De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto que expide la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo

Honorable Asamblea

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable Asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, fue instalada el 6 de octubre de 2009.

La Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio DGPL 61-II-8-310 de fecha 16 de marzo de 2010, turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su estudio y dictamen, el expediente número 1606, que contiene iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo, presentada por los diputados Narcedalia Ramírez Pineda y Luis Videgaray Caso, integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, durante la sesión de la misma fecha.

El 23 de junio de 2010, se recibió el oficio CPCP/ST/310/10 de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en donde se remite, con fundamento en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la opinión de impacto presupuestario que emite la Comisión de citada con fundamento en la valoración que fue elaborada por el Centro de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputado la cual fue dictaminada en sentido positivo.

Con estos antecedentes, la Comisión, realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Iniciativa con proyecto de decreto referida, a fin de valorar su contenido y deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa en comento apunta que en toda la geografía rural de nuestra patria, sobre todo en las miles de pequeñas poblaciones menores de 2,500 habitantes, los mexicanos de 70 o más años de edad, padecen lacerantes condiciones de pobreza extrema, prácticamente excluidos de los programas gubernamentales y con pocas perspectivas de superar las condiciones de precariedad de su existencia y el abandono en que viven.

El Consejo Nacional de Población estima que, debido al aumento de la esperanza de vida, en las zonas rurales del país la población de adultos mayores de 70 años de edad será de 1,632,000 este año, de 1,930,000 en el 2015 y de 3,594,000 en el 2030.

En los hogares de estos mexicanos, el ingreso es extremadamente inferior al indispensable para atender sus necesidades alimentarias. Sin embargo, su pobreza no es sólo la carencia de satisfactores materiales. Su miseria implica también exclusión social, negación de oportunidades para llevar una vida plena, es discriminación e incluso rechazo familiar.

Esta condición de vulnerabilidad, asociada a la falta de independencia, confianza y autoestima, nos confirma que la pobreza no es sólo un problema de falta de ingresos o de desarrollo humano. Para estos hombres y mujeres que dejaron atrás su edad productiva, esta situación social implica también carencia de representación para hacer escuchar sus voces de inconformidad y exigir sus derechos.

Los diputados proponentes señalan que el problema de fondo es la desigualdad. La estructura socioeconómica del campo es inequitativa e injusta. De las 4,500,000 unidades productivas con que cuenta el país, bajo diferentes modalidades jurídicas de propiedad y tenencia, 3 millones corresponden a parcelas de ejidatarios, la mayoría de ellas minifundios de escasa productividad; 1,335,000 a productores medianos; 150,000 a pequeños productores; y sólo 15,000 a grandes negocios o empresas.

Esta estructura piramidal de la propiedad y uso de la tierra campesina, de base muy ancha y de cúpula privilegiada, hace que los campesinos involucrados también difieran grandemente en cuanto a su potencial productivo y económico. Aproximadamente el 90% sólo produce para el autoconsumo. Ante lo exiguo de su ingreso, la inmensa mayoría –si no es que la totalidad– de los adultos mayores del campo, no pudieron, a lo largo de su vida, cotizar en un esquema de seguridad social que les otorgara un ingreso permanente para enfrentar los riesgos de su vejez, discapacidad o invalidez.

Así, los logros sociales mayores del siglo XX, como son la Reforma Agraria y la seguridad social universal, prácticamente no llegaron a este olvidado grupo social de nuestra patria y su situación de miseria y marginación a lo largo y ancho de nuestro territorio, es hoy una dramática denuncia que no podemos desoír, sino, antes bien, nos compromete política e ideológicamente a enfrentar con determinación para saldar la añeja e insoluta deuda que tiene nuestra sociedad con todos esos mexicanos que merecen toda nuestra solidaridad.

Los diputados proponentes parten de la idea de que la Seguridad Social de la que hoy se benefician los obreros y los trabajadores al servicio del Estado, no sólo no ha llegado a los adultos mayores del campo, sino incluso ha sido omisa o ha retrocedido en el aseguramiento de los trabajadores agrícolas, pues de los 3.7 millones que venden su fuerza asalariada en los campos productivos de nuestro país, a más de medio siglo de haber sido creado el Instituto Mexicano del Seguro Social, apenas se encuentran afiliados 450 mil, que representan únicamente un 12% de ese universo.

En la actualidad, 20 millones de personas del agro mexicano no tienen acceso a la seguridad social y sólo dos de cada cien pesos que entran como cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social provienen de ese sector. Son datos duros que desafortunadamente comprueban que si el mundo rural en general está desprotegido, el segmento de población mayor a los 70 años vive una auténtica soledad social.

No existe una política de Estado en materia de seguridad social para los campesinos y las familias rurales, desatendiéndose asuntos como las pensiones y jubilaciones por cesantía, que hagan posible el sostenimiento de los adultos mayores que ya no están en condiciones de trabajar y que, en consecuencia, no pueden valerse por sí mismos.

La Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares más reciente destaca que sólo el 10% de los ingresos por pensiones fueron captados por los hogares ubicados en localidades rurales, y, en el caso de los segmentos de hogares más pobres, que se ubican en comunidades de hasta 2,500 habitantes, esta participación es de sólo 0.1%.

La seguridad social para los campesinos que sólo dependen de su tierra y de su fuerza de trabajo es la que les ofrece el Seguro Popular en materia de atención a la salud. Los demás beneficios que implica la seguridad social, como la pensión por vejez, el seguro de vida y el pago de marcha, de los que sí se benefician otros sectores, son inexistentes para este sector.

En la exposición de motivos de la iniciativa en dictamen, se señala que la Organización Internacional del Trabajo define la seguridad social como “la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos.” Para los adultos mayores del campo mexicano esta definición es sólo una buena y remota intención que no está presente en sus vidas ni en sus familias.

Lo mismo ocurre con el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual establece que “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.”

En cuanto al aspecto normativo, la exposición de motivos señala que rigen también en nuestro país los convenios 35 (1933), 36 (1933), 48 (1935), 128 y 131 (1967) de la Organización Internacional del Trabajo, los cuales nos comprometen a garantizar la seguridad social y las pensiones para los ancianos mayores de 65 años de edad.

Por su parte, nuestra Constitución Política establece claros mandatos a favor del bienestar y la seguridad social de los campesinos, que esperan la acción efectiva del Estado y de las Leyes para hacerse realidad. En su artículo primero la Constitución establece que “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.” Asimismo, el Apartado B en su artículo segundo dispone con claridad que “La Federación, los Estados y los Municipios, (...) tienen la obligación de (...) III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.” Y en su artículo cuarto establece que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

Y si bien el artículo 123 de nuestra Constitución regula las relaciones laborales y el derecho de los trabajadores a la protección social para todos, incluidos los trabajadores del campo y jornaleros agrícolas, esta disposición tiene escasa aplicación en las comunidades rurales, y es letra muerta en el caso de los ancianos y discapacitados que viven en esas comunidades.

Lo mismo ocurre con la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que definen las modalidades para llevar diversos bienes públicos, entre ellos los de la seguridad social, a campesinos, trabajadores del campo, indígenas y pequeños productores; señalan la obligatoriedad para los programas del Gobierno Federal de impulsarla, lo mismo que la salud, la educación, la alimentación y la atención a personas de la tercera edad. Estas disposiciones reflejan el interés del Estado mexicano por la población rural, pero en la realidad sus beneficios no están a la altura de las intenciones ni se traducen en una vida más digna para los campesinos y sus familias, especialmente de los que más necesitan el apoyo del Estado.

Entre otras disposiciones pertinentes, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece en su artículo 154 que “Los programas del Gobierno Federal, impulsarán una adecuada integración de los factores del bienestar social como son la salud, la seguridad social, la educación, la alimentación, la vivienda, la equidad de género, la atención a los jóvenes, personas de la tercera edad, grupos vulnerables, jornaleros agrícolas y migrantes, los derechos de los pueblos indígenas, la cultura y la recreación; mismos que deberán aplicarse con criterios de equidad.”

La iniciativa plantea que si estos mandatos legales y otros similares no fueran suficientes, el Acuerdo Nacional para el Campo, suscrito en el 2003, asume el objetivo de “alcanzar un desarrollo rural sustentable que garantice una redimensión social, productiva y económica de la población campesina, bajo el criterio de paridad urbano-rural que ha sido enunciado como principio rector del Acuerdo Nacional para el Campo, a través de la promoción y transformación productiva del sector primario, así como de actividades económicas alternativas y de un acceso justo a los más elementales satisfactores y servicios públicos, que el Estado está obligado a proporcionar a todos los mexicanos por igual, sin importar su ubicación territorial, urbana o rural”.

A pesar de estas justas y humanitarias intenciones, acuerdos y normas jurídicas, en las comunidades campesinas e indígenas de México, por ausencia de políticas e insuficiencias administrativas, los dispositivos emanados de los mismos e incluso de recientes programas de gobierno, como el denominado “70 y Mas”, originalmente destinado a los ancianos de las localidades rurales con hasta 2,500 habitantes, se quedan sólo en la intención. Lo mismo ocurre con lo dispuesto en la Ley del Seguro Social que extiende la seguridad social al campo mexicano, al señalar claramente que son sujetos de ella las mujeres y los hombres del campo que tengan el carácter de trabajadores independientes; o con la declaración de que los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios; los ejidos y otras formas superiores de organización, podrán acceder a la seguridad social.

A nivel mundial, por el contrario los apoyos económicos y la seguridad social a los grupos vulnerables se ha ido convirtiendo en una política de Estado bajo el criterio de que ése es el medio más idóneo para redistribuir mejor el ingreso y luchar más eficazmente contra la pobreza. Así, en Europa se tiende a garantizar el derecho de todos a recibir un ingreso permanente y ser objeto de atención especializada a determinada edad.

Lo mismo sucede en diversos países de América Latina en los que existen Leyes, políticas y programas que otorgan diversos beneficios, incluyendo un apoyo económico a los adultos mayores, por los cuales no se requiere ningún pago de cuotas para tener derecho al mismo.

Gracias a la introducción de pensiones no contributivas para adultos mayores, Brasil ha alcanzado una cobertura excepcional de su régimen de seguridad social, principalmente en el área rural.

En Argentina se otorga pensiones asistenciales por vejez e invalidez a las personas mayores de 70 años que no cuentan con algún tipo de beneficio previsional o de retiro; tampoco con bienes, ingresos ni recursos de cualquier tipo que les permitan la subsistencia de su grupo familiar. La pensión de vejez es un monto fijo mensual que incluye servicios médicos, y es financiada con recursos provenientes de impuestos generales.

Los bolivianos mayores cuentan con el Bonasol, un programa que transfiere dinero en efectivo a todos los ciudadanos residentes que tienen 65 o más años de edad, y que incluye gastos funerarios equivalentes a nuestro “pago de marcha”. El Bonasol es financiado con el Fondo creado por la privatización de empresas estatales.

En Chile existe la pensión básica solidaria de vejez e invalidez. Para la pensión de vejez el beneficiario debe tener 65 años de edad y no estar inscrito en otro régimen previsional. Los beneficiarios carentes de recursos tienen, adicionalmente, derecho a una asignación por muerte y están exentos de la cotización del 7% para salud.

En Costa Rica el sistema de seguridad social no contributiva incluye una pensión mensual, el pago de un décimo tercer mes, un seguro de salud y acceso a las prestaciones sociales. El sistema es financiado con recursos de impuestos generales: 20% del total recaudado por concepto de impuesto sobre ventas y un recargo del 5% del total de sueldos y salarios que empleadores públicos y privados pagan a sus trabajadores.

En Uruguay existe un programa de carácter no contributivo, que incluye beneficios especiales para la rehabilitación de los pensionados por invalidez. La edad mínima para acceder a este beneficio es de 70 años. Esta prestación se ajusta de acuerdo a la variación del índice medio de salarios. El financiamiento total se cubre con los impuestos generales y está supeditado a un examen de ingresos familiares.

De acuerdo con diversas investigaciones, estos apoyos a la población de adultos mayores en los países mencionados han contribuido a aminorar los índices de pobreza nacional de forma importante, y a reducir la transmisión intergeneracional de la pobreza.

En México por el contrario los esfuerzos realizados hasta hoy con esa finalidad, han sido atomizados, esporádicos y un tanto voluntaristas, sin la integralidad, intencionalidad y complementariedad requeridas.

Así, en la ciudad de México la “Pensión Alimenticia para los Adultos Mayores de 70 años, residentes en el DF”, consiste en un apoyo de medio salario mínimo que se otorga a quienes habitan en unidades territoriales clasificadas como de muy alta, alta y media marginación.

Por su parte, el Estado de México tiene el programa “Pensión Alimenticia para Adultos Mayores”, que otorga un apoyo de 400 pesos mensuales para las personas mayores de 60 años que no cuenten con servicios de seguridad social y vivan en comunidades de alta marginación.

En el orden federal, el Programa Oportunidades de la Secretaría de Desarrollo Social en su componente de “Adultos Mayores”, que operó entre el 2006 y el 2007, ofrecía un “apoyo alimentario” a los residentes de las comunidades rurales de hasta 2,500 habitantes, mayores de 70 años, materializando la entrega, con transferencias bimestrales en efectivo de 2 550 pesos en el curso del año.

En septiembre del 2006, la Secretaría de la Reforma Agraria puso en marcha el programa “Fondo de Tierras y Joven Emprendedor Rural”, el cual otorga una pensión dirigida a campesinos de 65 años o más, a cambio de la venta de sus tierras a jóvenes capacitados por ese programa. Al aporte producto de esa venta, se suma un subsidio de 50 000 pesos, misma que les aseguraría una pensión vitalicia garantizada por un salario mínimo mensual. El esquema, además de ser contributivo por los requisitos que impone a sus posibles beneficiarios, ha tenido poco éxito dada la resistencia de los ejidatarios a ceder sus derechos agrarios.

En el año 2007, la propia Secretaría de Desarrollo Social puso en marcha el Programa “70 y Más”. Inicialmente dirigido a los adultos mayores que viven en localidades rurales de hasta 2,500 habitantes, este programa amplió su cobertura en el año 2009 a las localidades de hasta 30 mil habitantes.

Es de destacarse sin embargo que, de acuerdo con diversas evaluaciones, “70 y Más” no ha alcanzado sus metas, concentrándose sus mayores insuficiencias en las comunidades de 2,500 habitantes o menos, tanto por ineficiencia operativa, como por las dificultades reales que representa la extrema dispersión de los asentamientos humanos que existen en ese ámbito. De allí que no se justifica, pero se explica, que en la actualidad las acciones se concentren en localidades de hasta 30 000 habitantes, que son de más fácil acceso y operacionalidad. Es evidente, sin embargo, que, con ello, el programa se aleja del objetivo más sentido y del grupo social más agraviado de más de un millón de adultos mayores de 70 años y más que es el que vive en esas dispersas y alejadas comunidades con menos de 2,500 habitantes.

Ello, no obstante que este programa ha contado con asignaciones importantes de recursos para su operación que se elevaron durante el ejercicio fiscal del 2009 a 12 509 millones de pesos; si bien para el presente ejercicio sufrieron una merma del 8% al habérsele autorizado en el Presupuesto de Egresos para el 2010, solo 11 551.1 millones de pesos.

Como se desprende de lo anterior, en México la problemática que aqueja a los adultos mayores, y muy en particular la de los que habitan en el medio rural, sólo muy recientemente ha pasado a formar parte de la agenda pública y, sin duda, los programas pertinentes han adolecido de falta de articulación, integralidad, permanencia y direccionamiento, lo que en la práctica ha impedido que se conviertan en una genuina política de Estado.

Es obvio que no habrá justicia plena para este desprotegido sector de mexicanos, mientras persistan estas deficiencias. Los apoyos a los adultos mayores no pueden minimizarse y los programas que los favorezcan no deben menospreciarse disminuyendo sus presupuestos ni menos manipularse como instrumentos puramente asistencialistas o con un ánimo de clientelismo electoral.

Al contrario. Las altas tasas de pobreza en esas comunidades, -significativamente más altas que en las zonas urbanas-, y el acelerado envejecimiento demográfico, obligan al Estado a garantizar a los hombres y mujeres de 70 años o más un apoyo económico permanente y universal, como primer paso para construir una cultura de respeto y solidaridad hacia ellos.

Con ese propósito, es imperativo promover las reformas jurídicas e institucionales indispensables para que los ancianos campesinos no sigan condenados a un destino que no es inevitable, sino producto de la pobreza y la ineficacia de las instituciones, así como de la falta de instrumentos normativos que se traduzcan en políticas públicas y programas específicamente destinados a atender el desamparo y la dura problemática de los campesinos ancianos.

Como garante de los derechos ciudadanos, al Estado compete la responsabilidad de implementar acciones que promuevan la protección y seguridad social, no sólo por razones éticas y humanitarias, sino por expreso mandato constitucional y compromisos internacionales suscritos.

Eliminar toda forma de discriminación hacia las personas adultas mayores debe ser una condición fundamental de la acción de gobierno. Adoptar las medidas necesarias que les garanticen el acceso a un esquema de apoyo universal, es un paso crucial para poder brindarles una vejez con justicia, dignidad y respeto, en su diversidad social y cultural.

La iniciativa tiene como propósito ordenar y concertar la dispersa y heterogénea acción gubernamental en sus tres niveles a favor de los ancianos del campo. Su pretensión es que los apoyos que hoy se ofrecen a este sector de la población no se queden en el marco de simples programas asistenciales atomizados, sino que se articulen y complementen para que se conviertan en una consistente y vigorosa política de Estado.

La iniciativa, fundada en criterios de justicia, equidad y sustentabilidad fiscal, propone garantizar y atender con prioridad a todos los adultos del campo de 70 o más años, pero en primer término a los que viven en comunidades rurales de 2,500 habitantes o menos, eliminando con ello los errores de exclusión en los cuales han incurrido los programas vigentes, tergiversándose así el espíritu del que debiera estar revestida una política social a favor de este sector altamente vulnerable y marginado.

La propuesta busca asegurar beneficios que actualmente están incluidos en los programas asistenciales del Gobierno Federal y de los estados del país, asegurándoles un estatus legal; una pensión vitalicia a los adultos mayores de 70 años; un seguro de vida que se traduzca en una transferencia en efectivo por única vez al momento del deceso, en beneficio de su cónyuge o sus descendientes; y un pago de marcha, también en efectivo, a la ocurrencia del fallecimiento del beneficiario, para cubrir los gastos funerarios.

En el artículo tercero de la iniciativa se propone que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, sea la responsable de la organización, administración y entrega de los apoyos solidarios; esta dependencia deberá coordinarse en su caso con las demás instancias del Gobierno Federal y los gobiernos estatales y municipales.

El objetivo central de la iniciativa es garantizar que los apoyos económicos a los adultos mayores del campo y los demás beneficios que conlleva la seguridad social, no sean un acto de voluntarismo aislado, o un juego retórico con ánimo partidario para fines electorales, sino una consistente política de Estado, un mandamiento expreso de Ley que reivindique la dignidad y los derechos humanos de quienes han esperado históricamente la justicia social.

En las conclusiones de la exposición de motivos, los diputados proponentes señalan que esta iniciativa tiene por objeto normar y garantizar, en beneficio de los adultos mayores de setenta años residentes en centros de población del medio rural menores a los dos mil quinientos habitantes: una pensión vitalicia; servicios integrales de salud en el marco del Seguro Popular; un seguro de vida al momento del deceso del beneficiario a favor de su cónyuge; y un pago de marcha para la cobertura de gastos funerarios ante el fallecimiento del beneficiario.

Consideraciones de la comisión dictaminadora

1. La Comisión de Desarrollo Social considera positiva la iniciativa planteada y que cumple con una suficiente fundamentación y motivación. Además, se cuenta con la opinión de su viabilidad presupuestaria por parte del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta Cámara de Diputados, lo que hace factible la expedición de este nuevo ordenamiento legal.

2. Crear un marco legal que de certeza a la protección de los adultos mayores en el campo, resulta un objetivo compatible plenamente con el marco constitucional. Además es a todas luces construir y garantizar un mínimo de vida digna para uno de los grupos más desprotegidos y vulnerables en el país.

3. Cuidar de las generaciones que construyeron nuestro país, debe ser una tarea de justicia social y de agradecimiento colectivo por la contribución que realizaron a lo largo de su vida los adultos mayores del campo.

4. Bajo los argumentos expuestos, y una vez analizada y discutida la iniciativa en análisis, el pleno de esta Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, determinó en sesión ordinaria de fecha 17 de agosto del año en curso, aprobar la iniciativa con proyecto decreto que crea la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo, presentada por los diputados Narcedalia Ramírez Pineda y Luis Videgaray Caso.

Por los argumentos anteriormente expuestos, la Comisión de Desarrollo Social, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo.

Artículo Único. Se expide la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo.

Título Primero
Disposiciones Generales

Capítulo Único

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en toda la República Mexicana, en la forma y términos que la misma establece.

Artículo 2. La Ley tiene por objeto normar y garantizar, en beneficio de los adultos mayores de setenta años residentes en centros de población del medio rural menores a los 2,500 habitantes: una pensión vitalicia; servicios integrales de salud en el marco del Seguro Popular; un seguro de vida al momento del deceso del beneficiario a favor de su cónyuge; y un pago de marcha para la cobertura de gastos funerarios ante el fallecimiento del beneficiario.

Artículo 3. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, será responsable de la organización, administración y entrega de los apoyos solidarios, así como del cumplimiento, aplicación e interpretación de la presente Ley en el marco de sus atribuciones, en coordinación, en su caso, con los gobiernos de las entidades federativas.

Artículo 4. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Adultos Mayores: Las personas con setenta o más años de edad;

II. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Social;

III. Apoyo solidario: Beneficios en dinero por concepto de pensión vitalicia, servicios de salud, y otras ayudas sociales en favor de las personas de setenta o más años de edad en localidades del medio rural de hasta 2,500 habitantes, incluyendo un seguro de vida y un pago de marcha en caso de fallecimiento del beneficiario;

IV. Población objetivo: Las personas adultas mayores de setenta o más años de edad susceptibles del apoyo solidario, de acuerdo a lo establecido en esta Ley y su Reglamento;

V. Beneficiario: Las personas de setenta o más años de edad que reciban el apoyo solidario;

VI. Padrón de beneficiarios: Base de datos que contiene la información necesaria de los beneficiarios, así como del apoyo que reciben;

VII. Residente: Persona que acredite su residencia en localidades del ámbito rural de hasta 2,500 habitantes, de acuerdo al catálogo único homologado de claves de entidades federativas, municipios y localidades conforme a los criterios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía;

VIII. Representante acreditado: El familiar o la persona autorizada por el adulto mayor para realizar trámites y cobros ante la Secretaría con motivo del otorgamiento y la vigencia del apoyo solidario; y

IX. Solicitante: Persona que presenta su solicitud para ser incluido en el padrón de beneficiarios.

Artículo 5. Son susceptibles de los beneficios que otorga esta Ley todos los adultos de setenta o más años de edad, residentes en las comunidades rurales consideradas y registradas como tales por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como las consideradas como de alta o muy alta marginalidad por el Consejo Nacional de Población.

Los beneficiarios tienen derecho a recibir del Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría, los apoyos solidarios que se establecen en el Capítulo Uno del Título Tercero de la presente Ley, en los términos y condiciones que ésta y su Reglamento establecen. Estos beneficios se complementan con los otorgados por el Seguro Popular adscrito a la Secretaría de Salud.

Los beneficiarios deberán cumplir con los requisitos establecidos por esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 6. La inscripción en el padrón de beneficiarios, la entrega del apoyo solidario y cualquier otro trámite o solicitud relacionado con dicho apoyo, serán gratuitos y no estarán sujetos a ningún tipo de condicionamiento.

Título Segundo
De la Competencia, Concurrencia y Participación Social

Capítulo Uno
De las Atribuciones de la Secretaría

Artículo 7. Corresponde al Gobierno Federal, a través de la Secretaría:

I. Otorgar el apoyo solidario a los beneficiarios;

II. Administrar y actualizar el padrón de beneficiarios, pudiendo utilizar, en su caso, la información proporcionada por las entidades federativas y municipios;

III. Expedir el Reglamento de esta Ley;

IV. Verificar el cumplimiento de los requisitos de los beneficiarios, conforme a lo establecido en la presente Ley;

V. Diseñar el formato de solicitud para la inscripción al padrón de beneficiarios;

VI. Atender las solicitudes de inscripción al padrón de beneficiarios, de asesoría y orientación a los solicitantes y beneficiarios, así como las peticiones de información pública y la resolución de recursos de quejas e impugnación;

VII. Realizar estudios e investigaciones, con apoyo de instituciones públicas y centros de educación superior, para mejorar las políticas de atención a las personas de setenta o más años de edad, con particular referencia a los que viven en localidades de hasta 2,500 habitantes;

VIII. Establecer mecanismos de participación social entre las personas de setenta o más años de edad, congruentes con la política pública dirigida a este grupo de la población, los cuales deberán quedar especificados y explicados en el Reglamento de esta Ley;

IX. Evaluar las políticas y procedimientos relativos al pago del apoyo económico;

X. Diseñar e implementar indicadores de gestión que permitan dar seguimiento y evaluar los beneficios resultados de la aplicación de esta Ley;

XI. Establecer convenios de colaboración con instituciones y organismos públicos, federales, estatales y municipales, para la mejor eficiencia y agilidad en la entrega de este apoyo solidario y, en general, para la atención a las necesidades de las personas de setenta o más años de edad;

XII. Rendir un informe trimestral al Congreso de la Unión, conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables, en el que se detalle la situación financiera de la entrega de los apoyos, el ejercicio del gasto administrativo relacionado con el mismo, el número total de beneficiarios, su distribución por entidad federativa, las altas y bajas del padrón de beneficiarios, y el impacto social y económico derivado de la aplicación de la presente Ley;

XIII. Evaluar la suficiencia del apoyo solidario y los criterios de cobertura, a fin de proponer al Congreso de la Unión las adecuaciones que considere pertinentes para garantizar la suficiencia y, de ser necesario, la ampliación de la cobertura así como la inclusión de otros apoyos cuyo propósito sea lograr el constante bienestar de la población objetivo, así como la gradual y efectiva universalización de los beneficios de la seguridad social en los términos señalados por la Ley, y

XIV. Las demás que le señalen la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Capítulo Dos
De la Concurrencia

Artículo 8. La Federación garantizará el pago de los apoyos solidarios, tomando en cuenta las particularidades demográficas, económicas y sociales de la población de cada entidad federativa o región.

Artículo 9. Cuando las disposiciones de esta Ley comprendan materias y acciones que incidan en las atribuciones de otras dependencias de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios, se aplicarán y ejecutarán mediante convenios generales y específicos que suscriban las partes interesadas. Esta disposición se hará extensiva a los organismos descentralizados del Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios.

Artículo 10. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría, podrá celebrar convenios con los gobiernos de las entidades federativas, en los que se establezcan procedimientos de cooperación, administración y ejecución de los dispositivos de esta Ley.

Los gobiernos de las entidades federativas, previo convenio con la Secretaría, podrán aportar recursos para hacer cada vez mayores y más efectivos los apoyos solidarios que esta Ley establece.

Artículo 11. La Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, deberá realizar informes trimestrales sobre los resultados derivados de la aplicación de esta Ley, en materia de combate a la pobreza, así como coadyuvar en la elaboración de los indicadores a los que hace referencia la fracción X del artículo 7 de esta Ley.

Capítulo Tres
De la Participación Social

Artículo 12. El Gobierno Federal, a través de la Secretaría, garantizará el derecho de las personas de setenta o más años de edad a participar de manera activa y corresponsable en la gestión de los apoyos solidarios, en los términos y condiciones que establezca el Reglamento que al efecto se expida. Este derecho se entenderá otorgado a los individuos, a las familias o a las organizaciones civiles y privadas que tengan como objeto el mejoramiento de las condiciones de vida de los residentes del campo objetos de esta Ley.

Artículo 13. La Secretaría establecerá las disposiciones y mecanismos más adecuados tendientes a garantizar la atención oportuna y eficaz de las quejas, denuncias, peticiones y sugerencias que respecto a los apoyos solidarios que establece esta Ley, presenten los beneficiarios, sus representantes acreditados, organizaciones de la sociedad civil o el público en general.

Título Tercero
Del Apoyo Solidario

Capítulo Uno
De los Componentes y Montos

Artículo 14. El apoyo solidario que establece esta Ley consiste en lo siguiente:

I. Una pensión vitalicia, consistente en el pago a cada beneficiario equivalente a 8.5 salarios mínimos diarios vigentes en el Distrito Federal al mes, en efectivo, mediante entregas bimestrales. Este apoyo será inembargable e intransferible;

II. Un seguro de vida que se pagará en caso de fallecimiento del beneficiario. Dicho seguro consistirá en el pago en efectivo y en una sola exhibición, del equivalente a cuatrocientos noventa y cinco salarios mínimos diarios vigentes en el Distrito Federal, el cual será sólo a favor del cónyuge sobreviviente;

III. Un pago de marcha que tendrá lugar al ocurrir el deceso del beneficiario, en una cantidad equivalente a cuarenta salarios mínimos diarios vigentes en el Distrito Federal, y que se entregará al cónyuge sobreviviente del beneficiario, o en su defecto, al familiar más cercano que asumirá, con ese apoyo, los gastos correspondientes al sepelio del beneficiario fallecido, y

IV. Los derechos a la salud preventiva y curativa, hasta el tercer nivel, a través del Seguro Popular, incluyendo el acceso al cuadro básico de medicamentos, actualizado y seleccionado regionalmente para la efectividad terapéutica.

Artículo 15. El otorgamiento del apoyo solidario materia de esta Ley, es incompatible con el disfrute de otras pensiones, subsidios o ayudas en efectivo otorgadas por instituciones federales de seguridad social y de asistencia social, así como por gobiernos estatales o municipales, salvo cuando la ayuda económica que se establezca en dichos casos sea menor a la contenida en esta Ley, en cuyo caso el apoyo solidario se determinará por la diferencia que exista entre los recursos que establece el artículo 13 de esta Ley, y el total de los apoyos en efectivo que establezcan los gobiernos estatales o municipales para el beneficiario que corresponda.

Capítulo Dos
De los Beneficiarios

Artículo 16. Para ser beneficiario, el adulto mayor deberá cumplir con los siguientes requisitos y condiciones:

I. Tener setenta o más años de edad cumplidos al momento de solicitar su inscripción en el padrón de beneficiarios;

II. Tener su residencia permanente en localidades rurales de hasta 2,500 habitantes;

III. Encontrarse en situación de pobreza, de acuerdo con los criterios previstos en la Ley General de Desarrollo Social;

IV. Informar, mediante la solicitud de inscripción a los beneficios que establece esta Ley, sobre el disfrute de pensiones, subsidios o ayudas en efectivo otorgadas por instituciones federales de seguridad social y de asistencia social, así como por gobiernos estatales o municipales, y

V. Aceptar y cumplir con las obligaciones establecidas en esta Ley y su Reglamento.

Artículo 17. La acreditación de los requisitos establecidos en las fracciones I y II del artículo anterior, deberá realizarse mediante identificación oficial. A falta de lo anterior y en los casos previstos en la legislación común y en el Reglamento de esta Ley, la acreditación se hará mediante la presentación de dos testigos de la comunidad bajo protesta de decir verdad.

Artículo 18. En caso de que el adulto mayor tenga algún impedimento físico, mental o de salud para presentar personalmente la solicitud de inscripción al padrón de beneficiarios, lo podrá hacer su representante acreditado mediante identificación oficial y documento expedido por la Secretaría, en los términos previstos por el Reglamento de esta Ley.

Capítulo Tres
Del Financiamiento

Artículo 19. El Presupuesto de Egresos de la Federación asignará cada ejercicio fiscal, recursos para cubrir los apoyos solidarios que esta Ley consigna. Para tal efecto, el Ejecutivo Federal deberá incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda, la estimación, así como un estudio sobre la población objetivo y el número de beneficiarios, desglosando los recursos que se deberán asignar a los conceptos que señala el artículo 14 de esta Ley.

Capítulo Cuatro
De la Vigencia de Derechos

Artículo 20. La Secretaría tendrá un plazo no mayor a tres meses a partir de la recepción de la solicitud correspondiente, para corroborar el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de los apoyos solidarios. En caso de que la Secretaría haya aprobado la solicitud, deberá hacer entrega de los apoyos solidarios en un plazo no mayor a tres meses a partir de la aprobación de la solicitud.

El beneficiario tendrá derecho a los apoyos solidarios correspondientes, a partir de la fecha en que hubiere entregado la solicitud y hubiere cumplido con los requisitos y condiciones que establece el artículo 16 de esta Ley, y los demás que establezca su Reglamento.

Artículo 21. El beneficiario, por sí o mediante su representante, deberá comunicar, en un plazo no mayor a treinta días del momento en que se produzca, cualquier modificación en su condición económica, residencial o estado civil. La falta de esta notificación dará lugar a la suspensión de los apoyos solidarios, así como una notificación, en su caso y si así lo comprueban las visitas domiciliarias señaladas en los artículos 22 y 23 de esta Ley, en el sentido de que se han alterado las condiciones del beneficiario, en cuanto a los requisitos que lo hacen merecedor de los derechos amparados por el presente ordenamiento.

Artículo 22. Durante la vigencia, la Secretaría podrá realizar visitas de verificación, seguimiento y evaluación del otorgamiento de los apoyos. El personal que realice estas visitas deberá contar con una identificación expedida por la Secretaría, la que deberá mostrar al beneficiario, a su representante y a sus familiares al momento de la visita.

Artículo 23. Las visitas a que se refiere el artículo anterior tendrán como objeto verificar el cabal cumplimiento de los fines y disposiciones reglamentarias que regulen el apoyo solidario, y atender dudas o problemas relacionados con la entrega del mismo. Durante las visitas se podrá recopilar información que requiera la Secretaría para implementar acciones y estrategias orientadas a mejorar el otorgamiento de los apoyos solidarios.

Capítulo Cinco
De la Suspensión y Cancelación de los Apoyos Solidarios

Artículo 24. La suspensión y, en su caso, cancelación de los apoyos solidarios tendrá lugar por las siguientes causas:

I. Cuando después de al menos tres visitas domiciliarias consecutivas en días y horarios diferentes, el beneficiario no sea localizado en el domicilio reportado como residencia del mismo, sin que exista motivo que lo justifique a juicio de los visitadores;

II. Cuando se compruebe que el beneficiario se haya inscrito, con intención dolosa, más de una vez en el padrón;

III. Cuando se compruebe que el beneficiario no cumple con los requisitos de edad y residencia establecidos en el artículo 16 de esta Ley;

IV. Cuando el domicilio señalado por el solicitante o beneficiario como lugar de residencia no exista;

V. En el caso del apoyo mensual y otros beneficios pertinentes, cuando el adulto mayor haya fallecido;

VI. Cuando el beneficiario no pueda ser calificado como en situación de pobreza, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 15 de esta Ley y de otros ordenamientos aplicables;

VII. Cuando el fallecimiento del beneficiario, cause su baja del padrón, y una vez que se hayan cubierto las cantidades correspondientes a los conceptos de seguro de vida y pago de marcha conforme a lo establecido en esta Ley.

Artículo 25. Las causas para la cancelación de los apoyos, con excepción de los fallecimientos que deberán ser notificados por el representante acreditado, serán corroboradas por la Secretaría mediante las visitas domiciliarias a que se refieren los artículos 22 y 23 de esta Ley.

Artículo 26. La cancelación de los apoyos solidarios deberá notificarse por escrito al beneficiario o a su representante acreditado.

Artículo 27. En caso de que el adulto mayor sea remitido a un asilo o sea hospitalizado, el representante acreditado o un familiar notificarán a la Secretaría esta situación, mediante documentación oficial, para que conserve el derecho al beneficio.

Artículo 28. El rechazo a la inscripción en el padrón de beneficiarios o la baja del mismo podrán ser impugnadas por el beneficiario por sí o por su representante mediante los mecanismos jurídicos, administrativos y reglamentarios previstos en la Ley General de Desarrollo Social relativos a la denuncia popular, así como en la legislación común o directamente al Órgano Interno de Control de la Secretaría. La respuesta que al efecto emita la autoridad competente deberá estar debidamente fundada.

Título Cuarto
Del Padrón de Beneficiarios, la Transparencia y el Acceso a la Información

Capítulo Único

Artículo 29. La Secretaría establecerá y mantendrá el padrón de beneficiarios, construido de acuerdo a lo establecido en los “Lineamientos normativos para la integración, mantenimiento y consulta del padrón de beneficiarios de programas de Desarrollo Social” y demás normatividad aplicable.

El padrón de beneficiarios estará conformado por la información individual de cada uno de éstos para el registro, control y certificación de la asignación, continuación, suspensión y/o cancelación de los apoyos solidarios.

Artículo 30. La información contenida en el padrón de beneficiarios será pública, con las reservas y los criterios de confidencialidad que prevé la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 31. La información contenida en el padrón de beneficiarios no podrá ser destinada a otro fin que el establecido en la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias, por lo que queda prohibida su utilización para fines políticos, electorales, de lucro o cualquier otro ajeno al objeto de esta Ley.

Artículo 32. La Secretaría, a través de su página de Internet, deberá publicar trimestralmente los movimientos de baja y alta del padrón, estableciendo, para el caso de la cancelación de los apoyos solidarios y por cada beneficiario, las causas que la originaron.

Título Quinto
De las Responsabilidades

Capítulo Único

Artículo 33. Los servidores públicos responsables de la aplicación de los procedimientos de la presente Ley deberán cumplir sus actividades observando los principios de respeto a la dignidad humana, imparcialidad, apego a derecho y veracidad.

Artículo 34. La falta de cumplimiento de los principios mencionados en el artículo anterior será sancionada, según sea el caso, de acuerdo a lo que establecen el Código Penal Federal, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Transitorios

Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se regirán por la presente Ley todos los programas y servicios del Estado orientados a los mismos fines en cuanto estén asignados al sector rural y al segmento de la población referida.

Tercero. El titular del Poder Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley en un plazo no mayor de noventa días naturales a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Cuarto. La convocatoria pública para la inscripción al padrón de beneficiarios se hará en un plazo no mayor a noventa días naturales posteriores a la publicación del presente Decreto.

Quinto. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del año fiscal posterior a la entrada en vigor del presente Decreto contendrá las partidas a que hace referencia el Capítulo Uno del Título Tercero de la presente Ley.

Sexto. La Secretaría de Desarrollo Social dispondrá de un plazo máximo de noventa días contados a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, para el diseño y puesta en operación del padrón de beneficiarios de los apoyos solidarios estipulados en esta Ley, así como para la ejecución de ésta.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 15 de junio de 2011.

La Comisión de Desarrollo Social

Diputados: José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Jesús Giles Sánchez, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos, Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera, Adriana Terrazas Porras, José Óscar Aguilar González, Carlos Luis Meillón Johnston, Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez, Carlos Flores Rico (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Laura Margarita Suárez González(rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica).

Opinión de impacto presupuestario que emite la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con fundamento en la valoración del impacto presupuestario que elabora el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, en relación a la iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo, que suscriben la diputada Narcedalia Ramírez Pineda y el diputado Luis Videgaray Caso.

Honorable Asamblea:

A esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente a la LXI Legislatura de la H. Cámara de Diputados, le fue turnada para su opinión la iniciativa que expide la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo, suscrita por la diputada Narcedalia Ramírez Pineda y por el diputado Luis Videgaray Caso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXVIII; 45, numeral 6, incisos e) y f) y 49, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como con base en los artículos 18 párrafo tercero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 1 y 42 del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establecen las normas relativas al funcionamiento de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa anteriormente descrita al tenor de los siguientes:

Antecedentes

I. Con fecha 16 de marzo de 2010, la diputada Narcedalia Ramírez Pineda del Grupo Parlamentario del Partido de Revolucionario Institucional, integrante de la LXI Legislatura, presentó la iniciativa que expide la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo.

II. En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Desarrollo Social, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para efectos de su estudio y dictamen correspondientes.

III. Con base en el tercer párrafo del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública solicitó al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, mediante oficio de fecha 18 de marzo de 2010, la valoración del impacto presupuestario.

IV. Esta Comisión recibió el 27 de abril de 2010 por parte del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, la mencionada valoración de impacto presupuestario de la iniciativa en comento, la cual sirve de fundamento para la presente opinión.

Objetivo de la iniciativa

El objetivo de la Iniciativa materia de la presente opinión consiste en ordenar y concertar la dispersa y heterogénea acción gubernamental en sus tres niveles a favor de los ancianos del campo; se busca que los programas asistenciales se articulen y complementen para que se conviertan en una consistente y vigorosa política de Estado.

La iniciativa propone garantizar y atender con prioridad a todos los adultos del campo de 70 o más años, pero en primer término a los que viven en comunidades rurales de 2,500 habitantes o menos; busca normar y garantizar una pensión vitalicia; servicios integrales de salud en el marco del Seguro Popular; un seguro de vida al momento del deceso del beneficiario a favor de su cónyuge; y un pago de marcha para la cobertura de gastos funerarios ante el fallecimiento del beneficiario.

Consideraciones

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, con base en estadísticas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2008 y del Consejo Nacional de Población, realizó una valoración de impacto presupuestario de la iniciativa materia de la presente opinión, realizando estimaciones para el periodo 2010-2015.

En la siguiente tabla se muestra la información agregada de la estimación del impacto presupuestal realizada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas:

Con base en lo anterior, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con fundamento en la valoración de impacto presupuestario emitido por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas y del análisis realizado a la iniciativa, observa que la misma tiene un impacto presupuestario de alrededor de 3,200 millones de pesos anuales (en pesos de 2010) entre 2010 y 2015 para cubrir los gastos de la pensión vitalicia, seguro de vida y el pago de marcha para los adultos mayores de 70 años o más que viven en el campo, por lo que implica un impacto presupuestario.

Por todo lo anterior, es de emitirse la siguiente:

Opinión

Primero. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con fundamento en los artículos, 39 numeral 1 y 45, numeral 6 incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 18 párrafo tercero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y con base en la valoración realizada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, opina que la iniciativa que expide la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo, suscrita por la diputada Narcedalia Ramírez Pineda y por el diputado Luis Videgaray Caso, implica impacto presupuestario de 3,238 millones de pesos en promedio anual para el periodo 2010-2015, en pesos de 2010.

Segundo. La presente opinión se formula, solamente en la materia de la competencia de esta Comisión, tomando como base la valoración del impacto presupuestario que elaboró el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, por lo que el sentido del dictamen que se dicte respecto de la iniciativa que expide la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo, es de la exclusiva competencia de la Comisión de Desarrollo Social.

Tercero. Remítase la presente opinión a la Comisión de Desarrollo Social.

Cuarto. Por oficio, comuníquese la presente opinión a la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, para su conocimiento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de junio de 2010.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Diputados: Luis Videgaray Caso (rúbrica), presidente; Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Felipe Enríquez Hernández, Jesús Alberto Cano Vélez (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica), Rolando Rodrigo Zapata Bello (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Sergio Gutiérrez Villanueva, Vidal Llerenas Morales (rúbrica), María del Rosario Brindis Álvarez (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Pedro Jiménez León, secretarios; Cruz López Aguilar (rúbrica), David Penchyna Grub (rúbrica), Fernando Morales Martínez, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, María Esther Sherman Leaño (rúbrica), Miguel Ángel Riquelme Solís, Óscar Guillermo Levin Coppel (rúbrica), Óscar Javier Lara Aréchiga (rúbrica), Roberto Albores Gleason (rúbrica), Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Enrique Octavio Trejo Azuara (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Francisco Javier Orduño Valdez, J. Guadalupe Vera Hernández (rúbrica), Marcos Pérez Esquer (rúbrica), Mario Alberto Becerra Pocoroba, Ovidio Cortazar Ramos (rúbrica), Rigoberto Salgado Vázquez, Armando Ríos Piter, Claudia Anaya Mota, Emiliano Velázquez Esquivel, Marcos Covarrubias Villaseñor, Juan José Guerra Abud (rúbrica).