Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar 2012 Año Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos, a cargo del diputado Leandro Rafael García Bringas, del Grupo Parlamentario del PAN
De conformidad con el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el que suscribe, diputado federal Leandro Rafael García Bringas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, en tenor de las siguientes
Consideraciones
El 26 de septiembre de 2003 se decretó, por el ex presidente Vicente Fox Quesada, el día Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos, después se ha se ha llevado a cabo la Semana de Donación y Trasplantes de Órganos, a partir del día nacional, la cual se realizó la semana pasada, y aquí, en esta legislatura se han aprobado acertadamente por la Comisión de Salud reformas que ayudan y fortalecen la salud de los mexicanos en referente a la donación de órganos, por lo que nuevamente exhortó a que se nombre el Año Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos.
Si bien existe el decreto del Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, la respuesta de la donación ha sido insuficiente para los mexicanos en espera de un órgano sano, ya que para muchos de estos pacientes su única alternativa de vida es un donante.
La donación de órganos ya no debe ser ignorancia, debe ser nato entre los mexicanos, la donación de órganos es salvar al prójimo, es dar la oportunidad de vivir a aquél que le han desahuciado y su única esperanza es la donación de un órgano.
De las enfermedades de mayor índice que sufre nuestro país, muchas de ellas pueden ser tratadas exitosamente mediante un procedimiento de trasplantes, tales como: la diabetes mellitus, así como una de sus complicaciones más graves: la insuficiencia renal crónica terminal, la ceguera por trastornos de la córnea; así también: la insuficiencia cardiaca; enfermedades pulmonares, como la fibrosis pulmonar, cirrosis hepática de cualquier causa, el síndrome del intestino corto, leucemia, anemias aplásticas.
Y de igual manera, el próximo 19 de octubre se celebra el Mes del Cáncer Mama, y debido al alto índice que padecen las mujeres en México, se enaltece todo el mes, porque un día no es suficiente, esta enfermedad como lo es el cáncer, muchos pacientes también suelen estar en la lista de espera de un trasplante, como lo puede ser de médula ósea, por mencionar alguno.
La demanda de órganos es una constante en hospitales, lo que hace que más allá de establecer un día o una semana para la donación de órganos, al declarar el 2012 como Año Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, permitirá que a lo largo de 365 días, se realicen una serie de actividades que permitan sensibilizar a la población y crear conciencia de la importancia que tiene la donación de órganos para salvar vidas.
Es por ello, por lo que les exhorto a todos mis compañeros a que impulsemos el Año Nacional de Trasplantes y Donación de Órganos, un año de solidaridad para fortalecer el fomento de vivir y cuidar de la vida, difundamos que los mexicanos somos proveedores de ayudarnos, de salvar vidas.
Punto de Acuerdo
Único: La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, a declarar el año 2012: Año Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos, y a realizar las acciones necesarias para fomentar una cultura de donación altruista de órganos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre del 2011.
Diputado Leandro Rafael García Bringas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Jalisco a instruir a su secretario de Educación para que se apliquen los presupuestos federal y estatal destinados a la regularización, recategorización y nivel salarial de los trabajadores del Colegio de Bachilleres de la entidad, a cargo del diputado Domingo Rodríguez Martell, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía proposición con puntos de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado 13 de septiembre del año en curso, los diputados Javier Gil Olivo, Alfredo Argüelles Basave, Elisa Ayón Hernández, Jesús Casillas Romero, María del Rocío Corona Nakamura, Ricardo García Lozano, Olga Araceli Gómez Flores y Patricia Elena Retamoza Vega, del Congreso de Jalisco propusieron un exhorto al ciudadano Emilio González Márquez, gobernador de Jalisco, a efecto de que instruyera al ingeniero José Antonio Gloria Morales, secretario de Educación del estado, para que aplicara el presupuesto federal y estatal destinado a la regularización, recategorización y nivel salarial de los trabajadores de del colegio de bachilleres de Jalisco, normalizando con ello la situación actual que prevalece bajo las siguientes consideraciones:
1. El colegio de bachilleres fue creado por decreto presidencial el 26 de septiembre de 1973, como organismo descentralizado del estado, cuyo objetivo es impartir e impulsar la educación correspondiente al ciclo superior de nivel medio con personalidad y patrimonio propio.
2. El Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (Cobaej) es una institución dedicada a impartir educación media superior con capacitación para el trabajo en las modalidades escolarizada, abierta y a distancia.
3. El Cobaej se creó mediante convenio celebrado entre el titular de la Secretaría de Educación Pública con el gobierno del estado, de fecha 26 de septiembre de 1996, mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco 16585, del 21 de junio de 1997.
4. El Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco es un organismo educativo comprometido con la sociedad y principalmente con los jóvenes, ya que en él se forjan valores que a los jóvenes les permite una formación integral lo que significa que además de estudiar su bachillerato adquieren capacitación para el trabajo que les permitirá incorporarse al mercado laboral o inclusive continuar con estudios de nivel superior.
5. En este tenor, el personal docente que actualmente labora en todos los centros de trabajo del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco se encuentra en espera de que se cumpla realmente con la aplicación de la compactación salarial, ya que del año 2009-2010 ha ido en decremento cuando la lógica nos debe marcar que tiene que ir en aumento conforme el tiempo va transcurriendo de manera natural, asimismo, el número de recursos de inconformidad recibidos por la institución solo en este tiempo se incremento de 5 a 71, lo que representa un incremento de mil 471 por ciento tan sólo en este periodo.
6. A partir de estos datos podemos inferir que no existe una relación entre los recursos ejercidos en el programa de estímulos y los resultados académicos obtenidos en el Cobaej por lo que pierde sustento el argumento de que pretende señalar que hay una relación entre la cobertura del beneficio económico con la calidad del trabajo desempeñado por los trabajadores que se encuentran afiliados a la representación sindical, ya que la aplicación de los recursos para el programa de estímulos en 2010, según información proporcionada por la dirigencia del Sindicato de Académicos, se ha dado de manera injusta, inequitativa, arbitraria e insuficiente.
7. Actualmente se ha contravenido en lo señalado en la cláusula 58 del Contrato colectivo de Trabajo que señala, respecto a los estímulos al desempeño docente se establecerá una mesa de trabajo permanente en la que participará el Suacobaej para revisión normativa y seguimiento del proceso relativo.
8. En términos presupuestales de 2008, se adeudan prestaciones que el presupuesto federal y estatal tienen etiquetado y que no se aplica, por ejemplo, en la prima de antigüedad del año antes mencionado, el ajuste salarial y compactación en el tabulador de salarios, recategorización, aplicación del recurso al programa de capacitación y del programa de estímulos al personal docente, y lo que es más grave, la violación al contrato colectivo del trabajo.
En este marco, colegas legisladoras y legisladores someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respalda plenamente y en sus términos el acuerdo parlamentario del 13 de septiembre del año en curso, aprobado por el honorable Congreso de Jalisco.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a los ciudadanos Emilio González Márquez, gobernador de Jalisco, y José Antonio Gloria Morales, secretario de Educación, a garantizar la aplicación del presupuesto federal y estatal destinado a la regularización, recategorización y nivel salarial de los trabajadores de del Colegio de Bachilleres de Jalisco.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 13 de octubre de 2011.
Diputado Domingo Rodríguez Martell (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al IFE a promover la participación ciudadana en el proceso federal de 2012 a través de la observación electoral, suscrita por los diputados Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes y Agustín Carlos Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del PAN
Los que suscriben, diputados de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, párrafo primero, fracción I, 79, 100 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La observación electoral se ha definido coma la búsqueda sistemática de información sobre un proceso electoral, con el propósito de llegar a una adecuada evaluación del mismo sobre la base de la información recogida (Idea Internacional, 1997). Esta definición enfatiza uno de los objetivos más usuales de la observación electoral: la legitimación de un proceso electoral.
Por su parte, el Parlamento Europeo define a la observación electoral como la misión de reforzar la legitimidad de los procesos electorales y con ello acrecentar la confianza de la población comprobando, en particular, que las operaciones electorales se desarrollan en su conjunto con la mayor corrección y transparencia posibles, protegiendo los derechos humanos y contribuyendo, si es necesario, a la resolución de conflictos o a la estabilización de la estructura del Estado.
En nuestro país esta figura fue reconocida legalmente en 1993 con la reforma al artículo 50 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y se puso en práctica de manera formal en la elección presidencial de 1994.
Esta reforma se originó gracias al intenso activismo de grupos de la sociedad civil con el ánimo de inhibir irregularidades que alteraran la voluntad de los ciudadanos a través del voto. A mediados de la década de los ochenta las agrupaciones civiles intermedias se organizaron para vigilar la legalidad de los procesos comiciales y por primera vez en nuestra historia se planteó el problema de las condiciones de equidad de la competencia entre partidos. El papel de las movilizaciones y las modalidades de la participación representaron un avance en la construcción de la democracia electoral y generaron mayor certeza en la competencia electoral.
De esta manera, a partir de 1994, el Instituto Federal Electoral (IFE) impulsó la creación de condiciones materiales y técnicas para fomentar y desarrollar una observación electoral profesional. Así, para cada elección federal se ha creado un Fondo de Apoyo a la Observación Electoral compuesto por dos brazos operativos: a) el financiero, sufragado en buena medida por el Poder Ejecutivo Federal a través de convenios de colaboración con el IFE, como se ha hecho en algunas elecciones anteriores, y b) el técnico, a cargo de la Organización de las Naciones Unidas a través de un Comité Técnico de Evaluación.
En este proceso, la participación de los observadores electorales otorgó un reconocimiento al avance alcanzado en el desarrollo de las condiciones democráticas para las elecciones: en sus reportes sobre los resultados comiciales, tanto los observadores nacionales como los visitantes extranjeros coincidieron en destacar la importancia de la afluencia masiva de los ciudadanos a ejercer su derecho al voto en un ambiente de paz y apegado a derecho, en donde los incidentes no fueron de gravedad o recurrentes como para cuestionar la validez de las elecciones.
Para el proceso electoral de 2006, fue a través de la firma de dos convenios de colaboración. Uno entre el Ejecutivo Federal a través de la secretaría de Gobernación y el IFE mediante el cual el Gobierno Federal se compromete a hacer una aportación extraordinaria para apoyar específicamente la observación electoral. En este convenio el IFE se comprometió a entregar esos recursos a la Organización de las Naciones Unidas para que los administrara. Es importante mencionar que estos recursos no se previeron en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006.
En un segundo momento se firma un convenio de cooperación para apoyar la observación electoral, el cual es suscrito por Naciones Unidas, a través de su División de Asistencia Electoral y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el IFE y el Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Actualmente, nuestra legislación ha reconocido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 5 esta figura al establecer que es derecho de todos los ciudadanos mexicanos participar como observadores de los actos preparativos y el desarrollo del proceso electoral.
De este modo, la participación ciudadana en los asuntos públicos es una condición necesaria para alcanzar una democracia verdadera. Hoy en día, a través del sufragio, la información pública y la integración de organizaciones, la ciudadanía realiza prácticas democráticas que tienen como propósito incidir sobre el sentido y contenido de toda política pública.
Esta nueva forma de participación abre la posibilidad a que cualquier ciudadano forme parte de las actividades, mecanismos y procedimientos establecidos por la ley comicial para la renovación periódica de los representantes populares.
En la organización y desarrollo de las elecciones federales existen diferentes formas en las que podemos participar los ciudadanos, por ejemplo, en la conformación de los consejos locales y distritales del Instituto Federal Electoral, en la integración de las mesas directivas de casilla y en la observación electoral. Estas actividades contribuyen al mejoramiento de la cultura democrática y de nuestras instituciones.
Los observadores electorales, al ser ciudadanos sin relación con los partidos políticos, han abonado en los últimos años a que se genere una percepción positiva para la autoridad electoral, han brindando confianza de que se celebran comicios transparentes, limpios y legales, en un nuevo contexto de apertura y globalización en donde con mayor frecuencia, se legitiman los procesos electorales con el aval de estos observadores.
Así, los ciudadanos que deciden ejercer ese derecho de participación, sin duda expresan un compromiso de apoyar el desarrollo y la consolidación de la democracia de nuestra nación, ya que indirectamente contribuyen al combate de prácticas antidemocráticas como el clientelismo o corporativismo.
Sin embargo, debemos destacar que la observación electoral no sólo se limita a vigilar la instalación de la casilla, el desarrollo de la votación, el desarrollo del escrutinio y cómputo de la votación en la casilla, la fijación de resultados en el exterior de la casilla, la clausura de la misma, la lectura en voz alta de los resultados en las sesiones de cómputo distrital o local y la recepción de escritos de incidentes y/o de protesta por parte de los representantes de los partidos políticos, sino que también consiste en que pueden observar todas las actividades que realiza cada una de las autoridades electorales: al IFE, desde que se celebra la sesión con la que se da inicio el proceso electoral federal hasta aquella en la que se asignan a los diputados de representación proporcional; al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en lo correspondiente a los medios de impugnación que pueden interponer los ciudadanos, los candidatos, los partidos políticos y las coaliciones; y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en cuanto a la recepción y atención de denuncias y sus consecuentes averiguaciones previas.
No debemos olvidar que el pasado 25 de agosto, el Consejo General del IFE aprobó los Lineamientos para la acreditación y desarrollo de las actividades de los ciudadanos mexicanos que actuarán como observadores electorales durante el proceso electoral federal 2011-2012 con el propósito de fortalecer la credibilidad y transparencia del proceso electoral federal.
La vigilancia por parte de los observadores electorales (antes, durante y después de la jornada electoral) refuerza un aspecto de la participación ciudadana y contribuye, junto con las instituciones electorales, los partidos políticos y la propia ciudadanía, a poner en práctica los derechos civiles y las garantías que nos otorga la Constitución.
En este contexto, los observadores electorales tienen una clara importancia en el sistema electoral mexicano en donde contribuyen a su fortalecimiento, buscando la materialización de tres propósitos fundamentales:
Generar confianza ciudadana hacia la autoridad electoral;
Legitimar a la autoridad electoral en la organización del proceso mediante resultados confiables a la luz de todos los actores políticos y del escrutinio ciudadano y,
Contribuir a través de sus juicios e informes objetivos e imparciales en la transparencia y legalidad de los resultados electorales.
De igual manera, frente al próximo proceso federal electoral en donde se renovará al titular del ejecutivo federal y a los miembros del poder legislativo, y en virtud de que las elecciones son cada vez más competidas y los resultados electorales más cerrados, se hace indispensable garantizar la labor de los observadores electorales y sus organizaciones, con el fin de continúen fomentando la vigilancia, transparencia y legalidad del proceso electoral, lo que dará como resultado, una mayor certeza y gobernabilidad a nuestro país.
Por lo anteriormente planteado, con el objeto de impulsar la consolidación de los observadores electorales como pieza clave para la confianza y legalidad de los procesos electorales, presento para su aprobación el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y al Instituto Federal Electoral a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinen y promuevan la participación ciudadana en el proceso electoral federal de 2012, a través de la observación electoral.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2011.
Diputados: Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (rúbrica), Agustín Castilla Marroquín (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a cumplir el acuerdo 488, publicado en el DOF el 23 de junio de 2009, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD
María Araceli Vázquez Camacho integrante de la Comisión de Educación Publica y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracciones III, IV y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, propongo la consideración del pleno, proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte al titular de la Secretaría de Educación Pública, maestro Alonso Lujambio Irazabal, a dar pleno y cabal cumplimiento al acuerdo 488, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2009, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Es probable que la falta de sabiduría, evidenciada al pretender aniquilar el amor por el conocimiento, la filosofía, sea producto del deficiente estudio del conocimiento; es decir, la ignorancia supina.
La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) anula la enseñanza de la filosofía; amputa de la manera más burda posible la luz del pensamiento humano. Sólo ignorantes o tiranos pueden generar proyectos con deficiencias tan fundamentales como la RIEMS. A través de esta reforma, la filosofía ya no es materia básica en los planes de estudio del Sistema Nacional de Bachillerato.
Como delito contra la nación y el pensamiento humano, la RIEMS es una reforma agravada, pues hay premeditación. La eliminación de la filosofía se preparó diligentemente. Se eliminaron materias como Ética, Filosofía I y II e Historia de la Filosofía; y se les cambió por otras, como Habilidades del Pensamiento, hasta que en el Diario Oficial de la Nación sólo quedó de la filosofía su carácter transversal. Esto es, una frase vacía. Lo más penoso de esta paradoja es que fue un filósofo, José Vasconcelos, quien alumbró a la Secretaría de Educación Pública (SEP). No cabe duda que, en algunos casos, el ser humano demuestra, en su comportamiento, ser una bestia de memoria corta.
El argumento para una escisión tan profunda es que se busca alinear la escuela preparatoria a la visión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Pretenden extirpar el cerebro, dejando las manos útiles y dispuestas para realizar cualquier tipo de chamba. Este proceso de entender la formación de seres humanos no es nuevo.
A nivel de aula, desde hace años el vocablo clave es competencias, esto es, un know-how para resolver una tarea concreta, convertir al ser humano en un apéndice de la máquina, ahora, informática.
El problema, si alguno hubiera, es que la filosofía no tiene ese matiz técnico que el mercado laboral capitalista exige. Lo que realmente está detrás: filosofar, reflexionar profundamente, no aumenta la productividad empresarial; meta de la nueva educación global. Cuando se requiere hacer manualidades, las funciones más elevadas del encéfalo son secundarias.
Recordemos que, en 2009, algunas catedráticas de la Facultad de Filosofía y Letras (FFL) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) manifestaron su total rechazo a la desaparición de la filosofía en los contenidos curriculares del bachillerato, al señalar que es un atentado contra los jóvenes, pero también para México, pues al eliminar este estudio se condena a las próximas generaciones a convertirse en simples máquinas de hacer dinero.
En el año 2009, también, el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, asumió el compromiso público, ante los integrantes del Observatorio Mexicano de Filosofía, para reintegrar a la currícula educativa las asignaturas de lógica, ética, estética e introducción a la historia de la filosofía a nivel medio superior. Traigamos a la memoria, que a otros funcionarios falta, que las materias enlistadas fueron canceladas por el gobierno federal.
La magna reforma educativa de 1960 subrayó el valor del equilibrio entre las humanidades y las técnicas; entre el pensamiento y la acción; entre el fervor de la libertad y el respeto de las responsabilidades individuales, sociales, nacionales e internacionales que implica una convivencia libre, justa y equitativa, contrapesos a los que considera factores de progreso de nuestra civilización. Esa premisa pedagógica fundamental se enriqueció con el pensamiento filosófico que calificó a la Revolución Mexicana como la gran gesta humanista, cuya meta educativa era la creación de hombres y mujeres preparados para insertarse en procesos universales que justificaran nuestro anhelo de universalidad y de comprensión de la otredad, como fundamentos del estado de justicia social de la nación mexicana. Pasamos como reflexionó Octavio Paz de nuestro laberinto de la soledad al laberinto de la comunidad, y en ese tránsito, la obligación del estado estribó en consolidar entre nuestros jóvenes las disciplinas académicas que fortalecieran sus reflexiones sobre la esencia del ser humano, al tiempo de propiciar la adopción de paradigmas colectivos, vinculados a los valores éticos, estéticos y morales que la sociedad mexicana fuese conformando.
Es penoso que la derecha nunca compartió esos principios y, una vez en el poder, generó las condiciones para sepultar la educación de la Revolución e imponer un esquema de mera instrucción enfocada a proveer mano de obra calificada por sobre mentes pensantes. La decisión del gobierno resulta temeraria ante la urgencia de valores filosóficos que auxilien a la recuperación del tejido social, destrozado por la violencia criminal que se vive en la mayor parte del país.
Es necesario no perder de vista que el génesis de esta violencia sin límite no son sólo la delincuencia organizada ni el narco, los malos, sino el gobierno que usa al brazo armado del estado para hacer labores de policía, abocarse a la caza de una plaga con armas de alto poder. Es difícil pedir más a quién en lugar de usar el encéfalo conduce a la nación con la víscera.
La decisión gubernamental de coartar la impartición de disciplinas filosóficas resulta indignante y lamentable; pues ello acendrará nuestra descomposición social como resultado de las generaciones ayunas por decisión oficial, de una educación filosófica a la que, desde el tiempo del maestro Cicerón, la humanidad reconoció como la guía de la vida.
La eliminación de asignaturas como lógica, ética, estética o filosofía mexicana en el país es una salida simplista que contradice la tradición educativa mexicana en la que el pensamiento y las ideas han ocupado un sitio fundamental.
La RIEMS representa un evidente atentado contra México y contra nuestros alumnos, porque las humanidades cultivan y ayudan a la realización del ser humano y, sobre todo a construir su libertad. ¿Es esta la verdadera razón de la reforma? ¿Es este su temor? La formación de humanidades da herramientas al estudiante, quien siempre pensará por sí mismo y será crítico, pero de una forma positiva, no violenta ni destructiva.
Invitando a que nos separemos un poco de esta visión funcional de la educación, hay otras razones de peso para su eliminación. En la historia, la filosofía ha tenido una relación tensa, a veces explosiva, con el orden económico dominante. La mayoría de la filosofía prepara al individuo para volverse analítico, desconfiado, crítico, independiente, de manera auténtica.
Desde el siglo XIX, los grandes proyectos educativos siempre han reconocido que el objetivo final era la formación del ciudadano, pero con la RIEMS lo que se sacrifica son diversas capacidades del individuo que pueden potenciar la filosofía, pero sin este campo del saber, se empobrece, se retarda y, quizás, se hace nulo este desarrollo. Debemos pensar que los jóvenes de bachillerato están en una etapa de construcción de valores éticos. A pesar de lo devastada que se encuentra esa disciplina, no podemos permitirnos su destrucción. Con ella, desaparecería mucho de lo mejor que han heredado las generaciones humanas.
Con la publicación del acuerdo 488, el martes 23 de junio de 2009, Alonso Lujambio pretendió disimular la solución al problema planteado, pues el acuerdo en comento enmienda la supresión de las disciplinas filosóficas en el bachillerato. Los humanistas, agrupados en el Observatorio Filosófico de Mundo, el 28 de Febrero de 2011, exigieron a Alonso Lujambio el cumplimiento al acuerdo 488 y la recepción de los representantes de esta comunidad para atender de manera directa el problema. En la fecha citada, Lujambio ni siquiera había dado respuesta a la carta.
En países como el nuestro, la minoría de seres humanos que logra entender la filosofía se vuelve políticamente disidente o, al menos, incrédulo del gobierno, religión y mass media . Los maestros y estudiantes que invitan a la reflexión se convierten en disidentes. ¿Quiénes son ofendidos por este puñado de disidentes que osaron subir al pelo de la bestia y comentar a la comunidad que hay visiones del mundo diversas? Esto no agrada al capital, al que no le importa recurrir a herramientas bélicas, al consumo transnacional, al clero y al espectáculo populista. Al capital sólo le importa la expansión a costa de quien sea y lo que sea.
La filosofía altera los paradigmas existenciales de los alumnos de modo radical. Al contacto con la filosofía, algunos estudiantes reportan que su modo de ver al mundo cambió por completo. Se modifican sus aspiraciones y personalidad, son invitados a una vida más auténtica.
La filosofía, al invitar a la búsqueda de la libertad, incrementa el descontento contra el capitalismo y el dominio de grupos o naciones. En México, además, la filosofía se vuelve indeseable, un estorbo, en una época de integración geopolítica; los profesores de filosofía suelen haber sido formados en planteles, programas y bibliografías de oposición.
Desaparecer la filosofía de las escuelas es erosionar la influencia de las ideas alternas, la invitación a pensar diferente; permitir el avance del dominio capitalista.
La filosofía puede ser eliminada de las escuelas por una poderosa razón adicional: la filosofía es impopular entre muchos alumnos, quienes han sido educados a vivir como se les indica, a armonizar su existencia con la del capital. La educación reaccionaria que han heredado y el entretenimiento retrógrado de los medios de comunicación, muchas veces los convierte en seres intelectualmente inertes, sin deseos de indagación filosófica. Esta es la penosa realidad.
Es necesario rescatar el amor por el conocimiento, alimentar las premisas que alimentan el insaciable apetito de la mente joven para reconstruir el universo, dotarlos de premisas para que, con sus juicios, construyan una mejor realidad de la que nosotros, derivado de las limitaciones de nuestra época, hemos hecho.
El Congreso federal mueve hacia la formación de buenos mexicanos, formados conforme a los mejores esquemas educativos. Ejemplo de esto es el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se anota, como garantía de los mexicanos, el de recibir educación media superior. Hacemos votos porque la educación media superior y, en general, la que se imparte en la nación mexicana, sea sensible a la luz que nace del pensamiento filosófico.
Exigimos el cabal cumplimiento del acuerdo 488, como deber legal y moral de las autoridades de educación ante la sociedad; que las disciplinas filosóficas deben ofrecerse de manera total y en sus propios nombres, respetando contenidos básicos; y que la formación filosófica del nivel medio superior debe ser impartida por profesionales de dicha área. De no respetar el acuerdo 488, estaríamos sacrificando la formación intelectual y humana de nuestros jóvenes y el futuro mismo del país.
Obedeciendo al capital global, en 2008, se puso en marcha la reforma de la Educación Media Superior, mediante la publicación de los acuerdos 442 y 444 y se afectó a millones de estudiantes. Las disciplinas que dan cuerpo a las asignaturas de humanidades habían sido amputadas del tronco común o se habían dispersado en otras áreas como: la literatura en la de Comunicación, a lado de inglés y computación; la de historia en la de ciencias sociales y la filosofía fue enviada a una tierra ignota denominada transversalidad.
En respuesta, las asociaciones filosóficas del país iniciaron, en 2009, un fuerte movimiento de defensa de las humanidades que culminó en mayo de ese año con una rápida negociación del acuerdo 488, documento en el que las autoridades restablecían el área desaparecida y definían las materias filosóficas como básicas y obligatorias . El acuerdo fue sometido a aprobación unánime de las autoridades educativas del país y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de junio de 2009, con la firma del maestro Alonso Lujambio, titular de la SEP.
Transcurrido un año, se organizó un coloquio para realizar un diagnóstico sobre la situación de la filosofía en la Educación Media Superior y se concluyó que no se había conformado el área de humanidades ni se habían restablecido las materias filosóficas en forma integral. Lo que en realidad pasó fue que en algunos sistemas desaparecieron, en otros se cambiaron sus nombres y contenidos y, en otros más se mantuvieron de manera fortuita.
No es posible que una clase de ética no sea obligatoria frente a la crisis de valores prevaleciente y el inmenso proceso de deshumanización en que nos encontramos. Otras voces han hecho esta pregunta a las autoridades y la respuesta ha sido siempre la oquedad del silencio. En nuestra calidad de representantes populares exigimos que se asuma la responsabilidad del agravio en contra de la sociedad, al desaparecer las humanidades de la educación y de no cumplir sus propios acuerdos. ¡Exijamos las verdaderas razones! ¿Acaso temen confesar ante la nación la de fondo? Mercantilismo, consumismo, productivismo, el traslado acrítico por parte de las autoridades de las estrategias globales diseñadas por la OCDE. Exijamos una verdadera administración, conforme a nuestros intereses y la formación integral de nuestros educandos; y no pretendamos copiar los modelos de los de grandes países productores, que nos son ajenos. Es necesario que se asuma la responsabilidad por el servilismo al atentar contra la mente de los jóvenes, a quienes se pretende privar de una conciencia crítica del mundo; ofreciéndoles en cambio el ilusorio premio de ingresar a la sociedad posmoderna.
El 8 de agosto pasado algunos de los mejores miembros de la comunidad filosófica, científica y cultural publicaron una enérgica reivindicación de las humanidades en la Educación Media Superior, los representantes del pueblo no podemos hacernos sordos o recurrir a la simulación y al doble lenguaje. El tema es que no sólo está en juego una disposición reglamentaria, sino el destino de México que nuestros próceres soñaron.
Por lo anteriormente expuesto y fundando, someto a consideración de esta Cámara de Diputados, de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, maestro Alonso Lujambio Irazabal, a dar pleno y cabal cumplimiento al acuerdo 488, por el que se modifican los diversos números 442, 444 y 447 por los que se establecen: el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad; las competencias que constituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato, así como las competencias docentes para quienes impartan educación media superior en la modalidad escolarizada, respectivamente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2009.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2011.
Diputados: Araceli Vázquez Camacho, Silvia Puppo Gastélum, Emilio Serrano Jiménez, Martha Angélica Bernardino Rojas, Eduardo Mendoza Arellano, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, Ramón Jiménez López, Ilich Augusto Lozano Herrera, José Torres Robledo, Gerardo Leyva Hernández, Federico Ovalle Vaquera, Ma. Dina Herrera Soto, Israel Madrigal Ceja, Emiliano Velázquez Esquivel, Francisco Hernández Juárez, Leticia Quezada Contreras, O. Magdalena Torres Abarca, Arturo Santana Alfaro, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, Francisco Armando Meza Castro, Samuel Herrera Chávez, Rigoberto Salgado Vázquez, Agustín Guerrero Castillo, Avelino Méndez Rangel, José María Valencia Barajas, José Narro Céspedes, Lizbeth García Coronado, Ana Luz Lobato Ramírez, Mary Telma Guajardo Villarreal, Filemón Navarro Aguilar, Indira Vizcaíno Silva, Ángel Aguirre Herrera, Ramón Jiménez Fuentes, José Luis Jaime Correa, Luis Felipe Eguía Pérez, Víctor Manuel Castro Cosío, Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, María Guadalupe García Almanza, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, Balfre Vargas Cortez, Feliciano Rosendo Marín Díaz, Marcos Carlos Cruz Martínez, Guadalupe Acosta Naranjo, Claudia Edith Anaya Mota, José Ignacio Pichardo Lechuga, José Trinidad Padilla López, Andrés Aguirre Romero, Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, Óscar Lara Salazar, Arturo Zamora Jiménez, Héctor Franco López, Jorge Carlos Ramírez Marín, Genaro Mejía de la Merced, Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, María Elena Perla López Loyo, Alicia Elizabeth Zamora Villalva, María Isabel Pérez Santos, José Luis Marcos León Perea, Amador Monroy Estrada, Héctor Hernández Silva, Omar Rodríguez Cisneros, Inocencio Ibarra Piña, Marco Antonio García Ayala, Miguel Ángel Luna Munguía, Jorge Humberto López-Portillo Basave, Guillermo Raúl Ruíz de Teresa, Cuauhtémoc Salgado Romero, Ricardo Sánchez Gálvez, Luis Antonio Martínez Armengol, Sabino Bautista Concepción, Georgina Trujillo Zentella, Ernesto de Lucas Hopkins, Eviel Pérez Magaña, Armando Jesús Báez Pinal, Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, Laura Itzel Castillo Juárez, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Mario Alberto Di Costanzo Armenta, Juan Enrique Ibarra Pedroza, Óscar González Yáñez, Susana Hurtado Vallejo, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Miguel Álvarez Santamaría, Laura Piña Olmedo, Norma Leticia Orozco Torres, Lorena Corona Valdés, José Ramón Martel López, Carlos Alberto Ezeta Salcedo, Armando Ríos Piter, Vidal Llerenas Morales, Enoé Margarita Uranga Muñoz, Pavel Díaz Juárez, Paz Gutiérrez Cortina, Juan Pablo Escobar Martínez, Javier Corral Jurado, María Antonieta Pérez Reyes, Yolanda del Carmen Montalvo López, Nelly del Carmen Márquez Zapata, José Ignacio Seara Sierra, Iridia Salazar, Elsa María Martínez Peña, María del Pilar Torre Canales, Gerardo del Mazo Morales, Emilio Chuayffet Chemor, Uriel López Paredes (rúbricas).
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, a cargo de la diputada María Guadalupe García Almanza, del Grupo Parlamentario de Convergencia
En 1995, durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Pekín, varias organizaciones internacionales, entre ellas la Federación Internacional de Productores Agrícolas y la Fundación Cumbre Mundial de la Mujer, acordaron celebrar el 15 de octubre como el Día Internacional de la Mujer Rural.
Uno de los objetivos primordiales de la conmemoración de esta fecha, más allá de convertirse en una efeméride, es recordar las condiciones de marginación en que se encuentran las mujeres que realizan actividades en las zonas rurales de todo el mundo, como la producción de alimentos, además de las tareas del hogar y del cuidado de los hijos que desempeñan de manera simultánea.
De una población rural mundial que se estima en 3 mil 352 millones de personas, las mujeres rurales alcanzan mil 600 millones aproximadamente, agricultoras en su mayoría.
En la mayoría de los países de origen, sus actividades pasan inadvertidas, como una muestra más del olvido a que han sido confinadas por su sola condición de mujeres, pues se calcula que son propietarias de sólo 2 por ciento de la tierra y son acreedoras a únicamente 1 por ciento de los créditos destinados a la producción agrícola.
Esto demuestra que, pese a los avances habidos en ciertos rubros, la condición de mujer en el sector rural representa una compleja problemática que demanda la instauración de políticas públicas, tanto en el plano internacional como en el local, orientadas a superar esas condiciones de rezago y de vulnerabilidad que aún enfrentan cientos de millones de mujeres en el mundo, pues sólo por lo que hace a un indicador como el analfabetismo, se sabe que esta condición afecta a las dos terceras partes de la población mundial y que son mujeres.
De acuerdo con datos del Banco Mundial, en México la población rural ha rebasado ligeramente 24 millones de personas durante el periodo comprendido entre 2005 y 2009; representan 22.6 por ciento de la población del país.
De esa cifra es indudable que el número de mujeres representa poco más de la mitad, de acuerdo con la tendencia demográfica nacional, o incluso puede llegar a más si consideramos factores culturales como la migración hacia los centros urbanos y el exterior, que se traduce en la mayor salida de hombres de los lugares de origen, transfiriendo la responsabilidad de la jefatura del hogar a las mujeres y de todas las tareas inherentes.
Por ello no sorprende que las condiciones prevalecientes en el sector rural del país, igual que en el resto del mundo, particularmente en naciones con rasgos comunes, sea la de un escenario sumamente adverso para las mujeres, quienes experimentan en los albores del siglo XXI una situación de desigualdad, con manifestaciones muy graves.
El problema no puede ni debe quedar en una simple descripción de lo que sucede. Por el contrario, es imprescindible adoptar una serie de medidas articuladas y plasmadas en políticas públicas destinadas a posibilitar la superación de las condiciones de pobreza e iniquidad que afectan a estas mujeres.
Lo anterior debe hacerse a través de medidas que superen el mero asistencialismo y el empleo clientelar a que son tan afines los gobiernos carentes de sensibilidad social, como los que hemos padecido en México durante los últimos tres decenios.
El panorama requiere acciones que den una respuesta oportuna a la problemática descrita, contando para ello con una estrategia integral que supere las visiones de corto plazo y contenga metas mensurables, así como un calendario e instrumentos de evaluación que puedan ser puestos en marcha ante la presunción de incumplimientos.
Para concluir, es necesario reflexionar sobre esta conmemoración a fin de evitar que se convierta en una fecha más que corra el riesgo de pasar inadvertida ante los ojos del mundo, condenando al abandono y a la pobreza a las mujeres por su condición de género y posición en la cadena económica.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2011.
Diputada María Guadalupe García Almanza (rúbrica)