De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, primero semestral de actividades del segundo año de ejercicio, correspondiente al periodo septiembre de 2010- febrero de 2011

I. Introducción y fundamento legal

Con fundamento en el artículo 45, numeral 6, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 150, numeral 1, fracción X, 158, numeral 1, fracción III, 164 y 165 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, las comisiones tienen, entre otras, la tarea de rendir un informe semestral de sus actividades a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. En cumplimiento con lo establecido en dichas disposiciones, la Comisión de Hacienda y Crédito Público presenta el informe de actividades correspondiente al primer semestre del segundo año de labores de la LXI Legislatura.

El documento refleja la dinámica que caracteriza los trabajos de la comisión, principalmente en las materias hacendaria y financiera, donde se manifiesta la valiosa participación de todos los diputados miembros, quienes han aportado sus conocimientos y experiencia para atender, resolver y dictaminar, las iniciativas, minutas y proposiciones que le han sido turnadas a la comisión, contribuyendo así a la creación y reforma de la legislación en las materias mencionadas, con el propósito de adecuarlas a la realidad económica y social del país.

En la Comisión de Hacienda y Crédito Público se refleja la pluralidad que existe al interior de la honorable Cámara de Diputados, siendo la distribución de los integrantes, por grupo parlamentario, de la manera siguiente:

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la LXI Legislatura está conformada por 34 Diputados.

Cabe mencionar que durante el semestre se realizaron los siguientes cambios:

• El 9 de septiembre de 2010, se informó a esta comisión legislativa, por parte de la Mesa Directiva, del alta del diputado Alejandro Gertz Manero, quien reemplazó a la diputada Guadalupe García Almanza.

• El 23 de septiembre de 2010, se informó a esta comisión legislativa, por parte de la Mesa Directiva, del alta del diputado Gerardo del Mazo Morales, quien remplazó a la diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso.

• El 14 de octubre de 2010, se informó a esta Comisión Legislativa, por parte de la Mesa Directiva, del alta del diputado Víctor Roberto Silva Chacón, quien remplazó a la diputada Graciela Ortiz González.

• El 19 de octubre de 2010, se informó a esta comisión legislativa, por parte de la Mesa Directiva, del alta del diputado Roberto Gil Zuarth, quien remplazó al diputado Martín Rico Jiménez.

• El 10 de febrero de 2011, se informó a esta comisión legislativa, por parte de la Mesa Directiva, del alta del diputado Martín Rico Jiménez, quien remplazó al diputado Roberto Gil Zuarth.

• El 10 de febrero de 2011, se informó a esta comisión legislativa, por parte de la Mesa Directiva, del alta de la diputada María Marcela Torres Peimbert, quien remplazó al diputado Pablo Rodríguez Regordosa.

Por consiguiente, al 28 de febrero de 2011 los diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito Público son

Mario Alberto Becerra Pocoroba (PAN), presidente; Víctor Roberto Silva Chacón (PRI), David Penchyna Grub (PRI), Ovidio Cortázar Ramos (PAN), Luis Enrique Mercado Sánchez (PAN), Víctor Manuel Báez Ceja (PRD), Armando Ríos Piter (PRD), Adriana Sarur Torre (PVEM), Óscar González Yáñez (PT), Gerardo del Mazo Morales (Nueva Alianza), Alejandro Gertz Manero (Convergencia), secretarios; Ricardo Ahued Bardahuil (PRI), Jesús Alberto Cano Vélez (PRI), Julio Castellanos Ramírez (PAN), Óscar Saúl Castillo Andrade (PAN), Alberto Emiliano Cinta Martínez (PVEM), Raúl Gerardo Cuadra García (PAN), Mario Alberto di Constanzo Armenta (PT), Ildefonso Guajardo Villarreal (PRI), Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (PRI), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (PRI), Silvio Lagos Galindo (PRI), Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (PRI), Óscar Guillermo Levin Coppel (PRI), Ruth Esperanza Lugo Martínez (PAN), Emilio Andrés Mendoza Kaplan (PRI), José Narro Céspedes (PRD), Leticia Quezada Contreras (PRD), Martín Rico Jiménez (PAN), María Marcela Torres Peimbert (PAN), José Adán Ignacio Rubí Salazar (PRI), Claudia Ruiz Massieu Salinas (PRI), María Esther de Jesús Scherman Leaño (PRI), Luis Videgaray Caso (PRI).

II. Iniciativas, minutas y proposiciones con punto de acuerdo turnadas durante la legislatura

Observando lo dispuesto en el artículo 165 numeral 3, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se incluyen en el anexo 1 de este Informe, las listas de Iniciativas y minutas de la LXI Legislatura turnadas a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, distribuidas en dos listas, la primera contiene las iniciativas y minutas recibidas hasta el 31 de diciembre de 2010, y la segunda contiene las Iniciativas y Minutas recibidas a partir de la entrada en vigor del nuevo reglamento de la Cámara de Diputados el 1 de Enero de 2011 para los efectos que el mismo prescribe.

Asimismo, se incluye el anexo 2 que corresponde a la lista de puntos de acuerdo de la LXI Legislatura, turnados a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Los anexos mencionados contienen información pormenorizada sobre la fecha de recepción, nombre del promovente, trámite dictado por la Mesa Directiva y el estado preciso que guardan, así como una síntesis de su contenido.

III. Avances en el cumplimiento del programa anual de trabajo

En el marco del programa de trabajo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público para el segundo año de ejercicio en la LXI Legislatura, los diputados integrantes encaminaron sus esfuerzos, durante el primer semestre del segundo año de ejercicio de la LXI Legislatura, en el análisis y discusión en dos de las principales materias de la comisión:

Materia fiscal

Al respecto, la comisión realiza un análisis de 112 iniciativas y 1 minuta turnadas en materia fiscal durante el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2010 al 28 de febrero de 2011.

a) Se aprobaron reformas a la Ley Federal de Derechos con el objetivo de implementar medidas de simplificación y mejora administrativa.

b) Se realizan adecuaciones al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos que le otorguen mayor flexibilidad financiera para la explotación de yacimientos en las diferentes áreas del territorio nacional, que bajo el régimen fiscal ordinario no sean económicamente rentables para la paraestatal.

c) Se aprobaron reformas a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios con el objetivo de limitar el consumo del cigarro, aumentando la tributación por cigarro enajenado o importado, así como por bebidas energetizantes y de concentrados, polvos y jarabes para preparar dichas bebidas, nocivas muchas veces para la salud.

d) Se aprobaron reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta que establece un estimulo fiscal a la producción teatral nacional; así como, la creación del Capítulo VIII, Del fomento al primer empleo.

e) Se aprobó el Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011.

f) Se aprobó una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, en materia del ramo 33 en relación con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

g) Se incorporó dentro de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la figura del juicio contencioso administrativo en la vía sumaria, como una alternativa al juicio contencioso administrativo federal tradicional, pero con la característica de que no sea optativo.

Materia financiera

Al respecto, la comisión realiza un análisis de 25 iniciativas turnadas en materia financiera durante el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2010 al 28 de febrero de 2011.

Asimismo, se elaboraron 2 dictámenes en sentido positivo, los cuales se encuentran pendientes de discusión y, en su caso aprobación, hasta el 28 de Febrero de 2011 y; consisten en lo siguiente:

a) Facultar al Ejecutivo federal, por conducto del Banco de México, para cubrir el equivalente a 3 millones de dólares estadounidenses, correspondientes a la última reposición de capital del Fondo Especial para el Desarrollo, a que se refiere el artículo 8o. del Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe, con lo cual, nuestro país, como miembro de dicha institución, lo anterior, completaría una cantidad total de contribuciones al FED equivalente a 29 millones 333 mil dólares estadounidenses, lo cual tiene como finalidad la de financiar diversos programas de préstamo para la reducción de la pobreza en la región del Caribe, el fortalecimiento de capacidades, la reducción de la vulnerabilidad de la zona, el desarrollo sustentable y la mejora de las instituciones locales.

b) Con la finalidad de tener agilidad en los negocios de carácter mercantil, se pretende que al reformar los artículos 15, 16 y 16a de la Ley de Inversión Extranjera; se reforman los artículos 6 fracción IV, 62 y 89 fracción II de la Ley General de Sociedades Mercantiles; se modifica la fracción V del artículo 28 y se adicionan las fracciones XII bis y XXIV bis al artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; se derogan las fracciones I, II y VII y se modifica la fracción VI del artículo 25 de la Ley Federal de Derechos; se adiciona un artículo 69C bis a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y se modifican los artículos 2, 10, 11 y 15, y se adiciona una fracción V al artículo 7, de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, con el cual se lleva a cabo una desregulación y mejora regulatoria para elevar la competitividad y el desarrollo económico.

Iniciativas y minutas presentadas durante el periodo 1 de septiembre de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Iniciativas 139

Fiscales 96

Financieras 17

Coordinación fiscal 19

Constitucionales 5

Otros temas 2

Minutas 3

Fiscales 1

Financieras 0

Otros temas 2

Total 142

Iniciativas y minutas presentadas durante el periodo que abarca del 1 de enero al 28 de febrero de 2011

Iniciativas 31

Fiscales 16

Financieras 8

Coordinación fiscal 1

Constitucionales 1

Otros temas 5

Minutas 0

Fiscales 0

Financieras 0

Otros temas 0

Total 31

III.1. Actividades de la comisión

Durante el primer semestre del segundo año de ejercicio de la LXI Legislatura se programaron 4 reuniones plenarias de trabajo.

Con motivo del desahogo de la glosa del IV informe de Gobierno del Ejecutivo federal, se recibieron al secretario de Hacienda y Crédito Público, actuario Ernesto Javier Cordero Arroyo, así como al director general de Petróleos Mexicanos, doctor Juan José Suárez Coppel.

A su vez, del 1 de septiembre de 2009 hasta el 28 de febrero de 2011 han sido turnados a la comisión 538 asuntos, de los cuales corresponden 402 a iniciativas, así como 15 minutas del Senado de la República; además de 121 puntos de acuerdo y 122 documentos de distintas dependencias oficiales.

Iniciativas y minutas presentadas durante la LXI Legislatura, turnadas a la Comisión de Hacienda y Crédito Público

Iniciativas 402

Fiscales 236

Financieras 80

Coordinación Fiscal 62

Constitucionales 13

Otros Temas 11

Minutas 15

Fiscales 5

Financieras 3

Otros Temas 7

Total 417

Por otra parte, por lo que respecta al primer semestre del segundo año de ejercicio de la LXI Legislatura, comprendido del 1o. de septiembre de 2010 hasta el 28 de febrero de 2011, han sido turnados a esta comisión 206 asuntos, correspondiendo respectivamente a 169 iniciativas; 3 minutas del Senado de la República; 37 puntos de acuerdo; y 39 documentos de distintas dependencias oficiales.

Iniciativas y minutas presentadas durante el primer semestre del segundo año de la LXI Legislatura, turnadas a la Comisión de Hacienda y Crédito Público

Iniciativas 169

Fiscales 112

Financieras 25

Coordinación fiscal 20

Constitucionales 6

Otros temas 6

Minutas 3

Fiscales 1

Financieras 0

Otros temas 2

Puntos de acuerdo 37

Total 206

IV. Actas de reuniones celebradas

Con relación a las reuniones de trabajo celebradas por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, se generaron las Actas correspondientes.

V. Resumen de reuniones de trabajo celebradas

En el semestre que se informa, la Comisión de Hacienda y Crédito Público se programaron 4 reuniones plenarias de trabajo.

V.1. Asuntos tratados en cada reunión

1) 27 de septiembre de 2010. Reunión con el secretario de Hacienda y Crédito Público, actuario Ernesto Javier Cordero Arroyo, para el análisis del IV Informe de Gobierno del presidente de la República licenciado Felipe Calderón Hinojosa.

2) 13 de octubre de 2010. Reunión con el director general de Petróleos Mexicanos, Doctor Juan José Suárez Coppel, para el análisis del IV informe de Gobierno del Presidente de la República Lic. Felipe Calderón Hinojosa.

3) 19 de octubre de 2010. Reunión ordinaria. Los temas a tratar fueron la discusión y la aprobación de:

• Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al régimen fiscal de Petróleos.

• Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

• Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

• Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

• Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 226 Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

• Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

• Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011.

4) 28 de octubre de 2010. Reunión ordinaria. Los temas a tratar fueron la discusión y la aprobación de:

• Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Energía con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos.

• Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma el inciso a) del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

• Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se autoriza la emisión de una moneda conmemorativa a los cien años de la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México.

• Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se establecen la características de una moneda de cuño corriente conmemorativa del vigésimo aniversario de entrega del Premio Nobel a Octavio Paz.

• Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

V. Viajes oficiales de trabajo de carácter nacional e internacional

Se recibió invitación de la Fundación Ortega y Gasset, a través de su Instituto Universitario de Investigación y el Centro de Estudios sobre México en la Unión Europea, a efecto de que diputados integrantes de la Comisión asistieran al Curso “Política Fiscal en España y la Unión Europea: Nuevos retos ante un contexto económico cambiante”, a celebrarse en la ciudad de Madrid, España, del 31 de enero al 3 de febrero de 2011.

A solicitud de los integrantes de la junta directiva de la comisión, la Junta de Coordinación Política acordó autorizar la participación de diputados integrantes de la comisión en el curso referido, al tenor de lo siguiente:

Destino: Madrid, España, del 31 de enero al 3 de febrero de 2011.

Curso: Política Fiscal en España y la Unión Europea: Nuevos retos ante un contexto económico cambiante.

Programa: Lunes 31. Tema 1.- La política fiscal en España y Unión Europea: Análisis, evaluación y prospectivas de futuro. Sesión de 17-21 horas. Sede: Instituto Ortega y Gasset, Madrid.

Martes 1. Tema 2.- Caso práctico: charla con responsables de la política fiscal en el Ministerio de Hacienda. Sesión de 17-21 horas. Sede: Instituto Ortega y Gasset, Madrid.

Miércoles 2. Tema 3.- Encuentro legisladores del Congreso de los Diputados de España integrantes de la Comisión de Economía y Hacienda. Sede: Congreso de los Diputados.

Diputados asistentes: Óscar Guillermo Levin Coppel, David Penchyna Grub, Luis Enrique Mercado Sánchez, Ovidio Cortazar Ramos y Jorge Alberto Juraidini Rumilla.

Tareas desarrolladas: Participación en el curso como representantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la honorable Cámara de Diputados.

VII. Dictámenes, opiniones, informes y publicaciones generados

VII.1. Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos

A través del dictamen se realizan adecuaciones al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos que le otorguen mayor flexibilidad financiera para la explotación de yacimientos en las diferentes áreas del territorio nacional que bajo el régimen fiscal ordinario no sean económicamente rentables para la paraestatal.

Es conveniente que Petróleos Mexicanos se rija por el régimen fiscal ordinario por la producción que razonablemente puede esperarse que obtenga en los campos marginales, ya que con esto se protege la recaudación que se obtiene en dichos campos en el corto plazo. Asimismo, se considera que la producción en los campos marginales, a la paraestatal se le aplique el régimen especial para el Paleocanal de Chicontepec y aguas profundas, derivado de que con esto el organismo podrá llevar a cabo las inversiones necesarias para aumentar la producción de hidrocarburos.

Se establece otorgar los incentivos adecuados para que la paraestatal explote rentablemente aquellos yacimientos de hidrocarburos cuya explotación no es rentable para el organismo bajo el régimen fiscal ordinario, y salvaguardar los ingresos del sector público en el corto plazo, mientras que éstos se incrementarán en el mediano plazo a medida que las inversiones adicionales tengan éxito en aumentar la producción de hidrocarburos.

Petróleos Mexicanos será responsable de proponer, si así lo considera conveniente, las modificaciones al inventario, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que, en su caso, apruebe anualmente dichas modificaciones.

Se estableció apropiado que el inventario de campos marginales sea integrado de manera inicial con los campos abandonados y en proceso de abandono y 32 campos adicionales en las áreas de Magallanes cinco Presidentes, Arenque y Altamira. De igual modo, se establece derogar el régimen especial para campos abandonados y en proceso de abandono, ya que estos campos formarán parte del inventario de campos marginales para 2011.

Se considera conveniente que Pemex Exploración y Producción cuente con sistemas de medición de volúmenes extraídos de petróleo crudo y gas natural, instalados en cada pozo, campo y punto de transferencia de custodia, para lo cual la Secretaría de Energía, a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, deberá emitir los lineamientos para la medición de los citados volúmenes.

Se estableció eliminar la restricción de 5 por ciento de la producción total para la aplicación del régimen tributario para campos maduros, la paraestatal estará en posibilidades de producir más y con ello mejorar las finanzas públicas y, sobre todo, para la seguridad energética nacional y los niveles de producción anual.

Por otro lado se estableció que la Comisión Nacional de Hidrocarburos contará con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, y al mismo tiempo se establecerá un mecanismo de financiamiento que será el soporte económico necesario para su autonomía técnica. En tal sentido, se concuerda en una aplicación gradual empezando en el año 2012, por lo que dará tiempo a un aprovechamiento óptimo de los recursos, en tanto se consolida el funcionamiento de la institución.

VII.2. Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos

A través del dictamen se propuso reforzar la simplificación administrativa y tributaria mediante la eliminación de diversos derechos, con el propósito de incidir directamente en beneficios tangibles tales como una rápida apertura de empresas, expedita resolución en materia de permisos y concesiones, crecimiento en el empleo, mejora en la actividad registral, obtención de crédito, protección de inversiones, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos, entre otros, a partir de normas y regulaciones eficientes.

En tal sentido, el dictamen suprime cargas administrativas y tributarias a través de la eliminación de:

• 15 derechos que tienen asociado igual número de trámites, mismos que de ser aprobada la propuesta por esta Soberanía, el Ejecutivo Federal, en el ejercicio de su facultad reglamentaria, eliminará aquellos que se encuentren vigentes.

• 26 derechos de manera individual.

Lo anterior representa una reducción en la carga fiscal en el 24 por ciento del total de los rubros contables de los derechos del sistema tributario con un sacrificio marginal en la recaudación, lo que impactará positivamente en los particulares y las dependencias, al reducirse el costo de sus actividades, así como la carga administrativa y tributaria asociada al pago del derecho.

Bajo este contexto, las medidas de simplificación y mejora administrativa se dieron en los rubros que a continuación se señalan:

1) Medidas de simplificación que incentivan la realización de ciertas actividades.

2) Medidas de simplificación del marco jurídico administrativo.

3) Medidas de simplificación en materia registral.

1. Medidas de simplificación que incentivan la realización de ciertas actividades

Las medidas que reducen las cargas administrativas y tributarias se enuncian a continuación.

a. Económico.

Se derogó el derecho por la recepción, estudio y trámite de cada notificación de concentración a que se refiere la Ley Federal de Competencia Económica.

b. Turismo e investigación Científica.

Se derogó los derechos relativos al otorgamiento de los permisos emitidos por la Secretaría de Gobernación para visitar el territorio insular de jurisdicción federal.

c. Comunicación y servicios asociados.

Se derogó el derecho por la inspección previa al inicio de operaciones de estaciones de radiodifusión sonora y de televisión, así como de servicios que se proporcionen por subportadoras de radiodifusión sonora y televisión.

Asimismo, derogar los derechos por la expedición, revalidación y modificación de la constancia de peritos en telecomunicaciones, así como por la expedición de la constancia de registro de radio clubes y su revalidación.

d. Marítimo.

Se derogaron diversos derechos relacionados con la actualización técnica y nombramiento para ejercer como delegado honorario de la Capitanía de Puerto en la marina turística; por el registro de instituciones privadas que den formación y capacitación al personal de la marina mercante mexicana; por la autorización de planes y programas de estudio de formación de licenciaturas de piloto y maquinista navales y cursos de capacitación para personal oficial y subalterno, así como por el registro para instructores que den formación y capacitación al personal de la marina mercante nacional.

e. Servicios (profesionales y especializados)

Se adicionó una reducción al pago de derecho por la acreditación de la capacidad técnica para ejercer la actividad de agente de seguros o fianzas, cuando se solicite la presentación de una sola prueba del examen correspondiente.

Asimismo, se eliminaron los derechos por el ejercicio profesional en términos de los tratados internacionales suscritos por el Ejecutivo federal, con aprobación del Senado de la República.

Por otra parte, se derogaron los derechos por la expedición de constancias de certificados de estudios y duplicados de estudios parciales de educación militar, en beneficio del personal de tropa y de mando de dicha dependencia que solicite los mencionados documentos.

f. Salud.

Se derogó el derecho para obtener el permiso sanitario de importación de dispositivos médicos para uso personal.

2. Medidas de simplificación del marco jurídico administrativo

En el segundo grupo de medidas propuestas, se encuentran la eliminación de derechos en beneficio de los sectores siguientes:

a. Comunicación (medios impresos y televisivos): Se derogó el pago de derechos por los servicios de expedición de certificados de licitud del agregado o variación del subtítulo.

Asimismo se derogaron los derechos de supervisión para, en su caso, clasificación y autorización de comerciales destinados a transmitirse por televisión, en cualquier formato o modalidad.

b. Empresarial: se derogó el derecho relativo al servicio a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de estudio y trámite de solicitudes de personas físicas y morales mexicanas, para invertir en empresas igualmente mexicanas, utilizando el sistema de intercambio de deuda pública por capital.

c. Nacionalidad: se derogaron los derechos por la reposición de la constancia de nacionalidad mexicana y cartas de naturalización.

d. Energético: se derogaron diversos derechos a cargo de Petróleos Mexicanos por permisos de construcción, operación y desmantelamiento de instalaciones, así como por la revisión y verificación de pruebas hidrostáticas y de hermeticidad de ductos y circuitos, en materia de refinación de petróleo, elaboración y procesamiento del gas y petroquímicos básicos.

e. Agropecuario: se derogó el derecho de sanidad agropecuaria por el certificado fitosanitario o zoosanitario de liberación al medio ambiente de organismos manipulados mediante la aplicación de ingeniería genética.

f. Ambiental: se derogó el derecho por la evaluación y resolución de la solicitud de ampliación en términos y plazos establecidos en la autorización de impacto ambiental.

g. Marítimo: se derogó el derecho por la expedición de la autorización de Agente Naviero Consignatario de Buques en pesca comercial y recreo. De igual forma se propone derogar el derecho por la expedición de cartas náuticas, digitales y electrónicas.

h. Salud: se derogaron los derechos relativos a los servicios de laboratorio que proporciona la secretaría de Salud.

3. Medidas de simplificación en materia registral

Se derogaron diversos derechos relacionados con los siguientes servicios registrales:

a) Por la expedición de la constancia de registro a distribuidores de publicaciones editadas e impresas en el extranjero.

b) Por el registro de agentes promotores o su revalidación en el Registro de Agentes Promotores de las Administradoras de Fondos para el Retiro o de instituciones públicas que realicen funciones similares.

c) Por la inscripción y su renovación, así como por la modificación de la denominación o razón social en el registro de bancos, entidades de financiamiento, fondos de pensiones y jubilaciones y fondos de inversión del extranjero.

d) Por los servicios relacionados con el ejercicio de la función de Corredor Público en el registro Mercantil y de Correduría.

e) Por la inscripción en el registro de peritos mineros.

f) Por el estudio y trámite de actos, contratos o convenios sujetos de inscripción en el registro Público de Minería.

g) Por los servicios que proporciona el Registro Nacional de Inversión Extranjera por la inscripción, la resolución de consultas y el otorgamiento de prorrogas a plazos establecidos en materia registral.

h) Por el estudio y trámite de la solicitud de inscripción en el Registro de Telecomunicaciones.

i) Por la inscripción en el Registro Ferroviario Mexicano.

j) Por los servicios de registro que proporcionan los Institutos Nacionales de Antropología e Historia o de Bellas Artes y Literatura.

k) Por los servicios de inscripción y cancelación de actos, así como de expedición de certificados de no propiedad federal.

l) Por los servicios de inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua de la transmisión de los títulos de concesión, asignación o permiso y la inscripción de los cambios que se efectúen en dichos títulos.

Se especificó en el cuarto párrafo del artículo 3o. de la Ley Federal de Derechos, que cuando el pago de derechos deba efectuarse en una fecha posterior al inicio de la prestación del servicio o del otorgamiento del uso, goce o explotación o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Federación, se dejará de prestar el servicio o se interrumpirá el uso, goce o explotación o aprovechamiento de los bienes de que se trate si no se efectúa el pago de la totalidad de la cuota en los plazos que correspondan.

En materia migratoria, se estimó conveniente que el derecho correspondiente a la autorización en la que se otorga la calidad migratoria de no inmigrante a extranjeros, se sustituya de “Visitante Hombre de Negocios” por la de “Visitante Persona de Negocios”, ya que dicha medida es congruente con el Acuerdo por el que se expide el Manual de Criterios y Trámites Migratorios del Instituto Nacional de Migración, en el que se modifican dichas denominaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2010.

Se estimó apropiado exentar del pago de derechos por servicios migratorios a quienes se les otorgue la calidad migratoria de no inmigrante, bajo la característica de visitante en su modalidad de protección internacional y razones humanitarias, a fin de dar debido cumplimiento al Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, firmado por México el 13 de diciembre de 2000 y ratificado por el Senado el 22 de octubre de 2002, el cual señala la obligación de adoptar medidas legislativas y otras apropiadas que permitan a las víctimas de la trata de personas, permanecer en su territorio temporal o permanentemente, cuando proceda.

También se consideró acertado modificar el esquema de pago de derechos por inspección y vigilancia que presta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las Sociedades de Inversión, a efecto de establecer una cuota fija para el pago del derecho a su cargo, así como prever la opción de pagar dicho derecho en razón al resultado que se obtenga de una fórmula que tome en consideración su operatividad, la cual utilizaría como base de cálculo el monto menor entre la totalidad de compras y ventas de activos objeto de inversión, valuadas al precio al cual se hayan negociado.

Por otro lado, se consideró conveniente derogar el cobro de las cuotas por concepto de la inspección y vigilancia que llevaba a cabo la Comisión Nacional Bancaria respecto del Fondo de la Vivienda Militar, toda vez que mediante el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, publicado el 20 de noviembre de 2008 en el diario Oficial de la Federación, se eliminaron las facultades que se le otorgaban a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para supervisar a dicho fondo.

Así también, se adecuaron las disposiciones relativas a la Ley Federal de Derechos, para la constitución y operación de las sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias con niveles de operación I a IV, organismos de Integración Financiera Rural y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, derivado de que a partir de la vigencia del Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es quien autoriza la construcción y operación de dichas entidades financieras u organismos de integración.

Se adecuó la Ley Federal de Derechos, a efecto de que se contemple el pago por los servicios de inspección y vigilancia que proporciona la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores y a las Federaciones a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular, siendo necesario adicionar un esquema de cobro similar al de las Sociedades de Inversión, el cual se basa en una cuota fija, y a su vez se otorgue una opción para que el citado Fondo pueda pagar la cuota que resulte de una fórmula que se especificaría en la Ley de la materia.

Se consideró adecuado incorporar una disposición transitoria que prevea que las instituciones de banca múltiple, instituciones de banca de desarrollo, casas de bolsa y sociedades de inversión podrán optar por pagar la cuota que corresponda conforme a la Ley Federal de Derechos por concepto de inspección y vigilancia que presta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o bien, la cuota que hubieran pagado durante el ejercicio fiscal de 2010, más un 10 por ciento.

De igual manera se consideró apropiado reformar los derechos relativos a la aprobación de las Unidades de Verificación, Laboratorios de Pruebas u Organismos de Certificación y a la autorización para utilizar o aplicar materiales, equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías alternativos en las normas oficiales mexicanas, con el objeto de establecer, en términos genéricos, una sola cuota aplicable a todas las aprobaciones y otra cuota general para las autorizaciones que en esas materias otorga la Secretaría de Energía y no solamente la Dirección General de Gas L.P. adscrita a dicha dependencia, homologándose así el tratamiento para todos aquellos contribuyentes que solicitan los servicios antes mencionados.

En relación al cobro por la expedición de la licencia de estaciones de radio a bordo de barcos y aviones, se consideró pertinente ubicar dicho derecho en el Título I de la Ley Federal de Derechos, relativo a los servicios que proporciona el Estado en funciones de derecho público y no en el Título II que corresponde a los derechos por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la Federación como anteriormente se contemplaba.

También se consideró pertinente que no paguen derechos relativo a la autorización de extensión de horario en los aeródromos civiles, las aeronaves nacionales o extranjeras que presten servicios de búsqueda o salvamento, auxilio en zonas de desastre, combatan epidemias o plagas, así como cuando realicen vuelos de grupos de ayuda médica con fines no lucrativos, los de asistencia social, los de fumigación y los que atienden situaciones de emergencia, tanto nacionales como internacionales, o bien se encuentren destinadas a la salvaguarda de las instituciones, seguridad nacional y combate al narcotráfico, en misiones diplomáticas o que participen en festivales aéreos organizados por la autoridad aeronáutica, a fin de facilitar la realización de dichas actividades, con lo cual se logrará obtener un tratamiento similar al que actualmente gozan por los derechos relativos a la extensión de horarios en aeropuertos que cobra el órganos desconcentrado denominado Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano.

Se establecieron distintas exenciones a efecto de evitar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pague determinados derechos por servicios que ella misma proporciona correspondientes a: i) certificaciones de las ayudas a la navegación aérea; ii) la verificación menor a los Centros de Formación, Capacitación y Adiestramiento operados por la misma; iii) la expedición de capacidades y licencias a su personal técnico aeronáutico; iv) el permiso para sus talleres aeronáuticos, y v) los exámenes de conocimientos de aviación civil, permisos de formación o capacitación y obtención, convalidación y recuperación de licencias y certificados, solicitados por su personal con actividades en materia de seguridad nacional.

Se homologaron las disposiciones de la Ley Federal de Derechos con el Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos.

Se consideró necesario actualizar el concepto del derecho por la expedición de la licencia sanitaria para establecimientos con disposición de órganos y tejidos, con el objeto de incluir la palabra “células” y de esta forma homologarlo con la denominación de trámite respectivo de conformidad con el acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría de Salud, en el cual se contempla en trámite denominado “Licencia Sanitaria para establecimientos de atención médica. Modalidad B, para establecimientos con disposición y o bancos de órganos, tejidos y células”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2009.

También se consideró pertinente modificar los derechos relativos a la expedición de la licencia sanitaria para establecimientos de diagnóstico médico así como el correspondiente al permiso para el responsable de la operación y funcionamiento de los mismos, con el objeto de que se señale a los establecimientos de diagnóstico médico con “fuentes de radiación para fines médicos o de diagnóstico” en sustitución de “rayos x” como se prevé en la actualidad, a efecto de homologar la terminología de la Ley General de Salud con las de la Ley Federal de Derechos.

En materia hídrica se consideró procedente modificar la mecánica de pagos provisionales y la declaración anual de ajuste que actualmente contempla la Ley Federal de Derechos, por la de pagos trimestrales definitivos a efecto de agilizar y fortalecer el ejercicio de las facultades de fiscalización de la Comisión Nacional del Agua y con la intención de simplificar al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia hidráulica.

Se ampliaron las facultades de comprobación de la Comisión Nacional del Agua, para que cuente con los elementos suficientes y pertinentes cuando determine presuntivamente el uso, explotación o aprovechamiento de volúmenes de agua.

Se propuso una fórmula que determine presuntivamente los volúmenes usados, explotados o aprovechados por los particulares considerando la densidad del agua, la constante gravitacional, las unidades de tiempo, la energía facturada en sus procesos, la profundidad del nivel de agua, así como la eficiencia del sistema motor-bomba.

VII.3. Decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Se estableció un incremento de acuerdo al artículo 2, fracción I, inciso c), segundo párrafo, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, pero no en 40 centavos por cigarro enajenado o importado, sino en 35 centavos. Dicha cuota entró en vigor de forma inmediata a partir del 1 de enero de 2011, como se propinaría en la iniciativa, por tanto se derogó el artículo cuarto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2009.

VII.4. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Tratándose de las enajenaciones de bebidas energizantes y de concentrados, polvos y jarabes para preparar dichas bebidas, nocivas muchas veces para la salud, se propuso una tasa moderada de 25 por ciento que se estima suficiente para obtener el fin extrafiscal buscado.

Se planteó que a través de una disposición transitoria, las personas físicas y morales que hasta el 31 de diciembre de 2010 no hayan sido consideradas como contribuyentes del impuesto especial sobre producción y servicios y que a partir de la entrada en vigor de la medida que se propone tengan tal carácter, deban presentar dentro de los 5 días siguientes a la entrada en vigor del Decreto que se propone, un reporte que contenga el inventario de existencias por tipo, marca, presentación y capacidad del envase de los bienes por los que a partir de la fecha mencionada son considerados como contribuyentes del impuesto de referencia.

Tratándose de las enajenaciones de bebidas energizantes y de concentrados, polvos y jarabes para preparar dichas bebidas que se hayan celebrado con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor del Decreto que se propone, las contraprestaciones correspondientes que se cobren con posterioridad a la fecha mencionada no estarán afectas al pago del impuesto especial sobre producción y servicios, siempre que dichos productos se haya entregado antes de la citada fecha y el pago de las contraprestaciones respectivas se realice dentro de los primeros diez días naturales de 2011.

Con la finalidad de evitar el pago del impuesto que se propone en la iniciativa, las empresas que sean partes relacionadas lleven a cabo operaciones simuladas de entrega de productos durante 2010. Por ello, se considera necesario especificar que cuando dichas operaciones las realice un contribuyente con una empresa que sea parte relacionada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no le será aplicable la regla en comento, habida cuenta de que no se trata de una operación con un tercero independiente que es el propósito de la norma en estudio.

VII.5. Decreto que adiciona el artículo 226 Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Se estableció un estimulo fiscal a la producción teatral nacional, similar al previsto por el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de producción cinematográfica nacional, así como que el monto total del estímulo fiscal a distribuir entre los aspirantes no exceda de 50 millones de pesos por cada ejercicio ni de 2 millones de pesos por cada contribuyente y proyecto de inversión en la producción teatral nacional, bajo la consideración de que dicho sector requiere menos recursos que los requeridos para la producción cinematográfica nacional.

Se estableció que el Comité Interinstitucional se integre por un representante del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, uno del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo la consideración de que conforme a las disposiciones legales aplicables, correspondería a dichos órganos la integración del referido comité.

VII.6. Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta

A efecto de que los patrones contraten trabajadores de primer empleo para ocupar puestos de nueva creación, se creó el Capítulo VIII “Del fomento al primer empleo” con sus artículos 229 a 238, adicionado al Título VII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2010, tendrá una vigencia de 3 años contados a partir del 1 de enero de 2011 propone lo siguiente:

• El otorgamiento de una deducción adicional en el ISR y en el IETU, equivalente al 80 por ciento del resultado de disminuirle al salario base el monto que resulte de multiplicar dicho salario por la tasa correspondiente de tales contribuciones, según corresponda y dividirla entre esa misma tasa; pudiendo aplicar la mencionada deducción adicional en los pagos provisionales y del ejercicio de tales gravámenes que realice el contribuyente.

• Que el monto de la deducción sólo se aplique en el caso de trabajadores que perciban hasta 8 veces el salario mínimo mensual vigente en la zona que corresponda a la ubicación geográfica en que se encuentre.

• La reducción del monto máximo de la deducción adicional en un 25 por ciento a partir del segundo año de vigencia de la Ley en mención.

• La necesidad de que cada puesto de nueva creación, debe ser ocupado como mínimo 18 meses continuos, a fin de evitar que sea utilizado con fines de elusión fiscal.

• La obligación para los patrones de informar en el mes de febrero respecto del número de puestos de nueva creación y ocupados por trabajadores de nuevo empleo, correspondientes al año anterior.

Lo anterior permitirá al contribuyente la obtención del beneficio fiscal de manera más expedita, ya que simplemente lo reportará en sus declaraciones, sin que ello limite la capacidad de la autoridad de verificar la información.

Así también, los patrones deberán de cumplir ciertos requisitos para tener derecho a la deducción adicional de referencia, tales como la obligación de inscribir a los trabajadores de primer empleo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, determinar y enterar ante dicho organismo las cuotas obrero-patronales, no tener a su cargo adeudos por créditos fiscales firmes y de cumplir con los requisitos de información necesarios.

También se consideró adecuado modificar el monto máximo de la deducción adicional en el ISR, para ajustar el impacto que la medida puede generar en las finanzas públicas y que el beneficio sea sustentable de acuerdo a la recaudación esperada para satisfacer el gasto público.

El beneficio previsto para los patrones, consiste únicamente en una deducción adicional aplicable sólo en el ISR, tanto en los pagos provisionales como en el ejercicio fiscal de que se trate.

VII.7. Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011

Referente al precio del barril de petróleo crudo de exportación, se consideró necesario modificar la estimación efectuada en su momento por el Ejecutivo federal, en apego a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y lo previsto en los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal 2011. Asimismo, de acuerdo a la fórmula establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, da como resultado que el precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo se modifique para pasar de 63 a 65.4 dólares de Estados Unidos de América por barril, lo que implica un aumento de los ingresos petroleros de 11.9 miles de millones de pesos.

Adicionalmente, por lo que se refiere al tipo de cambio del peso respecto al dólar de los Estados Unidos de América, se estimó conveniente establecer el promedio anual esperado para 2011 en 12.90 pesos por dólar tal y como lo estimó el Ejecutivo federal en los Criterios Generales de Política Económica citados en el párrafo anterior, de acuerdo con la fórmula establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Por otra parte se efectuaron ajustes a las estimaciones de ingresos previstas en la carátula de ingresos, así como a los párrafos sexto referente al monto de la Recaudación Federal Participable y octavo relativo al monto de los recursos que se generen del derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización que habrá de destinarse a financiar programas y proyectos de inversión aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Se facultó al Ejecutivo federal para que fije los precios máximos del gas licuado de petróleo por razones de interés público y para evitar aumentos desproporcionados en el precio al usuario final de ese energético.

Se estimó destinar parte de la recaudación obtenida por el derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización a que se refiere el artículo 256 de la Ley Federal de Derechos, a financiar programas y proyectos de inversión aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, así como facultar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que pueda destinar la recaudación de dicho derecho que se obtenga en exceso del monto propuesto para los efectos antes señalados, a fin de compensar los ingresos del Gobierno Federal durante el ejercicio fiscal 2011 y cubrir el costo de los combustibles que se requieran para la generación de electricidad.

También se estableció que durante el ejercicio fiscal 2011 no se apliquen los límites para la acumulación de las reservas en los fondos de estabilización establecidos en la fracción IV del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de su área responsable de la banca y ahorro, continuará con la instrumentación, fortalecimiento y supervisión de las acciones o esquemas que correspondan para coadyuvar o intervenir en el resarcimiento de los ahorradores afectados por la operación irregular de cajas de ahorro, ello para continuar con la labor reconocida en el artículo segundo transitorio del “decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2004.

Se estableció que el producto de la enajenación de los bienes decomisados o abandonados en causas penales federales a que se refiere el artículo transitorio, párrafo quinto del Decreto citado en el párrafo anterior, se utilice para restituir los recursos públicos destinados al resarcimiento de los ahorradores afectados.

Por otro lado, se coincidió con el Ejecutivo federal en la previsión relativa a que hasta un veinticinco por ciento de las aportaciones que les corresponda a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, con cargo a los Fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, puedan servir como fuente de pago o compensación de las obligaciones que dichas entidades contraigan con el gobierno Federal, siempre y cuando exista acuerdo entre las partes y sin que sea necesario obtener la autorización de la legislatura local ni la inscripción ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios.

También se previó fortalecer las finanzas públicas, por lo cual estima procedente posibilitar que el Instituto Mexicano del Seguro Social pueda transferir a la Reserva Financiera y Actuarial del Seguro de Enfermedades y Maternidad, el excedente de las reservas de los seguros de Invalidez y Vida y de Riesgos de Trabajo, de acuerdo con las estimaciones de suficiencia financiera de largo plazo de estos últimos seguros, así como posibilitar de nueva cuenta que el gasto que realice el referido organismo con cargo a los recursos acumulados en las reservas a que se refiere el artículo 280 de la Ley del Seguro Social, así como en la subcuenta 1 del Fondo para el cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Contractual y Legal deba ser registrado en los ingresos y en los egresos de flujo de efectivo autorizado para el ejercicio fiscal que corresponda, de tal manera que no se afecte la meta de las reservas establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

Se autorizó al Ejecutivo federal un monto de endeudamiento neto externo de 5 mil millones de dólares de Estados Unidos de América, el cual incluye el monto de endeudamiento neto para la contratación de financiamientos con organismos financieros internacionales, manteniendo la flexibilidad con que cuenta el Ejecutivo federal en el manejo de la deuda pública, al permitirle contratar obligaciones externas, con organismos financieros internacionales, con otras instituciones financieras y con los mercados de valores, o una combinación de ellos; o internas, por encima de los techos autorizados para el endeudamiento interno y externo, pero manteniendo el endeudamiento global.

Por otra parte, considerando el aumento en los ingresos derivados de financiamiento, el mayor déficit del Gobierno Federal pasaría de 311 mil 792 millones de pesos a 347 mil 127.6 millones de pesos, por lo que se autorizó al Ejecutivo Federal un endeudamiento neto interno mayor al previsto en la iniciativa que se dictamina por dicha diferencia de 35 mil millones de pesos, es decir, hasta por 375 mil millones de pesos, en lugar de 340 mil millones de pesos como lo propuso el Ejecutivo federal.

Por otro lado, se consideró conveniente la propuesta del Ejecutivo federal consistente en incluir en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, la disposición que establece que la recepción por parte del gobierno federal de acciones, cupones, títulos representativos de capital o partes sociales de los ingenios azucareros expropiados de conformidad con el “decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública a favor de la Nación las acciones, cupones o los títulos representativos del capital o partes sociales de las empresas que adelante se enlista”, publicado en el Diario Oficial de la Federación los días 3 y 10 de septiembre de 2001, serán recibidos por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y estarán libres de gravamen mercantil, lo anterior, con la intención de fortalecer el mandato que se ha otorgado a esa dependencia para ejercer los derechos corporativos respecto de las acciones expropiadas de dichos ingenios azucareros, a efecto de que exista certeza jurídica en los esquemas de solución en que intervenga.

Aunado a lo anterior, se consideró adecuado que cuando el Gobierno Federal tenga la Mayoría accionaria de las sociedades señaladas en el párrafo anterior, las acciones correspondientes no computen para considerar a sus emisoras como entidades paraestatales y, en consecuencia, quienes formen parte de su persona no serán considerados servidores públicos, salvo en los casos en que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación determine que el propósito es constituir de manera permanente una entidad paraestatal y, en su caso, emita la resolución correspondiente, con base en los dictámenes técnicos, jurídicos, económicos o financieros.

Además de la autorización de un monto conjunto de déficit por intermediación financiera para la banca de desarrollo, a la Financiera Rural, los fondos de fomento y el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, la precisión sobre cómo se integrará la intermediación financiera en los requerimientos financieros del sector público.

Se autorizó al Distrito Federal para la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para un endeudamiento neto de 4 mil millones de pesos para el financiamiento de obras contempladas en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2011.

Se coincidió en que el régimen de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, actualicen los pagos diarios y semanales a cuenta del derecho ordinario sobre hidrocarburos y del impuesto a los rendimientos petroleros, así como las cantidades propuestas por el Ejecutivo federal, referentes a la plataforma de extracción y de exportación de petróleo crudo durante 2011; sin embargo, derivado de la actualización del precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo establecido en 65.4 dólares por barril, resulta necesario ajustar los pagos diarios y semanales que Pemex-Exploración y Producción deberá realizar a cuenta del derecho ordinario sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos.

Se estableció el registro como inversión de los gastos de mantenimiento y operación de los proyectos integrales de infraestructura de Petróleos Mexicanos, antes considerados proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, manteniendo con ello la solidez de las finanzas públicas.

Se continuó con la tasa de recargos aplicable a los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Se estima adecuado que la tasa de recargos en caso de prórroga para el pago de créditos fiscales sea de 1 por ciento mensual tratándose de pagos a plazos en parcialidades hasta de 12 meses; de 1.25 por ciento mensual tratándose de pagos a plazos en parcialidades de más de 12 meses y hasta 24 meses, y de 1.50 por ciento mensual cuando el pago sea a plazos en parcialidades superiores a 24 meses o tratándose de pagos a plazo diferido.

Se estableció nuevamente que en cumplimiento de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrados entre la Federación y las entidades federativas, las mercancías o vehículos de procedencia extranjera, embargados precautoriamente por las entidades federativas, que pasen a propiedad del Fisco Federal no se transfieran al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de bienes del Sector Público.

Se estableció una disposición en la que se ratifican los convenios que se hayan celebrado entre la Federación por una parte y las entidades federativas, sus organismos autónomos y los municipios, incluyendo también a los organismos descentralizados de las propias entidades, por la otra, en los cuales se finiquiten adeudos entre ellos.

Se facultó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para fijar o modificar los aprovechamientos.

Se estableció destinar los ingresos por recuperaciones de capital de las instituciones de banca de desarrollo, a la capitalización de los bancos de desarrollo o al fomento de acciones que permitan cumplir con el mandato de dicha banca; así como el destino a gasto de inversión en infraestructura de los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos por participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales de comunicación y de empresas de abastecimiento de energía, así como de desincorporaciones distintas de las entidades paraestatales y de otros aprovechamientos.

Se estableció que la dependencia prestadora del servicio o del uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público de la Federación, debe aplicar lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley Federal de Derechos, en los casos en los que se incumpla con la obligación de presentar los comprobantes de pago de los aprovechamientos en los plazos que para esos efectos se fijen.

Las dependencias de la administración pública federal tienen la obligación de concentrar los ingresos que recauden; la obligación de las entidades sujetas a control directo, los poderes Legislativo y Judicial, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto Federal electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de efectuar el registro de los ingresos que obtenga y de conservar la documentación comprobatoria de dichos registros a disposición de los órganos revisores de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; así como la obligación de las entidades de control indirecto de informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre sus ingresos, a efecto de incluirlos en los informes trimestrales y reflejarlos en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

Se establece sancionar la concentración extemporánea de los ingresos que recauden las dependencias o sus órganos administrativos desconcentrados, con una carga financiera por concepto de indemnización al fisco federal, la cual resultará de aplicar al importe no concentrado una tasa equivalente a 1.5 veces la que resulte de promediar la tasa ponderada de fondeo bancario que dé a conocer diariamente el Banco de México.

Por otro lado, se estableció la mecánica de descuento de gastos tratándose de la enajenación de acciones, cesión de derechos, negociaciones y desincorporación de entidades; así mimo se coincide con la disposición que precisa que tratándose de operaciones que le sean encomendadas al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en los términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, se podrá descontar además hasta un 5 por ciento por concepto de gastos indirectos de operación, que se destinarán a financiar, junto con los recursos fiscales y patrimoniales del organismo, las operaciones de éste.

Se coincidió con el Ejecutivo federal en agilizar la terminación de los procesos de desincorporación de las entidades paraestatales, mediante la incorporación de nueva cuenta de una disposición que permite al liquidador o responsable del proceso utilizar los recursos disponibles de los procesos de desincorporación, para el pago de los gastos y pasivos de los mencionados procesos.

Se estableció que los provenientes de la enajenación de bienes decomisados y de sus frutos a que se refiere la fracción I del artículo 1 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público sean destinados en partes iguales al Poder Judicial de la Federación, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Salud, con excepción del producto de la enajenación de los bienes decomisados o abandonados en causas penales federales que en términos del párrafo décimo séptimo del artículo1o de la Ley cuya emisión se plantea, se utilizarán para restituir los recursos públicos destinados para el resarcimiento de los ahorradores afectados por la operación irregular de las cajas de ahorro.

No se facultó a las autoridades fiscales para la no determinación de sanciones por infracciones a las disposiciones aduaneras en los casos a que se refiere el artículo 152 de la Ley Aduanera si, por las circunstancias del infractor o de la comisión de la infracción, el crédito fiscal que fuera aplicable no excediera de 3,500 unidades de inversión o su equivalente en moneda nacional al 1 de enero de 2011.

Se coincidió con el Ejecutivo federal en incentivar la autocorrección fiscal de los contribuyentes, consistente en permitir la disminución del monto de las multas por infracciones derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, en función del momento en el que el contribuyente efectúe la autocorrección, a excepción de las impuestas por declarar pérdidas fiscales en exceso y las contempladas en el artículo 85, fracción I, del Código Fiscal de la Federación.

Se establecieron beneficios fiscales propuestos por el Ejecutivo federal, a fin de fomentar actividades que son de interés general, ya que promueven el crecimiento económico del país y el empleo, apoyan e impulsan a las empresas de los sectores públicos y privados de la economía, con criterios de equidad social y productividad, con el consecuente beneficio de los diversos sectores de la población, en términos del artículo 25 constitucional.

Entre los beneficios fiscales se destacan los siguientes:

• En materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para los diversos sectores de contribuyentes que adquieran diesel para su consumo final, entre los que se encuentran el sector agrícola, ganadero y pesquero, así como para uso automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público y privado de personas o de carga, consistente en permitir el acreditamiento de dicho impuesto causado por la enajenación del propio diesel.

• Para los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre de carga o pasaje que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota, consistente en permitir un acreditamiento contra el impuesto sobre la renta, de los gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de la carretera de cuota hasta en un 50 por ciento del monto erogado por ese concepto.

• La exención del impuesto sobre automóviles nuevos que hubieren causado las personas físicas o morales que enajenen al público en general o que importen definitivamente, en términos de la legislación aduanera, automóviles eléctricos e híbridos nuevos.

• La exención del pago del derecho de trámite aduanero a las personas que importen gas natural, dada la importancia de los hidrocarburos para el desarrollo nacional.

Se estableció en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, un esquema de condonación total o parcial de recargos y multas por adeudos fiscales generados con el Instituto Mexicano del Seguro Social que tengan los patrones o demás sujetos obligados al 30 de junio de 2010, siempre que paguen el monto de dichos adeudos en una sola exhibición, para lo cual se establece, entre otras cosas, la obligación de presentar a más tardar el 31 de marzo de 2011, un escrito en el que se indique la intención de acogerse a los beneficios correspondientes.

Se coincidió con el planteamiento del Ejecutivo federal referente a prorrogar al 1 de enero de 2012 la entrada en vigor del régimen fiscal aplicable a los ingresos por intereses y, en consecuencia, establecer en 0.60 por ciento la tasa de retención a que se refieren los artículos 58 y 160 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Se estableció que durante el ejercicio fiscal de 2011 los intereses pagados a bancos extranjeros estén sujetos a una tasa del 4.9 por ciento.

Se coincidió con el Ejecutivo federal en establecer un plazo para la presentación de la información correspondiente a los conceptos que sirvieron de base para el cálculo de impuesto empresarial a tasa única, el plazo en el que debe presentarse la declaración anual de dicho impuesto, así como reiterar la disposición que señale que el crédito fiscal generado por el exceso de deducciones previsto en la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, únicamente pueda acreditarse contra el propio impuesto empresarial a tasa única en los 10 ejercicios siguientes hasta agotarse, considerando en ello el efecto de control y la naturaleza del impuesto mínimo que representa el impuesto empresarial a tasa única en el impuesto sobre la renta.

Por otro lado, se coincidió con las obligaciones en materia de presentación de estudios e informes que se establecieron en la iniciativa sujeta a dictamen, sin embargo, a efecto de propiciar la transparencia y rendición de cuentas, así como de contar con elementos objetivos que permitan mejorar la toma de decisiones para la asignación de estímulos fiscales y aportar herramientas para la evaluación de los regímenes fiscales diferenciales, por lo que se estimó pertinente precisar la obligación, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de proporcionar los elementos metodológicos utilizados para la elaboración del Presupuesto de Gastos Fiscales.

VII.8. Decreto por el que se reforma el inciso a) del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal

Se consideró que tanto en la Ley de Coordinación Fiscal, como en el fondo 3 del ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 y 2010 no se contempla restricción ni diferenciación alguna respecto al nivel educativo al que va dirigido el rubro de infraestructura básica educativa, por lo que en el presente Decreto se precisó en el artículo 33, inciso a) de la Ley de Coordinación Fiscal, que la infraestructura básica educativa no se limite a la educación básica, considerando así al nivel medio superior en el goce de los recursos de dicho Fondo.

VII.9. Decreto por el que se autoriza la emisión de una moneda conmemorativa a los cien años de la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México

La minuta objeto de este dictamen, estimó que la creación de una moneda conmemorativa de los cien años de fundación de la máxima casa de estudios de México e Iberoamérica, es no sólo un reconocimiento merecido a la institución por sus premios y sus aportaciones, nacionales e internaciones que ha recibido, sino también un estímulo a la comunidad universitaria que con su labor diaria contribuye al desarrollo educativo, científico o académico de la sociedad mexicana, y que por lo tanto se autorice la emisión de una moneda conmemorativa a los cien años de la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México, de conformidad con lo dispuesto por el inciso c) del artículo 2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las siguientes características:

Moneda con contenido de una onza troy de plata pura por pieza.

a) Valor nominal: Diez pesos.

b) Forma: Circular.

c) Diámetro: 40.0 mm (cuarenta milímetros).

d) Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) de plata.

e) Peso: 31.103 g. (treinta y un gramos ciento tres miligramos) equivalente a 1 (una) onza troy de plata pura.

f) Contenido: 1 (una) onza troy de plata pura.

g) Tolerancia en Ley: 0.001 (un milésimo) en más o en menos.

h) Tolerancia en peso: Por unidad, 0.175 g. (ciento setenta y cinco miligramos); por conjunto de mil piezas, 1g. (Un gramo), ambas en más o en menos.

i) Canto: Estriado continuo.

j) Cuños:

Anverso: El Escudo Nacional en relieve escultórico, en semicírculo superior la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”. El marco liso.

Reverso: El motivo de esta moneda será el que, de conformidad con el artículo Segundo Transitorio del presente Decreto, apruebe el Banco de México a propuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dicho motivo deberá referirse, invariablemente, a su contribución al desarrollo educativo, científico o académico de la sociedad mexicana a cien años de su fundación.

VII.10. decreto por el que se establecen la características de una moneda de cuño corriente conmemorativa del vigésimo aniversario de entrega del Premio Nobel a Octavio Paz

El dictamen en cita previó que debido a que Octavio Paz es un motivo de orgullo para los mexicanos, un escritor que el mundo ha disfrutado y un blasón de la inteligencia mexicana, la Iniciativa de mérito señala que a 20 años del nombramiento de Paz como Premio Nobel de Literatura, se vuelve necesario conmemorarlo, estableciendo una moneda de cuño corriente conmemorativa del vigésimo aniversario de la entrega del Premio Nobel a Octavio Paz.

VII.11. decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

La minuta incorporó dentro de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la figura del juicio contencioso administrativo en la vía sumaria, como una alternativa al juicio contencioso administrativo federal tradicional, pero con la característica de que no sea optativo, y que tengan menores plazos en su substanciación y resolución; fortaleciendo a la vez, la impartición de justicia pronta y expedita.

Asimismo, se modificó el sistema de notificaciones, simplificar el procedimiento para el otorgamiento de las medidas cautelares, dar el trámite adecuado a los incidentes de incompetencia territorial y material y, facultar a que el Tribunal Federal de Justicia fiscal y Administrativa, al momento de emitir sus resoluciones, realice el estudio y análisis tanto de la insuficiente competencia de la autoridad como de los agravios fundados hechos valer por las partes en los procedimientos contenciosos administrativos federales, con el fin de salvaguardar el principio de mayor beneficio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por otro lado, la minuta reformó la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a fin de crear salas especializadas, para regular la suplencia por ausencia de los Magistrados de Sala Regional. De la misma manera, se reservan las facultades de designación de los secretarios de acuerdo adjuntos de sección a la sección de la Sala Superior y se modifican y adicionan las facultades correspondientes al Magistrado Presidente del Tribunal, y a la Junta de Gobierno y Administración.

Así entonces, la minuta previó que el juicio contencioso administrativo federal en la vía sumaria procederá cuando se impugnen resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año, siempre que se trate alguna de las siguientes resoluciones definitivas

• Las que únicamente impongan multas o sanciones, pecuniaria o restitutoria, por infracción a las normas administrativas federales

• Las que exijan el pago de créditos fiscales, cuando el monto de los exigibles no exceda el importe citado;

• Las que requieran el pago de una póliza de fianza de una garantía que hubiere sido otorgada a favor de la Federación de organismos fiscales autónomos o de otras entidades paraestatales de aquella, o

• Las recaídas a un recurso administrativo, cuando la recurrida sea alguna de las consideradas en los puntos anteriores y el importe de esta última, no exceda el arriba señalado.

Asimismo, el juicio sumario procederá cuando se impugnen resolutivas que se dicten en violación a una tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de inconstitucionalidad de leyes, o a una jurisprudencia del pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin importar la cuantía.

Por último, el trámite por esta vía conlleva a simplificar y abreviar los plazos para la substanciación del procedimiento en todas sus etapas.

En referencia a las medidas cautelas, la minuta plantea:

• La disminución de los requisitos para su otorgamiento.

• El fortalecimiento de los medios de defensa de los derechos e interés de los particulares, frente a actos de la administración pública al exigir, entre otros aspectos, que tratándose de la suspensión provisional sea otorgada en un plazo no mayor a veinticuatro horas, bajo el principio de apariencia del buen derecho.

• La competencia al magistrado Instructor para que sea éste quien resuelva lo relativo a las medidas cautelares y, en su caso, otorgue la suspensión del acto reclamado.

• La posibilidad de impugnar mediante la interposición del recurso de reclamación ante la Sala Regional que corresponda las resoluciones que concedan, nieguen, modifiquen o revoquen cualquiera de las medidas cautelares.

La minuta contempla otras modificaciones aplicables al juicio contencioso federal tradicional, entre las que destacan las siguientes:

• Se establecen las reglas para otorgar la suspensión, como es otorgar garantía del interés fiscal, cuyo monto podrá reducirse cuando el monto de los créditos exceda la capacidad económica del solicitante y, si se trata de un tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito.

• Se define el procedimiento para la suspensión provisional, cuya solicitud podrá formularse desde la demanda, se tramitará por cuerda separada y el magistrado instructor resolverá a más tardar el día hábil siguiente al que se presentó la solicitud.

• Tratándose de la suspensión definitiva, el magistrado instructor solicitará a la autoridad responsable un informe que deberá rendirse en un plazo de tres días. El Magistrado Instructor resolverá dentro de otro plazo de tres días, se haya o no entregado el informe mencionado.

• Se especifica que el pleno o las secciones de la Sala Superior serán competentes por razón de la cuantía cuando el asunto exceda de 5 mil veces el salario mínimo del área geográfica correspondiente al Distrito Federal elevado al año.

• Cuando el asunto se resuelva por incompetencia de la autoridad, el Tribunal resolverá el fondo de la cuestión planteada por el actor con base en el principio de mayor beneficio.

• Se establecen reglas más sencillas y expeditas para llevar a cabo las notificaciones, estableciéndose como regla general que se harán por medio del boletín electrónico y señalando expresamente las que se harán de forma personal o por correo certificado con acuse de recibo.

Por lo que hace a las reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, destacan los siguientes puntos:

• Se dispone que las Salas Especializadas tendrán la estructura de las Salas Regionales y les aplicarán las mismas disposiciones que a éstas.

• Se establece que las faltas temporales de los magistrados en Salas Regionales o Especializadas se hará por los Magistrados Supernumerarios adscritos por la Junta de Gobierno y Administración.

• Se especifican los asuntos respecto de los cuales el presidente del Tribunal tiene competencia como la representación del Tribunal y la posibilidad de delegar facultades en otros servidores públicos, la rendición de informes, entre otros.

• Se establece la competencia del Tribunal para conocer de los juicios en vía sumaria.

• La Junta de Gobierno y Administración será la que proponga a la Sala Superior la creación de salas especializadas.

• El Instituto de Estudios sobre Justicia Fiscal y Administrativa se transforma en el Centro de Estudios Superiores en materia de Derecho Fiscal y Administrativo.

Atentamente

Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba

Presidente