Que expide la Ley que regula los Establecimientos de Prevención, Tratamiento, Disminución y Reinserción Social de Personas con Adicción en los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el se expide la Ley que regula los Establecimientos de Prevención, Tratamiento, Disminución y Reinserción Social de Personas con Adicción en los Estados Unidos Mexicanos a razón de la siguiente

Exposición de Motivos

En nuestro país los temas relacionados con las adicciones, durante la última década se han colocado con mayor frecuencia en la agenda nacional. Se puede leer, ver y escuchar desde información sobre los diferentes tipos de adicción, sustancias psicotrópicas y sus efectos en los consumidores, sus familias y la sociedad en su conjunto, hasta desafortunadas experiencias producto del esfuerzo realizado por los consumidores y sus familias con el fin de salir del problema y reintegrarse a la vida cotidiana y productiva, es decir, a actividades que brinden un clima de salud general, armonía social y plenitud personal.

Es importante decir que la persona con una adicción no es un delincuente, sino un enfermo que conserva en todo momento su derecho a la salud; así también considerar a las adicciones como enfermedad hace posible que éstas se puedan prevenir, tratar, atender y evitar; de ahí la importancia de observar a las adicciones bajo este paradigma, porque se logra definirles en un marco que les empata dentro de las consideraciones de nuestro sistema de salud, tal y como se establece en el artículo tercero de la Ley General de Salud.

Los problemas sociales, intrafamiliares y particulares derivados y asociados a las adicciones forman un abanico amplio y nos obligan a realizar un análisis para comprender los elementos de raíz, mismos que van desde el cambio en el modelo de familia, y su jerarquía de valores, predominante durante el siglo pasado, hasta la incapacidad de las autoridades competentes para articular programas y políticas que construyan condiciones económicas, políticas y sociales de impacto en los proyectos de vida de los ciudadanos, es decir, la autoridad ha fallado y el Estado se ve por tanto disminuido en el cumplimiento de su compromiso social.

Si bien la administración federal actual ha tomado medidas en materia de combate a las organizaciones delictivas que distribuyen sustancias psicotrópicas, éstas se ven rebasadas por la sofisticación con que actúan tanto las organizaciones como el mercado de dichas sustancias. A la luz de los resultados y el clima de violencia, inseguridad y aparente desarticulación en la estrategia que hace frente a semejante enfermedad social, es responsabilidad del Poder Legislativo crear mecanismos legales para fortalecer al Estado y conseguir que éste cumpla con su obligación principal, dar seguridad y cuidar la vida y las propiedades de todos los ciudadanos.

Como se mencionó antes, entender a las personas adictas como enfermas y a la trata de tal enfermedad como responsabilidad de las autoridades sanitarias, nos acerca a una variable que se debe considerar en la estrategia integral de combate, esta es, la etapa de tratamiento de la adicción en centros y establecimientos dedicados a dicha actividad; los cuales deben regirse por lo previsto en la Norma Oficial Mexicana – 028 – SSA2- 1999 – Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones. Pese a que la intención de regular, vigilar y controlar que tiene el enunciado ordenamiento, la regulación y homologación requisitoria se nota insuficiente, por tanto los casos de centros que le infringen no se han logrado detener, y los usuarios siguen siendo víctimas de abusos y tratos lascivos a sus derechos humanos.

En abril de 2011, el Consejo Nacional Contra las Adicciones (Conadic) informó que en los últimos tres años 104 centros, granjas y lugares destinados supuestamente a la desintoxicación de adictos y alcohólicos, de los mil quinientos diez y nueve registrados hasta entonces, fueron clausurados por no ofrecer condiciones sanitarias y violentar los derechos humanos de los usuarios; siendo Jalisco con 30 y Sinaloa con 25 casos, los estados en los que se han detectado más irregularidades. Al respecto la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) señala que se han auxiliado a algunos centros de atención en materia de procedimientos a efecto de que puedan cumplir con lo establecido en la normatividad mencionada, pero es evidente que tales esfuerzos no son suficientes.

Estos centros cumplen con una labor social importante, que los tres órdenes de gobierno con todos sus esfuerzos no han conseguido cubrir, esta es, reintegrar a los enfermos de una adicción y a sus familias a la vida social y productiva, razón que les hace espacios necesarios para la sociedad. En observancia de lo anterior el gobierno federal puso en marcha una red de centros denominados “Nueva Vida”, que cuentan con más 323 centros que se adicionan a 113 Unidades Operativas de Centros de Integración Juvenil en todo el país, es decir, se trata de una red nacional que contribuye al saneamiento, pero no logran cubrir la demanda, situación que hace necesaria la participación de operadores particulares y organizaciones sociales, mismos que deben estar regulados a fin de salvaguardar la dignidad de los usuarios y sus familias, sus derechos humanos y constitucionales e integrarles a la vida social en plenitud de sus capacidades.

Los centros de atención no tienen una metodología de operación lineada a nivel nacional con un rango de ley, el cual permita homologar criterios en cuanto a los requisitos para obtener el registro, los métodos terapéuticos y sanciones por el incumplimiento a las disposiciones en la materia. Si bien conforme a lo dispuesto en el artículo 13 inciso b) fracción primera, de la Ley General de Salud, en el capítulo respectivo a la “distribución de competencias”, se establece que corresponde a los gobiernos de las entidades federativas en materia de salubridad general, dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales; organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de servicios de salubridad general, a las que se refieren las fracciones XXI, XXII y XXIII en materia de adicciones, se crea una laguna que permite operar a los centros sin regulación clara, dejando a los usuarios indefensos en los estados donde no exista normatividad respectiva.

Sin embargo, en función de lo establecido en el párrafo tercero del artículo 4o. constitucional, corresponde a esta soberanía crear los mecanismos adecuados para cumplir con el objetivo general de garantizar el derecho a la salud de todos los habitantes de nuestro país; asimismo es obligación nuestra contribuir en las labores de regulación respecto a toda actividad desarrollada en nuestro territorio, en el caso de los centros de atención y tratamiento de adicciones, el interés que se persigue con la presente iniciativa es homologar criterios para todos los estados en cuanto al registro de los centros, para esto se establece un Registro Nacional avalado por las autoridades sanitarias federales, el cual arroje información necesaria para controlar el funcionamiento de los centros, evitando tratos fuera de los protocolos de tratamiento científico y psicológico probados.

En cuanto a la distribución de competencias se establece un sistema donde los tres órdenes de gobierno participen, de forma tal que todos alineados trabajen para garantizar los derechos humanos de los usuarios y sus familias, así como la reinserción social, con el único ánimo de reconstruir una sociedad derruida por los alcances de la enfermedad social que hemos entendido como adicciones. En dicha distribución de competencias, se ha colocado a las autoridades municipales con un papel preponderante, puesto que al ser la estructura gubernamental más cercana a la sociedad son también uno de los principales agentes operativos de la regulación, el espíritu de la presente legislación es que los responsables adopten un compromiso frente a la problemática que representa tener centros que no ayuden a desintoxicar y tratar a los adictos, sino que generen en ellos estigmas y agraven problemas psicológicos que al final derivaren en graves problemas sociales.

La presente iniciativa reconoce los tipos de tratamiento existentes en lo general, y atribuye a las autoridades sanitarias y reguladoras federales para que certifiquen los tratamientos en lo particular. Se han considerado para esto los establecidos en la NOM-028-SSA2-1999, Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones. Se proponen filtros y requisitos que permitan tener criterios que los centros deben cumplir para ser aceptados en el registro nacional, esto sin afectar lo dispuesto en legislaciones estatales que refieran a la materia, por ejemplo las de Chihuahua y Sinaloa. Lo que se pretende es contribuir y tener certeza de que la atención a los usuarios en todo el territorio nacional será de calidad y cumple con el objetivo principal de reinserción social adecuada.

La iniciativa contempla obligaciones y sanciones para los responsables de los centros, mismas que son graduales y conforme al marco regulatorio de los servicios de salud. Se contemplan los derechos de los usuarios y sus familias, esto significa que la intención es dar certeza jurídica del servicio prestado, se obliga a los centros para ordenar información valiosa de los usuarios conforme a lineamientos de carácter clínico, de forma que se aporten datos relevantes para cualquier eventualidad o contingencia mientras dure el tratamiento.

Se entiende que el sistema requiere de contrapesos, por tanto se adiciona la denuncia ciudadana, elemento que sin lugar a dudas aportará más agentes reguladores a la labor de los centros; lo que se busca con esto es conseguir que la ciudadanía adquiera el compromiso de vigilar, incluso la labor de la autoridad reguladora cuando verifique la observancia de la ley; los objetivos en este sentido son revertir la enfermedad con la mancuerna de sociedad y gobierno, concientizar a las nuevas generaciones sobre los riesgos que implica la relajación de valores y considerar a las adicciones como diversión, derivando en problemas que impactan primero en la vida personal de los enfermos y luego en la productividad nacional.

La presente iniciativa tiene un impacto presupuestal mínimo, dado que no aumenta el personal de la Cofepris o de la Secretaría de Salud; además las atribuciones otorgadas en ambos casos se encuentran en el marco general de la legislación sanitaria a nivel federal, pero no con la especificidad de los centros dedicados al tratamiento de adicciones.

Una sociedad enferma es una sociedad que no logra consolidar proyectos. Responder a los desafíos que plantea un mundo global, donde los mercados cambian de forma frenética y los valores guía se influyen por efímeras historias de éxito, producto del libertinaje y los excesos, pone a nuestra estructura estatal frente a un ejercicio de autoanálisis arduo. Las alternativas para sanear defectos grandes como las adicciones son varios y las opiniones sobran. Bien es cierto, el problema se encuentra enquistado desde hace décadas, y la solución no responde únicamente a planes de corto plazo, de ahí que la reinserción social sea tan necesaria como complicada.

Debemos ser consientes que es un asunto de salubridad general, en donde hay vidas humanas en juego. Hablamos de personas que por motivos varios cayeron en un cuadro que les hace incapaces de vivir a plenitud, por esta razón se tiene que regular los sitios encargados de reintegrarles a la sociedad. Nuestro fin es sencillo, buscamos evitar que al intentar solucionar un problema se creen otros, agravando el clima de enrarecida seguridad. Los enfermos tiene derecho a la salud y a un trato digno, es menester nuestro, garantizar que su tratamiento adquirirá dichas características. No debemos permitir más abusos a individuos y grupos que acuden a los centros con la esperanza de salir a flote, al final del día tienen derecho a vivir de forma digna y decorosa.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía el proyecto de

Decreto que expide la Ley que regula los Establecimientos de Prevención, Tratamiento, Disminución y Reinserción Social de Personas con Adicción en los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se expide la Ley que regula los establecimientos de prevención, tratamiento, disminución y reinserción social de personas con adicción en los Estados Unidos Mexicanos.

Ley que regula los Establecimientos de Prevención, Tratamiento, Disminución y Reinserción Social de Personas con Adicción en los Estados Unidos Mexicanos

Título Primero
Disposiciones Generales

Artículo 1. Esta Ley es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para los prestadores de servicios de salud del sistema nacional de salud y en los establecimientos de los sectores público, social y privado, que realicen actividades preventivas, de tratamiento y de control de las adicciones.

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto establecer los procedimientos y criterios para regular los establecimientos dedicados a la prevención, tratamiento y control de las adicciones.

Artículo 3. La presente Ley tiene los siguientes objetivos:

I. Establecer procedimientos y criterios, fundamentados en principios de investigación científica y profesional, para el tratamiento y asistencia a personas adictas en los establecimientos de los sectores público, social y privado que realicen actividades preventivas, de tratamiento y de control de las adicciones;

II. Regular el tratamiento o la asistencia integral a personas adictas que deseen recuperarse de su adicción, a fin de preparar su reinserción a la sociedad;

III. Establecer las medidas necesarias para la reinserción a la sociedad de los adictos;

IV. Establecer las bases para implantar un sistema de registro nacional para los establecimientos de los sectores público, social y privado que realicen actividades preventivas, de tratamiento y de control de las adicciones, que permita su regulación, vigilancia, sanción y clausura en caso de incurrir en faltas a la presente Ley y demás disposiciones supletorias;

V. Implementar las bases que permitan establecer políticas, protocolos y programas que tengan por objeto garantizar prácticas de tratamiento de adictos y reinserción social de los mismos con pleno respeto a sus derechos humanos y garantías constitucionales:

VI. Dar certeza jurídica a las personas adictas y a sus familiares que reciban o contraten el servicio de asistencia integral o tratamiento de adicciones en los establecimientos de los sectores público, social y privado;

VII. Fomentar en el adicto, el respeto a su dignidad personal y la de sus semejantes;

VIII. Establecer las infracciones y sanciones que se cometan en los términos de la presente Ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 4. Para efecto de esta Ley, se entenderá por:

I. Adicto o Farmacodependiente: Persona con dependencia a una o más sustancias psicotrópicas, que muestra un trastorno o problemas relacionados con el uso, abuso o dependencia de las mismas.

II. Adicción o dependencia: Conjunto de fenómenos del comportamiento, cognoscitivos y fisiológicos que se desarrollan luego del consumo repetido de una sustancia psicotrópicas.

III. Adicto en recuperación: Persona que ha dejado de utilizar sustancias psicotrópicas y está en un proceso de reinserción social.

IV. Comisión: Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios.

V. Consejo: Consejo Nacional contra las Adicciones

VI. Centros de Atención de Adictos: Los establecimientos de los sectores público, social y privado que realicen actividades preventivas, de tratamiento y de control de las adicciones.

VII. Disminución del daño: Procedimiento terapéutico mediante el cual se frena la progresión de patologías.

VIII. Ley: Ley que regula los establecimientos de prevención, tratamiento, disminución y reinserción social de personas con adicción en los Estados Unidos Mexicanos.

IX. Norma Oficial: NOM-028-SSA2-1999, Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones.

X. Profesional: Los especialistas en materia de adicciones y las personas que dada certificada experiencia en cuanto a su trabajo con adictos, muestren capacidad para cumplir con la función tratamiento y asistencia integral

XI. Registro: Registro Nacional de Centros de Atención a Adictos y de los profesionales que operan en materia de adicciones en la República conforme a lo dispuesto por la NOM-028-SSA2-1999, Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones.

XII. Reglamento: Reglamento de la presente Ley.

XIII. Reinserción Social: Conjunto de acciones dirigidas a promover un estilo de vida saludable en el adicto o farmacodependiente, que logre un mejor funcionamiento individual en sus relaciones interpersonales, productividad laboral y desarrollo personal.

XIV. Rehabilitación del adicto: Proceso por el cual un adicto alcanza un estado óptimo de salud, funcionamiento psicológico y bienestar social.

XV. Secretaría: Secretaría de Salud.

XVI. Sistema: El Sistema Nacional de Salud, está constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud.

XVII. Síndrome de abstinencia o de supresión: Al grupo de síntomas y signos, cuya gravedad es variable, que aparece durante la suspensión brusca, total o parcial, del consumo de una sustancia psicoactiva, luego de una fase de utilización permanente, o del consumo de altas dosis de la misma.

XVIII. Síndrome de dependencia: Al conjunto de signos y síntomas de orden cognoscitivo, conductual y fisiológico que evidencian la pérdida de control de la persona sobre el consumo habitual de las sustancias psicoactivas.

XIX. Sociedad: Población que habita en la República Mexicana.

XX. Sustancias Adictivas, Estupefacientes o Psicotrópicos: Todas aquéllas sustancias de origen mineral, vegetal, animal o sintético, de uso médico e industrial, de efectos estimulantes o deprimentes y narcóticos, que actúan sobre el sistema nervioso alterando las funciones físicas y/o psíquicas, cuyo consumo puede producir adicción.

XXI. Usuario: Toda aquella persona que requiera y obtenga la prestación de cualquier tipo de servicio relacionado con el uso, abuso o dependencia de sustancias psicotrópicas.

Artículo 5. Las disposiciones de esta Ley se aplicaran sin prejuicio de otras normas sobre cuestiones específicas que se relacionen con las materias de este ordenamiento.

Artículo 6. El Titular del Ejecutivo Federal podrá establecer convenios y acuerdos de colaboración y coordinación con los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios para el establecimiento de centros de atención a adictos del sector social y públicos.

Se dará prioridad a municipios con altos índices de pobreza y marginación urbana y rural.

Título Segundo
De los Derechos de los Usuarios

Artículo 7. Los usuarios tendrán los siguientes derechos:

I. Ser tratados por el personal de los centros de atención a adictos con pleno respeto a su dignidad humana, independientemente de su diagnóstico, situación, social o económica, sexo, etnia, ideología o religión.

II. Tener certeza de que su tratamiento y reinserción social se apegarán al marco genérico de derechos humanos y disposiciones supletorias en la materia.

III. No ser sometidos a restricciones físicas o maltrato.

IV. Tener conocimiento por escrito de las normas que rigen el establecimiento, su tratamiento y la duración del mismo.

V. Que sus familiares y/o su representante legal tengan conocimiento por escrito de las normas que rigen el establecimiento, el tratamiento y la duración del mismo.

VI. Que a su ingreso su estado de salud sea valorado por un médico, dicha información podrá ser completada por los familiares y/o su representante legal.

VII. Que a su ingreso sea iniciado un expediente clínico que describa su tratamiento y proceso de reinserción social.

VIII. Que la información prevista en la fracción anterior sea manejada con protocolos de confidencialidad.

IX. Que todo medicamento sea prescrito por un profesional, y sea inscrito en su expediente clínico.

X. Que en caso de sufrir una enfermedad, asociada o no a su adicción, recibir tratamiento en una institución que cuente con el equipo y personal para su atención.

XI. Tener comunicación con el exterior y recibir visitas familiares, siempre que por prescripción del profesional ésta no interfiera con el tratamiento.

XII. Contar con espacios adecuados, que cumplan con los requerimientos de salubridad general, para cada uno de los sexos.

XIII. Recibir información veraz, comprensible y oportuna respecto de su salud, los procedimientos y el diagnóstico terapéutico.

XIV. Los menores de edad adictos a sustancias psicotrópicas tienen derecho a recibir tratamiento en los establecimientos que regula esta Ley, velando en todo momento por su integridad y dignidad humana; para ello, las instituciones deberán ser exclusivas para el tratamiento de los adolescentes o en su defecto, contar con espacios adecuados para ellos, separados de los adultos; el tratamiento deberá ser acorde a su edad.

Para lo cual se entenderá lo siguiente:

a) Los establecimientos, para el caso de los menores de edad, deberán obtener el consentimiento por escrito de quien ejerce la patria potestad, del representante legal o tutor, dando aviso de su ingreso dentro de las veinticuatro horas siguientes a las autoridades competentes en materia de Defensa del Menor, la Mujer y la Familia para que inicie el procedimiento de protección correspondiente en atención a las leyes para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

b) Cuando se tenga conocimiento que un menor de edad es adicto a una sustancia psicotrópica y que su familia no le preste la ayuda necesaria para recibir un tratamiento por su adicción, cualquier persona podrá acudir a las autoridades competentes en materia de Defensa del Menor, la Mujer y la Familia y solicitar el procedimiento de protección que contempla las leyes para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo 8. Las quejas por la atención recibida deberán ser resueltas en un plazo no mayor a treinta días naturales por los prestadores de servicios de salud.

Las quejas podrán ser presentadas ante la dependencia de salubridad del estado o ante la delegación de federal de la Secretaría de Salud. La queja se procesará en el seno del consejo expuesto en la fracción XI del artículo 14 de la Ley.

En caso de seguir el proceso de queja ante las instancias contempladas por la Ley General de Salud y legislaciones relacionadas, la Secretaría apoyará y pondrá a disposición de los usuarios los medios legales y de orientación jurídica para solucionar el conflicto ante las instancias correspondientes.

Artículo 9. Los usuarios podrán acceder en el momento que lo requieran a su expediente clínico. Los familiares y/o su representante legal o tutor tendrán derecho a dicho expediente siempre que haya autorización por parte del usuario. El derecho de acceso al expediente clínico para los familiares, representante legal o tutor será irrevocable en los siguientes casos:

a) Que sea requerido por orden judicial a efecto de desahogar conflictos en materia penal, civil, mercantil o laboral.

b) Que el usuario haya acaecido durante su estancia en el centro de atención.

Título Tercero
De la Distribución de Competencias

Capítulo Primero
De la Federación

Artículo 10. Corresponde a la Secretaría con base en lo dispuesto por la presente Ley, La Ley General de Salud y demás disposiciones supletorias aplicables:

I. Validar y expedir el Registro.

II. Validar las autorizaciones para el funcionamiento de los Centros de Atención que la dependencia de salubridad estatal emita, mismas que emitirá siempre y cuando se cumplan las disposiciones de esta Ley, su Reglamento, la Norma Oficial y demás disposiciones.

III. Revocar dichas autorizaciones.

IV. Cancelar la autorización cuando así sea determinado por la Comisión. La cancelación se notificará a la dependencia de salubridad estatal, quien ratificará la cancelación.

V. Vigilar el cumplimiento de ésta Ley.

VI. Ejecutar los actos y procedimientos para aplicar medidas de seguridad y sanciones en la materia.

VII. Incluir una partida presupuestal que garantice el cumplimiento de los objetivos planteados por la Ley.

VIII. Realizar estudios y evaluaciones anuales sobre el estado que guardan los centros de atención a adictos, con la finalidad de generar un sistema de información nacional al respecto que permita establecer políticas, programas y acciones específicas de impacto directo en la calidad del servicio prestado por los centros citados.

IX. Firmar acuerdos de coordinación y participación con las dependencias del ramo en las entidades federativas y con las instancias municipales respectivas a efecto de dar cumplimiento, vigencia y vigilancia a los objetivos de la presente Ley y su Reglamento.

X. Coordinarse con la Procuraduría General de la República, dependencias de la Administración Pública Federal y/o las instancias correspondientes para conseguir el cumplimiento, la observancia y aplicación de sanciones correspondientes previstas en la presente Ley, Reglamento y demás disposiciones supletorias.

Artículo 11. Corresponde a La Procuraduría General de la República:

I. Auxiliar a las autoridades competentes en el cumplimiento de esta Ley, y demás disposiciones que se deriven de la misma.

II. Proporcionar a los usuarios, sus familiares y/o sus representantes legales o tutores orientación de cualquier índole, a título gratuito y canalizarlos a las instancias de asistencia social para su atención, priorizando las que contemplen quejas derivadas del incumplimiento de las disposiciones previstas en esta Ley y su Reglamento.

III. Procurar que los agentes del Ministerio Público y peritos, reciban cursos de capacitación, formación y especialización sobre adicciones, a fin de mejorar la atención y asistencia que se brinde a los adictos y a sus familiares y/o representantes legales.

Artículo 12. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública:

I. En el ámbito de su competencia, y considerando los centros de atención que brinden formación académica a los usuarios, apoyar con materiales que contribuyan a:

a) Estimular la educación física y la práctica del deporte

b) Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general.

c) Fomentar los valores y principios del cooperativismo.

d) Promover y fomentar la lectura del libro.

II. Firmar acuerdos de coordinación y participación con las dependencias del ramo en las entidades federativas y con las instancias municipales respectivas a efecto de dar cumplimiento, vigencia y vigilancia a los objetivos de la presente Ley.

Artículo 13. Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social:

I. En el ámbito de su competencia, y considerando los centros de atención que brinden capacitación para el trabajo a los usuarios, apoyar con programas, y acciones específicas que contribuyan a:

a) Incrementar la productividad.

b) Generar destrezas que permitan al usuario en su reinserción social contar con habilidades suficientes para contribuir con el desarrollo de la productividad nacional.

Capítulo Segundo
De los Gobiernos de las Entidades Federativas y del Distrito Federal

Artículo 14. Corresponde a los gobiernos de los estados:

I. Autorizar el funcionamiento de los establecimientos, una vez que se verifique que reúnen los requisitos que establece la Ley, su Reglamento y la Norma Oficial.

II. Cancelar la autorización en función de las violaciones y faltas a la presente Ley, su Reglamento y la Norma Oficial.

III. Ratificar la cancelación que hubiere emitido la Federación.

IV. Crear, articular y actualizar el Registro de los centros de atención que operen en el territorio estatal, mismo que deberá ser compartido con la Secretaría a efecto de generar y articular el Registro Nacional, en los términos de esta Ley y su Reglamento.

Los interesados en ingresar al Registro deberán presentar ante la Secretaría:

a) La solicitud de registro

b) El Acta Constitutiva;

c) El Registro Federal de Contribuyentes;

d) La autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores;

e) El programa de trabajo del establecimiento;

f) El aviso de funcionamiento;

g) El aviso de responsable médico; y

h) Copia de título y cédula profesional del médico responsable.

Una vez solicitado el registro, ante la Secretaría de Salud a través de la Dirección de Regulación Sanitaria, dentro de los quince días siguientes, realizará las investigaciones correspondientes a fin de determinar, si el establecimiento reúne los requisitos establecidos en la Ley, su Reglamento y la Norma Oficial, para su funcionamiento.

La Secretaría de Salud, dentro de los diez días siguientes, después de analizada la documentación y revisadas las instalaciones, convocará a los responsables del establecimiento y les practicará los exámenes de aptitud correspondientes a fin de determinar su capacidad para realizar las acciones que contempla la Ley, su Reglamento y la Norma Oficial.

La Secretaría de Salud, emitirá el registro del establecimiento en un documento oficial, que deberán exhibir los establecimientos al público en general.

A los establecimientos que no hayan reunido los criterios para su registro, podrán intentar de nuevo su registro hasta pasados seis meses. A los establecimientos que se les haya emitido su registro, dentro de los dos meses siguientes, deberán capacitar a todo el personal que labore en el mismo cualquiera que sea su función, la capacitación estará a cargo de la Secretaría de Salud a través del Consejo, quien les emitirá la constancia respectiva de capacitación.

V. Coordinase con los municipios para cumplir con la fracción anterior, en los términos de esta Ley y su Reglamento.

VI. Homologar los criterios para la integración del Registro, en los términos de esta Ley y su Reglamento.

VII. Asesorar y capacitar en atención a la Ley, su Reglamento y la Norma Oficial, a toda aquella institución o persona que se dedique a la prevención, control y tratamiento de las adicciones en los establecimientos registrados;

VIII. Establecer políticas, programas y acciones que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la presente Ley.

IX. Colaborar con las dependencias de la Administración Pública Federal para conseguir que los beneficios planteados en el Capítulo anterior se cumplan con los principios de eficiencia y eficacia.

X. Convenir políticas, lineamientos, criterios, protocolos y acciones entre los organismos homólogos a las funciones de la Comisión hasta conseguir un sistema de planeación estratégica para el desarrollo de sistema de tratamiento efectivo.

XI. Constituir un consejo estatal que vigile la labor de los organismos enunciados en la fracción anterior, el cual se integrará:

a) Con los delegados federales de las dependencias enumeradas en el Capítulo anterior

b) Con los titulares de las dependencias estatales de salud, la procuraduría general del estado y el organismo regulador de riesgos sanitarios en el estado.

c) Especialistas del sistema estatal de salud con interés en el tema, y que tengan antecedentes en el tratamiento de adicciones.

d) Representantes de cuando menos cinco centro de atención que demuestren vigencia de su registro ante la autoridad competente.

e) El titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Artículo 15. Los agentes de la Policía Estatal, que fueron sujetos a tratamiento por resultar positivo en un examen antidoping, podrán solicitar a las corporaciones a las cuales pertenecen una oportunidad laboral en actividades diversas a las que venían realizando, mediante la constancia de asistencia a tratamiento en un establecimiento reconocido por la Secretaría de Salud, siempre que no sean reincidentes.

Capítulo Tercero
De los Municipios

Artículo 16. Corresponde a los municipios:

I. Articular el Consejo Municipal de Vigilancia de Centros de Atención de Adicciones, el cual se integrará por:

a) El Titular del Ejecutivo Municipal

b) El Titular del ramo de salud municipal

c) El Síndico Municipal

d) El Titular de Seguridad Pública municipal u homólogo

e) Los regidores de los ramos de salud y justicia y;

f) Representantes de los Centros de atención en el territorio municipal.

Los anteriores deberán vigilar el cumplimiento de los objetivos planteados por la presente Ley, su funcionamiento será conforme a las condiciones que la naturaleza del municipio permita.

II. Homologar criterios, protocolos, políticas y líneas de acción con las políticas en materia de regulación de centros de adicciones con los manejados por la Secretaría, la Comisión y las disposiciones de los gobiernos de los estados, la Ley y su Reglamento.

III. Participar con la Secretaría y la Comisión en las acciones vigilancia y seguimiento en la aplicación de sanciones a los centros de atención que así lo requieran.

IV. Firmar acuerdos de coordinación con la Secretaría, a efecto de agilizar los procesos de vigilancia, capacitación, observación y verificación de los centros de atención.

V. Solicitar a la Secretaría acciones de vigilancia en los Centros de Atención; y

VI. Solicitar la clausura de los Centros de Atención; previo análisis del destino que habrán de tener los usuarios.

Artículo 17. Los Municipios podrán establecer, participar con aportaciones directas o indirectas, y en su caso contribuir en determinados porcentajes para construir y sostener centros de atención, siempre y cuando:

I. Tengan suficiencia financiara o presenten esquemas de financiamiento con participación de los sectores social, privado o una mezcla de ambos.

II. Reciban financiamiento de órdenes de gobierno etiquetados, previo acuerdo de transparencia sobre los recursos recibidos.

III. Cumplan con los requerimientos establecidos por la Secretaría y la Comisión.

IV. Cumplan con los requerimientos de obra pública establecidos en las normas estatales y federales.

V. Integren a la sociedad civil, los comités ciudadanos o los comités de barrios y colonias, para la vigilancia y observación respectiva.

Artículo 18. Los agentes de la Policía Municipal, que fueron sujetos a tratamiento por resultar positivo en un examen antidoping, podrán solicitar a las corporaciones a las cuales pertenecen una oportunidad laboral en actividades diversas a las que venían realizando, mediante la constancia de asistencia a tratamiento en un establecimiento reconocido por la Secretaría de Salud, siempre que no sean reincidentes.

Título Cuarto
Disposiciones para los Centros de Atención

Capítulo Primero
Del Registro

Artículo 19. La Secretaría deberá articular un Registro Nacional de Centros de Atención a Adictos y de los profesionales que operan en materia de tratamiento de adicciones en la República, conforme a lo dispuesto por la NOM-28-SSA2-1999. El Registro deberá utilizarse para establecer indicadores nacionales de usuarios en procesos de tratamiento, rehabilitados y reinsertos en la sociedad, costos del tratamiento y de desempeño de los centros.

Artículo 20. Este Registro se integrará conforme a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley y su Reglamento.

Artículo 21. Son requisitos para obtener el Registro por parte de la Secretaría:

I. Ser un centro dedicado al tratamiento, sensibilización y/o prevención de las adicciones constituido bajo cualquier figura legal, debiendo acreditar, anualmente que observa las disposiciones de la presente Ley, su Reglamento y la Norma Oficial.

II. Presentar documentación que valide la titularidad de la propiedad, su uso de suelo y pagos respectivos, así como todos aquéllos que las leyes y reglamentos dispongan.

En el caso de que los Centros operen en propiedades o establecimientos, bajo la figura de arrendamiento, los titulares deberán presentar el contrato de arrendamiento respectivo. Cuando el Centro opere en una propiedad o establecimiento bajo algún otro esquema, los titulares deberán presentar la documentación que le avale, en cuyo contenido se haga manifestación expresa y detallada de la situación legal en la que se encuentra la propiedad o establecimiento.

III. Tener un modelo terapéutico o de tratamiento de adicciones que haya sido validado por el Consejo Estatal, previa observación de los lineamientos emitidos por la Comisión y la Secretaría en materia de tratamiento, sensibilización y/o prevención de adicciones.

IV. Contar con un modelo de prevención que cumpla con especificaciones de la Norma Oficial.

V. Contar con equipo e instalaciones que ofrezcan a los usuarios su tratamiento conforme a lo dispuesto en la Norma Oficial.

VI. Contar con el personal médico y/o profesional capacitado para la atención de adictos. En ambos casos deben presentar documentos que certifiquen su especialización y experiencia en el área. Esta certificación será validada por la Secretaría o por la dependencia del ramo en el estado, en caso de no existir convenio con la Secretaría, la atribución quedará conferida a la dependencia del ramo en el estado

VII. Presentar un plan de trabajo que valide su operación, en cuyo contenido habrá de describir puntualmente las metodologías de tratamiento y servicio a los usuarios.

Artículo 22. Para conservar el Registro, los Centros deben:

I. Cumplir con las disposiciones de la presente Ley, su Reglamento y la Norma Oficial.

II. Realizar las modificaciones que le fueren observadas en las visitas de verificación por parte de la Comisión, personal de la Secretaría o los consejos expuestos en los capítulos anteriores; en un periodo no mayor a seis meses a partir de dicha visita.

III. Demostrar el pago de las multas que le hubieren sido impuestas en atención a las sanciones derivadas de las visitas y verificaciones.

IV. No tener procesos ante autoridades judiciales en curso.

V. No haber sido sancionado en más de tres ocasiones durante el año; y

VI. Las demás que dispongan las leyes, reglamentos y normas en la materia.

Capítulo Segundo
De las Obligaciones de los Centros de Atención

Artículo 23. Los centros de atención deberán prestar atención a la persona que lo requiera, a fin apoyarle en su enfermedad y reinserción social después de concluido su tratamiento, por un periodo en el que el personal médico y profesional considere necesario para su recuperación, a efecto de prevenir su reincidencia.

Artículo 24. Cuando el centro de atención cobre cuotas de recuperación, y el usuario solicite el servicio debido a un mandato judicial, el personal deberá realizar un análisis de la situación y realizar los descuentos directos sobre la cuota del servicio.

Artículo 25. Son obligaciones de los centros de atención:

I. Realizar los trámites y cumplir con los requisitos previstos para su ingreso en el Registro.

II. Las personas que deseen constituir un establecimiento, bajo cualquier denominación social, deberán acudir ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, a efecto de que se les conceda la autorización del uso del nombre correspondiente.

Las personas que obtuvieron autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores para constituir un establecimiento, cualquiera que sea su denominación, deberán acudir ante un Notario Público, a fin de que protocolice el acta constitutiva correspondiente.

Una vez protocolizada la constitución del establecimiento, deberán darse de alta ante las autoridades del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de determinar sus obligaciones fiscales.

III. Los establecimientos deberán avisar a la Secretaría de Salud el inicio de actividades como instancia especializada en adicciones, presentando el aviso de funcionamiento y el aviso de responsable médico correspondiente.

IV. Contar con la autorización de funcionamiento otorgada por el Consejo estatal, siempre que haya sido antes verificado por el Consejo Municipal.

V. Cumplir con los objetivos, planes y lineamientos expuestos en sus planes de trabajo y planteamientos ante el Consejo durante el proceso de validación del Registro. El programa de trabajo que se acompañará a la solicitud del registro de los establecimientos, deberá contener:

a) Datos de identificación del establecimiento;

b) El tipo y modelo de tratamiento;

c) El objetivo que se busca;

d) En qué consisten los servicios que prestarán;

e) A quienes van dirigidas las acciones;

f) El personal y la infraestructura con la que cuentan;

g) Fotografías y plano del establecimiento;

h) Las etapas en qué consiste el procedimiento;

i) Las metas a corto plazo y generales;

j) El reglamento interno;

k) Los derechos de los usuarios; y

l) El costo de las acciones, siempre y cuando existan.

VI. Tener a disposición de los interesados:

a) Los lineamientos y las prácticas que se realicen en el centro de atención.

b) La solicitud de registro

c) El Acta Constitutiva;

d) El Registro Federal de Contribuyentes;

e) El aviso de funcionamiento;

f) El aviso de responsable médico; y,

g) Copia de título y cédula profesional del médico responsable.

VII. Abstenerse de admitir personas con enfermedades distintas a las indicadas por el servicio para el que fueron creados.

VIII. Llevar un registro de los usuarios que deberá constituirse con información de: su ingreso o reingreso, tratamiento y egreso, además de la información que determine sus reglamentos internos.

IX. Indagar del paciente, a efecto de constituir un expediente clínico efectivo y claro:

a) Sustancia psicotrópica que el usuario consuma;

b) Padecimientos graves que ameriten tratamiento especializado;

c) Las discapacidades;

d) Enfermedades contagiosas o graves;

e) Si se encuentra en periodo de embarazo, postparto o lactancia;

f) Estado de sus relaciones familiares y/o sociales;

X. Obtener el consentimiento por escrito de quienes ejerzan patria potestad, tutela o custodia cuando el usuario sea menor de edad o muestre incapacidad, salvo que el mismo fuera internado por mandato judicial.

En este caso, el centro de atención podrá aceptar a menores de edad cuando cuente con programas y espacios adecuados previamente autorizados por la Secretaría y validados por la Comisión.

En caso de que el usuario ingresado sea menor de edad y muestre durante su ingreso agresiones físicas o deficiencias nutricionales, educativas o de naturaleza contraria a los derechos de la niñez y de los grupos vulnerables, los responsables del centro deberán dar parte a las autoridades inmediatas en materia de protección a los sujetos activos del derecho citado;

Cuando se trate de mujeres, y éstas muestren durante su ingreso agresiones físicas o deficiencias nutricionales, educativas o de naturaleza contraria a los derechos de la mujer, los criterios de paridad de género y las normas en materia de salvaguarda de violencia contra la mujer, los responsables del centro deberán dar parte a la autoridad inmediata que tengan por objeto la defensa de la mujer.

Los casos previstos se establecen con la finalidad de deslindar responsabilidades sobre el hecho a los responsables y titulares de los centros de atención y aplicar las sanciones correctivas a los que resulten sujetos de responsabilidad.

XI. Permitir el acceso a las autoridades sanitarias, judiciales y los integrantes de los consejos, en todo momento, sin restricción a espacios, información, documentación y metodologías de tratamiento.

XII. Permitir y facilitar las visitas e inspecciones que la autoridad competente realice.

XIII. Cumplir con la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información, en caso de ser una institución que reciba recursos públicos.

XIV. Cumplir con la normatividad en materia de protección de datos personales.

XV. Que la alimentación proporcionada a los usuarios deberá ser balanceada, en cantidad suficiente para una adecuada nutrición, conforme a los lineamientos establecidos en el artículo 115 de la Ley General de Salud, y que ésta sea servida en utensilios higiénicos, de acuerdo al estado de salud de la o el usuario.

XVI. Que todo usuario que ingrese al establecimiento con una prescripción médica o con un esquema de tratamiento previo, deberá tener continuidad en su tratamiento terapéutico, por tanto, el responsable del establecimiento se debe comprometer a administrar los medicamentos en las dosis y en los horarios prescritos, pudiendo ser interrumpidos previa valoración médica. Los medicamentos serán proporcionados por los familiares, y en caso de requerir terapias especiales, serán los familiares quienes colaboren con los responsables, salvo que el centro tenga servicios relacionados para cumplir con las necesidades del usuario.

XVII. Que los representantes legales, encargados, responsables del establecimiento y demás personal adscrito al mismo, acrediten que no usan drogas, presentando una constancia de un laboratorio de la Secretaría de Salud, mediante exámenes antidoping y otros que se consideren necesarios para tal efecto.

XVIII. Entregar a la Secretaría y al Consejo un informe trimestral del estado que guardan sus instalaciones, tratamientos, ingresos financieros, ingreso y egresos de usuarios y demás indicadores y disposiciones que determine el Reglamento y la Norma Oficial.

XIX. Contar con directorios de instituciones y servicios para la referencia o canalización de las o los usuarios en situaciones de urgencia.

Capítulo Tercero
Del Tratamiento y Egreso de los Usuarios

Artículo 26. Los centros de atención tendrán como objetivo del tratamiento, el logro y mantenimiento de la abstinencia de la sustancia psicotrópica y el fomento de estilos de vida saludables. Asimismo procurarán que el usuario reintegrado a la sociedad contribuya a la productividad nacional, el respeto a los derechos humanos y adquiera un compromiso de ayuda a personas en circunstancias de adicción.

Se consideran establecimientos de atención profesional, cuando el servicio que brindan lo hacen a través de profesionales de la salud, con consulta externa, consulta de urgencias y hospitalización de los adictos a las drogas y al alcohol.

I. Todo tratamiento en el interior del establecimiento residencial, puede ser complementado con otros métodos en el exterior, a solicitud del usuario o del familiar de éste; o en su caso a solicitud de la autoridad correspondiente.

II. Los establecimientos especializados en adicciones, deberán erradicar el consumo de tabaco en sus instalaciones.

III. En ninguno de los tratamientos se permitirán grabaciones de audio, video o fotografía; sin explicar su finalidad, previo consentimiento informado y por escrito del usuario, familiar o representante legal.

IV. Todo establecimiento deberá incluir en el tratamiento a la familia del usuario, con psicoterapia grupal e individual.

Artículo 27. La atención podrá brindarse en forma ambulatoria o bajo la modalidad de internamiento. Su metodología y funcionamiento tendrá que ser validado por la autoridad sanitaria, así también sus procesos y protocolos previstos en la presente Ley y su Reglamento.

Artículo 28. Se reconocen como métodos de tratamiento los expuestos en la Norma Oficial, así como aquéllos que demuestren efectividad validada por la Secretaría Para estos efectos se considera como:

I. Modelo de ayuda mutua: Aquel ofrecido por agrupaciones de adictos en recuperación, cuyo propósito fundamental es apoyar al adicto en la resolución de su problema.

II. Modelo mixto: Aquél que ofrece servicios profesionales de tratamiento y ayuda mutua en diversos establecimientos, clínicas, comunidades terapéuticas y casas de medio camino.

III. Modelos alternativos: Aquellos que brindan servicios de tratamiento a través de diversas técnicas y métodos sin poner en riesgo la integridad física y psicológica del usuario.

Artículo 29. El egreso del usuario del centro, podrá ser por los siguientes motivos:

I. Haber cumplido los objetivos del tratamiento;

II. Traslado a otra institución;

III. A solicitud del usuario, a excepción de ingresos obligatorios por una orden judicial;

IV. A solicitud fundada por escrito del familiar autorizado, representante legal o tutor;

V. Abandono del tratamiento sin autorización, siempre que se notifique a la a la Secretaría, en los términos de esta Ley y su Reglamento;

VI. Disposición de autoridad legalmente competente;

VII. Defunción.

VIII. Si el usuario sujeto a tratamiento ingresó por determinación de alguna autoridad judicial o administrativa, deberá dársele aviso a la misma dentro de las veinticuatro horas antes de su egreso.

IX. Si el usuario que egresa es menor de edad, deberá entregársele a la persona que ejerza patria potestad, tutela o representación legal, se deberá dar aviso a las autoridades competentes en materia de Defensa del Menor, la Mujer y la Familia.

X. Cuando el usuario abandone el establecimiento sin autorización, el responsable del establecimiento deberá avisar inmediatamente a la familia o representante legal y al Ministerio Público. En caso de los menores de edad, se palicará el razonamiento descrito en la fracción anterior.

Título Quinto
De las Visitas de Verificación, Medidas de Control, Vigilancia y Sanciones

Capítulo Primero
De la Verificación

Artículo 30. Corresponde a la Comisión y a la Secretaría, así como a las dependencias de salubridad, en los órdenes, estatales y municipales, coordinarse con el fin de realizar visitas de verificación a los centros de atención para cuidar el debido cumplimiento de las disposiciones y objetivos de la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones supletorias y reglamentarias.

Artículo 31. Las visitas serán ordinarias o extraordinarias, y deberán efectuarse, las primeras, en días y horas hábiles; en tanto que las segundas se practicarán en cualquier momento, cuando haya denuncia ciudadana; o más de tres quejas que los usuarios hagan ante la secretaría respecto al tratamiento y condiciones del centro. Lo anterior sin prejuicio de las visitas y procesos que en la materia tenga la Comisión.

Artículo 32. Se consideran medidas de control aquéllos lineamientos que sean establecidos por la Secretaría, la Comisión o las dependencias del ramo en los ámbitos estatales y municipales. Así también aquéllos que se establezcan en la Ley General de Salud, su reglamento y disposiciones supletorias y reglamentarias.

Artículo 33. Los verificadores podrán realizar visitas ordinarias y extraordinarias, sea por denuncia ciudadana o motivaciones fundadas en las disposiciones de la Ley General de Salud, de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 34. La labor de los verificadores en ejercicio de sus funciones, así como la de las autoridades federales, estatales o municipales, no podrá ser obstaculizada bajo ninguna circunstancia.

Artículo 35. Las acciones de vigilancia sanitaria que lleven a cabo las autoridades competentes para efecto de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables, se realizará de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley General de Salud.

Capítulo Segundo
De la Denuncia Ciudadana

Artículo 36. Los ciudadanos, que formen parte de los consejos ciudadanos municipales u organismos análogos, podrán acudir a la Secretaría de Salud e interponer queja o denuncia contra un establecimiento o contra el personal que dirige o labora en los mismos, independientemente de las acciones que pueda ejercitar en otras instancias.

Artículo 37. La autoridad competente salvaguardará la identidad e integridad del ciudadano denunciante.

Artículo 38. La Secretaría pondrá en operación una línea telefónica de acceso gratuito para que los ciudadanos puedan efectuar denuncias, quejas y sugerencias, así como el incumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.

Capítulo Tercero
De las Sanciones y Recursos

Artículo 39. El incumplimiento a los preceptos de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones que emanen de ella, serán sancionados administrativamente por las autoridades sanitarias, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delitos.

Artículo 40. Las sanciones administrativas podrán ser:

I. Amonestación;

II. Suspensión provisional del centro;

III. Suspensión y cancelación de recursos;

IV. Multa; y

V. Clausura definitiva.

Artículo 41. Es causa de amonestación:

I. Si el establecimiento impide el ingreso a los representantes de alguna autoridad, en este caso será sujeto a una investigación inmediata;

II. Si de la investigación o de la visita de verificación que realice el Consejo, resulta que el establecimiento está incurriendo en alguna irregularidad, pero que se puede subsanar;

III. Si los establecimientos no presentan programas de prevención dentro del primer año de su registro;

IV. No presentar los informes en tiempo y forma a la Secretaría de Salud, al Consejo o a los Comités;

V. No aceptar, ni realizarlas medidas derivadas de las Recomendaciones que haga la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por violaciones a los derechos humanos, iniciando las acciones y procedimientos que sean aplicables conforme a derecho.

VI. No acreditar el buen uso de los recursos y subsidios que se le entreguen:

VII. Cuando los usuarios sean sorprendidos en la vía pública solicitando mediante el boteo apoyo económico sin la autorización correspondiente, expedida por la autoridad municipal.

VIII. El que los usuarios no porten identificación oficial al interior y exterior del establecimiento; y

IX. Utilizar vehículos que no sean fáciles de identificar, o que no se encuentren registrados ante las autoridades correspondientes.

Los establecimientos amonestados por falta de programas de prevención, tendrán un término de treinta días para presentarlos.

Artículo 42. Se sancionará con suspensión provisional:

I. Si el establecimiento amonestado hace caso omiso a las recomendaciones para regularizarse dentro del tiempo que se le puso como límite para hacerlo;

II. Si de la verificación resulta una falta grave, la posible comisión de un delito o una violación a las disposiciones de la presente Ley, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes;

III. Si un establecimiento acumula cinco amonestaciones en el año; y,

IV. El establecimiento que retenga al usuario, por el hecho de tener adeudos pendientes, después de ser amonestado por la Secretaría de Salud.

La suspensión provisional del establecimiento implica el cierre de las instalaciones y sólo deberá ser por el tiempo necesario que dure la investigación, que no deberá ser mayor a un año.

Si la Secretaría, sanciona al establecimiento con la suspensión temporal, los usuarios que se encuentran en el mismo, deberán ser canalizados a otro establecimiento del mismo tipo que el suspendido.

Artículo 43. Los establecimientos que desvíen o hagan mal uso de los recursos o subsidios que les haga llegar la Secretaría de Salud, serán sancionados con la suspensión y cancelación de la ayuda que se le venía proporcionando.

Artículo 44. Se sancionará con multa:

I. De hasta cien veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, el incumplimiento de lo dispuesto en artículos 7,8 y 9; así como aquel centro que en un año sea amonestado hasta tres veces durante un año conforme a lo dispuesto en la presente Ley;

II. De quinientos hasta cuatro mil veces el salario mínimo vigente en la zona económica de que se trate cuando se compruebe el incumplimiento a lo dispuesto por los artículos 23,24 y 25 de la presente Ley; y

III. De cuatro hasta ocho mil veces el salario mínimo vigente en la zona económica de que se trate cuando se incumpla con los artículos 31, 32 y 34 de la Ley.

Artículo 45. Es causa de clausura del establecimiento:

I. Si de las investigaciones se detecta que algún usuario se ha drogado en el interior del establecimiento;

II. Si de las investigaciones se determina que los encargados o el personal del establecimiento consumen drogas o alcohol en el interior del mismo;

III. Si el representante legal, los responsables de los establecimientos, los encargados y los demás empleados cometen un delito considerado como grave por la legislación penal, en agravio de la integridad física de un usuario;

IV. Si los establecimientos incurren reiteradamente en faltas o violaciones a la presente Ley, su Reglamento y la Norma Oficial.

Artículo 46. En caso de reincidencia se duplicará el monto de la multa que corresponda. Para los efectos de este capítulo se entiende por reincidencia, que el infractor incumpla la misma disposición de esta Ley o sus reglamentos dos o más veces dentro del periodo de un año, contado a partir de la fecha en que se le hubiera notificado la sanción inmediata anterior.

Artículo 47. El monto recaudado producto de las multas será destinado al financiamiento de los costos derivados por el funcionamiento del Registro, al financiamiento de centros de atención controlados por la Secretaría, capacitación con fines de mejora en los profesionales y a otros programas relacionados con la regulación y objetivos previstos en la Ley.

Artículo 48. Procederá la clausura temporal o definitiva, parcial o total según la gravedad de la infracción y las características de la actividad o establecimiento de acuerdo con lo señalado en el artículo 425 y 426 de la Ley General de Salud, ordenamiento de aplicación supletoria a esta Ley.

Artículo 49. Cuando con motivo de la aplicación de esta Ley, se desprenda la posible comisión de uno o varios delitos, la autoridad correspondiente formulará la denuncia o querella ante el Ministerio Público sin perjuicio de la sanción administrativa que proceda.

Artículo 50. Los verificadores estarán sujetos a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Artículo 51. En todo lo relativo a los procedimientos para la aplicación de medidas de seguridad y sanciones, los recursos de inconformidad y prescripción, se aplicará lo establecido en las disposiciones de la Ley General de Salud.

Transitorios

Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Todos los procedimientos, recursos administrativos y demás asuntos relacionados con las materias a que refiere esta Ley, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor al presente Decreto, se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones vigentes en ese momento.

Tercero. Las acciones que, en cumplimiento a lo dispuesto en este instrumento y en razón de su competencia, corresponda ejecutar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deberán sujetarse a los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal correspondiente, así como a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Cuarto. Los gobiernos de los tres órdenes descritos en la presente usarán todos los mecanismos previstos en la Ley para contribuir con los objetivos de la misma, a efecto de que antes del ejercicio fiscal 2013 se tenga el Registro completo y este a su vez arroje los indicadores planteados.

Quinto. El gobierno del Distrito Federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, deberán adecuar sus Leyes, reglamentos, bandos municipales y demás disposiciones jurídicas, de acuerdo con las competencias que a cada uno corresponda, para que sean congruentes con la presente Ley.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 23 de noviembre de 2011.

Diputado David Hernández Pérez (rúbrica)