Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a los titulares de la SHCP, del SAT y de la Administración General de Aduanas para llevar a cabo acciones que permitan agilizar el tránsito vehicular en las aduanas de los cruces internacionales de Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Adriana Terrazas Porras, diputada a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presento ante esta asamblea, proposición con punto de acuerdo, con el carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Administración General de Aduanas es la autoridad competente para aplicar la legislación que regula el despacho aduanero, así como los sistemas, métodos y procedimientos a que deben sujetarse las aduanas; intervenir en el estudio y formulación de los proyectos de aranceles, cuotas compensatorias y demás medidas de regulación y restricción del comercio exterior; dar cumplimiento a los acuerdos y convenios que se celebren en materia aduanera; ordenar y practicar la verificación de mercancías de comercio exterior en transporte; la verificación en tránsito de vehículos de procedencia extranjera; determinar los impuestos al comercio exterior y otras contribuciones de conformidad con lo establecido en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros ordenamientos, así como el valor en aduana de las mercancías con base en la Ley Aduanera; establecer la naturaleza, estado, origen y demás características de las mercancías, determinando su clasificación arancelaria, por señalar algunas.
Ahora bien, en las últimas semanas las políticas que han implementado las autoridades aduanales en Ciudad Juárez, Chihuahua, para ingresar a nuestro país por la frontera de Estados Unidos, a través del cruce del puente internacional El Paso a Juárez no son las adecuadas; esto se expresa puesto que las largas filas o congestionamientos vehiculares que se generan en los puentes internacionales se deben a que se establecieron medidas y/o estrategias de seguridad exageradas e ineficaces o que rayan en el extremo de lo absurdo. Me refiero propiamente a la colocación de bloques de concreto o barricadas en zigzag, lo cual provoca malestar en los automovilistas juarenses o turistas, quienes a su vez han manifestado que esto más que resultar apropiado cae en lo grotesco, ni siquiera en lo severo o drástico que permita fortalecer la seguridad nacional.
En sí, desde la semana pasada los automovilistas que cruzan de El Paso a Ciudad Juárez, demoran hasta dos horas, ello ocasionado por las revisiones de la aduana fronteriza de nuestro país que ha implementado inoperantes estrategias de revisión, lo cual claramente demuestra que las autoridades referidas no tienen la visión, capacidad o preparación para generar revisiones efectivas, lo que acreditan sólo es una ineptitud puesto que están únicamente imitando la colocación de los obstáculos que las autoridades estadounidenses ubicaron a las salidas de su país con antelación.
Cabe agregar que el congestionamiento vehicular no sólo causa problemas a los juarenses o paseños que transitan por el puente fronterizo, sino además a los turistas y visitantes mexicanos, lo cual entorpece la dinámica de la derrama económica que se genera en estas fechas de fin de año; en sí, lo correcto debe ser agilizar el tránsito dando apertura a todas las garitas, así como asignar el personal suficiente de aduanas que estén bien capacitados, para que se otorgué un servicio eficiente que redunde en revisiones eficaces.
Como se puede analizar, tal parece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de aduanas en la frontera norte, quiere boicotear la interdependencia que existe entre los habitantes de México y Estados Unidos, con medidas que obstaculizan la circulación vehicular y revisiones, lo cual también es propiciado por parte del Ejército y de la Policía federal; que en el caso, como ya se mencionó, de Ciudad Juárez, hacen que se pierdan, en ocasiones, más de dos horas para poder internarse a territorio nacional y que dejan sin esencia el derecho de libre tránsito. Por ejemplo, en el puente de El Paso pusieron barricadas que obligan a los automovilistas a zigzaguear, y en el puente de Zaragoza, rejas metálicas con el mismo fin. Además, según la Ley Aduanera, de manera aleatoria un semáforo determina qué automovilista o peatón, que se interna a México procedente de Estados Unidos, es sujeto a revisión en las garitas fiscales de los cruces internacionales de la frontera norte. En teoría, a quienes toca luz verde deben internarse al país sin revisión, sin embargo, con el pretexto de la lucha anti narco esa disposición no se respeta, ya que a “criterio” de las autoridades aduanales, de elementos del Ejército o de la Policía federal, un automovilista o peatón puede ser sujeto a revisión independientemente del color de la luz del semáforo que le toque.
Resulta importante comentar que junto a esto se agrega la desagradable situación de que funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), en los cruces internacionales durante los últimos meses se han dedicado a quitarle a los connacionales que regresan de hacer sus compras en el vecino país con la excusa, más que un argumento válido, de que los decomisos son por una supuesta alerta sanitaria.
En razón de todo lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros diputados apelo al respaldo de ésta soberanía, para atender una solicitud de mis correligionarios a fin de que se apruebe el siguiente punto de acuerdo, reiterando que es con carácter de urgente y obvia resolución.
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que instruya al secretario de Hacienda y Crédito Público, al titular del Servicio de Administración Tributaria y al Administrador General de Aduanas, a fin de que se sirvan llevar a cabo, a la brevedad y en el ámbito de sus atribuciones y competencias respectivas, todas aquellas acciones necesarias eficaces y eficientes que permitan agilizar el tránsito vehicular en las aduanas ubicadas en los cruces internacionales localizados en Ciudad Juárez, Chihuahua, tales como: a) ordenar la apertura de la totalidad de las garitas o accesos para vehículos con los que se cuentan; b) retirar las barricadas, muros de concreto o vallas metálicas que obstruyen el tránsito vehicular; c) asignar al personal que se requiera para que se realice una revisión adecuada en las aduanas; d) se aplique debidamente la disposición del semáforo aleatorio para revisión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2011.
Diputada Adriana Terrazas Porras (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las comisiones correspondientes de esta soberanía a considerar la creación de un fondo destinado a la infraestructura e instalaciones que promuevan la actividad física en las primarias y secundarias para combatir la obesidad infantil, a cargo del diputado César Daniel González Madruga, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, César Daniel González Madruga, en su calidad de diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presento a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La obesidad infantil se ha convertido –a nivel mundial– en un problema social y una preocupación general ya que se calcula que en la actualidad alrededor del 30 por ciento de la población infantil sufre sobrepeso u obesidad. Un infante con problema de obesidad y sobrepeso tiene mayores riesgos y probabilidades de padecer un número mayor de enfermedades que otro infante que presenta una complexión delgada. Dichas enfermedades pueden ser cardiovasculares, diabetes, hipertensión arterial, ciertos tipos de cáncer y problemas en las vías respiratorias.
Adicionalmente a esto, los menores que padecen exceso de peso tienen una respiración trastornada por el sueño, la cual se refleja en problemas conductuales, hiperactividad y dificultad para permanecer despierto en la escuela, generando un círculo vicioso que deriva en bajo rendimiento escolar.
Lo anterior se explica porque el bajo rendimiento escolar genera en ocasiones sentimientos de angustia y ansiedad en los infantes, lo que les provoca deseos de canalizar esa ansiedad con la ingesta de todo tipo de alimentos, generalmente con grandes cantidades de azúcar y grasa que provoca nuevamente que ganen más peso corporal.
Diversos estudios señalan que la obesidad es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial que se puede prevenir. Los deficientes hábitos alimenticios que por años hemos tenido los mexicanos, provocan que esta enfermedad comience a desarrollarse en la infancia y la adolescencia, motivado –entre otros factores– por el hecho de que generalmente se consumen más calorías que las que el cuerpo de nuestros niños y adolescentes gastan diariamente.
En su origen también se involucran factores genéticos y ambientales, que determinan un trastorno metabólico que conduce a una excesiva acumulación de grasa corporal para el valor esperado científicamente según el sexo, talla y edad.
Esta legislatura no ha permanecido insensible a este problema y se ha abocado a trabajar en diversas materias para colaborar a combatirlo. Muestra de ello es que el 13 de abril del año pasado, esta soberanía aprobó por unanimidad las reformas propuestas por la diputada Cristina Díaz Salazar, del PRI, a los artículos 65 y 66 de la Ley General de Salud, destinadas precisamente a tratar de prevenir, tratar y controlar el sobrepeso y la obesidad en nuestros niños y adolescentes.
Las reformas a ambos artículos pretendieron establecer la instrumentación de hábitos alimenticios sanos en la educación de los alumnos y que los alimentos que se expenden en las escuelas tengan altos contenidos nutricionales. Asimismo, con objeto de inculcar a nuestros niños y jóvenes el hábito del ejercicio y la activación física, agregamos una fracción III al artículo 65 de la ley referida, misma que disponía “la obligatoriedad de practicar 30 minutos diarios de ejercicio físico para prevenir padecimientos de sobrepeso y obesidad que ponen en peligro la salud física y mental de los menores”.
Lo anterior provocó una amplia discusión y debate en la opinión pública, dando como resultado inmediato la coordinación entre las Secretarías de Salud y Educación Pública federales para elaborar un catálogo de alimentos saludables sugeridos en las escuelas públicas de nuestro país.
Sin embargo, en lo que respecta a la práctica del ejercicio físico, las principales críticas a nuestra decisión consistieron en la afectación al horario escolar establecido, así como a que muchas escuelas de nuestro país desafortunadamente carecen de instalaciones adecuadas para llevar a cabo esta disposición.
Es así que nuestra colegisladora agregó un párrafo segundo a la fracción III del artículo 65 a la que me he referido, el cual señala que “para los efectos del párrafo anterior, la Secretaría de Educación Pública promoverá el incremento progresivo del tiempo destinado a la actividad física que deberá practicarse en la jornada académica diaria, el cual podrá ser de manera continua o fraccionada, dependiendo de las capacidades humanas y de infraestructura de cada plantel educativo, siempre que cumpla con el objetivo de fortalecer las acciones para el fomento de actividades saludables y las metas académicas establecidas en la currícula”.
Es precisamente el problema de la infraestructura insuficiente para la práctica del deporte y de la actividad física en muchos planteles lo que en este momento debe llamar nuestra atención si queremos ser congruentes con la unanimidad que alcanzamos en abril de 2010 y que reflejó nuestro interés y preocupación por este tema.
Si esta Cámara de Diputados –en su facultad exclusiva de revisar, modificar y aprobar el proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación– no es consecuente con la decisión tomada hace casi 18 meses, este asunto simple y sencillamente pasará a la historia como una iniciativa de buenas intenciones y nulas acciones.
En este sentido, propongo a todas la fuerzas políticas que conforman esta LXI Legislatura que seamos congruentes en nuestro interés y preocupación por combatir este grave problema de salud pública de México, y a la hora de dictaminar el Presupuesto de Egresos de la Federación destinemos una partida suficiente para comenzar a abatir el rezago en infraestructura e instalaciones que permitan a los alumnos de las escuelas públicas de nuestro país activarse físicamente, adquiriendo el hábito y el gusto por el ejercicio y la práctica del deporte.
Llamo la atención en que se requiere comenzar a abatir el rezago en infraestructura e instalaciones. Es claro que para poner al día a las escuelas en materia de instalaciones adecuadas para la práctica del ejercicio físico se requiere una gran cantidad de recursos y varios años para lograrlo. Para tal fin, debemos comenzar por invertir al menos 2 mil 500 millones de pesos en el año 2012.
Llamo la atención también en el hecho de que debemos destinar recursos para invertirlos en infraestructura e instalaciones adecuadas, por lo que debemos establecer los mecanismos necesarios para que los recursos que lleguemos a destinar para este fin no se utilicen para pagar sueldos, salarios u honorarios profesionales, puesto que lo que urge es más infraestructura y menos burocracia.
Propongo así mismo que para que las entidades federativas accedan a estos recurso, esta partida se convierta en un fondo concursable donde se presenten proyectos viables para poder acceder a los recursos que destinemos para tal fin; lo anterior asegurará a los contribuyentes que este dinero se utilizará exclusivamente para proyectos de infraestructura y no para otros propósitos.
Por los motivos expuestos, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones de Salud, de Educación Pública y Servicios Educativos, de Juventud y Deporte, así como a la de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar la inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2012 de la creación de un Fondo para la Infraestructura e Instalaciones que promuevan la Actividad Física en las Escuelas Primarias y Secundarias, al cual las entidades federativas podrán acceder mediante la presentación de proyectos concursables que no impliquen la contratación de personal alguno.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2011.
Diputado César Daniel González Madruga (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFE a instaurar en el proceso electoral federal de 2012 medidas que garanticen la participación de las personas con discapacidad, de los adultos mayores y de los indígenas, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRD
.Quien suscribe, diputada federal Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracciones I, III, IV y V, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Una. La reforma constitucional del 14 de agosto de 2001 introdujo en la Carta Magna 1 la garantía individual a la no discriminación; estableciendo con precisión que:
Artículo 1o. ...
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades , la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Asimismo, la Constitución General de la República, en el capítulo IV, “De los Ciudadanos Mexicanos”, en el artículo 35, establece las prerrogativa de los ciudadanos mexicanos. Señala este precepto:
Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano:
I. Votar en las elecciones populares;
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley;
III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;
IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la república y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes; y
V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.
Una de las reformas más importantes para la vida democrática de nuestro país se decretó el 13 de noviembre de 2007, en ella el artículo 41 sufrió modificaciones considerables. En materia del asunto que nos ocupa, el citado precepto constitucional señala:
Artículo 41. ... 2
La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal.
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática , contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público , de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos ; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.
...
II. ...
III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social.
Apartado A. El Instituto Federal Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales , de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes:
a)...
b) Durante sus precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto de un minuto por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión; el tiempo restante se utilizará conforme a lo que determine la ley;
c) y d)...
e) El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos se distribuirá entre los mismos conforme a lo siguiente: el treinta por ciento en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo a los resultados de la elección para diputados federales inmediata anterior;
f)...
g)...
...
Apartado B...
Apartado C...
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental , tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.
Apartado D...
IV. La ley establecerá los plazos para la realización de los procesos partidistas de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales.
La duración de las campañas en el año de elecciones para presidente de la República, senadores y diputados federales será de noventa días ; en el año en que sólo se elijan diputados federales, las campañas durarán sesenta días. En ningún caso las precampañas excederán las dos terceras partes del tiempo previsto para las campañas electorales.
...
V. ...
...
...
...
...
...
...
...
El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica , geografía electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, al padrón y lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral , los cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores, cómputo de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, así como la regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley.
...
...
...
VI. ...
...
En la jerarquía normativa los instrumentos internacionales suscritos por México, son norma interna, doméstica. Así lo señala el artículo 133 de nuestra ley suprema:
Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión . Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.
Dos. Al respecto, en materia de participación política de las personas con discapacidad, vigente es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 3 desde el 3 de mayo de 2009. De manera particular el artículo 29 señala:
Artículo 29. Participación en la vida política y pública
Los Estados parte garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a:
a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras formas mediante:
i) La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar;
ii) La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto en elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando proceda;
iii) La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una persona de su elección les preste asistencia para votar;
b) Promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás, y fomentar su participación en los asuntos públicos y, entre otras cosas:
i) Su participación en organizaciones y asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida pública y política del país, incluidas las actividades y la administración de los partidos políticos;
ii) La constitución de organizaciones de personas con discapacidad que representen a estas personas a nivel internacional, nacional, regional y local, y su incorporación a dichas organizaciones.
Tres. La norma secundaria, es decir la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en el artículo 4 otorga a este sector social el disfrute de todas las leyes nacionales sin distinción de ninguna índole, al establecer:
Artículo 4. Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otra característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una situación comparable.
Cuarto.- El presente punto de acuerdo obedece a la falta de disposiciones en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) 4 en materia de participación política de las personas con discapacidad. Sólo los artículos 185 y 265 hacen referencia al sector.
Artículo 185
1. Los ciudadanos mexicanos residentes en el territorio nacional, que se encuentren incapacitados físicamente para acudir a inscribirse ante las oficinas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores correspondiente a su domicilio, deberán solicitar su inscripción por escrito , acompañando la documentación que acredite su incapacidad. En su caso, la Dirección Ejecutiva dictará las medidas pertinentes para la entrega de la credencial para votar del elector físicamente impedido.
Artículo 265
1. ...
2. Aquellos electores que no sepan leer o que se encuentren impedidos físicamente para marcar sus boletas de voto, podrán hacerse asistir por una persona de su confianza que les acompañe.
Cinco. La sola presencia de estos dos preceptos no garantiza la plena intervención política de las personas con discapacidad y de otros grupos vulnerables. Por tal razón se ha pretendido ser subsanar esta insuficiente normatividad, mediante una reforma integral al Cofipe por medio de iniciativa 5 que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativas a las personas con discapacidad el 22 de febrero de 2011. Dicha iniciativa se encuentra turnada en proceso de dictamen en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.
La iniciativa en comento tiene por objeto dotar y garantizar de los medios necesarios, condiciones de igualdad, oportunidades y equidad, a las personas con capacidades diferentes para que ejerzan plenamente sus derechos políticos electorales.
Sin embargo, los acuerdos para su la aprobación de la iniciativa no fueron posibles en el plazo que señala la Constitución General de la República, al establecer un plazo de noventa días antes del inicio del proceso electoral.
Artículo 105. ... 6
Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.
Seis. La sociedad civil, por medio del Observatorio Ciudadano por la Discapacidad en México, el Instituto Federal Electoral, los partidos políticos nacionales con registro y organizaciones sociales de y para personas con discapacidad suscribieron el pasado 1 de octubre de 2010 en el seminario Implementación del artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: Participación en la vida política y pública, el Acuerdo Nacional por los Derechos Políticos de las Personas con Discapacidad.
Comprometiéndose a:
Segunda. Los partidos políticos nacionales, en un plazo no mayor de un año, a partir de la firma del presente acuerdo, reformaran sus documentos básicos a fin de garantizar a militantes con discapacidad sus derechos, desarrollo político y acciones afirmativas o mecanismos que definan una cuota como candidatos a cargos de elección popular en condiciones de igualdad y equidad de género.
Tercera. Conforme lo determine la legislación vigente y sin distinción del proceso electoral de que se trate, los partidos políticos nacionales establecerán mecanismos que aseguren en sus plataformas electorales y programas de gobierno, compromisos de carácter legislativo y gubernamental acordes con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad , mismos que deberán hacer efectivos sus representantes en el Congreso de la Unión, los Congresos Locales y en los tres órdenes de gobierno del Poder Ejecutivo, con el objetivo de generar acciones afirmativas para la inclusión, el desarrollo y la defensa de los derechos civiles, sociales, económicos y políticos de las personas con discapacidad y sus familias.
Cuarta. El Instituto Federal Electoral y los partidos políticos nacionales , en el marco de sus atribuciones, coadyuvaran para que la propaganda en el proceso electoral de 2012 y la difusión de mensajes oficiales sean accesibles para todos y todas las discapacidades , sean éstas visual, auditiva, intelectual, motriz o sensorial.
Siete. En el Distrito Federal, el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) se ha ocupado de poner a disposición de los ciudadanos con discapacidad visual, materiales de apoyo como la mascarilla braille, la cual permite a las personas ciegas saber las dimensiones y ubicación del espacio que ocupa el símbolo de cada partido en la boleta, para poder marcar el de su preferencia.
Asimismo editaron un instructivo en sistema braille y la etiqueta braille que identifica la urna donde se va a introducir el voto, de esta manera los ciegos pueden saber dónde deben depositar la boleta. También se ha diseñado una urna electrónica que mediante una voz de computadora interactúa con la persona, y ésta con audífonos puestos, emite su voto.
Para las personas con discapacidad motriz, a quienes les falta un miembro, o se les dificulta moverse, el Instituto pone a disposición el cancel modular electoral en el cual cabe una silla de ruedas y el ciudadano tiene la privacidad necesaria para elegir a su(s) candidato(s). El sello x y el clip sujeta boletas son otro tipo de apoyos para las personas con dificultad en el movimiento de brazos y manos.
En el próximo proceso electoral en el estado de México que es la entidad que tiene más personas con alguna discapacidad física, los electores con discapacidad contarán con apoyos como:
Mampara móvil para personas con discapacidad motriz. Este instrumento permitirá que, por ejemplo, personas en silla de ruedas puedan sufragar sin ayuda de terceros de forma secreta. Se trata de un “minicubículo” que se lleva hasta el lugar en donde se encuentre el elector en cuestión.
Vinilona. Este componente mostrará el día de la elección una serie de símbolos para indicar a las personas con deficiencias en el habla o escucha cómo votar paso a paso. “Contará por ejemplo con el símbolo de una oreja que indica a las personas que no pueden escuchar que se le podrá explicar paso a paso cómo emitir su sufragio”, indicó Jesús George Zamora, director de Organización del Instituto Electoral del Estado de México.
Sellos para sufragar. Con este elemento adaptador par tachar las boletas podrán votar aquellas personas que no cuenten con manos o brazos. De acuerdo con Jesús George Zamora, el sello se puede utilizar con la boca o la extremidad que la persona utilice para escribir.
Plantilla Braille. Este instrumento especial para que los electores que padecen ceguera o debilidad visual puedan votar, ya se había utilizado desde elecciones anteriores.
En la elección del cuatro de julio, se instalaron 630 mamparas especiales en los 60 municipios de Tlaxcala, que permitieron a personas con alguna discapacidad ejercer su voto para elegir gobernador, diputados locales, alcaldes y presidentes de comunidad.
Ocho. A nivel federal, el Instituto Federal Electoral publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2011 el acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueban los modelos y la impresión de la boleta, y de los formatos de la demás documentación electoral que se utilizará durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.
En citado acuerdo, Consejo General del Instituto Federal Electoral estableció en los acuerdos primero y segundo que:
Primero. Se aprueban los modelos de la boleta, de las actas de la jornada electoral y de los formatos de la demás documentación electoral, anexos a este acuerdo, que se utilizarán durante el proceso electoral 2011-2012 para las elecciones de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados federales al Congreso de la Unión.
Segundo. Se aprueba el modelo de mascarilla en escritura braille para la boleta electoral, para que las personas con discapacidad visual puedan marcar su boleta por sí mismos, si así lo desean.
Diputadas, diputados urge conminar al Instituto Federal Electoral a que implemente acciones que garanticen la participación de todas las personas con discapacidad en el próximo proceso electoral, es necesario que nos pronunciemos porque sin distingo de las cualidades y características de las y los que votamos lo hagamos en absoluta libertad y con plena conciencia de nuestra elección de manera informada y convencida.
La presente proposición, expresa que jurídicamente es viable y sustentable un programa especial en el IFE que garantice el libre sufragio de las personas con discapacidad, y de otros grupos vulnerables.
Los derechos políticos son para todas y todos sin excepción, coadyuvemos a que las personas con discapacidad no lo sean, una vez más.
Por lo expuesto se somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Instituto Federal Electoral a que en el proceso electoral federal de 2012 instrumente medidas que garanticen la participación político electoral de las personas con discapacidad, adultos mayores e indígenas.
Segundo. La Cámara de Diputados hace un llamado respetuoso a los partidos políticos nacionales a cumplir con la brevedad la clausula segunda del Acuerdo Nacional por los Derechos Políticos de las Personas con Discapacidad.
Notas
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, decimoséptima edición. México, DF, 2011.
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, decimoséptima edición. México, DF, 2011.
3 http://www.sidar.org/recur/direc/legis/convencion.php
4 Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ordenamientos Electorales, tomo II, primera edición, 2008, Instituto Federal Electoral.
5 Gaceta Parlamentaria, número 2957-II, jueves 25 de febrero de 2010
6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, decimoséptima edición. México, DF, 2011
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2011.
Diputada Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a celebrar un convenio de coordinación con los gobiernos del Distrito Federal, estatales y municipales a efecto de llevar a cabo un diagnóstico de la violencia contra menores, y a establecer acciones y políticas para prevenir y atender de manera integral el maltrato infantil, con la colaboración de la Segob, de la Ssa, de la SEP, de la Sedesol, de la SHCP, del DIF y de la PGR, a cargo de la diputada Caritina Sáenz Vargas, del Grupo Parlamentario del PVEM
La que suscribe Caritina Saénz Vargas, diputada de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a celebrar un convenio de coordinación con los gobiernos del Distrito Federal, estados y municipios, a efecto de llevar a cabo un diagnóstico de la situación de violencia contra los menores y el establecimiento de acciones y políticas necesarias para prevenir y atender de manera integral el maltrato infantil con la colaboración de las Secretarías de Gobernación, Salud, Educación, Desarrollo Social y Hacienda y Crédito Público del gobierno federal, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia nacional y la Procuraduría General de la República, al tenor de la siguiente
Antecedentes
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de fecha 29 de abril de 2010, el diputado José Alberto González Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Salud (Ssa) y a la Procuraduría General de la República (PGR), a fin de identificar a los niños, niñas y adolescentes que vivan alguna situación de maltrato, así como sancionar a los responsables, haciendo cumplir las leyes correspondientes en la materia.
Exposición de Motivos
La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que el maltrato infantil o la vejación de menores abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, abuso sexual, descuido o negligencia o explotación comercial o de otro tipo, que origine un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.
Cabe reconocer que la violencia tiene sus raíces en cuestiones como las relaciones de poder asociadas al género, la exclusión, y la ausencia de protección por parte de un tutor adulto y de reglas sociales que protejan o respeten a la infancia. Otros factores pueden ser el consumo de drogas, el fácil acceso a armas de fuego, el consumo de alcohol, el desempleo, la delincuencia, la impunidad y el encubrimiento. Por ello, la violencia puede tener consecuencias graves para el desarrollo del niño, toda vez que la violencia es omnipresente en las sociedades en las que los niños y niñas crecen, y forma parte de las normas económicas, culturales y sociales que configuran el entorno del niño.
Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en el mundo son 40 millones de niños y niñas menores de 15 años, víctimas de malos tratos y abandono y requieren atención sanitaria y social.
En México, los derechos de los niños y niñas se encuentran fundamentados en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece lo siguiente:
“Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar ese derecho. El estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.
El estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez”.
Sin embargo, el maltrato y abuso infantil es considerado un grave problema de salud pública con dimensiones alarmantes, toda vez que se tienen cifras registradas en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que en el año 2006 se reportaron 3 millones de denuncias de violencia hacia los niños.
Por otra parte, a pesar de que contamos con una normatividad específica referente a la protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes, y el establecimiento de las sanciones correspondientes contra quienes maltratan a los menores, esta problemática se sigue presentando día con día tanto en los hogares, en las escuelas y en los diversos espacios de la comunidad.
Muestra de ello, son los resultados que arrojaron un informe nacional sobre violencia y salud en 2008 que la Secretaría de Salud elaboró en México, y el cual compila investigaciones anteriores del Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), del Instituto Federal Electoral (IFE) y del Sistema Nacional de Información en Salud, los cuales señalan que en nuestro país:
• Se tiene niveles de violencia en contra de los niños y las niñas que superan considerablemente los de los países desarrollados.
• Entre los casos de maltrato infantil que atiende el DIF, la mayor proporción (32 por ciento) corresponde a casos de maltrato físico. Le siguen en orden de importancia numérica la omisión de cuidados (23 por ciento) y el maltrato emocional (20 por ciento).
• Se encontró que la principal causa de muerte entre los niños de entre 1 a 14 años de edad, en los países desarrollados, son las lesiones, las cuales representan 40 por ciento del total de las muertes en ese grupo de edad. En efecto, un total de 20 mil niños mueren cada año en los países miembros tanto a causa de accidentes de tráfico, lesiones intencionales, ahogamientos, caídas, quemaduras, envenenamientos y otros accidentes. México y Corea del Sur, entre los países miembros, son los que tienen las tasas más altas de muerte por heridas en niños menores de 14 años de edad.
• Según los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil realizada en el país en 2000, 28 por ciento de los niños y niñas de entre 6 a 9 años de edad dijeron que son tratados con violencia en su familia, y 32 por ciento en sus escuelas. La violencia reportada por los niños y niñas fue mayor en todos los casos entre los del medio rural que en el urbano.
Cabe destacar que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a través de las Procuradurías de Defensa del Menor y la Familia, se encarga de atender y registrar los casos de maltrato infantil en el país, sin embargo, el número de los casos reportados ante esta instancia pública no es cercano al verdadero número de casos que se registran en la realidad, toda vez que no todos los casos son canalizados y atendidos por estas procuradurías especializadas.
Por lo tanto, hoy no se cuenta con un registro nacional referente al número y situación que guardan los menores que han sido víctimas de maltrato, y de los cuales se tienen reportes en las distintas dependencias públicas (Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Social, Procuraduría General de la República), asimismo, no se tiene la certeza de si los casos que se reportan en cada uno de esos sectores son los mismo registrados en otros, así como considerar que no todos los casos son reportados, quedando fuera de los registros.
Asimismo, tomando como referencia el artículo 50 de la Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el cual establece que: “El gobierno federal promoverá la celebración de convenios de coordinación con los gobiernos del Distrito Federal, estados y municipios, a efecto de realizar acciones conjuntas para la procuración, protección y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes” , es importante contar con la colaboración y coordinación de los gobiernos estatales y municipales, a fin de conjuntar esfuerzos con el gobierno federal a través de las Secretarías de Salud, Educación, Desarrollo Social y Hacienda y Crédito Público, el DIF nacional y la Procuraduría General de la República (PGR) para atender este grave problema de salud pública.
Tomando en consideración que una de las facultades de la Secretaría de Gobernación establecidas en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, consiste en propiciar la coordinación interinstitucional para la realización de programas específicos; es importante contar con el valioso apoyo de esta dependencia, a fin de impulsar la coordinación entre el resto de las dependencias federales con los diferentes ámbitos de gobierno con el objeto de atender y brindar soluciones integrales al grave problema social del maltrato infantil.
Cabe destacar la importancia de la colaboración de la Secretaría de Salud tomando como marco normativo y de referencia a Ley General de Salud , en lo señalado en su artículo 2, en el que se establecen las finalidades del derecho a la protección de la salud, y entre las cuales están; el bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, así como la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana.
Asimismo, se debe de tomar en consideración lo que estipula en sus artículos 32 y 33 referentes a la atención médica y sus respectivas actividades.
“Artículo 32 . Se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud.
Artículo 33. Las actividades de atención médica son:
I. Preventivas, que incluyen las de promoción general y las de protección específica;
II. Curativas, que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno;
III. De rehabilitación, que incluyen acciones tendientes a corregir las invalideces físicas o mentales, y
IV. Paliativas, que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor, y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario.”
Por otra parte, es importante contar con la colaboración de la Secretaría de Educación, toda vez que en el artículo 32 de la ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se establece que “las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación que respete su dignidad y les prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia en los términos del artículo 3o. de la Constitución.”
Asimismo, la participación de la Secretaría de Desarrollo Social es fundamental toda vez que nuestros niños y adolescentes en situación de maltrato son sujetos de derecho al desarrollo social, a la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por otro lado, la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe consistir en tomar las previsiones económicas necesarias para el cumplimiento de las acciones tomadas en consideración para el diagnóstico de la situación de violencia contra los menores y el establecimiento de acciones y políticas necesarias para prevenir y atender de manera integral el maltrato infantil.
Otra instancia fundamental por su valiosa colaboración es la Procuraduría General de la República, a través de la cual se podrán recopilar cifras de las demandas en materia de maltrato infantil y el estatus de la situación en la que se encuentran los infantes víctimas de este delito.
Por lo anterior, existe la necesidad de celebrar un convenio de coordinación entre los tres ámbitos de gobierno, a fin de establecer los siguientes objetivos:
• Elaborar un diagnóstico de la situación de violencia contra los menores,
• Establecer acciones y políticas necesarias para prevenir y atender de manera integral el maltrato infantil,
• Diseñar programas de prevención y atención específicos para las zonas rurales de los estados donde los menores de edad han reportado los niveles más altos de maltrato.
• Adoptar las medidas necesarias para ampliar y profundizar los conocimientos que se tienen acerca del fenómeno de la violencia hacia los niños y las niñas en nuestro país y poner estos conocimientos al alcance del personal de los distintos sectores que atienden o reciben denuncias de estos casos. Además de mejorar la capacidad del personal para recolectar y registrar adecuadamente los datos.
• Mejorar tanto la cobertura como la calidad de los servicios que brindan atención a los niños y niñas víctimas de violencia e integrar en los mismos la perspectiva de género.
• Promover entre las niñas, los niños y adolescentes de nuestro país, la generación de una cultura de no violencia que coadyuve al cambio de las conductas y comportamientos en el corto, mediano y largo plazo, así como el fomento a los valores cívicos y de paz en nuestra sociedad mexicana.
Ante estas circunstancias, los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, externamos nuestra preocupación e interés de que se celebre un convenio de coordinación entre los gobiernos federal, estatales y municipales con el objeto de conjuntar esfuerzos gubernamentales, a fin de abatir el problema del maltrato infantil en nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto, someto ante esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a celebrar un convenio de coordinación con los gobiernos del Distrito Federal, estados y municipios, a efecto de llevar a cabo un diagnóstico de la situación de violencia contra los menores y el establecimiento de acciones y políticas necesarias para prevenir y atender de manera integral el maltrato infantil con la colaboración de las Secretarías de Gobernación, Salud, Educación, Desarrollo Social y Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Procuraduría General de la República.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que tome las previsiones económicas necesarias, a fin de procurar el cumplimiento pleno del acuerdo primero del presente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2011.
Diputada Caritina Saénz Vargas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Quintana Roo y a la PGR a salvaguardar la integridad física de los periodistas Norma Madero Jiménez y Agustín Ambriz Hernández, de la revista Luces del Siglo, así como a desahogar con eficacia y oportunidad la denuncia de hechos que presentaron el 11 de octubre del año en curso, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT
Jaime Fernando Cárdenas Gracia, diputado federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares del Poder Ejecutivo del estado de Quintana Roo y de la Procuraduría General de la República a salvaguardar la integridad física de los periodistas Norma Madero Jiménez y Agustín Ambriz Hernández, de la revista Luces del Siglo, así como a desahogar con eficacia y oportunidad la denuncia de hechos que presentaron el 11 de octubre del año en curso.
Exposición de Motivos
Primero: En el número 422 de la revista semanal Luces del Siglo que se publica en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, de la que es editora la ciudadana Norma Madero Jiménez y director general el ciudadano Agustín Ambriz Hernández, se publicó un reportaje titulado “¿De cuánto dejó la deuda?”, relacionado con el incremento de casi siete mil millones de pesos de la deuda pública de la entidad que dejó al finalizar su periodo como gobernador del estado, el ciudadano Félix González Canto.
Segundo: A raíz de la publicación del citado reportaje, los periodistas Norma Madero Jiménez y Agustín Ambriz Hernández han sido objeto de actos intimidatorios y de una serie de ataques en publicaciones locales que, con justificada razón, les hacen temer por su integridad física y por la de sus familiares, por lo que el 11 de octubre del año en curso presentaron la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión dependiente de la Procuraduría General de la República.
Tercero: Ante la evidencia irrefutable de que la causa que origina los actos de hostigamiento, intimidación y calumnias de que son víctimas estos periodistas no es otra que la publicación del reportaje sobre el incremento de la deuda pública del estado durante el periodo como gobernador del ciudadano Félix González Canto, para los periodistas mencionados resulta claro que este personaje es quien se encuentra detrás de las agresiones que han venido padeciendo desde hace algunas semanas.
Cuarto: México está considerado como el país más peligroso en América Latina para el ejercicio de la profesión de periodista, los más de 60 periodistas asesinados en lo que va del actual sexenio así lo corroboran. Ser periodista en México significa literalmente jugarse la vida en cada nota o reportaje, sobre todo si se refiere a la corrupción, impunidad o tráfico de influencias. Este clima de intimidación y violencia que sufre el periodismo en nuestro país hace indispensable que el Estado Mexicano en su conjunto adopte medidas oportunas para garantizar la integridad de periodistas que se encuentran en situación de riesgo por el desempeño de su profesión. La Cámara de Diputados no puede ser ajena ni omisa a este compromiso con la sociedad y con el interés nacional.
Por las consideraciones expuestas, someto a la consideración del pleno de esta Cámara los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero: Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Quintana Roo a que tome las medidas más eficaces para garantizar la seguridad e integridad física de los periodistas Norma Madero Jiménez y Agustín Ambriz Hernández así como de la de sus familiares que radican en la entidad.
Segundo: Se exhorta a la titular de la Procuraduría General de la República a que las investigaciones relacionadas con la denuncia de hechos formulada por los periodistas Norma Madero Jiménez y Agustín Ambriz Hernández se lleven a cabo de manera eficaz y exhaustiva para que, en su oportunidad, la averiguación previa correspondiente se lleve al conocimiento de la autoridad judicial.
Dado en el Palacio de San Lázaro, residencia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. México, DF, a 25 de octubre de 2011.
Diputado Jaime Cárdenas Gracia (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener a tomar medidas para que Pemex reduzca 40 por ciento el precio del gasóleo, gas LP y gas natural, a cargo del diputado Manuel Guillermo Márquez Lizalde, del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados federales por Chihuahua de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral I, 79, numeral I, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, para exhortar a la Secretaría de Energía a efecto de que Petróleos Mexicanos reduzca el precio del gas doméstico, el gas LP y el gas natural a los consumidores del estado de Chihuahua, durante el periodo del 1 de noviembre de 2011 al 31 de marzo de 2012, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Compañeras y compañeros diputados, en esta ocasión los que suscriben llamamos su atención apelando a su valioso respaldo, a fin de que juntos podamos atender un asunto de suma relevancia para la sociedad chihuahuense; el tema que en este momento nos ocupa ha sido tratado por esta soberanía cada año en fechas similares. En sí, los diputados chihuahuenses que somos y han sido integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en anteriores legislaturas, hemos acudido a ésta la más alta tribuna de la nación para hacer un planteamiento equivalente al que efectuamos en este instante, en razón de las bajas temperaturas características de la temporada invernal que afectan a la población de nuestra entidad federativa, sobre todo a los sectores más vulnerables tales como la niñez y los adultos mayores.
La posición geográfica de Chihuahua, comprendida en la altiplanicie y la Sierra Madre Occidental, dan como resultado un clima desértico y sumamente extremoso, que provoca que se presenten temperaturas de hasta 45 grados centígrados en verano, y de 20 grados centígrados bajo cero en invierno –en algunas regiones del estado.
Nuestra entidad federativa está conformada por tres grandes regiones denominadas sierra, llanura o meseta y desierto, que suceden de oeste a este en forma de grandes bandas. Esto le da al clima y la geografía condiciones inmensamente contrastantes y le dan al estado sus imágenes más conocidas: sus grandes desiertos, montañas, cañones y bosques.
En la sierra de Chihuahua las temperaturas en el fondo de las barrancas pueden superar los 40 °C en verano y muy rara vez caen a menos 0 °C en el invierno, mientras que en las partes altas el clima es semifrío con máximas que rara vez superan los 30 °C en verano y que pueden llegar a caer por debajo de los -20 °C en el invierno y en los meses de noviembre a marzo es común que se registren nevadas que varían en intensidad según la altitud.
Por su parte, la llanura de Chihuahua se caracteriza porque sus temperaturas son extremosas pudiendo alcanzar los 40 °C en el verano y llegando incluso a los -15 °C en el invierno y las nevadas son frecuentes en los meses de noviembre a marzo. En esta zona se lleva a cabo agricultura de temporal, pero también existen importantes desarrollos de agricultura de riego, con ayuda de los ríos y presas. Se encuentra atravesada por varias serranías, aunque su terreno es mayoritariamente plano. En la meseta se encuentra la principal zona agrícola y ganadera del estado, así como el asentamiento de la mayoría de la población y sus principales ciudades.
En el desierto de Chihuahua las temperaturas llegan a superar los 40 °C durante el verano y en invierno suele haber heladas, aunque no tan intensas como en la zona serrana; la caída de nieve también se da en esta región aunque es menos frecuente.
Como se puede apreciar, las condiciones climatológicas extremas de la entidad generan diversos problemas en la salud y economía de las familias chihuahuenses, entre las que podemos señalar:
- Un incremento significativo de las enfermedades respiratorias agudas, como influenza y neumonía, principalmente en niños y personas de la tercera edad, así como entre quienes carecen de las mínimas condiciones de bienestar debido a la pobreza y pobreza extrema.
- Ausentismo laboral, que repercute en la productividad de las empresas y de la economía estatal.
- Alto índice de inasistencia escolar.
- Afectación de la economía familiar.
El número de personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias agudas de hipotermia por cada ciclo invernal es superior a las 750 personas, dando como resultado alrededor de 75 defunciones por hipotermia en cada ciclo.
El gasóleo, gas LP y gas natural son productos de alto consumo en los hogares chihuahuenses, sobre todo en la temporada otoño-invierno. Desafortunadamente, el esquema de precios de dichos productos obedece al fenómeno económico denominado oferta-demanda, ocasionando con esto el encarecimiento en los energéticos para uso doméstico.
El precio promedio al público del gasóleo doméstico representa un costo mensual cercano a los mil pesos al consumidor. En este mismo contexto, el precio del gas LP impacta en un 22 por ciento a la economía familiar. De 22.54 kilogramos de gas LP que se consumen en verano, en la época de invierno aumenta el consumo a 125.25 kilogramos, es decir, aumenta un 555.67 por ciento y no así el ingreso per cápita.
Por otro lado, el precio del gas natural tiene un impacto del 15 por ciento en la economía familiar y su consumo en invierno se incrementa en un 560 por ciento, al subir de 30 metros cúbicos en verano a 168 metros cúbicos en invierno. En efecto, la liquidez de los hogares se ve considerablemente disminuida por los gastos que se generan para adquirir estos combustibles de primera necesidad.
En razón de ello, se han realizado estudios en relación con el impacto que estos costos tienen en los hogares chihuahuenses, de los cuales se ha concluido que: con un descuento del 40 por ciento en el precio de los combustibles se podría atenuar este impacto.
Por tales consideraciones presentamos ante esta asamblea, en nombre de los y las chihuahuenses, a plantear un asunto concreto y urgente, de alta prioridad, porque afecta a amplios sectores de la población del estado de Chihuahua. Seguros estamos que esta proposición contará con el respaldo y apoyo de las y los integrantes de esta Cámara, toda vez que resulta ser un asunto muy sensible.
Hacemos un llamado para que reflexionemos, respondamos de frente a una demanda de bienestar, salud y calidad de vida; puesto que hablar de los grandes problemas que enfrenta la economía nacional resulta hueco, si desatendemos las necesidades básicas de quienes representamos, si no les garantizamos los mínimos de bienestar que les permitan su supervivencia, en niveles adecuados a las condiciones geográficas, climatológicas y económicas que conforman su entorno.
En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la titular de la Secretaría de Energía a adoptar las medidas conducentes a efecto de que Petróleos Mexicanos otorgue a los consumidores en el estado de Chihuahua un descuento de 40 por ciento al gasóleo doméstico, al gas LP y al gas natural para el periodo que comprende del 1 de noviembre de 20011 al 31 de marzo de 2012.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2011.
Diputados: Guillermo Márquez Lizalde, Maurilio Ochoa Millán, Guadalupe Pérez Domínguez, Alejandro Cano Ricaud, Víctor Silva Chacón, Luis Carlos Campos Villegas, Jaime Flores Castañeda, Ana Georgina Zapata Lucero, Adriana Terrazas Porras (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a los gobiernos de Jalisco y Nayarit a efecto de que en las fechas de realización del Tianguis Turístico y del Foro Económico Mundial, con sede en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, las obras que se tenga programado ejecutar ahí en 2012 se anticipen o, en su caso, se posterguen para evitar contratiempos a los asistentes a esos encuentros, a cargo del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del PAN, y suscrita por el diputado Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Juan José Cuevas García, integrante de la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, 76 y 79 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a los gobiernos de Jalisco y Nayarit para que en las fechas de realización del Tianguis Turístico y del Foro Económico Mundial, con sede en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, las obras que se tenga programado efectuar en 2012 en esas localidades se ejecuten con anticipación o, en su caso, se posterguen, a fin de evitar contratiempos a los visitantes que asisten a esos encuentros, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Puerto Vallarta y la riviera de Nayarit representan importantes destinos turísticos para el país. Cuentan con una notable infraestructura hotelera, restaurantera y recreativa, con playas, además de la vasta riqueza natural que las hace muy atractivas para los visitantes nacionales y extranjeros que buscan la distracción y el descanso.
Puerto Vallarta y la riviera Nayarit tienen un importante encuentro compartido de gran relevancia para 2012: serán sede de la trigésima séptima edición del Tianguis Turístico México en marzo.
Puerto Vallarta será anfitrión del Foro Económico Mundial sobre América Latina, del 16 al 18 de abril. Como parte de la reunión, se llevará a cabo la Cumbre Anual de Jóvenes Líderes Globales, del 14 al 16 abril.
El Tianguis Turístico es el encuentro promocional para profesionales más importante del sector turístico de México. Es un foro único de negocios en el que compradores nacionales e internacionales se reúnen con más de 500 empresas, lo cual genera importantes relaciones comerciales entre la oferta y la demanda.
El Tianguis Turístico se lleva año con año y genera una importante derrama económica para el destino donde se realiza. Por 36 años se ha llevado en Acapulco, Guerrero, mas ahora tiene el carácter de itinerante, lo que lo hace muy atractivo para la entidad que lo efectúa.
En la realización tienden a participar dirigentes del sector privado, representantes de toda la industria turística, como hoteleros, restauranteros, aerolíneas, líneas de transporte terrestre, agencias de viajes y los compradores del sector, así como representantes de la Secretaría de Turismo, del Consejo de Promoción Turística de México y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
En la agenda de 2012 se considera realizar el Foro Económico Mundial en Puerto Vallarta, Jalisco, en el que participa gente de negocios, líderes políticos, académicos y otras personalidades de la sociedad para dar forma a las agendas globales, regionales e industriales.
El Foro Económico Mundial alienta a las empresas, a los gobiernos y a la sociedad civil a comprometerse en conjunto para mejorar el mundo. El fin que persigue es ayudar a los interesados frente a los retos clave, como la construcción de un crecimiento económico sostenido, la mitigación de los riesgos globales, la promoción de la salud para todos, mejorar el bienestar social y el fomento de la sostenibilidad ambiental.
La realización del foro en Puerto Vallarta es una oportunidad para que el país reciba a los líderes de los ámbitos empresarial, gubernamental y académico, sociedad civil y los medios de comunicación de todo el mundo, en el que se realicen planteamientos por los participantes para construir un futuro más próspero y equitativo para el orbe.
Se está por aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012, por lo que solicito al gobierno federal y a los de Jalisco y de Nayarit que las obras que se tengan considerado realizar en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas se culminen antes de la realización de estos dos magnos encuentros o se posterguen, según el caso, para que no se obstruya la circulación y se deje una mala imagen para los visitantes que asistirán a esas localidades.
Tenemos que ser cuidadosos en mantener la imagen del país. Debemos ser prudentes y organizados en la realización de este tipo de encuentros, que estarán en la opinión pública nacional e internacional, y que sin duda colocan a México como un país con puertas abiertas y seguro en la realización de estos foros.
Puerto Vallarta y Bahía de Banderas deben vestirse de gala para recibir a los participantes y visitantes que asistirán al Tianguis Turístico, un acto relevante para el turismo del país.
Puerto Vallarta será organizador del Foro Económico Mundial, de gran trascendencia internacional, por lo que es fundamental que la infraestructura esté en buenas condiciones físicas y estéticas a fin de proporcionar una excelente imagen a los participantes.
Por último, estoy convencido que este tipo de encuentros fortalece la actividad turística. Es necesario que las autoridades encargadas de la organización y ejecución tomen las medidas pertinentes para que ninguna obra estropee el éxito que se espera en su realización.
Por lo expuesto, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal y a los gobiernos de Jalisco y Nayarit para que en las fechas de realización del Tianguis Turístico y del Foro Económico Mundial, con sede en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, las obras que se tenga programado realizar en 2012 en esas localidades se ejecuten con anticipación o, en su caso, se posterguen, a fin de evitar contratiempos a los visitantes que asisten.
Palacio Legislativo, a 25 de octubre de 2011.
Diputados: Juan José Cuevas García, Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de Jalisco y Nayarit, al Consejo de la Judicatura y a la PGR a investigar y determinar responsabilidades sobre la situación que guarda el predio donde está el hotel Riu Palace Pacífico, en Bahía de Banderas, Nayarit, a cargo del diputado José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, diputado de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El municipio de Bahía de Banderas fue creado por decreto del Congreso de Nayarit el 13 de diciembre de 1989; que anteriormente pertenecía al municipio de Compostela. Actualmente, constituye el principal polo turístico de Nayarit, donde destaca la denominada Riviera Nayarit, por las espléndidas playas que posee, como Sayulita, Nuevo Vallarta, Bucerías y Litibú.
El desarrollo de la región surgió a partir de 1970 con el auspicio del gobierno federal, se expropiaron grandes zonas de propiedad ejidal y comunal a partir de la constitución del fideicomiso Bahía de Banderas. El primer hotel ejidal que se construyó en la zona de Bucerías, que es la mayor localidad costera nayarita, con el propósito de promover la actividad turística en esa parte del Pacífico mexicano. Desde ese momento, el turismo comenzó a tomar un lugar preponderante en la política de desarrollo, al tiempo que constituye uno de los pilares de la diversificación productiva de la entidad.
El fideicomiso impulsó el desarrollo de infraestructura, lo que transformó en forma importante la región, como la carretera Tepic-Puerto Vallarta; el surgimiento de fraccionamientos turísticos como el Sol Nuevo en Rincón de Guayabitos, destinado al turismo nacional y el Vallarta y Flamingos, con orientación internacional, con zonas residenciales e infraestructura para hotelería de gran turismo. Bahía de Banderas se constituye así, en el epicentro económico del Pacífico medio que ha acelerado el desarrollo y diversificación productiva de otros sectores económicos de la zona.
La belleza de Bahía de Banderas y sus potencialidades para el negocio turístico, despertaron el interés de inversionistas, pero también ambiciones de quienes quisieron aprovechar el auge de la región y obtener grandes ganancias sin importarles pasar por encima de la ley, como se expone a continuación.
El 19 de agosto de 1998, se firmó el contrato de compraventa correspondiente, entre el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, fiduciario en el fideicomiso Bahía de Banderas, y por la otra parte la sociedad mercantil denominada Inmobiliaria y Arrendadora Vida Mar, SA de CV, representada por el señor Benjamín Pérez de Anda y José Pérez Ramírez; cuyo objeto fue la compraventa del módulo identificado con la letra G del condominio Flamingos Nayarta, del condominio maestro Los Flamingos, ubicado en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, con un superficie de 27 mil 916.195 metros cuadrados.
El 8 de septiembre de 2005, se celebró contrato de compraventa, entre Inmobiliaria y Arrendadora Vida Mar, SA de CV, representada por los señores Benjamín Pérez de Anda y José Pérez Ramírez, y como comprador Rancho Nuevo Vallarta, S de RL de CV, representado por Aníbal Alejandro Pedrero Loaiza, cuyo objeto fue la compraventa del módulo G previamente mencionado.
El 24 de mayo de 2006, se certificó la constitución de la sociedad mercantil denominada Grupo Nayarta, SA de CV, en la que participaron Rancho Nuevo Vallarta, S de RL de CV, representada por Alberto May Alba y Juan Antonio Lamadrid Villareal e Ignacio Martínez Cárdenas, este último por su propio derecho. El capital social del Grupo Nayarta quedó integrado por la cantidad de 136 millones de pesos, capital suscrito y pagado por parte del accionista Ignacio Martínez Cárdenas, quien hizo una aportación de un millón de pesos; en tanto que la accionista Rancho Nuevo Vallarta S de RL de CV, realizó su aportación en especie con el inmueble ubicado en el módulo identificado con la letra G del condominio Flamingos ya mencionado.
El 14 de junio de 2006, se protocolizó la fusión de Grupo Nayarta, SA de CV, y Acuícola Productos del Golfo, SA de CV. El 10 de agosto del año 2006, la sociedad Acuícola Productos del Golfo, SA de CV, representada por el licenciado Aníbal Alejandro Pedrero Loaiza, transmitió a favor de la sociedad mercantil Comercial Chemax SA de CV, representada por Estéfano Domínguez Manzi, la propiedad del inmueble identificado como módulo G del condominio Los Flamingos.
Se describe lo anterior, para destacar que todas y cada una de las operaciones se realizó conforme a derecho y están documentadas como lo establecen las leyes aplicables en la materia. Sin embargo, el problema surge por la propiedad del terreno.
Al módulo del terreno G del condominio Los Flamingos, fue legalmente adquirido y la propiedad se ha ido transmitiendo conforme a la ley; en el lugar donde se construyó el hotel Riu Palace Pacífico, de pronto apareció otro propietario, de nombre Desarrollos Turísticos Hoteleros SA de CV, empresa que desde años atrás se dijo dueña del predio, lo que nunca pudo comprobar documentalmente, a pesar de haberse realizado varios juicios en el estado de Nayarit, de los que presentamos un breve resumen:
En el mes de agosto de 2008, la empresa Desarrollos Turísticos Hoteleros SA de CV presentó demanda civil bajo el expediente 424/2008, contra de Comercial Chemax SA de CV para, según ella, recuperar la posesión del predio –que en realidad nunca había tenido- y quedarse con las construcciones del Hotel Riu Palace Pacífico, edificado sobre dicho inmueble. El mismo año, la demandante no atendió lo solicitado por el juez, por lo que se resolvió improcedente lo solicitado y no se dio trámite a este juicio.
En octubre del 2008, la misma empresa presentó una nueva demanda con número de expediente 556/2008, con los mismos argumentos sin ofrecer ningún medio de prueba que pudiera convencer al juez sobre la procedencia de su reclamación. No obstante, después de la apelación de la demandante, en el mes de noviembre de ese año, se da trámite a la citada apelación, y en diciembre la sala civil ordenó admitir la demanda y emplazar a juicio a Comercial Chemax SA de CV, sin que esto haya sido posible, en virtud de que esta empresa tenía su domicilio en Playa del Carmen, Quintana Roo.
Liberado el exhorto correspondiente, en marzo del año 2009, fue emplazada a juicio la demandada Comercial Chemax SA de CV ya en su domicilio, sin que la demandante devolviera el exhorto; por lo que transcurrieron más de 180 días naturales a partir de la fecha de dicho emplazamiento, por lo que en febrero de 2010, el Juzgado Civil decretó la caducidad de la instancia, sin que la demandante tuviera ya derecho a exigir las acciones solicitadas, por haber prescrito el término para haberlas hecho valer .
La demanda fue contestada por Comercial Chemax SA de CV, mediante 34 medios de prueba, entre los que destacan 12 testimonios de diversas personas que tuvieron conocimiento de que a partir de que se adquirió el inmueble por compra venta hecha a Acuícola Productos del Golfo SA de CV, Comercial Chemax SA de CV lo poseyó en forma pacífica, pública, y sin oposición alguna.
En mayo de 2006, Desarrollos Turísticos Hoteleros SA de CV presentó demanda mercantil ordinaria contra varios inversionistas y de Comercial Chemax SA de CV en la que exige, entre otros aspectos, la nulidad absoluta del contrato celebrado con Acuícola del Golfo SA de CV; la declaratoria de que Desarrollos Turísticos Hoteleros SA de CV es propietaria del lote G; la pérdida a favor de ésta de las construcciones realizadas por Comercial Chemax SA de CV en el predio; y la entrega de la posesión real y material del citado lote. Ante estas peticiones improcedentes, Comercial Chemax SA de CV dio respuesta con 33 pruebas de ocupación y posesión del predio; y presentó 14 testigos de que ocupaba el inmueble en forma pacífica, pública y sin oposición de terceros.
Los inversionistas argumentaron que el juez competente para conocer este asunto era el de Compostela, Nayarit y no el de Nuevo Vallarta, lugar en donde se radicó inicialmente el juicio. En diciembre de 2010, la Tercera Sala Unitaria Civil del Tribunal de Justicia de Nayarit, les dio la razón y determinó la competencia del Juzgado de Compostela, Nayarit, para seguir conociendo el caso.
El pasado mes de junio de 2011, se solicitó a dicho juzgado por uno de los inversionistas codemandados, la declaración de la caducidad de la instancia, al haber transcurrido el plazo legal para impulsar el procedimiento, mismo que nunca se realizó. En el mes de julio, el citado tribunal declaró efectiva la caducidad de la instancia. Ante esto, Desarrollos Turísticos Hoteleros SA de CV, pretendió impugnar, fallidamente estas dos últimas resoluciones del órgano judicial competente.
Como podrá observarse hasta aquí, la disputa por la propiedad del multicitado lote G del condominio Los Flamingos, en Nayarit, siempre se llevó a cabo por la vía civil o mercantil ; y la empresa Desarrollos Turísticos Hoteleros SA de CV, al no tener la razón ni presentar las pruebas que lo acreditaran legalmente como la posesionaria y propietaria, perdió todos los juicios realizados en ese estado, tanto por el predio como por el hotel mencionados.
Una causa que venía siendo civil y mercantil, de repente se transformó en una causa penal cuando, violentando la Constitución, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal, con residencia en Puente Grande, Jalisco, instruyó la causa penal 427/2011, en la que Desarrollos Turísticos Hoteleros, SA de CV demandó por delito de fraude a los inversionistas que adquirieron el terreno en comento, solicitando órdenes de aprensión contra ellos.
La Procuraduría General de Justicia del estado de Jalisco determinó la averiguación previa 205/2009 y dictó órdenes de aprehensión en contra de los inculpados, deteniendo a Aníbal Alejandro Pedrero Loaiza y Estéfano Domínguez Manzi, fijándoles una fianza de 290 millones de pesos para dejarlos en libertad provisional. Hasta el momento, uno de los inculpados permanece en prisión por no cubrir la fianza solicitada.
El Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del estado de Jalisco (causa penal) y la Procuraduría General de Justicia de ese Estado (averiguación previa), violaron las garantías individuales de los demandados, al proceder sobre un asunto que claramente no es de su competencia , lo que viola el artículo 16 de nuestra Carta Magna, que señala que “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente , que funde y motive la causa legal del procedimiento”
Ni el citado juzgado ni la procuraduría de Jalisco son competentes, ya que aún el supuesto que hubiera algún delito que perseguir, éste se cometió en el estado de Nayarit y no en el estado de Jalisco , como lo pretende hacer valer el juez responsable. Por si fuera poco, Desarrollos Turísticos Hoteleros, SA de CV, señaló que en lo sucesivo, para cualquier asunto o acuerdo que deseen, tendrán que dirigirse a Diego Fernández de Ceballos y Antonio Lozano Gracia.
El Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Estado de Jalisco, argumentó que Desarrollos Turísticos y Hoteleros SA de CV, es una empresa que tiene su domicilio social y centro de actividades en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; y sufrió un detrimento en su patrimonio, por lo que aplicó el artículo 2o. del Código de Procedimientos Penales del Estado, así como lo prescrito en el numeral 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
A todas luces la apreciación señalada por el mencionado juez del estado de Jalisco es ilegal, carente de motivación y violatoria de garantías, ya que, suponiendo sin conceder , de haberse ejecutado el delito que se le imputa a diversas personas, éste habría sido cometido en un territorio muy diferente a la jurisdicción del estado de Jalisco, por lo que la competencia correspondería al juez penal del lugar en donde se cometió el delito, en este caso, Nayarit.
La circunstancia de que Desarrollos Turísticos y Hoteleros SA de CV tenga su domicilio en otra ciudad, no implica que el supuesto ilícito haya tenido o tenga sus efectos en la jurisdicción del estado de Jalisco, sobre todo considerando que el objeto material del supuesto delito, versa sobre un predio que se encuentra en el estado de Nayarit.
Cabe señalar que la primera transmisión de dominio, entre el fideicomiso Bahía de Banderas, fiduciaria especial del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC y la sociedad mercantil, Inmobiliaria y Arrendadora Vida Mar, SA de CV, se realizó en Nayarit, por lo cual, al encontrase el predio y las operaciones posteriores realizadas en dicho estado, la autoridad jurisdiccional competente debe ser de dicha entidad federativa.
Por otra parte se estima que, por el tiempo transcurrido, existe la prescripción del caso , ya que el asunto por el que se ejercitó la acción penal inició en el año de 1998, es decir, hace más de 13 años ; y la supuesta ofendida presentó la denuncia más de 10 años después de ocurridos los hechos , y ya construido el Hotel Riu Palace Pacífico, situación que demuestra flagrante dolo; lo cual debió haber sido considerado por el juez para determinar la prescripción de la acción penal, al haber transcurrido más de ocho años nueve meses del supuesto ilícito.
Es importante destacar que la empresa Desarrollos Turísticos y Hoteleros, SA de CV, conocía que se trataba de un asunto de carácter civil y no penal, como ahora pretende hacer valer, fuera de todo contexto jurídico. Los poderes Ejecutivo y Judicial del estado de Jalisco, son empleados como un simple instrumento para obtener una sentencia contraria a derecho; y con eso, convertirse en cómplices de una empresa que desea obtener un lucro indebido que no le corresponde, sin importarle el estado de derecho que se respete y se reconozca en la República Mexicana.
La empresa Desarrollos Turísticos y Hoteleros, SA de CV, ha contado con la complicidad y apoyo del Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal y del Procurador General de Justicia del estado de Jalisco, quienes sin el menor recato, hicieron una interpretación tramposa y equivocada de las leyes de esa entidad federativa y violentaron –siguiendo instrucciones o por propia ambición- las garantías individuales de ciudadanos radicados en otra entidad federativa, disponiendo se les privara del mayor bien jurídico que tiene el hombre, que es la libertad.
Hacemos una última reflexión. ¿Por qué la sociedad Desarrollos Turísticos y Hoteleros, SA de CV, y sus abogados trasladaron un caso que perdieron en Nayarit al estado de Jalisco? ¿Por qué de inmediato y sin previo aviso a los inculpados, para que presentaran pruebas en su favor, como debe ser, se giró y ejecutó la orden de aprehensión? ¿En qué medida afecta la imparcialidad que debe tener el juicio, que Diego Fernández de Ceballos y Antonio Lozano Gracia abogados de esa empresa y las autoridades locales pertenezcan al Partido Acción Nacional, -un partido político permanentemente señalado por su interés en hacer negocios más que en beneficiar a la sociedad- y desean aprovecharse del poder político con el que cuentan en dicha entidad federativa, sin importarles las imprevisibles consecuencias, que con dichos actos le pueden ocasionar al país entero?
Con base en las consideraciones previas, someto al pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al gobierno del estado de Jalisco, para que acorde con una actitud republicana, respete la soberanía del estado de Nayarit y cese su actitud intervencionista; considerando que la Tercera Sala Unitaria Civil del Tribunal de Justicia de Nayarit, determinó la competencia del Juzgado de Compostela, Nayarit, para llevar el caso de carácter civil-mercantil entre Desarrollos Turísticos Hoteleros, SA de CV, y sus demandados; causa perdida que se presentó y aceptó en Jalisco como de carácter penal.
Segundo. Se exhorta al Consejo de la Judicatura, con base en las atribuciones que tiene establecidas en el artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, realice una visita extraordinaria, investigue y, en su caso, determine las responsabilidades en que haya incurrido el Juez Cuarto Penal de Primera Instancia en el estado de Jalisco; y tenga a bien determinar si cometió una falta grave, por haber dado curso un juicio donde los hechos tuvieron lugar en otro estado de la república, y librado órdenes de aprehensión, con el apoyo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco. Así como considere la procedencia de las referidas órdenes de aprehensión y señale, para los efectos a los que haya lugar, la situación del inculpado que aún se encuentra detenido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2011.
Diputado José Narro Céspedes (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a emitir el decreto correspondiente que elimine definitivamente el IETU para impulsar la recuperación del crecimiento en favor de la inversión y el empleo, a cargo del diputado Alfredo Francisco Lugo Oñate, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Alfredo Francisco Lugo Oñate, diputado federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SHCP a eliminar definitivamente el impuesto empresarial de tasa única (IETU), de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
Cuando se estableció el impuesto empresarial de tasa única (IETU), se argumento que era creado con el fin de gravar a quienes no pagaban el impuesto sobre la renta (ISR), concebido como un impuesto mínimo y de control, para eliminar los regímenes preferenciales, con el propósito de incrementar la recaudación. Lamentablemente, en retrospectiva, no se recauda lo esperado y si se ha afectado a los contribuyentes.
Por ejemplo, el estado de Querétaro vive un fuerte déficit por el alto incremento que genera el impuesto empresarial de tasa única, por lo cual resulta prioritario valorar seriamente su eliminación o de lo contrario se generará una reacción contraria al pago de impuestos entre los empresarios del país. En este sentido, el impuesto empresarial de tasa única ha influido en la dinámica del empleo por el cierre de diversas empresas en todo el país.
Lo anterior coloca a todas las empresas del país en desventaja y limita su crecimiento al generarle un impuesto alto e imposible de deducir, lo que impacta de manera negativa en la generación de empleos, que debería ser la meta para todo el país, sobre todo si consideramos que en su momento fue impugnado por miles de empresas por considerar que implica una mayor carga tributaria, que va en contra de las empresas y de las inversiones, con el consecuente cierre de negocios.
Basta considerar que solo el 5 por ciento de las empresas del país es la que paga impuesto de manera regular y puntual, porque 95 por ciento de las empresas es micro y pequeña que apenas empieza a pagar impuestos. “El riesgo es no generación de empleos y no crecimiento y al no tener crecimiento no tiene nuevas plazas para que ingresen los nuevos profesionistas y que pueda detener a México en su crecimiento económico”.
En el estado de Querétaro como todo el país el reto principal es fortalecer a las micro y pequeñas empresas, pero también es de gran importancia permitir el crecimiento de las empresas fuertes, para lo que se requieren programas de fortalecimiento de fuentes de empleo como una política de impuestos más justa.
Al respecto, por ejemplo, en el ramo de la construcción, este gravamen no permite deducir en los terrenos que es una materia prima para construcción y por tanto estamos pagando una sobretasa de impuestos.
En esa virtud las empresas cierran por no aclarar que el cobro del impuesto empresarial de tasa única fue muy alto y por tanto tienen que cerrar ya que no es un “impuesto parejo”.
El impuesto empresarial de tasa única fue impuesto para incrementar los ingresos del gobierno federal y la realidad es que no estamos viendo el progreso con ese impuesto, están sustituyendo lo que no ha ingresado del petróleo con este impuesto, por tal motivo se debe valorar seriamente eliminarlo tanto en el estado de Querétaro como en todo el país.
Consideraciones
Ante la crisis financiera de Estados Unidos, que inició en la segunda mitad de 2007, el gobierno estadounidense implantó un plan anticíclico que comprendió el incremento del gasto público, la reducción de las tasas de interés hasta un nivel de 0.5 por ciento, la disminución de impuestos y la inyección de recursos gubernamentales como parte de un paquete de 825 mil millones de dólares, buscando una solución que recuperara el crecimiento de la economía de ese país.
Desde principios de 2008, las repercusiones de la crisis hipotecaria en Estados Unidos comenzaron a contagiar al sistema financiero internacional y a generar diferentes caídas bursátiles; sobre el particular, las autoridades de todo el mundo optaron por diferentes soluciones, que fueron desde la inyección de liquidez desde los bancos centrales, hasta la intervención de bancos, pasando por la ampliación de la garantía de los depósitos, la creación de fondos millonarios para la compra de activos dañados y la garantía de la deuda bancaria.
Para 2009 el Fondo Monetario Internacional pronosticó que la economía mundial crecerá sólo 1 por ciento, ya que se encontraba deteriorada la confianza de los consumidores y de las empresas. Como consecuencia, diversas empresas globales, particularmente automotrices, anunciaron que recortarían su plantilla laboral, obligadas por las bajas ventas y los costos al alza.
Diversos analistas ubicaron el crecimiento del producto interno bruto en México en 2008 en 1.5 por ciento; y para 2009 tuvo un decrecimiento económico del 2 por ciento, lo que provocó que se pierdan 340 mil empleos formales a consecuencia del grado de integración de nuestra economía con la estadounidense. El Banco de México ha contribuido con su política monetaria restrictiva a elevar las tasas de interés de la banca comercial, agudizando la escasez de crédito.
Es de fundamental importancia preservar los empleos, pero es aun más importante fortalecer las fuentes de trabajo en el país para mantener el ingreso de las familias, por lo que el gobierno federal debe iniciar acciones encaminadas a mantener las fuentes laborales.
Cabe señalar que el artículo 28 constitucional señala en su último párrafo que “se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias cuando sean generales, de carácter temporal y no afecten sustancialmente las finanzas de la nación. El Estado vigilará su aplicación y evaluará los resultados de ésta”. En concordancia, el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación señala en la fracción III que “el Ejecutivo federal, mediante resoluciones de carácter general, podrá conceder subsidios o estímulos fiscales”.
Precisamente, a través de estímulos fiscales con vigencia temporal se podrán mantener los niveles de empleo actuales y hacer frente a la coyuntura internacional.
El impuesto especial a tasa única es un gravamen que debe eliminarse, en virtud de que no ha alcanzado las bondades que se argumentaron para justificar su creación.
Eliminar el impuesto especial a tasa única, o uniformarlo con el impuesto sobre la renta, reduciría la parte administrativa. Tener dos cálculos de impuestos hace el régimen fiscal muy complejo.
El IETU es un impuesto que no ha mostrado su capacidad recaudatoria, por eso la propuesta va en sentido de quedarnos con un solo impuesto.
La tasa actual del impuesto empresarial a tasa única es de 17.5 por ciento y están obligadas a su pago las personas físicas y las morales residentes en territorio nacional, así como los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, por los ingresos que obtengan por enajenación de bienes, prestación de servicios independientes o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.
Por tal motivo la recaudación por concepto del impuesto empresarial a tasa única no ha alcanzado los objetivos en ninguna de las sucesivas leyes de ingresos. Para las empresas, el impuesto empresarial a tasa única ha significado una carga administrativa adicional, que afecta directamente su competitividad. Más allá de incentivar la inversión nacional a través del IETU, ésta se desvaneció y “existe el riesgo de que se desaliente más la inversión extranjera directa”.
Los ingresos tributarios totales han aumentado tan sólo en 2010, en un nivel cercano al 9.6 por ciento del producto interno bruto (PIB).
Por lo anterior, someto a consideración de este pleno, como un asunto de urgente u obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en uso de las facultades contempladas en los artículos 28 constitucional y 39 del Código Fiscal de la Federación, emita el decreto correspondiente para que se elimine definitivamente el impuesto empresarial de tasa única (IETU), para impulsar la recuperación del crecimiento en favor de la inversión y el empleo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2011.
Diputado Alfredo Francisco Lugo Oñate (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a pagar en febrero por la Sagarpa a los productores de temporal de Guanajuato los recursos del ciclo primavera-verano, asignados en el Programa de Apoyos Directos al Campo de 2012, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional del estado de Guanajuato en la LXI Legislatura, presentan ante la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, realice el pago anticipado del Procampo a los productores de temporal del estado de Guanajuato, con base en las siguientes
Consideraciones
El estado de Guanajuato, dadas sus condiciones de clima y suelo, es una de las entidades agrícolas más importantes del país, así como uno de los primeros por la diversidad de sus cultivos, entre los que destacan el maíz, el frijol y el sorgo, entre otros.
De acuerdo con datos del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, el 59 por ciento de la superficie que se siembra en Guanajuato en el ciclo primavera-verano corresponde a cultivos sembrados bajo condiciones de temporal, tales como maíz, sorgo y frijol.
Desde el punto de vista social, el sector de la población rural que depende exclusivamente del temporal para la producción de sus cultivos, es muy relevante en razón de que representa el 67 por ciento de las unidades de producción (casi 100 mil productores).
Este importante sector de la población se ve afectado por la escasez y/o retraso de las lluvias y, en ocasiones, por el exceso de éstas. Esta particularidad, origina incertidumbre en torno a los resultados de la agricultura de temporal, por lo que es causa directa de la vulnerabilidad de este sector productivo de Guanajuato.
Lo anterior ha derivado en que la transferencia de recursos en apoyo a la economía de los productores rurales, como es el caso de los recursos asignados al Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo), se hayan convertido en un complemento a los ingresos de los productores de temporal.
Esta situación atiende a las condiciones adversas que enfrentan algunos municipios de Guanajuato, entre los que se encuentran Pénjamo, Abasolo, Manuel Doblado, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Ocampo, San Felipe, Victoria, Santa Catarina, Atarjea y Xichú, los cuales están catalogados con grado de media y alta marginación y, aunado a ello, estos municipios ostentan altos porcentajes de población en pobreza alimentaria, lo cual contribuye a agravar aún más su condición.
Teniendo en cuenta lo anterior, los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional del estado de Guanajuato planteamos la necesidad de adelantar el pago, a los productores de temporal de Guanajuato, de los recursos asignados al Procampo para el ciclo primavera-verano en el próximo ejercicio fiscal, a fin de contribuir a mejorar las condiciones de la población que vive en condiciones de pobreza y marginación.
Por lo expuesto y fundado, nos permitimos presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se hace un atento exhorto al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, realice el pago a los productores de temporal del estado de Guanajuato, en febrero, de los recursos para el ciclo primavera-verano asignados en el Programa de Apoyos Directos al Campo para el ejercicio fiscal de 2012.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2011.
Diputados: Laura Viviana Agundiz Pérez, Rubén Arellano Rodríguez, Cecilia Soledad Arévalo Sosa, Justino Eugenio Arriaga Rojas, José Erandi Bermúdez Méndez, Edgardo Chaire Chavero, José Gerardo de los Cobos Silva, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, Tomás Gutiérrez Ramírez, Ruth Esperanza Lugo Martínez, Ramón Merino Loo, Jaime Oliva Ramírez, Aránzazu Quintana Padilla, Martín Rico Jiménez, Norma Sánchez Romero, Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, Guadalupe Vera Hernández, Sixto Alfonso Zetina Soto (rúbricas).
Con punto de acuerdo, para que se emita y publique el Reglamento de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos, somete al pleno proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El turismo continúa siendo la tercera fuente de recursos para la economía nacional, es un sector que en momentos de crisis ha mantenido el crecimiento, si bien esto es por la propia dinámica de sus ciclos, en el conjunto de la economía resulta una válvula de escape en momentos de coyunturas a la baja del sistema económico nacional.
Según la Cuenta Satélite del Turismo en México, en 2009 el turismo participo con 8.0 por ciento del producto interno bruto (PIB).
A pesar de sus bondades, los acontecimientos internacionales y nacionales, no han dejado de repercutir en el crecimiento del sector, la crisis mundial de 2009 tal como se esperaba ha repercutido en la evolución del ramo en los siguientes dos años. En el ámbito nacional se dio una disminución en el flujo de los viajeros debido a la influenza, pero sobretodo al desprestigio por la ola de violencia que se vive todos los días a lo largo y ancho del país.
Para contrarrestar todo esto, en el actual sexenio, el Ejecutivo federal ha manifestado en diversas ocasiones la relevancia de esta actividad, a través de acciones como declarar, en enero, al presente 2011: Año del Turismo en México ; al mes siguiente se firmó el Acuerdo Nacional para el Turismo, que buscó conjuntar a los tres órdenes de gobierno, el Poder Legislativo, los sectores empresarial y académico, las organizaciones sindicales y a los prestadores de servicios turísticos para trabajar a favor del sector.
De igual forma el gobierno federal ha destacado que la visión en el ámbito turístico es que en el año 2030, México será un país líder en la actividad turística, y destaca que para lograrlo se debe “conducir el desarrollo turístico nacional, mediante las actividades de planeación...” 1 , de igual manera afirma que es necesario actualizar y fortalecer el marco normativo del sector turismo.
Si bien, en el papel todos estos elementos demuestran que existe una línea de trabajo clara a favor del crecimiento y desarrollo del turismo, lo cierto es que en los hechos no existe una correspondencia con el discurso.
La mejor muestra de la inconsistencia del discurso con las acciones es que a más de dos años de aprobada la Ley General de Turismo no se ha publicado su reglamento. El primer pretexto para posponer no sólo su publicación sino su elaboración fue que a finales del 2009 el Ejecutivo federal hizo la propuesta de desaparecer la cabeza del sector, la primera y mayor inconsistencia. Ante ello el entonces secretario de Turismo, afirmó que en 2010 se elaboraría mediante licitación el reglamento y estaría listo ese mismo año.
Al cambio del secretario de turismo, con la nueva administración de la secretaría, se esperaba se diera paso a la publicación de dicho reglamento. Pero es fecha que no llega.
Este punto no es la primera vez que se le solicita a la secretaria Gloria Guevara; a principios de este año, en específico en febrero, a través de la Comisión de Turismo de esta honorable Cámara, se le pidió la publicación del reglamento.
En aquella ocasión se enfatizó la importancia del mismo, ya que a partir de éste se estructura la operación de la ley, es decir, la penalización, y las acciones de la Secretaría de Turismo (Sectur) para supervisar y regular a todos los involucrados en el ramo, en los diferentes destinos turísticos del país.
Como respuesta, tres meses después, el subsecretario de Innovación y Calidad, afirmó que la propuesta de reglamento se encontraba en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
Pues bien, estamos por concluir el año sin que exista respuesta positiva, es decir, a más de dos años de la publicación de la Ley General de Turismo, no se ha publicado su reglamento. Como consecuencia se tiene un desorden en el ramo, sólo por mencionar un ejemplo está la auto clasificación que cada prestador de servicio hace, sin que tenga una clara concordancia con la calidad de los servicios ofrecidos, lo que se traduce en descontento por parte de los consumidores tanto nacionales como internacionales, ya que no cumple las expectativas de lo que se ofrece y lo que se recibe, con un claro desprestigio de la imagen del país y por tanto disminuye el potencial de un nuevo viaje a México por parte de esos turistas.
No importa cuánto dinero se gaste en campañas publicitarias para revertir la mala imagen de México, no es suficiente que el Ejecutivo federal se lance de un paracaídas o practique el buceo para promocionar las grandes riquezas, si no es capaz de poner orden y regular la actividad del ramo, cumpliendo con un adecuado marco regulatorio como es la elaboración, publicación y puesta en marcha del Reglamento de la Ley General de Turismo.
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta a la secretaria de Turismo, Gloria Guevara Manzo, para que dé cumplimiento al mandato de emitir y publicar el Reglamento de la Ley General de Turismo, el cual se debió publicar en diciembre de 2009.
Notas
1. 5o. Informe de labores, Sectur, pág. 6, 2011.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2011.
Diputada Lizbeth García Coronado (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que levante la veda para otorgar concesiones sobre el uso de agua superficial de los ríos Juchipila y Cuixtla, que alimentan el afluente Santiago en San Cristóbal de la Barranca, Jalisco, a cargo del diputado David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado David Hernández Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a la consideración del pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por medio de la cual se solicita al titular del Ejecutivo federal se levante la veda para otorgar concesiones para el uso de agua superficial de los ríos Juchipila y Cuixtla, que alimentan al río Santiago en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, de Jalisco, de acuerdo a la siguiente
Exposición de Motivos
El agua es un recurso natural fundamental y estratégico para mantener la calidad de vida de la población y para el desarrollo de todas las actividades económicas del país. Considerando lo expuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2007- 2012 en materia de recursos hidráulicos, en donde el Ejecutivo federal parte de la premisa denominada “Desarrollo Humano Sustentable”; cuya línea de acción es hacer que los mexicanos tengan “una vida digna sin comprometer el patrimonio de la generaciones futuras”. En este sentido el Programa Nacional Hídrico 2007-2012, establece que el bienestar social, se consigue mediante el suministro de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales; asimismo, en cuanto al desarrollo económico, el Ejecutivo considera que la distribución adecuada del recurso constituye un insumo básico para generar condiciones que deriven en una mayor productividad.
En nuestro país, según los datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se usa aproximadamente un 70 por ciento del recurso como insumo para la agricultura. Conforme al contexto expuesto del uso del recurso, que el Ejecutivo reconoce para la estructuración de su política hídrica; añadido por la experiencia territorial del proponente, es posible mencionar que existen municipios con una naturaleza mixta, es decir, que pese a que el concentrado de su población habita en la zonas urbanizadas, está depende en buena medida de las actividades primarias, de tal suerte que insumos, como el agua, resultan fundamentales para garantizar a sus habitantes un desarrollo humano con pleno respeto a su dignidad humana, esto es, que en su región consigan beneficiarse con el producto de su trabajo, potenciando el mercado local.
Lo anterior, partiendo de una premisa que corresponde a lo deseable; sin embargo hay situaciones que saltan a la norma, como es el caso del Municipio de San Cristóbal de la Barranca, del Estado de Jalisco. Cuyas autoridades y pobladores, con el único fin de mejorar sus condiciones generales de vida, tuvieron a bien acercarse al proponente, a efecto solucionar dos problemáticas, que a continuación se enuncian:
a) Los campesinos (aproximadamente 300 familias), han venido solicitando a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el cambio de su tarifa por el uso del servicio, misma que actualmente es la del tipo 2 para hacerla al tipo 9. Cambio que se ve imposibilitado por el decreto del 31 de agosto de 1931 que establece veda sobre el uso de las aguas superficiales de los afluentes al río Santiago.
b) El titular de la administración municipal, con fecha 4 de febrero del 2011 envió una solicitud a la Comisión Nacional del Agua, para que sea concedida la concesión para el uso de las aguas superficiales de los ríos Juchipila y Cuixtla, que alimentan al río Santiago. En dicha solicitud se hace manifiesto que la petición se hace con la finalidad de acceder al cambio de tarifas de de CFE, así como también lograr activar la productividad de las áreas agrícolas aprovechables del territorio municipal.
A razón de lo anterior, es posible manifestar que amabas problemáticas se encuentran íntimamente relacionadas, y que su solución beneficiaría a la población del municipio citado, el cual, pese a que tiene un grado medio de marginación, muestra indicadores que hacen notar su desfavorable estado en materia de desarrollo humano. Los cuáles se muestran a continuación
Rubro Total
Población total 3176
Porcentaje de población de 15 años o más analfabeta 10.26
Porcentaje de población de 15 años o más sin primaria completa 37.23
Porcentaje de ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado 5.56
Porcentaje de ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 1.71
Porcentaje de ocupantes en viviendas sin agua entubada 15.39
Porcentaje de viviendas con algún nivel de hacinamiento 39.87
Porcentaje de ocupantes en viviendas con piso de tierra 8.54
Porcentaje de población en localidades con menos de 5 mil habitantes 100. 00
Porcentaje de población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos 55.07
Fuente: Consejo Estatal de Población (Jalisco)
San Cristóbal de la Barranca es un municipio que tiene varias afecciones derivadas del abandono y la falta de inversión federal y estatal. Siendo facultades conferidas por la Constitución al Ejecutivo federal en materia de recursos hidráulicos, y las atribuciones que al efecto le otorgan los artículos 6 fracción II y 7, así como el Titulo Quinto de la Ley de Aguas Nacionales; y en función de la modificación a los decretos de veda respecto al uso de aguas de la Región Hidrológica No. 18 del Río Balsas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de marzo del 2011, mismas que se hicieron públicas en un encuentro con las autoridades de los estados y presidentes municipales beneficiados el día 5 de octubre del 2011.
Y considerando que la modificación al decreto de veda es de utilidad pública para los pobladores del municipio citado, que genera el desarrollo de las actividades productivas de la región y el mercado local; así como también que permite el cambio en las tarifas que los agricultores pagan a la CFE, y que evita la contaminación de las aguas de los afluentes de los ríos Juchipila y Cuixtla en el ya contaminado río Santiago. Someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita al titular del Ejecutivo federal, para que en uso de las atribuciones que le brinda la Ley de Aguas Nacionales, realice los análisis pertinentes para que puedan concederse las concesiones a los agricultores del municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco, para el uso de las aguas de los ríos Juchipila y Cuixtla.
Segundo. Se solicita al titular del Ejecutivo federal pueda realizarse, a la brevedad, el cambio de la tarifa 2 a la 9 para los agricultores del municipio de San Cristóbal de la Barranca.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 25 de octubre de 2011.
Diputado David Hernández Pérez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Jalisco y a las autoridades de la zona metropolitana de Guadalajara a determinar con el Comité Olímpico Mexicano la posibilidad de llevar a cabo en la entidad los Juegos Olímpicos; y a esta soberanía, a enviar una felicitación tanto a los atletas que participaron en los Juegos Panamericanos, con un reconocimiento especial en sesión solemne a los mexicanos acreedores de alguna de las medallas, como al comité organizador y al gobernador del estado porque dichos juegos se hayan desarrollado de forma pacífica y exitosa, suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios
María Joann Novoa Mossberger, en nombre de los suscritos, diputados por Jalisco, integrantes de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracciones II y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por los cuales se exhorta al gobierno de Jalisco y a las autoridades municipales de la zona metropolitana de Guadalajara a determinar en coordinación con el Comité Olímpico Mexicano y a través de un análisis la posibilidad de llevar a cabo los Juegos Olímpicos en el ese estado y, de ser viable, formular la solicitud correspondiente para el Comité Olímpico Internacional (COI). Asimismo, que la Cámara de Diputados envíe una felicitación a cada uno de los atletas que participaron en los Juegos Panamericanos, efectuando un reconocimiento especial a los deportistas mexicanos acreedores de alguna de las medallas en sesión solemne; de igual manera, que envíe una felicitación al comité organizador por el desempeño en la realización, la inauguración y el desarrollo de los Juegos Panamericanos y al licenciado Emilio González Márquez, gobernador constitucional de Jalisco, por su entrega y dedicación para que se hayan desarrollado de forma pacífica y exitosa dichos juegos, poniendo en alto al estado y, por ende, al país, conforme a las siguientes
Consideraciones
A través de la historia, el ser humano ha buscado fincar en el deporte una forma de educación y disciplina. Estos hábitos adquiridos sirven en la práctica para ser una mejor persona. Cualquier competencia deportiva debe ir encaminada al bien común, a través de un juego limpio, de la tolerancia, la amistad y el respeto, con miras al entendimiento internacional, como una alianza entre las artes, las humanidades y el deporte.
Los primeros Juegos Panamericanos se inauguraron en Buenos Aires el 25 de febrero de 1951, donde participaron más de 2 mil 500 atletas, provenientes de 22 países. En éstos se convoca a atletas provenientes de los países de las Américas en un festejo deportivo y que a la vez sirve para fincar lazos de amistad con otros países. Se realizan cada cuatro años, en el año que antecede a los Juegos Olímpicos, y participan las delegaciones deportivas de los países del continente.
La organización cambió de nombre en 1955 a la Organización Panamericana de Deportes (Pan American Sports Organization). En la actualidad, la organización consiste de 42 naciones de América del Norte, del Centro y del Sur, así como del Caribe.
México ha sido tres veces sede: dos ocasiones en la Ciudad de México, la primera en 1955 y la segunda en 1975; y la tercera se lleva a cabo en Guadalajara, Jalisco. Estos últimos son el resultado de años de trabajo y dedicación tanto en su organización como en su desarrollo. Para ello se requirió el compromiso decidido de todos los órdenes de gobierno y de toda la sociedad. Hoy podemos ver todo este trabajo hecho realidad, a través de un gran esfuerzo, del gran empeño que día tras día pone cada uno de los encargados y toda la sociedad jalisciense, que hoy puede mirar con orgullo el nivel internacional de las instalaciones.
En un futuro inmediato, todo ello servirá como semillero de miles de niños y de adolescentes que quieran desarrollarse en algún deporte en el más alto nivel, ya sea por convicción o desarrollo personal, o para representar con orgullo al país en próximas justas deportivas mundiales. La encomienda primordial ahora y siempre debe ser el impulso del deporte para todos los grupos sociales, como una herramienta del bien común.
Como sabemos, para llevar a cabo la justa olímpica se deben cumplir diversos requisitos internacionales tanto para la seguridad de cada uno de los atletas, los invitados, jueces y visitantes en general como las exigencias para efectuar cada una de las disciplinas que ahí se desarrollan, las cuales podemos ver se han cumplido y con ello demostramos que tenemos herramientas para ser sede olímpica.
La responsabilidad del COI es dirigir la difusión del olimpismo de acuerdo con las disposiciones de la Carta Olímpica. En ésta se establece que la elección de toda ciudad sede es prerrogativa exclusiva del comité; indica que sólo una ciudad cuya candidatura haya sido aprobada por el Comité Olímpico Nacional (CON) de su país podrá presentarse como candidata a la organización de los Juegos Olímpicos. En este caso, la propuesta es Guadalajara, Jalisco.
La Carta Olímpica es la codificación de los principios fundamentales del olimpismo, de las normas y de los textos de aplicación adoptados por el CON. Rige la organización, la acción y el funcionamiento del movimiento olímpico y fija las condiciones de la celebración de los Juegos Olímpicos. La Carta Olímpica tiene esencialmente tres objetivos principales, y uno de ellos es “define los derechos y obligaciones recíprocas de las tres partes principales que constituyen el movimiento olímpico”; es decir, el COI, la Federación Deportiva Internacional y los CON, así como el comité organizador de los Juegos Olímpicos, todos los cuales han de ajustarse a la Carta Olímpica.
Respecto a la elección de la ciudad sede y de acuerdo con la Carta Olímpica, el gobierno del país de cualquier ciudad aspirante ha de remitir al COI un documento legalmente vinculante en virtud del cual el referido gobierno garantiza y se compromete a que el país y sus autoridades públicas respetarán y se ajustarán. Dicha solicitud se formula con la aprobación del CON.
Con orgullo vemos que los Juegos Panamericanos se han llevado a cabo con mucho éxito, con responsabilidad y con la cordialidad que nos caracteriza a los jaliscienses. Por ello, y en aras de aprovechar todo la infraestructura realizada y la experiencia adquirida, pugnamos porque las autoridades competentes soliciten ser sede de los Juegos Olímpicos en el país.
Los juegos realizados en Guadalajara nos han dejado una gran experiencia, la cual debemos aprovechar porque se ha dado a conocer al mundo el gran esfuerzo hecho por los mexicanos. Demostramos que estamos capacitados para tener unos juegos olímpicos en este estado de la república.
Con la infraestructura utilizada en estos juegos se demuestra que estamos preparados en todos los aspectos para ser sede, además del impulso económico que tendría el país y de la relevancia de estimular el turismo, y qué mejor que a través del desarrollo de este importante encuentro. Estos Juegos Panamericanos deben ser vistos como ejemplo de lucha y dedicación, hecho meritorio para que se solicite de manera inmediata que seamos anfitriones.
Es importante recordar que México ya tiene experiencia en el desarrollo de éstos, demostrando a todo el mundo que sí se podía tener nivel internacional para ello. Basta recordar la decimonovena edición de los Juegos Olímpicos, realizados en México en 1968, los que significan una historia especial. Son uno de los encuentros deportivos más importantes, no sólo por la connotación que tiene cada olimpiada sino por el contexto histórico y político que se vivió en el país y en todo el mundo.
COI, creado en 1894, coordina las actividades del movimiento olímpico, supervisa y administra todo lo concerniente a ello y, lo más importante, selecciona las ciudades que serán sedes de los Juegos Olímpicos cada cuatro años. Por ello pugnamos porque las autoridades competentes realicen todos los trámites para que el país sea considerado para desarrollar tan importante encentro deportivo.
Señoras y señores diputados: no digamos no a esta propuesta. México es un país de oportunidades y hasta hoy hemos demostrado de qué somos capaces, qué podemos brindar al mundo y qué podemos generar económicamente al país, en beneficio de todos.
En virtud de lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno de Jalisco y a las autoridades municipales de la zona metropolitana de Guadalajara a realizar en coordinación con el Comité Olímpico Mexicano un análisis de la viabilidad y, de considerarlo pertinente, presentar la solicitud de sede de los Juegos Olímpicos ante el Comité Olímpico Internacional.
Segundo. Se exhorta a la Cámara de Diputados a enviar una felicitación a cada uno de los atletas mexicanos que participaron en esta justa deportiva y hacer en sesión solemne un reconocimiento especial a los deportistas de la delegación acreedores de alguna medalla.
Tercero. La Cámara de Diputados envía una felicitación al comité organizador por el desempeño en la realización, la inauguración y el desarrollo de los Juegos Panamericanos, y al licenciado Emilio González Márquez, gobernador de Jalisco, por su entrega y dedicación para que se hayan desarrollado de forma pacífica y exitosa dichos juegos, poniendo en alto al estado y, por ende, al país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2011.
Diputados: María Joann Novoa Mossberger (rúbrica), Juan José Cuevas García (rúbrica), Alberto Esquer Gutiérrez, Gustavo González Hernández (rúbrica), José Luis Íñiguez Gámez (rúbrica), César Octavio Madrigal Díaz (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Gumercindo Castellanos Flores (rúbrica), Ana Elia Paredes Árciga (rúbrica), Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Ignacio Téllez González (rúbrica), Jorge Arana Arana, Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Ana Estela Durán Rico, Clara Gómez Caro (rúbrica), Joel González Díaz, Olivia Guillén Padilla (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Jorge Humberto López-Portillo Basave (rúbrica), José Trinidad Padilla López (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño, Rafael Yerena Zambrano, Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), Alberto Cinta Martínez, Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las dependencias que integran el Grupo de Promoción y Evaluación de Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables a agilizar la evaluación y, en su caso, aprobación y certificación de los proyectos de desarrollos urbanos integrales sustentables en estudio, a cargo del diputado Efraín Ernesto Aguilar Góngora, del Grupo Parlamentario del PRI
Efraín Ernesto Aguilar Góngora, diputado de la LXI Legislatura en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con fundamento por lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
A lo largo de los últimos años se ha presentado un crecimiento exponencial y desordenado de la concentración poblacional en asentamientos humanos, mismos que se han conformado por conglomerados urbanos que no garantizan de manera mínima la seguridad, la sustentabilidad del medio ambiente, mitigación a la sobrecarga, y a la calidad de vida de sus habitantes.
Este crecimiento ha obtenido mayor celeridad debido a la construcción masiva de viviendas alrededor de las ciudades, lo que ha implicado una gran dispersión e inversión en tiempo, vialidades, transporte y gasto de energía, la especulación y encarecimiento del suelo y de las reservas territoriales; suelo asequible cada vez más lejos de los centros urbanos, e incremento en los costos para la introducción y mantenimiento de infraestructura y servicios por parte de los estados y municipios.
De acuerdo con información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señala que 73 por ciento de la población en México vive en las ciudades, de los cuales el 53 por ciento habita en las once zonas metropolitanas del país con más de un millón de habitantes. Situación que obligó a la imperiosa necesidad de pensar en un modelo de ciudad integral.
Para atender la problemática suscitada con los desarrollos habitacionales, la administración federal promovió en el año de 2008, la creación de un Grupo de Promoción y Evaluación de Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables (GPEDUIS), a efecto de evaluar los desarrollos urbanos integrales sustentables, por sus siglas, DUIS.
Los DUIS representan una solución práctica a los problemas de urbanización y redensificación habitacional, ya que éste contempla vivienda, infraestructura, servicios, equipamiento, comercio, educación, salud, industria, esparcimiento y otros insumos, mismos que en su conjunto constituyen la creación de nuevas comunidades y ciudades con una visión sustentable.
A partir de su creación, es que se dio inicio y seguimiento al estudio de 20 proyectos DUIS, hecho que permitió que el 5 de noviembre de 2009 fuera aprobado el primero de estos Valle de San Pedro, en Tijuana, Baja California; el segundo El Rehilete en el municipio de Villagrán, Guanajuato, el pasado mes de mayo de 2010; el tercero Puerta de Anza en Nogales, Sonora, el 3 de noviembre de 2010 y, por último, Villa El Cielo en Villahermosa, Tabasco, el 30 de noviembre de 2010.
Con estas acciones, se ha logrado beneficiar, de manera inicial, a un millón de personas con la entrega de 250 mil viviendas, la detonación de significativas fuentes de empleo, además del ingreso de importantes inversiones por 4, 226 millones de dólares.
De acuerdo a lo anterior, si bien es cierto que se han logrado consolidar líneas de acción que permiten estimular el proceso de evaluación y certificación de los DUIS, posterior al 30 de noviembre de 2010, también lo es que no han sido aprobados, certificados o publicados nuevos DUIS, aspecto que limita los alcances benéficos que pretende este nuevo concepto.
Los proyectos que se mantienen pendientes de evaluación técnica y financiera, y por ende de la aprobación y certificación, representan tan sólo en su primera etapa, beneficios por 500 mil viviendas; 2 millones 150 mil personas beneficiadas, e inversiones estimadas por los 9 mil 500 millones de dólares.
La promoción de la vivienda, además de soluciones habitacionales, requiere de espacios que permitan la generación de empleo, la convivencia e integración de la comunidad, donde las familias puedan desarrollarse sin que se deba invertir, de manera excesiva, tiempo e ingresos para desplazarse a sus lugares de estudio y trabajo.
Por lo anterior es que urge aprobar más proyectos DUIS que permitan reducir, en la medida de lo posible los cerca de 8.9 millones de familias que están en rezago habitacional, dotándolos de viviendas dignas, servicios públicos y sociales a su alcance, como transporte público, educación, cultura, salud y asistencia social, industria, comercio y abasto, oficinas de la administración pública, recreación y deporte.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las dependencias que integran al Grupo de Promoción y Evaluación de Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables, las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía y Economía, así como de la Comisión Nacional de Vivienda, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Banobras, Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), ProMéxico y Sociedad Hipotecaria Federal, a que agilicen la evaluación y, en su caso, aprobación y certificación de los proyectos de Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables que se encuentran en estudio. Asimismo, para que a la brevedad posible, se dé cuentas a la ciudadanía del avance que guarda la evaluación técnica y financiera de esos desarrollos urbanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2011.
Diputado Efraín Ernesto Aguilar Góngora (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a realizar acciones que permitan establecer un juzgado de distrito del Poder Judicial de la Federación con residencia en San Luis Río Colorado, Sonora, suscrita por los diputados Marcos Pérez Esquer y Leonardo Arturo Guillén Medina, del Grupo Parlamentario del PAN
De conformidad con el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, los suscritos Diputados Federales Marcos Pérez Esquer y Leonardo Arturo Guillén Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, realizamos solicitud de gestión de recursos para el establecimiento de un Juzgado de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF) con residencia en el Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, que forme parte del Quinto Circuito con circunscripción territorial en el Estado de Sonora, al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones:
I. Antecedentes
1. Sonora se ubica en la región noroeste del país; se divide en 72 municipios y con una superficie territorial de 184 mil 934 kilómetros cuadrados, ocupa el segundo lugar nacional en extensión (después de Chihuahua) y representa el 9.2 por ciento del total del territorio mexicano. Su capital y ciudad más grande es Hermosillo.
2. San Luis Río Colorado, es ciudad y cabecera del municipio del mismo nombre. Se localiza al este del río Colorado y del municipio de Mexicali, Baja California que hace frontera con Sonora.
Al norte colinda con el condado de Yuma en el estado estadounidense de Arizona; al este con el gran desierto de Sonora, también conocido como desierto de Altar y con el municipio de Puerto Peñasco; al sur se encuentra el valle de San Luis, una zona desértica y la desembocadura del Río Colorado en el Mar de Cortés.
El Condado de Yuma se encuentra a 35 minutos de distancia en vehículo y la ciudad de Mexicali, Baja California a 45 minutos, en tanto que la ciudad capital, Hermosillo, a 8 horas en el mismo medio de transporte.
Posee una superficie de 8 mil 412.75 kilómetros cuadrados, que representa el 4.54 por ciento del total estatal y el 0.43 por ciento del nacional; las localidades más importantes además de la cabecera son Luis B. Sánchez, golfo de Santa Clara, Nuevo Michoacán e Islita.
3. San Luis, nacido alrededor de 1918, como colonia agrícola militar, creció al amparo de las aguas del río Colorado, que permitió el cultivo próspero de trigo y algodón, entre otros productos básicos para su economía.
El municipio de San Luis Río Colorado recibió el título de aduana en 1923; en abril de 1924 se le otorgó la categoría de comisaría y, posteriormente, mediante la Ley número 146 de 14 de junio de 1939, obtuvo la categoría municipal con localidades segregadas del municipio de Caborca.
La cabecera municipal es San Luis Río Colorado, que fue elevada a categoría de ciudad en julio de 1958 mediante Ley número 86 de 4 de julio de 1958.
4. En el municipio de San Luis Río Colorado, los principales sectores productivos y de servicios, son la agricultura, ganadería, industria diversa y servicios.
La agricultura cuenta con una superficie total de 29 mil 355 hectáreas. En los últimos años, la agricultura del municipio se ha diversificado con el cultivo del algodón y de hortalizas y hoy en día, se siembran anualmente 5 mil hectáreas de vegetales, tales como cebollín, coliflor, rapíni, melón, espárrago, calabacita y otras hortalizas, y en frutales el dátil, durazno, vid y el higo.
La pesca junto con la agricultura, son las principales actividades del sector primario en el municipio, generando en su conjunto 9 mil 651 empleos, lo que representa el 28 por ciento de la población ocupada. Dicha actividad es realizada por 2 cooperativas de altura, 3 cooperativas de bahía y 3 permisionarios con 16 embarcaciones mayores y 105 lanchas.
La actividad ganadera se practica en 800 mil hectáreas contando con más de 2 mil 500 cabezas de ganado bovino y 263 productores. Su principal producto es el becerro que se exporta a los Estados Unidos de América.
La industria es la segunda actividad en importancia en la economía del municipio, ya que genera 9 mil 57 empleos, lo que representa un 26 por ciento de la población ocupada. Entre los principales ramos del sector destacan el de la construcción, tortillerías, agroindustrias y de una manera preponderante la industria maquiladora que ha tenido un despegue significativo en los últimos años, ya que cuenta con 27 plantas industriales y da ocupación a 7 mil 699 trabajadores.
También el comercio es una actividad importante para la economía municipal, ya que junto al sector servicios genera 15 mil 870 empleos, lo que representa el 46 por ciento de la población ocupada. La actividad comercial se desarrolla mediante mil 672 establecimientos de abarrotes, farmacias, mueblerías, ferreterías, tiendas de ropa, zapaterías y locales de artesanías.
Además, San Luis Río Colorado tiene una importante industria turística, para lo cual está bien provisto de establecimientos comerciales y servicios. En las proximidades de San Luis es posible practicar la caza de especies, como palomas y patos en la temporada permitida y cuenta con atractivos naturales como el golfo de Santa Clara y la región volcánica del Pinacate. También cuenta con una infraestructura turística conformada por 19 hoteles con disponibilidad de 675 cuartos; trailer park con 150 espacios, 36 restaurantes y 20 bares. El personal ocupado en este sector asciende a 2 mil 324 personas.
Derivado de ello, en San Luis Río Colorado, se tiene una población económicamente activa de 35 mil 628 habitantes. 1
5. En el rubro de impartición de justicia, en el ámbito local, el distrito judicial de San Luis Río Colorado, con cabecera en San Luis Río Colorado, Sonora, comprende el municipio de San Luis Río Colorado y cuenta con un juzgado civil, dos juzgados penales y un juzgado mixto, dependientes del Poder Judicial del estado. 2
En el orden federal, el quinto circuito con circunscripción territorial en el estado de Sonora, se conforma por los siguientes órganos jurisdiccionales federales:
• Cinco tribunales colegiados especializados (tres en materias penal y administrativa, y dos en materia civil y de trabajo), todos con residencia en Hermosillo;
• Cinco tribunales unitarios con sede en Hermosillo; y
• Diez juzgados de distrito, cuatro con sede en Hermosillo, tres con residencia en Nogales, dos con sede en Ciudad Obregón y uno con residencia en Agua Prieta.
En atención a su ubicación geográfica y como caso excepcional, San Luis Río Colorado pertenece al Décimo Quinto Circuito Judicial con circunscripción territorial en Baja California, el cual se encuentra conformado con los siguientes órganos jurisdiccionales federales:
• Cinco tribunales colegiados con residencia en Mexicali;
• Siete Tribunales Unitarios: tres con sede en Mexicali y cuatro con residencia en Tijuana; y
• Dieciséis juzgados de distrito: seis con sede en Mexicali, ocho con residencia en Tijuana, y dos con sede en Ensenada. 3
II. Consideraciones
1. El artículo 17 de la Constitución federal, establece como una de los derechos fundamentales de los mexicanos, el de acceso a la impartición de justicia.
Al respecto, dispone en la parte que interesa: “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales”.
Esa garantía de orden jurisdiccional de acceso a la impartición de justicia, ha sido interpretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el sentido de que consagra a favor de los gobernados diversos principios:
De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes;
De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado;
De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y,
De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. 4
Adicionalmente, el máximo tribunal del país, ha establecido que dicha garantía constitucional entraña para los gobernados la plena posibilidad de acceder, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, a tribunales independientes e imparciales, para plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. 5
Por ello, en concepto de la SCJN, esa garantía sólo puede atenderse “si la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público –en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial– no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador”. 6
Partiendo de tales consideraciones, resulta inconcuso que si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, uno de los factores que permiten su concreción, es la existencia de órganos jurisdiccionales suficientes y localizados cerca del lugar de residencia de los gobernados, pues así puede permitirles el pronto e inmediato acceso a ellos, ya sea para plantear un acción o para defenderse de ella.
Visto así, el establecimiento del órgano jurisdiccional competente en un territorio alejado del lugar en que habitan los gobernados que pueden acudir a él para deducir sus derechos, atenta en contra de esa garantía individual y vulnera los derechos fundamentales de los gobernados al constituir la distancia un “obstáculo” para el acceso a la impartición de justicia expedita, pronta, completa e imparcial.
2. Por ello, el PJF, a través de su Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ha puesto especial énfasis en el número y ubicación de los órganos de impartición de justicia de carácter federal.
Al respecto, ha reconocido “la necesidad de crear más órganos jurisdiccionales y por el otro, la rapidez con que el Consejo de la Judicatura Federal da respuesta a los reclamos de justicia de la sociedad”. 7
A la fecha, existen 680 tribunales y juzgados federales que llevan la administración de justicia y el mapa jurisdiccional federal iguala al mapa político, pues actualmente se tiene el mismo número de circuitos federales que de entidades federativas.
“La geografía jurisdiccional de nuestro país, asentada en 68 localidades (66 municipios, el Distrito Federal y las Islas Marías) y alojada en más de 170 inmuebles, se mueve de manera constante y su crecimiento obedece en parte a las necesidades apremiantes de llevar la administración de justicia a donde se necesita”. 8
Con esa visión, se han ido creando nuevos órganos jurisdiccionales federales, muestra de ello es que mientras en febrero de 1995, –al crearse el CJF–, había en el país 305 órganos jurisdiccionales; hoy existen 375 más y para 2011 se contempló la implementación de otros 62 órganos, “en función del crecimiento de la población y la demanda de órganos jurisdiccionales ante el desbordamiento y aumento del número de delitos de carácter federal”, circunstancias que han exigido al CJF una respuesta inmediata en cuanto al número, tipo y ubicación de tribunales y juzgados.
Cabe apuntar que hace algunos años, la determinación del número de circuitos y distritos judiciales en que se dividía el territorio de la República Mexicana se establecía en las leyes orgánicas del Poder Judicial de la federación, en las que se precisaban, además, el número y residencia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito comprendidos en cada circunscripción territorial.
Afortunadamente, a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la federación de 5 de enero de 1988, que derogó la antigua Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de 10 de enero de 1936, el pleno de la SCJN quedó facultado para determinar el número, especialización y límites territoriales de los Tribunales Colegiados y Tribunales Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito en todo el país.
En ejercicio de dicha facultad, el pleno de la SCJN emitió el Acuerdo 1/1988 de 15 de enero de 1988, el cual fue sustituido con posterioridad por los diversos 1/1993 y 1/1994 de fechas 13 de enero de 1993 y 1 de febrero de 1994.
Con motivo de la expedición de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, que abrogó la diversa de 5 de enero de 1988, y en concordancia con las reformas constitucionales y legales que crearon el CJF, se atribuyó a este último, en los artículos 81, fracciones IV, VI, XX y XXIV, y144 del ordenamiento citado, la facultad de determinar el número y los límites territoriales de los circuitos en que se divida el territorio de la república, así como el número y, en su caso, especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito en cada uno de los circuitos judiciales
Al iniciar sus funciones, el CJF sólo existían 23 Circuitos Judiciales Federales en el país, con un total de 305 órganos jurisdiccionales federales (175 Juzgados de Distrito, 47 Tribunales Unitarios de Circuito, y 83 Tribunales Colegiados de Circuito), y hoy en día, como se dijo, existen 680 órganos jurisdiccionales radicados en 68 localidades y distribuidos en 32 circuitos. Lo anterior representa un aumento de más de 100 por ciento en el número de juzgados y tribunales en funciones.
De la mayor importancia resulta el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad suscrito el 21 de agosto de 2008 por el PJF, a través del cual asumió, entre otros compromisos, el relativo a la instalación de nuevos órganos jurisdiccionales en los circuitos con mayores cargas de trabajo para contribuir a superar la situación en que se encuentra la seguridad pública de la nación y brindar respuestas más ágiles y eficientes que permitan atender con mayor calidad y rapidez los procesos judiciales.
Finalmente, en este año se aprobó el Acuerdo General 11/2011 del pleno del CJF, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2011, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.
3. Sin desconocer los notables esfuerzos que ha realizado el CJF para asegurar a los gobernados el respeto a su garantía de impartición de justicia pronta y expedita, mediante el establecimiento de un mayor número de órganos jurisdiccionales federales, se considera que en el caso de Sonora, particularmente, el municipio de San Luis Río Colorado, existe una asignatura pendiente.
Esto es así, ya que pese al crecimiento del municipio, al incremento de sus actividades productivas, a su cercanía con los Estados Unidos de América y lógicamente, al aumento de los conflictos jurídicos que cotidianamente se someten al conocimiento y resolución de los órganos jurisdiccionales locales y luego, federales, aún no se ha dispuesto el establecimiento de un juzgado de distrito en la localidad, ante el cual puedan interponerse los juicios de amparo para la defensa de los derechos fundamentales de los gobernados.
Por el contrario, en atención a su ubicación geográfica, se ha colocado al municipio en un estado de excepción, pues los gobernados y los abogados litigantes, se ven obligados a trasladarse hasta la ciudad de Mexicali, en el vecino Estado de Baja California, a casi 1 hora de trayecto, para presentar sus escritos de demanda, alegaciones, pruebas, recursos e incluso, simplemente para verificar el estado procesal de su expediente.
Tal circunstancia, como se indicó, constituye una especie de “obstáculo” que atenta contra la garantía de impartición de justicia consagrada constitucionalmente, habida cuenta que los habitantes de ese municipio ven mermadas sus posibilidades de deducir –con la inmediatez y la celeridad que se requiere– sus derechos ante los órganos jurisdiccionales federales. Además, conviene destacar que la Quinta Circunscripción territorial correspondiente al estado de Sonora, actualmente se compone por 5 tribunales colegiados, 5 tribunales unitarios y 10 juzgados de distrito (total 20), siendo que otras entidades federativas de menor dimensión territorial cuentan con un mayor número de órganos jurisdiccionales federales.
Así por ejemplo, el estado de México cuenta con 17 tribunales colegiados, 5 tribunales unitarios y 23 juzgados de distrito (total 45); Baja California tiene 5 tribunales colegiados, 7 unitarios y 16 juzgados de distrito (total 28) y Nuevo León registra 11 tribunales colegiados, 2 unitarios y 13 juzgados de distrito (total 26). 9
También el estado vecino de Chihuahua, con el territorio más grande del país (Sonora es el segundo) tiene un mayor número de órganos judiciales federales, pues tiene un total de 22 (6 tribunales colegiados, 5 tribunales unitarios y 11 juzgados de distrito).
Lo anterior, evidencia la necesidad de establecer un juzgado de distrito en el municipio de San Luis Río Colorado que además, forme parte del Quinto Circuito Judicial, eliminando así la situación de excepción en que se encuentra.
Sólo así se alcanzará el ideal de don José María Morelos y Pavón resumida en la frase pronunciada en la víspera de la celebración del Congreso de Chilpancingo, el 13 de septiembre de 1813: “Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario”.
III. Proposición .
Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta honorable Asamblea, proposición con el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal, para que realice las acciones necesarias que permitan el establecimiento de un Juzgado de Distrito del Poder Judicial de la federación con residencia en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, que forme parte del Quinto Circuito con circunscripción territorial en Sonora, y que elimine el estado de excepción en que se encuentra actualmente esa localidad, como parte del Décimo Quinto Circuito Judicial.
Notas
1 Fuente: Gobierno Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, http://sanluisrc.gob.mx/
2 Fuente: Poder Judicial del estado de Sonora, http://www.stjsonora.gob.mx/tribunal/sanluis/
3 Fuente: Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, Atlas Jurisdiccional 2011, www.cjf.gob.mx
4 Tesis de jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de rubro “Acceso a la impartición de justicia. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece diversos principios que integran la garantía individual relativa, a cuya observancia están obligadas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales.” , 9a. Época, 2a. Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, p. 209.
5 Tesis de jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro “Garantía a la tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus alcances.”, 9a. Época, 1a. Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, página 124.
6 Ídem.
7 Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, Op. Cit.
8 Ídem.
9 Ídem.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2011.
Diputados: Marcos Pérez Esquer, Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS y a la SEP a defender los intereses de los jóvenes estudiantes y trabajadores para que se gradúen y desempeñen labores dignas; y a los gobernadores y a los alcaldes, a establecer con los sectores público, privado y social programas que impulsen a los jóvenes trabajadores, a cargo del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Jesús Alberto Cano Vélez, Ernesto de Lucas Hopkins, Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, José Luis Marcos León Perea, Onésimo Mariscales Delgadillo y Miguel Ernesto Pompa Corella, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I; 62, numeral 2; y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados someten a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 5o. que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siempre que sean lícitos. También señala que el ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. El artículo 3o. de la Ley Federal del Trabajo indica que “el trabajo” es un derecho y un deber social. No es artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia.
En la legislación se indica que no podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social. Y que es de interés social promover y vigilar la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores.
La regulación, al establecer que el trabajo es un deber social, busca enterrar la connotación de individualismo radical del sistema capitalista prevaleciente en la legislación laboral. Sin embargo, este propósito no se ha logrado: en el contexto actual, ninguno de los actores involucrados ha conseguido crear condiciones que garanticen el cumplimiento de su deber y, al mismo tiempo, ejercer el derecho de realizar un trabajo útil para el bien del trabajador, de su familia y de la sociedad a que pertenece.
En esta tesitura, nos encontramos ante una deficiente política laboral para los jóvenes: éstos siempre han tenido trabajos mal pagados y sin prestación laboral. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el segundo trimestre de 2011 indica que de los jóvenes, 31.7 millones, la mitad forma parte de la población económicamente activa. Este sector gana mensualmente alrededor de 5 mil 200 pesos, sin olvidar que la mayoría de ellos no cuenta con un contrato individual de trabajo ni prestaciones de ley, como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y demás beneficios que establece la Ley Federal del Trabajo. Es importante recalcar que 55 por ciento de los desocupados corresponde a jóvenes de entre 14 y 29 años; es decir, de 2.6 millones de mexicanos desempleados, 1.4 millones tienen menos de 30 años.
La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010, a cargo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, cuyos resultados relativos a los jóvenes, 32 por ciento de la población mexicana, muestran que 20.9 por ciento de la población de entre 15 y 29 años considera que no se respetan sus derechos. En particular, el sector de la juventud que más padece de las violaciones de derechos son los de entre 25 y 29 años. Es de subrayarse que 6 por ciento de los niños de 12 a 14 años encajan en el perfil nini, lo mismo que 10 por ciento de los que tienen entre 15 y 17, 13 por ciento de los que van de 18 a 24, y 8 por ciento de los que tienen entre 25 y 29 años. Es decir, 7 de cada 10 jóvenes en el país “nunca han tenido trabajo”; 53 por ciento de los que tienen entre 28 y 29 años está convencido de que tener un título profesional no garantiza trabajo y 35 por ciento piensa que es preferible salir del país para mejorar las condiciones de vida.
Al ver las cifras anteriores se puede concluir que las generaciones que comienzan a destacar en los ámbitos escolares y profesionales son opacadas por la falta de oportunidades laborales. En este sentido, se debe considerar la necesidad de salvaguardar los derechos laborales con los educativos de los jóvenes. Es decir, debe buscarse que los jóvenes no vean limitado su acceso a la educación, así como la exitosa conclusión de éstos, por la necesidad de conservar un empleo como medio de subsistencia. De modo contrario, por no concluir los estudios, sus futuras oportunidades de crecimiento laboral se truncarán.
El gran problema de México en materia educativa no se refiere únicamente a la cobertura de los servicios de educación sino al abandono y la deserción escolar en todos los niveles y por diversas razones. Esta situación se agrava en la medida en que los jóvenes no encuentran condiciones propicias para continuar su educación y se ven obligados a trabajar sin ninguna consideración para su calidad de estudiante.
Es necesario que el gobierno federal establezca con los de las entidades federativas programas que impulsen a los jóvenes trabajadores mediante una serie de facilidades de orden laboral; por ejemplo, horarios flexibles, la forma en que se les irá capacitando y adiestrando a lo largo de su relación laboral, sus derechos de preferencia, antigüedad, ascenso y prestaciones mínimas de ley para los jóvenes que demuestren tener actividad escolar permanente. Es decir, crear condiciones que permitan a los jóvenes continuar y terminar los estudios y desempeñar trabajos dignos.
Por lo expuesto y fundado, acudimos ante el pleno para solicitar que respalde la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al gobierno federal, en específico a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, y de Educación Pública, a defender por las instancias correspondientes los intereses de los jóvenes estudiantes y trabajadores que permitan continuar y terminar sus estudios y desempeñar trabajos dignos.
Segundo. Se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas y a los gobiernos municipales a establecer programas con los sectores público, privado y social que impulsen a los jóvenes trabajadores mediante una serie de facilidades de orden laboral: horarios flexibles, la forma en que se les irá capacitando y adiestrando a lo largo de su relación laboral, y sus derechos de preferencia, antigüedad, ascenso y prestaciones mínimas de ley.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2011.
Diputados: Manuel Ignacio Acosta Guti?rez (r?rica), Jes? Alberto Cano V?ez (r?rica), Ernesto de Lucas Hopkins (r?rica), Rogelio Manuel D?z Brown Ramsburgh, JosLuis Marcos Le? Perea (r?rica), On?imo Mariscales Delgadillo, Miguel Ernesto Pompa Corella.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a vigilar la adecuada utilización de los recursos federales transferidos a Yucatán para implantar las acciones, las medidas, los programas y las campañas de combate del grave brote del virus del dengue, a cargo de la diputada María Yolanda Valencia Vales, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada María Yolanda Valencia Vales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XVIII, 6, fracción I, 62, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud Federal para que vigile la adecuada utilización de los recursos federales transferidos al Estado de Yucatán para la implementación de las acciones, medidas, programas y campañas para combatir el grave brote del virus del dengue que están padeciendo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El dengue es una enfermedad que se presenta principalmente en temporada de lluvias y en climas cálidos, y se transmite de una persona enferma a una sana, a través de la picadura de la hembra del mosquito Aedes aegypti, cuya larva se reproduce principalmente en charcos y agua acumulada en cacharros y basura.
La propagación del dengue comenzó a extenderse en Yucatán desde el mes de agosto, debido a las altas temperaturas, las lluvias y a la falta de precaución sanitaria.
En estos momentos Yucatán ocupa el primer lugar de casos de dengue en el país. En Yucatán no se realizó ninguna acción preventiva en el tiempo que se debió hacer y al día de hoy la autoridad estatal se encuentra restándole la importancia que reviste este grave problema.
El secretario de Salud estatal, Álvaro Quijano Vivas, aseguró que no oculta información sobre el brote de dengue y se ha encargado de culpar a la sociedad por su poca participación en la aplicación de medidas preventivas. Reconoció que el dengue es un problema que sigue en el estado y que el número de casos ya rebasó la cifra de 2010 en donde en ese año hubo 2 mil 527 confirmados y en este año 2011 al día 31 de octubre ya son casi 3 mil los casos registrados de los cuáles el 90 por ciento son del tipo hemorrágico y se tiene confirmada la muerte de 8 personas debido al dengue.
Resulta muy cómodo que este funcionario desatienda su responsabilidad y obligación, echándole la culpa a un tercero sobre un hecho o circunstancia determinada. Así se entiende la postura de un muy irresponsable funcionario que le tira la pelota a la sociedad sobre cualquier hecho que él no ha sido capaz de resolver o solucionar.
Con una cifra tan elevada de personas fallecidas, y miles de enfermos, lo menos que se puede decir es que las afirmaciones del doctor Álvaro Quijano Vivas, resultan ser lamentables, poco profesionales, penosas, irresponsables e incongruentes, en particular por tratarse de la autoridad máxima en materia sanitaria en el estado, quien tiene toda la responsabilidad de la salud pública de Yucatán.
Los verdaderos responsables del grave brote de dengue que se está registrando en Yucatán son la gobernadora y el secretario de Salud estatal ya que no aplicaron las campañas de prevención como las realizaba la administración pasada en donde veíamos en televisión, en radio, en prensa, la promoción de medidas de salud en esta materia como la de “patio limpio”, “tira tus cacharros” que se llevaban a cabo durante las semanas epidemiológicas previas a la época de lluvias, con todos los Ayuntamientos, donde se les comprometía en la importancia de hacer partícipe a sus comunidades.
El programa de vectores que incluía al dengue, funcionaba en la administración anterior del 2001-2007 con organización y anticipación se programaban la adquisición de insumos, mucho antes a la época de lluvias. Se hacían de manera programada las acciones y campañas preventivas. Participaba todo el sector, coordinados y a convocaría del gobierno del estado a través de los servicios de salud de Yucatán: IMSS, ISSSTE, Sedena, Marina, ayuntamientos, la Secretaría de Educación, entre otros.
Se equipaba la infraestructura para prevenir la enfermedad del dengue, con camionetas equipadas con bombas de fumigación, moto-mochilas, brigadistas distribuidos en todo el estado, insumos como el Aquareslim-insecticida para fumigar en las noches y madrugadas mientras todos dormían, el Abate producto químico granulado que era distribuido en alcantarillas, rejillas y en escuelas para prevenir el crecimiento de larvas, Agnique producto químico derivado del alcohol para aplicar en las charcas naturales como los aquaparques y evitar mediante una película repelente que el mosco transmisor del dengue pudiese ovar y dejar larvas. Toda una infraestructura para realizar acciones de prevención y promoción de la salud entre la población. Y sí, la población contribuía con estas acciones.
Todo indica que el doctor Quijano no está enterado, que de manera conjunta todo el sector salud, a convocatoria de él como secretario y de la gobernadora, deben participar de manera conjunta con los titulares de los Secretarías de los estados vecinos de Tabasco, Chiapas, Quintana Roo y Campeche, para planear estrategias que protejan a la población de todo el sureste del país. Todo parece indicar que existe negligencia o falta de visión, estrategia, planeación, liderazgo, compromiso y responsabilidad social.
Tienen que reconocerlo, aquí, como en otros temas, se les salió de control. No cumplieron con su responsabilidad. Y eso el secretario de salud estatal y la gobernadora lo saben.
Ahora tenemos que existe saturación en los servicios de salud ya que el brote de dengue en Yucatán ya sobrepasó la capacidad de los hospitales públicos y desde hace varios días las autoridades de salud habilitaron el Hospital Regional de Alta Especialidad como sede alterna para los enfermos.
De acuerdo con los hospitales del IMSS en Mérida, la cotidiana sobrepoblación de pacientes que se observa en esos nosocomios se ha incrementado debido a la descontrolada epidemia de dengue.
Según reportes obtenidos en distintas fuentes, hay por lo menos 400 pacientes por dengue en las instituciones públicas de Yucatán, varios de ellos graves. La información oficial no se llega a conocer a causa de una “ley mordaza” que, todo indica, se ha impuesto a los funcionarios del sector salud.
El gobierno del estado de Yucatán menciona que ha gastado 13 millones de pesos para tratar de contrarrestar el dengue, sin embargo las medidas para combatirlo no están dando los resultados esperados, ya que la enfermedad sigue siendo un problema grave en el Estado, lo que se refleja en el constante movimiento de pacientes hacia las instituciones de salud públicas y privadas.
Pese a las declaraciones de autoridades que tratan de minimizar el problema o de plano ignorarlo, el dengue continúa su imparable avance en Yucatán, con una creciente cuota de enfermos y muertos.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta a la Secretaría de Salud federal, para que con la participación que corresponda a los estados y municipios, vigile la adecuada utilización de los recursos federales transferidos a Yucatán para la implementación de las acciones, medidas, programas y campañas para combatir el grave brote del virus del dengue que están padeciendo.
Dado en el Palacio Legislativo, a 8 de noviembre de 2011.
Diputada María Yolanda Valencia Vales (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar las reglas sobre el otorgamiento del subsidio para la seguridad pública municipal, a ampliar la cobertura a un mayor número de municipios e incluir Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, a cargo del diputado Melchor Sánchez de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PRI
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, el de la voz, diputado Melchor Sánchez de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, en nombre de los diputados federales de Coahuila de Zaragoza, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Como es de conocimiento general y de forma lamentable, a raíz del inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico emprendida por el presidente Calderón, la inseguridad y la violencia se han convertido en el principal problema de nuestro país.
El problema de inseguridad y violencia ha generado una serie de afectaciones directas en la vida de millones de mexicanos, ha provocado miles de muertes así como de huérfanos, viudas y e inmenso dolor en muchos hogares.
El limitado presupuesto que reciben los municipios, no es suficiente para cubrir una de las funciones fundamentales que es la de otorgar seguridad a sus habitantes.
Es por eso, que a instancias de la Federación Nacional de Municipios de México surgió en el año 2008 el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun) que se integra con una aportación financiera del gobierno federal y del municipio y se formaliza mediante la firma de convenios de adhesión.
Este subsidio vino a complementar los recursos que los municipios destinan a esta importante actividad con la intención de coadyuvar en la estabilidad, la gobernabilidad y el desarrollo de los municipios mexicanos.
Para el 2008 se aprobaron al Subsemun recursos del orden de los 3 mil 589 millones de pesos (mdp) que se asignaron de manera directa a 150 municipios.
Para el 2009 estos recursos se aumentaron a 4 mil 137 mdp, ampliándose la cantidad de municipios beneficiados a 206 municipios, asimismo se otorgaron condiciones especiales a municipios turísticos, fronterizos y conurbados.
Para el año 2010, el monto aprobado del Subsemun se mantuvo en 4 mil 138 mdp por lo que el número de beneficiados tampoco aumentó.
Para el ejercicio fiscal de 2011, la Cámara de Diputados aprobó un monto de 4 mil 303.3 de pesos para beneficiar a 220 municipios.
El 28 de enero del año en curso se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reglas para el otorgamiento del subsidio a los municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al gobierno del Distrito Federal en sus demarcaciones territoriales.
Estas reglas señalan que el mencionado subsidio es de de cobertura nacional para los municipios, y en su caso, a las entidades federativas cuando tengan a su cargo la función de seguridad pública o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como el gobierno del Distrito Federal para el ejercicio de dicha función en sus demarcaciones territoriales, conforme al artículo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011.
Los recursos de este subsidio se destinan para los conceptos y conforme a las reglas que establece el Ejecutivo Federal, con el propósito de profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública en los municipios, mejorar la infraestructura de las corporaciones, en el marco de las disposiciones legales aplicables, así como para el desarrollo y aplicación de políticas públicas para la prevención social del delito.
En este sentido, el 14 de enero de este año se publicó en el DOF el acuerdo por el que se da a conocer la lista de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles para el otorgamiento del subsidio en materia de seguridad pública a entidades federativas, municipios y el Distrito Federal, así como la fórmula utilizada para su selección. En este acuerdo se incluyeron para el estado de Coahuila de Zaragoza los municipios de Acuña, Monclova, Piedras Negras, Saltillo, San Pedro y Torreón.
Como se observa en los datos anteriores, los recursos aprobados para el Subsemun, como suele suceder en muchos rubros del presupuesto federal, son muy limitados y no todos los municipios tienen acceso a ellos, lo que impide que la mayoría de los municipios del país puedan cumplir a cabalidad la importante función de seguridad.
En esta situación se encuentra el municipio de Ramos Arizpe. Este municipio se ubica en el sureste del Estado de Coahuila, este nombre recibe la ciudad que es cabecera municipal y una de las ciudades progresistas que forma parte de la zona metropolitana del sureste del estado de Coahuila junto con Saltillo y Arteaga.
En virtud de la importancia que tiene este municipio en la generación de desarrollo y empleos para esta región, creemos que es necesario y justificado que dicho municipio se incluya en la lista de beneficiarios del Subsemun para estar en posibilidades de mejorar la seguridad en esta región.
En atención a lo anteriormente expuesto, y con la firme convicción de que es en esta soberanía, en donde se realiza la mejor distribución del presupuesto, presentamos la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través del área correspondiente, se modifiquen las reglas para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal y se amplíe la cobertura de dicho subsidio a un mayor número de municipios.
Segundo. Se incluya al municipio de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza en la lista de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de octubre de 2011.
Diputados: Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Diana Patricia González Soto (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Héctor Fernández Aguirre, Tereso Medina Ramírez, Noé Fernando Garza Flores (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Josefina Rodarte Ayala (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SEP la continuidad de las acciones de fomento para crear estancias infantiles de las instituciones de educación superior, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada Martha Elena García Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con puntos de acuerdo, por la que se solicita a la Secretaría de Educación Pública, la continuidad de las acciones relativas al fomento para la creación de estancias infantiles de las instituciones de educación superior, con base en las siguientes
Consideraciones
La que suscribe, durante el primer año del ejercicio de esta legislatura presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicitaba a los rectores de las universidades públicas del país, la creación de estancias infantiles destinadas a brindar el servicio de guardería para las y los hijos de las estudiantes de tales instituciones con el propósito de evitar su deserción y brindar apoyo en el desarrollo educativo de éstas.
De igual forma, durante la gestión en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, la Comisión de Equidad y Género de esta Cámara de Diputados logró etiquetar 50 millones de pesos para la creación de estas estancias infantiles en las universidades bajo los argumentos que obligan al Estado mexicano a asumir los preceptos de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que establece en su artículo 10 que los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, entre ellas:
f) La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente.
La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres define, en la fracción II del artículo 5, que la transversalidad es el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas.
De igual manera, la Ley General para la Igualdad, en el artículo 35, precisa que la política nacional propondrá los mecanismos de operación adecuados para la participación equitativa entre mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas y socioeconómicas, por lo que:
Artículo 36.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones:
II. Garantizar que la educación en todos sus niveles se realice en el marco de la igualdad entre mujeres y hombres y se cree conciencia de la necesidad de eliminar toda forma de discriminación;
De igual forma, durante la Reunión nacional de universidades públicas, caminos para la equidad de género en las instituciones de educación superior, cuyo propósito fue el de alcanzar los consensos que buscan promover la igualdad de oportunidades entre las mujeres y hombres que integran las comunidades universitarias emitieron la declaratoria que menciona.
1. Las universidades y las instituciones de educación superior y, siguiendo principios y normativas nacionales e internacionales, en particular la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, están comprometidas a promover, en sus reglas de operación internas, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres así como a impulsarla en la sociedad. En consecuencia, el conjunto de instituciones que imparten educación superior en nuestro país debe interesarse en transversalizar la perspectiva de género de manera orgánica.
2. De ello, deriva la necesidad de adecuar la legislación interna para generar una política institucional que asegure la participación equitativa de ambos sexos en los distintos ámbitos universitarios, asegurando una efectiva conciliación de la vida profesional y de la vida familiar; además, se proponen fomentar un lenguaje institucional no sexista, sensibilizar a la comunidad universitaria en relación con la desigualdad de género, impulsar los estudios de género y combatir la violencia de género en los ámbitos laboral y escolar.
Por lo anterior, la Comisión de Equidad y Género consideró viable etiquetar recursos para propiciar las condiciones básicas que refuercen la permanencia de las estudiantes con hijas e hijos, mejorando a la par los índices de eficiencia terminal en sus respectivas instituciones.
Por esta razón se ampliaron 50.0 millones de pesos para que los rectores de las instituciones de educación superior, participen de este recursos con el fin de crear estancias infantiles para las y los hijos de estudiantes de esas escuelas.
La Subsecretaría de Educación Superior, a través de la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la SEP, con este recurso etiquetado atendió la problemática que aqueja a un sector de la población estudiantil en las instituciones de educación superior, con el propósito de generar las condiciones básicas para que reforzaran la permanencia de las y los estudiantes con hijas o hijos, mejorando a la par los índices de eficiencia terminal en sus respectivas instituciones.
En este contexto, 12 de las universidades públicas estatales (UPES) y universidades públicas estatales de apoyo solidario (UPEAS), participantes en el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, asumieron las directrices plasmadas en la declaratoria citada y presentaron durante el mes de mayo de 2011 igual número de proyectos para adecuar, remodelar o equipar estancias infantiles o guarderías, buscando con ello brindar este servicio a sus hijas e hijos.
La Subsecretaría recibió 12 proyectos de UPES y UPEAS (11 de estancias infantiles y uno de guardería), de los cuales 11 fueron dictaminados favorablemente, con lo cual se estima beneficiar a 2 mil 933 estudiantes (1,934 mujeres y 999 hombres), atender a 2 mil 938 niñas(os) (1,658 niñas y 1,280 niños) y generar 172 empleos directos.
Esta convocatoria y participación de las instituciones de educación superior ha demostrado la urgente necesidad de atender la problemática, razón que implica dar continuidad al fomento de estas instancias
Por lo anterior, se considera trascendente que la Secretaría de Educación Pública diseñe dentro de sus políticas de educación media superior y superior, la creación de los mecanismos institucionales para la adopción de acciones que permitan a las y los estudiantes la conciliación de su vida familiar y académica en cuanto a la libre decisión de ejercer la maternidad y paternidad.
Uno de estos primeros pasos, es la creación de Estancias infantiles para estudiantes, razón por la que se pide a la SEP la institucionalización de dichas acciones.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública que institucionalice las acciones relativas al fomento de estancias infantiles en las instituciones de educación superior.
Segundo. Se solicita que la Secretaría de Educación Pública que introduzca el concepto de conciliación de la vida familiar y académica en el diseño de sus programas de educación media superior y superior.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2011.
Diputada Martha Elena García Gómez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a dar cuenta a la ciudadanía por el secretario de Economía y del director general de Proméxico sobre el avance del proyecto Ciudad Creativa Digital, Clúster Tecnológico; y dadas las características, las ventajas competitivas y la localización geográfica estratégica de la capital de Puebla, considerarla el sitio adecuado para su establecimiento, a cargo del diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla, del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, integrantes de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 79 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Al finalizar el vigésimo quinto Simposio internacional de computación en la educación, en octubre de 2010, Proméxico lanzó la convocatoria para la invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional número DERMSG-ITP-018/10, a fin de contratar el servicio para la elaboración del Estudio internacional de mercado para el proyecto de Ciudad Creativa Digital.
En el anexo 1, “Técnico”, se señala en el apartado I, “Antecedentes”, que “como parte de la estrategia para impulsar el desarrollo de las industrias creativas en México, surge el proyecto Ciudad Creativa Digital, cuyo objetivo es la creación de un nodo global de producción audiovisual e interactiva en el país, el cual lo posicione como un líder internacional en las industrias de medios, al mismo tiempo que proporciona un nuevo modelo de desarrollo urbano habitacional y productivo para el país elevando las inversiones y las exportaciones de servicios y propiedades intelectuales. Para validar dicho proyecto es necesario contar con un estudio especializado del mercado internacional que demuestre la viabilidad y las oportunidades de dicha iniciativa”.
Sin embargo, no hay mayor información oficial que se refiera a los avances del proyecto Ciudad Creativa Digital.
Según indican los medios de comunicación nacionales, Ciudad Creativa Digital es un proyecto de largo plazo cuya finalidad estriba en detonar las capacidades tecnológicas del país.
El objetivo es agrupar a empresas líderes en la realización de contenidos multimedia de todo tipo en un sitio estratégicamente definido para impulsar el sector y hacer de México un exportador en este rubro, un mercado con mucho potencial.
Según los análisis preliminares, se calcula que la ciudad que sea la sede que albergue el clúster tecnológico Ciudad Creativa Digital podría recibir hasta 10 mil millones de dólares solamente por derramas de inversión asociadas al proyecto.
Cada núcleo de negocios es diferente según el país. El clúster de producción de medios digitales proyectado para México generaría también un ecosistema de exportaciones del orden de 2 mil millones de dólares.
Empresas de la industria cinematográfica, de televisión, videojuegos, animación y multimedia forman parte de las “industrias creativas” que se establecerían en clúster tecnológico, cuya sede aún es objeto de análisis y evaluación por Proméxico.
Tenemos conocimiento, por información periodística, de que la sede de dicho clúster tecnológico se dará a conocer a finales de octubre. De ahí la urgencia de la presente proposición con punto de acuerdo.
Entre las localidades que se disputan la sede del proyecto nacional Ciudad Creativa Digital están Puebla, Tijuana, Monterrey, Querétaro y Guadalajara.
Las principales características del proyecto son
• Empresas de la industria cinematográfica, de televisión, videojuegos, animación y multimedia se instalarían en el estado ganador.
• Se desarrollaría un clúster tecnológico con 30 años de evolución, con empresas multimedia, de desarrollo de software y universidades.
• Se generarían condiciones idóneas para la atracción de inversiones para la producción audiovisual.
• Se generarían empleos de amplio valor porque se requerirían profesionales en todas las áreas y ayudaría e impulsaría un foco de desarrollo económico regional.
• La primera etapa del proyecto consistiría en el establecimiento de al menos 10 “empresas ancla” nacionales e internacionales del sector de las tecnologías de la información dedicadas a la animación, cine, telefonía, videojuegos y multimedia.
• Ciudad Creativa Digital México se integraría a una red internacional de este tipo de proyectos que ya desarrollan innovaciones tecnológicas, y cuya finalidad es impulsar el arribo de la inversión extranjera y la exportación de productos y servicios del sector.
Sin embargo, una de las limitaciones del proyecto es que requiere una gran inversión para ponerlo en marcha. No obstante, los beneficios económicos también serán muy grandes, ya que los campos de aplicación para los contenidos digitales son muchos, pues prácticamente todas las industrias precisan de estos desarrollos.
El diseño interactivo, las animaciones virtuales, las simulaciones y el desarrollo de tecnologías están presentes en cualquier industria.
Por ejemplo, un campo en el que México se desempeña muy bien es el de la producción de videojuegos, los cuales están basados en plataformas sumamente complejas que pueden ser trasladadas a otras áreas, y muy poca gente lo ha identificado.
En ello radica la importancia de Ciudad Creativa Digital. Mientras la industria del videojuego, por mencionar alguna, realiza esas complejas plataformas, otras empresas e instituciones pueden detectar su utilidad y concretar acuerdos de colaboración para el desarrollo y aprovechamiento de esa tecnología en el mismo lugar.
Otro ejemplo es la importante industria llantera que realiza actualmente pruebas de diseño a través de una plataforma de simulación creada para un videojuego de carreras, con lo cual mejora sustancialmente sus productos.
Sin duda, pocas aplicaciones en el mundo tienen la complejidad en materia de contenidos digitales como las desarrolladas para los videojuegos, y pocos han identificado el potencial de dichos contenidos, fácilmente transferibles a otro tipo de empresas.
Las industrias culturales y creativas representan aproximadamente 7 por ciento del producto interno bruto (PIB), lo cual posiciona al país como el cuarto lugar más importante del mundo por esta contribución.
La industria del entretenimiento en México se encuentra fragmentada, lo cual impide realizar un monitoreo exacto de su desarrollo. Cálculos señalan que actualmente unas 120 mil personas laboran en el sector y cerca de 500 mil jóvenes cursan estudios de carreras relacionadas con medios digitales.
Según las últimas cifras del Inegi, Puebla participa con 3.3 por ciento del PIB, por lo cual ocupa el noveno lugar.
Por sector de actividad, las industrias manufactureras de Puebla representan 53.7 por ciento del valor agregado censal bruto 1 en la entidad y a escala nacional suponen 29.3.
Sin duda, Puebla se ha convertido en una de las principales ciudades universitarias y culturales del país, y per cápita somos líderes indiscutibles.
Además, la ciudad goza de preferencia para el desarrollo de los negocios por ser una de las más atractivas en seguridad, localización estratégica, vías de comunicación y talento humano.
La oferta académica es rica en carreras de diseño, comunicación y animación digital, por citar algunas. El arte y la cultura son esencia de la comunidad poblana y se han desarrollado continuamente en el estado.
Por ello podemos asegurar que Puebla cuenta con universidades sumamente especializadas en el nicho que persigue la Ciudad Creativa Digital, como la Universidad del Arte, o As Media, Centro de Formación Profesional, donde los jóvenes pueden estudiar licenciaturas en televisión, diseño multimedia y asesoría de imagen.
Otra oferta educativa especializada es la Escuela de Negocios de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, donde se imparte la primera carrera de su tipo en México: la licenciatura en inteligencia y desarrollo de negocios. 2
Sin duda, Puebla tiene talento y recursos para convertirse en sede de la Ciudad Creativa Digital. Apostar a ello no sólo tiene sentido sino que debe ser una de las prioridades del gobierno en el muy corto plazo.
En el ámbito empresarial también hay razones de peso: Puebla es el asiento de empresas especializadas en creación de contenidos digitales como Animex Estudios, creadores de La leyenda de la nahuala, ganadora del premio Ariel en la categoría de mejor largometraje animado 2007, así como de una Diosa de Plata; o la empresa Axitia, Inteligencia en Internet, dedicada al diseño de portales y sitios web, ha rediseñado seis portales estatales, lo cual es relevante porque ninguna empresa en el país cuenta con esta experiencia.
Respecto a la creación contenidos escritos, somos quizá la ciudad con más revistas de arte, entretenimiento y sociales en el país.
Así, Puebla tiene hoy como en muy pocas ocasiones una oportunidad clara para destrabar el rezago en que hemos caído y detonar el potencial académico, humano y económico con que cuenta el estado.
Es el momento para que la comunidad universitaria y tecnológica, empresarios, funcionarios de gobierno y legisladores poblanos trabajemos en un mismo sentido en una agenda clara, concreta y objetiva para buscar y lograr que la capital del estado sea la sede del proyecto Ciudad Creativa Digital.
Por lo expuesto, se someten a consideración de esta asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a proporcionar por conducto del Secretario de Economía y del director general de Proméxico información puntual a la ciudadanía respecto a las bases sobre las cuales se realizó el Estudio internacional de mercado para el proyecto Ciudad Creativa Digital, así como los resultados obtenidos.
Asimismo, informe a través de medios masivos y el portal de Internet oficial de Proméxico sobre las opciones que se consideran, así como los criterios que se emplean en el análisis para la designación de la localidad donde se instalará el clúster tecnológico Ciudad Creativa Digital.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que por conducto del secretario de Economía y del director general de Proméxico, y dadas las características, las ventajas competitivas y la localización geográfica estratégica, Puebla sea considerada el sitio adecuado para el establecimiento de la Ciudad Creativa Digital, clúster tecnológico que agrupe a empresas líderes en la realización de todo tipo de contenidos multimedia.
Notas
1 Es el valor de la producción que se añade durante el proceso de trabajo por la actividad creadora y de transformación del personal ocupado, el capital y la organización (factores de la producción) ejercida sobre los materiales que se consumen en la realización de la actividad económica. Aritméticamente, el valor agregado censal bruto resulta de restar a la producción bruta total el consumo intermedio. Se llama “bruto” porque no se le ha deducido el consumo de capital fijo (Inegi. Perspectiva estadística Puebla, septiembre de 2011).
2 La licenciatura en inteligencia de negocios busca desarrollar individuos éticos y académicamente competitivos, con competencias para crear, analizar y usar la información generada por las diferentes áreas de la empresa a través de la aplicación de tecnologías de información en los negocios para tomar decisiones estratégicas, formular oportunidades de negocios que respondan a los objetivos de la organización e identificar los riesgos críticos de la gestión empresarial.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2011.
Diputados: Jorge Juraidini Rumilla (rúbrica), Juan Carlos Lastiri Quirós (rúbrica), José Óscar Aguilar González (rúbrica), Janet Graciela González Tostado, Francisco Ramos Montaño (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Ricardo Urzúa Rivera (rúbrica), Fernando Morales Martínez, Blanca Estela Jiménez Hernández (rúbrica), Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), María Isabel Merlo Talavera (rúbrica), Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica), María del Carmen Izaguirre Francos, Julieta Octavia Marín Torres (rúbrica), María del Carmen Guzmán Lozano (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SSP a investigar a fondo los actos de extorsión y corrupción de estos últimos meses por elementos de la corporación destacamentados en Cuauhtémoc, Chihuahua, a cargo de la diputada Guadalupe Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Guadalupe Pérez Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ante la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numerales 2 y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Antecedentes
El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere que todo individuo gozará de las garantías que ésta otorga; deja en claro que queda prohibida toda conducta que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.
Por otro lado, una de las medidas señaladas en el eje del sector de seguridad pública en el actual Plan Nacional de Desarrollo prevé la obligación de salvaguardar a toda costa la seguridad de los ciudadanos en la amplitud de su persona y su entorno social.
Los principales objetivos que tiene la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) para cumplir su misión tienen que ver con la preservación de la libertad, el orden y la paz públicos, así como salvaguardar la integridad y los derechos de las personas.
El presente exhorto es motivado por el temor de los ciudadanos ante los abusos de autoridad y atropellos por elementos de la Policía Federal, dependiente de la SSP, que se han denunciado desde hace aproximadamente un año. La situación coincide con los cambios de mandos de la institución en Cuauhtémoc, Chihuahua.
Los constantes problemas presentados a causa del abuso de poder por elementos de la Policía Federal destacamentados en la región son la consecuencia de que la comunidad se encuentre en un estado de desesperación ante la impotencia de no poder hacer nada.
Los cambios presentados en los mandos de los cuerpos policiacos federales son la consecuencia de la falta de atención por sus superiores y la libertad que dan a los elementos para que extorsionen y corrompan.
Por lo expuesto se pone a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Seguridad Pública federal, ingeniero Genaro García Luna, a efecto de que se investiguen a fondo los actos de extorsión, corrupción, abuso de la función y amenazas en el caso de denuncias de ciudadanos contra elementos de dicha corporación destacamentados en Cuauhtémoc, Chihuahua, durante los últimos meses.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2011.
Diputada Guadalupe Pérez Domínguez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat, de la Sagarpa, de la Ssa, de la Conagua y de la CFE a iniciar acciones para solucionar los graves problemas de contaminación en los alrededores de la presa Zimapán, a cargo del diputado Jorge Rojo García de Alba, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe Jorge Rojo García de Alba, diputado federal a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados al honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que le conceden los artículos 6, fracción I, numeral 1, y 79, fracción II, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La presa Fernando Hiriart, mejor conocida como Zimapán, fue construida por la Comisión Federal de Electricidad con el fin de generar energía eléctrica (mil 292 gigavatios por año). Se localiza entre los estados de Hidalgo y Querétaro, en el cañón de Zimapán, a donde confluyen los ríos San Juan, Tula y Moctezuma. Tiene una superficie de 23 kilómetros cuadrados y se encuentra a una altitud de mil 870 metros sobre el nivel del mar.
La construcción de esta presa inició en junio de 1990, para ello, fue necesario afectar 2 mil 290 hectáreas, y movilizar cientos de familias que vivían en varias comunidades ubicadas en los bordes de lo que hoy en día es la presa, fue inaugurada en 1995.
La Central de Energía Zimapán inició en 1995 con dos unidades generadoras del tipo Pelton, de 146 MW de potencia cada una, que en promedio producían anualmente 1,292.4 GWh, lo que la convertía en la central con mayor potencia instalada (en su tipo) en nuestro país.
Actualmente la presa Zimapán contiene aguas contaminadas bacteriológicamente con virus, hongos y otro tipo de flora y fauna patógena, además de metales pesados como arsénico, cadmio, plomo, mercurio y cobre, aguas que ponen en grave riesgo de cualquier enfermedad a quienes consumen o entran en contacto con ella.
Desde el año de 1999, investigadores del Departamento de Recursos Naturales del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México han venido advirtiendo de los riesgos que se presentan al entrar en contacto con esa agua, así como el consumir todo tipo de alimento que en esta se desarrolla.
La pesca deportiva —apunta el estudio— debe estar también descartada, ya que la especie predominante, tilapia, puede contener microorganismos patógenos. Una segunda advertencia que hacen los científicos es precisamente sobre el riesgo que se corre en caso de consumir, de manera prolongada, los peces que se reproducen en el lugar.
“Esta especie de peces acumula metales como cadmio, plomo, mercurio y cobre en músculos y en vísceras. La tilapia puede adquirir flora y fauna patógena que está en agua cloacal, convirtiéndose de esta manera en un foco de infección. Consumos prolongados de alimentos con cadmio afectan la estructura ósea”.
Advierten de igual manera del consumo de alimentos con plomo que pueden causar anemia y disturbios neurológicos. Mientras que el consumo de pescado contaminado por mercurio afecta el sistema nervioso central.
Asimismo, grupos ecologistas han dado a conocer los resultados de ese diagnóstico preliminar denominado “Estado de las Afectaciones Ambientales Potenciales Asociadas a la Presa Zimapán”, en donde se advierte de la posible contaminación de los manantiales en un radio de ocho kilómetros a la redonda.
La investigación agrega la localización —hace 10 años— de al menos 2 mil fracturas en las inmediaciones de la cortina, en el Cañón del Infiernillo, y 200 fracturas cársticas (disolución de la roca caliza por efecto de agua con altas concentraciones de bióxido de carbono).
Estas grietas han causado “algunas infiltraciones, pequeños manantiales y ‘lloraderos' que pudieran corresponder a agua del embalse, o agua de los sistemas acuíferos locales”.
Son varias las actividades que se desarrollan en ese lugar, sin que la gente cuente con la información suficiente que los ponga en alerta de los probables peligros que puede contraer al entrar en contacto con esas aguas y con los productos que de ella se derivan.
La ingesta constante de alimentos contaminados con cadmio, cobre, mercurio, plomo y otro tipo de metales pesados generan problemas de salud como gastroenteritis, diarreas, enfermedades que podríamos calificar como leves, pero producen también otras de mayor gravedad como son anemia, malarias, paludismo, disturbios neurológicos y afecciones severas al sistema nervioso central, tuberculosis, infecciones graves de la piel, tumores cerebrales, cáncer, leucemia, males gastrointestinales y respiratorios y otras que afectan directamente la estructura ósea de las personas.
Como es de apreciarse, la situación que enfrenta la población asentada en los alrededores de la Presa Zimapán se encuentra en un constante peligro de ser víctima de alguna de las enfermedades ya descritas anteriormente, si no es que ya algunas personas se encuentren con alguno de estos males; por lo que urge hacer un llamado urgente a los diferentes órganos de la Administración Pública Federal a efecto de que inicien inmediatamente las investigaciones y las acciones necesarias para solucionar este grave problema.
Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 6o., fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de Salud; la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal de Electricidad se inicien las acciones procedentes para atender y solucionar los graves problemas de contaminación que padece la población que vive en los alrededores de la Presa Zimapán y, se controlen los daños ocasionados al medio ambiente, y comuniquen a esta Soberanía de la situación que prevalece actualmente en esa región.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2011.
Diputado Jorge Rojo García de Alba (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se propone crear y otorgar la medalla de la paz Doctor Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz, a mexicanos y organizaciones de la sociedad civil que se distingan por su labor en favor de la cultura de la paz y la no violencia en el país, a cargo del diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del PRI
Con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, los legisladores Rafael Yerena Zambrano, David Hernández Pérez, María Esther Scherman Leaño, Olivia Guillén Padilla, Salvador Caro Cabrera, Jorge Humberto López Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del PRI; y Caritina Sáenz Vargas, del Partido Verde Ecologista de México, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, LXI Legislatura, proposición con puntos de acuerdo por los que se proponen la creación y el otorgamiento de la medalla de la paz Doctor Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz a mexicanos y organizaciones de la sociedad civil que se distingan por su labor en favor de la cultura de paz y la no violencia en el país, conforme a las siguientes
Consideraciones
El 20 de marzo se cumplió el centenario del natalicio de un gran mexicano, el doctor Alfonso García Robles, quien nació en Zamora, Michoacán, el 20 de marzo de 1911 y murió en la Ciudad de México el 2 de septiembre de 1991.
Se graduó como licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó estudios de posgrado en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de París y la Academia de Derecho Internacional de La Haya.
En 1939 inició su carrera diplomática, como tercer secretario de la delegación mexicana en Suecia, donde llegaría a ser embajador.
Su trayectoria diplomática y política lo llevó a ocupar puestos como el de embajador de México en Brasil, director de la División General de Asuntos Políticos de la Secretaría de las Naciones Unidas y del servicio diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); director del Departamento de Europa, Asia, y África de la SRE, y subsecretario de Relaciones Exteriores de México. Desde 1977 fue el representante permanente de México ante el Comité para el Desarme en las oficinas de Ginebra en la ONU.
En la LVIII Legislatura, el pleno de la Cámara de Diputados rindió homenaje al doctor Alfonso García Robles al inscribir con letras de oro el 10 de abril de 2003 en el Palacio Legislativo de San Lázaro al primer mexicano laureado Premio Nobel de la Paz, el virtuoso forjador de la Comisión Preparatoria para la Desnuclearización de América Latina y el padre del Tratado de Tlatelolco, que proscribió las armas nucleares de toda la región, expresando lo absurdo que resulta pretender la seguridad nacional aumentando la inseguridad internacional.
Si México hoy es reconocido en el concierto mundial por su histórica vocación pacifista, se debe en gran parte a la visión de este defensor activo de la no violencia, quien sin duda supo evocar su ideología pacifista y visionaria en su trabajo y dejó una huella indeleble en todos los que reconocemos en la paz y la armonía la única forma sana de convivencia y progreso de la humanidad.
De su legado, México hoy se vanagloria, y en su política exterior se jacta de esta arraigada tradición diplomática, que sigue teniendo vigencia, porque esta tradición es parte de la identidad del Estado mexicano.
El doctor Alfonso García Robles hizo de su actividad profesional un compromiso ante la vida y una forma de impulsar sus convicciones, las cuales están estrechamente ligadas a las de sus connacionales; es decir; a una actitud en favor de la paz y en comunión con la histórica vocación pacifista de México.
El nombre de Alfonso García Robles en los muros de la Cámara constituye un símbolo, un emblema para los que dedican su vida a erradicar la violencia, pero también es un compromiso para la Cámara de Diputados de garantizar la gobernabilidad democrática y la estabilidad institucional dotando de certidumbre jurídica a la cultura de paz, no frenando el accionar de las organizaciones que trabajan para construir la paz, por lo que hago un exhorto a esta soberanía a fin de que sigamos con esa línea para crear la comisión nacional para la cultura de paz y la no violencia, como tarea impostergable.
Como ejemplo, el 24 de octubre de este año en Monterrey, Nuevo León, firmó como testigo de honor y avalando esta propuesta ante varias organizaciones no gubernamentales y ante 3 mil personas Johan Galtung, premio alternativo Nobel y fundador de los estudios para la paz, considerado el experto más reconocido mundialmente en mediación de conflictos, con 10 honoris causa.
En efecto, para que el legado del doctor Alfonso García Robles aliente a las generaciones futuras de México a trabajar en favor de la paz y sea ejemplo del mundo como icono, proponemos que se cree la medalla de la paz Alfonso García Robles Premio Nobel de la Paz, para incentivar a las mujeres, a los hombres y a los jóvenes que trabajan por la cultura de paz, para que se inspiren en este ilustre mexicano que les recordará que México siempre ha estado orgullosamente en favor del diálogo de la paz y de la no violencia.
Un premio Nobel es una de esas grandes distinciones que la humanidad tiene en su imaginario colectivo para honrar a los hombres y a las mujeres selectos del planeta en ciertos ámbitos.
El Premio Nobel de la Paz implica un reconocimiento mundial para la labor de toda una vida, una vida significativa capaz de influir destinos y designios de millones de seres en la consecución de una dinámica pacífica en el planeta.
En 1982, el Comité Internacional de los Nobel dictaminó que un mexicano era digno ganador de tan preciada laurea, un mexicano que decidió que México tenía las capacidades para ayudar al mundo a tomar un rumbo mejor: el doctor Alfonso García Robles.
México cuenta con tres premios Nobel en su haber: el muy conocido Octavio Paz, de Literatura en 1990, con su extensa obra literaria; el más reciente, de Química, en 1995, el doctor Mario Molina, con sus estudios ambientales y cambio climático; y el menos conocido, pero no por ello menos relevante, de la Paz en 1982, el doctor Alfonso García Robles, por su trabajo para evitar la proliferación nuclear en la zona de Latinoamérica en la década de los sesenta.
Y es que, aun cuando sea por pocos conocido, en México tenemos un exponente a la altura de Barack Obama, Al Gore Jr., Muhamamad Yunus, Jimmy Carter, las Naciones Unidas, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático y muchos otros ganadores de tan relevante premio.
Por lo expuesto y fundado sometemos a consideración del pleno de esta soberanía los resolutivos de la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se proponen la creación y el otorgamiento de la medalla de la paz Doctor Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz, a mexicanas, mexicanos y organizaciones de la sociedad civil que se distingan por su labor en favor de la cultura de paz y la no violencia en el país.
La medalla y el diploma respectivo será impuesta y otorgado cada año en sesión solemne en la Cámara de Diputados en septiembre y conmemorar el 21 el Día Internacional de la Paz.
Segundo. Podrán participar en la convocatoria mexicanos y mexicanas mayores de 18 años y organizaciones de la sociedad civil constituidas en el territorio nacional que demuestren amplia y fehacientemente su labor en favor de la cultura de paz y la no violencia en el país, los que podrán ser postulados por el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, miembros del Poder Legislativo federal, legislaturas de los estados, universidades del país, organizaciones sociales o cualesquiera otras instituciones de educación para la paz.
Tercero. Descripción de la medalla
La medalla de la paz Doctor Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz, de la Cámara de Diputados, constará del diploma alusivo y tejo de oro, pendiente de una cinta de seda para fijarse en el cuello y en la que luzca el tricolor nacional, el Escudo de la Patria en medio de la inscripción Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados y el numeral de la legislatura que corresponda, figurarán en el anverso de aquél la efigie del doctor Alfonso García Robles, en medio de la inscripción: Premio Nobel de la Paz 1982, que quedarán grabados en su reverso.
Cuarto. Procedimiento
Se otorgara a través de una convocatoria amplia y democrática emitida por las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Relaciones Exteriores, las que deberán sesionar a efecto de analizar los expedientes de cada uno de los postulantes y emitir el dictamen correspondiente con el nombre de quien habrá de recibir la medalla de la paz Doctor Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2011.
Diputados: Rafael Yerena Zambrano, David Hernández Pérez, Salvador Caro Cabrera, María Esther Scherman Leaño, Olivia Guillén Padilla, Caritina Sáenz Vargas, Jorge Humberto López Portillo Basave (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sener a promover el desarrollo y la implantación en el país de proyectos para generar electricidad por fuentes de energía renovables, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado Fernando Espino Arévalo, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6 y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por medio del cual este órgano legislativo exhorta al titular de la Secretaría de Energía para que, en el ámbito de sus atribuciones, promueva el desarrollo e implementación de nuevos proyectos para la generación de electricidad por medio de fuentes de energía renovables en el país , de acuerdo con la siguiente
Exposición de Motivos
Actualmente, el sistema eléctrico nacional se encuentra integrado por la Comisión Federal de Electricidad, encargada de la generación y prestación del servicio público en términos del artículo 27 constitucional, así como de ciertas modalidades que permiten la participación de la iniciativa privada en la generación de energía eléctrica con fines distintos al servicio público, tales como el autoabastecimiento, cogeneración, producción independiente, pequeña producción, importación y exportación de energía, de conformidad a lo dispuesto en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento.
Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad es el órgano responsable de la planeación de este sistema en materia de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica en el país.
Al cierre de septiembre de 2010, este organismo junto con las modalidades mencionadas anteriormente, contaron con una infraestructura de 178 centrales generadoras de energía, las cuales presentaban una capacidad efectiva instalada de 51 mil 571 megavatios.
De esta capacidad, el 68.6 por ciento fue de origen termoeléctrico, 21.7 por ciento hidroeléctrico, 5.0 por ciento carboeléctrico, 2.6 por ciento nucleoeléctrico, 1.9 por ciento geotermoeléctrico y 0.2 por ciento eoloeléctrico. Derivado de ello, el sistema eléctrico generó energía bruta por 155 mil 459 gigavatios-hora.
Por otro lado, la red eléctrica se conforma por “775,684 kilómetros de líneas de transmisión, subtransmisión y distribución”, 1 que en su conjunto, atienden un mercado de 34.3 millones de clientes (96.85 por ciento de la población del país) distribuidos aproximadamente en 137 mil localidades (97.5 por ciento rurales y 2.5 por ciento urbanas).
Con esta cobertura, las ventas directas al público se concentraron en el sector industrial con el 57.9 por ciento del total, seguido del doméstico y comercial con el 26.7 por ciento y 6.0 por ciento, respectivamente.
Si bien es cierto que el sector doméstico agrupó al 88.2 por ciento de los clientes, tan sólo en este año participó con el 26.7 por ciento de dichas ventas. En cambio, el sector industrial representando al 1.0 por ciento de los clientes, abarcó más de la mitad de estas ventas.
Como se puede observar, la operatividad del sistema eléctrico del país ha permitido extender el servicio público a casi toda la población aunque el nivel de ventas se haya sectorizado de forma desigual.
Analizando con mayor profundidad esta situación, durante el periodo 2005-2009, el número de usuarios se elevó a una tasa media anual de 3.1 por ciento, influido enormemente por el crecimiento del sector industrial en 5.7 por ciento, del doméstico en 3.2 por ciento y el comercial en 2.5 por ciento (véase cuadro 1).
Fuente: Cuadro elaborado con información proveniente de www.cfe.gob.mx/
En consecuencia, el consumo final de electricidad en México durante este periodo con información del Balance Nacional de Energía 2009, aumentó a una tasa media anual de 1.8 por ciento. No obstante, esta cifra podría cambiar a 3.6 por ciento para los próximos quince años en relación a ventas de servicio público y autoabastecimiento como consecuencia del ensanchamiento de las zonas urbanas de nuestro país.
Ante tal situación, el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) para el periodo 2010-2024, considera la necesidad de contar con opciones para incrementar la capacidad de generación de energía por 36 mil 965 MW (incluyendo proyectos de rehabilitación y modernización); líneas de transmisión por 28 mil 850 kilómetros; y, 78 mil 476 megavoltios-amperes en relación con subestaciones eléctricas.
Bajo esta lógica, la Comisión Federal de Electricidad ha establecido como líneas de acción “la expansión de la infraestructura eléctrica para ofrecer un servicio eléctrico confiable y de calidad; la modernización administrativa transparente y el desarrollo de su capital humano”. 2
Como un primer avance, “se encuentran en construcción 15 centrales, que representan una capacidad de generación de 4 mil 340 megavatios, entre las que destaca el crecimiento de la capacidad eólica, con la Venta III y las centrales Oaxaca II, III y IV”. 3
Con estas acciones, la Comisión Federal de Electricidad prevé ampliar la infraestructura del sistema eléctrico nacional sin descontar la participación de la iniciativa privada, la cual ha presentado un fuerte dinamismo en la modalidad de productores independientes de energía desde que inició operaciones en el año 2000; todo ello como resultado de la vinculación directa con los planes de expansión de este organismo.
Es importante señalar que los productores independientes de energía se encuentran operando actualmente 22 centrales de energía con una capacidad efectiva instalada de 11 mil 907 megavatios (23.1 por ciento del total nacional) en 12 estados de la república. Tamaulipas y Veracruz concentran el mayor número de centrales con una participación del 27.3 por ciento y 13.6 por ciento del total, respectivamente.
Retomando el periodo de estudio 2005-2009, los productores independientes de energía contribuyeron con el 41.1 por ciento de la generación bruta de energía promedio anual (sin incluir cogeneradores y autoabastecedores), lo que significó un hecho relevante dada su tasa de crecimiento medio anual de 13.8 por ciento contra la tasa de -2.4 por ciento relativa a la generación bruta de energía total.
Por tal motivo, es de esperarse que las políticas de acción que emprenda la Comisión Federal de Electricidad consideren la participación activa del sector privado para el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional.
Sin embargo, la problemática esencial no sólo alude a cubrir la demanda de mercado sino también, a fomentar el desarrollo de diversas fuentes de energía que no contaminen el medio ambiente.
Hoy, muchos países han elevado sus inversiones para generar electricidad a través de fuentes atípicas tales como la luz solar, el viento, el agua de mar, o inclusive, productos agrícolas. Sin embargo, una vez más nuestro país ha buscado adoptar estas innovaciones de forma tardía e irregular debido entre otros factores a su alta dependencia del petróleo.
Basta mencionar que durante el periodo 2005-2009, la capacidad efectiva de energía proveniente de hidrocarburos se mantuvo en ascenso mientras que la relacionada a fuentes alternas tuvo un comportamiento irregular, siendo ésta de menor ritmo de crecimiento que la de aquélla (véase figura 1).
Fuente: Figura elaborada con información proveniente de www.cfe.gob.mx/
En cuanto al rubro de hidrocarburos, destacó la energía de ciclo combinado (véase figura 2). Esto puede deberse a que en “los últimos 10 años han entrado en operación 53 nuevas centrales, que representan una capacidad de generación de 17 mil 619 megavatios, principalmente con plantas de este tipo de generación de energía”. 4
Fuente: Figura elaborada con información proveniente de www.cfe.gob.mx/
En contraste, la capacidad efectiva por fuentes alternas no reportó incrementos relevantes en dicho periodo. Inclusive, desde 2005, las fuentes alternas de tipo carboeléctrico, dual y nucleoeléctrico contaron con nulo crecimiento. De modo similar sucedió tres años después con la fuente eoloeléctrica.
Por otro lado, la generación bruta de energía durante el periodo 2005-2009 mostró una tendencia irregular; apreciándose que desde 2008, la energía proveniente de hidrocarburos tuvo un crecimiento discreto en relación al declive de energía por fuentes alternas (véase figura 3).
Fuente: Figura elaborada con información proveniente de www.cfe.gob.mx/
En materia de hidrocarburos, la generación bruta de energía por turbogas, ciclo combinado y gas, constituyeron las fuentes de mayor crecimiento en el periodo de estudio (véase figura 4).
Fuente: Figura elaborada con información proveniente de www.cfe.gob.mx/
Respecto a las fuentes de energía alterna, el aumento de energía bruta de tipo dual (carbón) empezó a ser relevante a partir de 2008, mientras que la de tipo eoloeléctrico registró una tendencia a la baja bastante pronunciada desde 2006 (véase figura 5).
Fuente: Figura elaborada con información proveniente de www.cfe.gob.mx/
Como se ha podido constatar, la capacidad efectiva y la generación bruta de energía dependen todavía de las propiedades que ofrecen los hidrocarburos.
Sin embargo, la utilización de fuentes alternas de energía no ha presentado incrementos sostenidos durante el periodo de estudio, hecho que obliga al gobierno a redoblar esfuerzos para atender el objetivo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Sectorial de Energía del gobierno federal para el periodo 2007-2012 de lograr el mayor aprovechamiento de las fuentes renovables de energía.
En este sentido, la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética atribuye a la Secretaría de Energía la elaboración y coordinación del Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables, por medio del cual fijará las estrategias de fomento a proyectos de generación de electricidad mediante fuentes renovables de energía.
Aunado a ello, la Comisión Reguladora de Energía cuenta con la atribución de “expedir las normas, directivas, metodologías y demás disposiciones de carácter administrativo que regulen la generación de electricidad a partir de energías renovables, de conformidad con lo establecido en esta Ley, atendiendo a la política energética establecida por la Secretaría de Energía”. 5
Por tales circunstancias, la propuesta en comento pretende exhortar a la Secretaría de Energía para que promueva ante la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y a los Productores Independientes de Energía, el desarrollo e implementación de proyectos que permitan la generación de electricidad a partir de tecnologías que utilicen fuentes renovables de energía como el viento, la luz solar, la energía oceánica o inclusive, los bioenergéticos.
De esta forma, la generación de electricidad para los siguientes años no sólo cubriría la demanda creciente de energía sino también, que sistemáticamente dependa en menor cuantía de la energía proveniente de los hidrocarburos.
Asimismo, con la puesta en marcha de proyectos para incrementar la generación de energía eléctrica, nuestro país estaría en posibilidad de evitar experiencias negativas como las acontecidas en algunas regiones de Estados Unidos, Chile o Argentina, donde la falta de planeación para satisfacer las necesidades de electricidad del sector industrial y doméstico, provocó severas interrupciones de energía en tanto se ampliaba la infraestructura eléctrica para resolver dicho problema.
Por otro lado, la generación de electricidad por fuentes renovables de energía conformaría un esfuerzo más por preservar el medio ambiente y mitigar los efectos negativos del cambio climático.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, el suscrito, diputado Fernando Espino Arévalo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someto a consideración del pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por medio del cual este órgano legislativo exhorta al titular de la Secretaría de Energía para que, en el ámbito de sus atribuciones, promueva el desarrollo e implementación de nuevos proyectos para la generación de electricidad por medio de fuentes de energía renovables en el país, para lo cual se emiten los siguientes
Acuerdos
Primero. Este órgano legislativo exhorte al titular de la Secretaría de Energía para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones necesarias para que se promueva y privilegie la planeación, desarrollo e implementación de proyectos para la generación de fluido eléctrico a través del uso de fuentes de energía renovables en todo el país.
Segundo. Que la Cámara de Diputados solicite a los titulares de la Secretaría de Energía del gobierno federal, de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad, todas del ámbito federal, que den cuenta a la opinión pública, a través de un informe detallado difundido ampliamente, sobre los planes y proyectos que tienen relacionados con la generación de energía eléctrica a partir de fuentes reonovables.
Tercero. Que el titular de la Secretaría de Energía realice lo conducente a fin de que las autorizaciones que se otorguen a particulares para la autogeneración de energía eléctrica sólo se puedan hacer a través de fuentes renovables y ecológicamente limpias.
Notas
1 Comisión Federal de Electricidad, “Innovación y competitividad, caminos de CFE para enfrentar los retos del futuro: Alfredo Elías”, Boletín de Prensa, México, DF, 8 de diciembre de 2010.
2 Comisión Federal de Electricidad, “Innovación y competitividad, caminos de CFE para enfrentar los retos del futuro: Alfredo Elías”, Boletín de Prensa, México, DF, 8 de diciembre de 2010.
3 Comisión Federal de Electricidad, “Innovación y competitividad, caminos de CFE para enfrentar los retos del futuro: Alfredo Elías”, Boletín de Prensa, México, DF, 8 de diciembre de 2010.
4 Comisión Federal de Electricidad, “Innovación y competitividad, caminos de CFE para enfrentar los retos del futuro: Alfredo Elías”, Boletín de Prensa, México, DF, 8 de diciembre de 2010.
5 Honorable Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, artículo 7o., fracción I, nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 8 de noviembre de 2011.
Diputado Fernando Espino Arévalo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a emitir reglas de operación sencillas e implantar esquemas que agilicen la entrega de los recursos de los programas destinados a promover y apoyar las micro, pequeñas y medianas empresas por aprobarse en esta soberanía para 2012, a cargo del diputado Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo79 del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, solicita que se someta a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) desempeñan un papel trascendental en el desarrollo económico de las naciones y son promotores del crecimiento y desarrollo en el ámbito local.
A lo largo de varias décadas los microempresarios han sido capaces de generar empleos bajo condiciones económicas adversas, sin embargo, también reiteradamente son ellos los primeros que resienten los efectos de manera directa en las crisis económicas.
Las Mipyme son emprendedoras y capaces de generar empleos de manera inmediata, siempre y cuando las condiciones y los esquemas de apoyo estén bien dirigidos a favor de la promoción de este importante ente económico.
Su importancia radica tanto en el número de familias que dependen de ellas como su contribución al empleo y la producción nacional. En países como China, Taiwán, la Unión Europea, Japón, Chile, Estados Unidos, entre otros, las Mipyme representan entre 30 y 52 por ciento del producto interno bruto (PIB), y generan de 75 a 80 por ciento de las fuentes de trabajo.
En México, la participación de las Mipyme en la economía es muy importante. En términos generales son las que generan 70 por ciento de empleos, por lo que por cada 10 empleos creados 7 se derivan de las actividades económicas que realizan estas empresas y a la producción aportan más de 50 por ciento.
Como podemos observar la participación de las Mipyme en el desarrollo económico de México es fundamental, pero existen diversas dificultades para impulsar a estas empresas.
Entre los factores que las han limitado podemos destacar las siguientes:
• Las restricciones del crédito ante una baja participación del sector financiero en el otorgamiento de créditos, principalmente por el desinterés de este sector productivo y la falta de garantías. En México, dados los efectos de la crisis económica por la que atraviesan, las microempresas mexicanas se enfrentan a dos fenómenos. Por un lado a la disminución en el nivel de crédito y elevadas tasas de interés y por el otro lado a la falta de esquemas y apoyos efectivos por parte de la banca de desarrollo.
• La informalidad ante el complicado marco regulatorio y de excesivos trámites por las que tienen que atravesar al momento de iniciar operaciones, representando un elevado costo para éstas.
• Dificultades para absorber nuevas tecnologías: a causa de la menor inversión en las mismas.
• Los numerosos obstáculos que tienen que atravesar los microempresarios para acceder a los distintos programas y apoyos gubernamentales.
• Reglas de operación de los programas gubernamentales de fomento de la Mipyme inadecuadas, con numerosos requisitos, ambiguos y difíciles de cumplir en su totalidad.
En gran medida la falta de mecanismos efectivos de apoyo han provocado que dos terceras partes de las Mipyme sean consideradas como de subsistencia, porque han surgido como consecuencia de la desocupación, en un esfuerzo de autoempleo.
Es importante resaltar que mientras 58 por ciento de las microempresas mexicanas fueron creadas por convicción, 42 por ciento surgió por necesidad.
Si a esto le sumamos que en muchas ocasiones por el desconocimiento del giro del negocio, la falta de estructura organizativa y de tecnologías adecuadas, ocho de cada diez empresas mueran o cambian de giro en los primeros dos años de funcionamiento, según datos de la Secretaría de Economía.
En este sentido y considerando el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 que será aprobado por la Cámara de Diputados, es fundamental para los legisladores priorizar los rubros de gasto, como el rubro destinado al desarrollo social, como los importantes recursos autorizados para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, a fin de mitigar los efectos de la crisis económica, así como el desempleo y la caída en la producción del país.
Para 2011 se espera la pérdida de más de 900 mil empleos, considerando un escenario optimista. Por supuesto si consideramos la necesidad de generar un millón 500 mil empleos cada año en función de los jóvenes que se incorporan anualmente al mercado laboral, significa que tan sólo en un año más de 2 millones 200 mil no tendrán empleo formal en México.
En este sentido, es urgente impulsar y fortalecer los programas que apoyen a las Mipyme para que de esta manera se puedan atenuar la caída en el empleo y en la producción nacional.
El sector de la pequeña y mediana empresa (Pyme) del país es uno de los rubros que los diputados debemos impulsar en la aprobación del Presupuesto de Egresos de 2012, ya que en el caso de que se apruebe el PEF 2012, el Fondo Pyme 2012 contaría con un presupuesto de 6 mil 648 millones de pesos, 70 millones menos que el Fondo Pyme 2011. Considerando las proyecciones de crecimiento del producto interno bruto (PIB) mexicano para este año son de 4 por ciento, mientras que para 2012 será de 3.5 por ciento.
Recordemos que de 2009 a 2010, se dio el presupuesto más alto de la historia, cuando se incrementó en 13 por ciento dicho fondo. El aumento en su momento se generó por el cabildeo tanto de los organismos empresariales, como de las universidades y de los gobiernos estatales.
Se espera que 35 por ciento de los recursos asignados se destinarán a garantías para que los pequeños empresarios sean sujetos de crédito, con lo cual, se ha fijado una meta de 75 mil millones de crédito en financiamiento por parte de la banca comercial.
Con este presupuesto, al menos, 35 por ciento se espera sea dirigido a apoyos en garantías. Asimismo se espera que otro 30 por ciento vaya a proyectos de infraestructura y el resto a fomento empresarial.
Otro de los programas favorecidos con un aumento de recursos fueron los dirigidos al desarrollo de software, con una partida de 569 millones de pesos; mejora logística, con 152 millones de pesos así como incrementos para el Fondo Nacional de Empresas Sociales y el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.
Ya hay 500 incubadoras de empresas instaladas en las principales universidades del país. De acuerdo con la Secretaría de Economía, se está trabajando con la Asociación Mexicana de Desarrollo Económico en la construcción de proyectos de infraestructura como parques tecnológicos e industriales.
Por mencionar sólo uno de los proyectos para 2012 se encuentra la renovación de 3 mil 200 tortillerías bajo el esquema del programa Mi tortilla.
Dada la emergencia económica por la que atraviesan las Mipyme, los recursos destinados a apoyar a la Mipyme pueden ser insuficientes en la medida de que los microempresarios no puedan acceder a estos mecanismos y apoyos gubernamentales.
El esfuerzo del legislativo tiene que ser para dotar de mayores recursos a los principales programas de fomento de las Mipyme con la finalidad de evitar la desaparición de miles de micro, pequeñas y medianas empresas en el país.
Se trata de un sector que cumple una función social importante debido a que atiende las necesidades de empleo de los grupos más pobres de la sociedad, por lo que las características de los programas deben contemplar un real apoyo al sector empresarial en sus diferentes niveles y priorizar la generación de empleos, por lo que resulta imperante un ejercicio eficaz y transparente, así como rápido del presupuesto a autorizar por la Cámara de Diputados para 2012.
Asimismo, es necesario que los programas y recursos autorizados para el Ejercicio Fiscal de 2012 lleguen lo antes posible a los microempresarios para lograr entre otras cosas:
• Incentivar la creación de empleos por parte de las Mipyme.
• Crear un esquema de garantías y asesorías para ingresar y permanecer en la cadena productiva a través de sus productos y/ o servicios.
• Otorgar financiamientos accesibles y reales para la reestructuración de los pasivos de las empresas en riesgo de desaparecer.
• Generar con prontitud esquemas de apoyo para la contratación de trabajadores.
• Asesorías efectivas mensuales de oportunidades para exportación.
• Constituir agrupaciones de Pyme a nivel municipal, con el fin de intercambiar información y procesos de negocios con otros municipios y delegaciones.
• Asesorar y gestionar de manera ágil y sencilla el cumplimiento de sus responsabilidades fiscales y laborales.
• Operar una ventanilla única en el ámbito federal, estatal y municipal que sea eficiente y expedita para todos y cada uno de los trámites con los que actualmente operan los programas.
Por lo anterior, es necesario revisar y fomentar mecanismos adecuados de acceso al mercado de crédito con la banca comercial conjuntamente con la revisión de los programas de créditos de la banca de desarrollo, así como simplificar los mecanismos de acceso a los distintos programas que ejecuta la Secretaría de Economía a favor de las Mipyme.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Economía a emitir reglas de operación sencillas e implementar esquemas que agilicen la entrega de los recursos de los programas destinados a promover y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas del país por aprobarse en la Cámara de Diputados para el Ejercicio Fiscal de 2012.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2011.
Diputado Eviel Pérez Magaña (rúbrica)