De la Cámara de Senadores, con las que remite 11 prosiciones con puntos de acuerdo, relativos al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012

México, DF, a 3 de noviembre de 2011.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presente

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Antelmo Alvarado García, Carlos Aceves del Olmo y Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012, no se afecten los fondos federales extraordinarios para la educación superior que sirven para impulsar aspectos particulares del desarrollo de estas instituciones educativas.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senador Ricardo Francisco García Cervantes

Vicepresidente

Los suscritos, senadores Antelmo Alvarado García, Carlos Humberto Aceves del Olmo y Adolfo Toledo Infanzón, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 fracción II, 76, fracción IX, 108, numerales 1 y 2, 276, numerales 1 y 2 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con moción de urgente resolución, a fin de exhortar respetuosamente a la Cámara de Diputados a través de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto y Cuenta Pública, Educación Pública y Servicios Educativos, a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, no se afecten los Fondos Federales Extraordinarios para la Educación Superior, que sirven para impulsar aspectos particulares del desarrollo de estas instituciones educativas.

Considerando

Que los Fondos Extraordinarios para la Educación Superior son un conjunto de apoyos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación por la Cámara de Diputados y que gestiona el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública, concretamente con la Subsecretaría de Educación Superior; lo anterior con el propósito de “impulsar aspectos particulares del desarrollo de las instituciones de educación superior”.

Que dichos fondos tienen múltiples propósitos, tales como:

Ampliar la cobertura de la educación superior con equidad, contribuir a la mejora continua de la calidad de la oferta educativa y establecer un sistema de educación superior abierto, flexible y diversificado en sus modalidades.

Incrementar la pertinencia de la oferta educativa, entendida ésta como la atención a las necesidades de los educandos y a las planteadas por el desarrollo nacional, regional y estatal.

Mejorar y asegurar la calidad de los programas educativos que ofrecen las instituciones de educación superior, impulsar la mejora del perfil individual y colectivo del profesorado de tiempo completo, fortalecer el desarrollo de los cuerpos académicos y sus líneas de generación y aplicación del conocimiento, así como promover la calidad de sus procesos de gestión.

Avanzar hacia el establecimiento de un modelo de financiamiento basado en el desempeño institucional y estimular la mejora continua de la calidad de los servicios educativos; tomado en consideración una serie de indicadores en docencia e investigación.

Dar solución a los problemas estructurales que impactan negativamente la viabilidad financiera de corto, mediano y largo plazos de las instituciones de educación superior, como lo es, la operación de los fondos de financiamiento a los sistemas de pensiones y jubilaciones.

Regularizar aquellas plazas administrativas creadas por estas Instituciones en razón de crecimiento, reestructuración o necesidad apremiante para que formen parte de manera permanente en la plantilla institucional y, por lo tanto, sean autorizadas y reconocidas por la Secretaría de Educación Pública.

Apoyar la realización de proyectos formulados por las universidades públicas estatales que incidan en su saneamiento financiero (pago de pasivos a servicios gubernamentales) y con ello dar solución a problemas que impiden la adecuada ejecución de sus planes de desarrollo institucional.

En suma, que los fondos extraordinarios representan un paradigma de financiamiento público de la educación superior, orientados a la obtención de resultados y a acelerar procesos de mejora en las instituciones educativas del país.

Que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2012 que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha enviado a la honorable Cámara de Diputados, se vislumbra que uno de los principales ejes de aplicación de los recursos presupuestales, serán asignados al rubro de seguridad pública, afectando de manera destacada a la educación superior, pues según la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, en tres de los cuatro fondos extraordinarios destinados a universidades públicas estatales hay recortes por mil 395 millones de pesos.

Que la afectación en las dimensiones mencionadas de los Fondos Federales Extraordinarios, dejaría a muchas universidades públicas estatales, con soluciones a medias en sus problemas estructurales, como es el caso de la Universidad de Guerrero.

Que el rubro de la educación, es el soporte más importante del futuro de la nación, es cierto que el esfuerzo que debe realizarse por recuperar la paz y la tranquilidad de este país es también prioritario para todos los mexicanos, pero no debe hacerse a costa de recortar a las instituciones educativas los recursos necesarios para su viabilídad y la solución de sus problemas estructurales.

Que la apuesta nacional debe ser por educar a la juventud más que por la estrategia de seguir llevando a cabo un combate, una guerra o como quiera llamarse a esta práctica, que sigue costando al país, cantidades estratosféricas de dinero y la vida de ya casi 50,000 mexicanos, política, que no tendrá más acotamientos que aquellos que las instituciones de contrapeso del poder público, como el Congreso de la Unión puedan establecer al Poder Ejecutivo.

En razón de las causas antes expuestas se somete a la consideración de la honorable asamblea la siguiente proposición de urgente resolución

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a través de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto y Cuenta Pública, Educación Púb1íca y Servicios Educativos a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012 no se afecten los Fondos Federales Extraordinarios para la Educación Superior, que sirven para impulsar aspectos particulares del desarrollo de estas instituciones educativas.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores, a los 26 días del mes de octubre del año 2011.

Senadores: Antelmo Alvarado García, Carlos Humberto Aceves del Olmo y Adolfo Toledo Infanzón (rúbricas)

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 se incluya en la lista del anexo 18, “Programas sujetos a reglas de operación”, el de modernización de organismos operadores de agua.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica)

Vicepresidente

La suscrita, senadora Claudia Sofía Corichi García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, conforme a lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, y 276, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El gasto destinado al desarrollo social tiene varios componentes. Dos de los más importantes son los que integran las aportaciones federales (ramo 33), y los subsidios y las transferencias.

Las aportaciones federales están reguladas por la Ley de Coordinación Fiscal que, con la Ley de Ingresos, permite calcular sus montos, los cuales se dan a conocer a través del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

En el decreto del PEF de cada año se asignan las sumas destinadas a programas relacionados con el desarrollo social y que son financiados mediante subsidios y transferencias. De acuerdo con el decreto, deben ser operados conforme a normas adecuadas a cada programa, conocidas como “reglas de operación”. El decreto enumera los programas que estarán sometidos a tales reglas.

El objetivo de dichas reglas es asegurar la aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos destinados a programas que conllevan el otorgamiento de subsidios. Como características generales de las reglas de operación encontramos las siguientes:

• Definen con claridad el objetivo de cada programa.

• Identifican con precisión la población objetivo.

• Establecen criterios para la identificación o inclusión de beneficiarios.

• Determinan el monto de los subsidios o de los apoyos por proporcionar.

• Establecen procedimientos para la asignación de los subsidios y definen la temporalidad de éstos.

• Delimitan responsabilidades entre niveles de gobierno, dependencias y beneficiarios.

• Precisan indicadores para la evaluación periódica de los programas.

• Disponen lineamientos para la transmisión de información relevante a diferentes sectores de la población.

El Programa para la Modernización de Organismos Operadores de Agua (Promagua) tiene como fin apoyar a los prestadores de servicios en la atención de la población, en materia de cobertura y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Para lo anterior, promueve la participación de capital privado como complemento de los recursos no recuperables que el programa brinda. Para ello implica un cambio estructural que fomente la consolidación de los organismos operadores de agua, facilite el acceso a la tecnología de punta, impulse la autosuficiencia y promueva el cuidado del ambiente con proyectos de saneamiento, preferentemente ligados al aprovechamiento de las aguas residuales.

Para participar en el Promagua se requiere prestar los servicios de agua potable y saneamiento a localidades de más de 50 mil habitantes.

En el anexo 18 del PEF de 2012, “Programas sujetos a reglas de operación”, se establecen los que en dicho ejercicio estarán sujetos a reglas de operación.

Así, el Promagua no se incluye en dicho anexo, por lo cual se entiende que no estará sujeto a reglas de operación.

Esta falta de claridad en la operación de dicho programa es contraproducente con el objetivo de éste: apoyar a los prestadores de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para que puedan prestar un servicio de calidad a la población.

Aun cuando el programa promueve la participación de capital privado como complemento, estos recursos se complementan con los recursos que el programa otorga, es necesario que los recursos de origen federal se sometan a reglas de operación.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 se incluya en la lista del anexo 18, “Programas sujetos a reglas de operación”, el de modernización de organismos operadores de agua.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 26 de octubre de 2011.

Senadora Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores de los estados de Baja California, de Coahuila, de Chihuahua, de Durango, de San Luis’ Potosí, de Sinaloa, de Tamaulipas y de Zacatecas, presentaron propuesta con punto de acuerdo para solicitar a la Cámara de Diputados la constitución en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012, de un fondo especial de atención a la sequía, con una asignación, como piso, de 10 mil millones de pesos.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica)

Vicepresidente

Los que suscriben, senadores por los Estado de Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 72, fracción XIII; 76, fracción IX, y 276, todos del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes considerandos:

La sequía atípica que está arrasando al norte del país, sin antecedentes similares desde hace casi nueve décadas, está ubicando a ocho entidades federativas en el colapso agropecuario, lo cual afectará no únicamente la economía de las familias rurales de esta región, sino que se verá mermada la oferta de alimentos humanos y pecuarios a n I local y nacional.

Estas entidades mencionadas contribuyen con el 18.6 por ciento del Producto Interno Bruto del país, generando casi el 30 por ciento de producción nacional de las actividades primarias relativas a la agricultura, la ganadería la pesca y forestal.

En los estados mencionados se cultiva más de dos terceras partes del frijol; casi 50 por ciento del tomate; el40 por ciento del maíz; un tercio del valor de la producción nacional de acuacultura y pesca; más de la mitad de la madera; así como el 30 por ciento de la ganadería.

En el territorio de estos estados citados se ubica el 37 por ciento de la superficie nacional dedicada a la agricultura, de la cual 63 por ciento es de temporal y 37 por ciento de riego, se está viendo afectada principalmente porque el cambio climático ha provocado que la precipitación pluvial de los últimos meses haya disminuido a la mitad de su promedio histórico que es de 498 milímetros cúbicos, a menos de 251 milímetros cúbicos. Lo peor, es que la Comisión Nacional del Agua ha pronosticado un panorama similar para los próximos meses.

Si se considera que la superficie agrícola de la región no supera el 40 por ciento, es menester recalcar que la tierra de riego también se ve afectada s y los mantos acuíferos no tienen agua debido a que el estiaje lleva ya muchos meses de sequía.

Lo anterior está provocando que durante el ciclo agrícola primavera-verano en amplias zonas del norte del país no se tengan cosechas o éstas sean raquíticas que no generen ingreso alguno; la producción y la productividad se vean drásticamente disminuidos y el panorama desolador de tierras de cultivo muertas y sin posibilidades en el corto plazo.

La consecuencia principal de esta situación es que la producción de los principales cultivos agrícolas haya disminuido hasta en dos tercios, lo que representa un indudable golpe para la economía de las familias, sobre todo de las más pobres para generar más delincuencia que crea un caldo de cultivo favorable para generar más delincuencia.

Por el lado de la actividad pecuaria sucede exactamente lo mismo: hatos de ganado enflaquecido y muerto por falta del vital líquido, por ausencia de pastizales para su alimentación y por falta de liquidez de los ganaderos para surtir granos y forrajes. Esto ha provocado que los sujetos dedicados al coyotaje compren el ganado a precios irrisorios de hasta el 5 o 7 por ciento de su valor, lo que provoca en los productores la incertidumbre de sacar una mínima parte de recursos o dejarlos morir por inanición.

Ante este panorama de profunda crisis económica y social provocada por la aguda sequía que afecta a 8 entidades del norte del país proponemos que el Fondo Especial de Atención a la Sequía, con una asignación, de 10 mil millones de pesos sea cubierto con recurso federales debido a que los gobiernos de los estados mencionados y de los municipios que los integran tienen fuertes problemas financieros permanentes y en las actuales condiciones se les obliga a aportar recursos que no tienen.

La actual sequía que afecta el sur de los Estados Unidos y una amplia región del norte de México nos sitúa en una crisis extraordinaria, motivo por el cual se requiere que tanto el Congreso de la Unión, como el Gobierno Federal hagamos también esfuerzos extraordinarios; además de que es necesario realizar las gestiones y negociaciones necesarias para que el Fonden, que apoya catástrofes provocadas por inundaciones, hasta ahora no atienda daños climáticos contrarios como lo es la sequía.

Sabemos que la gran heterogeneidad del territorio nacional en su composición orográfica e hidrográfica hace que el país se sitúe en una dialéctica catastrófica de inundaciones en los estados del sureste y sequía extrema en el norte

Los gobernadores de los estados de Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas han solicitaron a la Cámara de Diputados recursos adicionales extraordinarios para lo que resta del año en curso, debido a que los daños directos al medio rural se están padeciendo desde hace varios meses, al grado que muchos habitantes, sobre todo del medio rural ya no tienen ni para comer.

Se requiere atender las prioridades del sector agrícola a través de la rehabilitación y equipamiento de pozos, infraestructura de cosecha de agua, programas de eficiencia energética, fondo de inducción/reconversión productiva, producción de semillas, nivelación de suelos, modernización de infraestructura hidráulica, tecnificación de riego, entre otros.

Asimismo, en el sector pecuario se requiere de la adquisición de pastura bajo contrato y su acopio, reactivación de actividades ganaderas a través de asistencia técnica infraestructura y equipamiento tecnológico para el manejo de agostaderos y dotación de alimentos, mejoramiento genético y reposición de hato ganadero, programas sanitarios, así como reconversión de predios de uso agrícola a pecuario.

En apoyos sociales se necesita la adquisición de camiones cisterna para el acarreo de agua, programas de apoyo a dieta alimenticia y dotación de alimentos básicos, asesoría para huertas de traspatio, proyectos ecoturísticos, rehabilitación de caminos y para sacar cosechas, producción avícola de traspatio.

Se requiere también de creación de empleo temporal, pero sobre todo de empleo productivo, no de ocupar a la gente para “hacer y tapar hoyos”, sino de que realicen obras duraderas para riego y desagüe de parcelas, canales de riego, pavimentación de carreteras y calles, rehabilitación de cercas y bardas; es decir, que sean obras útiles para la población.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Senadores solicitar a la H. Cámara de Diputados la constitución en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012, de un fondo especial de atención a la sequía, con una asignación, como piso, de 10 mil millones de pesos para atender la sequía extrema de los estados de Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.

Senadores: Claudia Corichi García (rúbrica), Alejandro González Yáñez (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), Ricardo Pacheco Rodríguez (rúbrica), Fernando Castro Trenti (rúbrica), Antonio Mejía Haro (rúbrica), Amira Gómez Tueme (rúbrica), Carlos Jiménez Macías. Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (rúbrica), Alejandro González Alcocer (rúbrica), Lázara Nelly González Aguilar (rúbrica), José Julián Sacramento Garza (rúbrica), Ramón Galindo Noriega (rúbrica), José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), Ernesto Saro Boardman (rúbrica), María Teresa Ortuño Gurza (rúbrica), Tomás Torres Mercado (rúbrica), Jaime Rafael Díaz Ochoa (rúbrica), Margarita Villaescusa Rojo (rúbrica), María Serrano Serrano (rúbrica), Francisco Labastida Ochoa (rúbrica), Andrés Galván Rivas (rúbrica) (rúbrica), Alejandro Zapata Perogordo (rúbrica; sólo con la exigencia de que se manejen con honestidad y transparencia).

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Lázara Nelly González Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012 se consideren recursos suficientes para que la Secretaría de Desarrollo Social incremente su representación en los estados de la Unión Americana, específicamente en el estado de Texas, a efecto de otorgar facilidades para el mejor desarrollo del Programa 3x1 Migrante.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica)

Vicepresidente

La que suscribe, Lázara Nelly González Aguilar, senadora de la República a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que: Se exhorta a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, se consideren recursos suficientes para que la Secretaría de Desarrollo Social incremente su representación en los estados de la Unión Americana, específicamente en el estado de Texas, a efecto de otorgar facilidades para el mejor desarrollo del Programa 3x1 Migrante, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A la Secretaría de Desarrollo Social corresponden las tareas de fortalecimiento de las comunidades y sus relaciones con el gobierno, uno de los programas exitosos que logra generar un vínculo entre los migrantes y su comunidad ha sido sin lugar a dudas el Programa 3x1 Migrante, dicho programa genera la posibilidad de generar un desarrollo para las comunidades mexicanas.

La Sedesol refiere que a través del programa 3x1 migrante, los mexicanos radicados en el exterior han hecho patente su deseo de colaborar en acciones y obras sociales necesarias en sus comunidades de origen y han alcanzado un importante nivel de participación. Además de fomentar los lazos de identidad de los migrantes hacia sus lugares de origen, el programa incentiva la corresponsabilidad de la sociedad civil en el mejoramiento de sus condiciones de vida y fortalece la coordinación entre autoridades gubernamentales y los migrantes para invertir en sus comunidades de origen u otras localidades.

La misión del programa se encuentra en multiplicar los esfuerzos de los migrantes mexicanos radicados en el extranjero, mediante el fortalecimiento de los vínculos con sus comunidades de origen y la coordinación de acciones con los tres órdenes de gobierno que permitan mejorar la calidad de vida en dichas comunidades.

A través de este programa la comunidades pueden desarrollar proyectos de infraestructura, equipamiento y servicios comunitarios en materia de: saneamiento ambiental conservación de los recursos naturales; educación, salud y deporte; agua potable, drenaje y electrificación; comunicaciones, caminos y carreteras; cultura y recreativa; mejoramiento urbano; becas educativas 3x1; proyectos productivos comunitarios; y otras que acuerden las partes en materia de desarrollo social comunitario; además de proyectos productivos para el fortalecimiento patrimonial, que contribuyan a la generación de ingreso y empleo entre la población objetivo del programa.

Los clubes de migrantes en el extranjero son esfuerzos colectivos de nuestros paisanos para organizarse y generar desarrollo en sus comunidades de origen, los clubes espejo fungen como una contraloría social de la correcta aplicación de los recursos en el proyecto comunitario, esta interacción de los migrantes con sus comunidades de origen, resultan en un mayor acercamiento de las familias mexicanas, por lo que es importante seguir apoyando y ampliar la cobertura y participación de estas organizaciones.

La Secretaría de Desarrollo Social cuenta con representaciones en algunas ciudades de Estados Unidos como son Los Ángeles, California; Chicago, Illinois; y Nueva York, logrando avances importantes en la aplicación del programa que nos ocupa, por lo que es necesario fortalecer esta estructura en otros estados de la Unión Americana con alta población de migrantes mexicanos como lo es el estado de Texas.

Como es de todos conocido, el estado de Texas es uno de los estados en los que se concentra un gran porcentaje de los migrantes mexicanos, por lo que se justifica la apertura de una representación de la Sedesol en alguna de la ciudades de este Estado fronterizo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012 se consideren recursos suficientes para que la Secretaría de Desarrollo Social incremente su representación en los estados de la Unión Americana específicamente en el estado de Texas, a efecto de otorgar facilidades para el mejor desarrollo del Programa 3x1 Migrante.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 20 días del mes de octubre de 2011.

Senadora Lázara Nelly González Aguilar (rúbrica)

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Margarita Villaescusa Rojo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el ejercicio presupuestal 2012 destine los recursos necesarios al Colegio Bachilleres del estado de Sinaloa y a la Universidad Autónoma de Sinaloa para que continúen y fortalezcan la importante labor educativa que desempeñan.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica)

Vicepresidente

La suscrita, senadora Margarita Villaescusa Rojo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 276 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República somete a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución con base en las siguientes

Consideraciones

La demanda de recursos para los proyectos que se planean detonar en el Estado de Sinaloa ha sido claramente fundamentada por el Gobierno Estatal para brindar bases suficientes ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, sumándose a los esfuerzos que como legisladores hemos realizado todos para beneficio de nuestras entidades.

El gobierno de estatal solicitó alrededor de 33 mil millones para implementar proyectos para el desarrollo de los sectores más importantes de la región, entre los que se encuentran la agricultura, ganadería, pesca, educación, salud, cultura y deporte; para que sea posible su realización son imprescindibles los apoyos de la federación.

México es un país con una significativa proporción de jóvenes que están en edad de cursar sus estudios de educación media superior y universitarios, sin embargo sólo tres de cada 10 de éstos jóvenes tienen la posibilidad de hacerlo.

A nivel mundial el presupuesto destinado a educación es de 8% del producto interno bruto; sin embargo en los últimos 5 años, las estadísticas muestran que en México el gasto público en educación solo ha sido cercano al 5%.

México es el País de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que tiene el gasto público en educación más bajo como porcentaje del PIB; un estudio del Panorama Mundial de la Educación 2011 señala que aquí apenas se invierten 2 mil 284 dólares por alumno, mientras en otros países en promedio se destinan 8 mil 169 dólares.

Según el Panorama Mundial de la Educación el número de personas entre edades de 15 y 29 años que no estudian ni trabajan alcanzan una cifra de 7 millones 226 mil en México, números que lo ubican como el tercer país con el mayor número de jóvenes inactivos; de los cuáles, un millón 930 mil, tienen entre 15 y 19 años, correspondientes a educación media superior y está cifra es más preocupante cuando se hace el análisis en nivel de educación superior.

En el presente año la Universidad Autónoma de Sinaloa solicitó recursos para atender a sus más de 125 mil jóvenes estudiantes, pero las cifras sobre su presupuesto son bastante inequitativas respecto a la media nacional, pues al año recibe 32 mil pesos por alumno, cuando el promedio es de 43 mil.

Es necesario fomentar la educación en nuestro país, pues es el principal recurso del Estado para contribuir e incentivar al crecimiento del potencial humano sin dejar de estimular los criterios de la sustentabilidad y de darle relevancia a la familia en el acto de educarnos.

El Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (Cobaes) es una institución que cuenta con 30 años cumpliendo ésta importante función de educar pero que al igual que la UAS, se encuentra necesitada de un importante apoyo y compromiso por parte de nosotros como legisladores para cultivar la ciencia y la cultura en nuestra juventud.

Actualmente el Cobaes requiere de apoyos para varios rubros que son fundamentales para el correcto funcionamiento del personal docente y por ende, para el correcto desarrollo científico, cultural y humano de su alumnado.

Cabe mencionar que dicha institución ha elaborado un plan de inversión muy detallado y apegado a las necesidades reales que enfrenta desde hace varios años.

Entre los rubros que requiere es la adquisición de equipo de cómputo debido a que es de suma importancia dotar de tecnología a los estudiantes en los centros de cómputo y cumplir la recomendación internacional de la UNESCO “Una computadora por cada 10 alumnos”.

Se requiere modernizar 15 laboratorios de usos múltiples y 162 talleres con el equipo adecuado, suficiente y necesario para el desarrollo de actividades experimentales y prácticas estudiantiles, acordes con los programas de estudio.

Además el Cobaes tiene planeada la construcción de 62 aulas y 58 edificaciones en diferentes planteles en el Estado así como un nuevo campus en Culiacán, Sinaloa, sin embargo el presupuesto hasta ahora asignado no es suficiente para estas labores.

Tanto la UAS como el Cobaes cuentan con una importante demanda por parte de jóvenes que necesitan adquirir una formación académica acorde con las necesidades del mercado laboral actual así como una formación ética que permita a nuestra sociedad tener una sana convivencia.

Sin los recursos necesarios para transformar sus sistemas educativos, el cambio en ellas no será posible. Resulta importante mencionar que la delincuencia, la pobreza y la crisis de valores que como sociedad enfrentamos actualmente, encuentran su solución más eficaz en la educación, es por ello que debemos apoyarla a través de la inversión efectiva de nuestros recursos para abatir los principales problemas de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de urgente resolución la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero: Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, tenga a bien asignar recursos necesarios y suficientes que en su totalidad hacen la suma de trescientos cuarenta y cuatro millones de pesos, al Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa para mantenimiento, construcción y equipamiento de su infraestructura; en beneficio de sus 41 mil estudiantes y 3 mil 300 trabajadores en los 125 planteles del Cobaes.

Segundo: Asimismo, se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 destine los recursos necesarios y suficientes, que en su totalidad son tres mil cincuenta millones de pesos, a la Universidad Autónoma de Sinaloa para que continúen y fortalezcan la importante labor educativa que desempeña en el Estado de Sinaloa.

Senadora Margarita Villaescusa Rojo (rúbrica)

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Carlos Jiménez Macías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a fortalecer el presupuesto para los sectores forestal, agrícola y pecuario, en particular al Centro de Investigación Regional Noreste del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias para el ejercicio fiscal de 2012, a fin de promover e incrementar el conocimiento, desarrollo científico e innovaciones tecnológicas, forestales y agropecuarias en el país.

La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica)

Vicepresidente

El que suscribe, Carlos Jiménez Macías, senador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II, 108, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, como de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 4 de agosto de 2011, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados publicó una nota informativa sobre el gasto en ciencia y tecnología en México, destacando que los recursos destinados al desarrollo de la ciencia y la tecnología tienen gran relevancia para la competitividad de las naciones, pues determinan en qué grado se pueden producir bienes y servicios novedosos de manera eficiente.

Al respecto el Eje 2, Economía Competitiva y Generadora de Empleos, del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 consideró “Facilitar el financiamiento de las actividades de ciencia, innovación y tecnología; así como permitir la adquisición, adaptación y desarrollo de nuevas tecnologías”.

Lo anterior pone de manifiesto que el gobierno federal tenía presente la importancia de invertir en ciencia y tecnología, como prerrequisito para incrementar los niveles de competitividad del país.

Por ello se debe revisar qué cantidad de recursos está destinando el gobierno mexicano a la investigación científica y al desarrollo tecnológico y, si son insuficientes, hay que exigir que cuando menos se cumpla con lo establecido en el artículo 25 de la Ley General de Educación y en el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, los cuales establecen que el estado deberá gastar en esta materia al menos 1 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Pero no nos podemos conformar con lo que hasta ahora se invierte, pues según cifras reportadas por la Organización para Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 2008 México sólo invirtió 0.37 por ciento del PIB, cifra incluso menor a la reportada en 1999, pues en esa fecha alcanzó 0.39 por ciento del PIB. Por supuesto, estas cifras ubican a nuestro país en el último lugar en inversión en ciencia y tecnología, respecto de los treinta países miembros de la OCDE, lo cual compromete el mejoramiento de su competitividad.

Nuestro país invierte menos en ciencia y tecnología que países con un nivel de desarrollo similar al nuestro, como Chile (0.67 por ciento) y Brasil (1.13 por ciento), e incluso invierte menos que países con un ingreso medio bajo como India (0.88 por ciento) y China (1.44 por ciento).

En México existen instituciones que parecen estar dando buenos resultados respecto de la investigación en materia forestal, agrícola y pecuaria. Tal es el caso del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), que es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, que forma parte del sector coordinado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Este instituto cuenta con 8 centros de investigación regional (CIR), entre ellos el CIR Noreste, el cual comprende los estados de San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Su principal misión es generar conocimiento científico e innovaciones tecnológicas, forestales y agropecuarias, a fin de responder a las demandas y necesidades de las cadenas agroindustriales y de los distintos tipos de productores.

El instituto contribuye al desarrollo rural sustentable mejorando la competitividad, pero manteniendo la base de los recursos naturales a través del trabajo participativo y corresponsable con otras instituciones, además de organizaciones públicas y privadas asociadas al campo mexicano.

Sin embargo, según datos aportados por el propio INIFAP, a nivel nacional sólo cuenta con 1 mil 124 investigadores (equivalente a 52 por ciento del personal total), 852 operativos y 185 mandos. Cabe resaltar que el nivel académico de sus investigadores ha ido aumentando progresivamente en los últimos dos años, pues el nivel de maestría ha pasado de 40 por ciento en 2009, a 51 por ciento en 2011 y, el nivel de doctorado de 24 por ciento a 32 por ciento, durante el mismo periodo.

Lamentablemente, en los últimos años el INIFAP ha visto disminuir sus recursos, tanto en la capacidad presupuestal, como en el gasto total en investigación y desarrollo agropecuario que le es asignado, pues se ha privilegiado a las agencias gubernamentales. Lo anterior, no obstante que el instituto ha realizado esfuerzos excepcionales por incrementar sus propios recursos, lo que al parecer, le ha salido contraproducente, pues en lugar de obtener mejor presupuesto a partir de los éxitos que ha obtenido, es castigado retirándole recursos públicos.

Cabe destacar que entre otros productos y servicios derivados de la investigación que realiza el instituto que nos ocupa, se encuentran

• Análisis de laboratorio, en cuanto a la calidad de semillas, agua-suelo-planta, bromatología, fertilizantes, inoculantes biológicos, influenza aviar, rabia y brucelosis;

• Evaluaciones a anabólicos, vacunas, agroquímicos, fertilidad de sementales y evaluaciones genéticas;

• Capacitación en tecnología de producción de cultivos, simposios, diplomados y capacitación en la acción;

• Certificación de implementos y maquinaria agrícola;

• Elaboración y ejecución de proyectos sobre investigación básica, investigación aplicada, transferencia de tecnología y validación de proyectos integrales y;

• Asesoría, diagnósticos y dictámenes técnicos en materia de predicción de cosechas, inventario forestal, control de plagas y enfermedades, estudio de peritajes técnicos legales y planes de manejo integral de recursos naturales.

Ahora bien, entre los logros más relevantes conseguidos a nivel local por el CIR Noreste, con sede en Tamaulipas –el cual cubre una superficie total de 357 mil 516 kilómetros cuadrados, esto es equivalente a 18 por ciento del territorio nacional–, destacan:

• Nuevas variedades de chile, con lo cual se depende de las empresas trasnacionales para la venta de semilla o bien cultivando criollos. Con el uso de esta semilla certificada se incrementará el rendimiento por hectárea con respecto al uso de semilla criolla y de algunos híbridos comerciales.

• Pastos para zonas áridas de altura, semilla de variedades de pastos para las zonas áridas y semiáridas del país, a fin de satisfacer la demanda estatal, regional o nacional, de germoplasma forrajero para los programas de rehabilitación de pastizales y la reconversión de áreas agrícolas marginales a uso pecuario.

• Tecnología disponible para la producción de hortalizas en ambiente controlado, respecto de la producción de jitomate y pepino en invernadero, producción de jitomate, chile ancho y habanero en casa malla.

• Capacitación en producción de hortalizas en ambiente controlado, ofreciendo cursos que brindan la oportunidad de recibir capacitación teórica y práctica sobre la tecnología para producir jitomate y chile; siendo los instructores un grupo interdisciplinario con amplia experiencia local.

• Paquetes tecnológicos actualizados; soporte con innovaciones tecnológicas a programas sectoriales de gobierno federal y estatal: agrícolas, pecuarias y forestales; manejo y rehabilitación de pastizales y producción de forrajes en zonas áridas y semiáridas; tecnología integral para la producción de frijol de temporal y riego; manejo de plantaciones de nopal tunero y de verdura, manejo de ovinos y caprinos en agostaderos y, conservación de recursos naturales.

Algunos otros a nivel nacional del instituto, son

• La generación de variedades de trigo;

• La generación de variedades mejoradas e híbridos de maíz;

• Tecnología pecuaria, destacando como principales áreas de trabajo la eficiencia en los sistemas de producción, el diagnóstico para prevención de enfermedades e inocuidad, así como la nutrición y alimentación.

También destaca de manera importante la vacuna PAV-250 creada por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, pues fue la vacuna oficial de la campaña zoosanitaria para la fiebre porcina clásica, aplicándose en un año 26 millones 400 mil dosis. Gracias a esta vacuna, en 2009 México fue declarado libre de fiebre porcina clásica.

En conclusión, de la información con que contamos, resulta innegable que el INIFAP es un instituto exitoso por su excelencia científica y tecnológica, contando además con liderazgo y reconocimiento nacional e internacional por su capacidad de respuesta a las demandas de conocimiento e innovaciones tecnológicas en beneficio agrícola, pecuario y de la sociedad en general.

Asimismo, es reconocido por el cumplimiento de sus responsabilidades y objetivos respecto de la contribución al desarrollo productivo, competitivo, equitativo y sustentable de las cadenas agropecuarias y forestales, mediante la generación y adaptación de conocimientos científicos e innovaciones tecnológicas y la formación de recursos humanos para atender las demandas y necesidades en beneficio del sector y de la sociedad, en un marco de cooperación institucional con organizaciones públicas y privadas.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, como de urgente resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a que en el ámbito de sus atribuciones considere fortalecer el presupuesto para los sectores forestal, agrícola y pecuario, en particular, al Centro de Investigación Regional Noreste del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias para el ejercicio fiscal de 2012, o que cuando menos éste no sea menor al aprobado para el ejercicio 2011, a fin de promover e incrementar el conocimiento, desarrollo científico e innovaciones tecnológicas, forestales y agropecuarias en el país.

Senado de la República, a 3 de noviembre de 2011.

Senador Carlos Jiménez Macías (rúbrica)

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presente

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron propuesta con punto de acuerdo para exhortar al director del Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta de la Cámara de Diputados para aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación la pensión mínima universal para los pensionados, viudas y jubilados de todo el país.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica)

Vicepresidente

Los suscritos, senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Cámara de Senadores en la LXI Legislatura: Arturo Herviz Reyes, Francisco Javier Castellón Fonseca, Carlos Sotelo García, Arturo Núñez Jiménez, Rosalinda López Hernández, Julio César Aguirre Méndez, Carlos Navarrete Ruíz, Pablo Gómez Álvarez, Tomás Torres Mercado y Jesús Garibay García, en ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta soberanía, la siguiente: proposición con punto de acuerdo, para exhortar al director del Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta de la Cámara de Diputados, para aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación la pensión mínima universal para los pensionados, viudas y jubilados de todo el país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El sistema de pensiones y jubilaciones en México es injusto y contraviene a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la actualidad los pensionados y viudas de México tienen un ingreso entre mil 500 pesos a 3 mil 500 pesos mensuales, recursos que los mantienen en una pobreza permanente y que todos los partidos políticos de México han sido omiso, insensibles o indolentes para mejorar sus raquíticas pensiones.

En junio de 2011, el Centro de Análisis y Estudios de la Seguridad Social reportó que en México las pensiones representan entre 25 y30 por ciento del último salario previo a la jubilación, y ubica al país dos o tres lugares antes del último entre las pensiones más insuficientes dela Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Los pensionados, viudas y jubilados en México son el sector social que más vulnero sus ingresos las crisis económicas como: devaluaciones, el quite de los tres ceros a la moneda nacional, inflación, y el predominio en el gasto irracional del erario por los tres poderes de la unión y los tres niveles de gobierno, los cuales no han realizado políticas públicas para cambiar la situación económica, toda vez que sus precarios ingresos se enfrentan a los incrementos injustificados de los productos básicos de los alimentos producto de la crisis alimentaria que se presentan en los último cinco años en la economía mundial.

Cada año que el gobierno de Felipe Calderón envía al Congreso de la Unión los criterios de política económica, Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación, los pensionados y jubilados no representamos para los gobiernos panistas una prioridad, sin embargo es preciso señalar que en los criterios de política económica del año 2009, el gobierno federal rescato a la industria automotriz transnacional, a las constructoras y Sofoles con aproximadamente 150 mil millones de pesos, es decir se reprodujo el Fobaproa, IPAB, recates carreteros, de los ingenios y otros manejos monopólicos del erario en contra de los pobres.

Los diputados principalmente no ejercen las facultades exclusivas que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para modificar y cambiar las partidas raquíticas y miserables que cada año les asignan a los pensionados y jubilados en el país.

Los diputados tienen la facultad constitucional de modificar el presupuesto e incrementar los recursos públicos suficientes para establecer la pensión mínima universal, para que los pensionados y jubilados enfrente los incrementos injustificados que cada mes se presenta en los alimentos, medicina, ropa, transporte, entre otras necesidades.

El gobierno de Felipe Calderón siempre ha señalado que no existen recursos suficientes para incrementar las raquíticas pensiones y jubilaciones, sin embrago existen recursos públicos suficientes para establecer la pensión mínima universal, solo falta que el gobierno panista realice la reforma fiscal integral que requiere el país y que todos los mexicanos paguen por igual sus impuestos y no existan mexicanos de primera y segunda.

El sistema tributario de los gobiernos neoliberales y de la tecnocracia insensible, nos han heredado desde 1982 un régimen fiscal basado en la evasión, elusión, regímenes especiales y que provocan que los grupos financieros mexicanos más ricos del país contribuyan para que la evasión fiscal anual llegue aproximadamente a los 500 mil millones de pesos. Cabe aclarar que durante el gobierno de Vicente Fax realizó devoluciones “fiscales” a estos grupos financieros por aproximadamente 600 mil millones de pesos.

Estos recursos son suficientes para establecer la pensión mínima universal, para que cada año el Congreso de la Unión y de manera concreta la Cámara de Diputados realice estudios y ajustes las pensiones y jubilaciones, ante las fluctuaciones que afectan severamente el poder adquisitivo de los ciudadanos de la tercera edad, por tal motivo lo recursos para establecer la pensión mínima universal deberá de ser de 5 mil pesos mensuales para cada uno de los pensionados, viudas y jubilados del país.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al director del Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012, la pensión mínima universal por la cantidad de 5 mil pesos mensuales para los pensionados, viudas y jubilados de todo el país.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 3 días de noviembre de 2011.

Senadores: Arturo Herviz Reyes (rúbrica), Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica), Carlos Sotelo García (rúbrica), Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), Rosalinda López Hernández (rúbrica), Julio Cesar Aguirre Méndez (rúbrica), Carlos Navarrete Ruíz (rúbrica), Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Tomás Torres Mercado, Jesús Garibay García (rúbrica).

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Minerva Hernández Ramos y José Isabel Trejo Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron propuesta con punto de acuerdo en relación a la ampliación presupuestal 2012 para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica)

Vicepresidente

Los que suscriben, Minerva Hernández Ramos y José Isabel Trejo Reyes, senadores de la República a la LXI Legislatura del Senado de la República e integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo en relación a la ampliación presupuestal 2012 para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hoy la protección de la salud de los mexicanos requiere de estrategias integrales que amplíen los servicios de todo el sector a las nuevas necesidades y favorezcan la cultura de la salud y el desarrollo de oportunidades para establecer estilos de vida saludables.

Así, el artículo 27 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dispone que el instituto deberá establecer un seguro de salud que tendrá por objeto proteger, promover y restaurar la salud de sus derechohabientes, otorgando servicios de salud con calidad, oportunidad y equidad, a través de servicios de medicina preventiva, atención médico curativa, de maternidad, así como de rehabilitación física y mental. En este contexto, la limitada disponibilidad de recursos requiere de ejercicios de priorización de necesidades de gasto y atención de los compromisos sectoriales del instituto.

Con el propósito de apoyar la aplicación de acciones relacionadas con el abasto de medicamentos, el instituto estableció como uno de sus objetivos prioritarios garantizar el abasto de medicamentos recetados a los derechohabientes.

No obstante, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2012, se encuentra proyectado un gasto del orden de los 142 mil millones de pesos, mismos que se destinarán, entre otras prioridades a la adquisición de medicamentos y material de curación. Sin embargo, resultan insuficientes para cubrir las necesidades que demanda la derechohabiencia, en particular para la atención de padecimientos de alta especialidad y enfermedades crónico degenerativas, así como para cubrir los requerimientos de las unidades médicas inauguradas y ampliadas durante la presente administración.

Desde el punto de vista financiero en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2012, el instituto, presenta un balance positivo, toda vez que el techo de gasto proyectado es menor a los ingresos generados, lo que limita nuestra capacidad de gasto.

Sin embargo, se requiere un incremento al techo de gasto para el rubro de medicamentos. Cabe destacar que en la composición económica del Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2012, la totalidad de recursos ajenos a la adquisición de medicamentos y material de curación, se encuentra comprometida para la eficiente operación institucional.

Por lo anterior, resulta indispensable contar con una ampliación al techo de gasto del instituto por el orden de los 2 mil millones de pesos, mismos que se destinarían a la adquisición de medicamentos y material de curación, beneficiándose así una población superior a los 12 millones de derechohabientes.

Mayores recursos para el Seguro de Salud permitirán al instituto, entre otros aspectos, beneficiar a la población usuaria por arriba de los 40 años de edad, la cual demanda servicios que atienden padecimientos crónico-degenerativos, tales como: cáncer, diabetes y problemas cardiovasculares, así como la totalidad de la demanda de medicamentos para especialidades como: oncología, reumatología, endocrinología, cardiología, neurología y psiquiatría.

Adicionalmente, el instituto podrá cubrir la demanda de medicamentos de las nuevas unidades médicas que iniciaron operaciones, tales como los hospitales regionales de alta especialidad en el estado de Morelos y el estado de México, así como los servicios médicos de las unidades de segundo y tercer nivel de atención; es importante señalar que durante esta administración se han ampliando áreas como materno infantil, consulta odontológica, consulta externa general, hospitalización general y especializada, urgencias; incrementándose la oferta de servicios fundamentalmente de especialidad con lo que se atenderá a una población usuaria adicional de 3.4 millones de derechohabientes.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a que en la aprobación del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, contemple una ampliación presupuestal por el orden de los 2 mil millones de pesos, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), destinados para la adquisición de medicamentos y material de curación que garantice el abasto de medicamentos de los derechohabientes para su atención médica.

Senadores: Minerva Hernández Ramos (rúbrica), José Isabel Trejo Reyes.

Secretarios DE la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Luis Walton Aburto, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó propuesta con punto de acuerdo sobre el campo mexicano.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Comisión de Agricultura y Ganadería el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados los dos siguientes.

Atentamente

Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica)

Vicepresidente

Luis Walton Aburto, senador de la República, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo sobre el campo mexicano, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México, a partir de los años ochentas del siglo XX, se empezó a experimentar una política de apertura comercial sin límites estratégicos, la cual fue reforzada en la década de los noventa con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), factor decisivo para que numerosos sectores económicos del país fueran severamente afectados, siendo el campo un ejemplo aleccionador de ello.

Esta concepción simplista del capitalismo suponía que con dejar en libertad a los agentes del mercado se incrementarían las inversiones de capital en el sector agropecuario y se elevaría la eficiencia y la producción de alimentos y materias primas. Sin embargo, desde hace más de 2 décadas hemos constatado que ello no ocurrió. Ciertamente tenemos más importaciones y exportaciones hacia otros mercados, principalmente a Estados Unidos de América, EUA, pero ello es menor y no se justifica si se le compara con los graves estragos que ha significado para el país; aumento de la pobreza en zonas rurales, migración, desempleo, pérdida de soberanía alimentaria y un largo etcétera.

A pesar de que se pretenda proyectar la imagen de un campo fuerte, viable y en auge, poniendo como ejemplo al sector de frutas y hortalizas, donde las exportaciones de verduras a EUA y a Canadá, desde la firma del TLCAN a la fecha, han aumentado 122 por ciento, mientras que las frutas lo hicieron en 177 por ciento, hay que mencionar que el supuesto éxito se resume al aguacate, la lechuga, la fresa, el tomate, el limón, la guayaba y hasta allí.

¿Por qué no han aumentado las exportaciones de las semillas básicas si son las que abarcan a la mayor parte de la población rural?, ¿Cuántos productores del campo siembran estas frutas y verduras antes referidas? Ni el 10 por ciento de las familias rurales.

Es decir, los beneficios han sido para unos cuantos, para una elite de productores y no para las 3 millones de familias campesinas que se dedican a la siembra de granos básicos.

Actualmente en el campo mexicano hay 25 millones de habitantes, de los cuales 12.2 millones viven en pobreza alimentaria; un porcentaje muy crítico si consideramos que en 2008 el Coneval indicó que en todo el país había 19.4 millones de personas en esa condición. 1

En 1990, México ocupaba el sexto lugar en la importación de productos agrícolas procedentes de EUA, muy lejos del primer comprador de este tipo de bienes que era Japón. En 2008, nuestro país ocupó el segundo lugar, muy cerca del primer importador que fue Canadá. 2

La superficie cosechada de granos básicos se ha reducido de 13.3 millones de hectáreas en 1990 a 10.9 millones en el 2007, y la inversión pública en este sector pasó del 2.5 por ciento del PIB a sólo 1.2 por ciento en el mismo periodo.

En este sector se gana 80 por ciento menos que en la ciudad por trabajo equivalente.

17 millones de campesinos viven con 28 pesos o menos por día.

La esperanza de vida en el campo es de 55 años, y las posibilidades de morir por una enfermedad curable son 4 veces mayores que en el resto de los mexicanos.

Es evidente la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la población rural. Se debe hacer no sólo por motivos sociales y de estabilidad política, sino porque la producción del campo es fundamental para el desarrollo nacional y la soberanía alimentaria.

Un sector agropecuario económicamente fuerte proporciona alimentos y materias primas que satisfagan la demanda interna y contribuyan al equilibrio de la balanza comercial, la exportación de cultivos de alta densidad económica, generación de empleos agrícolas para reducir presiones sobre los mercados de trabajo urbanos y detona efectos multiplicadores sobre el empleo en otras ramas de la economía, generando una dinámica que amplíe el potencial del mercado nacional para acelerar el crecimiento económico general.

En México, los diferentes niveles de gobierno no han querido, o no han podido, entender los motivos fundamentales del por qué hay que rescatar al campo. Y no me refiero a la falta de voluntad política para destinar crecientes e importantes recursos a este sector, sino a que por omisión, negligencia o complicidad, no se revisan y corrigen las malas distribuciones o programas dirigidos al sector agrícola ni se actúa contra aquellos burócratas y caciques campesinos que se quedan con enormes cantidades de dinero.

Los datos del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) son reveladores al respecto. Los productores con menos de cinco hectáreas representan 75 por ciento de los beneficiarios de Procampo, pero reciben sólo 37 por ciento de las transferencias. Los productores con predios entre cinco y veinte hectáreas representan 22 por ciento de los beneficiarios y reciben 41 por ciento de los subsidios, mientras que quienes cuentan con más de 20 hectáreas son el 3 por ciento de los beneficiarios y reciben 23 por ciento de las transferencias. 3

La Auditoria Superior de la Federación, en 2009, observó que 10 por ciento del total de beneficiarios de Procampo concentró 53 por ciento de los subsidios. 4

Hay otros programas peores, por ejemplo, Ingreso Objetivo, cuyo procedimiento es bastante regresivo, pues sólo 9 por ciento de sus transferencias llega a 75 por ciento de los productores más pequeños, mientras que 3 por ciento de los productores más grandes concentran 60 por ciento de las transferencias. 5

Aparte de las deficiencias de los programas agropecuarios, habría que agregar al cambio climático, que a través de inundaciones, sequías, heladas y demás, se ha vuelto un factor determinante para deteriorar aún más la producción agrícola del país.

En el colmo de los casos, debemos mencionar la insensibilidad e irracionalidad del gobierno federal, que en el año 2011 destinó una partida presupuestal para el campo mexicano de 294 mil 526 millones de pesos. Pero para el Ejercicio Fiscal para 2012 contempla un presupuesto de 260 mil 323 millones de pesos, esto implica una disminución de 34 mil 202. 5 millones de pesos con respecto al año anterior, lo que representa casi un 15 por ciento del Presupuesto total. 6

A su vez, el Programa de Financiamiento y Aseguramiento al Medía Rural disminuye en menos 56.59 por ciento. Esto significa que Agroasemex tendría 37.03 por ciento menos recursos, Financiera Rural menos 57.21 por ciento, FIRA menos 59.76 por ciento, FOCIR menos 44.44 por ciento y Bansefi desaparece. Asimismo, el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, que incluye los activos productivos, proyectos estratégicos, FONAES, FAPPA, Promusag y Ecoturismo Rural, entre otros, disminuye en 40.77 por ciento. 7

Todo lo anterior, sobra decir, disminuirá notablemente los programas federales destinados a apoyar a los campesinos.

Existen estados de la República que poseen gran potencial agrícola, sin embargo, por las deficiencias de los programas agropecuarios, por los estragos del cambio climático o por las decisiones erróneas del gobierno federal, no pueden desarrollar a plenitud las actividades del campo.

Guerrero es un caso aleccionador, a pesar de que es una entidad cuya economía depende mayoritariamente del turismo, también cuenta con capacidad para producir mercancías agrícolas. De acuerdo al Inegi, la actividades agropecuarias de silvicultura y pesca, en el 2006 aportaron el 5.6 por ciento del PIB estatal. Mientras que en 2008, Guerrero ocupó el primer lugar en el país en la producción de copra, jamaica y mango, cuyos porcentajes fueron del total nacional el 77.8 por ciento, 69.1 por ciento y 23.4 por ciento, respectivamente. 8

A pesar de estos indicadores que dan cuenta de la importancia agrícola para el Estado de Guerrero, éste poco a poco ha sido privado de recursos y apoyos destinados al campo, lo cual resulta inadmisible porque justo ahora esta entidad federativa está inmersa en un clima de inseguridad y violencia que ha ahuyentado al turismo, por lo que es urgente diversificar las fuentes de ingresos para que cuente con recursos.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Que esta soberanía exhorte al gobierno federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que revise la operación de los programas agropecuarios y la entrega de recursos destinados a los productores agrícolas, a fin de que los apoyos sean entregados de manera equitativa y que verdaderamente lleguen a los pequeños y medianos productores.

Segundo. Que esta honorable asamblea exhorte al gobierno federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, destine en el ejercicio fiscal de 2012 más recursos económicos dirigidos a los programas agropecuarios.

Tercero. Que esta soberanía exhorte al gobierno federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, destine en el ejercicio fiscal de 2012 más recursos al estado de Guerrero, a fin de canalizarlos a las actividades agrícolas de la entidad.

Notas

1 Elizondo Mayer- Serra, Carlos. Por eso estamos como estamos; la economía política de un crecimiento mediocre, Editorial Debate, México, junio 2011, página 214.

2 Rivera Leonel (Coordinador Editorial). México frente a la crisis. Hacia un nuevo curso de desarrollo. Editado por la UNAM, México 2010, página 40.

3 Elizondo Mayer- Serra, Carlos, obra citada, páginas 214 y 215.

4 Ibídem, página 215.

5 Ídem.

6 Ver “Recortarán al campo 34 mil millones de pesos en 2012”, 21 de octubre de 2011, en Conexión Total. Disponible en internet: http://conexiontotal.mx/2011/10/21/recortaran-al-carnpo-34-mil-mdp-en-2 012/

Ver también: “Proyecto de Presupuesto 2012: ¿Soportará el campo?”, en Cambio de Michoacán, 19 de octubre de 2011. Disponible en internet:

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/editorial.php?id=568 5

7 Ver “Proyecto de Presupuesto 2012: ¿Soportará el campo?”, en Cambio de Michoacán, 19 de octubre de 2011, Disponible en Internet: http://www.cambiodemichoacan.com.mx/editorial. php?id=5685

8 Actividades económicas por entidad; Guerrero. Inegi. Consultar en Internet: http://cuentame. inegi.org.mx/monografias/informacion/gro/economia/default.aspx?tema=me&e=12#sp

Dado en el salón legislativo del Senado de la República, a los 3 días del mes de noviembre del 2011.

Senador Luis Walton Aburto (rúbrica)

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jaime Rafael Díaz Ochoa, en nombre propio y de los senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Zona Norte, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo federal a realizar un diagnóstico sobre el déficit de planteles educativos del nivel medio superior que presentan los estados de la frontera norte, con el fin de implementar medidas conducentes para garantizar y fortalecer la formación educativa de los jóvenes de la región.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Comisión de Educación los resolutivos primero y cuarto y a la Cámara de Diputados los resolutivos segundo y tercero.

Atentamente

Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica)

Vicepresidente

Senador José González Morfín

Presidente de la Mesa Directiva

Cámara de Senadores

Del Honorable Congreso de la Unión

Presente

Jaime Rafael Díaz Ochoa, senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en nombre propio y de los senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Zona Norte, Jesús María Ramón Valdés, Lázara Nelly González Aguilar y Selene Lucía Vázquez Alatorre, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 8o., numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a que a través de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, Inifed, se realice un diagnóstico sobre el déficit de planteles educativos del nivel medio superior que presentan los estados de la frontera norte con el fin de implantar medidas conducentes para garantizar y fortalecer la formación educativa de los jóvenes de la región, con fundamento en las siguientes

Consideraciones

La educación como derecho humano reconocido en el artículo 3o. de nuestro máximo ordenamiento jurídico, se concibe como un proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad mediante la adquisición de conocimientos para formar mujeres y hombres con sentido de solidaridad social. Por antonomasia, es el instrumento a través del cual el ser humano puede desarrollar todas las facultades que posee con base en un proceso continuo que surge desde el nacimiento hasta la perfección de la sensación, la memoria y la comprensión, características que particularizan al ser humano y permiten considerarlo como tal.

Su indiscutible relevancia conlleva a que instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales junto con las observaciones de su comité, reconozcan el derecho a la educción que tiene toda persona e identifiquen su objeto en el pleno desarrollo de la personalidad humana y su dignidad, además de considerar que para lograr su pleno ejercicio la educación debe ser generalizada, asequible a todos bajo la implantación progresiva de la enseñanza gratuita, debe tener disponibilidad de instituciones y programas de enseñanza suficientes, que los programas de estudio y los métodos pedagógicos sean aceptables en razón a su pertinencia y adecuación cultural, así como su adaptabilidad a las necesidades de la sociedad dentro de contextos culturales y sociales variados.

Dentro del escenario internacional, México en términos de su nivel educativo se encuentra en un sitio preocupante ya que tomando en cuenta tanto el tamaño de su economía como el de su población los indicadores no son positivos. De acuerdo al último reporte de 2009 Programme for Infemational Student Assessment (PISA) coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupó el lugar 48 de entre 65 naciones, de las cuales 33 son miembros de dicha organización. El número obtenido no es alentador a pesar que la OCDE reconoció en dicho documento que México va por buen camino, argumentando que el país fue comparado con economías fuertes que ostentan sistemas educativos reconocidos en todo el mundo 1 . Asimismo, llama la atención que el Banco Mundial haya colocado este año a México en el sitio 13 por el tamaño de su economía, no obstante en el estudio de la OCDE tanto países más fuertes en términos económicos como aquellos con economías más pequeñas, superan a nuestro país en su nivel educativo.

Ahora bien, haciendo un diagnóstico a nivel regional con países más afines a nuestra economía y cultura, México se encuentra por encima del promedio de Latinoamérica, ubicándose en el grupo que conforman Chile, Costa Rica y Uruguay, ostentando un cuarto lugar de acuerdo con el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo de 2008 (SERCE), que realizó la Oficina Regional de Educación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para América Latina y el Caribe 2 .

Teniendo como antecedente este panorama internacional, resulta conveniente hacer un breve análisis de la situación educativa que experimenta México en cuanto a nivel de cobertura. Al respecto, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el promedio nacional de escolaridad es de 8.6 años 3 , lo que significa que en promedio los alumnos llegan únicamente un poco más del segundo año de secundaria en su carrera educativa, mientras que en otros países, como en el caso de Chile es de 10.2 años y en Estados Unidos de 12 años, lo que nos indica que de cada 100 niños mexicanos, 55 terminan la secundaria, 25 el bachillerato y únicamente egresarán de la licenciatura entre 13 y 15, de acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México. 4

En materia de evaluación y calidad de la educación encontramos que en la Prueba ENLACE de 2008, destinada a evaluar el grado en el que cada estudiante alcanzó determinados objetivos de los respectivos planes y programas de estudios, el 55 por ciento de los alumnos recibió una calificación de insuficiente o reprobatoria tan sólo en el área de matemáticas. En contraste, únicamente el 1·por ciento de los alumnos resultó con calificación de excelente.

Los indicadores anteriormente expuestos permiten explicar el alto índice de desempleo, la ilegalidad en la economía e inseguridad que existe en el país, en razón a que una deficiencia profunda en el nivel educativo hace a los jóvenes proclives a participar en la economía informal o en el crimen organizado, lo que obliga a abordar el tema de la educación como un asunto estratégico para el país.

A continuación focalizaremos el tema en la situación que reporta la educación en los seis estados fronterizos del norte de México, por ser materia de particular interés para esta comisión.

Al respecto, cabe tener en cuenta que la frontera norte del país presenta una realidad distinta al resto de México en materia educativa, ya que su promedio de escolaridad de acuerdo al Inegi está por encima del promedio nacional, que como anteriormente se señaló es de 8.6 años. Es así como Nuevo León se ubica como la entidad con mejor calificación con un promedio de escolaridad de 9.8 años, seguida de Coahuila con 9.5, Sonora con 9.4, Baja California con 9.3, Tamaulipas con 9.1 y Chihuahua con 8.8 5 años, cifras que permiten concluir que las niñas y niños de la frontera norte llegan a terminar la secundaria, frente al inquietante panorama nacional en el que en promedio sólo llegan hasta segundo de secundaria.

De manera similar, los estados de la frontera norte muestran mejor desempeño en la calidad educativa, mayor a la media nacional. Es así como Nuevo León obtuvo los primeros lugares en español, matemáticas e historia durante la Prueba ENLACE de 2010 6 , asimismo, el Estado de Sonora resultó con las segundas mejores calificaciones de la misma prueba mientras que Baja California aumentó sus calificaciones en comparación con resultados previos, logrando estar por arriba del promedio del país, de igual forma, Tamaulipas logró avances relevantes al reportar una mejoría del 13.8 por ciento en matemáticas y del 15.2 por ciento en español y Chihuahua logó ubicarse en el séptimo lugar en cuanto a la prueba realizada a estudiantes de primaria, por su parte, Coahuila logró aumentar los estudiantes con calificaciones de excelente de 5.7 a 7.2 por ciento en general. No obstante, tal panorama no es óbice para dejar de abordar y afrontar los problemas educativos que subsisten en la región.

Esta problemática educativa se refleja en la creciente población en edad de cursar estudios del tipo medio superior, sin contar con la infraestructura necesaria para atender dicha demanda, situación que se ha generalizado en las Entidades Federativas fronterizas del norte del país enfrentándonos con una realidad que cada vez se aleja más del objetivo trazado en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 de “Elevar la calidad educativa” considerando como impostergable para tal fin una renovación profunda del sistema nacional de educación, para que las nuevas generaciones sean formadas con capacidades y competencias que les permitan salir adelante en un mundo cada vez más competitivo, obtener mejores empleos y contribuir exitosamente a un México más equitativo y con mejores oportunidades.

De acuerdo a datos expuestos por los presidentes municipales en la octava plenaria de la Asociación de Alcaldes de la Frontera Norte que se celebró en la Ciudad de México, entre el 26 y 27 de mayo del presente año, hasta un 80 por ciento de los jóvenes de la franja fronteriza con edad para ingresar a la preparatoria no lo hace por falta de planteles educativos suficientes para continuar con su educación. Esta es sin duda una problemática seria en municipios como Matamoros, Nuevo Laredo y Valle Hermoso, en Tamaulipas; Mexicali y Tijuana, en Baja California; junto con Nogales y San Luis Río Colorado, en Sonora.

En dicha plenaria se esbozó el planteamiento de incorporar a las preparatorias en la educación básica para efecto de garantizar su cobertura, toda vez que el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que todo individuo tiene derecho a recibir educación, pero sólo la educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica obligatoria. Al respecto cabe tener en cuenta que el pasado 20 de septiembre de 2011, la Cámara de Senadores aprobó en lo general y en lo particular en votación nominal, con 94 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 30 y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer constitucionalmente la obligatoriedad de la educación media superior, entre otros aspectos, misma que fue devuelta a la Cámara de origen para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

En relación con el tema, el respectivo dictamen señala “que elevar a rango constitucional la obligatoriedad de la educación media superior contribuirá a la consolidación de la reforma integral en este nivel. Pues, se trata de un gran avance en materia educativa, que tendrá un impacto muy positivo en la sociedad. Afortunadamente, el nivel medio superior ofrece una variedad de posibilidades de formación para los jóvenes entre las que se encuentra la de convertirse en profesionales técnicos y con ello tener de entrada un oficio o carrera técnica que se pueda traducir en un medio de subsistencia personal para el estudiante, sin menoscabo de poder más adelante seguir con la educación superior, ya sea licenciatura, maestría o doctorado.”

Cabe tener en cuenta que el dictamen sometido a esta soberanía fue aprobado en los mismos términos propuestos por la minuta en cuanto la obligatoriedad de la educación media superior, lo que nos permite inferir que el artículo 3o. quedará en los siguientes términos, una vez que en su caso la colegisladora apruebe la reforma correspondiente, conforme con la fracción e) del artículo 72 constitucional.

“Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –federación, estados, Distrito Federal y municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.”

Por su parte, el régimen transitorio de la citada reforma establece la obligatoriedad del Estado de garantizar la educación media superior de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013, hasta lograr la cobertura total en sus diversas modalidades en el país a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022, con la concurrencia presupuestal de la federación y de las entidades federativas.

Para tal efecto, señala que en el Presupuesto federal, así como, en el de las entidades federativas y de los municipios, se incluirán los recursos necesarios y se establecerán los mecanismos para impulsar la implementación de presupuestos plurianuales que aseguren a largo plazo los recursos económicos crecientes para infraestructura de la educación media superior.

Los miembros de esta comisión consideramos que con la aprobación de esta reforma los jóvenes de México y en particular los de la frontera norte, podrán tener acceso a los servicios educativos del tipo medio superior que tanto necesitan en la actualidad, en razón a que en los Estados de la franja fronteriza existen en conjunto mil 731 escuelas para dicho nivel, cifra que en primera instancia parecería suficiente, sin embargo, una vez que se analiza a detalle la situación se revela el grave déficit de preparatorias para los jóvenes de esa región del país.

Es así como en Baja California en 2010 egresaron de la secundaria 41 mil jóvenes de los 552 planteles que tiene la entidad, ahora bien, si tenemos en cuenta que dicho estado sólo cuenta con 248 preparatorias para dar cabida a estos egresados, captamos la terrible falta de infraestructura a la que se enfrentan los jóvenes, lo que explica que el número de graduados del nivel medio superior en Baja California haya sido de tan sólo 21 mil jóvenes, la mitad de los que egresaron de secundaria. Por ello, no es casualidad que así como existe la mitad de planteles para preparatorias en relación con los de secundaria, también sea la mitad de egresados los que terminan la preparatoria en comparación con la secundaria.

En Sonora durante el mismo año se graduaron de la secundaria 42 mil 284 estudiantes de 688 planteles educativos. En comparación, el estado únicamente cuenta con 210 preparatorias, menos de la mitad de las secundarias y como resultado se graduaron solamente 20 mil 780 jóvenes, casi la mitad de egresados de secundaria. Por citar un caso, en el municipio de Nogales existe entre un 30 y 35 por ciento de jóvenes que no tiene la posibilidad de ingresar a la preparatoria por falta de escuelas, a pesar de ser uno de los municipios más pequeños de la franja norte.

En el caso de Chihuahua, durante 2010, egresaron de la secundaria 104 mil 208 estudiantes de mil 875 escuelas, mientras que el número de preparatorias es de 437 planteles y el número de egresados es nuevamente un poco más de la mitad, 56 mil 272 alumnos, de los egresados de secundaria.

Nuevo León no es la excepción a la problemática, en 2010 egresaron 63 mil 978 alumnos de secundaria de 900 planteles pero del nivel medio superior únicamente egresaron 31 mil 295 alumnos, la mitad de secundaria, ya que sólo había 312 preparatorias, que representan una tercera parte de planteles de secundaria.

Por último, haremos referencia a la situación similar que se presenta en Tamaulipas, donde en 2010 con 721 secundarias se graduaron 51 mil 861 alumnos, pero con tan sólo 320 preparatorias egresaron únicamente 26 mil 847 estudiantes. En esta entidad al igual que en todos los estados de la frontera subsiste este problema que afecta prioritariamente a los jóvenes.

Los datos expuestos anteriormente evidencian la inminente necesidad de cubrir el preocupante déficit que en materia de infraestructura educativa registra la frontera norte, priorizando la construcción y distribución de planteles educativos, en proporción directa a las demandas de la comunidad.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que el tema de la Infraestructura educativa ha registrado significativos avances a partir de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de Febrero de 2008, que creó el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) como organismo público descentralizado de la administración pública federal, con capacidad normativa, de consultaría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del país.

Dicha Ley tiene por objeto regular la infraestructura física educativa al servicio del sistema educativo nacional, previendo que dicha infraestructura deba cumplir con un mínimo de calidad y con los requisitos de seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia. 7

Dentro de las atribuciones que la ley le asigna al Inifed, cabe destacar la de formular y proponer programas de inversión para la construcción y mantenimiento, equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, reubicación y reconversión de los espacios destinados a la educación que imparta el Estado de acuerdo a las disposiciones presupuestarias.

Al respecto debe tenerse en cuenta, que a partir de la federalización educativa, se transfirió la realización de los programas de construcción de escuelas a los gobiernos de los estados lo que implica que el Inifed sea responsable de la construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación de inmuebles en el Distrito Federal y en el caso de las entidades federativas cuando exista un convenio de colaboración para tales efectos, o en el caso de instituciones de carácter federal.

Bajo este escenario, para el Ejercicio de 2010, la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) y el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, firmaron un acuerdo de colaboración para que el Inifed ejecutara 185 acciones en 112 planteles, en toda la República Mexicana con una inversión cercana a los 294 millones de pesos.

Cabe tener en cuenta que la Secretaría de Educación Pública a través de la SEMS, desarrolló el Programa Fondo Concursable de la Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2011, ante la creciente población en edad de cursar estudios de ese nivel, sin contar con la infraestructura necesaria para atender dicha demanda. El programa nace como una estrategia de política educativa que conjunta la capacidad, experiencia, esfuerzos y recursos de la federación, de las entidades federativas, de los municipios, y, en su caso, del sector privado, con la finalidad de atender la demanda educativa y fortalecer la infraestructura física de las instituciones públicas de educación media superior y de formación para el trabajo, en las 32 Entidades Federativas, conforme a lo establecido en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012.

El programa integrado por cuatro fondos enfoca sus esfuerzos para atender la problemática que se presenta en la infraestructura educativa existente y agilizar el suministro de los recursos logrando un mayor impacto en la población demandante de los servicios educativos del tipo medio superior, mediante una distribución más equitativa que logre mayor participación y responsabilidad de las entidades federativas, para que sus unidades educativas públicas del nivel medio superior reciban tanto la rehabilitación como la construcción de los espacios educativos que necesitan. La SEMS y el Inifed son las instancias encargadas de normar y definir los procedimientos para la ejecución de las acciones derivadas del programa.

Para tal fin se prevén los convenios marco de infraestructura que establecen los términos de colaboración entre los gobiernos federal y de las entidades federativas en materia de infraestructura, para impulsar la realización de obras, mantenimiento y equipamiento a favor de las unidades educativas del tipo medio superior en el· marco del referido programa.

Considerando los argumentos expuestos, no deja de llamar la atención que dentro del Proyecto de Egresos de la Federación para el año fiscal de 2012, se tienen previstos 1 mil 912 millones 207 mil 789 pesos para el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, lo que equivale a 823 millones de pesos menos en comparación con el presupuesto otorgado en 2011 que fue de 2 mil 735 millones 749 mil 613 pesos, disminución que nos parece desafortunada e inconveniente, considerando el patente faltante que en materia de infraestructura educativa registra el nivel medio superior a lo largo del país y en particular en la frontera norte.

Al mismo tiempo la situación toma matices más serios frente al actual contexto de lucha contra del crimen organizado que vive la frontera norte, ya que los jóvenes que no siguen con su carrera educativa son blanco vulnerable y fácil de las bandas delincuencia les, lo que complica aún más el escenario de la región. En la actualidad esta conocida problemática que enfrentan los jóvenes frente a la carencia de oportunidades para estudiar o trabajar enmarcada dentro del fenómeno de los “ninis” –que ni trabajan ni estudian– los enfrenta a una sistemática negación de posibilidades para desarrollar sus capacidades físicas e intelectuales, condenándolos a pertenecer a una generación sin esperanza ni futuro, discriminada y excluida socialmente.

Este preocupante contexto ha sido expuesto por los alcaldes de los municipios de la frontera norte de México, frente al que han solicitado la acción de los tres órdenes de gobierno para ofrecer soluciones efectivas y oportunidades certeras a estos jóvenes. Al respecto, cabe señalar que en todo el país sólo cinco estados ofrecen programas dirigidos exclusivamente para esa población que no estudia ni trabaja dentro de los que se encuentran los estados fronterizos de Chihuahua y Baja California.

Por otro lado, debe reconocerse también que muchos jóvenes no ingresan a las preparatorias por falta de recursos económicos, problemática que en el caso del Estado de Baja California ha sido abordada positivamente estableciendo la gratuidad gradual del bachillerato, 25 por ciento para el ciclo escolar 2011-2012; 50 por ciento para el periodo escolar 2012-2013; 75 por ciento para el 2013-2014, y a partir del ciclo escolar 2014-2015 no se realizará ningún cobro, además de prever en forma inmediata la aplicación de la gratuidad en aquellos casos en que se demuestre que el joven carece de medios económicos para solventar sus estudios y la colegiatura. Por ello, los miembros de esta comisión estamos convencidos que con voluntad política que impulse acciones concretas y reales resulta posible avanzar hacia un sistema educativo que en términos efectivos beneficie a los jóvenes mexicanos.

Igualmente, debe considerarse que los municipios y entidades de la frontera presentan los índices más altos en el crecimiento poblacional, lo que exige que la infraestructura educativa de esa región se atienda en armonía con dicho incremento, panorama que reflejó el Censo de Vivienda de 2010 del Inegi al constatar que en la frontera norte residían 5 millones 564 mil 74 personas, esto es 1.7 millones más que las existentes en 1990, mostrando un ritmo de crecimiento promedio anual entre 1990-2000 de 3.7 por ciento, superior en casi un punto porcentual a la tasa que se presentó de 1980-1990, de 2.8 por ciento, también superior a las tasas de crecimiento que mostró México en el mismo periodo de 1.85 por ciento 8 .

De los 39 municipios fronterizos, Ciudad Juárez en Chihuahua es el que reporta mayor población representando el 21.9 por ciento de la población total en la frontera norte de México, seguido de Tijuana en Baja California con el 21.8 por ciento, que a su vez son municipios que tienen a miles de jóvenes en lista de espera para ingresar a la preparatoria, como también ocurre en Nogales, Sonora donde una sola preparatoria tiene a 500 jóvenes en lista de espera.

Como lo hemos expuesto, la frontera norte de México presenta realidades y problemas distintos que merecen la atención del gobierno federal. La calidad de la educación y el promedio de escolaridad en la región son puntos positivos y sobresalientes en comparación con el resto del país, sin embargo, el déficit de preparatorias exige una urgente solución, más aún frente al escenario de vulnerabilidad que sufren los jóvenes al ser objeto de interés para el crimen organizado.

Aunado a todos los argumentos vertidos, somos conscientes que la minuta aprobada en la Cámara de Senadores el 20 de septiembre para erigir constitucionalmente la obligatoriedad de la educación media superior sin duda exigirá atender el actual déficit de preparatorias que se presenta en la Frontera Norte, permitiendo que más jóvenes cursen el bachillerato, lo que implicará un papel activo y determinante del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa para revisar la problemática y realizar las gestiones pertinentes para el inicio de la construcción de preparatorias en la franja fronteriza de forma que los jóvenes no se queden afuera de las aulas esperando una oportunidad para estudiar.

En virtud de lo anteriormente expuesto, los senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Zona Norte, consideramos relevante impulsar la educación media superior en esta frontera del país, dejando a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que a través de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa realice un diagnóstico sobre el déficit de planteles educativos del nivel medio superior que presentan los estados de la frontera norte con el fin de implementar medidas conducentes para garantizar y fortalecer la formación educativa de los jóvenes de la región.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a que apruebe para el Presupuesto de Egresos de 2012, un monto superior a los 3 mil millones de pesos para el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a que apruebe los recursos necesarios a las entidades federativas de la frontera norte para la ejecución de los programas de infraestructura educativa para el nivel medio superior que requiere la región.

Cuarto. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas a que suscriban convenios con el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa para la ejecución de los Programas de Infraestructura Educativa para el Nivel Medio Superior que requiere la rehabilitación de las existentes.

Notas

1 http://www.oecd-ilibrary.org/education/lessons-from-pisa-for-mexico_978 9264I07243-en

2 http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001606/l60659s.pdf

3 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/escolaridad.aspx?tema=P

4 http://cuentame.inegi.org.mx/default.aspx

5 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/escolaridad.aspx?tema= P

6 http://www.milenia.cam/cdb/dac/noticias2011/a171a1241e5a048787f20d8c8e6 69770

7 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=3100&lg=60

8 http://ea.panam.edu/cbes/pdf/fronteran.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, a los 3 días del mes de noviembre de dos mil once.

Senadores: Jaime Rafael Díaz Ochoa (rúbrica), Jaime María Ramón Valdés, Lázara Nelly González Aguilar (rúbrica), Selene Lucia Vázquez Alatorre (rúbrica).

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaron propuesta con puntos de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a emitir la liberación de los permisos en fase piloto para la siembra de maíz genéticamente modificado en Sinaloa y Tamaulipas antes que concluyan octubre y noviembre.

La Presidencia dispuso que los resolutivos primero, tercero y sexto de dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnaran a la Comisión de Agricultura y Ganadería y a la Junta de Coordinación Política el cuarto de ellos y a la Cámara de Diputados los resolutivos segundo y quinto.

Atentamente

Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica)

Vicepresidente

Los suscritos, senadores Norma Esparza Herrera, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Amira Griselda Gómez Tueme, María de los Ángeles Moreno Uriegas, Margarita Villaescusa Rojo, María del Socorro García Quiroz, Rosario Green Macías, María Elena Orantes López, Antelmo Alvarado García, Fernando Baeza Meléndez, Eloy Cantú Segovia, Alfonso Elías Serrano, Francisco Herrera León, Pedro Joaquín Coldwell, Raúl José Mejía González, Gerardo Montenegro Ibarra, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Jesús María Ramón Valdés, Adolfo Toledo Infanzón, Renán Cleominio Zoreda Novelo, Carlos Aceves del Olmo, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Fernando Jorge Castro Trenti, Ramiro Hernández García, Carlos Jiménez Macías, Francisco Labastida Ochoa, Jorge Mendoza Garza, Melquíades Morales Flores, Jesús Murillo Karam, Heladio Elías Ramírez López y Rogelio Humberto Rueda Sánchez, integrantes el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta soberanía, la presente proposición con puntos de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La regulación para los organismos genéticamente modificados (OGM) para el caso concreto de la siembra de maíz genéticamente modificado comenzó en 1998, cuando el gobierno federal impuso una moratoria de facto a la investigación de este tipo de maíz, debido a la falta de un marco regulatorio acorde.

El 18 de marzo de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y el 19 de marzo de 2006 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación su reglamento. Adicionalmente, para garantizar la protección del maíz en México contamos con el régimen de protección especial del maíz.

De acuerdo con un estudio de legislación internacional comparada, México cuenta con uno de los marcos regulatorios más completo en la materia en el mundo, ya que para su elaboración fue contemplado tanto el marco internacional como el marco jurídico nacional en materia de bioseguridad; el enfoque de precaución contenido en la Declaración de Río y en el Protocolo de Cartagena; el concepto de centros de origen y de diversidad genética; la importancia de la investigación científica y tecnológica en bioseguridad y biotecnología, orientada a la atención de las necesidades de los productores agropecuarios nacionales, lo cual garantiza la seguridad de la salud humana, de la biodiversidad nacional y de los centros de origen.

La Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados establece que la liberación de OGM en el ambiente debe realizarse “paso a paso” conforme a lo cual, todo OGM que esté destinado a ser liberado comercialmente debe ser previamente sometido a pruebas satisfactorias conforme a los estudios de evaluación de riesgos, y los reportes de resultados aplicables en la realización de actividades de liberación experimental y de liberación en programa piloto de dichos organismos, en los términos de esta ley.

La ley define a la etapa de liberación experimental como la introducción, intencional y permitida en el medio ambiente, de un organismo o combinación de organismos genéticamente modificados, siempre que hayan sido adoptadas medidas de contención, tales como barreras físicas o biológicas, para limitar su contacto con la población y el medio ambiente, exclusivamente para fines experimentales, en los términos y condiciones que contenga el permiso respectivo.

Asimismo, la ley define la etapa de liberación en programa piloto como la introducción, intencional y permitida en el medio ambiente, de un organismo o combinación de organismos genéticamente modificados, con o sin medidas de contención, como barreras físicas o biológicas, para limitar su contacto con la población y el ambiente, que constituye la etapa previa a la liberación comercial de dicho organismo, dentro de las zonas autorizadas y en los términos y condiciones contenidos en el permiso respectivo.

Finalmente, la ley define a la etapa de liberación comercial como la introducción, intencional y permitida en el ambiente, de un organismo o combinación de organismos genéticamente modificados, sin que hayan sido adoptadas medidas de contención, como barreras físicas o biológicas, para limitar su contacto con la población y el medio ambiente, que se realiza con fines comerciales, de producción, de biorremediación, industriales y cualesquiera otros distintos de la liberación experimental y de la liberación en programa piloto, en los términos y condiciones que contenga el permiso respectivo.

Es claro que la discusión no se debería centrar en que si se debería o no practicar la siembra de maíz genéticamente modificado, existe claridad al respecto y por ende debemos actuar de conformidad con la ley.

En México contamos con uno de los rendimientos más bajos de maíz por hectárea sembrada en el mundo. Tenemos un rendimiento promedio de 3.26 toneladas por hectárea cultivada (ton/ha), mientras que el promedio mundial es de 5.04 ton/ha. En el caso de nuestros principales socios comerciales, el rendimiento promedio de Canadá es de 9.15 ton/ha y el de Estados Unidos es de 9.79 ton/ha. Cabe destacar que dichos rendimientos promedio los han logrado gracias a la utilización de maíz genéticamente modificado.

De acuerdo con la información del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, en la actualidad importamos alrededor de 10 millones de toneladas de maíz al año –lo cual representa una erogación de alrededor de 40 mil millones de pesos–, provenientes principalmente de Estados Unidos y Sudáfrica, debido a que estos países basan su producción en el maíz genéticamente modificado, 85 por ciento del maíz importado para el consumo en México es de este tipo.

Aunado a nuestra baja productividad y a las grandes cantidades de maíz que importamos, en el presente año más de una tercera parte de los estados del país han sufrido grandes afectaciones en su producción agrícola debido a contingencias climáticas como heladas, sequías e inundaciones. Adicionalmente, el maestro Francisco Javier Mayorga Castañeda, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ha reconocido que la producción del maíz para el ciclo otoño-invierno 2010-2011 se contrajo en aproximadamente en 40 por ciento debido a las contingencias ambientales y que para el presente ciclo agrícola (primavera-verano 2011) no se pueden calcular los decrementos en la producción debido a que el campo mexicano sigue siendo afectado por contingencias climatológicas.

En las comparecencias celebradas en la Cámara de Diputados, el maestro Francisco Javier Mayorga Castañeda, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ante la Comisión de Agricultura y Ganadería, y el licenciado Bruno Ferrari García de Alba, secretario de Economía ante la Comisión de Economía el pasado 12 y 18 de Octubre respectivamente, mostraron su preocupación por la situación actual del campo mexicano y en particular por la producción de maíz. Ambos secretarios se pronunciaron a favor de que los agricultores mexicanos puedan sembrar maíz genéticamente modificado con el objetivo de incrementar su productividad y competitividad.

Sin embargo, el Ejecutivo federal ha emitido un solo permiso para la siembra de maíz genéticamente modificado en programa piloto (primer párrafo de la página 597 del quinto Informe de Gobierno). Este programa se realizaría en Valle Hermoso, Tamaulipas, en un polígono de 0.24 hectáreas.

De acuerdo con los productores, la fase experimental que antecedió a las solicitudes de permiso en programa piloto fue realizada en un polígono de 22 hectáreas. Debido a que la superficie autorizada para el programa piloto fue de solamente 0.24 hectáreas, el proyecto fue de imposible ejecución.

Asimismo, el 6 de julio de 2011, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión acordó en citar a comparecer a los funcionarios encargados de emitir los permisos en fase piloto para la siembra de maíz genéticamente modificado de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ante la Tercera Comisión de esta soberanía. La comparecencia nunca se celebró.

Por lo expuesto se someten a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que cree una reserva estratégica de granos con la que se garantice el abastecimiento de por lo menos tres meses del consumo nacional.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 se destinen los recursos necesarios para que se desarrolle la investigación por regiones agroecológicas sobre la siembra y cultivo de los principales granos del país.

Tercero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que emita la liberación de los permisos en fase piloto para la siembra de maíz genéticamente modificado en Sinaloa y Tamaulipas antes que concluyan octubre y noviembre, respectivamente, en virtud de que en estas fechas se cierran los ciclos de siembra por el temporal de riego.

Cuarto. Con fundamento al tercer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 119 del Reglamento del Senado de la República, se solicita a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República constituir una comisión especial para investigar y dar seguimiento a los impactos generados por las contingencias climáticas en el campo mexicano, y el impacto que nuevas técnicas como la biotecnología podrían tener para mitigar los efectos ocasionados por las contingencias climáticas.

Quinto. Se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 se destinen los recursos necesarios para garantizar el otorgamiento de paquetes tecnológicos por regiones en función de las necesidades de las mismas, y que permitan obtener los mejores rendimientos de acuerdo con el potencial productivo de cada región.

Sexto. Se solicita a la Cámara de Senadores para que en un plazo no mayor de siete días se cite a comparecer a Juan Rafael Elvira Quesada, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales; así como a Mauricio Limón Aguirre, subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental, para que informen sobre los criterios utilizados para negar la liberación de los permisos en fase piloto y con ello condenar a nuestro campo mexicano a la baja productividad y al rezago.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 27 de octubre de 2011.

Senadores: Norma Esparza Herrera, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Amira Griselda Gómez Tueme (rúbrica), María de los Ángeles Moreno Uriegas (rúbrica), Margarita Villaescusa Rojo, María del Socorro García Quiroz (rúbrica), Rosario Green Macías, María Elena Orantes López, Antelmo Alvarado García, Fernando Baeza Meléndez, Eloy Cantú Segovia, Alfonso Elías Serrano, Francisco Herrera León, Pedro Joaquín Coldwell, Raúl José Mejía González (rúbrica), Gerardo Montenegro Ibarra, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Jesús María Ramón Valdés, Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), Renán Cleominio Zoreda Novelo, Carlos Aceves del Olmo, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Fernando Jorge Castro Trenti, Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica), Ramiro Hernández García (rúbrica), Carlos Jiménez Macías, Francisco Labastida Ochoa (rúbrica), Jorge Mendoza Garza, Melquíades Morales Flores, Jesús Murillo Karam, Heladio Elías Ramírez López.