De las Comisiones Unidas de Justicia, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Energía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal; y de las Leyes General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo

Honorable Asamblea:

A la Comisiones Unidas de Justicia, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Energía de la LXI Legislatura fue turnada para estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.

Las Comisiones Unidas de Justicia, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Energía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXI legislatura, con fundamento en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral, 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 12 de enero de 2011 varios Diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.

Segundo. La Mesa Directiva, en esa misma fecha, mediante el oficio número DGPL 61-II-4-829, acordó que se turnara a las Comisiones Unidas de Justicia, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía, para su estudio y dictamen correspondiente.

Contenido de la iniciativa

Señalan los proponentes que el 20 de abril de 2010, la plataforma petrolera semisumergible Deepwater Horizon, operada por la empresa British Petroleum (BP), que extraía 8 mil barriles diarios, sufrió un accidente y se hundió en el Golfo de México, a 67 kilómetros de la costa de Louisiana, Estados Unidos de América y que el gobierno de Estados Unidos de América calcula que hasta el 15 de julio, fecha en que se logró contener el derrame, se derramó un total de entre 50 y 150 millones de galones de crudo. Además, la mancha de hidrocarburos se extendió a las costas de los estados de Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama y Florida, provocando serias afectaciones económicas y ambientales. Que el sitio del derrame se encuentra a 920 kilómetros de la playa más cercana en Tamaulipas y a 793 kilómetros de la playa más cercana en Yucatán. Hasta el momento no se puede asegurar que las costas mexicanas serán afectadas, pero es una posibilidad que depende de varios factores como las corrientes marinas, la presencia de huracanes y, sobre todo, que no se produzcan nuevos derrames en el sitio.

Por ello, apuntan, en caso de que México se viera afectado por esta eventualidad, se implantaría el Plan Nacional de Contingencias para Combatir y Controlar Derrames de Hidrocarburos y otras Substancias Nocivas en el Mar (PNC) y el Plan Conjunto de Contingencia entre México y Estados Unidos de América sobre Derrames de Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en el Mar (Mexus). En este contexto, la Secretaría de Marina (Semar) sería la autoridad rectora nacional y las siguientes dependencias actuarían de manera sectorial: Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Secretaría de Gobernación (Segob), Secretaría de Salud (Ssa) y Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Adicionalmente, el PNC también prevé la colaboración con organismos internacionales y con la sociedad civil.

Destacan que Pemex, por la naturaleza de sus operaciones, cuenta con personal entrenado y maquinaria disponible para responder ante una emergencia de este tipo. La paraestatal cuenta con 20 grupos regionales de atención y manejo a emergencias (Grame) distribuidos en todo el territorio nacional, incluyendo el mar territorial, los cuales le permiten actuar de manera coordinada ante incidentes de afectación interna, local o regional. Ante el actual derrame petrolero, las acciones preventivas realizadas hasta el momento por Pemex incluyen: monitoreo permanente del desplazamiento de la mancha de petróleo; envío a BP de sistemas de control de derrames; sobrevuelos para detección de derrames en la sonda de Campeche; activación de los Centros de Respuesta y Atención de Emergencias; simulacro binacional del Plan Mexus Gulf con aplicación del manual de manejo de incidentes; y auditorías a las instalaciones de perforación durante 2008, 2009 y 2010.

Pero apuntan que a pesar de la sólida coordinación de Pemex, tanto internamente como con las autoridades nacionales para hacer frente al derrame, existe el riesgo de que el responsable (BP) quede exento de pagar los daños al mar mexicano debido a los vacíos existentes en nuestra legislación. Esta situación fue explicada a detalle por la doctora María del Carmen Carmona Lara, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dentro del seminario-taller Océanos mexicanos: amenazas y legislación, organizado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados el 15 y el 16 de junio de 2010. Profesionista que señaló que BP, como cualquier empresa petrolera, opera en instalaciones que cuentan con seguros limitados, de manera que en el actual incidente, la empresa pagará a quienes demanden primero, y en caso de que se acabe la responsabilidad debido a que el seguro es limitado, nadie pagará el daño potencial a las aguas de los mares territoriales mexicanos, que son propiedad de la nación, de acuerdo con el artículo 27, párrafo quinto, de la Carta Magna, y son un bien nacional, de acuerdo con el artículo 3o., fracción I, de la Ley General de Bienes Nacionales.

En este contexto, el Código Civil Federal señala en el artículo 12 que las leyes mexicanas rigen los hechos ocurridos en territorio nacional, salvo cuando éstas prevean la aplicación de un derecho extranjero, además de lo previsto en los tratados y convenciones de los que México sea parte. Esto nos remite a los tratados internacionales que ha firmado México en materia ambiental. Así pues, la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano (1972) estableció en el Principio 21 que los Estados tienen “la obligación de asegurarse de que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio ambiente de otros Estados”. Esto indica que Estados Unidos compartiría la responsabilidad con BP en caso de afectación al mar mexicano. Asimismo, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), definió en el Principio 13 que “los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales”.

Por ello, los proponentes señalan que las disposiciones del Código Civil Federal en esta materia son muy generales y dejan a voluntad del ofendido el mecanismo de reparación del daño; que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente señala que la federación atenderá los daños ambientales originados en otros países, y que la política ambiental buscará no afectar el equilibrio ecológico de otros países; sin embargo, no establece nada recíproco, por último, la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo indica que Pemex prevendrá y reparará los daños ambientales derivados de sus actividades, pero no indica lo mismo para otras empresas que resulten responsables por un daño similar.

Como consecuencia de lo anterior, señalan que nuestro país es responsable de su propia vulnerabilidad en materia de responsabilidad e indemnización por daño ambiental, puesto que no hemos desarrollado un marco legislativo integral en esta materia.

Manifiestan finalmente que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México es consciente de esta situación, y por ello han impulsado desde la LVIII Legislatura la creación de una Ley de Responsabilidad Civil por el Daño y el Deterioro Ambiental, con objeto de regular el régimen de responsabilidad civil derivado del ejercicio de las actividades con incidencia ambiental, incluyendo la industria petrolera, con la finalidad de reparar los daños a las personas o el deterioro medioambiental que pudieran ocasionarse como consecuencia de dicho ejercicio. Y que la presente iniciativa busca subsanar los vacíos legislativos antes señalados en el Código Civil Federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, de manera que nuestro país pueda contar con un soporte legislativo adecuado para exigir el derecho a las indemnizaciones que le corresponderían, tanto a la nación como a los ciudadanos, por los daños ambientales derivados del actual derrame petrolero, y de otras posibles contingencias futuras que tuvieran su origen en otros países, con afectación al territorio nacional.

Análisis comparativo

Texto vigente

Código Civil Federal

Artículo 15. No se aplicará el derecho extranjero

I. ...

II. Cuando las disposiciones del derecho extranjero o el resultado de su aplicación sean contrarios a principios o instituciones fundamentales del orden público mexicano.

Artículo 1915. La reparación del daño debe consistir a elección del ofendido en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de daños y perjuicios.

...

...

...

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo 15. Para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo federal observará los siguientes principios:

I. a XVII. ...

XVIII. a XX. ...

Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo

Artículo 7o. Bis. Petróleos Mexicanos ejecutará las acciones de prevención y de reparación de daños al medio ambiente o al equilibrio ecológico a causa de las obras u operaciones de la industria petrolera y está obligado a sufragar sus costos, cuando sea declarado responsable por resolución de la autoridad competente, en términos de las disposiciones aplicables.

Propuesta legislativa

Código Civil Federal

Artículo 15. No se aplicará el derecho extranjero

I. ...

II. Cuando las disposiciones del derecho extranjero o el resultado de su aplicación causen daños y perjuicios a los bienes nacionales, o sean contrarios a principios o instituciones fundamentales del orden público mexicano.

Artículo 1915. La reparación del daño causado por actos lícitos o ilícitos referidos en el presente capítulo, debe consistir en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o bien, en el pago de daños y perjuicios a los ofendidos.

...

...

...

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo 15. Para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo federal observará los siguientes principios:

I. a XVII. ...

XVII Bis. Es interés de la nación vigilar que las actividades que se lleven a cabo fuera del territorio nacional, no afecten el equilibrio ecológico de la nación y, en caso de una afectación, exigir la reparación del daño;

XVIII. a XX. ...

Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo

Artículo 7o. Bis. Petróleos Mexicanos ejecutará las acciones de prevención y de reparación de daños al medio ambiente o al equilibrio ecológico de la nación a causa de las obras u operaciones de la industria petrolera y está obligado a sufragar sus costos, cuando sea declarado responsable por resolución de la autoridad competente, en términos de las disposiciones aplicables.

Tendrá las mismas obligaciones la persona que resulte responsable de daños al medio ambiente o al equilibrio ecológico de la nación, a causa de obras, operaciones o accidentes, relacionados con actividades de la industria petrolera realizadas fuera del territorio nacional.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Consideraciones

Después de haber analizado los argumentos vertidos en la iniciativa que nos ocupa, las comisiones unidas consideran improcedente la reforma planteada por las siguientes consideraciones:

Primera. El interés del legislador deriva la falta de instrumentos jurídicos para exigir la responsabilidad ocasionada por el derrame petrolero por el hundimiento de la plataforma Deepwater Horizon, a lo que hay que señalar lo siguiente:

Si bien es cierto que a nivel nacional como internacional existe un vacío jurídico en materia de responsabilidad ambiental, es de señalar que existen dos tipos de responsabilidad la internacional, objeto de arbitraje entre estados, y la nacional en la que personas físicas o morales, que pudieran resultar afectadas por algún suceso, pueden reclamar ante los Tribunales Internos. En este caso, y derivado de la interpretación de la exposición de motivos del legislador, la responsabilidad a la que él se refiere es la responsabilidad ambiental internacional.

Por lo que hace a la responsabilidad internacional, no existe un tratado internacional que regule la responsabilidad en concreto, pero ello no ha sido obstáculo para que se hayan iniciado múltiples reclamaciones internacionales por daños transfronterizos en materia ambiental, pues existen normas consuetudinarias, que plantean la indemnización por daños ocasionados por actividades lícitas, pero altamente riesgosas, en las que por no tomarse las medidas necesarias de precaución, se han ocasionado daños ambientales.

La costumbre internacional sirve de base para saber que la responsabilidad internacional por daño ambiental se puede reclamar vía arbitraje internacional, en donde las partes en conflicto sean los estados involucrados y lo importante sea probar la capacidad que tienen ciertas actividades de generar el daño.

Así, en caso de existir un conflicto internacional, tendría que ser la Secretaría de Relaciones Exteriores la competente para intervenir en dichas controversias. Al respecto tiene aplicación el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:

Artículo 28. A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; y sin afectar el ejercicio de las atribuciones que a cada una de ellas corresponda, conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte;

II. Dirigir el servicio exterior en sus aspectos diplomático y consular en los términos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y, por conducto de los agentes del mismo servicio, velar en el extranjero por el buen nombre de México; impartir protección a los mexicanos; cobrar derechos consulares y otros impuestos; ejercer funciones notariales, de Registro Civil, de auxilio judicial y las demás funciones federales que señalan las Leyes, y adquirir, administrar y conservar las propiedades de la Nación en el extranjero;

...

IV. Intervenir en las cuestiones relacionadas con los límites territoriales del país y aguas internacionales;

Cabe señalar que en 2006 se firma el Protocolo relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias, 1 el cual tiene como objeto que las partes contratantes, individual y colectivamente, protegerán y preservarán el medio marino contra todas las fuentes de contaminación y adoptarán medidas eficaces, según su capacidad científica, técnica y económica, para prevenir, reducir y, cuando sea factible, eliminar la contaminación causada por el vertimiento o la incineración en el mar de desechos u otras materias.

El arreglo de controversias de las partes relativo a su interpretación o aplicación se resolverá en primera instancia mediante negociación, mediación o conciliación, o por otros medios pacíficos elegidos por las partes en la controversia. Si no se ha podido encontrar una solución doce meses después de que una Parte Contratante haya notificado a otra que existe una controversia entre ellas, la controversia se resolverá, a petición de una de las partes en la controversia, mediante el procedimiento arbitral o a uno de los procedimientos enumerados en el párrafo 1 del artículo 287 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

En caso de haber una daño al equilibrio ecológico por vertimientos deliberado de materias, sustancias o desechos en aguas marítimas jurisdiccionales mexicanas, el Reglamento de 1979, 2 derivado del Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación del Mar por vertimiento de desechos y otras materias, establece que será la Secretaría de Marina la competente. 3 Lo anterior, con fundamento en el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que señala lo siguiente:

Artículo 30. A la Secretaría de Marina corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

...

IV. Ejercer:

a. La soberanía en el mar territorial, su espacio aéreo y costas del territorio;

b. Vigilancia de las zonas marinas mexicanas, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias; y

c. Las medidas y competencias que le otorguen los ordenamientos legales y los instrumentos internacionales de los que México sea parte, en la zona contigua y en la zona económica exclusiva.

V. Ejercer la autoridad para garantizar el cumplimiento del orden jurídico en las zonas marinas mexicanas, proteger el tráfico marítimo y salvaguardar la vida humana en la mar, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias.

...

XXIV. Intervenir, en el ámbito de su responsabilidad, en la protección y conservación del medio ambiente marino sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias;

Por lo anterior y por no ser competencia de las comisiones que realizan el presente dictamen, resulta improcedente el proyecto de decreto propuesto por los legisladores.

Finalmente, es de señalar que si bien, no existe la legislación que pudiera dirimir estas controversias en el ámbito interno, es de señalar que enfrentar las problemáticas ambientales y su reparación de daños y perjuicios no pueden entenderse con los criterios de Código Civil, pues el bien titulado no es particular sino colectivo, naturaleza totalmente diferente a la civil. Simplemente una reparación de daños y perjuicios, el volver las cosas al estado en que tenían, exige criterios de evaluación y de determinación, de compensaciones totalmente distintos.

La responsabilidad por el daño ambiental, no obstante que puede ser imputada mediante la aplicación de los ordenamientos de carácter civil, como se establece en el artículo 203 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: “Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda persona que contamine o deteriore el ambiente o afecte los recursos naturales o la biodiversidad, será responsable y estará obligada a reparar los daños causados, de conformidad con la legislación civil aplicable”. Dicha disposición no introduce ninguna regla para quien cause un daño al ambiente en parte o en su totalidad y tenga la obligación de reparar el daño.

Países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Colombia y Costa Rica, principalmente, han incorporado una serie de principios innovadores centrados en regular la reparación por el daño ambiental.

Segunda. No obstante lo anterior y en atención a las reformas planteadas al Código Civil Federal, relativas a reformar el artículo 15 y el diverso 1915, las mismas resultan improcedentes, en virtud de las siguientes consideraciones jurídicas:

Con relación a la reforma propuesta al artículo 15 de la citada ley sustantiva, es de señalarse que el propio Código Civil Federal, establece claramente las reglas de aplicación del derecho dentro de nuestro territorio en los artículos 12, 13, 14 y 15 de la siguiente forma:

Artículo 12. Las leyes mexicanas rigen a todas las personas que se encuentren en la república, así como los actos y hechos ocurridos en su territorio o jurisdicción y aquéllos que se sometan a dichas leyes, salvo cuando éstas prevean la aplicación de un derecho extranjero y salvo, además, lo previsto en los tratados y convenciones de que México sea parte.

Artículo 13. La determinación del derecho aplicable se hará conforme a las siguientes reglas:

I. Las situaciones jurídicas válidamente creadas en las entidades de la república o en un Estado extranjero conforme a su derecho, deberán ser reconocidas;

II. El estado y capacidad de las personas físicas se rige por el derecho del lugar de su domicilio;

III. La constitución, régimen y extinción de los derechos reales sobre inmuebles, así como los contratos de arrendamiento y de uso temporal de tales bienes, y los bienes muebles, se regirán por el derecho del lugar de su ubicación, aunque sus titulares sean extranjeros;

IV. La forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se celebren. Sin embargo, podrán sujetarse a las formas prescritas en este código cuando el acto haya de tener efectos en el Distrito Federal o en la república tratándose de materia federal; y

V. Salvo lo previsto en las fracciones anteriores, los efectos jurídicos de los actos y contratos se regirán por el derecho del lugar en donde deban ejecutarse, a menos de que las partes hubieran designado válidamente la aplicabilidad de otro derecho.

Artículo 14. En la aplicación del derecho extranjero se observará lo siguiente:

I. Se aplicará como lo haría el juez extranjero correspondiente, para lo cual el juez podrá allegarse la información necesaria acerca del texto, vigencia, sentido y alcance legal de dicho derecho;

II. Se aplicará el derecho sustantivo extranjero, salvo cuando dadas las especiales circunstancias del caso, deban tomarse en cuenta, con carácter excepcional, las normas conflictuales de ese derecho, que hagan aplicables las normas sustantivas mexicanas o de un tercer Estado;

III. No será impedimento para la aplicación del derecho extranjero, que el derecho mexicano no prevea instituciones o procedimientos esenciales a la institución extranjera aplicable, si existen instituciones o procedimientos análogos;

IV. Las cuestiones previas, preliminares o incidentales que puedan surgir con motivo de una cuestión principal, no deberán resolverse necesariamente de acuerdo con el derecho que regule a esta última; y

V. Cuando diversos aspectos de una misma relación jurídica estén regulados por diversos derechos, éstos serán aplicados armónicamente, procurando realizar las finalidades perseguidas por cada uno de tales derechos. Las dificultades causadas por la aplicación simultánea de tales derechos se resolverán tomando en cuenta las exigencias de la equidad en el caso concreto.

Lo dispuesto en el presente artículo se observará cuando resultare aplicable el derecho de otra entidad de la Federación.

Artículo 15. No se aplicará el derecho extranjero:

I. Cuando artificiosamente se hayan evadido principios fundamentales del derecho mexicano, debiendo el juez determinar la intención fraudulenta de tal evasión; y

II. Cuando las disposiciones del derecho extranjero o el resultado de su aplicación sean contrarios a principios o instituciones fundamentales del orden público mexicano.

De la anterior trascripción se desprende con meridiana claridad, las reglas de aplicación del derecho extranjero, en las que se establece cuando se puede aplicar y cuando no, en este último caso, el artículo 15 de la ley sustantiva civil que se pretende reformar, se realizó bajo la técnica legislativa del modelo genérico, ya que de manera general se establece los casos en que se debe aplicar el derecho, lo anterior a efecto de que la hipótesis normativa se pueda cumplir de una manera más sencilla, y por el contrario reformar dicho precepto, para incorporar otras condiciones para la no aplicación del derecho foráneo, tendría un efecto inverso al que se busca, ya que de manera general los bienes nacionales que se pretenden proteger, ya están incorporados en la norma, cuando señala que se aplicara el derecho extranjero cuando éste sea contrario a instituciones fundamentales del orden público mexicano.

Por ello no se considera pertinente la reforma planteada, amen que es de señalarse que, el derecho extranjero, por el simple hecho de serlo, no puede causar un daño o lesión a los bienes nacionales, sino, que necesita un acto ejecutado por una persona para que pueda surtir efectos.

Con relación a la reforma planteada al artículo 1915 del Código Civil Federal, es de señalarse que la misma de igual forma resulta improcedente, toda vez que es potestad del ofendido o víctima del daño optar por solicitar al causante del mismo el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de daños y perjuicios, dicha disposición se considera de esa manera, ya que el derecho civil al ser una rama del derecho privado, regula la relación que existe entre particulares, o entre particulares y el Estado cuando éste actúa sin su poder coactivo, sin su potestad.

Además, es importante resaltar que dicho precepto se encuentra en el capítulo “De las obligaciones que nacen de los actos ilícitos”; es decir, sólo nace la obligación de responder por un daño o perjuicio cuando sea resultado de un acto precisamente ilícito, y no como pretende la iniciativa, ya que intenta incorporar a los actos lícitos para que estos respondan en caso de daño, lo cual resulta jurídicamente ilógico.

Posiblemente, los legisladores pretendieron diferenciar los actos que causan daños y perjuicios de una manera dolosa o culposa, lo cual ya se encuentra regula en dicho capitulo, específicamente en el artículo 1913, de la siguiente forma:

Artículo 1913. Cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, está obligada a responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente, a no ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima.

En ese sentido, resulta improcedente la propuesta legislativa materia del presente dictamen.

Tercera. Por lo que hace al artículo segundo del proyecto de decreto que se adiciona una fracción XVII Bis al artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, es de señalarse que la propuesta resulta improcedente, lo anterior atendiendo al ámbito de validez espacial de la norma, ya que el artículo 1o. de dicho ordenamiento señala lo siguiente:

Artículo 1o. La presente ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción...

El ámbito de validez de las normas, es una creación que del jurista Hans Kelsen, quien diferenció cuatro ámbitos de validez de las normas clasificándolas en los siguientes ámbitos: el espacial, el temporal, el material y el personal.

Respecto del ámbito espacial, se puede decir que se refiere al espacio geográfico o territorio en que un precepto es aplicable. Por lo que desde el punto de vista espacial o territorial de validez, podemos clasificar las normas jurídicas en

• Internacionales; y

• Nacionales.

El caso que nos ocupa, lógicamente se refiere a una norma nacional, la cual se aplicará en nuestro territorio nacional, mismo que en términos constitucionales queda fijado en los artículos 27, 42 y 43 de la Carta Magna.

Por ello establecer como un principio para la política ambiental y demás instrumentos previstos en dicha ley, el que sea de interés de la nación vigilar que las actividades que se lleven a cabo fuera del territorio nacional, no afecten el equilibrio ecológico de la nación y, en caso de una afectación, exigir la reparación del daño, es contrario a lo establecido en dicho ordenamiento, pues las autoridades que tienen la facultad de vigilar la afectación del equilibrio ecológico y protegerlo, tienen su ámbito de competencia en territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.

Por lo anterior, dicha iniciativa crearía un problema de inconstitucionalidad, además de que va en contra del derecho internacional y soberanía de los estados, pues en caso de conflicto será materia de arbitraje entre estados, como a que dado señalado en líneas anteriores.

Cuarta. Con relación a las reformas planteadas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.

En la iniciativa se prevén dos cambios para aplicar en la redacción del artículo 7o. Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. Esta disposición vigente actualmente se puede leer de la siguiente forma:

Artículo 7o. Bis. Petróleos Mexicanos ejecutará las acciones de prevención y de reparación de daños al medio ambiente o al equilibrio ecológico a causa de las obras u operaciones de la industria petrolera y está obligado a sufragar sus costos, cuando sea declarado responsable por resolución de la autoridad competente, en términos de las disposiciones aplicables.

Con las modificaciones planteadas para este artículo, la redacción quedaría como sigue:

Artículo 7o. Bis. Petróleos Mexicanos ejecutará las acciones de prevención y de reparación de daños al medio ambiente o al equilibrio ecológico de la nación a causa de las obras u operaciones de la industria petrolera y está obligado a sufragar sus costos, cuando sea declarado responsable por resolución de la autoridad competente, en términos de las disposiciones aplicables.

Tendrá las mismas obligaciones la persona que resulte responsable de daños al medio ambiente o al equilibrio ecológico de la Nación, a causa de obras, operaciones o accidentes, relacionados con actividades de la industria petrolera realizadas fuera del territorio nacional.

Por un lado, las Comisiones Unidas de Justicia, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Energía estiman que agregar la frase de la nación en el contenido del primer párrafo del artículo que se propone reformar no contribuye a una ampliación del ámbito de aplicación espacial de las disposiciones contenidas en el referido artículo y, menos aún, la hacen más eficaz.

Lo anterior es así porque no se toma en consideración que las normas jurídicas de nuestro país circunscriben su ámbito espacial de validez al territorio nacional, conforme a nuestra Constitución dicho territorio se encuentra señalado en el contenido de los artículos 27, 42 y 43.

Y por el otro, respecto del segundo de los cambios propuestos en la iniciativa que se dictamina consiste en adicionar un párrafo al artículo 7o. Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, dicha adición se pretende justificar cuando los proponentes señalan que Petróleos Mexicanos se encuentra obligado a realizar acciones de prevención y reparación en materia ambiental y “no se indica lo mismo para otras empresas que resulten responsables por un daño”.

Efectivamente, en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo no se establece la responsabilidad para diversos entes en materia de prevención y reparación de daños al ambiente; sin embargo, esto es así debido a que en nuestro país Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios son los únicos que realizan actividades propias de la industria petrolera.

En el primer párrafo del artículo 4o. de la propia Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo se establece que “la nación llevará a cabo la exploración y la explotación del petróleo y las demás actividades a que se refiere el artículo 3o., que se consideran estratégicas en los términos del artículo 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios”. Asimismo, como se ha establecido líneas arriba, la ley en comento tiene un ámbito de aplicación espacial circunscrito a nuestro territorio nacional.

Para el caso de generar determinadas obligaciones para ser cumplimentadas por sujetos extranjeros en atención a hechos ocurridos en territorio extranjero y con efectos en nuestro país, como se pretende en la iniciativa que se dictamina, éstas se tienen que prever en instrumentos jurídicos de carácter internacional; es decir, el establecimiento de normas jurídicas cuyos ámbitos de validez personal y espacial recaigan en una persona y territorio extranjeros, son materia de derecho internacional.

Verbigracia, Petróleos Mexicanos no se somete a jurisdicciones extranjeras y respondería por daños al ambiente ante otros países en caso de que existan tratados internacionales de los que México sea parte, lo cual se refleja en el contenido del artículo 6o. de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, que señala lo siguiente:

Artículo 6o. Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere. Las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan serán siempre en efectivo y en ningún caso se concederán por los servicios que se presten y las obras que se ejecuten propiedad sobre los hidrocarburos, ni se podrán suscribir contratos de producción compartida o contrato alguno que comprometa porcentajes de la producción o del valor de las ventas de los hidrocarburos ni de sus derivados, ni de las utilidades de la entidad contratante.

Petróleos Mexicanos no se someterá, en ningún caso, a jurisdicciones extranjeras tratándose de controversias referidas a contratos de obra y prestación de servicios en territorio nacional y en las zonas donde la nación ejerce soberanía, jurisdicción o competencia. Los contratos podrán incluir acuerdos arbitrales conforme a las leyes mexicanas y los tratados internacionales de los que México sea parte.

Petróleos Mexicanos, los organismos subsidiarios y sus empresas podrán cogenerar energía eléctrica y vender sus excedentes a Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, mediante convenios con las entidades mencionadas.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se someterán a discusión, análisis, aprobación y modificación de la Cámara de Diputados los recursos destinados a los proyectos de cogeneración de electricidad que Petróleos Mexicanos, los organismos subsidiarios y sus empresas propongan ejecutar, los recursos y esquemas de inversión pública con los que se pretendan llevar a cabo dichas obras, así como la adquisición de los excedentes por parte de las entidades.

En síntesis, las Comisiones Unidas de Justicia, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Energía consideran que resulta loable la intención de los proponentes para atender el desarrollo del marco legislativo en materia de responsabilidad e indemnización por daño ambiental; sin embargo, se debe precisar que el avance legislativo en dicha materia requiere de una reforma más integral y compleja, que se adecue al orden jurídico nacional y que incluya el análisis de diferentes aspectos, por ejemplo, la diferenciación de la reparación de daño en materia civil respecto de la reparación de daño en materia ambiental; la consideración del daño ambiental como un interés difuso o colectivo; ampliación de la legitimación activa en esta materia y promover el desarrollo de normatividad internacional en la materia, entre otros aspectos.

Por las razones y la argumentación citadas, las Comisiones Unidas de Justicia, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Energía acuerdan lo siguiente:

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.

Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Notas

1 Adoptado en 1972, en el marco de la Organización Marítima Internacional y aprobado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 4 de noviembre de 2005, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2006.

2 Que derivado de dicho Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias se publicó en 1979 el reglamento, cuyo objeto es controlar las descargas de dichos vertimientos deliberados de materias, sustancias o desechos en aguas marítimas jurisdiccionales mexicanas, quedando sujeta a los principios, los requisitos y las condiciones que se establecen para prevenir el riesgo y el daño que se pueda ocasionar al equilibrio ecológico.

3 Acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 1978, fue designada como autoridad competente para el ejercicio de todas y cada una de las funciones contenidas en el Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2011.

La Comisión de Justicia

Diputados: Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; Sergio Lobato García (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua, Camilo Ramírez Puente, Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), Eduardo Ledesma Romo (rúbrica), secretarios; Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Juanita Arcelia Cruz Cruz (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Gregorio Hurtado Leija, Israel Madrigal Ceja, Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Jesús Alfonso Navarrete Prida, Carlos Alberto Pérez Cuevas, Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero, Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), Josué Cirino Valdez Huezo (rúbrica), Alma Carolina Viggiano Austria, Pedro Vázquez González (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), César Daniel González Madruga, José Ignacio Pichardo Lechuga, Adela Robles Morales, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez, Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo (rúbrica).

La Comisión de Energía

Diputados: Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (rúbrica), Georgina Trujillo Zentella (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández, Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez, Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez, Pedro Jiménez León, Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Canek Vázquez Góngora, José Luis Soto Oseguera (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced, Éric Luis Rubio Barthell, Miguel Martín López, Leandro Rafael García Bringas (rúbrica), Nelly del Carmen Márquez Zapata, César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), Elsa María Martínez Peña, Obdulia Magdalena Torres Abarca, Ramón Jiménez López (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo.