De la Cámara de Senadores, con la que remite proposición con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 se consideren recursos para crear el programa de prevención y atención de la violencia y el maltrato infantiles, presentada por Alfredo Rodríguez y Pacheco, Emma Lucía Larios Gaxiola y Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del PAN

México, DF, a 13 de septiembre de 2011.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Alfredo Rodríguez y Pacheco, Emma Lucía Larios Gaxiola y Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron propuesta con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 se consideren recursos para la creación del programa de prevención y atención de la violencia y maltrato infantiles.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica)

Vicepresidente

Secretarios de la Mesa Directiva

De la Cámara de Senadores

Del Congreso de la Unión

Presentes

Emma Lucía Larios Gaxiola, Guillermo Tamborrel Suárez y el suscrito, Alfredo Rodríguez y Pacheco, senadores integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, dirigida a la Cámara de Diputados del. Congreso de la Unión, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012 se consideren recursos para la creación de un programa de prevención y atención de la violencia y maltrato infantil por parte del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (Censia).

Consideraciones

Ningún tipo de violencia es justificable y toda violencia puede ser prevenible

Sérgio Pinheiro, 2006.

Por comportamientos aprendidos, razones sociales y culturales o de distinta índole, los niños y los adolescentes mexicanos sufren de violencia y maltrato en espacios y lugares que deberían ser de protección, como el hogar, la escuela, en los sistemas de protección y de justicia y en la comunidad.

Los menores de edad forman parte de la población más vulnerable debido a su dependencia física, afectiva, económica y social respecto a los adultos. Los especialistas distinguen cuatro tipos de maltrato infantil: físico; psicológico o emocional; abuso sexual, y de negligencia u omisión.

La violencia es un problema que compete a todos los países y es considerado desde 1996 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un grave problema de salud pública, por los daños a la salud de las víctimas, el sufrimiento que produce entre los afectados y la carga de trabajo que genera en los servicios de salud.

Así, según estimación en 2007 del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), todos los años 275 millones de niños en el mundo son víctimas de violencia en sus hogares y unos 40 millones de menores de 15 años sufren violencia, abusos y abandono, fenómenos que se reportan en distintos ámbitos: la familia, la escuela, la comunidad, las calles y situaciones de trabajo.

La dimensión del maltrato infantil en América Latina es epidémica y no distingue clase social, etnia ni género. Según datos del Unicef, en la región más de 50 por ciento de los adultos, mujeres y hombres, piensan que es normal usar el maltrato contra los menores de edad como forma de educación y castigo.

De acuerdo con el Informe nacional sobre violencia y salud, elaborado por la Secretaría de Salud y auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México es uno de los países más violentos del mundo, situación que tiene un impacto negativo entre los niños y los adolescentes, pues desde hace casi 30 años mueren asesinados a diario dos menores de 14 años a causa de la violencia familiar y la delincuencia común.

El citado estudio revela que tanto en México como Centroamérica, el castigo físico se justifica como un mecanismo que utilizan los padres para corregir o enderezar las conductas de los hijos. Así, formas de violencia como golpear, pellizcar o patear a los niños no son consideradas acciones lesivas.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, en el Reporte Temático Número 1, “Violencia y maltrato a menores en México” (febrero de 2005), señala que el país ocupó el segundo lugar por su tasa de muerte por homicidio en menores de 15 años.

Según el estudio del secretario general de la ONU, en 2007 en la región la violencia contra los menores de edad en el interior de las familias se manifiesta principalmente por medio del castigo físico como forma de disciplina, el abuso sexual, el abandono y la explotación económica. En este sentido, la Secretaría de Salud federal, en el Informe nacional sobre violencia y salud, elaborado en 2006, reconoce que existe “un alto nivel de tolerancia” para la violencia que se ejerce contra la población infantil, ya que los castigos físicos y el maltrato verbal “son prácticas cotidianas que gozan de niveles altos de aceptación” y en las escuelas son prácticas que no se han prohibido.

Por otro lado, el 19 de noviembre de 2010, la Red por los Derecho de la Infancia en México 2010 en el estudio La violencia contra niños, niñas y adolescentes en México. Miradas regionales. Ensayo temático de la infancia cuenta en México, señala que el país ocupa el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidios de menores de 14 años entre los 33 países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ya que la tasa de mortalidad por homicidios en la población de 15 a 17 años de edad, de 2007 a 2008, se incrementó en 50 por ciento.

Sin embargo, en el país todavía no se cuenta con un registro nacional adecuado de los casos de maltrato infantil reportados a las autoridades (salud, educación, protección a la infancia o justicia). Es decir, no hay manera de saber si los casos que reporta uno de estos sectores son los mismos registrados en otro, como señala la Red por los Derechos de la Infancia en México, en el ensayo temático La infancia cuenta 2010.

Al respecto, el informe emitido en el 2007 por el Unicef señala que las evidencias indicarían que sólo una pequeña parte de la violencia contra los niños es denunciada a la justicia e investigada por los órganos competentes, y pocos agresores son procesados, ya que sólo llegan a conocimiento de las autoridades los casos más severos, y muchos de ellos son clasificados como accidentales, sin que se inicien investigaciones al respecto.

Centrándonos en el impacto social y económico implicado directamente en los servicios de salud, tenemos que de acuerdo con la OMS (2004), la violencia destroza vidas y supone importantes costos económicos para las sociedades de todo el mundo, algunas de las cuales gastan más de 4 por ciento del producto interno bruto (PIB) en tratar las lesiones relacionadas con la violencia.

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (1996 y 1997) calculó sobre las repercusiones económicas de la violencia que los gastos en servicios de salud equivalían por sí solos a 1.3 por ciento del PIB en México.

Con estos resultados se considera que la situación es preocupante, debido a que los menores maltratados y desatendidos padecen más problemas de salud, lo que ocasiona costos en la atención sanitaria significativamente más elevados; acuden con mayor frecuencia a los servicios hospitalarios de urgencia que las personas que no sufren maltrato.

Dentro del efecto de largo plazo podemos encontrar que algunos expertos advierten que si no reciben el tratamiento adecuado las víctimas de violencia y maltrato infantil pueden mostrar un comportamiento violento en las diferentes etapas biológicas de su desarrollo. Un estudio realizado por la Fundación En Pantalla contra la Violencia Infantil revela que quienes tuvieron una infancia marcada por el abuso extremo, negligencia y tortura, tras haber sido víctimas algunos de ellos se convierten en victimarios, perpetuando de esta manera el círculo de violencia y que muchas de las víctimas que no tuvieron la oportunidad de resarcir el dolor y el sufrimiento, ni fueron sometidos a tratamiento y rehabilitación prolongada, no logran superar el resentimiento de sus primeras etapas de vida y, posteriormente, durante la adolescencia, existe la posibilidad de que se unan a grupos subversivos, o que inicien una vida criminal y vengativa, como lo demuestran prácticamente casi todos los expedientes de asesinos, narcotraficantes, secuestradores.

Por ello, es fundamental tomar en cuenta que un diagnóstico temprano basado en la observación de indicadores físicos y de comportamiento puede rescatar a muchos infantes del martirio de la violencia. Por esta razón, los expertos hacen énfasis en la necesidad de identificar oportunamente a un niño de alto riesgo o en situación de maltrato, ya que de esta manera se puede salvar a innumerables víctimas.

Estimados compañeros, como legisladores, estamos obligados a procurar que haya recursos suficientes la implementación de una política pública eficiente que prevenga y combata la violencia y el maltrato infantil y adolescente, y de esta manera, tomemos en cuenta que si un niño, niña o adolescente, vive una situación de violencia y maltrato; frena la potenciación y desarrollo de las habilidades necesarias para aprender, socializar y desempeñarse en los contextos donde convive, por es fundamental lograr que nuestros niños, niñas y adolescentes abandonen los hogares por malos tratos o ante la omisión o negligencia de sus padres, madres o cuidadores abandonen sus estudios y se tomen el camino fácil , el camino que los conduzca a engrosar las filas de la criminalidad, por citar un ejemplo.

La violencia y el maltrato de niñas, niños y adolescentes es un atentado a los derechos elementales de este sector de la población, consagrados a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En la materia, México ha suscrito instrumentos jurídicos de carácter obligatorio, como la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada en 1990, y que reconoce a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos humanos y al estado como responsable de su protección, en materia de atención de la salud, educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales.

En esta misma convención, se establece que los estados parte tienen la obligación de adoptar medidas eficaces para proteger a los adolescentes contra toda forma de abuso, descuido y/o explotación. El artículo 19 de la citada convención obliga al Estado mexicano a la realización de “todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un tutor o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.

En el mismo sentido, México ha firmado otros acuerdos que reconocen y protegen los derechos de las personas como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ratificada por el Senado mexicano en 1972, que establece la obligatoriedad del Estado mexicano de dar cumplimiento a estos instrumentos internacionales.

Al respecto y para dar cumplimiento a lo dispuesto a los acuerdos de la Organización Mundial de la Salud, la 49 Asamblea Mundial de la Salud celebrada en 1996, instó a los estados miembros a mejorar los sistemas de registro y reporte de los diversos tipos de violencia, a desarrollar actividades de investigación sobre los factores de riesgo y mecanismos asociados a este fenómeno y al desarrollo de estrategias preventivas de la violencia que se presenta en los distintos espacios sociales.

De la misma forma, en el seguimiento a cumplir con lo dispuesto en la Convención de los Derechos del Niño, el comité de expertos de este instrumento jurídico en 2006 recomendó al gobierno de México intensificar sus esfuerzos “por elaborar un sistema que facilite la reunión general de datos sobre todos los niños menores de 18 años, que necesitan protección especial”.

La Secretaría de Salud de nuestro país, atendiendo la recomendación de la Asamblea Mundial de la Salud, ha desarrollado esfuerzos desde 1999 para la prevención y atención de la violencia en el ámbito de sus competencias, con la elaboración de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención.

También se creó el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, donde se dieron a la tarea de diseñar un modelo de prevención y atención a la violencia en los espacios de salud, dirigido inicialmente a la violencia contra las mujeres y gracias al presupuesto etiquetado para este fin por la Cámara de Diputados, desde 2002 y hasta 2006, fue posible validar el modelo y extenderlo paulatinamente a los servicios estatales de salud de las 32 entidades federativas del país; a través de la celebración de convenios de colaboración con las secretarías estatales de salud.

Por otra parte, en 2001 se creó el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia) y después de varias modificaciones a su marco legal hoy es el encargado de difundir y evaluar las políticas nacionales, estrategias, lineamientos y procedimientos en materia de atención de la salud de la infancia y la adolescencia, así como de la vacunación de la población.

Lamentablemente el Censia no cuenta con presupuesto para elaborar e implementar un modelo de prevención y atención a la violencia y al maltrato de niñas, niños y adolescentes en los espacios de salud, siendo la instancia adecuada debido a que la violencia en sus distintas formas y manifestaciones produce en las víctimas efectos sobre la salud mental, complicaciones médicas y lesiones que incluso pueden llevar a la muerte, las cuales son previsibles con acciones realizadas en el primer nivel de atención en centros de salud y hospitales.

Es importante hacer énfasis en que a pesar de que existen instituciones encargadas de la protección de la infancia como los albergues del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, las procuradurías de la defensa del menor; en el sistema nacional de salud no existe ninguna instancia o programa que realice acciones de prevención y detección oportuna que mejore la calidad de vida y reduzca la potencialidad del daño derivado de la violencia que sufren niñas, niños y adolescentes.

Tomando en cuenta que dentro de los costos directos en el impacto de la problemática de la violencia y el maltrato en niñas, niños y adolescentes está el rubro de la justicia penal y por otro lado el más demandante el de la atención médica; los servicios de salud constituyen un área de oportunidad fundamental para la prevención dirigida al cambio de conductas, a través de la educación en salud a la población y la promoción del derecho a una vida libre de violencia y al maltrato de niñas, niños y adolescentes, así como la detección temprana en las primeras fases del inicio del ciclo de la violencia y el maltrato que permita el desarrollo integral de los menores de edad.

Por ello, es importante la creación de Centros Especializados de Prevención y Atención de la Violencia y el Maltrato en Niñas, Niños y Adolescentes en todo el país y, en la medida de lo posible; restaurar la salud física y mental de los afectados, a través de manejo médico, apoyo psicológico y en su caso referencia a una unidad especializada y cuando sea posible deberá promoverse también la atención de los probables agresores.

Por lo anteriormente planteado, es necesario que se destinen recursos para financiar una política pública efectiva enfocada a dar prioridad a la prevención y a la intervención temprana de la violencia y el maltrato de niñas, niños y adolescentes, en 100 por ciento de los hospitales generales existentes a nivel nacional, que en total suman 664. La estimación para cubrir las necesidades del programa en una primer etapa es de 198 millones de pesos, de acuerdo a datos del propio Censia.

Es por ello compañeros que nos permitimos plantearles la conveniencia de emitir los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta y solicita atenta y respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, realice los esfuerzos necesarios para incorporar en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, 198 millones de pesos, para la creación del Programa de Prevención y Atención del Maltrato de Niñas, Niños y Adolescentes, que a su vez considere el establecimiento Centros Especializados de Prevención y Atención de la Violencia y el Maltrato en Niñas, Niños y Adolescentes, a través del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia.

Segundo. Se exhorta y solicita atenta y respetuosamente a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Atención a Grupos Vulnerables y de Salud de la Cámara de Diputados, para que coadyuven en la incorporación del recurso solicitado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, para la creación del Programa de Prevención y Atención del Maltrato de Niñas, Niños y Adolescentes, que a su vez considere el establecimiento de Centros Especializados de Prevención y Atención de la Violencia y el Maltrato en Niñas, Niños, y Adolescentes, a través del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de septiembre de 2011.

Senadores: Emma Lucía Larios Gaxiola (rúbrica), Guillermo Tamborrel Suárez, Alfredo Rodríguez y Pacheco.