De la Comisión de Marina, derivada de la decimoséptima reunión ordinaria, celebrada el miércoles 13 de abril de 2011

Presidencia del diputado Alejandro Gertz Manero

En el salón 4 del edificio I del Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las doce horas con quince minutos del miércoles trece de abril de 2011, con la asistencia de 22 diputadas y diputados, el presidente declaró el quórum reglamentario y abierta la decimoséptima reunión ordinaria.

Asistentes

Diputados: Alejandro Gertz Manero (presidente); Luis Antonio Martínez Armengol, Carlos Martínez Martínez y Francisco Armando Meza Castro, secretarios; Antonio Benítez Lucho, Martín Enrique Castillo Ruz, Sofía Castro Ríos, Hilda Ceballos Llerenas, Carlos Manuel Joaquín González, Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Humberto Lepe Lepe, Israel Madrigal Ceja, Onésimo Mariscales Delgadillo, Miguel Martín López, Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Mario Moreno Arcos, Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, Silvia Puppo Gastélum, José Francisco Rábago Castillo, José Ignacio Seara Sierra, Bernardo Margarito Téllez Juárez y Georgina Trujillo Zentella (rúbricas).

El presidente Alejandro Gertz Manero: Señoras y señores, bienvenidos y muchas gracias por su presencia; vamos a ir desahogando los temas, si ustedes me permiten, quiero comentar sobre el material que les hicimos llegar ayer para que hoy tuviéramos una reunión con la Comisión de Transportes.

La Comisión de Transportes la ratificó, y la canceló ayer. Nos la volvió a ratificar y acaba de cancelar, entonces, vamos a insistir para que regresando de Semana Santa podamos tener esta reunión; les pido a los miembros de los distintos grupos parlamentarios nos ayuden para que esta reunión se pueda desahogar; ustedes habrán leído el documento que les hice llegar sobre nuestros puntos de vista, es un documento muy cuidadoso, muy respetuoso; pero sí quiero ahondar en él y hablar de este tema, que lo considero fundamental, se presentó la iniciativa que fue acordada en forma unánime en esta comisión y sobre esto la Comisión de Transportes abundó en algunos aspectos de nomenclatura técnica para definir los puertos, algunas funciones, lo cual es muy positivo, entre más clara sea la estructura tecnológica del manejo de los puertos es más fácil poder administrar esta tarea; los puntos de diferencia son fundamentalmente, y así lo vamos a defender, que todos los bienes del dominio público de la nación, son de todos los mexicanos.

Cuando se concesionan se tiene que hacer de una manera transparente, con un sistema de rendición de cuentas muy claro y en forma tal que los intereses de la nación no vayan a ser conculcados o vayan a recibir algún daño, es decir, no se trata de que no haya concesiones, sino de que las concesiones no se vayan a volver un camino para quitarle a la nación los derechos primigenios que tiene sobre los bienes que son de todos los mexicanos, que se pierda el control de ellos y que finalmente el país pierda su patrimonio en todos sus aspectos, entonces, en ese sentido lo que se está pidiendo es que las concesiones, las cesiones parciales, los contratos y los permisos, todo lo que dependa y venga como consecuencia de la concesión de un bien del dominio público de la nación se haga por licitación, con transparencia y con la participación de las autoridades para que no haya la menor duda de la limpieza y de la equidad en esta materia, ahí sí tenemos una diferencia, y ésa sí la quiero sostener y conocer el punto de vista de ustedes sobre este tema en particular, lo pongo a consideración de las diputadas y los diputados, para que si están de acuerdo en que defendamos esto, que no significa estorbar en las concesiones, ni significa generar ningún obstáculo a la libre empresa, pero sí tiene un significado fundamental; les voy a dar un ejemplo: La propuesta es que se den concesiones por 50 años y 50 años más, 100 años, o sea, es como si ahorita estuviéramos analizando las concesiones del régimen de Porfirio Díaz, es como si el régimen de Porfirio Díaz hubiera entregado en concesión los puertos nacionales y ahorita estuviéramos analizando lo que hicieron con 100 años; este país, entre el régimen de Porfirio Díaz y la vida actual, es otro, no se puede pensar que podemos entregar los bienes de la nación por 100 años y después ver que quedó de ellos; les daré un dato que me dejó muy preocupado, en 1994, el Diario Oficial de la Federación dice: Se generó la concesión integral con título de fecha 30 de junio de 1994, publicado en el Diario Oficial el 15 de noviembre del mismo año, 15 días antes de que se acabara ese gobierno, se entrega el título de concesión para la Administración Portuaria Integral del puerto de Acapulco a una empresa que es 98 por ciento de sus acciones del Gobierno Federal y el 2 por ciento del Gobierno Municipal; en este momento esa empresa, nos dice lo siguiente: SSA México, en Acapulco, operamos desde 1996 y tenemos la particularidad de conformar la única Administración Portuaria Integral de capital privado; era de capital público en diciembre de 1994, en 1996 ya era privada y era totalmente de los particulares. Eso es lo que no podemos hacer, no son especulaciones, aquí están los datos, en este sentido, sí creo que debemos tener una visión muy clara y un punto de vista muy sólido, porque de ahí viene todo lo demás. ¿Algún compañero quisiera tomar la palabra?

El diputado José Ignacio Seara Sierra : Después de lo que ha comentado usted quisiera mandarle unos comentarios sobre la ley que he analizado; independientemente de los puntos que menciona, me gustaría hacerle algunas observaciones sobre ciertos artículos, se los haré llegar a su oficina con mucho gusto.

El presidente Alejandro Gertz Manero : De acuerdo, esta oportunidad sirve para que podamos hacer una precisión muy clara y ayudar a que los textos de los artículos de la ley queden muy bien establecidos; ese es el primer punto. El segundo punto, es que no se den concesiones por plazos mayores a los que la política general de concesiones del país está estableciendo; si la política general de concesiones deviene del dominio público de la nación es por veinticinco, treinta o treinta y tantos años que esto se establezca en concordancia con eso, que no se rompan esos criterios que se han establecido en carreteras, en aeropuertos, en toda una serie de actividades en las que se ha privatizado el dominio público de la nación, las mineras, etcétera; entonces, que haya una concordancia, una equidad en todo eso. El tercer punto, es que cuando se vaya a hacer el refrendo de una concesión se dé la oportunidad de que haya una libre competencia y una licitación que pueda traerle más beneficios a la nación, es decir, que no se convierta ya per se en una concesión que por fuerza tiene que refrendarse, sino que exista la posibilidad de que haya una competencia y una transparencia en una licitación, lo cual es de sentido común. El cuarto punto, es que no se pueda transmitir a un tercero la concesión que se ha otorgado, porque si no, nos encontramos con lo que les acabo de leer, es decir, saco la concesión y se la transmito completa a un tercero y entonces de que sirvió la licitación, no tendría sentido. La concesión se le da a alguien, que ganó en un concurso libre, se hace responsable y si no lo puede administrar lo devuelve, pero no se lo pasa a un tercero, porque entonces da lugar precisamente a lo que les acabo de leer. Pero volvemos a lo mismo sobre esta base. ¿Qué objeto tiene dar las concesiones por un plazo en el que el gobierno sí se obliga y el particular, si encuentra un problema, no se obliga? Creo que las concesiones y los derechos deben ser equilibrados, lo vimos, en el caso de las concesiones carreteras; se les dieron, no las pudieron administrar, las devolvieron y luego se las volvieron a dar a otros, pero se hizo una concesión con un nuevo procedimiento; el que se equivoca como inversionista en la vida económica de un país, usted o yo, cualquiera que nos equivoquemos, tenemos que cargar con las consecuencias de todo lo que pase; si yo levanto una fábrica o hago un desarrollo industrial o de cualquier naturaleza y la economía del país falla, no le puedo decir al país: oye, devuélveme lo que invertí porque la economía no funcionó, son los riesgos que corremos todos.

El diputado Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín: Sí, pero en el caso de una concesión un grupo empresarial invierte una gran cantidad de dinero y puede pasar una cuestión fuera de serie como fue la crisis de 2008, de pronto en septiembre, por ejemplo, estaba en una feria inmobiliaria promovida por el gobierno federal y ese día se cae la bolsa en Nueva York, podría ser un tema a tocar pensando en escenarios que pudieran darse y de hecho se han dado y me ha tocado ver. Vengo de Cozumel donde hay muchos muelles y he visto empresas que por diversas circunstancias quebraron; sería muy riesgoso, y más complicado el seguir fomentando la inversión en infraestructura, sobre todo con condiciones que muchas veces son adversas y que no son per se culpa del empresario.

El presidente Alejandro Gertz Manero: Con ese criterio tendríamos que defender a todos los inversionistas que arriesgan su capital en nuestro país, que se juegan su proyecto económico con el país y por circunstancias que son ajenas a esos empresarios se pierden. ¿Qué podemos hacer nosotros? Déjenme explicarles, la mayor parte de los muelles y la mayor parte de la infraestructura portuaria son de la nación, no es de los particulares; tanto es así que en las concesiones se señala con toda claridad que al final de la concesión, todos los bienes que se le entregaron y los que haya construido forman parte del dominio público de la nación; esos bienes de todos los mexicanos, si por cualquier circunstancia no se pueden administrar porque hubo un proyecto económico del país fallido o porque el propio administrador del proyecto fracasó, por ejemplo, todos los concesionarios de todas las carreteras, simplemente las tuvieron que entregar, no hubo de otra, porque si no, tendríamos que cambiar todo el sistema de concesiones del país; todos los concesionarios en el momento en que hubiera una crisis económica tendrían derecho a vender sus concesiones a un tercero en el precio que fuera.

El diputado Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín: Mi inquietud es, no es lo mismo te voy a administrar, a que te diga, te doy una concesión para que hagas un muelle y ahí tú tienes que meterle tu inversión y si a los dos años me la tienes que devolver por una cuestión inesperada, obviamente, también es cierto que muchas gentes se dedican a hacer puentes, gano la concesión y te la revendo, que eso es lo que hay que evitar; cuando haya que hacer inversiones donde se parta de cero, sí sería importante garantizar o exigir un tiempo mínimo de operación, precisamente para evitar esa gente que utiliza las concesiones para revenderlas.

El presidente Alejandro Gertz Manero: La salida es mucho más fácil, hiciste una inversión, por causas ajenas a la concesión, la inversión no puede ser productiva; el gobierno paga la inversión, pasa a formar parte de los bienes del dominio público de la Nación y la vuelvo a licitar, pero no se la paso a un tercero; hay un acto de injusticia que ofende a todos los demás. Creo que en una concesión se puede decir con toda claridad lo que se ha invertido, si viene una causa de fuerza mayor, esa inversión el gobierno la asume, la paga al valor actual y forma parte de los bienes del dominio público que entran de nuevo a concesión y de esa manera no se lesiona el interés de buena fe de un tercero; la ampliación de las áreas concesionadas, es una de las preocupaciones fundamentales que tienen en este momento los operadores: quieren crecer. Ese crecimiento que quieren realizar es válido, siempre y cuando tenga dos aspectos: primero, que sea en obras, que como usted lo señala, se van a construir, no las que ya están hechas, porque las que ya están hechas son las reservas que tiene el propio Estado mexicano para que no se convierta en un monopolio, entonces todos los pequeños operadores de cabotaje y las pequeñas empresas mexicanas quedan prácticamente fuera de la competencia.

En este sentido, lo que nosotros estamos proponiendo es que cuando se vaya a hacer un incremento en el área de la concesión, sea con obra nueva y que queden las reservas y los elementos de control del Estado mexicano, a través del gobierno, para que no se vaya a convertir en monopolio; cuando una operación, nada más de entrada es de 910 mil millones de dólares al año y le quedan al país 300 millones, como resultado de todas las API del país, es claro que tiene que haber un sistema que nos haga competitivos, al nivel Hong Kong, Long Beach o Singapur; ellos están trabajando con utilidades muy grandes, y ése es el último punto que es fundamental: la transparencia; es decir, si queremos entrar a un sistema competitivo significa precisamente competir; estar en una circunstancia de saber cuánto cuesta, cuánto cobran, cómo operan, qué resultados tienen el resto de mis competidores para que nosotros tengamos una ventaja como país, eso es indispensable, la transparencia en el manejo de las concesiones de los bienes del dominio público de la nación tiene que ser absoluta, no puede haber ningún tipo de opacidad porque no son empresas particulares per se , están usando los bienes que nos pertenecen a todos los mexicanos y nos tienen que dar cuenta a todos los mexicanos de esos bienes, eso es inobjetable.

Por ello, es indispensable tener una plática y un intercambio de puntos de vista con nuestros compañeros de la Comisión de Transportes para llegar a un acuerdo; el resto no tiene problemas son asuntos de mejorar el lenguaje, de hacer una definición y una semántica más práctica, y no es posible que no haya la transparencia suficiente porque todo el contrabando que entra a este país, prácticamente entra por los puertos, y no tenemos control, no hay transparencia, no hay una rendición de cuentas claras, eso va en contra de la libre competencia, eso ofende al inversionista, a quien está trabajando en esto, eso es, en términos generales, lo que pongo a su disposición. Adelante señor secretario.

El secretario Luis Antonio Martínez Armengol: Gracias, diputado presidente, en abono a los comentarios que ya has hecho, como bien sabemos todos, los que pertenecemos a la Comisión de Marina en ese sentido hemos venido trabajando muy fuerte desde hace más de un año buscando, precisamente una alternativa que nos dé una participación importante, en cuanto a la modificación de la Ley de Puertos, una Ley de Puertos que data de 1993, y que consideramos precisamente que, la dinámica portuaria en el mundo nos llevaría a encontrar de alguna manera, un documento que nos permitiera precisamente hacer esto, que fuera parte y se integrara a que nuestro país tuviera un polo de desarrollo importante en este segmento.

Las consultas se han dado en todos los niveles, con las asociaciones, todos quienes participan han mostrado, de alguna forma en los foros en los que nos refirieron la forma en que operan, y están desarrollándose los puertos, como Panamá, como Brasil, como Venezuela y República Dominicana, en fin, tenemos un documento que dé la seguridad, tanto a empresarios, como a nosotros mismos, los diputados que hacemos un trabajo que debe de quedar y permear para que mañana o pasado no dejemos pasar la oportunidad que hoy tuvimos, de buscar una adecuación importantísima a la Ley de Puertos; los puntos a los que más se ha referido el diputado presidente han sido buscar transparentar las actividades portuarias, porque como bien es sabido por todos nosotros, constantemente estamos conociendo cómo entran diversas mercancías ilegales a nuestros puertos, en cuanto a que no tenemos un control total por parte de la Marina Armada de México, debido a que no tenemos un control total por parte de la propia autoridad marítima, como es la Capitanía de Puerto, en fin, todo esto nos lleva a que de alguna manera tengamos que buscar, no ponerle un candado, no ponerle una camisa de fuerza a esto, simple y sencillamente buscar un mecanismo que nos dé la transparencia, una regulación que nos permita conocer exactamente qué es lo que se hace en los puertos, y desde luego, que sirva precisamente, para el desarrollo, primeramente, de los municipios aledaños que tenemos, que son los que más sufren recurrentemente con el transporte terrestre; recienten el peso de los vehículos que sacan sus mercancías por los municipios, no los debemos de dejar afuera, de alguna forma debemos vincularlos para que sean las administradoras portuarias quienes formen parte, y desarrollen infraestructura al interior del propio municipio, hasta tocar las carreteras federales, y que siga avanzando el transporte terrestre, este incluye e influye mucho en la vida cotidiana de los municipios en donde tenemos las API, y esto requiere también de una atención especial; no podemos dejar de lado esta parte, debemos de buscar que dentro de la propia Ley de Puertos nos quede asegurado en un artículo, esa participación, diputado presidente, como la tenemos contemplada en este momento, de esta manera podemos apoyar a los municipios; no queremos que se les dé dinero porque lamentablemente conocemos cual es el fin de ese dinero, queremos que se proyecte en obras de infraestructura que le den viabilidad, y le den salida pronta y expedita a las mercancías que llegan a nuestros puertos, pero desde luego, lo más importante en esto es la transparencia, y la rendición de cuentas; las API deben de estar consolidadas a rendirle cuentas año con año, no nada más a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también lo deben de hacer en la Cámara de Diputados.

El año pasado pedimos una información al respecto y las API nos la negaron, tuvimos que hacer una intervención a través de la Secretaría de Hacienda para que de ahí nos hicieran llegar la información de lo que ingresó a las API portuarias de nuestro país, entonces, consideramos independientemente del trabajo que hemos tenido con la Comisión de Transportes vinculándonos para que, en forma muy particular saquemos adelante, aunque creemos y consideramos que ya no nos va a dar tiempo en este periodo esta reforma de iniciativa de Ley de Puertos que va a considerarse ya para el próximo periodo de sesiones tengamos un acercamiento mayor. Creemos que con estos puntos que faltan nada más por afinar, y muy atinadamente decía el diputado presidente, en cuanto a la concesión para un tercero es cierto, se debe de buscar algún mecanismo que dé la oportunidad que al no poderlo concesionar directamente, sea a través del Estado quien pudiera ser el puente, para salvaguardar los intereses de quien ya invirtió en el país. diputado presidente, es cuánto.

El presidente diputado Alejandro Gertz Manero: Muchas gracias, señor diputado, quiero enfatizar en algo que dijo nuestro compañero, y que es uno de los puntos fundamentales: no podemos pensar en el desarrollo de una API, de una Administración Portuaria Integral, si no pensamos en el desarrollo del municipio; parte de la concesión debe ser el trabajo de infraestructura y de reevaluación de todos los municipios donde están los puertos, y eso es una responsabilidad compartida del Estado mexicano, a través de su gobierno, y de los concesionarios como parte de la operación, eso es fundamental.

Debo decirles que ésta no es una reforma, es una nueva ley, es una ley completa, distinta a la anterior, en la que hemos trabajado con nuestros técnicos durante un año; los aspectos de definición técnica semántica, los conceptos fundamentales de lo que es un puerto y de lo que es una operación portuaria son de carácter universal, ahí no podemos hacer ningún cambio, es decir, que es una legislación como la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, está regida por sistemas legales que vienen desde hace 500 años y que se han ido depurando, es más, creo que no hay en el ámbito legal una cantidad más grande de legislación internacional aplicable al derecho privado como es la legislación marítima. En eso no podemos hacer gran cosa, más que reconocerlo e incorporarlo en una forma técnica, como lo hemos hecho, y que ha sido el trabajo de nuestros asesores técnicos, de cada uno de ustedes, y en el que coincidimos con la Comisión de Transportes, ahí no hay nada que hacer; lo que estamos generando como proyecto distinto, único y de avanzada, que sea un paradigma, es un sistema competitivo, transparente y equitativo, en el que todo el país tenga un beneficio, y que no nos vayamos a quedar sin los bienes del dominio público de la nación.

El secretario Luis Antonio Martínez Armengol: He estado en constante comunicación con la Comisión de Transportes, y desde luego que también ellos están haciendo su esfuerzo, y quiero dejar muy claro en la mesa, y para conocimiento de todos, que independientemente de la propuesta original, la que ellos hacen en cuanto a modificación de algunos artículos la estamos aceptando porque consideramos que enriquecen el documento, y eso es un valor agregado que le estamos dando a la ley modificada. Hay disponibilidad de los compañeros de la Comisión de Transportes, están haciendo su esfuerzo, también tienen sus opiniones, y ésas hay que recogerlas para enriquecer este documento. Gracias, diputado presidente. Cedo el uso de la palabra al diputado secretario.

El secretario Carlos Martínez Martínez: Gracias, con su permiso, presidente, tengo que reconocer que ha sido un trabajo importante de comunicación con todos los actores de la comunidad portuaria, terminaleros, navieros, pilotos, remolcadores, para sacar un mejor instrumento. Definitivamente son necesarios cambios en esta Ley; respecto de los comentarios que ha hecho el diputado presidente vienen varios puntos importantes, como es el plazo de las concesiones; estamos ante dos situaciones, los que hicieron un ofrecimiento cuando se licitó y no cumplieron, creo que estaríamos en una situación incorrecta de extender los plazos y la situación de que quienes en términos han invertido y han en algunos casos, excedido de lo ofrecido.

Ciertamente el plazo es un término importante porque podríamos estar en el vencimiento de una concesión, y si hay incertidumbre también estaríamos en una situación de riesgo; comparto la idea de que las API tienen que ser generadoras de utilidades, pero también deben potencializar el desarrollo económico de la región y del país; también un tema que posiblemente no esté aquí pero que nos dará de qué hablar, por las dos opiniones diferentes, es el de las terminales públicas y las privadas, donde las terminales privadas puedan pasar a ser terminales públicas: Se tendría que analizar realmente hasta dónde la terminal privada, en exceso de capacidades podría brindar un servicio público. Un tema de abundar a esto que nos ha llamado la atención es el estado de indefensión en el que se encuentran los diferentes actores de las comunidades portuarias ante las API porque no tienen un elemento, un recurso administrativo con que defenderse, creo que las API o los puertos, son instrumentos efectivos para potencializar nuestro crecimiento, y para eso tenemos que ser más productivos, debemos tener mejores puertos, es la única manera de invitar a nuestras navieras; hoy están llegando a los puertos que tienen productividad, que tienen un menor costo, y a los puertos seguros, entonces tenemos que trabajar en esas tres grandes líneas, señor presidente.

El presidente Alejandro Gertz Manero: Gracias, señor secretario. ¿Alguno de ustedes quisiera participar?

El diputado Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín: Quisiera hacer dos comentarios, uno con respecto a las API, he visto que muchas veces la tendencia, en las reuniones que se han dado a que sean más estatales, yo quisiera darles mi experiencia vengo del único estado del país que tiene una API estatal, y es el peor ejemplo de la opacidad que existe; se han dado concesiones, donde se ha pagado formalmente una vacilada por la concesión, porque muchos de los guantes se pagan por fuera, donde vemos que no hay inversiones en la infraestructura, más que lo original que había, y no se ha hecho mucho más: Véase la de Playa del Carmen, que es una vergüenza esa terminal; vemos excesos de gasto innecesario, como la terminal que se hizo en Cozumel, de dos pisos para hacer los puentes, para subir a los barcos, son 80 millones de pesos para hacer una terminal de dos pisos, que subes, para volver a bajar, porque no hay forma de acceder al barco por arriba; fue una estupidez de origen.

Dónde no hay auditoría de nadie, donde el presidente del consejo es el gobernador, y el director era su primo; y el director en Cozumel era el primo del primo, y primo del gobernador también, entonces, la verdad sí es un tema delicado, porque al darle un tratamiento de empresa de sociedad anónima, entonces, aunque son recursos del estado, y decíamos que la federación no puede entrar, pero todo lo que explotan es federal; de hecho hay un escrito que presenté ante la comisión, y le turné a la SCT, en donde es un abuso lo que se hizo en Cozumel; de inversiones, de todo ese tipo de excesos y nadie está haciendo algo para auditar, y tampoco nadie está haciendo algo para pedir cuentas, eso es muy delicado, y viviendo lo que ya vivimos en Quintana Roo, cuando se plantea el tema de las API, es cómo darle mayor capacidad de Auditoría a la Federación en ese sentido, y desgraciadamente en el estado, y lo que está pasando en muchos estados con los gobernadores que tienen el control de los Congresos locales, por ejemplo, nuevamente el Congreso Estatal nunca iba a auditar al Gobernador, porque tiene la mayoría en la Cámara, entonces, sí es importante el generar los contrapesos. El segundo tema que quisiera comentarle es el tema de las ASI. Yo recibí la primera concesión del Presidente de la República, Vicente Fox, de las ASI, y era una muy buena alternativa para fortalecer a los municipios, y también para ayudar a que todas las irregularidades que existen en materia marítima se erradicaran. Las ASI eran API municipales, para quien no conoce el concepto ASI, para no competir con las API, donde sí de alguna manera había competencia, se pudiera regularizar toda la infraestructura pequeña, que la API muchas veces no va a regularizar; también es algo en lo que se avanzó mucho, participé muy de cerca con SCT, con la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, íbamos en un buen camino, y de pronto, mi percepción fue cuando hubo un cambio en la Semarnat, quien llegó de subsecretario, nunca creyó en las API’S, porque hay un conflicto de intereses, y desgraciadamente se desapareció el proyecto de las ASI, y con el cambio de gobierno, tampoco el actual creyó en ese proyecto, hubo cambio de director de coordinador de puertos, de director de puertos, y todo eso se perdió, era un gran avance para la federalización del tema de la infraestructura portuaria en el país, es una buena alternativa; se hace un poco más de justicia a los municipios, porque el poder tener concesiones portuarias, por ejemplo, garantizar hasta que en los balnearios públicos se pueda generar infraestructura portuaria que era del municipio, y que podía generar utilidades; temas tan importantes, como son los malecones podríamos meterlos dentro de lo que era recinto portuario, en el cual tú garantizabas que el Plan de Ordenamiento Local iba amarrado con el federal, porque pasó en una ocasión, que de pronto dar una concesión portuaria para hacer un muelle de ferries, donde físicamente era imposible permitir más tráfico en esa zona, se iba a generar un verdadero conflicto urbano, porque como el puerto solamente ve de la zona federal para el mar, se les olvidó que existe una ciudad pegada a esa infraestructura portuaria que pretendían desarrollar, entonces, sí es importante cuidar que dentro de los planes de ordenamiento portuario se vincule a los municipios, y se vincule con el Plan de Ordenamiento Urbano, entonces, en ese tipo de cosas se estuvo trabajando muy de la mano con SCT, y de pronto se dio un borrón, y se desapareció el tema en las iniciativas de Ley de Puertos, en todas las iniciativas que se han dado, y creo que hay una forma muy sana para darle mayor fuerza al municipio, para ayudarlo con recursos adicionales, porque también podría concesionar infraestructura; también coincido, en cuanto a que las API deben darles más a los ayuntamientos, son entes muy ricos, cuando son bien manejados, y desgraciadamente no le generan ningún beneficio al municipio, y muchas veces, como por ejemplo, en Cozumel, la terminal en la que está Punta Langosta, allá SCT dio dos concesiones, lo que es el muelle se lo da a una empresa, pero la plaza comercial se la da a otra; la plaza comercial no paga un peso de impuesto predial, y como municipio no puedes meterte a regular muchas de las cosas, porque es un recinto portuario federal, y es un negocio en el que 100 por ciento de éste es rentar locales comerciales, no tiene nada que ver con terminal, y es un tema en el que también sería importante buscar el ir corrigiendo ese tipo de situaciones.

El presidente Alejandro Gertz Manero: Señor diputado, mire, esto mueve a algo que voy a proponer se incluya; debemos de generar un transitorio en nuestra nueva Ley, que obligue a una auditoría de la situación de cada una de las API, de las estatales y de todas, porque si vamos a comenzar con una nueva ley, también vamos a comenzar con un nuevo paradigma, y una nueva forma de tratar este asunto, eso no significa que los derechos adquiridos puedan ser conculcados, pero sí existe la obligación y está en la Ley, para que, tanto las API estatales y municipales, rindan cuentas de la forma como se les dieron sus concesiones y permisos para que nos permita comenzar un proyecto, en el que se puedan incluir estos nuevos tipos de organizaciones portuarias, pero que rindan cuentas por las razones que usted está diciendo.

Estamos encontrando que en todos los niveles y eso lo hemos visto en la Comisión de Marina, constantemente nos llegan las quejas fundadas de los problemas que están en las administraciones estatales, creo que merece que una Ley de esta naturaleza diga; te respeto tus derechos, pero voy a ver si has cumplido con tus obligaciones, eso es elemental; en lugar de escribir, como se hizo en la Ley de 1993 tienes que reunir todos estos requisitos de licitación, para obtener una API, pero en un transitorio, se eliminan todas esas obligaciones y te las doy directamente, entonces, para qué sirve una Ley, eso merece que se agregue un transitorio en ese sentido, de hacer un análisis para partir de un principio de transparencia y de rendición de cuentas, y de claridad que realmente nos permita tener una visión de ahí para adelante. ¿Alguien más? Señores, no les quiero quitar mucho tiempo, porque sé que andan de una Comisión a otra, si ustedes me permiten, les trataría tres temas más, y los demás los dejamos para la siguiente. El primer tema que tenemos pendiente sería el de la presentación del dictamen de proyecto de decreto por el que se reforma la Fracción I del artículo 31, y se adiciona un artículo 31 Bis a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, y se adiciona el 44 Bis de la Ley de Ascensos de la Armada de México turnada por la Mesa Directiva de esta Cámara, a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y Marina, y para su estudio, que son los ascensos post mortem.

Ustedes tienen el dictamen. ¿Quisieran que se los lea? ¿O lo ven razonable y válido? Sí, Aprobado por unanimidad. El segundo es la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de México, turnada por la Mesa Directiva el 4 de marzo a la comisión, que trata de la redacción de dos artículos en el cual nuestro dictamen es en el sentido de que el artículo 1o. debe decir: Artículo 1o. La Armada de México es una institución militar nacional, de carácter permanente, cuya misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y la seguridad interior del país. Esto coincide con la legislación en esa materia y no le veo mayor problema, se trata de eliminar la palabra “coadyuvar” porque su función no es de coadyuvar, sino es de establecer.

El otro es el artículo 13: Las fuerzas navales son el conjunto organizado de mujeres y hombres, buques, aeronaves y unidades de infantería de marina capacitados para el cumplimiento de la misión y atribuciones asignadas a la Armada de México, conforme a las prescripciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está muy claro; es simplemente repetir lo que dice nuestra Constitución, lo que dice la Ley de las Fuerzas Armadas y queda mucho más claro. Lo pongo a la consideración de ustedes.

El secretario Luis Antonio Martínez Armengol: Aprobado por unanimidad señor presidente.

El presidente Alejandro Gertz Manero: Y en lo referente a los últimos puntos del orden del día, respecto al artículo 44 es el que se refiere al pilotaje y la reforma en materia de remolque, si ustedes no tienen inconveniente, los presentaríamos en la siguiente reunión, son temas muy importantes, que merecen un trato muy especial. Les pediría, si ustedes me lo permiten, presentar estos dos temas en nuestra siguiente reunión porque son de fondo, no quiero tratarlos en una forma superficial, si ustedes están de acuerdo. ¿Les parece bien? Aprobado. ¿En temas de carácter general hay algún tema que quieran desahogar? Levantamos la sesión a las trece horas con doce minutos y les agradezco mucho su atención.

La Junta Directiva de la Comisión de Marina

Diputados: Alejandro Gertz Manero (rúbrica), presidente; Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica), Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Francisco Armando Meza Castro (rúbrica), secretarios.