Del diputado Raúl Domínguez Rex
Ciudad de México, Distrito Federal, a 17 de octubre de 2011.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor
Presidente de la Mesa Directiva
De la LXI Legislatura
De la Cámara de Diputados
Presente
Por medio del presente ocurso y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción XVI, 12, fracción V, 13 y 16 del Reglamento de la Cámara de Diputados y por así convenir a mis intereses, en virtud de que concluyó la actividad partidista que me motivó a solicitar licencia temporal; vengo a pedir a usted que tenga a bien someter a la consideración del pleno que se apruebe mi solicitud de reincorporación al cargo de diputado por el distrito electoral federal número 2, con cabecera en Teoloyucan, estado de México, con efectos a partir de esta fecha.
Por lo antes expuesto y fundado, esperando se me obsequie la solicitud planteada, le agradezco a usted las atenciones brindadas al suscrito y quedo a sus apreciables órdenes.
Atentamente
Diputado Raúl Domínguez Rex (rúbrica)
De la diputada María Araceli Vázquez Camacho
México, Distrito Federal, a 17 de octubre de 2011.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor
Presidente de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados
LXI Legislatura
Honorable Congreso de la Unión
Presente
Distinguido presidente:
Por este conducto, la suscrita diputada María Araceli Vázquez Camacho, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados vigente, me permito ejercer mediante el presente oficio el derecho de retirar la proposición con “punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SEP, para que dé cumplimiento al acuerdo 488, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2009”, del turno legislativo, misma que fue turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicio Educativos en la sesión del día jueves 13 de octubre de 2011.
Sin otro particular, y en espera de su valioso apoyo, quedo de usted.
Atentamente
Diputada María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica)
De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondiente a septiembre de 2011, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación respectiva al mismo mes de 2010
México, DF, a 14 de octubre de 2011.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
De Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente
Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de septiembre de 2011, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de septiembre 2010.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
José Antonio Meade Kuribreña
Secretario
Del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con la que remite el informe sobre su situación financiera, patrimonial y operativa al cierre de 2010
Octubre 06, 2011
Diputado Emilio Chuayffet Chemor
Presidente de la Mesa Directiva
LXI Legislatura
H. Cámara de Diputados
Congreso de la Unión
En cumplimiento con lo dispuesto por el Artículo 23, fracción IX de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, envío a usted un CD que contiene el Informe sobre la situación financiera, patrimonial y operativa del Instituto al cierre de 2010, mismo que fue aprobado por la Asamblea General del Instituto en su sesión ordinaria número 100.
Asimismo, se hace de su conocimiento que el Informe Anual de Sustentabilidad 2010 del Infonavit, mediante el cual se da cumplimiento a los compromisos asumidos por nuestra organización con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, como Informe de Comunicación sobre el Progreso (COP por sus siglas en inglés), puede ser consultado a través de la siguiente liga del portal del Infonavit: http://www.infonavitpublica.org.mx/
Atentamente
Víctor Manuel Borrás Setién (rúbrica)
Director General
De la Secretaría de Educación Pública, con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, para que se establezca un programa de formación y desarrollo de coros juveniles
México, DF, 5 de Octubre de 2011
Licenciado Emilio Chuayffet Chemor
Presidente de la Mesa Directiva de la
H. Cámara de Diputados
Presente
En atención al Punto de Acuerdo del 25 de noviembre de 2010, mediante el cual el Pleno de la H. Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría de Educación Pública a establecer un Programa de Formación y Desarrollo de Coros Juveniles que provea a los adolescentes de educación musical y propicie el aprendizaje y conocimiento de la música popular mexicana.
Con profunda satisfacción hago de su conocimiento que en la Vigésima Tercera Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, celebrada el 10 de diciembre de 2010, se alcanzó el Acuerdo R.23a .5, a través del cual se establece que las autoridades educativas estatales lleven a cabo las acciones necesarias para implementar el Proyecto para la formación y desarrollo de Grupos Corales en escuelas primarias y secundarias, con el propósito de favorecer la integración de la comunidad escolar, fomentar la convivencia y el sentimiento de pertenencia a la escuela, así como estimular el gusto por las actividades artísticas y culturales, atendiendo el exhorto de la Cámara de Diputados.
A partir de este esfuerzo de concertación, se ha desarrollado un proceso de capacitación docente en dirección coral y se ha dotado a las escuelas de materiales educativos que han permitido a la fecha formar poco más de 11,000 grupos corales en escuelas de educación básica incorporadas al Programa Escuela Segura en las 32 entidades federativas.
Para dar seguimiento a este proyecto, se realizará en el mes de noviembre el Encuentro Nacional de Grupos Corales, en el que se integrará el Coro Monumental 500 voces del Programa Escuela Segura, formado por 16 niños de cada una de las 32 entidades federativas, quienes interpretarán un repertorio de música popular mexicana.
Por lo anterior, y con el propósito de dar testimonio ante los legisladores de los avances logrados en la promoción de la canción mexicana en las escuelas y de cómo esta actividad contribuye a revalorar nuestras tradiciones e incrementar el aprecio por el patrimonio cultural de México, con toda atención someto a su consideración la posibilidad de que este Coro formado por alumnos destacados de educación básica, se presente en la mañana del día 17 de noviembre de 2011 en el espacio que usted considere oportuno; en las instalaciones de ese H. Congreso.
Atentamente
Maestro José Fernando González Sánchez (rúbrica)
Subsecretario
De la Secretaría de la Reforma Agraria, con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, para que dicha dependencia emita y ponga en marcha una política de Estado tendente a orientar el desarrollo agrario del país y el ordenamiento territorial
México, DF, a 7 de octubre de 2011.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor
Presidente
Diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso
Secretaria
Mesa Directiva
Cámara de Diputados
Congreso de la Unión
Me refiero a la sesión del 23 de marzo de 2011, en la cual el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de la Reforma Agraria y a las entidades sectorizadas a emitir y poner en marcha con la mayor brevedad una política de Estado tendente a orientar el desarrollo agrario del país y el ordenamiento territorial.
Por lo anterior, comento a ustedes que por la institución que represento se ha orientado el quehacer institucional a través de cuatro ejes rectores:
procuración de justicia agraria, organización agraria, ordenamiento de la propiedad rural y asesoría en procesos económicos, por lo cual se han realizado las siguientes actividades, acordes con las atribuciones conferidas conforme a lo dispuesto en los artículos 27 constitucional, fracción IX, y 135 y 136 de la Ley Agraria:
Procuración de justicia agraria
Se desarrollan de manera permanente y de forma prioritaria las actividades esenciales de procuración de justicia agraria, a través de los servicios de representación legal, conciliación, arbitraje, quejas y denuncias, cumpliendo el compromiso constitucional encomendado.
Organización agraria básica
Adicionalmente, se desarrollan actividades institucionales para fortalecer la vida interna de los núcleos de población que les permitan una forma de vida más ordenada, para que consoliden su vida jurídica, económica y social, a fin de tener acceso con posibilidades de éxito a la fase de organización agraria productiva, en la cual los sujetos agrarios establecen el uso de los medios jurídicos que más les convienen para organizarse y aprovechar de manera sustentable sus recursos.
Por tanto, la Procuraduría Agraria presta por sus delegaciones federales el servicio sobre los instrumentos de organización agraria básica, como libro de contabilidad, reglamento interno o estatuto comunal, actualización de órganos de representación y vigilancia o libro de registro, y la elaboración de listas de sucesión o testamentos agrarios.
La Procuraduría Agraria, atendiendo a su vocación de servicio social a los ejidos y comunidades del país y dada la trascendencia jurídica de los padrones de ejidatarios y comuneros, diseñó a partir de 2009 un procedimiento a efecto de coadyuvar y ofrecer asesoría a los núcleos agrarios para actualizar su padrón de ejidatarios y comuneros, lo que contribuye al fortalecimiento de su asambleísmo y toma de decisiones que repercutan de forma ordenada y democrática en su vida interna.
Ordenamiento de la propiedad rural
Programa Fondo de Apoyo a Núcleos Agrarios sin Regularizar, Fanar
Respecto al ordenamiento territorial, posterior a la conclusión del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, Procede, el cual se trabajó de forma interinstitucional de 1992 a 2006, habiendo logrado la certificación de la mayor parte del territorio nacional, tratándose de propiedad social, se puso en marcha el Fanar, cuyo objetivo es el ordenamiento de la propiedad social de manera gratuita y voluntaria proporcionando asesoría jurídica y asistencia técnica que permita brindar seguridad jurídica y certeza documental sobre las tierras de los núcleos agrarios que lo soliciten.
El Fanar es operado por la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional. Tiene como meta lograr la certificación del total de los núcleos pendientes y que manifiesten su voluntad en la regularización, con lo cual se finiquitará la segunda gran etapa de regularización de la tenencia de la tierra social en nuestro país y se podrá con mayor firmeza avanzar en la tercera etapa de desarrollo agrario.
Los resultados de la certificación obtenidos son indudablemente importantes, toda vez que de 31 mil 701 núcleos agrarios existentes, de los cuales corresponden 29 mil 358 a ejidos y 2 mil 343 comunidades, se han certificado 29 mil 148 núcleos, es decir, 27 mil 337 ejidos y 534 comunidades, lo que representa 92 por ciento de superficie social regularizada, sin que a la fecha se haya detectado disminución de los núcleos agrarios ya que la cifra de 31 mil 701 persiste.
Dominio pleno
En este eje se proporciona asesoría jurídica a los núcleos agrarios que han sido regularizados en la tenencia de la tierra, cuyas tierras han cambiado su vocación agrícola y pueden ser aprovechadas de distinta forma, por lo cual han decidido la adopción del dominio pleno de las parcelas, destinándose entre otros a la generación de proyectos para desarrollo urbano.
Conforme a la fuente oficial, Registro Agrario Nacional, se tiene a agosto de 2011 que solamente 3 mil 947 núcleos agrarios han ejercido el dominio pleno, en una superficie de 2 millones 679 mil 14 hectáreas, lo que en ningún caso ha representado la extinción del régimen ejidal o comunal de algún núcleo agrario.
Desarrollo agrario
Atendiendo a las directrices planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y en el Plan Sectorial de Desarrollo 2007-2012, y con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ejidatarios, comuneros y campesinos, se implantó un importante programa que actualmente se encuentra en operación, tomando en consideración que ya se ha transitado de las etapas de reparto de tierra y regularización en la tenencia de la propiedad social y que es forzoso entrar de lleno en la etapa de desarrollo agrario para lograr el óptimo aprovechamiento de las tierras de que son titulares los núcleos de población, ejidos y comunidades.
Programa Fomento a la Inversión Pública y Privada en la Propiedad Rural, FIPP
Se diseñó éste programa precisamente con el objeto de promover el financiamiento y la capitalización en el medio rural, la Procuraduría Agraria inició en el año 2008, la operación del programa FIPP.
A través de este programa se busca promover el desarrollo integral sustentable de la propiedad rural, asesorando a los ejidos, comunidades, ejidatarios, comuneros, avecindados, posesionarios y pequeños propietarios, para que en un entorno de certeza, seguridad jurídica y transparencia, privilegien mecanismos de asociación, convenios y contratos que incrementen la productividad en beneficio de los propietarios de la tierra. Asimismo, se privilegia la vocación que realmente tiene la tierra y que sea acorde con el proyecto que se pretende.
A pesar que es un programa iniciado apenas en 2008, los resultados acumulados que se tienen a la fecha son importantes de destacar, conforme a los siguientes conceptos:
Se han formalizado 2 mil 445 proyectos de inversión, con una inversión total estimada de 118 160.651 millones de pesos, con un beneficio comprometido para los sujetos agrarios de 9 131 585 millones de pesos.
En cuanto al recurso entregado de forma directa a los campesinos, éstos han recibido 2 616 034 millones de pesos, involucrando una superficie de 656 564 hectáreas, resultando beneficiados 243 843 sujetos agrarios, generándose 37 077 empleos directos proyectados por los inversionistas a lo largo de los proyectos asimismo y la generación de 42 658 empleos indirectos.
En los proyectos de inversión por modalidad, destacan los de tipo agropecuario, de desarrollo, servicios y equipamiento urbano, industrial, para infraestructura, mineros, turísticos y ecológicos.
Respecto a la localización de los proyectos formalizados, sobresalen Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Oaxaca, Sinaloa, Jalisco y Coahuila.
El programa considera un catálogo de tierras e inversionistas que es alimentado constantemente, por lo cual a la fecha se tienen identificados 5 266 núcleos agrarios con una superficie de 22 851 436 hectáreas y 2 341 inversionistas que pueden ser viables para desarrollar algún tipo de proyecto de inversión.
El programa FIPP se está fortaleciendo día con día y consideramos que en el futuro se convertirá en una gran herramienta que coadyuve de forma representativa a mejorar el nivel de vida de los campesinos de nuestro país, toda vez que se tiene previsto el debido seguimiento de los proyectos para que logren la vigencia y objetivos proyectados.
Organización agraria productiva
Fomentamos la constitución y el funcionamiento de asociaciones o sociedades consideradas en la legislación agraria e instrumentos normativos vigentes que impulsen proyectos de inversión rentables y el establecimiento de condiciones para lograr niveles competitivos que permitan a los sujetos agrarios participar favorablemente en el mercado de la producción y comercialización de sus productos, accediendo a mejores oportunidades de desarrollo que les permita incrementar el nivel económico y social de vida, por lo cual se han concretado acciones en materia de constitución y funcionamiento de figuras asociativas, destacándose las modalidades de sociedades cooperativas, de producción rural y las sociedades de solidaridad social.
Contratos y convenios
Como ombudsman agrario, vigilamos y, en su caso, defendemos los intereses legítimos e impulsamos la cultura contractual entre los sujetos agrarios, evitando prácticas ilegales en las relaciones con terceros para el uso y aprovechamiento de sus tierras y recursos naturales, para lo cual nuestras actividades respecto de asesoría en la celebración de contratos y convenios son importantes.
En cuanto a las asesorías que se otorgan en lo referente a las enajenaciones conforme el artículo 80 de la Ley Agraria, efectivamente hay gran dinamismo y es preocupación fundamental de la institución que los referidos contratos de enajenación se realicen en términos de ley, evitando de esa forma problemas legales sobre nulidades ante las autoridades agrarias. Por tanto, la mayoría de las enajenaciones que se realizan cumple los requisitos descritos en el numeral indicado, destacando que uno de ellos es precisamente que únicamente otro ejidatario o avecindado del mismo núcleo de población está en condiciones de adquirir las parcelas ejidales, por tanto, permanecen las tierras ejidales a favor de los propios integrantes del núcleo.
En este aspecto tampoco se puede desconocer que existen casos en los cuales las partes no se ajustan a los requisitos que establece la ley ni aceptan ni solicitan la asesoría de la institución e indudablemente a la postre se presentará el respectivo conflicto agrario, pero sin que se considere que sean la mayor parte de este tipo de asuntos.
Por todo lo anterior, contrario a las consideraciones establecidas en el punto de acuerdo que se atiende, la política actual de la institución efectivamente tiende a orientar el desarrollo agrario del país, así como el ordenamiento territorial, y que todo lo anterior efectivamente redunde en una mejor calidad de vida de los campesinos del país, con quienes estamos comprometidos y son el propósito del quehacer institucional.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para expresarles un cordial saludo, quedando a sus órdenes en caso de que se considere necesario ampliar información.
Atentamente
Licenciado Rocendo González Patiño (rúbrica)
Procurador Agrario
De la Secretaría de Gobernación, con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la situación de violencia y maltrato contra niños y adolescentes en el país
México, DF, a 12 de octubre de 2011
Secretarios de la Cámara de Diputados
Del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número DGPL 61-II-2-1696 signado por el diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, Vicepresidente de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/DGAVS/1107/2011 suscrito por el Dr. José Luis Treviño Rodríguez, Director General Adjunto de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo relativo a la situación de violencia y maltrato contra las niñas, niños y adolescentes en el país.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, 7 de octubre de 2011
Licenciado Carlos Angulo Parra
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
De La Secretaría de Gobernación
Presente
En atención al oficio SEL/UEL/311/3569/11, relativo al punto de acuerdo aprobado el 4 de octubre de los corrientes, y presentado el 29 de abril de 2010 por el diputado José Alberto González Morales (PRI) en los siguientes términos:
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de las dependencias correspondientes remita a esta Soberanía un diagnóstico sobre la situación de violencia y maltrato contra las niñas, niños y adolescentes en el país.
Al respecto me permito acompañar nota informativa emitida por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia.
Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Doctor José Luis Treviño Rodríguez
Director General Adjunto
Argumentos jurídicos
El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, tiene como principal . objetivo crear y establecer desde el ámbito normativo, programas, estrategias y acciones, encaminadas a mejorar la Salud de niñas, niños y adolescentes.
La atención de la población infantil y adolescente es una prioridad para el país, ya que ellos representan al grueso de la población, los cuales dentro de algunos años pasaran a ser la fuerza productiva de nuestra Nación. Es debido a esto que se vuelve fundamental la atención de su salud mental.
En noviembre del 2009 se recibió un punto de acuerdo aprobado por el Senado de la República, mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con los Sistemas DIF Nacional y estatales, el IMSS e ISSSTE, para que realicen acciones para prevenir el maltrato en escuelas públicas y privadas del nivel preescolar, primaria y secundaria, así como en guarderías y casas de asistencia.
Es de vital importancia que se realice una revisión exhaustiva de los documentos que son elaborados tanto por el Senado de la República como por la Cámara de Diputados, con la finalidad de establecer acuerdos que puedan tener un mayor impacto y no parezcan las propuestas dispersas sin el impacto esperado.
Argumentos técnicos o de implantación
La situación de la violencia y maltrato infantil en México es alarmante según la Organización de las Naciones Unidad y el informe Nacional sobre Violencia y Salud, México ocupa el tercer lugar a nivel mundial en violencia contra niñas, niños y adolescentes. Debido a esto la atención hacia esta problemática se ha hacho más insistente no obstante debido a la complejidad de la problemática los avances han sido muy pocos.
Es importante reconocer que estos acuerdos logrados en el Senado de la República hablan de un avance en esta materia, en donde lo principal es la Prevención. Esto no quiere decir que la atención a estas y estos niños, niñas y adolescentes carezca de importancia, pero es fundamental que estos casos no se sigan presentando y no que hacernos con ellos.
Los países miembros de la organización mundial de salud durante la reunión celebrada en el 2002 se comprometieron a crear modos de prevención y detección oportuna de estos casos.
El diagnóstico es un tema muy debatido, creemos que el personal debe estar altamente capacitado para poder realizar una aseveración de este tipo, ya que en caso de que este diagnóstico sea erróneo, las repercusiones serán graves en la vida del menor de edad y su familia.
El trabajo debe estar marcado por una colaboración interinstitucional e interdisciplinaria que permita establecer un diagnóstico y un procedimiento adecuado en casos de maltrato infantil.
En ese sentido las y los trabajadores del sector educativo pueden funcionar como un mecanismo de detección temprana ya que la interacción con los infantes y adolescentes al ser tan estrecha permiten observar, cambios físicos, emocionales y psicológicos con cierta prontitud.
El diagnóstico del maltrato infantil es un problema multifactorial que debe ser valorado por un grupo de profesionales, tendría que haber dentro de las escuelas un médico, psicólogo y trabajador social especializados. Teniendo en cuenta qué acciones se tienen contempladas una vez que se ha realizado el diagnóstico, con qué instancias o instituciones se referirían los casos.
Por otro lado, consideramos viable la detección temprana y oportuna dentro de ámbitos educativos, el registro y reporte de niñas, niños y adolescentes que están viviendo maltrato, ya sea por negligencia, por abandono, maltrato físico o abuso sexual.
En relación a elaborar un registro que nos permita obtener datos reales y actualizados estamos de acuerdo, la Secretaría de Salud cuenta con el Sistema de Información en Salud SIS en donde se incorporo la hoja SS-17-P Registro de Atención por Violencia y/o Lesión con lo que se pretende obtener datos confiables sobre este problema.
En ese sentido, me permito comentarle sobre las acciones que realiza la Secretaría de Salud a través del Centro Nacional para la Salud de la infancia y al Adolescencia en materia de prevención del maltrato y la violencia contra niñas, niños y adolescentes:
1. Elaboración del Plan Nacional de Acción para Prevenir el Maltrato y la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes de 0 a 19 años, bajo el objetivo de promover prácticas de cuidado positivas libres de violencia para lograr el desarrollo pleno e integral de niñas, niños y adolescentes.
2. Campaña para la prevención de la Violencia y el Maltrato contra Niñas, Niños y Adolescentes, la cual se llevará a cabo de manera piloto en 7 Estados del país, dirigida a personal de salud, madres, padres y cuidadores que asistan a la Segunda Semana Nacional de Salud.
3. Participación en el grupo de trabajo del Sistema Automatizado de Lesiones y Causas de Violencia.
4. Asimismo, el Censia está incorporado a los trabajos que realiza el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) mediante la Coordinación Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar la Explotación Sexual Comercial Infantil.
5. Cabe señalar el trabajo de investigación que ha realizado en años recientes la Secretaría de Salud respecto a la problemática del maltrato infantil en México, mediante la generación de la Encuesta de Maltrato Infantil y Factores Asociados 2006 publicada por el Instituto Nacional de Psiquiatría y el Informe Nacional de Violencia y Salud 2007 coordinado por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.
6. La publicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, Violencia familiar, sexual y contra las mujeres.
7. Finalmente, se está coordinando dentro del Censia el Grupo Técnico de Capacitación para la Prevención e la Violencia y el Maltrato Infantil y Adolescente.
Argumentos presupuéstales e impacto estimado
Para llevar a cabo la inclusión de especialistas dentro de los centros educativos se tienen que considerar los siguientes puntos:
• De dónde se obtendrán los recursos económicos, de infraestructura y humanos.
• Qué procedimiento se seguirá una vez que se hayan detectado los casos de maltrato.
• Quién estará a cargo de la capacitación de los especialistas en materia de prevención y atención de maltrato infantil y adolescente.
Conclusiones
La Secretaría de Salud a través del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia Censia, se encuentra trabajando en la problemática del Maltrato Infantil y Adolescente, desarrollando el Plan Nacional así como un Manual para la Prevención de la Violencia y el Maltrato y por supuesto la campaña de sensibilización.
Para finalizar es importante señalar que el trabajo intra e interinstitucional es la base para enfrentar esta problemática, que más allá de ser un problema asilado es un problema de tipo cultural trasgeneracional, la colaboración entre la SSA, SEP, DIF y las ONG es fundamental.
De la Secretaría de Gobernación, con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los recursos destinados a la construcción de cien baños ecológicos en Hunucmá, Yucatán
México, DF, a 11 de octubre de 2011.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Del Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-4-1665 signado por los diputados Emilio Chuayffet Chemor y María Dolores del Río Sánchez, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 311/20.04.AQ/ACFP/3349/2011 suscrito por el licenciado Enrique Ruíz Martínez, titular del área de quejas del órgano interno de control de la Secretaría de la Función Pública, en la Secretaría de Desarrollo Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los recursos destinados a la construcción de cien baños ecológicos en el municipio de Hunucmá, Yucatán.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 30 de septiembre de 2011.
Licenciado Carlos Angulo Parra
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Por este conducto hago de su conocimiento que por conducto del diverso DGVI/625/2011 fechado el veinte de septiembre de la presente anualidad, signado por el director general de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Desarrollo Social, fue remitido a esta área de quejas su oficio SEL/UEL/311/3216/11 de fecha 12 de septiembre del año en curso, a través de la cual hizo del conocimiento el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en sesión celebrada el día 8 de septiembre de la presente anualidad.
En ese orden de ideas, considerando que los hechos a que hace referencia se encuentran relacionados con las irregularidades investigadas dentro del expediente administrativo de denuncia DE.033.2011, esta unidad administrativa mediante proveído de fecha 23 de septiembre de 2011 once ordenó que su oficio y anexos, fueran glosados como parte integrante de la indagatoria de mérito para que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se provea lo necesario para el seguimiento de los hechos y en su caso, la substanciación del procedimiento administrativo disciplinario de responsabilidad, motivo por el que el expediente de mérito se encuentra en etapa de investigación.
Al respecto, se hace de su conocimiento que nuestras principales tareas son las de erradicar, prevenir y sancionar conductas impropias de los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Desarrollo Social, por lo que a fin de perfeccionar la investigación correspondiente y estar en posibilidad de ejercer las acciones legales relativas a los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que los servidores públicos deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión; es necesario que de contar con mayores pruebas documentales y/o señalamientos de circunstancias de tiempo, modo y lugar que faciliten la atención de su petición, los haga llegar a esta área de quejas del órgano interno de control en la Secretaría de Desarrollo Social, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en avenida Paseo de la Reforma número 116, piso 11, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, código postal 06600, con un horario de atención de las 9:00 a las 15:00 horas, vía telefónica por medio de los números 01800 714 83 40 y/o 53 28 50 00 extensión 51413, o bien al correo electrónico organo.interno@sedesol.gob.mx.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 segundo párrafo, 16 primer párrafo, 108 primer párrafo, y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 37 fracciones XII y XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1 fracciones I y II, 2, 3, fracción III, 4, 8, fracción XVI, 10 y 20 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 3 apartado D, y penúltimo párrafo, 80 fracción III, numerales 1, 2, 4, 5 y 10, 82, primer párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, numeral VI segundo párrafo del Manual de Organización General de la Secretaría de la Función Pública, artículos primero, fracción I, inciso d), segundo, párrafo segundo, cuarto y quinto del acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la Secretaría de la Función Pública y se establece la subordinación jerárquica de servidores públicos previstos en su reglamento interior, 46, 47 y 48 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social vigentes.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Licenciado Enrique Ruíz Martínez (rúbrica)
Titular del Área de Quejas
De la Secretaría de Gobernación, con la que envía el informe semestral sobre el avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México correspondiente al periodo enero-junio de 2011
México, DF, a 12 de octubre de 2011.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número 4.3. 1215/ 2011, el ciudadano Arturo Rivera Magaña, director general de Transporte Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, envía el informe semestral sobre el avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México correspondiente al periodo enero-junio de 2011.
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes copia del oficio a que me he referido, así como el anexo que en él se cita.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo
Atentamente
Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 6 de octubre de 2011.
Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Hago referencia al oficio número 801.3.1822, de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, mediante el cual se notifica el acuerdo 11-X-2, adoptado en la décima sesión ordinaria de 2011 de dicha comisión, celebrada el 13 de septiembre, que señala:
b) Con fundamento en el artículo quinto, Apartado B, fracción I, del acuerdo, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que remita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en su carácter de coordinadora de sector de Ferrocarriles Nacionales de México, en Liquidación, el informe sobre el avance y estado que guarda el proceso de liquidación correspondiente al periodo enero-junio de 2011, mismo que fue remitido por el coordinador jurídico de Operación y Administración de Empresas del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, mediante el oficio número DCO/ DELE/ CJOAE/ 113/ 2011, de fecha 22 de julio de 2011, para que, con fundamento en el artículo 2o., fracción IX, del decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica, la SCT lo haga llegar al Congreso de la Unión, sin que lo anterior suponga que la CIGFD constate, homologue, ratifique o confirme la información que contiene el citado informe (130911).
En cumplimiento del acuerdo mencionado y de lo dispuesto en el artículo 2o., fracción IX, del decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica, así como en la tercera de las bases para llevar a cabo la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, fracción VII, adjunto al presente me permito remitir el informe semestral sobre el avance y estado que guarda el proceso de liquidación correspondiente al periodo enero-junio de 2011, en el que se reflejan las acciones y estrategias instauradas por ese organismo, solicitando atentamente que por su conducto sea remitido al Congreso de la Unión.
Cabe mencionar que dicho informe se encuentra reservado de conformidad con lo establecido en el artículo 14, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta consideración.
Atentamente
Arturo Rivera Magaña (rúbrica)
Director General de Transporte Ferroviario
y Multimodal
De la Secretaría de Gobernación, por la que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Andrea Mora, Thania Ávila Torres, Rodolfo Andrés Morales Reyes y Carlos Iván Reyna Romero puedan prestar servicios en los Consulados de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Ciudad Juárez, Chihuahua, y Monterrey, Nuevo León; e informa que los ciudadanos Ricardo Benítez Cisneros y Laura Yolanda Parra Ramírez dejan de prestar servicios en el Consulado del mismo país en Matamoros, Tamaulipas
México, DF, a 10 de octubre de 2011.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número DEP-1778/11, Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Nombre: Andrea Mora.
Puesto: Telefonista en la Sección Consular.
Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Nombre: Rodolfo Andrés Morales Reyes.
Puesto: Técnico en mantenimiento.
Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Nombre: Thania Ávila Torres.
Puesto: Empleada en la Sección de Visas.
Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Nombre: Carlos Iván Reyna Romero.
Puesto: Guardia en la Oficina de Seguridad.
Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.
Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan se realicen los trámites correspondientes, asimismo copias simples de sus identificaciones oficiales.
Al mismo tiempo se informa que las personas que se citan a continuación solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Nombre: Ricardo Benítez Cisneros.
Lugar de trabajo: Operador de computadoras.
Puesto: Consulado de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.
Nombre: Laura Yolanda Parra Ramírez.
Lugar de trabajo: Cajera/asistente financiera.
Puesto: Consulado de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.
Atentamente
Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
De la Secretaría de Gobernación, por la que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Daniel Raymundo Rocha Lay, Steve Milon Esparza, Guadalupe Moroyoqui Navarrete y José Miguel García Galindo puedan prestar servicios en las Embajadas de Estados Unidos de América y Real de Noruega en México, así como en los Consulados del primero en Nogales, Sonora, y Guadalajara, Jalisco; e informa que la ciudadana María Guadalupe Suárez Barrera deja de prestar servicios en el Consulado de aquel país en Monterrey, Nuevo León
México, DF, a 12 de octubre de 2011.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número DEP-1778/11, Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Nombre: Steven Milon Esparza.
Puesto: Asesor.
Lugar de trabajo: Embajada Real de Noruega en México.
Nombre: Daniel Raymundo Rocha Lay
Puesto: Especialista en Asuntos de Ciencia.
Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.
Nombre: Guadalupe Moreyoqui Navarrete.
Puesto: Supervisor de mantenimiento.
Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.
Nombre: José Miguel García Galindo.
Puesto: Auxiliar en la Sección Consular.
Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan se realicen los trámites correspondientes, asimismo copias simples de sus identificaciones oficiales.
Al mismo tiempo se informa que la persona que se cita a continuación solicita la cancelación del permiso que le fue concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Nombre: María Guadalupe Suárez Barrera.
Puesto: Asistente de recursos humanos.
Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.
Atentamente
Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
De la Cámara de Senadores, con la que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar a la Secretaría de Educación Pública recursos suficientes para implantar una campaña permanente contra el maltrato escolar, presentada por Norma Esparza Herrera, Margarita Villaescusa Rojo, Guadalupe Fonz Sáenz, María Elena Orantes López, María del Socorro García Quiroz, Francisco Herrera León, Ramiro Hernández García, Gerardo Montenegro Ibarra, Antelmo Alvarado García, Claudia Sofía Corichi García, Ricardo Monreal Ávila y Rosalía Peredo Aguilar, de los Grupos Parlamentarios del PRI, del PRD y del PT
México, DF, a 13 de octubre 2011.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Norma Esparza Herrera, Margarita Villaescusa Rojo, Guadalupe Fonz Sáenz, María Elena Orantes López, María del Socorro García Quiroz, Francisco Herrera León, Ramiro Hernández García, Gerardo Montenegro Ibarra, Antelmo Alvarado García, Claudia Sofía Corichi García, Ricardo Monreal Ávila y Rosalía Peredo Aguilar, presentaron propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes a la Secretaría de Educación Pública para la implementación de una campaña permanente contra el maltrato escolar.
La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y a la Comisión de Educación del Senado el segundo de ellos.
Atentamente
Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica)
Vicepresidente
Los suscritos senadores Norma Esparza Herrera, Margarita Villaescusa Rojo, Guadalupe Fonz Sáenz, María Elena Orantes López, María del Socorro García Quiroz, Francisco Herrera León, Ramiro Hernández García, Gerardo Montenegro Ibarra, Antelmo Alvarado García, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, senadora Claudia Sofía Corichi García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, senador Ricardo Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y la senadora Rosalía Peredo Aguilar, integrantes de esta LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, 109, 110 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo en base a las siguientes
Consideraciones
Ante un alarmante crecimiento de actos de violencia al interior de las escuelas públicas y privadas, es indispensable que en nuestro país, se inicie una campaña permanente de prevención de maltrato escolar. La violencia que se ejerce en los planteles educativos es caracterizada por el hostigamiento, difamación, calumnias y agresión entre estudiantes. Esta lamentable situación es permanente y sistemática, ha llegado incluso a violaciones sexuales, lesiones o en casos extremos a suicidios. Fenómeno conocido y estudiado a nivel mundial, denominado bulliyng.
Las burlas y agresiones entre estudiantes siempre han existido, pero ahora han alcanzando grados alarmantes, incentivados por videojuegos violentos en donde los jugadores ganan puntos por agredir a sus rivales, a policías y a mujeres, además de páginas de Internet como La Jaula , en donde se exhibe y difama a niños y niñas, en páginas creadas por cada escuela, se incluyen fotografías y videos, tomados con celulares, sobre situaciones vergonzosas para los alumnos.
Los videos más visitados en páginas como YouTube , son los pleitos y riñas entre niñas y niños de escuelas primarias y secundarias. Estas agresiones se observan desde los niveles educativos de preescolar y/o kínder, y en las escuelas primarias, secundarias, preparatorias y hasta universidades.
El robo de la torta, dinero y útiles escolares, así como empujones y agresiones verbales, llegan a derivar en agresiones físicas como manoseos, golpes y hasta violaciones. Asimismo, los jóvenes agredidos enfrentan estados de depresión que los llevan, en grados extremos, al suicidio.
Cuando un menor es atacado en la institución donde estudia, y es compartido a los padres o maestros, por lo regular la solución ofrecida es, de no permitir la agresión y, corresponder a esa violencia, utilizando frases como “el valiente vive hasta que el cobarde quiere”, sin embargo cuando el abuso es hecho por jóvenes de mayor edad, el agredido queda sin defensa, o cuando el ataque son insultos, éstos son atacados con violencia física desencadenando una situación cíclica y reiterada.
El término se eligió por su parecido con mobbing , término que se utiliza en etiología para describir el fenómeno en que un grupo de pájaros ataca a un individuo de otra especie.
El presente punto de acuerdo tiene el objetivo de proponer una campaña permanente de atención al bullying , además de lograr el interés de los diferentes actores involucrados en el problema, para lograr su disminución, así también el crear consciencia, y evitar que se haga caso omiso de la situación.
Es de suma importancia que todos nos demos cuenta de la gravedad del problema, ya que en la actualidad según cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señalan que tres de cada 10 niños de primaria en el país han sufrido alguna agresión física o de acoso escolar.
En el nivel de secundaria, sin haber cifras de estadísticas nacionales, se evidencia que es el nivel educativo donde mayor maltrato escolar se practica. Lamentablemente parte del problema es la falta de una denuncia por parte de las víctimas, manifestándose en los menores: baja autoestima, y sentimientos de cobardía y culpabilidad por la agresión de la que forman parte. Además también se advierte en los alumnos miedo a las represalias en caso de que compartan la situación de violencia que viven o de las que son testigos. Algunos signos que son comunes en las agresiones escolares son: cambios del estado de ánimo y humor, tristeza, llanto sin razón aparente, irritabilidad, falta de apetito, dolores de cabeza, vómitos, dolores de estómago, resistencia a acudir a la escuela, bajo rendimiento escolar.
Así como la pérdida de pertenencias escolares y personales, deterioro evidente de las mismas, moretones por caídas o accidentes, o la manifestación de que nunca se tiene tarea en equipo ni actividades deportivas, culturales o cívicas.
Otra grave situación en éste fenómeno, es el desinterés por parte de la familia, maestros, alumnos y sociedad en general, ya que consideran que la situación es pasajera y que por sí sola se resolverá, pero no es así, el impacto que tiene en un menor la violencia se traduce en más violencia, y lo vemos ahora con la situación que se vive en la sociedad.
En el estado de Aguascalientes hemos iniciado la campaña con esfuerzos de muchas instituciones y organismos que, decididos a atender el problema, han colaborado con la creación e implementación de una campaña identificada como Campaña Cero Tolerancia Contra el Maltrato Escolar, Bullying la cual ya tuvo un foro general de información y ahora es una acción implementada en cada una de las escuelas secundarias del estado, así como una campaña en los medios de comunicación. En esta experiencia hemos encontrado el esfuerzo de dependencias como la Secretaría de Salud, la Procuraduría General de Justicia del estado y el Instituto Aguascalentense de la Mujer, que ya tienen programas destinados a la ayuda de víctimas y colaboran con su solución, sin embargo parece que las escuelas son ajenas a esta situación y la ayuda que llega a los centros escolares, es resultado de gestiones efectuadas por los directivos de la escuela.
La presente propuesta tiene la finalidad de erradicar en los planteles educativos del país el maltrato escolar, conocido como bullying . Por ello proponemos que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, diseñe e implemente una campaña cuyos objetivos específicos sean: dar a conocer lo que es la violencia escolar conocida como bullying , así como encontrar alternativas en los centros escolares para atender a las víctimas y a los agresores con el fin de evitar que la conducta se repita. Se efectúen foros de información general sobre el tema y se capacite al personal que aplique las medidas en los centros escolares, además de involucrar la participación de los padres como condición necesaria para establecer el vínculo entre la casa y la escuela. Será indispensable además agrupar esfuerzos de organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ya cuenta con un programa de atención, es por eso que es necesario vincular toda la información, recursos y personal que ya trabaja en beneficio de una solución integral.
Razón por la cual, planteamos el presente punto de acuerdo, con la propuesta de que sea la Secretaría de Educación Pública, la que diseñe, organice y lleve a cabo una campaña permanente contra el maltrato escolar, invitando a la sociedad e instituciones que ya atienden el problema, para que en coordinación se consolide una campaña única aplicada a todas las escuelas de educación básica a nivel nacional y se logre erradicar esta conducta, que lesiona a los menores en nuestras escuelas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de urgente resolución la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a destinar recursos suficientes a la Secretaría de Educación Pública, para la implementación de una campaña permanente contra el maltrato escolar.
Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo de la Unión, para que por conducto de la Secretaría de Educación Pública se diseñe e implemente una campaña permanente contra el maltrato escolar en las escuelas de educación básica.
Cámara de Senadores, a 6 de octubre de 2011.
Senadores: Norma Esparza Herrera, Margarita Villaescusa Rojo, Guadalupe Fonz Sáenz, María Elena Orantes López, María del Socorro García Quiroz, Francisco Herrera León, Ramiro Hernández García, Gerardo Montenegro Ibarra, Antelmo Alvarado García (rúbrica), Claudia Sofía Corichi García, Ricardo Monreal Ávila, Rosalía Peredo Aguilar (rúbrica).
Con proyecto de decreto, que adiciona las fracciones IX y X al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del PVEM
México, DF, a 13 de octubre 2011.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presente
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX y una fracción X al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica)
Vicepresidente
Senado de la República, a 5 de octubre de 2011.
Secretarios de la Mesa Directiva
Cámara de Senadores
del Honorable Congreso de la Unión
Presente
Los suscritos, senadores de la República de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164, numeral I y II, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona una fracción IX y una fracción X al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de conformidad con la siguiente:
Exposición de Motivos
Resumen: La presente iniciativa tiene como objeto adicionar una fracción IX y una X al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para hacer deducible al 100 por ciento las colegiaturas de los descendientes en línea recta de las madres solteras, viudas y personas con alguna discapacidad.
En nuestro país, desafortunadamente, cada día se hace más común entre las mujeres, el llevar a cabo la crianza de los hijos y el manejo del hogar sin la compañía o apoyo de una pareja y sin estar casada, por decisión propia o circunstancias de su entorno.
Cifras del Consejo Nacional de Población apuntan a que en México, hay cerca de 880 mil mujeres que son madres solteras. De las cuales, nueve de cada diez tienen hijos menores de 18 años, y seis de cada diez viven en el hogar de su padre o madre. Casi todas trabajan y tres de cada diez viven en condiciones de pobreza 1 .
La tasa de participación económica de las mujeres de 14 años y más, con al menos un hijo nacido vivo, fue de 43.2 por ciento en el segundo trimestre de 2010, aunque la cifra aumenta a 70.5 por ciento en el caso de las madres solteras, es decir, son ellas las que se integran con mayor frecuencia en el mercado laboral, manteniendo así la tasa más alta entre todas las madres de familia.
Es así que el rol de las mujeres en la sociedad ha cambiado. Ahora un mayor número de ellas se ha convertido en las responsables de sus casas: del total de madres 20.9 por ciento son jefas del hogar, independientemente de su situación conyugal.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía destaca además la aportación de 47.3 por ciento a la economía del país de las mujeres que son madres solteras, separadas, divorciadas o viudas.
De manera que estas cifras nos hablan de la gran relevancia que tienen las madres solteras en la vida económica del país y en la sociedad en general.
Sin embargo, son pocos los estímulos y apoyos que se brindan en forma eficiente a este sector de la sociedad, además de que frecuentemente estas mujeres son segregadas cuando solicitan servicios médicos, de vivienda y seguridad social; incluso se les ha llegado a prohibir la entrada a eventos artísticos y culturales, así como son señaladas en el ámbito escolar de sus hijos.
Las madres solteras en México aún necesitan mucha ayuda, información y apoyo. Ellas, más que cualquier otro miembro de familia y sociedad, sufren ante la desigualdad de género en el campo laboral, el rechazo dentro de la comunidad y el poco apoyo emocional que necesitan. Una madre soltera en México, es una madre desprotegida.
Para una mujer sola un hijo es una gran carga. La madre soltera está obligada a trabajar. Su jornada de trabajo debe cubrir el precio de su propia manutención, la de su hijo, y además el costo de la atención del niño durante su trabajo.
En este sentido, un asunto de gran relevancia es que la educación de los hijos se llega a ver fragmentada, situación que se torna preocupante, ante un contexto en donde la madre soltera es el núcleo familiar primordial que cimienta la base de los valores de nuestros niños y jóvenes mexicanos.
Y es que el asunto de la educación de la niñez y juventud de México, cobra gran relevancia ante el entorno de alta inseguridad que vive nuestro país. Sin duda, la educación es una herramienta fundamental para la erradicación de este grave problema. Y en este contexto, las madres solteras se ven limitadas ante las circunstancias económicas que la caracterizan.
Por ello, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde, estamos convencidos que debemos seguir trabajando para legislar en esta materia y propiciar estímulos económicos permanentes a las madres solteras, que no se vean afectados ante circunstancias electorales o cambios de administración.
Con esta iniciativa proponemos adicionar una fracción IX al artículo 176 de la ley del Impuesto sobre la Renta para establecer la deducibilidad al 100 por ciento de las colegiaturas que son pagadas a los descendientes en línea recta de las madres solteras.
A través de los años la educación ha sido la primera y más alta prioridad para el desarrollo de nuestra nación, se han realizado grandes esfuerzos para garantizar el acceso a la misma, pero las desigualdades que persisten en nuestro país complican la posibilidad de una educación con calidad para todos.
Si bien, el pasado 14 de febrero de 2011 el presidente Felipe Calderón Hinojosa, firmó un decreto para que los contribuyentes puedan hacer deducibles las colegiaturas del impuesto sobre la renta, hasta por un monto anual limitado, este esfuerzo aún resulta insuficiente, pues no es una política que refleje permanencia y compromiso respecto al gasto familiar en servicios de educación que no son proporcionados en forma adecuada y suficiente por parte del Estado.
De manera que las madres solteras, son un grupo que con esta medida, no ve resulto del todo sus demandas educativas.
En este mismo orden de ideas, un grupo que también es altamente vulnerable son los niños y jóvenes que tienen alguna discapacidad. En nuestro país son más de 5 millones de personas las que sufren algún tipo de discapacidad, lo que representa el 5.1 por ciento de la población y sin embargo, continúa siendo un sector que se encuentra al final de la lista de los “grupos prioritarios”, tanto para el gobierno federal como local.
Las diferencias que nos caracterizan, no resultan un motivo suficiente para que nuestra sociedad se conforme sobre una base de discriminación, menosprecio y olvido, principalmente de los grupos vulnerables como lo son las personas con discapacidad.
Estas personas no sólo deben enfrentar las dificultades económicas con las que debe lidiar cualquier familia mexicana promedio, adicionalmente se ven obligados a tener grandes erogaciones por cuestiones medicas, adquisición de bienes y servicios especializados y el pagar una educación privada en la mayoría de los casos.
Por esta razón, los senadores del Partido Verde consideramos importante incluir dentro de la deducibilidad de colegiaturas al 100 por ciento a los contribuyentes cuyos descendientes en línea rectan tengan algún tipo de discapacidad.
Estamos convencidos, que esta medida resulta urgente para aliviar la apretada situación en la que se encuentran las familias conformadas con personas discapacitadas, las cuales merecen tener un pleno acceso a la educación, ya que si su condición no es una limitante para ello, no tendría por qué serio las circunstancias económicas que las limitan así como la escasa oferta educativa.
Sin duda los problemas educativos del país deben combatirse desde distintos frentes para asegurar una sociedad en condiciones más igualitarias y con mejores oportunidades de desarrollo, cuyos frutos se vean reflejados a través de una planta laboral más productividad y con mayores niveles de investigación y desarrollo.
En el Partido Verde Ecologista de México seguiremos insistiendo en el tema educativo hasta que las demandas ciudadanas se vean satisfechas en forma eficiente y permanente, no con paleativos que poco aportan a la transformación educativa que México requiere.
Por ello, sometemos a la Cámara de Senadores en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de
Decreto mediante el cual se adiciona una fracción IX y una fracción X al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta
Artículo Único. Se adiciona una fracción IX y una fracción X al artículo 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:
Artículo 176. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:
I. ...
II. ...
III. ...
IV. ...
V. ...
VI. ...
VII. ...
VIII. ...
IX. Los gastos destinados al pago por concepto de colegiaturas de los niveles de educación preescolar, básica, media superior y superior del contribuyente y sus descendientes en línea recta, siempre y cuando el contribuyente sea madre soltera o viuda, y dichas erogaciones se hagan a establecimientos que se dediquen a la enseñanza con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación.
X. Los gastos destinados al pago por concepto de colegiaturas de los niveles de educación preescolar, básica, media superior y superior de los descendientes en línea recta del contribuyente que padezca alguna discapacidad.
...
...
Transitorios
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones de carácter legal que se contrapongan con el presente decreto; y se dejan sin efecto las disposiciones de carácter administrativo que lo contravengan.
Nota
1 Carmona, Alejandra. Sociedad Psicoanalítica de México. Madres Solteras. Toda Mujer.com
México, DF, a 13 de octubre de 2011.
Senadores: Arturo Escobar y Vega, Francisco Agundis Arias, Jorge Legorreta Ordorica, Ludivina Menchaca Castellanos, Javier Orozco Gómez, Manuel Velasco Coello (rúbricas).
Con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada por Fernando Castro Trenti, Alejandro González Alcocer y Ricardo Francisco García Cervantes, de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PAN
México, DF, a 13 de octubre 2011.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Fernando Jorge Castro Trenti, Alejandro González Alcocer y Ricardo Francisco García Cervantes, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
La presidencia dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica)
Vicepresidente
Los suscritos Fernando Jorge Castro Trenti, Alejandro González Alcocer, Felipe González González y Ricardo Francisco García Cervantes, senadores de la República integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional, representantes de los estados de Baja California, Aguascalientes y Coahuila, respectivamente, en esta LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someten por conducto de esta soberanía a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, en materia de vinos de mesa mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Los artículos 25 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen la rectoría económica del estado para garantizar el crecimiento económico del país mediante la adopción, en su caso, de diversas medidas que estimulen la producción, fomenten el empleo y el desarrollo de actividades que revistan un interés general en el marco de las libertades que reconoce la propia Constitución.
En otras palabras, corresponde al estado establecer las reglas y dirigir las actividades productivas de los sectores involucrados en el crecimiento y desarrollo económicos de país.
Al respecto, especial atención merece la actividad vitivinícola de nuestro país ya que si bien en los últimos años ha tenido un desarrollo importante dicha industria no ha terminado de consolidarse tanto en territorio nacional como en el extranjero.
En este sentido, es necesario señalar que el consumo per cápita de vino de mesa en México es aproximadamente 500 mililitros anuales y se estima que del consumo total, 66 por ciento corresponde a vinos importados y solamente 33 por ciento en vinos mexicanos. La industria mexicana actualmente ofrece 200 diferentes tipos de vinos, los cuales han ganado más de 300 premios y reconocimientos internacionales en los últimos 15 años.
En particular, la producción vitivinícola de Baja California se desarrolla desde Mexicali hasta Ensenada, dentro de una zona conocida como la franja del vino con una buena influencia de los vientos marinos. El clima de esta región favorece cosechas de máxima calidad por sus inviernos húmedos y veranos secos y templados.
Las zonas de cultivo más importantes en estas zonas son Valle de Guadalupe, Valle de San Antonio de las Minas y Valle de Calafia al noroeste de Ensenada, Valle de Santo Tomás y Valle de San Vicente al sur de Ensenada.
Como ya se mencionó, a pesar de que en los últimos años, el vino de mesa mexicano ha alcanzado el reconocimiento internacional y el gusto de los connacionales por su gran calidad, su nivel de producción aún es pequeño lo que hace que incluso sea caro en comparación con vinos de otras latitudes, lo cual manifiesta la necesidad de impulsar una industria vinícola mexicana más competitiva, frente a otros grandes productores como son Argentina, Chile, España, Francia e Italia.
Para ello y en el marco de la rectoría del estado en la economía del país, es indispensable que se busquen instrumentos de política económica que impulsen el crecimiento de dicha actividad no sólo en el mencionado estado de Baja California o Coahuila, sino Aguascalientes, Querétaro, Zacatecas y Sonora, donde esta actividad productiva ha pasado por momentos de grandes altibajos.
De ahí que los vitivinicultores requieran de apoyos para fomentar una mayor producción de vinos para poder participar en este mercado en mejores condiciones, en el que cada día la competencia exige mayor calidad y precios adecuados.
Al respecto, uno de los rubros que los propios vitivinicultores consideran que ha inhibido el desarrollo de su actividad es la excesiva carga impositiva en materia de impuestos indirectos, particularmente, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
En este sentido, destaca el hecho de que la carga fiscal nominal que tiene el vino de mesa mexicano es de 41 por ciento, al considerar el efecto conjunto de la tasa de 25 por ciento del IEPS y la tasa de 16 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (11 por ciento en región fronteriza). Incluso, en la mecánica de determinación del segundo, el primero forma parte de su base gravable, lo que termina por afectar el consumo al establecerse un precio considerablemente elevado que cubre el consumidor final, inhibiendo con ello su demanda o haciendo que el consumidor cambie su patrón de consumo al preferir vinos de otros países, restando con ello competitividad frente a vinos extranjeros.
Por ello, se hace necesario fomentar de manera decidida el crecimiento y desarrollo del sector vitivinícola mexicano, dado su potencial en la generación de empleos y en el desarrollo de otras industrias relacionadas como es el caso de los sectores agrícolas y el de turismo, estableciendo que la enajenación de vinos de mesa mexicanos quedará exenta del pago del citado impuesto.
Así, con la presente iniciativa, se pretende cumplir con lo que la doctrina denomina un fin extrafiscal en el uso de las contribuciones al incentivar el consumo de vinos mexicanos de mesa. Este tipo de gravámenes dan la oportunidad a los gobiernos de procurar el desarrollo de actividades que revistan un interés general.
En este sentido, resultan aplicables los criterios judiciales que sobre el particular han emitido nuestros tribunales:
“Contribuciones. Fines Extrafiscales
Además del propósito recaudatorio que para sufragar el gasto público de la federación, estados y municipios tienen las contribuciones, éstas pueden servir accesoriamente como instrumentos eficaces de la política financiera, económica y social que el estado tenga interés en impulsar, orientando, encauzando, alentando o desalentando ciertas actividades o usos sociales, según sean considerados útiles o no, para el desarrollo armónico del país, mientras no se violen los principios constitucionales rectores de los tributos.
Contribuciones. Los fines extrafiscales no pueden justificar la violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La existencia de un fin extrafiscal, entendido éste como un objetivo distinto al recaudatorio que se pretende alcanzar con el establecimiento de una determinada contribución no puede convertirse en un elemento aislado que justifique la violación a los principios de legalidad, proporcionalidad, equidad y destino al gasto público consagrados por el artículo 31, fracción IV, de la ley fundamental. Los fines extrafiscales son exclusivamente otros elementos que debe analizar el órgano de control para determinar la constitucionalidad o no de un determinado precepto.”
De donde se desprende la facultad del legislador para establecer contribuciones y expedir, entre otras, las leyes que resulten indispensables para encauzar y fomentar el desarrollo económico del país, así como para lograr una más justa distribución de la riqueza. Cabe precisar que los fines extrafiscales se alcanzan no únicamente mediante el establecimiento de contribuciones, sino también con las exenciones.
En efecto, el fin extrafiscal perseguido y que justifica la exención que se propone es incentivar y consolidar el desarrollo de la actividad vitivinícola mexicana que, a su vez, generará más empleos e incluso una mayor recaudación al gravar las utilidades que tengan los propios vitivinicultores al enajenar una mayor cantidad de productos (aumentando con ello, también, la recaudación de Impuesto al Valor Agregado).
Respecto de la exención propuesta es menester señalar que se encuentra plenamente justificada desde el punto de vista constitucional, ya que no obedece a criterios caprichosos o arbitrarios e incompatibles con los principios marcados por el propio artículo 25 constitucional.
Tiene como justificación un bien público, esto es, un beneficio colectivo y no particular, y es creada con base en razones de política económica, esto es, incentivar el desarrollo de una actividad económica.
Al respecto podemos decir que del artículo 28 constitucional se desprende que, por regla general, se prohíben las exenciones de impuestos, empero, el propio dispositivo constitucional contempla que éstas podrán presentarse, bajo los términos y condiciones que el legislador ordinario quiera fijar, siempre y cuando su establecimiento, no genere un beneficio o privilegio particular.
En este sentido, Emilio Margáin Manautou (Introducción al Estudio del Derecho Tributario Mexicano, 15a edición, editorial Porrúa, México, 2000) establece que “una exención será violatoria de las garantías individuales cuando el legislador la establezca para favorecer a una o determinadas personas, es decir, cuando carezca de los requisitos de ser abstracta, general e impersonal (...) mientras una exención se establezca con carácter de general, sin pretender favorecer a determinada persona, sino para que gocen de ella todos lo que se encuentran incluidos dentro de la situación prevista, no se viola lo dispuesto por el citado artículo 28 constitucional . (p. 283 y 284).
Por su parte, para Alvarado Esquivel [“La impugnación de los decretos de exención de impuestos del Ejecutivo federal mediante la controversia constitucional” en Ferrer MacGregor, Eduardo (coord.), Derecho Procesal Constitucional, editorial Porrúa, México, 2006, t.1., p. 830] el texto del citado artículo constitucional “pone en evidencia que la intención del constituyente con el pasar del tiempo ha sido prohibir exclusivamente los privilegios fiscales, o bien, evitar que bajo el rótulo de exenciones puedan encubrirse diversos privilegios exclusivos e indebidos que perjudiquen el interés nacional (...)”.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en jurisprudencia firme:
“Impuestos, exención de. Es constitucional cuando se establecen considerando la situación objetiva de las personas exentas.
Interpretando en forma sistemática el artículo 28 constitucional y el artículo 13 de su reglamento, se obtiene la conclusión de que la prohibición contenida en el primero de ellos respecto de la exención de impuestos debe entenderse en el sentido de que ésta se prohíbe cuando tiende a favorecer intereses de determinada o determinadas personas , y no cuando la exención de impuestos se concede considerando situaciones objetivas en que se reflejan intereses sociales o económicos en favor de categorías determinadas de sujetos. (Visible en el Semanario Judicial de la Federación 66, séptima época, primer parte, página 66, registro electrónico 233086). Énfasis añadido.
En resumen, podemos decir que la prohibición constitucional en materia de exenciones se refiere a los casos en que con ellas se trate de favorecer intereses de determinada o determinadas personas, estableciendo un auténtico privilegio, sin contar con una justificación constitucionalmente valida.
De ahí que la exención que se propone no implica ningún tipo de violación constitucional, ya que no se trata de un privilegio, ni beneficia a determinada o determinadas personas en lo individual, sino que refleja intereses económicos en favor de una categoría de determinados sujetos (el sector vitivinícola nacional).
Incluso, un tratamiento similar al plateado se tuvo en la creación de la Ley del IEPS en el caso del aguardiente, ya que, en su momento se consideró que debía exentársele del pago del citado impuesto “con el propósito de favorecer la competitividad de productos mexicanos en el mercado internacional”.
Finalmente, también se propone liberar de algunas de las cargas administrativas previstas en el artículo. 19 de la Ley del IEPS a los pequeños productores de vino (se podría considerar como pequeños productores a aquellas cuya producción anual no sea mayor a cien mil litros).
Ahora bien, entre las ventajas que ofrece la reforma que se plantean en la presente iniciativa, destacan:
a) El beneficio directo al consumidor final, al disminuir el precio de venta por botella.
b) La disminución del precio de venta hace que el vino nacional se vuelva más competitivo frente al vino importado.
c) Se promueve el desarrollo regional y la generación de empleos permanentes mediante la detonación de una actividad económica con gran potencial.
d) El crecimiento del sector productivo del vino de mesa nacional tiene un efecto multiplicador al detonar otras industrias conexas como es el caso de la agricultura, el turismo y la industria de manufacturas para el embotellado y distribución del vino.
e) El aumento de esta actividad económica necesariamente tendrá un impacto favorable en las finanzas públicas, al aumentar la recaudación de impuestos sobre la renta e impuesto al valor agregado, que en un plazo relativamente corto superaría la pérdida aparente de recaudación motivada por establecimiento de la exención propuesta.
Por lo anterior y para cristalizar las potenciales ventajas descritas, mediante la presente iniciativa se propone, fundamentalmente, exentar a los vinos de mesa mexicanos del pago del IEPS.
Con base en lo expuesto, presentamos ante esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma y adiciona la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en materia de vinos de mesa mexicanos
Artículo Primero . Se reforma la fracción I del artículo 3o. y se adicionan un inciso c) a la fracción I del artículo 30, un inciso h) a la fracción I del artículo 8 y un último párrafo al artículo 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:
“Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se entiende por:
I. Bebidas con contenido alcohólico, las bebidas alcohólicas, las bebidas refrescantes y los vinos de mesa, de acuerdo con lo siguiente:
a) . ...
b) . ...
c) Vinos de mesa, los resultantes de la fermentación alcohólica, total, o parcial, del jugo de las uvas frescas, pudiendo contener gas carbónico de origen endógeno, con una graduación alcohólica hasta de 16 grados Gay Lussac.
II . a XVII . ...
Artículo 8 . ...
I . ...
h) Vinos de mesa producidos en territorio nacional.
Artículo 19 . ...
I . a XXII . ...
Los pequeños productores de vinos de mesa, quedarán relevados de cumplir las obligaciones previstas en las fracciones VIII, XI y XII de este artículo, referidas a la declaración trimestral informativa de 50 principales clientes y proveedores; reporte anual de equipos para producción, envasamiento y almacenaje; reporte de inicio y conclusión de procesos; aviso de adquisición, incorporación, modificación o enajenación de equipos; e informe del precio de enajenación, valor y volumen de cada producto. Para estos fines, se entenderá como pequeños productores aquellos cuya producción anual de vinos de mesa no sea mayor a 100,000 litros.”
Transitorio
Único . El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2012.
Cámara de Senadores, a 13 de octubre de 2011.
Senadores: Fernando Jorge Castro Trenti (rúbrica), Felipe González González (rúbrica), Alejandro González Alcocer (rúbrica), Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica).