Estado Parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la Convención y las recomendaciones generales del Comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el Poder Judicial y los abogados a nivel federal, estatal y municipal.

Finalmente, manifiesta que el objetivo de su propuesta es la de contribuir a la atención de esta observación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

En consecuencia, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente

Proposición con punto de acuerdo

Único. Se exhorta a las comisiones de esta honorable Cámara de Diputados para que observen los principios y obligaciones internacionales establecidas en el artículo 2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, al momento de elaborar y aprobar dictámenes.

Consideraciones

Primera. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por nuestro país en 1981, es un instrumento vinculante que tiene como objetivo promover la defensa de los derechos humanos de las mujeres.

Los conceptos incluidos en la Convención han inspirado modificaciones constitucionales y legislativas en México. En ese sentido, los alcances de la Convención trascienden el ámbito específico de la igualdad de género para convertirse en un hito en el proceso de reelaboración del concepto de discriminación, lo que beneficia en forma universal a muchos grupos humanos.

Segunda. Por su parte, la Constitución General de la República, en su artículo 133, es clara al considerar que los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella, celebrados por el Ejecutivo federal y ratificados por el Senado, son ley suprema de toda la República, con lo cual adquieren el carácter vinculatorio. Con su ratificación de los diversos instrumentos internacionales, el Estado mexicano los asume como ley suprema de toda la Unión y contrae la obligación de presentar informes acerca de la observancia de los mismos.

Tercera. Así lo ha reconocido el propio legislador permanente, al aprobar diversos ordenamientos federales. Por ejemplo, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el artículo 2, donde se faculta a la Federación, a las entidades federativas, al Distrito Federal y a los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, a expedir las normas legales y a tomar las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano.

La misma Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece, en su artículo 41 que una de las facultades y obligaciones de la Federación es la de vigilar el cabal cumplimiento de la presente ley y de los instrumentos internacionales aplicables.

Cuarta. Por otro lado, el artículo 6 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación señala que: “la interpretación del contenido de esta Ley, así como la actuación de las autoridades federales será congruente con los instrumentos internacionales aplicables en materia de discriminación de los que México sea parte, así como con las recomendaciones y resoluciones adoptadas por los organismos multilaterales y regionales y demás legislación aplicable”.

Quinta. Es así entonces, que los documentos jurídicos antes mencionados que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico mexicano reconocen los principios sobre los derechos de las mujeres, bajo la premisa de la prohibición de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Por lo tanto, al término de la revisión de los documentos nacionales e internacionales, se concluye que para esta comisión dictaminadora, la armonización legislativa —para promover y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, enfrentar toda discriminación, combatir la trata de personas, etcétera— constituye el eje rector de la actividad legislativa de las y los diputados del H. Congreso de la Unión.

Más aún, en abono de esta propuesta, en marzo de 2011, el pleno de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura aprobó suscribir el documento Compromisos por la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en el cual se consignan, entre otros compromisos, el de sensibilizar y profundizar los conocimientos en materia de equidad y perspectiva de género de las diputadas y los diputados que integran esta legislatura; incorporar la perspectiva de género en las acciones y actividades legislativas; transversalizar la perspectiva de género en el Presupuesto de Egresos de la Federación; dar seguimiento a la observancia de las Leyes General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; impulsar una cultura de equidad entre los géneros y la no discriminación dando un especial impulso a las labores de difusión de los derechos humanos de las mujeres y de la legislación vigente que actualiza estos derechos; así como pronunciarse para la modificación de las normas secundarias en las entidades federativas que contravengan las Leyes Generales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, respetando la soberanía de las entidades federativas.

En este sentido, esta comisión dictaminadora estima procedente la proposición con punto de acuerdo, para que las comisiones de esta honorable Cámara de Diputados, al momento de elaborar y aprobar dictámenes observen los principios y obligaciones internacionales establecidas en el artículo 2° de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Este es uno de los principales desafíos de las y los legisladores en el seno de las comisiones, a fin de armonizar el marco jurídico con lo que prevé artículo 2° de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

De igual manera, retomando los Compromisos por la Igualdad entre Mujeres y Hombres, sancionados por el Pleno de la Cámara de Diputados, propone adicionar un segundo punto resolutivo al acuerdo para exhortar a las comisiones legislativas a asumir plenamente el contenido del citado documento; ello, con el fin de fortalecer la proposición.

En razón de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Equidad y Género somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Se exhorta a las comisiones de la honorable Cámara de Diputados para que observen los principios y obligaciones internacionales establecidas en el artículo 2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, al momento de elaborar y aprobar dictámenes.

Segundo. Se exhorta a las comisiones de la honorable Cámara de Diputados a asumir los Compromisos por la Igualdad entre Mujeres y Hombres, aprobados por el Pleno de la Cámara de Diputados, en marzo de 2010, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2011.

La Comisión de Equidad y Género

Diputadas y diputados: Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), presidenta; Ana Estela Durán Rico (rúbrica), Elvia Hernández García (rúbrica), Blanca Estela Jiménez Hernández (rúbrica), Laura Elena Estrada Rodríguez (rúbrica), Tomasa Vives Preciado (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera (rúbrica), secretarias; Felipe Kuri Grajales (rúbrica), secretario; Laura Arizmendi Campos (rúbrica), Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Margarita Gallegos Soto, Laura Felícitas García Dávila, Luis García Silva, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Marcela Guerra Castillo, María del Carmen Guzmán Lozano (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Sandra Méndez Hernández, Juan Carlos Natale López (rúbrica), María Elena Pérez de Tejada Romero, Leticia Quezada Contreras, Leticia Robles Colín (rúbrica), Adela Robles Morales (rúbrica), Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica).

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se solicita al Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género que instruya a éste a fin de que elabore un programa de capacitación permanente sobre la incorporación de la perspectiva de género en el trabajo legislativo dirigido a los legisladores y a su equipo técnico

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Equidad y Género de la LXI Legislatura de la H. Cámara de Diputados, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría General de esta soberanía que instruya al Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) para que elabore un programa de capacitación permanente sobre la incorporación de la perspectiva de género en el trabajo legislativo, dirigido a los legisladores y a su equipo técnico.

Primero. Con fecha 28 de octubre de 2010, la diputada Lucila Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría General de esta soberanía que instruya al Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) para que elabore un programa de capacitación permanente sobre la incorporación de la perspectiva de género en el trabajo legislativo, dirigido a los legisladores y a su equipo técnico.

Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de Equidad y Género, de la Cámara de Diputados para su análisis y dictamen.

Contenido de la Proposición

Señala la proponente que el enfoque basado en las variables sexo y género permite identificar los diferentes papeles y tareas que llevan a cabo los hombres y las mujeres en una sociedad, contribuye a reconocer las causas que las producen y ha ayudado a formular mecanismos para superar estas brechas, pues sitúa la problemática no en las mujeres o los hombres sino en las relaciones socialmente construidas sobre el poder y la exclusión.

Enseguida, afirma que la teoría de género es una aportación filosófica y política del movimiento feminista que muestra cómo el género moldea y desarrolla nuestra percepción de la vida en general y, en particular, pone en evidencia la valoración, el uso y las atribuciones diferenciadas que se dan a las mujeres y a los hombres.

En otras palabras, añade, la teoría de género reconoce que los comportamientos “femeninos” y los “masculinos” son construcciones sociales relacionadas con aspectos culturales a través de los cuales se definen los papeles y las tareas a cada género y no, como algunas personas afirman, características inherentes e inmodificables de la naturaleza, pese a que ésta, entendida en el más amplio sentido de la palabra, también tiene marcada influencia en aquéllas.

Por consiguiente, dicha teoría ha dado surgimiento a la “perspectiva de género”, la cual se ha erigido como un paradigma democrático que permite abordar de manera más integral y equitativa los problemas sociales, pues considera las experiencias, las necesidades y los intereses de los hombres y de las mujeres.

En este contexto, menciona que la perspectiva de género es un enfoque analítico y metodológico que tiene como fundamento la teoría de género y “responde a la necesidad de abordar de manera integral, histórica y dialéctica la sexualidad humana, así como sus implicaciones económicas, políticas, psicológicas y culturales en la organización social”. Visualiza a hombres y a mujeres en tanto sujetos históricos, construidos socialmente, producto de una organización social determinada; ofrece una explicación integral de cómo se desarrollan las relaciones de producción y reproducción, igual que sus implicaciones en las personas de un sexo y en las del otro.

La aplicación de la perspectiva de género para el análisis de la sociedad y la promoción y el respeto de los principios de equidad e igualdad está estrechamente vinculada con la idea de construir una democracia más integral y progresista.

Señala la proponente que en el ámbito internacional, las Conferencias Mundiales sobre la Mujer (México, 1975; Copenhague, 1980; Nairobi, 1985; y Pekín, 1995), y sus respectivos planes de acción, han marcado objetivos y estándares para la igualdad, la equidad de género y el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, pasando de una concepción relacionada con la igualdad de oportunidades a la perspectiva de la transversalización de género.

No obstante, advierten, nuestro país todavía enfrenta limitaciones para la aplicación de la legislación internacional y los planes de acción derivados de las conferencias que permitan el reconocimiento y ejercicio de la ciudadanía de las mujeres; básicamente, se refieren a los contenidos legislativos que impiden el reconocimiento de iguales derechos para las mujeres o mantienen diversas formas de exclusión o discriminación.

Expresa, quienes tenemos la responsabilidad de generar normas debemos considerar los papeles, las capacidades y las responsabilidades socialmente determinados para hombres y mujeres, ya que éstos propician las desigualdades de género existentes en la sociedad; reconocer que estas diferencias implican desventajas jurídicas, cuando las leyes y los reglamentos que se aplican sí tienen un efecto diferenciado en hombres o en mujeres, por lo cual desde la elaboración de éstas, debemos considerar tales diferencias para lograr en la práctica el principio de “igualdad jurídica”.

Aduce que las iniciativas con enfoque de género no se traducen en leyes especiales para mujeres y otras especiales para hombres; por el contrario, introducen esta perspectiva para garantizar su igualdad, para impulsar la inclusión transversal de la perspectiva de género en la normatividad de todos los niveles de gobierno y traducen en una realidad los compromisos nacionales e internacionales contraídos en la materia.

Por tanto, considera que la tarea de legislar con perspectiva de género es obligación contraída por el país —establecida en los artículos 2 y 3 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer—, por lo que debe constituirse en una prioridad para el Congreso de la Unión.

Comunica que en 2008, se llevó a cabo en la Cámara de Diputados el foro A favor de los derechos de las mujeres. Por la equidad de género, en el cual se concluyó que es tarea de los diputados incluir la perspectiva de género en los instrumentos legales con responsabilidad; que la perspectiva de género es una herramienta transversal en todo el trabajo parlamentario que debe trascender en todas y en cada unas de las comisiones legislativas; también, que es necesario hacer leyes que no sean neutras al género.

Arguye que los diputados requieren conocer esta herramienta metodológica (perspectiva de género) referida a mujeres y hombres, por lo que es un asunto prioritario sensibilizar a legisladores y equipos técnicos.

Además considera que la perspectiva de género, como herramienta para hacer visible lo invisible, debe ser utilizada por todos nosotros, los responsables de hacer y reformar la ley, como eje transversal en todos los temas que se abordan a través de las comisiones.

En virtud de lo expuesto propone la creación de un programa de capacitación permanente y obligatorio sobre el tema, que nos permita alcanzar el objetivo supremo de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, a través del mejoramiento de las leyes, políticas y modalidades, conforme a los principios de no discriminación y de equidad, así como de los que garanticen la democracia, y el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En consecuencia, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente, la siguiente:

Proposición con punto de acuerdo

Único. Se solicita a la Secretaría General de la Cámara de Diputados que instruya al Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género a fin de que elabore un programa de capacitación permanente sobre la incorporación de la perspectiva de género en el trabajo legislativo dirigido a los legisladores y a su equipo técnico.

Consideraciones

Primera. Entre los esfuerzos concebidos para enfrentar la brecha de desigualdad que lacera los derechos de las mujeres, mediante un proceso de transformación social y cultural en México, en marzo de 2010, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó suscribir el documento Compromisos por la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

El primero de ellos, que se desprende del documento citado, es el compromiso de sensibilizar y profundizar los conocimientos en materia de equidad y perspectiva de género de las diputadas y los diputados que integran esta legislatura.

Entre otros, se contemplan, los de incorporar la perspectiva de género, en las acciones y actividades legislativas; transversalizar la perspectiva de género en el Presupuesto de Egresos de la Federación; dar seguimiento a la observancia de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a través de vigilar la publicación de las normas complementarias.

Además, pronunciarse para la adecuación de las normas secundarias en las entidades federativas que contravengan las Leyes Generales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, respetando la soberanía de las entidades federativas.

Segunda. Recientemente, el 10 de febrero del año en curso, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen positivo emitido por esta Comisión de Equidad y Género para que la LXI Legislatura instrumente un modelo de equidad de género del que se desprendan acciones afirmativas a favor del personal, a efecto de posibilitar la igualdad de facto entre mujeres y hombres.

Tercera. Una de las funciones de la Secretaría General, previstas en el Manual de Organización de la Cámara de Diputados, es la de dirigir, organizar y supervisar los programas y actividades de las unidades administrativas bajo su adscripción, evaluando que cumplan sus funciones con estricto apego al marco jurídico aplicable y que observen la normatividad y acuerdos emanados de los órganos de gobierno de la Cámara.

Cuarta. Entre las funciones de la Dirección General del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), establecidas en el Manual General de Organización de la Cámara de Diputados –inciso 1), página 356–, se encuentra la de promover y participar, en el ámbito de su competencia, en las actividades de capacitación para la formación, actualización y especialización del personal del Centro y de la Cámara, así como de las y los legisladores cuando lo soliciten.

La creación del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) fue justificada, en el proyecto de decreto aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados el 28 de abril de 2005, al manifestarse la necesaria especialización del Poder Legislativo, con el fin de equilibrar el peso y la eficacia de sus funciones con las de los Poderes Ejecutivo y Judicial. En ello, radicaba la importancia de que la Cámara de Diputados contara con cuerpos de apoyo técnico profesionales, capacitados y especializados, para el mejor desempeño de la función legislativa.

Así, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, aprobado por la Cámara de Diputados, se contempló la asignación de recursos para la creación y operación del CEAMEG, como instancia especializada encargada de sistematizar la información relativa a su materia de estudio y elaborar los análisis correspondientes; realizar los estudios de derecho comparado, de seguimiento y evaluación de la ejecución de las políticas públicas y los programas orientados a asegurar el desarrollo y adelanto de las mujeres, así como el ejercicio y goce pleno de sus derechos humanos y libertades fundamentales; de seguimiento y evaluación sobre el ejercicio de los recursos presupuestales asignados a dichos programas; formular proyectos sustentados en los resultados de los estudios realizados; proporcionar a los órganos de la Cámara de Diputados, información y análisis estadístico, bibliográfico, documental y jurídico especializados en materia de equidad de género, de derechos humanos y libertades fundamentales de la mujer, y presentar a la Cámara de Diputados y poner a disposición del público en general, toda la información que tenga en su poder.

Asimismo, para prestar los servicios de apoyo técnico y de información analítica requeridos para el cumplimiento de las funciones de la Cámara de Diputados, en forma objetiva, imparcial y oportuna, conforme a los programas aprobados.

En tanto, el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados el 10 de diciembre de 2009, para crear el Comité del CEAMEG estipula que el mismo tiene por objeto formular directrices y pautas que contribuyan a orientar el trabajo de los centros de estudios y que, en coordinación con los órganos administrativos competentes, coadyuven a vigilar el adecuado cumplimiento de las funciones y actividades que tienen encomendadas.

Asimismo, el citado acuerdo señala que el Comité del CEAMEG tiene como responsabilidades auxiliar a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos en la definición de los temas prioritarios del programa anual de trabajo del CEAMEG; someter a la consideración de la Conferencia las políticas, lineamientos y acuerdos para regir el trabajo científico y técnico del Centro; adoptar las medidas y decisiones relativas a la vinculación del Centro con instituciones afines, a propuesta de los directores generales, y determinar las reglas para la articulación del Centro con las comisiones y comités.

Quinta. De conformidad con el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos los comités son órganos auxiliares de la Cámara que se constituyen por disposición del Pleno, órgano máximo de éste órgano legislativo. En tal virtud, el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea el Comité para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, al ser votado por el Pleno es de mayor jerarquía que un manual que es expedido únicamente por autoridades administrativas.

El Reglamento de la Cámara de Diputados en su artículo 206 dispone que además de los comités señalados en la Ley habrá uno por cada Centro de Estudios y establece entre sus funciones la de proponer normas y directrices que regulen con eficiencia la actividad encomendada, vigilen su aplicación, y supervisen a las áreas involucradas.

De esta disposición se desprende que es el Comité para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género el encargado de vigilar la aplicación de las directrices que le dicte al CEAMEG y de supervisarlo.

Cabe destacar que este reglamento también es de mayor jerarquía que el Manual de Organización de la Cámara de Diputados.

Si bien es cierto el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género se encuentra adscrito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Secretaría General de la Cámara de Diputados, también lo es que ésta última se creó para la coordinación y ejecución de las tareas que permitan el mejor cumplimiento de las funciones legislativas y la atención eficiente de sus necesidades administrativas y financieras.

Sexta. Dada su naturaleza y fines, tanto el CEAMEG como su Comité son órganos internos de carácter técnico que tienen como fin apoyar integralmente el trabajo legislativo de la Cámara de Diputados, por tanto, la propuesta de asignarle al Centro de Estudios la tarea de elaborar y ejecutar un programa de capacitación permanente, sobre la incorporación de la perspectiva de género en el trabajo legislativo, dirigido a las y los legisladores y a su equipo técnico, resulta viable para esta comisión dictaminadora, ello en virtud de su carácter y funciones previstas en el nuevo Manual General de Organización de la Cámara de Diputados, vigente desde febrero de 2011.

Cabe hacer mención que las y los legisladores representados en la Cámara de Diputados, así como su equipo técnico, al estar debidamente capacitados sobre el tema de perspectiva de género, permitirá perfeccionar las leyes para el bien común de las mujeres.

Con base en ello, el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género deberá elaborar e instrumentar un programa de capacitación permanente, a efecto de que las y los diputados estén mejor preparados en el debate y la discusión de iniciativas, decretos y puntos de acuerdo, respecto a la perspectiva de género.

Esto requiere que la capacitación que reciban las y los legisladores y su equipo técnico sirva para cambiar no solo las normas y las instituciones, sino también la cultura y las prácticas cotidianas dentro del Congreso.

En ese contexto, es de suma importancia destacar que esta Comisión comparte la preocupación y los propósitos de la diputada proponente cuando señala que la perspectiva de género ha de ser el eje transversal para abordar los temas que se discuten en las comisiones. En este tenor, esta comisión estima procedente la propuesta de crear un programa permanente que permitirá a este cuerpo legislativo consolidar los esfuerzos señalados.

En razón de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Equidad y Género somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Único. Se solicita al Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género que instruya al Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género para que elabore e instrumente un programa de capacitación permanente sobre la incorporación de la perspectiva de género en el trabajo legislativo dirigido a las legisladoras, legisladores y equipos técnicos de las comisiones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, mayo de 2011.

La Comisión de Equidad y Género

Diputadas y diputados: Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), presidenta; Ana Estela Durán Rico (rúbrica), Elvia Hernández García, Blanca Estela Jiménez Hernández, Laura Elena Estrada Rodríguez (rúbrica), Tomasa Vives Preciado (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera, secretarias; Felipe Kuri Grajales, secretario; Laura Arizmendi Campos, Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez, Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Margarita Gallegos Soto (rúbrica), Laura Felícitas García Dávila, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Marcela Guerra Castillo, Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Sandra Méndez Hernández, Juan Carlos Natale López, Luis García Silva (rúbrica), María Elena Pérez de Tejada Romero (rúbrica), Leticia Quezada Contreras, Leticia Robles Colín (rúbrica), Adela Robles Morales (rúbrica), Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica), María del Carmen Guzmán Lozano (rúbrica).

De la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol a modificar las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias a fin de considerar un rubro de desarrollo comunitario que comprenda recursos destinados a la construcción de espacios de convivencia y esparcimiento familiares

Honorable Asamblea

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, fue instalada el 6 de octubre de 2009.

La Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio DGPL 61-II-6-0776 de fecha 15 de diciembre de 2010, turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen, el expediente número 3695, que contiene una proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a modificar las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, a fin de considerar un rubro de desarrollo comunitario con recursos destinados a la construcción de espacios de convivencia y esparcimiento familiares, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, durante la sesión de la misma fecha.

Con estos antecedentes, la comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido y deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta con las siguientes:

Consideraciones

I. La diputada Gloria Trinidad Luna Ruíz expone en las consideraciones de su proposición con punto de acuerdo que en México un importante número de personas sufre de privaciones económicas mientras que otras viven en la abundancia, no obstante, y lejos de obviar el tema de la desigualdad interpersonal, es necesario reconocer que esta misma desigualdad también se reproduce a nivel nacional, es decir, existen profundas asimetrías entre las regiones de nuestro país. Así, de acuerdo con el Coneval, Chiapas es el estado que presenta la mayor incidencia de pobreza alimentaria, el 47.0 por ciento de su población se encuentra en tal situación, seguido por los estados de Guerrero con 42.0 por ciento, Oaxaca con 38.1, Tabasco con 28.5 y Veracruz con 28.0. De forma contraria, los estados con menor incidencia de pobreza alimentaria son Baja California con 1.3 por ciento, Nuevo León con 3.6, Baja California Sur con 4.7, Distrito Federal con 5.4 y Coahuila y Chihuahua con 8.6 por ciento.

II. En los considerandos de la proposición se indica que la situación de marginación y rezago social que presenta más de la mitad de los municipios del país y la contrastante desigualdad que se observa a nivel nacional entre entidades federativas, a nivel estatal entre los diferentes municipios de cada estado, y a nivel municipal entre sus diferentes localidades, determina la imperiosa necesidad de contar con estrategias de desarrollo local y regional, que tengan como objetivo último cerrar las brechas de desigualdad que existen en el país.

III. En este contexto, la diputada proponente señala que para atender esta problemática, el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) constituye una herramienta fundamental de la política social bajo la cual se articulan acciones necesarias para brindar oportunidades de desarrollo a la población que habita en los territorios más marginados. El programa contribuye a mejorar el entorno a través del incremento del capital físico con la creación, rehabilitación y ampliación de la infraestructura social básica y el mejoramiento de las viviendas.

IV. La proposición señala que en 2010, con el programa referido se han aprobado, como parte del mejoramiento de viviendas, proyectos para instalar 29 mil 362 estufas ecológicas en igual número de viviendas, lo que contribuye a aminorar los efectos adversos en la salud de la población que cocina con leña en el interior de sus viviendas y a los esfuerzos interinstitucionales para reducir los efectos de la deforestación y degradación del medio ambiente. Destaca también la aprobación de 10 mil 458 proyectos para proporcionar servicio sanitario al mismo número de viviendas. Desde enero de 2008 a diciembre de 2009, se ha aprobado la construcción de baños o instalación de letrinas en 32 mil 522 viviendas, de las cuales 76.3 por ciento se ubican en municipios de muy alta y alta marginación. Además de las acciones de mejoramiento en vivienda, el PDZP realiza acciones para crear o mejorar la infraestructura social básica y de servicios, en las localidades y municipios de muy alta y alta marginación, rezago social o alta concentración de pobreza.

V. Una de las contribuciones más significativas del programa es la construcción, rehabilitación y equipamiento de los centros comunitarios de aprendizaje (CCA), los cuales son espacios destinados al desarrollo de capacidades y habilidades, mediante el uso de computadoras con acceso a Internet. Entre enero y junio de 2010 se autorizaron 154 proyectos para la construcción, rehabilitación o equipamiento de CCA en los territorios objetivo, lo que representa un avance de aproximadamente 50 por ciento de la meta anual del Programa. En el mismo periodo, fueron aprobados 125 proyectos de construcción, reconstrucción y rehabilitación de infraestructura educativa, y 14 proyectos relacionados con infraestructura de salud.

VI. La diputada Luna Ruíz apunta que, pese a estos avances, es necesario que el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias cuente dentro de la vertiente de infraestructura social, con una modalidad de desarrollo comunitario para construir espacios de convivencia y esparcimiento para las familias. De tal manera considera preciso reconstruir las formas de vida vecinal para recomponer el tejido comunitario, rescatando construyendo y reconstruyendo espacios públicos destinados a ser lugares de encuentro vecinal y centros de actividades cívicas, recreativas, culturales y deportivas.

VII. La proposición concluye que con la inversión de recursos específicos para este Programa, se podrá recomponer la vida comunitaria de nuestros barrios y colonias, y a la vez, prevenir el delito y la violencia sociales, y contar con lugares dignos donde los vecinos recuperen la cohesión social y nuestros jóvenes, niños y personas adultas mayores, cuenten con lugares seguros para su esparcimiento y la convivencia, redundando en la calidad de vida de las familias mexicanas.

VIII. Por lo expuesto, la diputada Gloria Trinidad Luna Ruíz propone exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a modificar las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, a fin de considerar un rubro de desarrollo comunitario que contemple recursos destinados a la construcción de espacios de convivencia y esparcimiento para las familias.

IX. Por lo que atañe a la propuesta de modificación de las reglas de operación, debe señalarse que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 77 señala el procedimiento que las dependencias de la Administración Pública Federal deben de realizar para la modificación de las reglas de operación de los distintos programas. Sin embargo, el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, en su artículo 30 señala que la Cámara de Diputados, a través de la comisión ordinaria que en razón de su competencia corresponda, emitirá opinión sobre las reglas de operación publicadas por el Ejecutivo federal.

X. La Comisión de Desarrollo Social, concuerda plenamente con los planteamientos expuestos en las consideraciones de la proposición con punto de acuerdo en comento. Además debe apuntarse que uno de los objetivos de la política nacional de desarrollo social es promover las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades, así como la superación de la discriminación y la exclusión social, conforme lo señala la fracción I del artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social.

XI. Bajo este contexto, el pleno de esta Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, determinó en sesión ordinaria de fecha 27 de abril del año en curso, dictaminar la procedencia del punto de acuerdo de la diputada proponente.

Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las apreciaciones realizadas, esta Comisión de Desarrollo Social se somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a modificar las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, a fin de considerar un rubro de desarrollo comunitario que contemple recursos destinados a la construcción de espacios de convivencia y esparcimiento para las familias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2011.

La Comisión de Desarrollo Social

Diputados: José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irizar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas, Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares, Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos, Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Jesús Giles Sánchez Morelos (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera, Adriana Terrazas Porras, José Óscar Aguilar González (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Carlos Flores Rico (rúbrica) Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Laura Margarita Suárez González (rúbrica).

De la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol a llevar a cabo estudios técnicos e implantar en el Programa de Estancias Infantiles a su cargo establecimientos vespertinos y nocturnos

Honorable Asamblea

Antecedentes

La Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio DGPL 61-II-6-1161 de fecha 14 de abril de 2011, turnó a la Comisión de Desarrollo Social, para su estudio y dictamen, el expediente número 4604, que contiene una proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a efectuar estudios técnicos e implantar en el programa respectivo estancias infantiles vespertinas y nocturnas, a cargo del diputado Sixto Alfonso Zetina Soto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentada en la sesión de la misma fecha.

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos fue instalada el 6 de octubre de 2009, y recibió como parte de los asuntos pendientes por dictaminar la proposición con punto de acuerdo referida.

Con estos antecedentes, la comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido, deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta con las siguientes

Consideraciones

I. La proposición en comento señala que el Programa de Estancias Infantiles surge como una programa del Ejecutivo federal para apoyar a madres que trabajan, buscan empleo o estudian y a los padres solos con hijos o niños bajo su cuidado entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 4 años) y entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 6 años) en caso de niños o niñas con alguna discapacidad, que viven en hogares con ingresos mensuales de hasta 1.5 salarios mínimos per cápita, a través de subsidios a los servicios de cuidado y atención infantil para sus hijos y que no cuentan con servicio de guardería o cuidado infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios.

II. El programa opera en dos modalidades; la primera está destinada para una persona o un grupo de personas físicas o morales, o bien para organizaciones de la sociedad civil que desean y pueden ofrecer servicios de cuidado y atención infantil para los beneficiarios del programa, a los cuales les denominan “impulso a los servicios de cuidado” y que son apoyados por una cantidad de hasta 61 mil pesos.

III. La segunda modalidad se destina para que puedan afiliarse las guarderías o estancias infantiles que se encuentren en operación y que cumplan con los criterios que establece el programa “Incorporación a la Red de Estancias Infantiles”, las cuales recibirán un apoyo de hasta con 41 mil pesos. De la cantidad antes citada la persona responsable de la estancia infantil, deberá considerar destinar 6 mil pesos del apoyo que la Sedesol otorga en ambas modalidades para la elaboración de un programa interno de protección civil del inmueble en el que opere la estancia infantil conforme a la normatividad local correspondiente.

IV. El diputado proponente señala que de acuerdo a las cifras publicadas por la Secretaría de Desarrollo Social, al 11 de marzo de 2011 existen 8 mil 575 estancias infantiles funcionando en la República Mexicana siendo las entidades de México, Distrito Federal y Veracruz los que cuentan con un mayor número de estancias activas. De la misma forma, según los datos emitidos en el Censo de Población y Vivienda de 2010, durante los últimos tres meses, en México había un total de 624,630 personas trabajando en el turno de la noche, de las cuales 411 mil 756 son hombres y 212 mil 874 son mujeres. De esta forma, 1 millón 92 mil 448 trabajadores rolan turnos, de los cuales 814 mil 913 personas son hombres 277 mil 535 son mujeres y a su vez, 1 millón 768 mil 208 personas cuentan con horario mixto, de las cuales 1,310,269 personas son hombres y 457 mil 939 son mujeres.

V. Con base en las cifras antes citadas, el total de las personas que trabajan en turnos nocturnos, que rolan turnos y mixtos es de 3 millón 485 mil 286, de los cuales 2 millones 536 mil 938 son hombres y 948,348 son mujeres. De estas cifras también se desprende que del total de trabajadores 187 mil 411 ganan hasta un salario mínimo y de estos 24 mil 480 tienen de 1 a 2 hijos, 40 mil 511 de 3 a 5 hijos y 12 mil 45 más de 6 hijos; por otra parte, 762 mil 112 se ubican entre 1 y 2 salarios mínimos de los cuales 112 mil 885 tienen de 1 a 2 hijos, 86 mil 847 de 3 a 5 hijos y 8 mil 62 más de 6 hijos.

VI. En este sentido, la proposición señala que se debe considerar como una necesidad imperante, dotar de apoyo a los trabajadores que se encuentran en estas condiciones, toda vez que el total de personas que se ubican por debajo de los 2 salarios mínimos es muy alto y en muchos de los casos, no cuentan con este tipo de servicios por instituciones públicas y el contratar por su cuenta estos servicios es incosteable.

VII. En la proposición se destaca que el programa de estancias infantiles que promueve la Secretaría de Desarrollo Social, actualmente no cuenta con la prestación de servicios vespertinos y nocturnos, por lo que se hace necesario hacer un llamado al titular de ésta, para que en la medida de las posibilidades se generen estancias infantiles que puedan brindar servicios en dichos turnos, esto considerando los resultados que arroje el estudio técnico al respecto se realice y a su vez el mismo determine las zonas donde tendrían más impacto y hubiese más población beneficiada.

VIII. Por otro lado, la Ley General de Desarrollo Social señala en su artículo 8o. señala que: “Toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendentes a disminuir su desventaja”. En este sentido, la Comisión de Desarrollo Social considera que la proposición realizada por el diputado Zetina Soto, cuenta con la fundamentación legal suficiente.

IX. Bajo este contexto, el pleno de la Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados determinó, en sesión ordinaria de fecha 27 de abril del año en curso, dictaminar la procedencia del punto de acuerdo de la diputada proponente.

Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las consideraciones realizadas, esta Comisión de Desarrollo Social somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a llevar a cabo los estudios técnicos necesarios e implementar estancias infantiles vespertinas y nocturnas dentro del programa de estancias infantiles que tiene a su cargo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2011.

La Comisión de Desarrollo Social

De la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a impulsar por la Sedesol un programa especial para construir espacios comunitarios que fomenten la integración y cohesión sociales de las localidades

Honorable Asamblea

Antecedentes

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, fue instalada el 6 de octubre de 2009.

La Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio DGPL 61-II-8-0776 de fecha 13 de octubre de 2010, turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen, el expediente número 2951, que contiene una proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al gobierno federal a impulsar, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, un programa especial para construir espacios comunitarios que fomenten la integración y la cohesión social de las comunidades en el país, presentado por el diputado José Francisco Yunes Zorrilla , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, durante la sesión de la misma fecha.

Con estos antecedentes, la comisión, realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido y deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta con las siguientes:

Consideraciones

I. La proposición con punto de acuerdo analizada, señala que el surgimiento de espacios urbanos trae aparejados problemas sociales como la inseguridad, el pandillerismo, la violencia familiar y comunitaria, carencia de espacios de esparcimiento y convivencia, aumento de la pobreza, falta de cohesión social y pérdida del sentido de pertenencia. Los espacios comunitarios son el centro de la socialización de los habitantes de muchas localidades en nuestro país. Son lugares en donde se recrean y comparten los valores y cultura de una comunidad. Desde esta perspectiva, es necesaria la creación de espacios que fortalezcan la integración del tejido social a través de actividades comunitarias que desarrollen valores sociales y arraigo.

II. Para el diputado Yunes, la construcción de alternativas de desarrollo comunitario, parten de la existencia de espacios en donde se intercambian experiencias de vida, visiones de futuro y prácticas exitosas de desarrollo comunitario. Espacios que ofrezcan ocupación del tiempo libre de jóvenes y niños después de sus labores escolares. El proponente hace notar que la Ley General de Desarrollo Social, en su artículo 11, fracción I, señala como objetivo de la política nacional de desarrollo social “propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades, así como la superación de la discriminación y la exclusión social”.

III. El diputado proponente señala que actualmente la Secretaría de Desarrollo Social ejecuta sólo dos programas orientados a la construcción y rescate de espacios comunitarios, con un impacto moderado y desarticulado; además, los recursos que se destinan al apoyo de proyectos comunitarios es insuficiente y sus reglas de operación son confusas y poco ágiles para el ejercicio de los recursos.

IV. En las consideraciones expuestas por el diputado proponente, se señala que las iniciativas de organizaciones sociales, de gobiernos municipales y estatales, son truncadas por la falta de coinversión de la Federación para estos rubros. Mientras en otros países, las organizaciones locales reciben pleno apoyo de sus gobiernos para realizar este tipo de proyectos, en nuestro país son abandonadas y sus iniciativas olvidadas en la burocracia presupuestaria.

V. La proposición con punto de acuerdo en comento señala que si bien existen apoyos focalizados para mitigar los bajos niveles de cohesión social que se presentan en algunas comunidades de nuestro país, los esfuerzos no son suficientes, son aislados y no cuentan con el apoyo de las comunidades. El Programa de Rescate de Espacios Públicos ha promovido la realización de acciones sociales y la ejecución de obras para la recuperación de sitios de encuentro comunitario localizados en zonas urbanas, que presenten características de inseguridad y marginación. Este programa tiene una cobertura nacional en localidades urbanas integradas físicamente a las zonas metropolitanas y ciudades que cuentan con una población de 50 mil o más habitantes, de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población. En la distribución de recursos, se da prioridad a las localidades que presentan problemas de marginación e inseguridad. El programa contempla recursos para la modalidad de participación social y seguridad comunitaria de 30 mil a 300 mil pesos para apoyo de proyectos. Para la modalidad de mejoramiento físico el monto de apoyo varía de 300 mil a 3 millones de pesos. Debe acotarse que este programa contempla que la aportación conjunta de las entidades federativas y municipios, así como de la comunidad, deberá ser por lo menos el 50 por ciento del costo total del proyecto integral.

VI. Además se señala que el programa ha logrado tener impacto en las comunidades apoyadas. En septiembre de 2009 se realizó la Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad, Conductas de Riesgo y Participación Social en Espacios Públicos, en 9 mil 600 hogares ubicados alrededor de 320 espacios públicos en 187 municipios y delegaciones de las 32 entidades federativas; entre los resultados obtenidos destacan que 94.4 por ciento expresó un muy alto o alto grado de satisfacción con las actividades sociales realizadas en los espacios públicos apoyados; y 74.4 por ciento participa en las actividades sociales realizadas en los espacios públicos apoyados.

VII. De la misma manera el programa Hábitat, coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social, se aplica en ciudades mayores de 15 mil habitantes. Al interior de éstas, focaliza sus acciones en zonas urbanas marginadas con alta concentración de hogares en situación de pobreza, denominados “Polígonos Hábitat”. Su población objetivo está constituida por los integrantes de hogares asentados en estas zonas y los municipios son los principales ejecutores de los proyectos.

VIII. Para el diputado José Francisco Yunes Zorrilla, es necesario reorientar recursos que permitan impulsar obras integrales de mayor impacto. Es necesario un programa especial que pueda financiar centros comunitarios integrales.

IX. Para el diputado proponente, la política de desarrollo social del gobierno federal requiere de una profunda revisión y un análisis exhaustivo para que pueda funcionar con eficacia, eficiencia y con un verdadero interés por mejorar los niveles de desarrollo social y humano de la población.

X. La Comisión de Desarrollo Social, concuerda plenamente con los planteamientos expuestos en las consideraciones de la proposición con punto de acuerdo en comento.

XI. Además debe apuntarse que uno de los objetivos de la política nacional de desarrollo social es promover las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades, así como la superación de la discriminación y la exclusión social, conforme lo señala la fracción I del artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social.

XII. Bajo este contexto, el pleno de la Comisión de Desarrollo Social, de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, determinó, en sesión ordinaria de fecha 27 de abril del año en curso, dictaminar la procedencia del punto de acuerdo del diputado proponente.

Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las apreciaciones realizadas, la Comisión de Desarrollo Social somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, a impulsar un programa especial para la construcción de espacios comunitarios seguros que fomenten la integración y cohesión social de las comunidades en nuestro país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2011.

La Comisión de Desarrollo Social

De la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sedesol a implantar un programa de estancias infantiles en los campos agrícolas para los hijos de las trabajadoras

Honorable Asamblea

Antecedentes

La Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio DGPL 61-II-8-901 de fecha 8 de marzo de 2011, turnó a la Comisión de Desarrollo Social, para su estudio y dictamen, el expediente número 4152, que contiene una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, implemente un programa de estancias infantiles en los campos agrícolas, dirigidos a la atención de las hijas y los hijos de las trabajadoras agrícolas suscrita por la diputada Ma. Dina Herrera Soto del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, En la sesión de la misma fecha.

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos fue instalada el 6 de octubre de 2009 y recibió como parte de los asuntos pendientes por dictaminar la proposición con punto de acuerdo referida.

Con estos antecedentes, la comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido, deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta con las siguientes:

Consideraciones

I. En sus consideraciones, la diputada proponente manifiesta que la pobreza afecta tanto a hombres como mujeres, pero también debe señalarse que tiene a estas últimas en una situación de mayor vulnerabilidad. Situación que depende no sólo del entorno económico, también de las prácticas culturales y costumbres que generalmente, eliminan a las mujeres de las oportunidades de desarrollo de sus capacidades.

II. De igual forma la diputada menciona que aún cuando es reconocida la desigualdad y discriminación de género que cotidianamente enfrentan las mujeres, una situación todavía más compleja viven las mujeres indígenas y las mujeres que viven en medios rurales, quienes de acuerdo con su específica situación de vida, se enfrentan a circunstancias doblemente difíciles y de particular y urgente solución.

III. Dice la proponente que en las comunidades rurales e indígenas, la marginación y los rezagos entre las mujeres se eleva casi 80 por ciento, lo que significa que ocho de cada diez mujeres tienen hasta seis carencias fundamentales y siguen falleciendo por falta de agua, comida y atención médica oportuna, siendo la salud y la seguridad social las más comunes.

IV. En México, la situación de las comunidades rurales y por ende de los y las trabajadoras agrícolas es hasta ahora, uno más de los lacerantes problemas de explotación que requiere de soluciones. Manifiesta la diputada que se calcula que hay 2 millones 40 mil 414 personas se dedican a actividades agrícolas, quienes sumadas a los miembros de sus familias ascienden a más de 9 millones de personas en hogares jornaleros, informó la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en su Encuesta Nacional de Jornaleros 2009.

V. Asimismo, la diputada proponente señala que en la actualidad se calcula que del total de población jornalera agrícola el 42.6 por ciento son mujeres y de cada cien jornaleras migrantes, 77 por ciento tienen menos de 29 años, 28 por ciento no sabe leer ni escribir y 40 por ciento pertenece a un grupo étnico.

VI. La feminización del trabajo agrícola se ha dado, entre otros factores, por la flexibilidad de las mujeres para pasar de una etapa a otra en el proceso productivo, de un producto a otro y para elevar progresivamente su productividad. Sobre las condiciones laborales, éstas han generado problemas de salud, ya que las jornadas de trabajo implican largas y pesadas horas y se obtienen salarios inferiores a los masculinos, entre otros.

VII. Menciona la diputada que el otro grupo con mayor desventaja son las y los niños. En los campos agrícolas el trabajo infantil es muy solicitado, por ello los menores participan en el trabajo apenas tiene capacidad de hacerlo, aún cuando la Ley Federal del Trabajo establece la edad mínima para el trabajo infantil. Tampoco se dispone de albergues para que las madres que tienen bebés los dejen mientras ellas van a laborar al campo. Por el contrario, los llevan sobre su espalda y a orillas de los surcos dejan a los más pequeños que aún no pueden trabajar a su lado.

VIII. En su argumentación la diputada proponente señala que urge el implementar espacios donde las y los menores sean cuidados y protegidos de los múltiples accidentes y riesgos de salud a los que se ven expuestos como resultado de las difíciles condiciones de trabajo que enfrentan sus madres. Menciona que es el momento de tomar conciencia sobre la situación de las mujeres trabajadoras agrícolas y sus hijas e hijos, el momento de realizar acciones que contribuyan al cambio en la situación de ellas y ellos, y de esta forma, lograr también modificar positivamente el entorno laboral que enfrentan.

IX. En los programas de desarrollo social a cargo del gobierno federal que tienen relación directa con el tema del trabajo en el sector agrícola, ninguno de ellos hace mención de manera específica en la ayuda a las madres trabajadoras agrícolas para que puedan dejar a sus hijos en alguna guardería o estancia infantil para su cuidado.

X. Por ejemplo, el Programa 3x1 para Migrantes, se orienta a conjuntar recursos de los migrantes y de los gobiernos federal, estatal y municipal, uniendo esfuerzos en acciones de contenido social para favorecer el desarrollo de las comunidades de origen de los migrantes y elevar la calidad de vida de su población. En los tipos de apoyo que se especifican en las reglas de operación actuales no se hace mención sobre algún tipo de apoyo a las madres trabajadoras agrícolas en el sentido del cuidado de sus hijos cuando estas están trabajando en el campo.

XI. El programa Apoyo Alimentario tiene como objetivo contribuir al desarrollo de las capacidades básicas de los beneficiarios, mediante la realización de acciones que permitan mejorar su alimentación y nutrición, así como mejorar la alimentación y la nutrición de las familias beneficiarias, en particular de los niños menores de 5 años y de las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. En el apartado 3.4.2. de sus reglas de operación se especifica que las familias beneficiarias con hijos de 0 a 9 años reciben bimestralmente un apoyo monetario mensual por cada menor en este rango de edad para fortalecer su desarrollo, aunado a que recibirán también apoyos en especie a través de complementos nutricionales para los niños. Por lo anterior, este programa de desarrollo social tampoco proporciona apoyo a las madres trabajadoras agrícolas para el cuidado de sus hijos mientras ellas trabajan.

XII. El programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras según el apartado 2.1. de las reglas de operación 2011 es un Programa que apoya a hogares en situación de pobreza patrimonial o con ingresos mensuales de hasta 1.5 salarios mínimos per cápita, a través de subsidios a los servicios de cuidado y atención infantil otorgados a las madres que trabajan, buscan empleo o estudian y a los padres solos con hijos o niños bajo su cuidado entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 4 años) y entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 6 años) en caso de niños o niñas con alguna discapacidad. Para esto, conforme el apartado 3.2. de las citadas reglas, el Programa aplica tres modalidades de apoyo: 1) apoyo a madres trabajadoras y padres solos; 2) impulso a los servicios de cuidado y atención infantil y 3) incorporación a la Red de Estancias Infantiles. En el primer apoyo se especifica de manera clara que se apoyará a las madres trabajadoras con un subsidio económico. En los apoyos 2 y 3 se hace énfasis en que el apoyo consiste en el cuidado de los hijos cuando las madres se encuentren trabajando, sin embargo no detalla con precisión al sector de madres trabajadoras agrícolas. Solamente se deja la opción de que alguna persona o grupo de personas o alguna organización de la sociedad civil deseen y puedan ofrecer servicios de cuidado y atención infantil para la población objetivo del Programa conforme se establece en las reglas de operación actuales y principalmente en las localidades con mayor índice de marginación, de acuerdo con lo establecido por el Consejo Nacional de Población.

XIII. El programa Atención a Jornaleros Agrícolas, según las reglas de operación 2011, busca contribuir a la ampliación de capacidades de los jornaleros agrícolas y sus familias, otorgando apoyos en alimentación, salud, infraestructura, educación e información, así como promoviendo su acceso a los servicios básicos. El Programa tendrá cobertura nacional en lugares con presencia de población jornalera, denominados Regiones de Atención Jornalera. La población objetivo del programa según lo establecido en el apartado 3.2. es aquella que está integrada por mujeres y hombres de 16 años o más que laboran como jornaleros agrícolas, así como los integrantes de su hogar. En los apartados 3.3., 3.4. y 3.5. se especifican los criterios de selección y los tipos de apoyo para dicha población objetivo. Sin embargo en ninguno de ellos existe el apoyo a las madres trabajadoras agrícolas a través de estancias infantiles o guarderías para el cuidado de sus hijos. En el caso de los niños y niñas hijos de madres trabajadoras en el sector agrícola los apoyos consisten en un ingreso económico mensual, en estímulos para asistencia y permanencia escolar, por lo que la propuesta de la diputada se hace prioritaria y necesaria para ser tomada en cuenta.

XIV. Por otro lado, en el artículo 7 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social se establece que “para crear un nuevo programa de desarrollo social, la dependencia o entidad responsable del mismo, elaborará un diagnóstico acerca de su conveniencia, viabilidad y eficiencia, siguiendo los lineamientos que determine la Secretaría”. En el artículo 8° se precisa que los programas de desarrollo social previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y aquéllos nuevos de la misma naturaleza, contendrán las acciones para hacer efectivos los derechos para el desarrollo social. Por ello, la propuesta de la diputada de la implementación de un nuevo programa resulta viable en atención a las necesidades que las madres trabajadoras agrícolas padecen.

XV. En el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social se señala que son prioritarios y de interés público los programas y acciones públicas para asegurar la alimentación y nutrición materno-infantil. Por ello, la propuesta de la diputada de implementar un programa que apoye a las madres trabajadoras agrícolas a través del cuidado de sus hijos resulta pertinente y se encuentra contemplado como prioritario en dicho ordenamiento normativo.

XVI. Asimismo, en el artículo 16 de la citada Ley se establece que “los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal harán del conocimiento público cada año sus programas operativos de desarrollo social, a través de los medios más accesibles a la población, en un plazo máximo de 90 días a partir de la aprobación de sus presupuestos de egresos anuales respectivos. En el artículo 26 de este mismo ordenamiento se señala que “el gobierno federal deberá elaborar y publicar en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación de los programas de desarrollo social incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como la metodología, normatividad, calendarización y las asignaciones correspondientes a las entidades federativas.

XVII. De igual forma, en el artículo 30 del decreto del PEF de 2011 se menciona que los programas que deberán sujetarse a reglas de operación son aquéllos señalados en el anexo 18 de dicho decreto. El Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá incluir otros programas, que por razones de su impacto social, deban sujetarse a reglas de operación.

XVIII. Por otro lado, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria considera en su artículo 77 que “se señalarán en el Presupuesto de Egresos los programas a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los programas. Las dependencias serán responsables de emitir las reglas de operación de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas, publicarán en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de programas nuevos, así como las modificaciones a las reglas de programas vigentes, a más tardar el 31 de diciembre anterior al ejercicio”.

XIX. La propuesta de la diputada de exhortar a la Sedesol para que implemente un programa de estancias infantiles en los campos agrícolas resulta viable, debido a la insuficiencia que padecen las madres trabajadoras agrícolas de poder contar con algún centro o estancia infantil que cuide de sus hijos cuando éstas se encuentran trabajando, y más aun cuando los lugares de trabajo están localizados en zonas rurales de extrema pobreza y marginación.

XX. Bajo este contexto, el pleno de la Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, determinó en sesión ordinaria de fecha 27 de abril de 2011 del año en curso, dictaminar la procedencia del punto de acuerdo de la diputada proponente.

Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las consideraciones realizadas, la Comisión de Desarrollo Social somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a implementar un programa de estancias infantiles en los campos agrícolas, dirigido a la atención de las y los hijos de las trabajadoras agrícolas.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 27 de abril de 2011.

La Comisión de Desarrollo Social

De la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol a especificar en las Reglas de Operación del programa federal Rescate de Espacios el criterio de inseguridad pública y conferir prioridad a éste

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

La Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el oficio número DGPL 61-II-8-969, de fecha 17 de marzo de 2011, turnó a la Comisión de Desarrollo Social, para estudio y dictamen, el expediente número 4299, que contiene una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol a especificar el criterio de inseguridad pública y conferirle prioridad en las Reglas de Operación del programa federal Rescate de Espacios Públicos, suscrita por la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 17 de marzo del mismo año.

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos fue instalada el 6 de octubre de 2009 y recibió como parte de los asuntos pendientes de dictaminar la proposición con punto de acuerdo referida.

Consideraciones

I. En sus consideraciones, la diputada proponente manifiesta que el problema de la inseguridad pública se ha incrementado a lo largo de los últimos años y, aun cuando se han invertido millones de pesos para ampliar el número de efectivos de la policía, su adiestramiento y equipamiento han sido medidas insuficientes, pues los problemas de seguridad se han atendido desde una perspectiva puramente policial, e incluso militar, sin reconocer que esta problemática debe ser abordada desde todos los frentes posibles.

II. De igual forma, la diputada menciona, con datos del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, que se estima que el costo de la inseguridad en México sobrepasa 15 por ciento del producto interno bruto (PIB), lo que equivaldría a más del doble de lo que se destina a educación en un año.

III. La diputada proponente señala que por el rápido y desordenado crecimiento de las ciudades se ha dejado de lado la creación de espacios públicos suficientes y apropiados para la creciente población. Destaca la importancia de generar políticas públicas integrales que combatan dicho problema desde diferentes ámbitos, reconociendo que uno de los vectores más importantes para la inhibición de conductas criminales es precisamente la creación y recuperación de espacios públicos, pues hay necesidad de contar con espacios que coadyuven a establecer lazos de convivencia y sano entretenimiento entre los ciudadanos.

IV. Además, la proponente argumenta que la creación y rehabilitación de espacios públicos de calidad, dotados con los elementos necesarios, propicia la base de un sano esparcimiento para el desarrollo de niños y de adolescentes, con lo cual pueden lograrse una verdadera prevención del delito y la consiguiente disminución de personas involucradas en actividades ilícitas, que muchas veces desemboca en su incursión en el crimen organizado desde muy temprana edad.

V. La diputada proponente menciona que el programa Rescate de Espacios Públicos busca precisamente ese objetivo: la protección, la conservación y el aprovechamiento de los espacios públicos que se encuentran con problemas de deterioro, abandono e inseguridad para contribuir a la disminución de la pobreza urbana y la prevención de conductas antisociales. El programa mencionado establece entre sus criterios de cobertura los espacios públicos que, como se dijo, presentan problemas de deterioro, abandono o inseguridad. Sin embargo, y en general, la aplicación del término inseguridad en la redacción es ambigua, pues no se establece con claridad y se interpreta como la inseguridad de las características físicas del lugar y no como los índices delictivos de la zona.

VI. Por lo anterior, la diputada propone que se identifique el criterio de inseguridad pública, considerado como la propia inseguridad que se vive en muchas áreas de las comunidades urbanas y, a su vez, que se dé prioridad a los espacios públicos en los municipios donde los índices de violencia, delincuencia y criminalidad son más altos.

VII. Es atendible la propuesta de la diputada, y en ese tenor se hacen las siguientes consideraciones de la comisión. En primer término, el tema de la inseguridad pública es uno de los mayores problemas que la sociedad en México debe enfrentar, como bien manifiesta la diputada en su argumentación. El significativo aumento de los índices de criminalidad en todo el país ha provocado una creciente polémica sobre el verdadero nivel del problema de inseguridad pública en el país.

El Estado debe garantizar una seguridad pública que genere condiciones que permitan al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados están exentos de todo peligro, daño o riesgo.

VIII. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria indica en el artículo 77 que se señalarán en el Presupuesto de Egresos los programas a través de los cuales se otorguen subsidios y los que deberán sujetarse a reglas de operación. Asimismo, menciona que en el Presupuesto de Egresos se señalarán los criterios generales a que se sujetarán las reglas de operación. De igual forma, se prevé en este artículo que las dependencias y las entidades, a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector, emitirán las reglas de operación de los programas que inicien operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, modificaciones de las vigentes.

IX. La fracción II del citado artículo de la LFPRH especifica que una vez que las dependencias obtengan la autorización presupuestaria de la secretaría, deberán hacer llegar en un plazo máximo de tres días naturales, a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, los proyectos de reglas de operación para que ésta emita el dictamen regulatorio.

X. Los principales criterios que se señalan en el artículo 77 de la LFPRH para elaborar las reglas de operación de los programas sociales son, entre otros, éstos: a) el cuerpo de las reglas de operación deberá contener los lineamientos, las metodologías, los procedimientos, los manuales, los formatos, etcétera; b) deberán establecer los criterios de selección de los beneficiarios, las instituciones o las localidades objetivo; y c) debe describirse completamente el mecanismo de selección o asignación, con reglas claras y consistentes con los objetivos de política del programa.

XI. De igual forma, al final del citado artículo de la LFPRH se señala con precisión que “las reglas de operación deberán ser simples y precisas, con objeto de facilitar la eficiencia y la eficacia en la aplicación de los recursos y en la operación de los programas”. Por lo anterior, el concepto de inseguridad pública que propone la diputada resultaría adecuado para que las reglas de operación puedan ser más claras y precisas.

XII. Por otro lado, en el artículo 30 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se señala que las reglas de operación de los programas deberán sujetarse a diversos criterios, entre otros, los siguientes: a) deberán ser simples y de fácil acceso para los beneficiarios. Con base en lo anterior, el término inseguridad contenido en los principales postulados de las Reglas de Operación del programa Rescate de Espacios Públicos no se enmarca en la simplicidad que debe permear a dichas reglas; más bien, confunde y deja poco claro a qué se refiere.

XIII. En la introducción de las Reglas de Operación para el ejercicio fiscal de 2011 del programa Rescate de Espacios Públicos se señala que éste “es un programa que promueve la realización de acciones sociales y la ejecución de obras físicas para recuperar sitios de encuentro comunitario, de interacción social cotidiana y de recreación, localizados en zonas urbanas, que presenten características de inseguridad y marginación”. Por ello, la diputada propone que se defina con precisión y se confiera prioridad al término inseguridad, que puede referirse a cualquier otro ámbito y no al de inseguridad pública alrededor de los espacios públicos que se pretenden rescatar.

XIV. El objetivo específico del programa Rescate de Espacios Públicos, según el apartado 2.2. de las reglas de operación de 2011, es “rescatar espacios públicos con deterioro, abandono o inseguridad, en localidades urbanas integradas físicamente a la zona metropolitana y ciudades, para el uso y disfrute de la comunidad; y, con ello, propiciar la sana convivencia y la cohesión social”. Queda clara en este apartado la imprecisión del término inseguridad, ya que puede referirse a diversos ámbitos de inseguridad, sin definir con precisión a cuál se refiere en este caso. Asimismo, en el anexo I de las reglas del programa que hace referencia al glosario de términos que se utilizan en dichas reglas no aparece el término inseguridad dentro de éstos, por lo que todavía resalta más la falta de claridad de los conceptos utilizados en las reglas de operación.

XV. En conclusión, y con base en lo expuesto, la propuesta de la diputada de especificar y conferir prioridad al término inseguridad pública como elemento primordial para la aplicación del programa Rescate de Espacios Públicos es adecuada, pues fortalece la claridad de las reglas de operación y confiere prioridad al problema de inseguridad pública que priva en el país como factor esencial para el rescate de espacios en lugares sumamente delictivos o con mayor grado de violencia.

En este contexto, el pleno de la Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados determinó, en sesión ordinaria de fecha 27 de abril del año en curso, dictaminar la procedencia del punto de acuerdo de la diputada proponente.

Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las consideraciones realizadas, la Comisión de Desarrollo Social somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a ampliar las acciones de apoyo de los proyectos de combate de la inseguridad, en el marco de las Reglas de Operación del programa federal Rescate de Espacios Públicos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2011.

La Comisión de Desarrollo Social

Diputados: José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas, Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares, Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Jesús Giles Sánchez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera, Adriana Terrazas Porras, José Óscar Aguilar González (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Carlos Flores Rico (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Laura Margarita Suárez González (rúbrica).

De la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se solicita la intervención del gobierno federal en el conflicto suscitado en el sector de las telecomunicaciones

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; la Comisión de Comunicaciones somete a consideración del pleno de esta asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. En sesión ordinaria celebrada en fecha 15 de marzo de 2011 se dio cuenta a la asamblea de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la proposición con punto de acuerdo para solicitar la intervención del gobierno federal en el conflicto suscitado en el sector de las telecomunicaciones, suscrita por el diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

II. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades y mediante el oficio número DGPL 61-II-2-1084, instruyó el turno de la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Comunicaciones, para estudio y dictamen.

III. Con base en lo anterior, la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados procedió al análisis y la elaboración del presente dictamen.

Contenido de la proposición

El diputado proponente argumenta que las telecomunicaciones se han convertido en una necesidad básica: desde las comunidades más alejadas hasta los grandes centros financieros usan estos servicios.

De la misma forma, constituyen un medio estratégico para el desarrollo social y la modernización económica. Son un sector cuyo crecimiento y avance tecnológico son más dinámicos que los del conjunto de la economía y son los más ambicionados por sus perspectivas de desarrollo y potencialidad económica.

Sin embargo, para que el sector responda a las necesidades de desarrollo de la nación es fundamental que se garanticen la cobertura de estos servicios, la convergencia de los avances tecnológicos y una competencia sana en el mercado.

Señala el diputado Hernández Juárez que no hay una política de Estado para el sector, y que el manejo de las telecomunicaciones ha dado lugar a mayor rezago en cobertura y en avance tecnológico, medidas contradictorias, un marco legal disperso e incoherente y, en consecuencia, en campo de disputa de las grandes empresas, las telecomunicaciones no se conciben como elemento clave para el desarrollo. Esta situación ha creado un ambiente de confrontación en que las diferencias se resuelven, la mayoría de ellas, por la vía judicial.

Expresa que las decisiones, tardías y contradictorias, que ha tomado la autoridad sólo han servido para proteger intereses determinados y escogidos de conglomerados o empresas cuya responsabilidad social por el manejo del sector es nula. El único interés que tienen –continúa el legislador– es explotar a los grupos de mayores ingresos, los que tienen mayores consumos, abandonando los sectores mayoritarios, cuyo consumo es menor y cuyas necesidades para su integración al desarrollo nacional, las telecomunicaciones y la convergencia son mayores.

Más aún, sin una regulación precisa, sin autoridades que se rijan por criterios justos y equitativos con propósitos estratégicos y de largo plazo, el manejo del sector ha quedado en manos de operadores cuyo interés es exclusivamente el lucro, sin responsabilidad y corresponsabilidad social y política con el país. Los consumidores quedan a merced de las condiciones que estas empresas establezcan.

Ello ha derivado en que la inversión en el mercado no sea de la magnitud de las necesidades ni suficiente para atemperar el rezago del país en materia de telecomunicaciones y convergencia, con la consiguiente pérdida de oportunidades de desarrollo y crecimiento para amplios sectores productivos y de los servicios, y lejos de amplios sectores de la población que se encuentran sin acceso a estas posibilidades. Competitivamente, a escala internacional, nos encontramos rezagados, y la integración a la globalización se da de manera subordinada y atrasada.

Asimismo, expresa que el escenario a que debemos aspirar en el corto plazo es uno en que predominen la sana competencia, mayor calidad y la plena convergencia de los servicios. El gobierno manifiesta que las decisiones que ha tomado van en ese sentido, pero en realidad propician la dispersión de esfuerzos, la escasez de opciones y la baja calidad. La decisión del gobierno federal y de los organismos reguladores del sector es por la opción de fortalecer un grupo de empresas con el supuesto compromiso de impulsar el desarrollo de las telecomunicaciones, pero lo que se está haciendo es concederles canonjías a cambio de apoyo político frente a los procesos electorales venideros.

Considera el diputado proponente reprobable que la decisión del Ejecutivo de afianzar a un grupo de empresas sea eminentemente política; apuestan a que el manejo de los medios sea un factor decisivo para las elecciones estatales y las federales. Las concesiones, los contratos y las licitaciones dispensadas, tanto al duopolio televisivo de Azcárraga Jean y Salinas Pliego, como a las empresas dirigidas por Gil Díaz y su socio Roberto Hernández no garantizan mejores condiciones de competencia ni mejor calidad del servicio; han desfondado la hacienda pública y exhibido su incapacidad económica para desarrollar el sector.

De la misma forma, constreñir la expansión de una empresa como Telmex tampoco es justificable. Debe normarse para que aporte el mayor esfuerzo para el desarrollo de las telecomunicaciones y la convergencia y obligarla a tener mayor responsabilidad social. Se deben ofrecer condiciones de competencia abiertas y dotar de certidumbre jurídica a los futuros inversionistas para compartir el mercado.

En este orden de ideas, el ambiente creado por los gobiernos de Fox y de Calderón en el sector de las telecomunicaciones ha sido propiciado por la indefinición, parcialidad y complicidad con que han actuado, llevando a Telmex a una reestructuración corporativa para atender 46 por ciento de los clientes que tienen que subsidiarse por sus bajos ingresos y que sería incapaz de pagar los costos de la interconexión. Éste es un segmento del mercado que no interesa a las demás empresas por su baja rentabilidad. Tal medida tendrá un efecto en los 60 mil trabajadores que componen la plantilla laboral de Teléfonos de México.

Al hacer referencia a las telecomunicaciones, el legislador manifiesta que es un sector estratégico propiedad de la nación, que opera mediante concesiones que otorga el Estado. Es inadmisible que los titulares de la SCT, de la Cofeco y de la Cofetel sean testigos mudos de esta disputa por la riqueza nacional y que como autoridades no intervengan en aras del interés nacional que el Estado debe defender.

Argumenta que no es posible que la SCT se limite a decir que no recibe presiones y que por eso abdica de sus obligaciones como regulador; que esgrima una supuesta “falta de condiciones” para alcanzar acuerdos y que deje que las empresas diriman las diferencias como mejor les parezca.

Concluye exhortando a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Cofetel y de la Cofeco a intervenir en el marco de sus atribuciones para dar solución inmediata conforme a derecho en el presente conflicto.

Consideraciones

1. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición referida, con objeto de valorar sus argumentos, deliberar e integrar el presente dictamen.

2. De la misma forma, los integrantes de la comisión dictaminadora consideramos el sector telecomunicaciones factor fundamental y estratégico para desarrollo de económico y social del país.

Cabe señalar que en 2009 el sector obtuvo ingresos superiores a 359 mil millones de pesos. La densidad de usuarios de telefonía móvil en 2010 fue de 80.2 por cada 100 habitantes y los usuarios de Internet en el mismo año superaron 30 millones.

3. Que el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.

...

No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.

...

Que la Ley Federal de Telecomunicaciones, en el artículo 7, dispone como objetivo principal el desarrollo eficiente del sector telecomunicaciones en el país, así como fomentar una sana competencia en el mercado de prestadores de servicios de telecomunicaciones:

Artículo 7. La presente ley tiene como objetivos promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones; ejercer la rectoría del Estado en la materia para garantizar la soberanía nacional; fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones a fin de que éstos se presten con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio de los usuarios, y promover una adecuada cobertura social.

...

4. En ese orden de ideas, es necesario que el sector de telecomunicaciones se desarrolle con pleno arreglo a los ordenamientos vigentes porque es un detonador de bienestar económico y social para el país.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita al secretario de Comunicaciones y Transportes, maestro Dionisio Pérez-Jácome Friscione; al presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, maestro Mony de Swaan Aldati; y al presidente de la Comisión Federal de Competencia, doctor Eduardo Pérez Motta, que en el marco de sus atribuciones intervengan de inmediato en el conflicto suscitado entre las empresas del sector de telecomunicaciones a que hace referencia el presente acuerdo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2011.

La Comisión de Comunicaciones

Diputados: José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), presidente; Éric Luis Rubio Barthell (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Arturo García Portillo (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Fernando Ferreyra Olivares (rúbrica), José M. Torres Robledo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales (rúbrica), Adriana Fuentes Cortés (rúbrica), secretarios; Hugo Héctor Martínez González, Rogelio Cerda Pérez, Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica), Sofía Castro Ríos (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Janet Graciela González Tostado, Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Ana Estela Durán Rico (rúbrica), Maurilio Ochoa Millán, Genaro Mejía de la Merced, Javier Corral Jurado, Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Sergio Arturo Torres Santos (rúbrica), Aranzazu Quintanilla Padilla (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Adriana Sarur Torre, Martín García Avilés.

De las Comisiones Unidas de Justicia, y de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Guerrero a expedir una ley que permita implantar un sistema de justicia para adolescentes

Honorable Asamblea:

Las Comisiones de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El 15 de febrero de 2011, la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Guerrero a expedir una ley que permita implantar un sistema de justicia para adolescentes.

2. En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó con el número de oficio D.G.P.L. 61-II-7-876 la presente proposición con punto de acuerdo a las Comisiones de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen.

Contenido de la proposición

El contenido de la propuesta versa sobre los siguientes antecedentes:

“Debido a los delitos cometidos por individuos que cuentan con una edad de entre 12 y 17 años, en nuestro país existió la necesidad de llevar a cabo acciones encaminadas a sancionar este tipo de infractores, ya que no se podía juzgar de la misma manera como a un adulto, debido a que las garantías individuales se podían ver quebrantadas.”

“Actualmente muchos jóvenes, cada vez de menor edad, se ven obligados a dejar a un lado sus estudios con el objetivo de conseguir nuevas fuentes de ingreso para el sustento de sus hogares, por lo que en algunos de los casos recurren erróneamente a cometer delitos que los obligan a cumplir sentencias que llegan a consistir en la privación de la libertad.”

“La mayoría de las entidades de la República Mexicana actualmente cuentan con una Ley de Justicia para Adolescentes, abriendo así una nueva opción para los órganos encargados de impartir justicia en los estados, a fin de que los jóvenes que cometen delitos y que son menores de edad tengan sanciones acorde con su edad.”

“En la actualidad, Guerrero no cuenta con una ley de justicia para menores infractores, por lo que es trascendental que a la brevedad se establezcan dichos marcos a fin de que las autoridades judiciales puedan tomar en cuenta las bases legales mínimas para establecer las sanciones a los menores.”

“Con la creación de estas normas, nuestro país contaría en su totalidad con una ley en cada uno de los estados que lo integran, permitiendo así que exista una armonización en todas las leyes además de que se tengan las bases mínimas para que las autoridades encargadas de impartir justicia, tengan herramientas que permitan fomentar la justicia para menores de edad.”

Consideraciones

Las comisiones dictaminadoras realizaron el estudio y análisis del planteamiento contenido en la Proposición con Punto de Acuerdo objeto de este Dictamen, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el mismo.

1. Estas comisiones estiman procedente la proposición, toda vez que se trata de un asunto social de interés general para el país, dado que se deriva de un mandato constitucional que tuvo un término hasta el 12 de marzo de 2006. Como se manifiesta en la propuesta las entidades federativas y el Distrito Federal debieron expedir leyes nuevas adecuando el nuevo sistema de justicia para adolescentes en el año de 2006. Por tanto, ha transcurrido en exceso el plazo para que el estado de Guerrero expida la respectiva ley.

2. Derivado de la reforma constitucional del 12 de diciembre de 2005, la federación, las entidades federativas y Distrito Federal se obligaron a establecer un sistema integral de justicia dirigido a los adolescentes. Sobre esto, la Constitución, en su artículo 18 señala lo siguiente:

Artículo 18. ...

...

la federación, los estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.

La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente.

Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades.

El internamiento se utilizará solo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves.

...

3. Los artículos primero y segundo transitorios que recayeron en la reforma de 12 de diciembre 2005, establecieron los plazos como se expone:

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los tres meses siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los estados de la federación y el Distrito Federal contarán con seis meses a partir de la entrada en vigor del decreto, para crear las leyes, instituciones y órganos que se requieran para la aplicación del presente decreto.

4. El artículo 40 señala que los estados son libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; no obstante estas Comisiones se pronuncia respetuosamente de este mandato constitucional haciéndole un recordatorio al Congreso de Guerrero para que a la brevedad expida una ley en materia del sistema de justicia para adolescentes, toda vez que se encuentra fuera del plazo establecido por la Constitución.

5. Derivado de que el planteamiento de la propuesta es clara, estas comisiones consideran que la propuesta es viable. Siendo Guerrero el único Estado en no haber implantado este sistema, esta violentando la justicia para adolescentes, toda vez que las leyes que ahora existen violentan los derechos de los adolescentes.

En virtud de las consideraciones expuestas, los integrantes de estas comisiones unidas resuelven el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente, al Congreso del estado de Guerrero, para que expida una ley que permita implantar un sistema de justicia para adolescentes

Así lo acuerdan los integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2011.

La Comisión de Justicia

Diputados: Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; Sergio Lobato García (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua, Camilo Ramírez Puente, Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), Eduardo Ledesma Romo (rúbrica), secretarios; Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Juanita Arcelia Cruz Cruz (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Gregorio Hurtado Leija, Israel Madrigal Ceja (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Jesús Alfonso Navarrete Prida, Carlos Alberto Pérez Cuevas, Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero, Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), Josué Cirino Valdés Huezo (rúbrica), Alma Carolina Viggiano Austria, Pedro Vázquez González, J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

Diputados: Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), presidenta; Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Daniela Nadal Riquelme (rúbrica), Carlos Bello Otero (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López, María Jeann Novoa Mossberger (rúbrica), Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica), secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez, Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Hilda Ceballos Llerenas (rúbrica), Olga Luz Espinoza Morales, Laura Felícitas García Dávila (rúbrica), Inocencio Ibarra Piña (rúbrica), Blanca Estela Jiménez Hernández (rúbrica), Margarita Liborio Arrazola (rúbrica), Ilich Augusto Lozano Herrera, Rosalina Mazari Espín, Nelly Edith Miranda Herrera (rúbrica), Ana Elia Paredes Árciga (rúbrica), María Isabel Pérez Santos, Diana Patricia González Soto, Caritina Sáenz Vargas (rúbrica), Laura Margarita Suárez González, María Sandra Ugalde Basaldúa, Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica).

De la Comisión de Cultura, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al gobierno de Jalisco, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a las autoridades competentes a tomar medidas para promover como patrimonio cultural y natural de la humanidad el centro de Puerto Vallarta

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 39, 44 y 45, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 66, 67, 68, 79, 80, 82, 83, 84 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Cultura somete a consideración de esta honorable asamblea el dictamen relativo al punto de acuerdo del cual se emite el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

A la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente Proposición con punto de acuerdo:

Único. Se exhorta al Ejecutivo Federal, al gobierno del estado de Jalisco, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a las autoridades competentes a tomar las medidas necesarias para impulsar y promover como patrimonio cultural y natural de la humanidad al centro de la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco.

1. Con fecha 17 de marzo de 2010, el diputado Rafael Yerena Zambrano del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institucional, presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, al gobierno del estado de Jalisco, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a las autoridades competentes a tomar las medidas necesarias para impulsar y promover como patrimonio cultural y natural de la humanidad al centro de la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco.

II. Consideraciones

I. México es el cuarto país en número de ciudades declaradas por la UNESCO patrimonio mundial, sólo detrás de España, Italia y Alemania, además de la cuarta parte de las ciudades consideradas patrimonio de la humanidad en el Continente Americano se encuentran en nuestro país.

II. Para lograr la declaratoria de “patrimonio de la humanidad” se definen los criterios y las clases de sitios que pueden ser inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, y corresponde a las entidades federativas y municipales conformar el expediente con las características de los sitios que merezcan dicha protección y conservación.

III. La ciudad de Puerto Vallarta se fundó en la época independiente en el año de 1851, se ubica geográficamente sobre la costa del Pacífico medio mexicano y pertenece al grupo de las cien bahías más hermosas del mundo asentada en la misma latitud de las Islas Hawái. Durante la mayor parte del año goza de un clima semitropical, además ofrece 42 kilómetros de costa y goza de gran topografía que consta de vegetación, fauna, recursos naturales, ríos montañas y bellezas naturales de la más amplia diversidad.

IV. Entre las influencias culturales que forjaron una identidad local se encuentran elementos arquitectónicos para la conservación de su imagen original, como un pueblo típico mexicano y lugar extraordinario en medio de las montañas con calles empedradas, casas con paredes blancas, balcones de herrería adornadas de buganvilias de colores y techos cubiertos de teja roja, un lugar que representa nuestras tradiciones vivas, dignas de conservar y por eso con carácter imperioso de protección y reconocimiento de este rincón mágico en nuestro país.

V. Uno de los monumentos históricos más importantes para los vallartenses es el malecón, consiste en un andador de aproximadamente un kilómetro de longitud que va a lo largo de la playa, y que es el paseo preferido de los habitantes y turistas del puerto desde 1936.

VI. Entre las costumbres más relevantes encontramos la peregrinación en el mes de diciembre, tradición muy arraigada y de carácter regionalista ya sea por legado indígena o español y donde se dan cita turistas nacionales y extranjeros, lo que da muestra de la importante tradición en la que miles de personas recorren cantando al centro de la Ciudad para llegar al templo de Nuestra Señora de Guadalupe, construido en 1918. En ese lugar podemos encontrar importantes y valiosas obras del artista jalisciense Ignacio Ramírez.

VII. El desarrollo de la industria turística ha ido a la par con el desarrollo de las artes y la cultura. Tan sólo en 2003 se creó la Comisión Municipal de la Industria Fílmica y en 2003 se efectuó el primer Festival Fílmico de Vallarta, lo que atrajo por igual a pioneros y ejecutivos de grandes corporaciones de la industria fílmica internacional y nacional.

VIII. Puerto Vallarta ha sido inspiración de grandes pintores, dentro de los que cuales se encuentran Manuel Lepe, convirtiéndose en uno de los más grandes promotores del puerto internacional. La obra de Lepe se encuentra en museos y galerías de todo el mundo y precursor del estilo “naif” popularmente llamado vallartense; siendo el único pintor registrado en el Directorio de Arte Naíf de Francia.

IX. Es de gran importancia reconocer, garantizar y preservar la riqueza cultural y natural en que se ubica a Puerto Vallarta, como uno de los destinos más relevantes a nivel nacional e incluso internacional, por lo que se vuelve impostergable el impulsar a este destino como patrimonio de la humanidad.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Cultura consideran que la propuesta es viable, por lo que se somete al pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, al gobierno del estado de Jalisco, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a las autoridades competentes a tomar las medidas necesarias para impulsar y promover como patrimonio cultural y natural de la humanidad al centro de la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco.

La Comisión de Cultura

Diputados: Kenia López Rabadán (rúbrica), Armando Jesús Báez Pinal (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores, Víctor Alejandro Balderas Vaquera (rúbrica), José Luis Íñiguez Gámez, Laura Margarita Suárez González (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (rúbrica), José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Héctor Hernández Silva, David Hernández Vallín, Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Inocencio Ibarra Piña, Óscar Lara Salazar (rúbrica), Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González, María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), Jaime Sánchez Vélez, Reyes Tamez Guerra, María Marcela Torres Peimbert (rúbrica), Ignacio Téllez González (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los sectores público, privado y social a fortalecer la permanencia, inserción, integración y promoción laboral de las personas con discapacidad

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables le fue turnada para su conocimiento y consideración la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los sectores público, privado y social a fortalecer la permanencia, inserción, integración y promoción laboral de las personas con discapacidad, a cargo del diputado federal Carlos Bello Otero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1, fracción III, y 45, numeral 6, inciso d), e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta honorable asamblea, el proyecto de dictamen que se formula conforme a los siguientes apartados:

I. Antecedentes

En sesión ordinaria de la honorable Cámara de Diputados de fecha 7 de octubre de 2010, el diputado federal Carlos Bello Otero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presento la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los sectores público, privado y social a fortalecer la permanencia, inserción, integración y promoción laboral de las personas con discapacidad

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables”, mediante oficio número D.G.P.L. 61-II-4-615.

II. Contenido de la proposición

De acuerdo a la proposición con punto de acuerdo referida, se especifica las siguientes consideraciones:

La problemática social que afecta a las personas con discapacidad es un problema que concierne a todos los sectores sociales. Es preocupante que para las personas con discapacidad las probabilidades de encontrar trabajo disminuyen en relación a su nivel o tipo de discapacidad.

Se especifican los siguientes indicadores:

Una de cada cinco de esas personas nace con una discapacidad, mientras que la mayoría la adquiere después de los 16 años y principalmente durante su vida laboral.

Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 10 por ciento de la población son personas con algún tipo de limitación física, sensorial o mental; y de acuerdo a estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 98 por ciento carecen de empleo.

Se señala que en diciembre de 1997 la honorable Cámara de Diputados aprobó el punto de acuerdo para que el uno por ciento del personal; fueran personas con discapacidad. Además que el 4 de febrero de 2008, se aprobó el punto de acuerdo en el que exhorta al gobierno federal y a los gobiernos de las entidades para que el 2 por ciento de sus plantillas de personal fueran personas con discapacidad.

Se especifica que “no obstante al importante avance descrito para la integración laboral de las personas con discapacidad, debemos reconocer que el número de desempleados con limitaciones físicas, mentales o sensoriales es aún considerablemente mayor.

Es importante reconocer, que dado a los recortes presupuestales realizados en el sector público, sean producido despidos de personal con alguna discapacidad; sin considerar que el desempleo o el despido de empleados con discapacidad es aún más grave, ya que entre este grupo vulnerable existe un amplio número de padres de familia, con todas las responsabilidades económicas que ello implica”.

Se establece la consideración que actualmente para cualquier persona es muy difícil conseguir un empleo y mantenerse en él; pero para las personas con discapacidad es doblemente más difícil, dado el rechazo, la marginación y discriminación que sufren.

El diputado proponente finaliza señalando “realicemos un llamado al sector privado y social de México para que se solidaricen con las personas con discapacidad que buscan una oportunidad de inserción en el ya difícil y competitivo mercado laboral...”

Finalmente el proponente, solicita lo siguiente:

En el resolutivo señalado “Primero”, se solicita se exhorte a las áreas y dependencia administrativas del honorable Congreso de la Unión, del Poder Judicial de la federación, de los Congresos estatales; y a todas las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, centralizada y paraestatal, a no despedir funcionario, empleado o servidor público con algún tipo de discapacidad física o sensorial, o de ambos tipos; y a reinstalar laboralmente, cuando así corresponda, a cualquier servidor público que durante el presente año fue despedido o dado de baja por su condición de discapacidad.

En el resolutivo señalado “Segundo”, se solicita se exhorte a la Secretaría Federal del Trabajo y Previsión Social a generar, impulsar y, en su caso, reforzar las políticas públicas dirigidas al fortalecimiento laboral de las personas con discapacidad.

En el resolutivo señalado “Tercero”, se solicita se exhorte a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, de Economía y se hace un llamado público al sector empresarial y a los organismos sociales, para impulsar el fortalecimiento, integración, difusión y promoción de la inserción laboral de las personas con discapacidad, mediante la vinculación de los oferentes y demandantes de empleo en un acuerdo nacional.

2. Consideraciones

En cumplimiento con lo solicitado en la proposición con punto de acuerdo anteriormente mencionada; los diputados federales integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables consideramos:

Que entre otras garantías individuales, el párrafo tercero del artículo 1o. y párrafo primero del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece respectivamente: Artículo 1o. “...queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; artículo 123, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil...”

II.

Que en el marco de lo establecido en la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad:

“La Secretaría de Trabajo y Previsión Social promoverá el derecho al trabajo y empleo de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y equidad, que les otorgue certeza en su desarrollo personal, social y laboral. Para tal efecto, realizará las siguientes acciones:

I. Prohibir cualquier tipo de discriminación por motivo de discapacidad en la selección, contratación, remuneración, tipo de empleo, reinserción, continuidad, capacitación, liquidación laboral, promoción profesional y asegurar condiciones de trabajo accesibles, seguras y saludables,

II. Diseñar, ejecutar, evaluar y promover políticas públicas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad atendiendo a su clasificación, en el sector público o privado, que protejan la capacitación, empleo, contratación y derechos sindicales, en su caso, de las personas con discapacidad,

III. Elaborar e instrumentar el programa nacional de trabajo y empleo para las personas con discapacidad, que comprenda la capacitación, creación de agencias de integración laboral, acceso a bolsas de trabajo públicas o privadas, centros de trabajo protegido, talleres, asistencia técnica, formación vocacional o profesional, becas en cualquiera de sus modalidades, inserción laboral de las personas con discapacidad en la administración pública de los tres órdenes de gobierno, a través de convenios con los sectores público, social y privado,

IV. Proporcionar asistencia técnica y legal a los sectores productivos, social y privado, en materia laboral de discapacidad, que así lo soliciten,

V. Revisar las Normas Oficiales Mexicanas a efecto de permitir el pleno acceso y goce de los derechos en materia laboral establecidos por la presente Ley y demás disposiciones aplicables,

VI. Fomentar la capacitación y sensibilización al personal que trabaje con personas con discapacidad en el sector público o privado,

VII. Promover medidas a efecto de que las obligaciones laborables no interrumpan el proceso de rehabilitación de las personas con discapacidad,”

III.

Que es obligación del Estado mexicano hacer cumplir los tratados internacionales, ratificados, tales como:

1. Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas –Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)–, ratificado por México el 5 de abril de 2001, en vigor el 22 de abril del 2002, y que establece en su artículo primero, párrafo segundo:

Artículo l. ...

A los efectos del presente convenio, todo miembro deberá considerar que la finalidad de la readaptación profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el mismo, y que se promueva así la integración o la reintegración de esta persona en la sociedad.

...

2. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, instrumento jurídico internacional en vigor el 3 de mayo de 2008.

Artículo 27. Trabajo y empleo

1. Los Estados parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados parte salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas:

...

e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo;

...

IV.

Que el gobierno federal ha realizado esfuerzos a través de programas y dependencias para la capacitación e inclusión laboral de las personas con discapacidad mediante el Programa Nacional de Trabajo y Capacitación para Personas con Discapacidad.

Finalmente, los diputados federales integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables frente al compromiso de fortalecer las condiciones de empleo de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y equidad, que les otorgue certeza en su desarrollo personal, social y laboral; nos proclamamos por promover mejores condiciones laborales para las personas con discapacidad en sus diferentes tipos.

Ante los puntos previamente mencionados los diputados federales integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LXI Legislatura, desahogan el presente punto de acuerdo a favor.

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se somete a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a las áreas y dependencia administrativas del honorable Congreso de la Unión, del Poder Judicial de la federación, de los Congresos estatales; y a todas las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, centralizada y paraestatal, a no despedir funcionario, empleado o servidor público por motivo de discapacidad; y a reinstalar laboralmente, cuando así corresponda, a cualquier servidor público o empleado que durante el último trimestre del año 2010 y durante el presente año fue despedido o dado de baja por su condición de discapacidad.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del gobierno federal a generar, impulsar y en su caso, reforzar las políticas públicas dirigidas al fortalecimiento e inclusión laboral de las personas con discapacidad.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, y de Economía del gobierno federal; asimismo, se hace un llamado público al sector empresarial y a los organismos sociales, para impulsar el fortalecimiento, integración, difusión y promoción de la inserción laboral de las personas con discapacidad, mediante la vinculación de los oferentes y demandantes de empleo en un acuerdo nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los ocho días del mes de julio de dos mil once.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

Diputados: Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), presidenta; Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Daniela Nadal Riquelme (rúbrica), María Joann Novoa Mossberger (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Carlos Bello Otero (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz, Pedro Ávila Nevárez, Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Hilda Ceballos Lleneras (rúbrica), Olga Luz Espinosa Morales, Laura Felícitas García Dávila (rúbrica), Luis García Silva (rúbrica), Diana Patricia González Soto (rúbrica), Inocencio Ibarra Piña, Blanca Estela Jiménez Hernández (rúbrica), Margarita Liborio Arrazola, Ilich Augusto Lozano Herrera, Rosalina Mazari Espín, Nely Edith Miranda Herrera (rúbrica), Ana Elia Paredes Árciga (rúbrica), María Isabel Pérez Santos, Caritina Sáenz Vargas, Laura Margarita Suárez González, María Sandra Ugalde Basaldúa, Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica).

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del gobierno local a reanudar las mesas de trabajo con vecinos de La Magdalena Contreras

Honorable Asamblea:

La Comisión del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80, 82, 84 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen

Antecedentes

A la Comisión del Distrito Federal fue turnado para su estudio y dictamen el oficio número D.G.P.L. 61-II-6-0603, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del Distrito Federal a reanudar las mesas de trabajo con vecinos de los asentamientos humanos ubicados en la delegación La Magdalena Contreras para la atención de diversos servicios urbanos de primera necesidad; presentada por la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

1. Con fecha 7 de octubre de 2010, la diputada Leticia Quezada Contreras presentó ante la tribuna de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por la que exhorta a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y al órgano político administrativo en La Magdalena Contreras para que reanuden las mesas de trabajo con los habitantes de los asentamientos humanos ubicados en esta demarcación y se dé continuidad a los acuerdos relativos a la solución de las necesidades y requerimientos de introducción de servicios públicos e infraestructura urbana.

2. En la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo de referencia fue turnada a la Comisión del Distrito Federal para que, en uso de sus facultades y atribuciones, emita el dictamen previsto en el artículo 80 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

3. Dentro de los motivos que originan la proposición mencionada, la diputada refiere que en la delegación La Magdalena Contreras existen diversos asentamientos en proceso de regularización donde habitan miles de familias con un alto grado de marginalidad y que carecen de la infraestructura urbana básica para resolver sus necesidades cotidianas.

Señala que el 30 de mayo del 2008 cientos de familias de las zonas, asentamientos humanos y colonias denominados: El Mirador, Tierra Colorada, Chichicaspa, Totolapan, Ixtlahualtongo, Tecutlapan, Surco de Encinos, El Rincón, Ladera de Chisto, Cazulco-Ocotenco, La Carbonera, La Mesita, El ermitaño, El Ocotal, Atacaxco, Lomas de San Bernabé, Pipico, Gavillero, Subestación y de la ex Hacienda Eslava, solicitaron la intervención del jefe del Gobierno para que se les brindara atención en diversos rubros.

En atención a su petición, en junio y julio de 2008 se llevaron a cabo mesas de trabajo con representantes de las Secretarías de Gobierno, de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y de la Dirección General de Asuntos Agrarios, a fin de abordar los siguientes asuntos: a) la solución de las necesidades y los requerimientos de introducción de servicios públicos e infraestructura urbana, así como la conclusión de las obras que ya se habían iniciado; b) la atención y revisión de las condiciones de marginalidad, riesgo y alta vulnerabilidad en que viven los habitantes de asentamientos humanos consolidados y de los sujetos al programa de regularización; y c) la revisión del programa delegacional vigente para mejorar las condiciones de vida de dichos asentamientos.

4. La proponente sostiene que los servicios urbanos constituyen un derecho fundamental de los habitantes de la Ciudad de México, sobre todo de quienes se encuentran en zonas ubicadas en suelo urbano y de quienes están sujetos a programas de regularización. Además, afirma que para las autoridades del gobierno del Distrito Federal debe ser una prioridad la atención de las situaciones de riesgo en que viven los habitantes de la ciudad.

Por ello, la diputada proponente considera necesario:

a) Exhortar a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, a la Seduvi y a la delegación La Magdalena Contreras a que reanuden las mesas de trabajo con los habitantes de los asentamientos humanos referidos en el cuerpo del dictamen, dando continuidad a los acuerdos tomados en éstas;

b) Exhortar a la Seduvi para que se inicien los trabajos de revisión del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en La Magdalena Contreras a fin de mejorar las condiciones de vida de quienes habitan en dichos asentamientos humanos;

c) Exhortar a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, a la Seduvi y a la delegación La Magdalena Contreras a dar continuidad a las mesas de trabajo y a los acuerdos relativos a la solución de las necesidades y requerimientos de introducción de servicios públicos e infraestructura urbana; y

d) Exhortar a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, a la Seduvi y a la delegación La Magdalena Contreras a dar continuidad a las mesas de trabajo y a los acuerdos relativos a la atención y revisión de las condiciones de marginalidad, riesgo y alta vulnerabilidad en que viven los habitantes de asentamientos humanos consolidados y de los sujetos al programa de regularización.

Consideraciones

I. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

II. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina se refiere principalmente a la reanudación de las mesas de trabajo realizadas con habitantes de la delegación La Magdalena Contreras en el año 2008 a fin de solucionar las necesidades y los requerimientos de introducción de servicios públicos e infraestructura urbana en asentamientos humanos que se encuentran bajo programas de regularización.

III. De acuerdo con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación La Magdalena Contreras (publicado el 28 de enero de 2005), en la demarcación existen actualmente asentamientos humanos en suelo de conservación, dentro de los cuales se identifica al poblado rural de San Nicolás Totolapan y otros 29 asentamientos en proceso de regularización sobre una superficie mayor a las 300 hectáreas, mismos que ejercen una fuerte presión de ocupación a lo largo de 11 kilómetros de la línea de conservación ecológica de la delegación.

Dichos asentamientos, que representan el 19% de la superficie ocupada en la Delegación y concentran a 32,483 habitantes en 7,297 viviendas, se enumeran en la tabla siguiente:

IV. Por su parte, el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal menciona que al margen de los poblados rurales en el suelo de conservación, en el año 2000 se registraron 708 asentamientos humanos de los cuales 528 eran irregulares (75%), lo que no sólo significa un riesgo para la sustentabilidad de la ciudad sino también para la seguridad de las familias que se establecen en suelos no aptos para habitar. 1

Estos datos constatan que el acelerado crecimiento de la población por la venta ilegal de propiedad social o privada en donde se prohíbe el uso habitacional ha ocasionado el asentamiento en lugares irregulares y hasta ilegales, carentes de servicios e infraestructura urbana y con una constante característica de peligro natural (asentamientos en lechos de ríos, antiguos cauces, barrancas y escarpadas pendientes). 2

Por lo anterior, el programa delegacional menciona que “las posibilidades de ordenar estas zonas de la delegación [asentamientos en suelo de conservación] están ligadas directamente con el cumplimiento de las orientaciones estratégicas del PGDUDF que señala la necesidad de contar con una reserva territorial de suelo para el mediano plazo, la instrumentación de los programas de regularización y la de crear formas que remplacen al fraccionador clandestino y que permitan la incorporación de suelo ejidal”.

Dentro de las estrategias de desarrollo urbano, el programa delegacional contempla como uno de sus objetivos: “Establecer un programa de regularización de aquellos asentamientos irregulares en suelo urbano y de los de suelo de conservación incorporados dentro del área propuesta en el presente programa”, señalando la necesidad de “acelerar los programas de regularización por polígonos y establecer la bolsa de suelo que se constituirá en la reserva territorial delegacional, permitiendo los programas de reubicación de vivienda en riesgo y de aquellas viviendas alejadas de la posibilidad de los servicios de infraestructura”.

Con base en lo anterior, el citado programa señala que las zonas sujetas al programa de regularización definidas para los polígonos denominados: El Capulín, Ampliación Lomas de San Bernabé, Tierra Unida, El Ermitaño, Meyuca, El Meyac, Crecencio Juárez Chavira, Lindero de la Cañada, El Ocotal, Pipico, Mina Vieja, El Gavillero, Subestación, Ex-Hacienda Eslava, Rinconada Tabaqueros, Ladera de Chisto, Cazulco y Tierra Colorada, tendrán zonificación HR/2 (Habitacional rural con dos niveles) en zona habitacional y ER en las áreas definidas para equipamiento rural básico (donde se permiten únicamente: jardín de niños, escuela primaria, clínica de salud de primera atención y juegos infantiles). Sin embargo, se establece que los asentamientos están condicionados a la elaboración de los dictámenes técnicos de riesgo correspondientes, además de que se requiere un estudio de factibilidad para la introducción de servicios e infraestructura.

V. Mediante oficio BD10-1/658/2011, de fecha 25 de julio de 2011, el titular de la Dirección General de Colonias y Tenencia de la Tierra de la Delegación La Magdalena Contreras, Ingeniero Sergio Israel Mendoza Aguirre, manifestó a esta Dictaminadora lo siguiente:

“...1. La situación que prevalece en los asentamientos humanos conocidos como Tierra Colorada, Gavillero, Ixtlahualtongo y Chichicaspa, es su característica de irregularidad en relación con la tenencia de la tierra, toda vez que todavía es una propiedad social correspondiente al ejido de San Nicolás Totolapan, al no ser expropiado aún por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, lo cual limita la posibilidad de concretar algunos de los trabajos solicitados, ya que es necesaria la anuencia del ejido para realizar cualquier obra en las tierras de su propiedad. Por lo que servicios como el agua potable, el drenaje, pavimentación, electrificación y otros, requieren de un consenso con el núcleo agrario, toda (sic) que estas acciones impactan en el aprovechamiento de las aguas de los ojos de agua y manantiales, el cruce de terrenos de paso animal con obra de colectores, así como el destino de aguas negras que afectan los intereses del ejido.

2. El gobierno delegacional en La Magdalena Contreras, desde el inicio de su gestión ha realizado diferentes acciones atendiendo las necesidades de ordenamiento territorial y ecológico en el entorno delegacional, entre ellas, principalmente la de promover la revisión y modificación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente, en del (sic) marco de los Programas Generales de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal. Dichas acciones se ven reflejadas mediante diversas solicitudes a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, iniciadas con el oficio BD10-1.4.2.2/032/2009 de fecha 23 de octubre de 2009, la cual se fundamentó en los artículos 24, 25, 26 y 27 de la abrogada Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y que se relacionan con los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, así como de su revisión, modificación o cancelación.

3. De esta manera y en el marco de la recién publicada la (sic) Ley de Desarrollo Urbano, el Gobierno Delegacional realizó con fecha 10 de agosto de 2010, la solicitud formal a la Secretaría de Desarrollo Urbano para llevar a cabo la actualización del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en la demarcación, para lo cual se transfirió la cantidad de 3 millones de pesos a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal para su ejecución en el presente año, mismo que ya se encuentra en proceso de contratación.

4. He de mencionar que para regularizar el uso de suelo de los Asentamientos Humanos Irregulares es necesario realizar estudios específicos de los (sic) en la demarcación, a fin de que se cuente con los elementos técnicos en materia ambiental, de riesgo, de necesidad de infraestructura y fórmulas para la posible conexión con zonas urbanas, y con dichos estudios realizar los dictámenes de acuerdo a la normatividad vigente; por lo que se requiere disponer de recursos adicionales para realizar dichos estudios.

5. Por lo que hace a [la atención de las necesidades de servicios públicos e infraestructura urbana en zonas sujetas a programas de regularización y a la revisión de las condiciones de marginalidad, riesgo y alta vulnerabilidad en que viven los habitantes de dichos asentamientos], me permito señalar que en el año 2010 se destinaron a estas colonias más de 18.2 millones de pesos a la introducción de las líneas de agua potable y drenaje, lo que representa más del 23% del presupuesto anual para obra pública en esta delegación. Asimismo para el año 2011 se invertirán 24.26 millones en colonias como Ocotal, Tierra Colorada, Gavillero y Subestación para la introducción de servicios como agua potable, drenaje y pavimentos.

En este sentido, fue necesario llevar a cabo mesas de trabajo con los habitantes de cada una de las colonias en esta demarcación a través de los comités ciudadanos, mismas que han sido encabezadas por el Jefe Delegacional y su gabinete; por lo que las zonas de Ampliación Lomas de San Bernabé, Tierra Unida, El Ermitaño, Meyuca, Lindero de la Cañada, El Ocotal, Pipico, El Gavillero, Subestación, Ex hacienda Eslava, Rinconada Tabaqueros, Ladera de Chisto, Cazulco y Tierra Colorada, están siendo atendidos en servicios de acuerdo a dichas mesas que son coordinadas por la Dirección General de Participación Ciudadana.

En lo que respecta a los asentamientos humanos irregulares, se ha establecido una comunicación muy directa a través de esta Dirección General a mi cargo, a través de reuniones por asentamiento iniciadas en el año 2010 con el asentamiento Ocotal-Sayula, con el fin de que se establezcan los mecanismos para controlar el crecimiento de dichos asentamientos y la ruta a seguir para la propuesta de modificación de uso de suelo por la vía del estudio específico.

Por último quiero precisar que la situación de rezago de servicios para estas colonias data de hace más de 30 años en algunos casos, por lo cual no será posible dotar de los mismos servicios que las colonias de suelo urbano, toda vez que el recurso destinado a la delegación desde la aprobación del Programa de Desarrollo Urbano vigente ha sido el mismo que se brinda para el mantenimiento normal de los servicios en las demás colonias, sin contar con un incremento presupuestal específico para brindar los servicios en tales zonas”.

VI. Finalmente, conforme al análisis de la información y argumentos vertidos en el cuerpo del presente dictamen, se deriva que los planteamientos realizados por la diputada proponente deben ser actualizados considerando lo siguiente:

a) Existen asentamientos humanos que aún no han sido expropiados por la Corett y, en consecuencia, continúan siendo propiedad social, lo que limita la introducción de servicios públicos e infraestructura urbana. No obstante, es de reconocerse que al término del presente ejercicio fiscal se habrán destinado 42.4 millones de pesos en los últimos dos años para la introducción de agua potable y drenaje en estas zonas.

b) La delegación La Magdalena Contreras, a través de su Dirección General de Participación Ciudadana está coordinando mesas de trabajo con habitantes de las zonas de Ampliación Lomas de San Bernabé, Tierra Unida, El Ermitaño, Meyuca, Lindero de la Cañada, El Ocotal, Pipico, El Gavillero, Subestación, Ex hacienda Eslava, Rinconada Tabaqueros, Ladera de Chisto, Cazulco y Tierra Colorada, a través de los comités ciudadanos.

A su vez, la Dirección General de Colonias y Tenencia de la Tierra ha establecido comunicación directa con los habitantes de asentamientos irregulares a fin de establecer mecanismos para controlar el crecimiento de dichos asentamientos, así como la ruta que se deberá seguir para modificar el uso de suelo por la vía del estudio específico.

c) De la información brindada por la delegación La Magdalena Contreras se desprende que ya se han iniciado los trabajos para la revisión del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano mediante la transferencia de 3 millones de pesos a la Seduvi, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 7, fracción II, de la Ley de Desarrollo Urbano, el cual señala que la Secretaría tendrá la atribución de “realizar con el apoyo de las Delegaciones, los estudios para la elaboración de los proyectos de Programas y de sus modificaciones”.

En mérito de lo expuesto, la Comisión del Distrito Federal somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se exhorta al jefe delegacional en La Magdalena Contreras a informar a la Comisión del Distrito Federal de los resultados derivados de las mesas de trabajo a que hace referencia el presente dictamen.

Segundo. Se exhorta al jefe delegacional en La Magdalena Contreras y al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal a informar a la Comisión del Distrito Federal de los avances alcanzados en la revisión del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de dicha demarcación.

Notas

1 María Alejandra Cortés Ortiz, Poblaciones vulnerables frente a amenazas naturales. Caso estudio delegación La Magdalena Contreras. Tesis para optar al grado de Maestra en Población y Desarrollo, FLACSO, agosto 2008.

2 Obra citada, María Alejandra Cortés Ortiz.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de agosto de 2011.

Suscriben este dictamen los integrantes de la Comisión del Distrito Federal de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión:

La Comisión del Distrito Federal

Diputados: Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez, Roberto Rebollo Vivero, César Daniel González Madruga (rúbrica), Agustín Guerrero Castillo (rúbrica), Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Armando Jesús Báez Pinal (rúbrica), Carlos Bello Otero, Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Armando Corona Rivera, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Kenia López Rabadán (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía, Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Nazario Norberto Sánchez, Rafael Pacchiano Alamán, Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez Puga, Óscar González Yáñez, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica).

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del gobierno y al secretario de Finanzas a fortalecer las finanzas públicas de la capital mediante una eficiente recaudación de impuestos y de derechos

Honorable Asamblea:

La Comisión del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 numeral 3 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80, 82, 84 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

A la Comisión del Distrito Federal le fue turnado para su estudio y dictamen el oficio número D.G.P.L. 61-II-3-746, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe de gobierno y al secretario de Finanzas del Distrito Federal a fortalecer las finanzas públicas del Distrito Federal haciendo más eficiente la recaudación de los impuestos y derechos que se cobran por la prestación de servicios públicos, presentada por la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

1. Con fecha 28 de octubre de 2010, la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos presentó ante la tribuna de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe de gobierno y al secretario de Finanzas del Distrito Federal a que en cumplimiento de sus atribuciones se avoquen a mejorar la recaudación de los gravámenes locales, del impuesto predial y los derechos por suministro de agua, con los objetivos de fortalecer las finanzas públicas y disminuir el nivel de endeudamiento de la capital del país.

3. El 2 de agosto de 2011, esta Comisión recibió del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) el estudio titulado “Distrito Federal. Recaudación de Agua y Predial 1999-2009”, que se encomendó a dicha institución para ser un elemento más de valoración en el respectivo análisis.

4. Dentro de los motivos que originan la proposición mencionada, la diputada sostiene que el gobierno del Distrito Federal recibe en promedio más de 45 mil millones de pesos anuales tan sólo por concepto de participaciones federales y más de 30 mil millones de pesos por concepto de aportaciones federales, siendo una de las entidades que más recursos recibe por estos rubros.

5. La proponente manifiesta que la distribución de los recursos por concepto de participaciones federales se realiza con base en el incremento de la producción del Distrito Federal año con año y con base en la recaudación tributaria y de derechos que se realiza anualmente, motivo por el cual, si el jefe de gobierno se queja de una disminución en los recursos transferidos por la federación, esto se debe a la falta de una correcta estrategia en materia de recaudación por parte de su gobierno.

Asimismo, señala que el jefe de gobierno no sólo ha dejado de lado su labor de potenciar el desarrollo económico y de recaudar impuestos y derechos de manera eficiente, sino que ha endeudado y comprometido los ingresos subsecuentes de la capital, situándola como la entidad federativa más endeudada del país con compromisos que representan alrededor de 47 mil millones de pesos a marzo de 2010.

6. Con base en lo anterior, la promovente considera que el jefe de gobierno debe incrementar las fuentes de fortalecimiento de la economía y las finanzas públicas del Distrito Federal, basándose en políticas públicas que fomenten la actividad económica formal y la eficiente recaudación impositiva, estimando necesario:

1) Exhortar al jefe de gobierno y al secretario de Finanzas del Distrito Federal para que, en cumplimiento de sus atribuciones locales y federales, mejoren la recaudación de los gravámenes locales, del impuesto predial y los derechos por suministro de agua, con los objetivos de fortalecer las finanzas públicas y disminuir el nivel de endeudamiento de la Capital del país; y

2) Exhortar al jefe de gobierno y al secretario de Finanzas a emitir un informe a esta soberanía sobre el número de contribuyentes de gravámenes locales, impuesto predial y derechos de agua, así como de la recaudación efectivamente obtenida anualmente proveniente de estos conceptos por parte de la Tesorería del Distrito Federal, contenido en un desglose histórico de los últimos 12 años.

Consideraciones

I. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición con Punto de Acuerdo referida a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

II. Esta dictaminadora ha realizado el análisis respecto a la proposición del punto de acuerdo, destacando lo siguiente:

Tomando en cuenta que la preocupación principal de la promovente es la recaudación de los gravámenes locales, especialmente el impuesto predial y los derechos por suministro de agua, esta dictaminadora solicitó un estudio al CEFP a fin de determinar si la recaudación por dichos conceptos ha aumentado o disminuido durante los últimos años.

Respecto a la recaudación del Distrito Federal en materia de impuesto predial, dicho estudio señala que ésta pasó de 4 mil 335 millones de pesos en 1999 a 7 mil 213 millones de pesos para 2009.

Gráfica 1

Sin embargo, se determina que la recaudación de dicho gravamen a precios de 2009 (es decir, eliminando el efecto de la inflación) “decreció a una tasa media anual de 1.1 por ciento, pasando de 8 mil 069.8 millones de pesos en 1999 a sólo 7 mil 212.8 millones de pesos en 2009”, lo que se observa en la gráfica siguiente:

Gráfica 2

Por lo que hace a la recaudación de los derechos por suministro de agua, entre 1999 y 2009 la recaudación del Gobierno del Distrito Federal pasó de 2 mil 162 millones de pesos corrientes a 3 mil 929 millones de pesos.

Gráfica 3

No obstante lo anterior, la recaudación obtenida por el Distrito Federal en materia de derechos de agua en términos reales (eliminando el efecto de la inflación) “decreció a una tasa media anual de 0.2 por ciento, pasando de 4 mil 023.5 millones de pesos a sólo 3 mil 929.4 millones de pesos en 2009”.

Gráfica 4

Derivado de lo anterior, el CEFP arribó a la siguiente conclusión: “se observa que la recaudación de predial pasó de representar el 9.2 por ciento de los ingresos del Distrito Federal en 1999 a sólo el 6.0 por ciento para 2009. De igual manera destaca que los ingresos por derechos de agua redujeron su participación respecto de los ingresos totales del Distrito Federal de 4.6 por ciento en 1999 a 3.3 por ciento para el año 2009”.

Esta disminución en la recaudación se ha presentado a pesar de que el gobierno local ha incrementado de manera sistemática las tarifas y cuotas por dichos conceptos, tal y como se observa en las tablas siguientes:

Tabla 1. Impuesto predial

Tabla 2. DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA

Nota: En los años 2010 y 2011 únicamente se realiza la comparación en el rango de los 50.1 a los 70 m3.

De lo anterior se colige que año con año se han incrementado las cuotas y tarifas para el cobro del impuesto predial y los derechos por el suministro de agua, a pesar de los subsidios establecidos en el Código Fiscal del Distrito Federal para las manzanas populares, bajas, medias o altas.

Respecto al nivel de endeudamiento de la Capital del país, en su Informe Trimestral de la Situación de la Deuda (Octubre-Diciembre de 2010) la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal refiere que al término del ejercicio fiscal anterior “el saldo de la deuda pública se situó en 52 mil 529.5 millones de pesos, generando así un endeudamiento nominal de 10.5 por ciento y un endeudamiento real de 5.91 por ciento con respecto al cierre de 2009, cuando la deuda se situó en 47 mil 529.5 millones de pesos”.

Visto de otra manera, si consideramos la proporción que los adeudos actuales representan respecto a las participaciones de cada estado, observamos que el Distrito Federal se ubica como la tercera entidad con mayor deuda, misma que representa el 88.6 por ciento de sus participaciones federales. De hecho, los pasivos de la capital representan alrededor del 17 por ciento del endeudamiento de las 32 entidades federativas en contraste con estados como Tlaxcala, el cual no registró deuda en 2010.

Por lo que hace al segundo resolutivo del punto de acuerdo de mérito, es preciso mencionar que si bien la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal cuenta con un micrositio en su página de Internet (www.finanzas.df.gob.mx) que se titula “Transparencia Fiscal”, dentro de la cual se pueden consultar las cuentas públicas de los últimos 12 años, también lo es que no se precisa el número de contribuyentes ni las razones por las cuales la recaudación de predial pasó de representar el 9.2 por ciento los ingresos del Distrito Federal en 1999 a sólo el 6 por ciento para 2009, mientras que los ingresos por derechos de agua redujeron su participación respecto de los ingresos totales del Distrito Federal de 4.6 por ciento a 3.3 por ciento en el mismo periodo.

En mérito de lo expuesto, la Comisión del Distrito Federal somete a la consideración de la honorable asamblea los siguiente

Acuerdo

Primero. Se exhorta al jefe de gobierno y al secretario de Finanzas del Distrito Federal para que, en cumplimiento de sus atribuciones, se avoquen a mejorar la recaudación de los gravámenes locales, del impuesto predial y los derechos por suministro de agua, con los objetivos de fortalecer las finanzas públicas y disminuir el nivel de endeudamiento de la capital del país.

Segundo. Se invita al secretario de Finanzas del gobierno del Distrito Federal a asistir a una Reunión de Trabajo con los integrantes de la Comisión del Distrito Federal para que exponga diversos temas que son de su competencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de agosto de 2011.

La Comisión del Distrito Federal

Diputados: Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), presidenta; Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez, Roberto Rebollo Vivero, César Daniel González Madruga, Agustín Guerrero Castillo (rúbrica), secretarios; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Armando Jesús Báez Pinal (rúbrica), Carlos Bello Otero, Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Armando Corona Rivera, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Kenia López Rabadán (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía, Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Nazario Norberto Sánchez, Rafael Pacchiano Alamán, Silvia Esther Pérez Ceballos, Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Óscar González Yáñez, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica).

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno local a realizar acciones para el rescate de los bosques de Chapultepec y de San Juan de Aragón

Honorable Asamblea:

La Comisión del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 82, 84 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

A la Comisión del Distrito Federal fue turnado para estudio y dictamen el oficio número DGPL 61-II-6-0720, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a realizar las acciones necesarias para rescatar los bosques de Chapultepec y de San Juan de Aragón, presentada por la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

1. Con fecha 30 de noviembre de 2010, la diputada Gabriela Cuevas Barron presentó ante la tribuna de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a realizar las acciones necesarias para rescatar los bosques de Chapultepec y de San Juan de Aragón.

3. Dentro de los motivos que originan la proposición mencionada, la diputada refiere que desde 1999 la administración del bosque de Chapultepec se encuentra a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal y que en 2002 se creó un consejo rector ciudadano a fin de involucrar a destacadas personalidades de la política y la sociedad en las actividades de renovación del bosque.

4. A pesar de los esfuerzos realizados para rescatar el bosque de Chapultepec, sostiene la diputada, las dos primeras secciones se encuentran gravemente amenazadas por presiones que pretenden adecuar más espacios dedicados al comercio y a otros negocios especulativos.

Muestra de ello es que el Programa de Desarrollo Urbano de la Delegación Miguel Hidalgo establece la zonificación EA (espacios abiertos) para estas dos secciones con la finalidad de que en planta baja pueda construirse 5 por ciento de la superficie y hasta 10 por ciento de la superficie total.

5. Por lo que hace al bosque de San Juan de Aragón, la proponente menciona que el balneario público se encuentra cerrado, que la ciclopista ya desapareció y que el lago se encuentra sucio y sin mantenimiento alguno. En conclusión, afirma que este bosque no recibe la misma atención que el de Chapultepec por no contar con un programa integral de rescate ni con el apoyo de empresarios ni de la sociedad civil.

6. Por lo anterior, la diputada proponente considera necesario exhortar al jefe del gobierno a afecto de que

a) A través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal se realice la corrección de la zonificación “espacio abierto” (EA) asignada a la primera y segunda secciones del Bosque de Chapultepec en el actual Programa de Desarrollo Urbano de la delegación Miguel Hidalgo por la de “área verde de valor ambiental” (AV);

b) A través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal se asigne la zonificación “área verde de valor ambiental” (AV) al bosque de San Juan de Aragón; y

c) A través de la Secretaría del Medio Ambiente se elabore un plan maestro para el rescate y la recuperación del bosque de San Juan de Aragón, se cree un consejo rector del bosque, se destinen recursos para su rescate y se fomente la participación de la sociedad para el mismo fin.

Consideraciones

II. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina se refiere principalmente a las acciones que debe emprender el gobierno del Distrito Federal con el propósito de proteger y rescatar los bosques de Chapultepec y de San Juan de Aragón.

III. La comisión dictaminadora ha realizado el análisis respecto a la proposición con punto de acuerdo, destacando lo siguiente:

1. El bosque de Chapultepec es la principal área verde urbana del Distrito Federal, con una extensión de 681 hectáreas, lo que representa 14.6 por ciento de la superficie de la delegación Miguel Hidalgo. Es una zona que ha estado bajo la constante presión del área urbana y, en consecuencia, ha sufrido la disminución de su territorio y la degradación del medio natural.

A ello debemos agregar que es la única zona con grandes áreas boscosas en una delegación cuyo territorio está completamente urbanizado.

2. El 10 de abril de 1997 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el anterior Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Miguel Hidalgo. En él se especificaba que la zonificación de “espacios abiertos” (EA) se proponía para parques, plazas, jardines públicos y equipamientos deportivos, principalmente de acceso y propiedad públicos; en tanto, la zonificación “áreas verdes de valor ambiental” (AV) se aplicaría a barrancas, cañadas, escurrimientos y zonas arboladas, principalmente en suelo urbano.

En él se dispuso que la segunda y tercera secciones del bosque de Chapultepec cambiarían de zonificación AV (como lo consideraba el programa de 1987) a EA. Mientras, la primera sección se decretó como área de conservación patrimonial; es decir, un perímetro donde se aplicarían normas y restricciones específicas con objeto de conservar, mantener y mejorar el patrimonio arquitectónico, cultural, histórico y ambiental, incluyendo los elementos que sin estar formalmente catalogados merecen conservarse.

De acuerdo con lo establecido en dicho programa, en la zonificación denominada “espacios abiertos” se permitiría un área total de construcción de hasta 5 por ciento de la superficie del predio y un área de desplante de hasta 2.5 por ciento, mientras que en la zonificación de áreas de valor ambiental se permitiría que el área total construida fuera de hasta 3 por ciento de la superficie del predio y que el área de desplante fuera de hasta 1.5 por ciento.

3. Mediante decreto publicado el 2 de diciembre de 2003 se abrogaron los decretos que establecieron como área natural protegida la tercera sección del bosque de Chapultepec y se declaró área de valor ambiental, con la categoría de bosque urbano, la superficie conocida como “Bosque de Chapultepec”, con una extensión de 686.01 hectáreas y dividida en tres secciones: la primera, con 274.08 hectáreas; la segunda, con 168.03; y la tercera, con 243.90.

Gracias a ello se estableció un régimen tendente a la conservación, restauración y rehabilitación del bosque, aclarándose que las “áreas de valor ambiental son áreas verdes donde los ambientes originales han sido modificados por las actividades antropogénicas y que requieren ser restauradas o preservadas, en función de que aún mantienen características ambientales y escénicas de gran relevancia para la ciudad, las cuales permiten contribuir a mantener la calidad de vida de la población”.

También se dispuso que únicamente se realizarían actividades tendentes a la conservación de sus ecosistemas, restauración ecológica, mantenimiento de áreas verdes, espacios abiertos, monumentos históricos e infraestructura y actividades de recreación y esparcimiento, de conformidad con el programa de manejo.

4. El 17 de noviembre de 2006 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el acuerdo por el que se aprueba el Programa de Manejo del Área de Valor Ambiental del Distrito Federal, con la categoría de bosque urbano, denominada “Bosque de Chapultepec”. En este instrumento se reconoce que, por estar en el centro de la ciudad, el bosque presenta un potencial beneficio para atenuar los niveles de contaminación gracias a sus características biológicas. Por esa razón, el objetivo del programa es proteger, rehabilitar y conservar los recursos naturales y la infraestructura del bosque de Chapultepec, considerándose la construcción de andadores, kioscos de servicios y venta de alimentos, módulos de información, estacionamientos, plazas comerciales para venta de alimentos, círculos de concreto, salón de usos múltiples y oficinas, entre otras obras.

5. El 30 de septiembre de 2008 se publicó el actual Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Miguel Hidalgo. Aunque prácticamente dicho programa no presentó cambios en el uso de espacios abiertos en cuanto al territorio, sí modificó las áreas de construcción en diversas zonificaciones.

Por lo que hace a la zonificación de espacios abiertos (que representa 16.75 por ciento del territorio delegacional), se determina que en ellas se incluyen plazas, parques, juegos infantiles, jardines públicos, instalaciones deportivas y áreas jardinadas en vialidades, así como espacios que deben conservarse, comprendiéndose la primera y segunda secciones del bosque de Chapultepec.

No obstante lo anterior, el programa también señala que “en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente se detalla el límite de cada una de las tres secciones del bosque de Chapultepec, considerando la primera, segunda y tercera secciones con la zonificación de AV (área verde de valor ambiental), sujeta a programa de manejo”, lo cual quedó reforzado en los planos publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 13 de enero de 2009.

Respecto de esta zonificación se determinó que el área construible podría ser de hasta 5 por ciento de la superficie del predio y el área de desplante podría ser de hasta 2.5 por ciento, permitiéndose la instalación de canchas deportivas, áreas recreativas y de esparcimiento al aire libre, lo que significó ampliar el área construible en las áreas de valor ambiental, equiparándola con la zonificación de espacios abiertos considerada en el programa de 1997.

Por lo anterior, esta dictaminadora considera necesario que se corrija el actual Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Miguel Hidalgo a fin de establecer que en la zonificación de áreas de valor ambiental se permita que el área total construida sea de hasta 3 por ciento de la superficie del predio, mientras que el área de desplante sea de hasta 1.5 por ciento, como lo establecía el programa delegacional anterior.

6. Por lo que se refiere al bosque de San Juan de Aragón, es de señalarse que éste fue declarado área de valor ambiental, con la categoría de bosque urbano, el 12 de diciembre de 2008. En el decreto se señala que dicho bosque es “un área verde considerable dentro de la Ciudad de México y como tal cumple una serie de funciones muy importantes para la población del área metropolitana, como esparcimiento, diversión, ejercitación física y descanso, además de los servicios ambientales que presta, como fuente de oxigenación, presencia de humedad y regulación climática”.

El objeto de la declaratoria es “contribuir a garantizar el derecho que toda persona tiene a un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, mediante el aprovechamiento y desarrollo sustentable del bosque de San Juan de Aragón en los ámbitos social, económico y ambiental, a través de la implantación de un programa de manejo establecido por la Secretaría del Medio Ambiente, en colaboración con la delegación Gustavo A. Madero”.

También se especifica que en el bosque están prohibidos ciertos usos de suelo, como vivienda, industria, servicios, turístico y agricultura, y se confiere a la autoridad competente la facultad de fijar los mecanismos para la gestión de recursos financieros que permitan recaudar, recibir y administrar ingresos por los conceptos de uso, goce y aprovechamiento, aplicándolos a la conservación y al desarrollo sustentable del propio bosque.

Así, con el propósito de mantener las áreas verdes del bosque (70.9 por ciento de la superficie total), se ha puesto en marcha un plan maestro que incluye acciones como la renovación de las áreas jardinadas, el lago, la creación de partes peatonales, zonas exclusivas para adultos mayores, invernaderos, composteros, zonas deportivas y plazas escultóricas.

Sin embargo, la Secretaría del Medio Ambiente no ha emitido el programa de manejo correspondiente, haciendo caso omiso a lo señalado en el artículo segundo transitorio del decreto publicado el 12 de diciembre de 2008; a saber: “El Programa de Manejo del Área de Valor Ambiental del Distrito Federal Bosque de San Juan de Aragón deberá publicarse dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto”, el cual deberá establecer “la descripción y el diagnóstico de las características físicas, biológicas, culturales, sociales y económicas, los objetivos del área, la zonificación, las regulaciones, limitaciones y modalidades de usos de suelo, del manejo sustentable de recursos naturales y de la realización de actividades en las distintas zonas, así como las acciones por realizar en el corto, mediano y largo plazos para la conservación, restauración y mejoramiento de los recursos naturales y servicios ambientales, así como para la investigación, educación ambiental y aprovechamiento sustentable del área y sus recursos, conforme al presente decreto, la Ley Ambiental del Distrito Federal y demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia, haciendo énfasis en las medidas necesarias para el manejo, administración, funcionamiento, prevención, restauración y conservación de la biodiversidad de la zona”.

7. En la Agenda Ambiental de la Ciudad de México (2007-2012), la Secretaría del Medio Ambiente ha reconocido que “ante la falta de un programa rector que direccione todas las actividades y los procesos que se desarrollan en el bosque de San Juan de Aragón”, se han puesto en marcha el plan maestro y el programa de rehabilitación integral para realizar obras de primera necesidad.

Además de un programa rector, es necesario que se involucre a los ciudadanos en la toma de decisiones del gobierno mediante un consejo rector ciudadano cuyo objeto sea evaluar, planear, diseñar y sancionar, en coordinación con las autoridades competentes, los programas, los proyectos y las acciones que se pretendan desarrollar en el bosque, así como establecer los criterios que normen las decisiones administrativas en él.

Entre las funciones que el artículo 90 Bis 7 de la Ley Ambiental del Distrito Federal confiere a estos consejos se encuentran las siguientes:

I. Ser un órgano de planeación, evaluación y sanción de las acciones, programas y proyectos que se desarrollen en los bosques urbanos, así como de la aplicación de recursos públicos y privados ;

II. Participar en la elaboración de los proyectos de regulación sobre el funcionamiento de los bosques urbanos;

III. Emitir opinión respecto el establecimiento de criterios para la expedición de autorizaciones, permisos, concesiones y demás actos jurídicos para la realización de actividades dentro de los bosques urbanos, que determine la autoridad competente;

IV. Sancionar los programas de manejo de los bosques urbanos y sus modificaciones, antes de la aprobación por la autoridad competente;

V. Emitir las recomendaciones y presentar proyectos para las tareas de conservación, mantenimiento y, en su caso, aprovechamiento de los bosques urbanos;

VI. Colaborar con las autoridades en la persecución de fondos y/o financiamiento, para la conservación, aprovechamiento y mantenimiento de los bosques urbanos ; y

VII. Las demás que determine el acuerdo que expida el jefe del gobierno.

IV. Con base en el análisis de la información y en los argumentos vertidos en el cuerpo del presente dictamen, la dictaminadora considera necesario actualizar los planteamientos realizados por la diputada proponente tomando en cuenta lo siguiente:

a) Las tres secciones del bosque de Chapultepec tienen asignada la zonificación de área verde de valor ambiental (AV) en el actual Programa de Desarrollo Urbano de la delegación Miguel Hidalgo. Sin embargo, el área construible en esta zonificación es el doble de la considerada en el pasado programa delegacional.

b) Desde 2008, el bosque de San Juan de Aragón fue declarado área de valor ambiental, con la categoría de bosque urbano, y se pusieron en marcha un plan maestro de rescate y uno de rehabilitación integral. Sin embargo, no se ha publicado el respectivo programa de manejo, en contravención de lo dispuesto en el artículo segundo transitorio del decreto publicado el 12 de diciembre de 2008.

c) A diferencia del bosque de Chapultepec, el de San Juan de Aragón aún no cuenta con un consejo rector ciudadano. Por ello, la dictaminadora juzga necesario que el gobierno de la ciudad diseñe un esquema de corresponsabilidad público-privada en el que se incluyan destacados representantes de la sociedad y que estén interesados en el mejoramiento integral del bosque.

En mérito de lo expuesto, la Comisión del Distrito Federal somete a consideración de la honorable asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. Se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a promover a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal la modificación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Miguel Hidalgo a fin de corregir el área construible en la zonificación denominada “áreas de valor ambiental”, estableciendo la misma que consideraba el programa delegacional anterior.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal a emitir con la mayor brevedad el programa de manejo del bosque de San Juan de Aragón, en cumplimiento de lo señalado en el decreto por el que se declara área de valor ambiental, con la categoría de bosque urbano, el bosque de San Juan Aragón, publicado el 12 de diciembre de 2008.

Tercero. Se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a crear un consejo rector ciudadano del bosque de San Juan de Aragón, en los términos de la Ley Ambiental del Distrito Federal, con el objetivo de fomentar la participación de la sociedad en el rescate, el mantenimiento y la rehabilitación de dicho bosque.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de agosto de 2011.

Suscriben el dictamen los integrantes de la Comisión del Distrito Federal de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

La Comisión del Distrito Federal

Diputados: Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez, Roberto Rebollo Vivero, César Daniel González Madruga, Agustín Guerrero Castillo (rúbrica), Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Armando Jesús Báez Pinal (rúbrica), Carlos Bello Otero, Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Armando Corona Rivera, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Kenia López Rabadán (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía, Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Nazario Norberto Sánchez, Rafael Pacchiano Alamán, Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Óscar González Yáñez, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica).

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se solicitan la recuperación y preservación del predio Pensil Mexicano, en Miguel Hidalgo

Honorable Asamblea:

La Comisión del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 3, y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 82, 84 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

A la Comisión del Distrito Federal le fue turnado para su estudio y dictamen el oficio número D.G.P.L. 61-II-7-689, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la recuperación y preservación del predio denominado “Pensil Mexicano” ubicado en la delegación Miguel Hidalgo; presentada por la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

1. Con fecha 30 de noviembre de 2010, la diputada Gabriela Cuevas Barron presentó ante la tribuna de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la recuperación y preservación del predio denominado Pensil Mexicano, ubicado en la delegación Miguel Hidalgo.

3. Dentro de los motivos que originan la proposición mencionada, la diputada refiere las características del predio denominado Pensil Mexicano, el cual data de 1766 y cuenta con una superficie de 3 mil metros cuadrados, de los cuales 800 están construidos. Asimismo, señala que se trata del último jardín barroco en nuestro país que asemeja a los lugares de recreo de las ciudades de Europa del siglo XVIII, cuyo principal atractivo era lo imponente de sus jardines.

Señala la proponente que a pesar de haber sido declarado monumento histórico el 14 de abril de 1932 por el jefe de Monumentos Artísticos, Arqueológicos e Históricos de la Secretaría de Educación Pública, Narciso Bassols, actualmente no se encuentra relacionado en el catálogo de monumentos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y se encuentra en pleno deterioro y abandono.

4. La diputada enfatiza que diversas autoridades han tratado de conservar este monumento sin ningún éxito, pues se han construido naves industriales en predios colindantes y se han levantado bardas detrás de su fachada, ocasionándose también una afectación a la zona protegida.

Finalmente, la iniciante argumenta que la importancia arquitectónico-artística y cultural del Pensil Mexicano es trascendental en la historia del arte de los jardines. Lograr su recuperación y efectuar los análisis del sitio darían luz de cómo era un jardín barroco mexicano, ya que en Latinoamérica no existe una sensibilidad de la historia de estos jardines como sucedió en Europa.

5. Por lo anterior, la diputada proponente considera necesario

a) Exhortar al jefe del gobierno del Distrito Federal para que, a través de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal, expropie el predio ubicado en la calle de Lago Chiem donde se encuentra el Pensil Mexicano; y

b) Exhortar al Instituto Nacional de Antropología e Historia a declarar el Pensil Mexicano como monumento histórico y a catalogarlo como patrimonio cultural.

Consideraciones

II. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina se refiere a la recuperación y preservación de los jardines históricos, en específico a las condiciones actuales que guarda el predio denominado “Pensil Mexicano”.

III. La comisión dictaminadora ha realizado el análisis respecto a la proposición del punto de acuerdo, destacando lo siguiente:

El patrimonio cultural se establece como factor de unidad nacional, identidad y soberanía del país. Las instituciones de cultura creadas en este marco histórico fueron el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), teniendo como objetivo principal participar en la construcción de nuestra nacionalidad.

El INAH, creado en 1938, y posteriormente el INBA, en 1946, han sido el pilar fundamental de la política cultural en el país al atender las demandas de conservación del patrimonio, así como de investigación de la historia nacional y su relación con los programas de educación básica, media y superior.

A través de la historia se ha forjado el patrimonio cultural, integrándose por todos los bienes muebles e inmuebles (incluso intangibles), tanto públicos como privados, por sus valores históricos, artísticos, técnicos, científicos o tradicionales.

IV. Mediante oficio número 401.F(6)138.2011/841, de fecha 9 de agosto de 2011, el INAH manifestó a esta dictaminadora lo siguiente:

“El inmueble en comento fue declarado monumento histórico el 14 de abril de 1932, quedando inscrito en el Registro Público de Monumentos el 1 de junio de 1982 en la Sección de Inmuebles y Declaratorias, Volumen IX, Libro I, y cuenta con Fichas Nacionales de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble, con número de clave 090110050001 y 090110050002.

El inmueble data del siglo XVIII, perteneció a don Manuel Marco de Ibarra y constituye el único ejemplo de huerta y jardín virreinal de la Ciudad de México, así como uno de los pocos jardines barrocos que subsisten en América Latina.

Conserva gran parte del partido arquitectónico original, el cual ha sido alterado al seccionarse para diversos usos, el esquema se conforma por la portada, el muro que da acceso al predio, un patio central alrededor del cual se dispone la construcción, capilla, un arco, una fuente estilo neoclásico, recubierta de azulejo de talavera y el mobiliario del jardín, tiene una barda con rica ornamentación que delimita el jardín, la cual presenta arcos invertidos, destacados por su belleza, la fachada, presenta un aplanado en muy mal estado, sobre muros de mampostería de piedra y tabique, aún se conservan las jambas y el dintel de cantera de la puerta, en donde se puede apreciar la leyenda ‘Pensil Mexicano’ en bajorrelieve.

Han sido varias la intenciones que se han tenido para rescatar el monumento histórico y elaborar un proyecto de restauración, desde la década de los setenta, donde varios investigadores del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, propusieron al entonces secretario del Patrimonio Nacional, rescatar el Pensil Mexicano y adecuarlo a Museo de la Charrería o Museo de Arte del siglo XIX. Asimismo en noviembre de 1973, la arquitecta Graciela Artola propuso un proyecto de rehabilitación para adecuar el sitio como biblioteca, centro de estudios o casa de la cultura.

No obstante, se han ejecutado diversas obras en el predio que han afectado la integridad del monumento histórico, como en el año de 1997, donde se realizaron trabajos de demolición y construcción de una bodega, que inmediatamente fueron suspendidas por parte de este instituto. Acción que originó en enero de 1998 el juicio de amparo número 015/98 promovido por el particular, cuya resolución el 29 de noviembre de 2000 fue favorable a los intereses del INAH, y se determinó que se debería demoler la construcción colindante a la fachada y que se debía respetar una separación mínima de 3.00m con respecto al paramento del edificio histórico, asimismo que la altura de la bodega debía ser menor a la del monumento.

Es importante destacar, que en septiembre de 2008, el director general Jurídico y de Gobierno de la delegación Miguel Hidalgo, maestro Pablo Enrique Reyes Reyes, solicitó al director general del INAH licenciado Alfonso de María y Campos, la opinión respecto a la expropiación de la poligonal conocida como ‘El Pensil Mexicano’ con el objeto de establecer un Centro Cultural y rescatar el Monumento Histórico, dicha poligonal compren (sic) los predios ubicados en Lago Chiem, números 64, 76 y 84, Callejón de la Luz, números 61 y 43 y en Lago Wam, esquina Callejón de la Luz, Colonia Ahuehuetes Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo, en esa ciudad.

Al respecto, la Dirección de Licencias, Inspecciones y Registros, por oficio 401-22-D-1304 informó que sólo el inmueble ubicado en Lago Chiem número 84, está considerado monumento histórico, los restantes son inmuebles colindantes a monumento histórico, y que en nuestro ámbito de competencia, se consideraba viable la propuesta de expropiación de los predios arriba señalados, teniendo como justificación la recuperación, rescate y conservación del monumento histórico inmueble denominado ‘Pensil Mexicano’, con lo cual abre la posibilidad de que las generaciones de hoy y las venideras puedan no sólo contar con un lugar para la difusión cultural y o recreación sino apreciar la majestuosidad de un espacio como éste”.

V. Para la declaratoria de expropiación sobre la que se ha pronunciado a favor el INAH, es necesario tomar en cuenta diversos ordenamientos como los siguientes, de los cuales se desprende que el Jefe de Gobierno tiene plenas facultades para declarar la expropiación de predios que son catalogados como monumentos históricos:

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal

Artículo 67. Las facultades y obligaciones del jefe del gobierno del Distrito Federal son las siguientes: ...

... XXVIII. Declarar la expropiación, ocupación temporal, total o parcial, o la simple limitación de los derechos de dominio, conforme a las leyes del Congreso de la Unión;

Ley de Expropiación

Artículo 1o. La presente ley es de interés público y tiene por objeto establecer las causas de utilidad pública y regular los procedimientos, modalidades y ejecución de las expropiaciones.

Se consideran causas de utilidad pública:

IV. La conservación de los lugares de belleza panorámica, de las antigüedades y objetos de arte, de los edificios y monumentos arqueológicos o históricos, y de las cosas que se consideran como características notables de nuestra cultura nacional;...

Artículo 20 Bis. El jefe del gobierno del Distrito Federal, en los términos de esta ley, podrá declarar la expropiación, ocupación temporal, total o parcial, o la simple limitación de los derechos de dominio, en los casos en que se tienda a alcanzar un fin cuya realización competa al gobierno local del Distrito Federal conforme a sus atribuciones y facultades constitucionales y legales.

La declaratoria de expropiación se hará en los términos previstos en esta ley...

VI. Con fundamento en la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal, esta dictaminadora considera que el Pensil Mexicano puede y debe ser declarado un espacio abierto monumental, el cual es definido como un “medio físico definido en suelo urbano, libre de una cubierta material, delimitado, proyectado y construido por el hombre con algún fin específico, en el que se reconocen uno o varios valores desde el punto de vista histórico, artístico, estético, tecnológico, científico y sociocultural que lo hacen meritorio de ser legado a las generaciones futuras”, lo que permitirá que en su entorno se establezca una vigilancia especial por parte de la autoridad responsable para salvaguardar las características y valores del patrimonio que rodea.

Específicamente, corresponde al jefe del gobierno del Distrito Federal expedir las declaratorias correspondientes a zona de patrimonio urbanístico arquitectónico, espacio abierto monumental, monumento arquitectónico y monumento urbanístico, de conformidad con el artículo 22 del referido ordenamiento.

Además, la multicitada ley señala en su artículo 30 que “de conformidad con el artículo 67, fracción XXVIII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el jefe del gobierno del Distrito Federal, podrá declarar la expropiación de un bien inmueble en los términos de las causas de utilidad pública que dispongan las leyes”.

VII. Finalmente, conforme al análisis de la información y argumentos vertidos en el cuerpo del presente dictamen, se deriva que los planteamientos realizados por la diputada proponente deben ser actualizados tomando en cuenta lo siguiente:

a) El Pensil Mexicano fue declarado monumento histórico el 14 de abril de 1932 e inscrito en el Registro Público de Monumentos el 1 de junio de 1982.

b) El jefe del gobierno cuenta con las facultades legales para declarar la expropiación del inmueble ubicado en Lago Chiem número 84, ya que es el único considerado monumento histórico.

c) De acuerdo con la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal, el Pensil Mexicano puede ser afecto al patrimonio arquitectónico urbanístico del Distrito Federal.

En mérito de lo expuesto, la Comisión del Distrito Federal somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente:

Acuerdo

Único. Se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a declarar el Pensil Mexicano como espacio abierto monumental afecto al patrimonio urbanístico arquitectónico de la capital, así como a valorar la expropiación del inmueble ubicado en la calle Lago Chiem número 84 a fin de realizar acciones encaminadas a su recuperación, rescate y conservación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de agosto de 2011.

La Comisión del Distrito Federal

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Colimense del Deporte a impulsar el acceso y la participación de las mujeres en su estructura orgánica, a efecto de erradicar la discriminación laboral

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Equidad y Género de la LXI Legislatura de la H. Cámara de Diputados, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Colima a instruir a su Instituto del Deporte para impulsar el acceso y la participación de las mujeres en su estructura orgánica, a efecto de erradicar la discriminación laboral.

La Comisión de Equidad y Género, con fundamento los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 84, 85, 157, 162, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 15 de diciembre de 2010, la diputada Yulenny Guylaine Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Colima a instruir a su Instituto del Deporte para impulsar el acceso y la participación de las mujeres en su estructura orgánica, a efecto de erradicar la discriminación laboral.

segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de Equidad y Género, de la Cámara de Diputados para su análisis y dictamen.

Contenido de la Proposición

La diputada proponente señala que a lo largo de los años, las mujeres han alcanzado una mayor participación en los diversos ámbitos del desarrollo de la vida nacional, por lo que hoy tiene destacada presencia en los ámbitos político, social, económico, cultural, y el deporte no ha sido la excepción.

Afirma que el deporte fomenta la participación, la integración y la responsabilidad en la sociedad, y contribuye al desarrollo de la comunidad. Por ello, durante los últimos años ha aumentado la participación de la mujer en el deporte, lo cual ha sido resultado del esfuerzo, disciplina y respeto por alcanzar la igualdad de oportunidades.

Considera que numerosas mujeres deportistas de nuestro país han logrado consolidar sus esfuerzos al ganar espacios deportivos en donde no sólo figuran por su presencia sino por sus exitosos resultados, y sin duda alguna ellas han contribuido al desarrollo del deporte en México.

Valora que aunque ha aumentado la participación de la mujer en el deporte, es innegable que la posición de ésta en el ámbito deportivo más general sigue siendo de discriminación en muchos aspectos, principalmente, en la desigual representación de la mujer entre los entrenadores, directivos y árbitros, y en puestos de toma de decisiones.

Aduce que muchas mujeres no han llegado a disfrutar una mayor representación en puestos de toma de decisión y dirección del deporte. Las mujeres están subrepresentadas en las funciones directivas, especialmente a los niveles más altos.

Expone que de manera general, la situación laboral de los hombres y de las mujeres presenta características diferentes; al examinar los puestos directivos de las instituciones se constata la falta de mujeres en los mismos, las decisiones relevantes están en manos de los hombres. Es real la existencia de obstáculos para que no se reconozcan las capacidades de las mujeres en igualdad de condiciones que de los hombres.

Manifiesta que de acuerdo con un documento elaborado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), denominado Mujer y Deporte una visión de género, en cuanto a la estructura laboral interna en los organismos estatales del deporte, “las empleadas estaban colocadas en puestos operativos como secretarias o asistentes, y no en posiciones de liderazgo y toma de decisiones. Del total de organismos estatales sólo ocho por ciento reportaron un mayor número de empleadas y el restante 92 por ciento un mayor número de empleados hombres”.

El mismo documento denota que “en cuanto a los puestos de mayor responsabilidad, hay 5.25 directores generales por cada directora, 5.4 directores de área por cada directora y 6.9 subdirectores de área por cada subdirectora.”

Las cifras anteriores, arguye, señalan las mayores diferencias, aunque en el resto de las posiciones directivas las mujeres siempre están representadas en menor número que los hombres.

En este orden de ideas, afirma, como diputada por el estado de Colima conoce la problemática que enfrentan las mujeres en las instituciones deportivas de la entidad, en particular la situación de discriminación y segregación ocupacional en el Instituto Colimense del Deporte (Incode), el cual, desde su creación en 1989, nunca ha sido presidido por una mujer; peor aún, de los diversos puestos de toma de decisiones contemplados dentro de su estructura orgánica, sólo algunos son ocupados por mujeres.

En este sentido, propone que el Incode impulse el acceso y la participación de las mujeres en igualdad de oportunidades en cualquiera de los puestos contemplados dentro de su estructura orgánica. Con ello, señala, se impulsaría la inclusión de los temas de género en las agendas institucionales para beneficio de las deportistas.

Afirma estar convencida de que las experiencias, los valores y las opiniones de las mujeres enriquecerán y desarrollaran el deporte estatal; igualmente, la participación en el deporte puede enriquecer, realizar y desarrollar la vida de cada mujer; tal y como lo establece la Declaración de Brighton sobre la Mujer y el Deporte.

En consecuencia, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente

Proposición con punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Colima para que instruya al Instituto Colimense del Deporte (Incode), a impulsar el acceso y la participación de las mujeres en igualdad de oportunidades en cualquiera de los puestos dentro de su estructura orgánica, con el objeto de erradicar la discriminación laboral.

Consideraciones

Primera. En el ámbito federal, la Constitución General de la República, en su artículo 1º, establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En tanto, el artículo 4º consagra el principio de igualdad entre mujeres y hombres.

Por su parte, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, estipula e su artículo 1º que el objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.

Además, en su artículo 2º se señala que corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país y promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos.

Asimismo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, reafirma estos postulados al establecer que, en su artículo 4º, los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia —la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación y la libertad de las mujeres— deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales.

En ese sentido, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres señala que dentro de la política nacional se propondrán los mecanismos de operación adecuados para la participación equitativa entre mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas y socioeconómicas. De tal suerte que la autoridad correspondiente fomentará la participación equitativa de mujeres y hombres en altos cargos públicos.

Segunda. De lo anterior se desprende que el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008-2012 (Proigualdad) haya asumido como eje estratégico el impulso del empoderamiento de las mujeres, su participación y representación en espacios de toma de decisión en el Estado y consolidar la cultura democrática.

Con ello, señala el documento, se pretende garantizar que las mujeres y hombres vivan la democracia de forma igualitaria, con la posibilidad de acceder a cargos de elección popular y de toma de decisiones en todos los ámbitos de gobierno y poderes del Estado, en las estructuras internas de los partidos políticos y organizaciones sociales, logrando el fortalecimiento de la vida democrática en el país.

Al respecto, Proigualdad expone algunas líneas de acción, entres ellas resalta la dirigida a impulsar acciones afirmativas en el servicio público a fin de aumentar el número de mujeres en puestos de decisión y responsabilidad en la administración pública federal, estatal y municipal.

Tercera. En el orden internacional, en su artículo 7, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), dispone que los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales.

Por cuanto se refiere a las recomendaciones al 6º Informe de México el Comité de la CEDAW instó a nuestro país a fortalecer las medidas para aumentar el número de mujeres en puestos directivos en todos los niveles y en todos los ámbitos, esto es en la vida política y pública.

En otro plano, la Conferencia de Beijing+5 consideró entre sus nuevas acciones la necesidad de establecer y promover el uso de objetivos expresos a corto y largo plazo u objetivos medibles y, en los casos pertinentes, cuotas para promover el avance hacia el equilibrio entre los géneros, incluida la plena participación y acceso de la mujer, en pie de igualdad con el hombre, en todos los ámbitos y niveles de la vida pública, especialmente en los puestos de adopción de decisiones y formulación de políticas, en actividades y partidos políticos, en todos los ministerios gubernamentales y en las principales instituciones encargadas de la formulación de políticas, así como en los órganos y autoridades locales de desarrollo.

Cuarta. Como conclusión podemos señalar que el acceso de las mujeres a la toma de decisiones requiere la acción decidida de los tres órdenes de gobierno, asumiendo las responsabilidades que se derivan del orden jurídico nacional y de los instrumentos internacionales que comprometen al Estado mexicano en esta materia. Concretamente las entidades federativas están impelidas a armonizar sus legislaciones locales para enfrentar este reto.

En este tenor, esta Comisión dictaminadora considera que son claras las atribuciones previstas en el artículo 15 de Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres al establecer que a las y los titulares de los gobiernos estatales y del Distrito Federal les corresponde conducir la política local en materia de igualdad entre mujeres y hombres; crear y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres, mediante las instancias administrativas que se ocupen del adelanto de las mujeres en los estados y el Distrito Federal; así como elaborar las políticas públicas locales, con una proyección de mediano y largo alcance, debidamente armonizadas con los programas nacionales, dando cabal cumplimiento a la presente Ley, y promover, en coordinación con las dependencias de la administración pública federal la aplicación de la presente Ley.

Por lo demás, esta comisión dictaminadora concuerda con la proponente cuando asegura que las experiencias, los valores y las opiniones de las mujeres enriquecerán y desarrollaran el deporte estatal. Por eso, es fundamental que en el gobierno de Colima se promueva dentro del Instituto del Deporte estatal, la equidad de género en la estructura orgánica del deporte.

En razón de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Equidad y Género somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Colimense del Deporte (Incode) a impulsar el acceso y la participación de las mujeres en su estructura orgánica, a efecto de garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2011.

La Comisión de Equidad y Género

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a iniciar los trabajos del libramiento vehicular de Tlapa de Comonfort, Guerrero, y a reasignarles parte de los subejercicios de 2011

Honorable Asamblea:

La Comisión de Transportes, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 80, 81, 82, 84, 85, 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea, el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el martes 8 de febrero de 2011, el diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que inicie los trabajos de ejecución del libramiento vehicular de la ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, y reasigne una parte de los recursos de subejercicios o excedentes presupuestales que se registren durante el ejercicio fiscal 2011, para la construcción de la obra del libramiento Tlapa.

2. En la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva acordó turnar la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa a la Comisión de Transportes, para su estudio y dictamen, mediante oficio DGPL 61-II-2-949.

3. Derivado de lo anterior, esta comisión realizó diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada proposición con punto de acuerdo, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Descripción de la proposición

El legislador señala que en el ejercicio de los recursos presupuestales por parte de las entidades de la administración pública federal, recurrentemente se presentan economías presupuestales, remanentes del gasto público que no son ejercidos, o diferencias positivas entre la asignación definitiva y el gasto ejercido, derivada de la obtención de mejores condiciones en la adquisición de bienes y servicios, y que de acuerdo a los principios y normas presupuestarias y financieras, los recursos excedentes podrán destinarse a gastos contingentes no previstos y a proyectos de inversión adicionales a realizarse durante el transcurso del ejercicio.

Asimismo, el legislador expresa que aunado a la construcción del libramiento, será necesario además, construir obras asociadas, complementarias, provisionales y caminos de acceso; por lo que el presupuesto estimado para dicha obra asciende a 121 millones de pesos, que implican los 22 kilómetros del libramiento vehicular.

Consideraciones de la comisión

Primera. Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, se asignaron 25 millones de pesos para la construcción, en una primera etapa, de un libramiento vehicular para la ciudad de Tlapa de Comonfort, en Guerrero, cuyo principal objetivo es la apertura de una nueva vía de acceso terrestre que libre el paso por Tlapa, toda vez que en las actuales condiciones se presentan problemas graves de congestionamiento vial en la zona urbana, causados por la estrecha carretera federal 931 que atraviesa la ciudad y que resulta insuficiente como infraestructura de movilización vehicular y peatonal.

Segunda. Que en el proyecto del libramiento Tlapa del kilómetro 0+000 al kilómetro 22+000, con una longitud de 22 kilómetros, se encuentra validado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y hasta la fecha no presenta ningún avance en su construcción.

Tercera. Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se etiquetaron 11 millones 700 mil pesos para los trabajos que implican la construcción de dicha infraestructura, asignación que resulta insuficiente para una obra de gran magnitud como pretende ser el “Libramiento Tlapa”.

Por lo expuesto, los diputados integrantes de esta Comisión de Transportes de la LXI Legislatura, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea, los siguientes

Acuerdos

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Delegación Guerrero, a iniciar en forma inmediata los trabajos de ejecución del libramiento vehicular de la ciudad de Tlapa de Comonfort, estado de Guerrero.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que reasigne una parte de los recursos de subejercicios o excedentes presupuestarios que se registren durante el ejercicio fiscal 2011, estimados en por lo menos 35 millones de pesos, a la construcción de la obra prioritaria que representa el “libramiento Tlapa”

Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados, a 28 de abril de 2011.

La Comisión de Transportes

Diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), presidente; Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez, Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Olga Luz Espinosa Morales (rúbrica), Juan José Guerra Abud (rúbrica), secretarios; Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González, Ricardo Urzúa Rivera (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador (rúbrica), Carlos Martínez Martínez, Adolfo Rojo Montoya, Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid, Mary Telma Guajardo Villareal, Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica en contra), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica).

De la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo relativo a la licitación propuesta por la Comisión Federal de Telecomunicaciones

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; la Comisión de Comunicaciones somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

I. En sesión ordinaria celebrada en fecha 31 de marzo de 2011, se dio cuenta a la asamblea de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la proposición con punto de acuerdo relativo a la licitación propuesta por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), suscrito por el diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

II. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades y mediante el oficio número D.G.P.L. 61-II-7-1119, instruyó el turno del primer y segundo resolutivo de la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Comunicaciones, para su estudio y dictaminación.

III. Con base en lo anterior, la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, procedió al análisis y elaboración del presente dictamen.

Contenido de la proposición

El legislador expone que, en días recientes se hizo público la posibilidad de que América Móvil participe en la televisión pública en cadena nacional. Indica el diputado Herrera Chávez que Telmex tiene un impedimento en su título de concesión para poder prestar este servicio. Uno de los argumentos esgrimidos tiene que ver con el tema de la concentración. La revista Forbes señala al empresario Carlos Slim Helú como el hombre más rico del mundo. La acumulación de su fortuna no podría entenderse, de acuerdo al legislador, sin la alta concentración del mercado que sus empresas ejercen en diversos sectores, pero particularmente en el de las telecomunicaciones.

El autor resalta que, las altas tarifas de interconexión es la causa de reclamos por parte de la Cofetel así como de los demás operadores hacia Telmex. Insiste que en ningún momento la preocupación fundamental es el impacto que esto tiene en los usuarios de estos servicios. Que es sumamente lamentable que los costos de operación se trasladen al último eslabón de la cadena de los servicios de telecomunicación.

Aunado a lo anterior, el legislador expresa que la parcialidad de la autoridad en la materia, queda demostrada en la polémica licitación 21.

Agrega que los medios de comunicación señalan que Telcel tiene interés en entrar al mercado de la televisión de paga, por lo que la verdadera razón de la pelea de las televisoras, cableras y otros operadores de telecomunicaciones, contra esta empresa y Telmex no son las tarifas de interconexión, sino retrasar la entrada de ambos operadores a este segmento del mercado.

Por otro lado, el iniciante señala que Telcel ha presentado 75 denuncias contra Axtel y Maxcom ante la Cofetel, por manipular el tráfico de larga distancia, prácticas de by pass, que afectan la interconexión con la empresa móvil e incluso a los usuarios, por lo que solicitó la revocación de sus títulos de concesión.

El diputado Herrera Chávez hace referencia a los reportes de la Cofetel que señalan que en nuestro país existen 746 estaciones de televisión de las cuales 461 son concesionadas. Refiere de la misma forma que es un sector con altos índices de concentración en el que importantes ciudades del país cuentan exclusivamente con dos opciones comerciales.

Concluye exponiendo que, los estudios técnicos señalan la posibilidad de licitar dos cadenas digitales de televisión con cobertura de 92.6 y 82.6 por ciento respectivamente entre los canales 20 a 51 UHF. Que si bien la tendencia mundial y propiamente la nacional nos conduce a la capacidad espectral digital, la viabilidad en el ámbito analógico arroja un 57.9 por ciento. Además como lo indica la Cofetel, los canales podrían ser nacionales o regionales, pero deberán utilizar como mínimo el estándar ATSC53, que es un estándar internacional.

Consideraciones

1. Los integrantes de la Comisión de Comunicaciones, coinciden con el legislador proponente, respecto de que el punto central debería ser los daños, que los conflictos entre las diferentes empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones, pudieran causar al usuario.

2. El presente punto de acuerdo, en sus resolutivos propone: la Cofetel realice la consulta pública y estudios de mercador para dar certeza a los participantes de dicha licitación; y hacer público los perfiles de quienes podrán acceder a la licitación.

Sin embargo, los artículos 9-A, 14, 16 y 17 de la Ley Federal de Telecomunicaciones establecen:

Artículo 9-A. La Comisión Federal de Telecomunicaciones es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, con autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión, encargado de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México, y tendrá autonomía plena para dictar sus resoluciones. Para el logro de estos objetivos, corresponde a la citada comisión el ejercicio de las siguientes atribuciones:

I. a IV...

V. Someter a la aprobación de la Secretaría, el programa sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados, con sus correspondientes modalidades de uso y coberturas geográficas que serán materia de licitación pública; así como coordinar los procesos de licitación correspondientes;

Artículo 14. Las concesiones sobre bandas de frecuencias del espectro para usos determinados se otorgarán mediante licitación pública. El Gobierno Federal tendrá derecho a recibir una contraprestación económica por el otorgamiento de la concesión correspondiente.

Artículo 16. Para llevar a cabo el procedimiento de licitación pública a que se refiere el artículo 14 de esta Ley, la Secretaría publicará en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de la entidad o entidades federativas cuya zona geográfica sea cubierta por las bandas de frecuencia objeto de concesión, convocatoria para que cualquier interesado obtenga las bases correspondientes.

Las bases de licitación pública incluirán como mínimo:

I. Los requisitos que deberán cumplir los interesados para participar en la licitación, entre los que se incluirán:

A. Los programas y compromisos de inversión, de cobertura y calidad de los servicios que se pretenden prestar;

B. El plan de negocios;

C. Las especificaciones técnicas de los proyectos;

D. En el caso de los servicios de telecomunicaciones, las acciones coordinadas con la autoridad correspondiente, que permitan combatir los delitos de extorsión, amenazas, el secuestro en cualquiera de sus modalidades o algún delito grave o relacionado con la delincuencia organizada, así como las medidas necesarias para llevar un registro pormenorizado y preciso sobre los usuarios de teléfonos móviles, así como los nuevos cuentahabientes de este servicio, con la debida protección de datos, y

E. Opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia.

II. Las bandas de frecuencias objeto de concesión, sus modalidades de uso y zonas geográficas en que pueden ser utilizadas;

III. El período de vigencia de la concesión, y

IV. Los criterios para seleccionar al ganador.

Artículo 17. Cuando las proposiciones presentadas en la licitación pública no aseguren las mejores condiciones para la prestación de los servicios, las contraprestaciones ofrecidas no sean satisfactorias a juicio de la Secretaría o no cumplan con los requisitos establecidos en las bases de la licitación, se declarará desierta la licitación y podrá expedirse una nueva convocatoria.

3. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora, consideramos que el objeto de la Proposición con Punto de Acuerdo es procedente en lo esencial, con la salvedad de aplicar una modificación al texto propuesto por el iniciante, para quedar como sigue:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a que las licitaciones públicas, de la concesiones sobre bandas de frecuencias del espectro para usos determinados, se realicen en estricto apego a los ordenamientos jurídicos vigentes.

En mérito de lo antes expuesto, la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2011.

La Comisión de Comunicaciones

Diputados: José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), presidente; Éric Luis Rubio Barthell (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Arturo García Portillo (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández, Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Fernando Ferreyra Olivares (rúbrica), José M. Torres Robledo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales (rúbrica), Adriana Fuentes Cortés (rúbrica), secretarios; Hugo Héctor Martínez González, Rogelio Cerda Pérez, Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Ricardo Ahued Bardahuil, Sofía Castro Ríos (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Janet Graciela González Tostado, Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Ana Estela Durán Rico (rúbrica), Maurilio Ochoa Millán (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced, Javier Corral Jurado, Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Sergio Arturo Torres Santos (rúbrica), Aranzazu Quintanilla Padilla (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Martín García Avilés.

De la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo a establecer una política en la materia que estimule, entre los programas regionales operados por ella, uno relativo a turismo rural y –consecuentemente– que proporcione apoyos económicos a pequeños prestadores de servicios que lo abarquen

Antecedentes

Primero. El 7 de abril de 2011, la diputada Laura Vivian Agúndiz Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó a la asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo a edificar una política pública en materia turística, en la cual se incentive la promoción como destino turístico, en los programas regionales que opera esta secretaría, uno relativo a turismo rural y, consecuentemente, se otorguen apoyos económicos a pequeños prestadores de servicios que abarquen el turismo rural.

Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LXI Legislatura, con número de oficio DGPL 61-II-8-1090, expediente número 4531, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Es evidente la necesidad de implantar acciones ágiles y eficientes, en el marco de las responsabilidades correspondientes a cada uno de los órdenes de gobierno, alcanzando la coordinación elemental para fomentar la actividad turística en el país y el extranjero.

Gran parte de la riqueza cultural y social del país se encuentra enquistada en sus pueblos, con su gente, hay capillas centenarias regadas por un gran número de pueblos, como costumbres milenarias, fiestas y tradiciones, así como una rica diversidad gastronómica, que esperan pacientemente a visitantes nacionales e internacionales.

La diputada promovente refiere que no es casual que los municipios pequeños, por sus características económicas y sociales, carezcan de posibilidades para explotar el rubro del turismo en su localidad, en vista de que no hay grandes inversiones en su circunscripción, generalmente no son una opción para que entidades federales, como la Secretaría de Turismo, enfoque políticas públicas mediante las cuales puedan favorecerse con la atracción de turismo.

Coincidimos en que hay un espacio de desarrollo que puede combinar las características de municipios pequeños y turismo. No requiere las grandiosas inversiones de los inmensos complejos turísticos, y con un poco de inversión y promoción traerían grandes beneficios a la población en su conjunto; éste es el turismo rural.

El turismo rural es una actividad turística que se realiza habitualmente en pequeñas localidades (menores de mil o 2 mil habitantes) o fuera del casco urbano en localidades de mayor tamaño. Las instalaciones suelen ser antiguas, como caseríos y haciendas que, una vez rehabilitados, reformados y adaptados, suelen ser trabajados en forma familiar, ofreciendo un servicio de calidad, en ocasiones por los mismos propietarios.

Las características descritas encajan de forma plena en los requerimientos que presentan los municipios pequeños, para poder explotar un sector económico de su productividad en la rama del turismo.

Para potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana y lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos, es necesario continuar impulsando políticas públicas en beneficio del sector. En ese sentido es el exhorto a la Secretaría de Turismo federal, sobre una política pública en materia turística en la cual se incentive la promoción como destino turístico, en los programas regionales que opera esta secretaría, uno relativo a turismo rural y, consecuentemente, se otorguen apoyos económicos a pequeños prestadores de servicios que abarquen el turismo rural, con objeto de impulsar acciones que contribuyan a la conservación y al aprovechamiento racional de los recursos naturales, el desarrollo de las comunidades rurales e indígenas, así como la rentabilidad de las empresas turísticas.

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LXI Legislatura somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Turismo a edificar una política pública en materia turística, en la cual se incentive la promoción como destino turístico, en los programas regionales que opera esta secretaría, uno relativo a turismo rural; y, consecuentemente, a otorgar apoyos económicos a pequeños prestadores de servicios que abarquen el turismo rural.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2011.

La Comisión de Turismo