Que expide la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores al Servicio del Estado, recibida de los diputados Alfredo Villegas Arreola y Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 25 de mayo de 2011

Los suscritos, Alfredo Villegas Arreola y Marco Antonio García Ayala, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Genera! de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores al Servicio del Estado, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La iniciativa que hoy presentamos a consideración de esta honorable asamblea tiene como objeto modernizar, democratizar y dotar de la autonomía técnica administrativa necesaria al actual Fondo de la Vivienda (Fovissste), con la finalidad de que ese organismo desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) cumpla de manera más ágil y eficaz las finalidades que actualmente tiene encomendadas, así como para que expanda sus servicios de seguridad social a los ámbitos que se asignen en materia de vivienda para los trabajadores.

Para lo anterior, se propone modernizar la estructura legal del Fovissste para que, una vez reestructurada, y conforme a su propia ley, tenga la posibilidad de acceder con mayor certeza y seguridad jurídica a las diversas y múltiples operaciones; mercantiles, empresariales, bursátiles y de coordinación federal.

No omitimos mencionar que el actual órgano desconcentrado que se propone reestructurar a la fecha opera con una estructura legal de fiscalización e información democrática muy similar a la que se previó en su momento en la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 1983, con sus reformas y adiciones.

La actual Ley del ISSSTE, publicada en el DOF el 31 de marzo de 2007, dejó intactas las facultades y atribuciones de la Comisión Ejecutiva del Fovissste, salvo por la actualización que ha representado el concepto de la subcuenta individual de vivienda, por lo que esta circunstancia la pone en desventaja operativa en comparación con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el cual a lo largo de sus años de existencia y operación ha demostrado eficacia en la materia. También por ello consideramos necesario modernizar y actualizar el sistema de provisión de vivienda de los trabajadores al servicio del Estado y sus análogos de las entidades federativas y los municipios.

Igualmente, entendemos por modernizar diversificar y ampliar funciones del actual fondo de la vivienda a nivel nacional del organismo que se propone crear. Incluso, esta finalidad en su momento se pensó dable por el Ejecutivo federal, que promovió la reforma constitucional, la que redundó en la modificación del inciso f), fracción XI, del Apartado B del artículo 123 de la Constitución federal. Esto se lee en su exposición de motivos.

Conviene señalar que sí bien es cierto que el texto actual del inciso f) de la fracción XI del repetido Apartado B ya considera la posibilidad de que a los servidores públicos se proporcionen habitaciones en arrendamiento o venta, es propósito del Ejecutivo federal, a mi cargo, adoptar las medidas y realizar cualquier esfuerzo tendente a resolver en forma más eficaz el problema habitacional de un amplio sector de la burocracia nacional.

Es de mencionarse que en los años setenta, los gobiernos de los estados carecían de imperativos constitucionales que los obligaran a legislar la materia laboral burocrática, conforme a los principios de las bases generales que establece la Constitución General de la República en el artículo 123. Hasta 1983, al reformarse el texto del entonces artículo 115, no se consideró la protección laboral de los servidores públicos al servicio de los gobiernos de los estados y de los municipios. En la exposición de motivos que acompañó a la reforma constitucional que nos referimos vemos la orientación siguiente:

Un relevante renglón de la iniciativa es la propuesta contenida en la fracción IX sobre la necesaria regulación de las relaciones tanto de los trabajadores al servicio de los estados como de los municipios, los que para corresponder cabalmente a los principios de tutela laboral consagrados en el artículo 123 de la Constitución federal, deben estar igualmente protegidos, y consecuentemente se sugiere que a fin de que tales trabajadores cuenten con protección legal en un régimen jurídico como el nuestro, se regulen sus relaciones en las Constituciones locales y en las leyes estatales, las que deben observar como principios básicos la garantía de los derechos mínimos de sus servidores, la implantación de sistemas de servicio público de carrera estatal y municipal, niveles de estabilidad laboral en el empleo, el acceso a la función pública, la protección del salario, la seguridad social, la inclusión de normas que garanticen la eficacia de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, y el establecimiento de procedimientos y autoridades adecuados para la solución jurisdiccional de controversias.

Conforme a esos principios y a raíz de esta reforma constitucional, la que ahora encontramos prevista en dos artículos, el 115 y 116, pero tal como se estableció originalmente en la Constitución federal. Las legislaturas de los estados han venido desarrollando sus propios regímenes para la seguridad social, creando fondos de retiros y para la provisión de casa habitación de los trabajadores al servicio de los gobiernos estatales y de los municipales.

Sin embargo, estos fondos de seguridad social local para los trabajadores al servicio de los gobiernos estatales y de los municipales han quedado marginados de los beneficios de los nuevos regímenes de seguridad social, tanto el de los trabajadores del régimen general de contratación previsto en el Apartado A del artículo 123 de la Constitución federal como del régimen del Apartado B. del mencionado artículo.

Por ello, sin necesidad de federalizar plenamente la materia y con el apoyo en el federalismo por colaboración, se propone crear un organismo descentralizado que tienda puentes de coordinación para la atención de las necesidades de vivienda del sector público estatal y de los municipios, toda vez que muchos de los fondos de seguridad social local se administran de manera global y discrecional, sin la posibilidad de transferir sus ahorros en el caso de la pérdida de la relación laboral o del reconocimiento de los ahorros realizados por relaciones laborales anteriores.

La propuesta que ponemos a su consideración es acorde con uno de los ejes de la presente administración, plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. En éste se ha expresado su visión de construir un México moderno:

Debemos imprimir una nueva dinámica a la administración pública y construir una nueva relación fundada en la corresponsabilidad entre sociedad y gobierno, entre los tres Poderes de la Unión y entre la federación, los estados y los municipios.

El bien de la nación nos exige actuar con estrategia y con rumbo. Así, el Plan Nacional de Desarrollo no será letra muerta sino un documento vivo que responda y se adapte permanentemente a las transformaciones que experimente la realidad nacional.

Igualmente, se señala de manera expresa la posibilidad del que el nuevo instituto esté facultado para apoyar financiamiento de arrendamientos con opción de compra de vivienda, desarrollando de esta manera un mandato constitucional que ha sido rezagado en los programas de las instituciones de seguridad social. En este aspecto se menciona que la experiencia de esta modalidad ha tenido buenos resultados en legislaciones de otros países. En especial, consideramos, será de gran utilidad para los trabajadores de reciente ingreso y con pocos recursos abonados en las cuentas individuales para la adquisición de vivienda.

Por último, se señala de manera global que se propone la creación de este instituto sectorizado al sector Hacienda contará con una junta directiva, compuesta en principio por 17 miembros, presidida por el director general del instituto. Este órgano de representación y administración, como es natural, ya no quedará subordinado técnicamente a las decisiones de la Junta Directiva del ISSSTE, sin que ello implique su total desvinculación, en atención de que el director de este instituto integrará la propia Junta Directiva del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores al Servicio del Estado.

Finalmente, se derogan las disposiciones vigentes en la actual Ley del ISSSTE, publicada en el DOF el 31 de marzo de 2007, relativas a las funciones y atribuciones que pasan a ser propias del nuevo instituto.

Por lo expuesto, se expide la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Primero. Se expide la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores al Servicio del Estado.

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores al Servicio del Estado

Título Primero

Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente ley es de orden público, de interés social y de observancia en toda la república, y se aplicará a las dependencias, entidades, trabajadores al servicio civil, pensionados y familiares derechohabientes de

I. La Presidencia de la República, las dependencias y entidades de la administración pública federal, incluyendo al propio instituto;

II. Ambas Cámaras del Congreso de la Unión, incluidos los diputados y los senadores, así como los trabajadores de la entidad de fiscalización superior de la federación;

III. El Poder Judicial de la Federación, incluyendo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces, así como consejeros del Consejo de la Judicatura Federal;

IV. La Procuraduría General de la República;

V. Los órganos jurisdiccionales autónomos;

VI. Los órganos con autonomía por disposición constitucional;

VII. El gobierno del Distrito Federal, sus órganos político-administrativos, sus órganos autónomos, sus dependencias y entidades, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, incluyendo sus diputados, y el órgano judicial del Distrito Federal, incluyendo magistrados, jueces y miembros del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, conforme a su normatividad específica y con base en los convenios que celebren con el instituto; y

VIII. Los gobiernos de las entidades federativas de la república, los Poderes Legislativos y Judiciales locales, los organismos descentralizados autónomos o desconcertados del orden estatal y municipal y las administraciones públicas municipales y sus trabajadores, además de las universidades y centros de educación pública superior, cuando hayan celebrado convenios con el instituto en los términos de esta ley.

Se establecen con carácter obligatorio el otorgamiento de préstamos con garantía hipotecaria, fiduciaria o de cualquier otra índole que apruebe el instituto, así como el otorgamiento de financiamiento en general para adquirir, arrendar con opción a compra o bien adquirir la titularidad de derechos fiduciarios que permitan a los beneficiarios gozar de una vivienda, en sus modalidades: de adquisición en propiedad, de obtención de derechos fiduciarios, de arrendamiento financiero o casas habitación, construcción, reparación, ampliación o mejoras de las mismas, así como para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos; para los trabajadores al servicio del Estado señalados en las fracciones precedentes.

Artículo 2. Se crea el organismo descentralizado, de seguridad social, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que se denomina “Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores al Servicio del Estado”, con domicilio en la Ciudad de México.

Artículo 3. El patrimonio del instituto lo constituirán

I. Sus propiedades, posesiones, derechos y obligaciones;

II. Con las aportaciones en numerario, servicios, subsidios y transferencias que le proporcione el gobierno federal, a efecto de procurar la solvencia y estabilidad del instituto, así como el cumplimiento de los coeficientes regulatorios que al efecto se establezcan. Podrán realizarse retiros de aportaciones, por parte del gobierno federal, cuando existan evidencias de que el instituto cuenta con un exceso de patrimonio en relación con los riesgos asumidos y respecto de los coeficientes regulatorios mínimos requeridos;

III. Los intereses, rentas, plusvalías y demás utilidades que se obtengan de las inversiones que conforme a esta ley haga el instituto;

IV, El producto de las sanciones pecuniarias derivadas de la aplicación de esta ley;

V. Las donaciones, herencias y legados a favor del instituto;

VI. Los bienes muebles e inmuebles que las dependencias o entidades destinen y entreguen para los servicios y prestaciones que establece la presente ley, así como los que adquiera el instituto y que puedan ser destinados a los mismos fines;

VII. Cualquiera otra percepción respecto de la cual el instituto resulte beneficiario; y

VIII. Cualquier reserva que se constituya para garantizar la suficiencia de patrimonio.

Artículo 4. Los recursos para la operación del instituto se integran con

I. Las aportaciones que las dependencias, entidades, entidades federativas y municipios enteren al instituto a favor de los trabajadores;

Las aportaciones a la subcuenta de vivienda, que junto con los intereses y rendimientos que generen, son patrimonio de los trabajadores. Dichas aportaciones a la subcuenta de vivienda y sus intereses y rendimientos, estarán exentos de toda clase de impuestos;

II. Los bienes y derechos adquiridos por cualquier título;

III. Los rendimientos que se obtengan de las inversiones de los recursos a que se refieren las anteriores fracciones; y

IV. Los recursos provenientes de las bursatilizaciones de cartera de crédito.

Artículo 5. El instituto tendrá por objeto

I. El otorgamiento de créditos a los trabajadores que sean titulares de las subcuentas de vivienda de las cuentas individuales y que tengan depósitos constituidos a su favor por más de dieciocho meses en el instituto. El importe de estos créditos deberá aplicarse a los siguientes fines:

a) La adquisición o construcción de vivienda;

b) La reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones;

c) Los pasivos contraídos por cualquiera de los conceptos anteriores;

Asimismo, el instituto podrá descontar con las entidades financieras que cuenten con la respectiva autorización emitida para tal efecto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los créditos que hayan otorgado para aplicarse a los conceptos señalados en los incisos anteriores;

II. Efectuar el pago de capital e intereses de la subcuenta de vivienda de los trabajadores en los términos de ley;

III. Cubrir los gastos de administración, operación y vigilancia del Instituto conforme a esta ley;

IV. La inversión de inmuebles destinados a sus oficinas y de muebles estrictamente necesarios para el cumplimiento de sus fines; y

V. Las demás erogaciones relacionadas con su objeto, incluyendo la constitución de estimaciones preventivas para cubrir adecuadamente el riesgo de crédito y de extensión de su cartera, así como las reservas, provisiones, baja de valor y otros ajustes que se requieran para soportar o respaldar los diferentes riesgos que se deriven de su operación.

El instituto podrá intervenir en la administración, operación o mantenimiento de conjuntos habitacionales, así como sufragar los gastos correspondientes a estos conceptos, en aquellos casos donde más de 50 por ciento de los citados conjuntos estén en garantía por los financiamientos otorgados por el instituto.

Artículo 7. El Instituto podrá celebrar convenios de coordinación y colaboración con las autoridades federales, entidades federativas y municipios, según corresponda, para el mejor cumplimiento de su objeto. Asimismo, para el ejercicio de las funciones el Instituto podrá contratar cualquier tipo de servicios.

Artículo 8. Para los efectos de esta ley, se entenderá por

I. Administradora, las administradoras de fondos para el retiro;

II. Aportaciones de vivienda, los enteros de las aportaciones de seguridad social que cubran los poderes de la federación, de los estados y de los gobiernos municipales a cargo de las dependencias y entidades de los mismos, en cumplimiento de las obligaciones que respecto de sus trabajadores les impone la ley, en materia de vivienda;

III. Aseguradora, las instituciones de seguros autorizadas para operar los seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social;

IV. Cuenta individual, la que se abrirá para cada trabajador en el Pensionissste o su equivalente estatal o municipal, si el trabajador así lo elige, en una administradora de resultar procedente, para que se depositen en la misma las cuotas y aportaciones de las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de ahorro solidario, de aportaciones complementarias de retiro, de aportaciones voluntarias y de ahorro de largo plazo, y se registren las correspondientes a vivienda, así como los respectivos rendimientos de éstas y los demás recursos que puedan ser aportados a las mismas, tal como se establece en la presente ley o la de los estados.

VI. Dependencias, las unidades administrativas de los Poderes de la Unión, la Procuraduría General de la República, los órganos jurisdiccionales autónomos, los órganos ejecutivo, legislativo y judicial del Distrito Federal, así como las unidades administrativas de las entidades federativas o municipios que se incorporen al régimen de esta ley;

VII. Derechohabiente, a los trabajadores, pensionados y familiares derechohabientes;

VIII. Descuento, las deducciones ordenadas por el instituto a las percepciones de los trabajadores o pensionados con motivo de las obligaciones contraídas por éstos, que deberán aplicar las dependencias, entidades, entidades federativas y municipios o el propio instituto, a través de sus nóminas de pago;

IX. Entidades, los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y demás instituciones paraestatales federales y del gobierno del Distrito Federal, las entidades federativas o municipales y sus organismos públicos que por disposición constitucional cuenten con autonomía, que se incorporen a los regímenes de esta ley;

X. Entidades federativas, los estados de la república y el Distrito Federal;

XII. ISSSTE, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;

XIII. Pensionado, toda persona a la que esta ley del ISSSTE o su equivalente le reconozca tal carácter;

XIV. Reserva o provisión, el registro contable en el patrimonio o en el pasivo del instituto, que reflejan la cuantificación completa y actualizada de sus obligaciones contingentes y ciertas;

XV. Salario mínimo, el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal;

XVI. Trabajador, las personas a las que se refiere el artículo 1 de esta ley que presten servicios en las dependencias o entidades, mediante designación legal o nombramiento.

Título Segundo

De los Órganos de Gobierno del Instituto

Artículo 9. Serán los órganos del instituto la Junta Directiva, el Comité de Auditoría y el Comité de Riesgos y contará con las delegaciones regionales que determine el propio instituto en atención de las necesidades de cobertura foránea y sus previsiones presupuestarias, las cuales tendrán las atribuciones administrativas que les delegue el propio instituto y se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.

Los integrantes de los órganos del instituto serán responsables para con éste por el cumplimiento de las obligaciones que esta ley les impone y si en cualquier asunto relacionado con el instituto tuvieren o conocieren de un posible conflicto de intereses personal o de alguno de los demás miembros del órgano, deberán manifestarlo y, el que tuviere el conflicto, deberá abstenerse, de toda intervención en dicho asunto.

La contravención de lo dispuesto aparejara la nulidad del acto del instituto, cuando el mismo determine que la voluntad del servidor público fue determinante para la adopción de la resolución. Los derechos de terceros derivados del acto anulado quedarán a salvo en la medida de lo posible o en la que determinen los tribunales competentes.

Artículo 10. La Junta Directiva será el órgano supremo del instituto y estará integrada por consejeros permanentes, con derecho voz y voto, así como consejeros sólo con derecho de voz.

Estará integrada por diecisiete consejeros, como a continuación se indica:

I. El director general del instituto, quien la presidirá y contará con voto de calidad;

II. El director general de ISSSTE;

III. Tres consejeros nombrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y un consejero nombrado por cada una de las siguientes dependencias o comisiones: la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Comisión Nacional de Vivienda.

La designación que otorgue el titular de cada una de las dependencias de la administración pública federal y de la Comisión Nacional de Vivienda deberá recaer en servidores públicos con cargo mínimo de subsecretario, titulares de unidad o sus equivalentes.

IV. Cinco consejeros nombrados por las organizaciones de trabajadores.

V. Dos consejeros no federales, uno en representación de las entidades federativas y otro de los municipios la Comisión permanente de funcionarios fiscales del Congreso de la Unión, quienes deberán ser personas de reconocida experiencia en el campo de las finanzas públicas y haber ocupado, dentro de los último tres años, al menos el cargo de secretario de Finanzas de alguna entidad federativa o su equivalente para el caso del representante estatal y de recaudador para el representante de los municipios.

Dos consejeros independientes que asistirán a las sesiones de la Junta Directiva, con voz pero sin voto. Dichos consejeros presidirán los comités de auditoría y de riesgos, respectivamente, y deberán ser personas ajenas a la administración del instituto. En ningún caso podrán ser

a. Empleados o directivos del instituto;

b. Socios o personas que ocupen un empleo, cargo o comisión en sociedades o asociaciones importantes que presten servicios al instituto. Se considera que una sociedad o asociación es importante cuando los ingresos que recibe por la prestación de servicios al instituto, representan más del cinco por ciento de los ingresos totales de la sociedad o asociación de que se trate;

c. Clientes, proveedores, prestadores de servicios, deudores, acreedores, socios, consejeros o empleados de una sociedad que sea cliente, proveedor, prestador de servicios importante del instituto. Se considera que un cliente, proveedor o prestador de servicios es importante cuando los servicios que le preste al instituto o las ventas que aquél le haga a éste representen más de diez por ciento de los servicios o ventas totales del cliente, del proveedor o del prestador de servicios, respectivamente;

d. Cónyuges, concubinas o concubinarios, así como los parientes por consanguinidad, afinidad o civil hasta el primer grado, de alguna de las personas mencionadas en las fracciones b) o c) anteriores, o bien, hasta el tercer grado en el caso de la persona señalada en el inciso a) de este artículo;

Por cada consejero propietario, exceptuando al independiente, se designará un suplente que actuará en caso de faltas temporales del propietario, debiendo tratarse de un funcionario con el rango inmediato inferior al del vocal propietario. En el caso .de los representantes de las organizaciones de trabajadores, la designación del suplente se hará en los términos de las disposiciones estatutarias respectivas aplicables.

Los consejeros independientes no tendrán suplentes y deberán asistir cuando menos al setenta por ciento de las sesiones que se hayan convocado en un ejercicio y en caso contrario podrán ser designados otros con las mismas características en su lugar, siempre que las ausencias no se justifiquen a juicio de la Junta Directiva.

Para ocupar el cargo de consejero se requiere ser mexicano, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y ser de reconocida honorabilidad y experiencia técnica y administrativa.

Artículo 11. La Junta Directiva sesionará por lo menos una vez cada dos meses, pudiendo además celebrar las sesiones extraordinarias que se requieran.

Para la validez de las sesiones de la Junta Directiva se requerirá la asistencia de por lo menos ocho de sus miembros, cinco de los cuales deberán ser representantes del Estado y de las entidades federativas.

Artículo 12. La Junta Directiva será auxiliada por un secretario, y por los demás comités técnicos de apoyo que apruebe la propia junta, cuyas funciones serán determinadas en la normatividad correspondiente.

Artículo 13. Los acuerdos de la Junta Directiva se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad.

Artículo 14. A falta del presidente de la junta, las sesiones serán presididas por uno de los representantes del gobierno federal que se elija entre los presentes.

Artículo 15. Las resoluciones de la Junta Directiva que afecten intereses particulares podrán recurrirse ante la misma dentro de los treinta días siguientes.

Artículo 16. Corresponde a la Junta Directiva

I. Resolver sobre las operaciones del instituto

II. Examinar, en su caso, aprobar por conducto del director general, los presupuestos de ingresos y egresos, los planes de labores y financiamientos, así como los estados financieros y el informe de labores formulados por el director general.

III. Presentar y aprobar el presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia del instituto;

IV. Aprobar, el programa de constitución de Reservas, las reglas para el otorgamiento de créditos y el programa de inversión de los recursos de vivienda;

V. Aprobar las reglas de operación de los órganos del instituto;

VI. A propuesta del director general aprobar los nombramientos del personal directivo de conformidad con el Reglamento Interior del instituto que al efecto se expida y cumpliendo los requisitos que las leyes y demás regulación secundaria les establezcan. Asimismo, aprobar las bases para el establecimiento, organización y funcionamiento de un sistema permanente de profesionalización y desarrollo de los trabajadores del instituto;

VII. Aprobar anualmente el presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia del instituto, los que no deberán exceder de 0.55 por ciento de los recursos totales que maneje;

Los gastos de administración, operación y vigilancia serán las erogaciones derivadas del manejo y control del instituto.

La Junta Directiva deberá someter a dictamen de auditores externos el ejercicio de presupuesto de gastos.

VIII. Aprobar los tabuladores y prestaciones correspondientes al personal del instituto, propuestos por el director general y conforme al presupuesto de gastos de administración autorizado.

IX. Aprobar las políticas de crédito y las reglas para su otorgamiento, administración, seguimiento, cobranza y recuperación, así como la normatividad en materia de control interno.

Asimismo, la Junta Directiva será responsable de aprobar los objetivos, lineamientos y políticas para la administración integral de riesgos, así como del establecimiento de las acciones preventivas y correctivas que se requieran para garantizar la solvencia y estabilidad del instituto en función de los riesgos asumidos.

A propuesta del director general, aprobar los castigos y quebrantos derivados de los créditos, las políticas de riesgos, así como las de adquisición de bienes y prestación de servicios, y cualquiera otra que sea necesaria para el cumplimiento de los objetivos del instituto;

X. Aprobar el rendimiento que generará el saldo de la subcuenta de vivienda, en términos de la presente ley y en general la política de tasas del instituto;

XI. Autorizar las reservas patrimoniales que deban constituirse para asegurar la operación del instituto y el cumplimiento de los demás fines y obligaciones del mismo;

XII. Resolver sobre las circunstancias específicas no previstas en la presente ley y con relación a las subcuentas del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores al Servicio del Estado;

Lo anterior es sin perjuicio de las facultades que, en relación con dichas cuentas, correspondan a otras autoridades del sistema financiero de conformidad con lo previsto en otras disposiciones legales;

XIII. Designar y remover a los miembros del Comité de Auditoría;

XIV. Conocer y aprobar los informes que le presente el Comité de Auditoría, sobre la situación que guarda el sistema de control interno del instituto;

XV. Evaluar los informes remitidos por el Comité de Auditoría;

XVI. Conocer la opinión que le envíe el Comité de Auditoría sobre los informes presentados por cualquiera de las diferentes áreas de la administración;

XVII. A propuesta del Comité de Auditoría, designar o remover al auditor externo;

XVIII. Designar o remover al auditor interno a propuesta del Comité de Auditoría; éste lo escogerá de una terna propuesta por el director general;

XIX. Aprobar la normatividad interna que derive de la presente ley, así como de otras leyes y de su regulación secundaria que sean de aplicación al instituto;

XX. Interpretar para efectos administrativos la presente ley;

XXI. Establecer los comités que estime necesarios para el cumplimiento de sus funciones; y

XXII. Aprobar los balances generales. El balance anual del instituto deberá publicarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que sea aprobado, en el Diario Oficial de la Federación y en dos de los diarios de mayor circulación.

XXIII. La Junta Directiva podrá establecer políticas diferenciadas de tasas y otorgamiento de crédito entre dependencias, entidades, entidades federativas de la república y regiones, pudiendo incluso determinar la suspensión de la colocación, en función del riesgo que registren.

XXIV. Las demás que se desprendan de la presente ley.

Artículo 17. El director general será nombrado por la Junta Directiva, a propuesta del presidente de la República. Para ocupar dicho cargo se requiere ser mexicano por nacimiento y además

I. Ser residente en territorio mexicano; en términos de lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación;

II. Haber prestado por lo menos cinco años sus servicios en puestos de alto nivel decisorio, cuyo desempeño requiera conocimiento y experiencia en materia financiera y administrativa;

III. Estarán imposibilitadas a ocupar el puesto de director general las siguientes personas:

a. Personas que tengan litigio pendiente con el instituto;

b. Personas sentenciadas por delitos patrimoniales; las inhabilitadas para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en el sistema financiero mexicano;

c. Los quebrados y concursados que no hayan sido rehabilitados;

Artículo 18. El director general tendrá las siguientes atribuciones y facultades:

I. Representar legalmente al instituto con todas las facultades que corresponden a los mandatarios generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio;

El director general podrá delegar la representación, incluyendo la facultad expresa para conciliar ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, así como otorgar y revocar poderes generales o especiales.

II. Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva;

III. Convocar a las sesiones de la Junta Directiva y presidir las mismas;

IV. Presentar anualmente a la Junta Directiva, los estados financieros y el informe de actividades del ejercicio anterior;

V. Presentar a la Junta Directiva, a más tardar el último día de septiembre de cada año, los presupuestos de ingresos y egresos, el proyecto de gastos y los planes de labores y de financiamientos para el año siguiente;

VII. Presentar a la Junta Directiva, para su consideración y en su caso aprobación, los programas de crédito a ser otorgados por el instituto;

VIII. Proponer a la Junta Directiva los nombramientos y remociones del personal técnico y administrativo del instituto; y

IX. Las demás que señalen esta ley y sus disposiciones reglamentarias.

X. El director general será responsable de vigilar que se mantenga la independencia necesaria entre la Unidad para la Administración Integral de Riesgos y las Unidades de Negocio.

Artículo 19. El Comité de Auditoría se integrará por un miembro de cada representación de la Junta Directiva y por el vocal independiente, quien lo presidirá en términos de lo señalado en el Reglamento Interior del instituto.

Por cada miembro propietario deberá haber un suplente.

Los miembros propietarios y suplentes de este comité, no podrán serio de algún otro órgano del instituto y deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Ser una persona de reconocido prestigio.

2. Contar con título y cédula profesional.

3. Contar con conocimientos y experiencia profesional mínima de cinco años en materia de auditoría relacionada con entidades financieras.

4. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito patrimonial o intencional que haya ameritado pena corporal, y

5. No estar inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en el sistema financiero mexicano, así como no haber sido declarado como quebrado o concursado.

Los miembros del Comité de Auditoría cuya remoción se haya solicitado, quedarán de inmediato suspendidos en sus funciones, y el suplente tomará su lugar, hasta en tanto la Junta Directiva determine lo conducente.

Para el cumplimiento de sus funciones, el Comité de Auditoría se auxiliará del auditor interno y sesionará por lo menos una vez al mes.

El director general y los funcionarios del propio instituto que aquél designe, podrán asistir como invitados, con voz pero sin voto a las sesiones del Comité de Auditoría, debiendo retirarse cuando así lo estime conveniente el presidente del comité, por la naturaleza de los asuntos a tratar o para llevar a cabo sus deliberaciones. A las sesiones del Comité de Auditoría se podrá invitar a cualquier otra persona a solicitud del presidente de dicho comité, que tenga relación con los asuntos a tratar, quien comparecerá con voz pero sin voto.

Artículo 20. El Comité de Auditoría deberá desempeñar las actividades siguientes:

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al instituto;

II. Verificar que las inversiones y los recursos del instituto se destinen a los fines previstos en los presupuestos y programas aprobados;

III. Disponer la práctica de auditorías en todos los casos en que lo estime necesario, pudiendo auxiliarse con las áreas afines del propio instituto;

IV. Proponer al director general, las medidas que juzgue apropiadas para alcanzar mayor eficacia en la administración de los seguros, prestaciones y servicios;

V. Examinar los estados financieros y la valuación financiera, actuarial y de riesgos del instituto, verificando la suficiencia de aportaciones y el cumplimiento de los programas anuales de constitución de reservas;

VI. Analizar la información relativa al entero de aportaciones;

VII. Designar a los auditores externos que auxilien a la comisión en las actividades que así lo requieran;

VIII. Conformar los grupos de trabajo que estime necesarios para el cumplimiento de sus funciones,

IX. Proponer para la aprobación de la Junta Directiva el Código de Ética del instituto;

X. Vigilar que los integrantes de los órganos del instituto actúen conforme a la normatividad aplicable y con arreglo al Código de Ética del instituto;

XI. Vigilar que la administración de los recursos y los gastos, así como las operaciones se hagan de acuerdo con las disposiciones de esta ley y de la normatividad que de la misma emane, así como de otras leyes y regulación secundaria aplicable;

XII. Aprobar los dictámenes, balances, opiniones, reportes o informes que elabore el auditor externo, para enviarlos a la Junta Directiva;

XIII. Proponer para aprobación de la Junta Directiva los lineamientos generales en materia de control interno que el instituto requiera para su adecuado funcionamiento, así como sus actualizaciones;

XIV. Aprobar los manuales de operación del instituto; en la parte relativa a las políticas y procedimientos que en materia de control interno se requieran para el correcto funcionamiento del instituto, acordes con la normatividad que sobre el particular haya sido aprobada por la Junta Directiva;

XV. Verificar, cuando menos una vez al año, que el programa de auditoría interna se desempeñe de conformidad con estándares de calidad adecuados en materia contable y de controles internos;

XVI. Evaluar e informar a la Junta Directiva, cuando menos dos veces al año, sobre la situación que guarda el sistema de control interno del instituto;

XVII. En general, conocer y evaluar las operaciones relevantes del instituto y la información financiera producida por la administración;

XVIII. Enviar a la Junta Directiva un informe periódico sobre la situación financiera del instituto; y

XIX. Las demás que se señalen en la normatividad que al efecto emita la Junta Directiva y el Reglamento Interior del instituto. Asimismo, deberá vigilar el cabal cumplimiento de la normatividad emitida por cualquier otra autoridad competente.

Artículo 21. El auditor externo será designado por la Junta Directiva de entre tres candidatos propuestos por el Comité de Auditoría, no podrá ocupar el cargo por más de tres años y deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Ser una persona de reconocido prestigio.

2. Contar con título y cédula profesional de contador público o licenciado en contaduría.

3. Estar debidamente certificado.

4. Contar con conocimientos y experiencia profesional mínima de cinco años en materia de auditoría relacionada con entidades financieras.

5. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito patrimonial o intencional que haya ameritado pena corporal.

6. No estar inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en el sistema financiero mexicano, así como no haber sido declarado como quebrado o concursado.

7. Ser socio de una firma de contadores públicos de reconocido prestigio. Esta firma no podrá ser la misma para plazos mayores de cinco años; y

8. No desempeñar ningún cargo o comisión en el servicio público.

El Comité de Auditoría propondrá a la Junta Directiva una firma de reconocido prestigio para que se autorice la contratación del auditor externo. Para este efecto podrá solicitar a un colegio o instituto de contadores públicos ampliamente representativo de la profesión, le proponga una terna de firmas.

Artículo 22. El auditor externo tendrá las siguientes atribuciones y facultades:

I. Practicar la auditoría de los estados financieros y comprobar, cuando lo estime conveniente los avalúos de los bienes, materia de operación del instituto;

II. Emitir anualmente un dictamen al Comité de Auditoría sobre la situación financiera que guarda el instituto;

Para rendir fundadamente dicho dictamen, deberá llevar a cabo el examen de las operaciones, documentación, registros y demás evidencias comprobatorias, en el grado y extensión que sean necesarios;

III. Hacer del conocimiento de la Junta Directiva, por conducto del Comité de Auditoría, información sobre la situación financiera que guarda el instituto, y

IV. Asistir, con voz, pero sin voto, a las sesiones de Junta Directiva.

Artículo 23. El auditor externo será responsable para con el instituto por el cumplimiento de las obligaciones que esta ley le impone y será solidariamente responsable con el que le haya precedido por las irregularidades en que éste hubiere incurrido sí, conociéndolas, no las denunciare por escrito a la Junta Directiva.

El auditor externo que en cualquier asunto relacionado con el instituto tuviere un conflicto de intereses, deberá abstenerse de toda intervención.

Artículo 24. Los auditores externos que suscriban el dictamen a los estados financieros en representación de las personas morales que proporcionen los servicios de auditoría externa deberán reunir los requisitos personales y profesionales que establezca la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante disposiciones de carácter general, y ser socios de una persona moral que preste servicios profesionales de auditoría de estados financieros y que cumpla con los requisitos de control de calidad que al efecto establezca la propia comisión en las citadas disposiciones.

Además, los citados auditores externos, la persona moral de la cual sean socios y los socios o personas que formen parte del equipo de auditoría no deberán ubicarse en ninguno de los supuestos de falta de independencia que al efecto establezca la comisión, mediante disposiciones de carácter general, en las que se consideren, entre otros aspectos, vínculos financieros o de dependencia económica, prestación de servicios adicionales al de auditoría y plazos máximos durante los cuales los auditores externos puedan prestar los servicios de auditoría externa.

El auditor externo y la persona moral de la cual sea socio estarán obligados a conservar la documentación, información y demás elementos utilizados para elaborar su dictamen, informe u opinión, por un plazo de al menos cinco años. Para tales efectos, se podrán utilizar medios automatizados o digitalizados.

Asimismo, los auditores externos deberán suministrar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los informes y demás elementos de juicio en los que sustenten sus dictámenes y conclusiones. Si durante la práctica o como resultado de la auditoría encuentran irregularidades que afecten la liquidez, estabilidad o solvencia, deberán presentar al comité de auditoría, y en todo caso a la comisión, un informe detallado sobre la situación observada.

Las personas que proporcionen servicios de auditoría externa responderán por los daños y perjuicios que ocasionen al instituto cuando

I. Por negligencia inexcusable, el dictamen u opinión que proporcionen contenga vicios u omisiones que, en razón de su profesión u oficio, debieran formar parte del análisis, evaluación o estudio que dio origen al dictamen u opinión.

II. Intencionalmente, en el dictamen u opinión

a) Omitan información relevante de la que tengan conocimiento, cuando deba contenerse en su dictamen u opinión;

b) Incorporen información falsa o que induzca a error, o bien, adecuen el resultado con el fin de aparentar una situación distinta de la que corresponda a la realidad;

c) Recomienden la celebración de alguna operación, optando dentro de las alternativas existentes, por la que genere efectos patrimoniales notoriamente perjudiciales para el instituto, o

d) Sugieran, acepten, propicien o propongan que una determinada transacción se registre en contravención de los criterios de contabilidad emitidos por la comisión.

No se incurrirá en responsabilidad por los daños o perjuicios que ocasionen, derivados de los servicios u opiniones que emitan los auditores externos, cuando actuando de buena fe y sin dolo se actualice lo siguiente:

I. Rindan su dictamen u opinión con base en información proporcionada por la persona a la que otorguen sus servicios; y

II. Rindan su dictamen u opinión apegándose a las normas, procedimientos y metodologías que deban ser aplicadas para realizar el análisis, evaluación o estudio que corresponda a su profesión u oficio.

Artículo 25. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante disposiciones de carácter general que procuren la transparencia y confiabilidad de la información financiera del instituto, señalará los requisitos a que se sujetará la aprobación de los estados financieros por parte de los administradores del instituto; su difusión a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo a los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, así como el procedimiento a que se ajustará la revisión que de los mismos efectúe la propia comisión.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores establecerá, mediante disposiciones de carácter general que faciliten la transparencia y confiabilidad de la información financiera, la forma y el contenido que deberán presentar los estados financieros; de igual forma, podrá ordenar que los estados financieros se difundan con las modificaciones pertinentes y en los plazos que al efecto establezca.

El instituto deberá publicar sus estados financieros en los términos y medios que establezcan las disposiciones de carácter general que al efecto emita la comisión.

Los estados financieros anuales deberán estar dictaminados por un auditor externo independiente, quien será designado directamente por la Junta Directiva del instituto,

La propia comisión, mediante disposiciones de carácter general que procuren la transparencia y confiabilidad de la información financiera, podrá establecer las características y requisitos que deberán cumplir los auditores externos independientes, determinar el contenido de sus dictámenes y otros informes, dictar medidas para asegurar una adecuada alternancia de dichos auditores, así como señalar la información que deberán revelar en sus dictámenes, acerca de otros servicios, y en general, de las relaciones profesionales o de negocios que presten o mantengan con el instituto.

El instituto estará obligado a poner a disposición del público en general la información corporativa, financiera, de riesgos, administrativa, operacional, económica y jurídica que determine la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante reglas de carácter general que emita para tales efectos. Para dictar dichas reglas, la comisión deberá tomar en consideración la relevancia de esa información para transparentar al público la solvencia, liquidez y seguridad operativa.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores contará con facultades de inspección y vigilancia, respecto de las personas morales que presten servicios de auditoría externa en términos de esta ley, incluyendo los socios o empleados de las que formen parte del equipo de auditoría, a fin de verificar el cumplimiento de esta ley y la observancia de las disposiciones de carácter general que de ella emanen.

Para tal efecto, la citada comisión podrá

I. Requerir toda clase de información y documentación relacionada con la prestación de este tipo de servicios;

II. Practicar visitas de inspección;

III. Requerir la comparecencia de socios, representantes y demás empleados de las personas morales que presten servicios de auditoría externa; y

IV. Emitir o reconocer normas y procedimientos de auditoría que deberán observar las personas morales que presten servicios de auditoría externa al dictaminar o emitir opiniones relativas a los estados financieros.

El ejercicio de las facultades a que se refiere este artículo estará circunscrito a los dictámenes, opiniones y prácticas de auditoría que, en términos de esta ley, practiquen las personas morales que presten servicios de auditoría externa, así como sus socios o empleados.

Artículo 26. El instituto queda sujeto a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como a su reglamento y demás disposiciones emitidas con fundamento en dicha ley.

Artículo 27. La Junta Directiva deberá constituir un comité cuyo objeto será la administración de los riesgos a que se encuentre expuesto el instituto y vigilar que la realización de sus operaciones se ajuste a los objetivos, políticas y procedimientos para la Administración Integral de Riesgos, así como a los Límites Globales de Exposición al Riesgo, que hayan sido previamente aprobados por la citada junta.

El comité de riesgos deberá integrarse de conformidad con lo siguiente:

a) Un miembro por cada representación de la Junta Directiva, en términos del Reglamento Interior del instituto.

b) Cuando menos un experto independiente en riesgos designado por la Junta Directiva, uno de los cuales fungirá como presidente.

b) El director general.

c) El responsable de la Unidad para la Administración Integral de Riesgos.

e) El responsable de la función de auditoría interna del instituto y las demás personas que sean invitadas al efecto, quienes como el primero podrán participar con voz pero sin voto.

El comité de riesgos deberá reunirse cuando menos una vez al mes y todas las sesiones y acuerdos se harán constar en actas debidamente circunstanciadas y suscritas por todos y cada uno de los asistentes.

Artículo 28. El comité de riesgos, para el desarrollo de su objeto, desempeñará las funciones siguientes:

I. Proponer para aprobación de la Junta Directiva los objetivos, lineamientos y políticas para la administración integral de riesgos, así como las eventuales modificaciones que se realicen a los mismos.

II. Aprobar la metodología y procedimientos para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los distintos tipos de riesgo a que se encuentra expuesto el instituto, así como sus eventuales modificaciones, así como los modelos, parámetros y escenarios que habrán de utilizarse para llevar a cabo la valuación, medición y el control de los riesgos que proponga la Unidad para la Administración Integral de Riesgos, mismos que deberán ser acordes con la tecnología del instituto.

III. Designar y remover al responsable de la Unidad para la Administración Integral de Riesgos. La designación o remoción respectiva deberá ratificarse por la Junta Directiva del instituto.

IV. Informar a la Junta Directiva cuando menos bimestralmente sobre la exposición al riesgo asumida por el instituto y los efectos negativos que se podrían producir en el funcionamiento del mismo, así como sobre la inobservancia de los Límites de Exposición al Riesgo y Niveles de Tolerancia al Riesgo establecidos.

Título Tercero

De la Subcuenta de Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado

Artículo 29. Las dependencias, entidades, entidades federativas o municipios deberán remitir al instituto al menos una vez al mes y en los términos que determine el reglamento respectivo, toda la información referente a tos movimientos afiliatorios, sueldos, modificaciones salariales, descuentos, derechohabientes, nóminas, recibos, así como certificaciones e informes y en general todo tipo de información necesaria para el otorgamiento de los servicios y prestaciones de este instituto,

Dicha información deberá enviarse a través de medios electrónicos, magnéticos, digitales, ópticos o de cualquier naturaleza, en los términos que determine la Junta Directiva del instituto conforme al reglamento respectivo.

En todo tiempo, las dependencias, entidades, entidades federativas o municipios deberán expedir los certificados e informes que les soliciten tanto los interesados como el instituto y proporcionar los expedientes y datos que el propio instituto les requiera de los trabajadores, ex trabajadores y pensionados, así como los informes sobre la forma en que se integran los sueldos de los trabajadores cotizantes, sus aportaciones y cuotas, y designarán a quienes se encarguen del cumplimiento de estas obligaciones.

El instituto se reserva la facultad de verificar la información recibida. En caso de negativa, demora injustificada o cuando la información se suministre en forma inexacta, falsa o sin la oportunidad señalada, la autoridad competente fincará la responsabilidad e impondrá las sanciones que correspondan en los términos de las leyes aplicables.

Artículo 30. Los trabajadores están obligados a proporcionar al instituto y a las dependencias, entidades, entidades federativas y municipios en que presten sus servicios:

I. La información general de las personas que podrán considerarse familiares derechohabientes; y

II. Los informes y documentos probatorios que se les pidan relacionados con la aplicación de esta ley.

Los trabajadores tendrán derecho a exigir, a las dependencias, entidades, entidades federativas o municipios, el estricto cumplimiento de las obligaciones que les impone el artículo anterior, así como el que el instituto los registre.

Las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR proporcionarán al instituto la información correspondiente a las aportaciones y descuentos realizados en los términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y su Reglamento, así como toda aquella información necesaria para el control y cumplimiento de los fines del instituto.

Artículo 31. El instituto expedirá a todos los trabajadores derechohabientes de esta ley, un medio de identificación para ejercer los derechos que la misma les confiere.

Para estos efectos, las dependencias, entidades, entidades federativas o municipios estarán obligadas a proporcionar al instituto los apoyos necesarios de acuerdo con los lineamientos que éste emita.

Artículo 32. Las dependencias, entidades, entidades federativas y municipios deberán enterar al instituto las aportaciones correspondientes a cada trabajador, tomando como sueldo básico el sueldo del tabulador regional que para cada puesto se haya señalado o su equivalente en las entidades federativas y municipios.

Las aportaciones establecidas en esta ley se efectuarán sobre el sueldo básico; estableciéndose como límite inferior un salario mínimo y como límite superior, el equivalente a veinticinco veces dicho salario mínimo.

Las dependencias, entidades, entidades federativas o municipios deberán informar al instituto anualmente, en enero, de los conceptos de pago sujetos a las aportaciones que esta ley prevé. De igual manera deberán comunicar al instituto cualquier modificación de los conceptos de pago, dentro del mes siguiente a que haya ocurrido dicha modificación.

Artículo 33. El Fondo de la Vivienda se constituirá con una aportación de cinco por ciento del sueldo básico. Será responsabilidad de las citadas dependencias, entidades, entidades federativas y municipios sujetos al régimen de esta ley garantizar que los montos retenidos de aportaciones y descuentos sean consistentes con el sueldo base de los derechohabientes. Lo anterior, sin detrimento de la responsabilidad del instituto de ratificar que las cantidades recibidas sean las correctas, previo a su individualización y abono a las cuentas o créditos correspondientes.

Artículo 34. Las dependencias, entidades, entidades federativas o municipios sujetos al régimen de esta ley tienen la obligación de enterar las aportaciones y descuentos al instituto por bimestres vencidos, a más tardar el día diecisiete de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada año y se realizará mediante los sistemas o programas informáticos que se establezcan al efecto.

Además, estarán obligadas a utilizar los sistemas o programas informáticos antes referidos para realizar el pago de aportaciones y descuentos.

El instituto se reserva la facultad de verificar la información recibida. En caso de encontrar errores o discrepancias que generen adeudas a favor del instituto, deberán ser cubiertos en forma inmediata con las actualizaciones y recargos que correspondan, en los términos del artículo siguiente.

Artículo 35. Las dependencias, entidades, entidades federativas o municipios sujetos al régimen de esta ley, que no enteren las aportaciones y descuentos dentro del plazo establecido, deberán cubrir a partir de la fecha en que éstas se hicieren exigibles en favor del instituto o, tratándose del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, en favor del trabajador, intereses moratorios a razón de uno punto veinticinco veces la tasa de los certificados de la Tesorería de la Federación con vencimiento a veintiocho días. Asimismo, deberán cubrir la actualización de dichas aportaciones y descuentos, en los términos establecidos en el Código Fiscal de la Federación.

Los titulares de las dependencias, entidades, entidades federativas o municipios, sus oficiales mayores o equivalentes, y los servidores públicos encargados de realizar las retenciones y descuentos serán responsables en los términos de ley, de los actos y omisiones que resulten en perjuicio de los obligados para la que laboren, del instituto, de los trabajadores, independientemente de la responsabilidad civil, penal o administrativa en que incurran.

Las omisiones y diferencias que resultaren con motivo de los pagos efectuados, el instituto las notificará a las dependencias, entidades, entidades federativas o municipios, debiendo éstas efectuar la aclaración o el pago, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de la notificación, en caso contrario, deberán pagar la actualización y recargos a que se refiere este artículo.

Las dependencias, entidades, entidades federativas o municipios mencionados en este artículo tendrán un plazo de diez días hábiles, a partir del requerimiento formulado por el instituto, para realizar ante el instituto las aclaraciones correspondientes.

Posteriormente, el instituto requerirá a la Tesorería de la Federación los pagos correspondientes por los adeudas vencidos que tengan las dependencias y entidades con cargo a su presupuesto. La señalada Tesorería y la unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público responsable de la partida presupuestaria, en el supuesto de afectación a participaciones, deberán comprobar la autenticidad del adeudo y en su caso, hacer el entero correspondiente al instituto en un plazo no mayor de cinco días hábiles.

En el caso de los adeudas de las entidades federativas, de los municipios, o de sus dependencias o entidades, se podrá hacer el cargo directamente a las participaciones y transferencias federales de dichas entidades federativas.

En ningún caso se autorizará la condonación de adeudos por concepto de aportaciones y descuentos, ni de su actualización y recargos.

Artículo 36. En caso de que alguna dependencia, entidad, entidad federativa o municipio, incumpla por más de seis meses en el entero de las aportaciones y descuentos previstos en esta ley, el instituto estará obligado a hacer público el adeudo correspondiente.

Transcurridos doce meses consecutivos de incumplimiento parcial o total del entero de aportaciones y descuentos, el instituto podrá suspender, parcial o totalmente, las prestaciones y servicios previstos en esta ley, para lo cual bastará con una notificación por escrito al titular de la dependencia o entidad respectiva con sesenta días de anticipación. La Junta Directiva y el director general del instituto decidirán sobre el ejercicio de la suspensión dispuesta en el presente párrafo.

En el caso a que hace referencia el párrafo anterior, la dependencia o entidad morosa asumirá la responsabilidad y las consecuencias legales que resulten por la suspensión de los beneficios previstos en esta ley.

Artículo 37. Los ingresos provenientes de las aportaciones y descuentos podrán concentrarse en la Tesorería de la Federación, para ser enterados al instituto. Al efecto, la citada Tesorería, el instituto y las dependencias y entidades a que se refiere el artículo 1 de esta ley podrán celebrar los convenios respectivos para determinar el procedimiento para la transferencia de recursos.

Las aportaciones a la Subcuenta de Vivienda del instituto, así como los descuentos para cubrir los créditos que otorgue el instituto, que reciban las entidades receptoras, deberán ser transferidas a la cuenta que el Banco de México le lleve al instituto, en los términos y conforme a los procedimientos que se establezcan en el Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Dichos recursos deberán invertirse, en tanto se aplican a los créditos en favor de los trabajadores a que se refiere esta sección, en valores a cargo del gobierno federal, a través del Banco de México e instrumentos de la banca de desarrollo.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar que los recursos del instituto, incluyendo los generados por las bursatilizaciones de cartera, se inviertan en valores diversos a los señalados, siempre que sean de alta calidad crediticia.

Sin perjuicio de lo anterior, el instituto, con cargo a dicha cuenta, podrá mantener en efectivo o en depósitos bancarios a la vista las cantidades estrictamente necesarias para la realización de sus operaciones.

Artículo 38. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluirá en las partidas necesarias, el concepto de Aportaciones de este ordenamiento, al tiempo de examinar los proyectos anuales de presupuestos de las dependencias y entidades de la administración pública federal. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigilará el oportuno entero de los recursos por parte de las dependencias y entidades, en los términos de esta ley.

Artículo 39. Las aportaciones a la Subcuenta de Vivienda previstas en esta ley se deberán registrar en la cuenta individual prevista en la Ley del ISSSTE o en las subcuentas que contemplen las legislaciones estatales correspondientes.

El saldo de las subcuentas de vivienda pagará intereses en función del remanente de operación del instituto.

Para tal efecto, la Junta Directiva procederá al cierre de cada ejercicio, a calcular los ingresos y egresos del instituto, de acuerdo con los criterios aplicables y ajustándose a sanas técnicas contables y a las disposiciones generales emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para determinar el remanente de operación, Se considerará remanente de operación del instituto a las cantidades que existan al finalizar cada ejercicio fiscal una vez que se hayan constituido las estimaciones preventivas para riesgos crediticios, reservas patrimoniales, provisiones, ajustes o bajas de valor que con cargo al propio instituto deban constituirse, en razón de los estudios actuariales y análisis de riesgos respectivos, así como las disposiciones de esta ley y de la regulación secundaria que aplique al instituto.

La Junta Directiva efectuará, a más tardar el quince de diciembre de cada año, una estimación del remanente de operación del instituto para el año inmediato siguiente a aquél al que corresponda. El cincuenta por ciento de la estimación citada se abonará como pago provisional de intereses a las subcuentas de vivienda, en doce exhibiciones pagaderas el último día de cada mes. Una vez determinado por la Junta Directiva, el remanente de operación del instituto en los términos del párrafo anterior, se procederá en su caso, a efectuar el pago de intereses definitivo, lo que deberá hacerse a más tardar en el mes de marzo de cada año.

Una vez que la Junta Directiva haya fijado tanto la estimación, como determinado el remanente de operación a que se refiere este artículo, deberá publicarlos en el Diario Oficial de la Federación y en 2 periódicos de amplia circulación en el país a más tardar el quinto día hábil siguiente al de la fijación de la estimación, así como al de la determinación del remanente citado.

La Junta Directiva deberá observar en todo momento una política financiera y de créditos, dirigida a lograr que los ahorros individuales de los trabajadores, conserven permanentemente por lo menos, su valor real de conformidad con la fórmula que al efecto determine.

Título Cuarto

Del Otorgamiento del Crédito

Artículo 40. El trabajador tendrá el derecho de elegir la vivienda nueva o usada, a la que se aplique el importe del crédito que reciba con cargo al Fondo de la Vivienda.

Artículo 41. Los créditos se otorgarán y adjudicarán tomando en cuenta, entre otros factores, la oferta y demanda regional de vivienda, el número de miembros de la familia de los trabajadores, los saldos de la Subcuenta de Vivienda del trabajador de que se trate y el tiempo durante el cual se han efectuado aportaciones a la misma, si el trabajador es propietario o no de su vivienda, así como su sueldo o el ingreso conyugal si hay acuerdo de los interesados.

La Junta Directiva expedirá las reglas operativas conforme a las cuales se otorgarán los créditos a que se refiere el párrafo anterior.

Los trabajadores podrán recibir crédito del instituto por una sola vez.

El monto máximo del crédito (MMC) que el instituto financiará a los trabajadores que adquieran un crédito tradicional, expresado en veces el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal (SMGMVDF), será aquel que resulte de multiplicar los factores que a continuación se detallan, al sueldo básico del trabajador (SBT), también expresado en veces del SMGMVDF, conforme a lo siguiente:

MMC = SBT x factor

Factor

Menor de 3

65.61275

Mayor o igual a 3 y menor de 4 62.2783

Mayor o igual a 4 y menor de 5 563385

Mayor o igual a 5 y menor de 8 53.6901

Para los SBT mayores o iguales a 8 y hasta 10 veces el SMGMVDF, el monto máximo de crédito por otorgar será de 429.5208 veces el citado SMGMVDF.

Conviene precisar que los montos máximos determinados conforme al presente artículo podrán ser adicionados por el saldo en la subcuenta de vivienda respectiva, en tanto ésta se aplique de manera inmediata y en su totalidad para la amortización del crédito correspondiente.

Las cantidades que se descuenten a los trabajadores con motivo del crédito que se le otorgue, no podrán exceder de treinta por ciento de su sueldo básico.

El instituto podrá otorgar créditos en pesos y tasas nominales fijas. Los esquemas en cuestión que al efecto pretenda operar el instituto deberán contar con la opinión favorable de su Comité de Riesgos y la previa aprobación de su Junta Directiva.

Artículo 42. La Junta Directiva del instituto, mediante disposiciones de carácter general que al efecto expida, determinará

I. Los montos de crédito específicos por programa (incluyendo cofinanciamiento, jubilados, etcétera) que otorgue el instituto, en función de la capacidad de pago de los trabajadores, la edad y el riesgo, entre otros factores que se consideren relevantes. Tratándose del programa tradicional, los montos de crédito no podrán ser superiores a los señalados en el artículo anterior.

II. Los métodos para la asignación aleatoria en grupos de trabajadores que reúnan iguales condiciones de elegibilidad, con objeto de dar transparencia, equidad y suficiencia al otorgamiento de créditos.

Artículo 43. Los trabajadores que hubieren cotizado al instituto y que por virtud de una nueva relación laboral se inscriban al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) podrán transferir a este último los recursos acumulados en la Subcuenta del Fondo de la Vivienda. De la misma manera, los trabajadores inscritos en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores que inicien una relación laboral que los sujete al régimen de esta ley podrán transferir al instituto los recursos de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda respectiva.

Para efectos de la transferencia de derechos prevista en el presente artículo, se estará a las reglas que para tal efecto, expida cada uno de los institutos de seguridad social mencionados.

Artículo 44. Los trabajadores que obtengan un crédito de vivienda bajo el régimen del instituto o del Infonavit y que tengan recursos acumulados por concepto de vivienda en su cuenta individual conforme al régimen de los dos institutos antes citados, podrán solicitar que se acumulen para aplicarse como pago inicial de su crédito y que las aportaciones sucesivas a cualquiera de los institutos o a ambos, sean destinadas a reducir el saldo insoluto a cargo del propio trabajador.

Artículo 45. Los trabajadores que se encuentren amortizando un crédito de vivienda otorgado por el instituto o por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y que, por virtud de una nueva relación laboral, cambien de régimen de seguridad social deberán seguir utilizando sus aportaciones de vivienda para el pago del crédito correspondiente.

A efecto de lo anterior, el instituto y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores podrán celebrar convenio para determinar el procedimiento para la transferencia de las aportaciones de vivienda entre ambos institutos.

Artículo 46. Al momento en que el trabajador reciba crédito para vivienda, el saldo de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda de su cuenta individual se aplicará como pago inicial o garantía de alguno de los conceptos a que se refiere la fracción I del artículo 5 de esta ley.

Durante la vigencia del crédito concedido al trabajador, las aportaciones a su favor se aplicarán a reducir el saldo insoluto a cargo del propio trabajador.

El trabajador que obtenga un crédito de alguna entidad financiera para aplicarlo al pago de la construcción o adquisición de su habitación, podrá utilizar como pago inicial o garantía para la construcción o adquisición, el saldo de su Subcuenta del Fondo de la Vivienda. Asimismo, las aportaciones que se efectúen a la subcuenta citada con posterioridad al otorgamiento del crédito se aplicarán a cubrir el saldo insoluto.

El instituto podrá otorgar créditos a los trabajadores en cofinanciamiento con entidades financieras o con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en cuyo caso, el trabajador también podrá utilizar los recursos de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda como pago inicial o garantía. Las aportaciones que se efectúen a la subcuenta citada con posterioridad al otorgamiento del crédito se aplicarán a cubrir el saldo insoluto del crédito que haya otorgado el Fondo de la Vivienda.

El instituto podrá ofrecer el servicio de cobranza de la parte cofinanciada, previo acuerdo con las entidades financieras o con el Infonavit.

En el supuesto de cofinanciamiento a que se refiere el párrafo anterior aplicable, el instituto deberá otorgar crédito al trabajador cuando el crédito que reciba de la entidad financiera de que se trate, se otorgue en base a fondos de ahorro establecidos en planes de previsión social que reúnan los requisitos de deducibilidad que se establezcan en las disposiciones fiscales correspondientes.

En el caso de que el trabajador obtenga crédito de alguna entidad financiera en términos de lo dispuesto en el párrafo inmediato anterior o de que el trabajador obtenga crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y el instituto no pueda otorgar crédito, el trabajador tendrá derecho a que durante la vigencia de dicho crédito, las subsecuentes aportaciones a su favor se apliquen a reducir el saldo insoluto a cargo del propio trabajador y a favor de la entidad financiera de que se trate o del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Previo convenio con la entidad financiera participante o el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el instituto podrá incluir en el porcentaje de descuento que la dependencia o entidad efectúe al sueldo del trabajador acreditado, el importe que corresponda a los créditos otorgados en los términos del presente artículo.

Artículo 47. Los créditos que se otorguen con cargo al instituto deberán darse por vencidos anticipadamente si los deudores, sin el consentimiento del instituto, enajenan las viviendas, gravan los inmuebles que garanticen el pago de los créditos concedidos o incurren en las causas de rescisión consignadas en los contratos respectivos.

Artículo 48. Los créditos que se otorguen estarán cubiertos por un seguro para los casos de invalidez, incapacidad total permanente o de muerte, que libere al trabajador o pensionado o a sus respectivos beneficiarios, de las obligaciones derivadas de los mismos. El costo de este seguro quedará a cargo del instituto.

Los trabajadores o pensionados podrán manifestar expresamente y por escrito su voluntad ante el instituto en el acto del otorgamiento del crédito o posteriormente, para que en caso de muerte, la adjudicación del inmueble se haga a quien hayan designado como beneficiarios. Para que proceda el cambio de beneficiario, el trabajador o pensionado deberá solicitarlo igualmente por escrito acompañado de dos testigos ante el instituto; una vez presentada dicha solicitud, éste deberá comunicar al trabajador o pensionado su consentimiento y el registro de los nuevos beneficiarios en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días calendario. En caso de controversia el instituto procederá exclusivamente a la liberación referida y se abstendrá de adjudicar el inmueble.

A falta de beneficiario designado, la adjudicación del inmueble deberá hacerse conforme al orden de prelación que establece la sección de pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida que prevé la ley del ISSSTE.

El instituto solicitará al Registro Público de la Propiedad correspondiente, efectuar la inscripción de los inmuebles en favor de los beneficiarios, cancelando en consecuencia la que existiere a nombre del trabajador o pensionado con los gravámenes o limitaciones de dominio que tengan.

Artículo 49. Cuando un trabajador deje de prestar sus servicios a las dependencias; entidades, entidades federativas o municipios; sujetas al régimen de beneficios que otorga esta ley y hubiere recibido un préstamo del instituto a cargo del instituto, se le otorgará una prórroga sin causa de intereses en los pagos de amortización que tenga que hacer por concepto de capital e intereses. La prórroga tendrá un plazo máximo de doce meses y se detendrá cuando el trabajador vuelva a prestar servicios a alguna de las dependencias o entidades o ingrese a laborar bajo un régimen con el que el instituto tenga celebrado convenio de incorporación.

Dicha prórroga se reactivada cuantas veces sea necesario a lo largo de la vida del crédito, siempre y cuando la suma de meses en los que la citada prórroga ha estado activa, no exceda de doce. Adicionalmente, no consumirán el plazo de la prórroga los meses en que los derechohabientes que no han recuperado una relación laboral formal, realicen el pago íntegro correspondiente a capital e intereses.

Para los efectos del párrafo anterior, también se entenderá que un trabajador ha dejado de prestar servicios cuando transcurra un periodo mínimo de doce meses sin laborar en ninguna de las dependencias o entidades, entidades federativas o municipios, por suspensión temporal de los efectos del nombramiento o cese, a menos que exista litigio pendiente sobre la subsistencia de su designación o nombramiento.

Las dependencias, entidades, entidades federativas o municipios a que se refiere esta ley seguirán haciendo los depósitos para el Fondo de la Vivienda del instituto, sobre los sueldos de los trabajadores que disfruten licencia por enfermedad en los términos del artículo 111 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional y 37 de la Ley del ISSSTE, o sus equivalentes en las entidades federativas o municipios, así como de los que sufran suspensión temporal de los efectos de su nombramiento conforme a las fracciones I y II del artículo 45 de la citada Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado o sus similares de las entidades federativas o municipios debiendo suspenderse dicho depósito a partir de la fecha en que cese la relación de trabajo.

La existencia del supuesto a que se refiere este artículo deberá comprobarse ante el instituto.

Artículo 50. En los casos de trabajadores que a la fecha de pensionarse presenten saldo insoluto en su crédito de vivienda se descontarán de su pensión los subsecuentes pagos al instituto.

Artículo 51. El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores en salarios mínimos, se revisará cada vez que se modifiquen los salarios mínimos, incrementándose en la misma proporción en que aumente el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal.

Asimismo, los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los mismos, a la tasa que determine el Junta Directiva. Dicha tasa no será menor de cuatro por ciento anual sobre saldos insolutos.

Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de 30 años.

Artículo 52. Todos los inmuebles adquiridos o construidos por los trabajadores para su propia habitación con los recursos del instituto, quedarán exentos a partir de la fecha de su adquisición o construcción de todos los impuestos federales hasta por la suma de diez veces el salario mínimo elevado al año, durante el término que el crédito permanezca insoluto.

El trabajador deberá acudir ante notario público para protocolizar la transacción y deberán inscribirse en el Registro Público de la Propiedad respectivo Los gastos que se causen por los referidos conceptos serán cubiertos por mitad entre el instituto y los trabajadores; para tal efecto la Junta Directiva tomando como base el arancel que establece los honorarios de los notarios, determinará el porcentaje de reducción de los mismos.

El instituto gestionará los convenios correspondientes con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, para que los trabajadores protegidos por esta ley gocen de las exenciones de impuestos que correspondan a la propiedad, en los términos de este artículo.

Artículo 53. Los recursos de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda que no hubiesen sido aplicados para otorgar créditos a favor de los trabajadores de acuerdo a lo dispuesto en esta sección, serán transferidos al Pensionissste, las administradoras o aseguradoras para la contratación de la pensión correspondiente o su entrega en una sola exhibición, según proceda, en los términos de lo dispuesto en esta ley, al momento en que el derechohabiente se pensione.

A efecto de lo anterior, el instituto deberá transferir los recursos de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda al Pensionissste, las administradoras o aseguradoras a más tardar el segundo día hábil siguiente al que le sean requeridos.

Artículo 54. El instituto podrá pactar con terceros, incluyendo a las instituciones de crédito o entidades financieras, la prestación de servicios necesarios para su operación, así como comisiones para realización de las operaciones previstas en esta ley, de conformidad con las disposiciones de carácter general que expida la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Las operaciones que lleven a cabo los comisionistas deberán realizarse a nombre y por cuenta del instituto con la que celebren los actos jurídicos mencionados en el primer párrafo de este artículo. Asimismo, los instrumentos jurídicos que documenten las comisiones deberán prever que el instituto responderá por las operaciones que los comisionistas celebren por cuenta del mismo, aun cuando éstas se lleven a cabo en términos distintos a los previstos en tales instrumentos jurídicos. Las disposiciones de carácter general a que se refiere el primer párrafo de este artículo, deberán contener, entre otros, los siguientes elementos:

I. Los lineamientos técnicos y operativos que deberán observarse para la realización de tales operaciones, así como para salvaguardar la confidencialidad de la información de los usuarios y proveer que en la celebración de dichas operaciones se cumplan las disposiciones aplicables;

II. Las características de las personas físicas o morales que podrán ser contratadas por el instituto como terceros en términos del presente artículo.

III. Los requisitos respecto de los procesos operativos y de control que el instituto deberá exigir a los terceros contratados;

IV. El tipo de operaciones que podrán realizarse a través de terceros, quedando facultada la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para señalar el tipo de operaciones en los que se requerirá de su autorización previa;

V. Los contratos de prestación de servicios o comisiones que celebren en términos de este artículo que la comisión determine que deberán serle entregados por el instituto, así como la forma, condiciones y plazos de dicha entrega;

VI. Los límites aplicables a las operaciones que podrán llevarse a cabo a través de terceros por cuenta del propio instituto.

VII. Las políticas y procedimientos con que deberá contar el instituto para vigilar el desempeño de los terceros que sean contratados, así como el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, entre las cuales deberá preverse la obligación de dichos terceros de proporcionar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a los auditores externos del instituto, a solicitud de éstas, los registros, la información y el apoyo técnico relativos a los servicios prestados al instituto, y

VIII. Las operaciones y servicios que el instituto no podrán pactar que los terceros les proporcionen en forma exclusiva.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previo derecho de audiencia que se otorgue al instituto, podrá ordenar la suspensión parcial o total, temporal o definitiva, de la prestación de los servicios o comisiones a través del tercero de que se trate, cuando se incumplan las disposiciones que se mencionan en este artículo o pueda verse afectada la continuidad operativa del instituto o en protección de los intereses del público. Lo anterior, salvo que la propia comisión apruebe un programa de regularización que reúna los requisitos que al efecto se establezcan en las disposiciones de carácter general referidas.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores formulará directamente al instituto los requerimientos de información y, en su caso, las observaciones y medidas correctivas que deriven de la supervisión que realice con motivo de las actividades que el instituto lleve a cabo a través de prestadores de servicios o comisionistas conforme a lo previsto en el presente artículo, para asegurar la continuidad de los servicios que el instituto proporciona a sus clientes, la integridad de la información y el apego a lo establecido en esta ley.

Asimismo, la comisión estará facultada, en todo momento, para efectuar actos de supervisión, inspección y vigilancia respecto de los prestadores de servicios o comisionistas que el instituto contrate en términos de este artículo, así como practicar inspecciones a los terceros que contraten el instituto con respecto de las actividades contratadas, o bien, ordenar al mismo instituto realizar auditorías a dichos terceros, quedando obligada el mismo a rendir un informe a la comisión al respecto.

La comisión deberá especificar el objeto de las inspecciones o auditorías, las cuales deberán circunscribirse a la materia del servicio contratado y al cumplimiento de lo previsto en esta ley y las disposiciones que de ella emanen. Al efecto, el instituto deberá pactar en los contratos mediante los cuales se formalice la prestación de estos servicios o comisiones, la estipulación expresa del tercero contratado de que acepta ajustarse a lo establecido en el presente artículo.

Título Quinto

Disposiciones Finales

Artículo 55. El gobierno federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, ejercerá el control y evaluación de la inversión de los recursos del instituto, vigilando que los mismos sean aplicados de acuerdo con lo que establece la presente ley.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores estará facultada para supervisar las operaciones y la contabilidad del instituto, contando para ello con las mismas facultades que dicha comisión tiene respecto de las instituciones de banca de desarrollo, incluida la de establecer disposiciones generales a las que deberá sujetarse el instituto, entre las que destacan las relativas al proceso de crédito, calificación de cartera, control interno y gobierno corporativo, administración integral de riesgos y requerimientos de niveles de solvencia mínimos.

Artículo 56. Son obligaciones de las dependencias, entidades, entidades federativas o municipios

I. Inscribir a sus trabajadores y beneficiarios en el Fondo de la Vivienda; y

II. Efectuar las aportaciones a la Subcuenta de Vivienda y hacer los descuentos a sus trabajadores en su salario.

El pago de las aportaciones y descuentos señalados en la fracción II de este artículo será por bimestres vencidos, a más tardar el día diecisiete de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada año conjuntamente con las cuotas y aportaciones al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

Artículo 57. Los trabajadores o pensionados y sus familiares derechohabientes no adquieren derecho alguno, individual o colectivo sobre el patrimonio del instituto sino sólo a disfrutar de los beneficios que esta ley les concede.

Artículo 58. Los bienes muebles e inmuebles que pertenezcan al instituto gozarán de las franquicias, prerrogativas y privilegios que sean concedidos a los fondos y bienes de la federación.

Dichos bienes, así como los actos y contratos que celebre el instituto estarán exentos de toda clase de impuestos y derechos, y aquellos en los que intervenga en materia de vivienda, sin menoscabo de que el trabajador pueda acudir ante notario público de su elección en las operaciones en que sea parte.

El instituto se considerará de acreditada solvencia y no estará obligado a constituir depósitos o fianza legal de ninguna clase.

Artículo 59. Si llegare a ocurrir en cualquier tiempo que los recursos del instituto no bastaren para cumplir las obligaciones a su cargo establecidas en la ley, el déficit que hubiese, será cubierto por el gobierno federal y los gobiernos o dependencias y entidades de las entidades federativas o municipales que coticen al régimen de esta ley en la proporción que a cada uno corresponda, conforme al riesgo asumido en la cartera de crédito total y vencida.

En caso de que el informe financiero, de riesgos y actuarial que anualmente se presente a la Junta Directiva, arroje como resultado que las aportaciones son insuficientes para cumplir con las obligaciones a cargo del instituto, el director general deberá hacerla del conocimiento del Titular del Ejecutivo federal del Congreso de la Unión y del público en general.

Artículo 60. El comité de riesgos para llevar a cabo la Administración Integral de Riesgos contará con una unidad especializada cuyo objeto será identificar, medir, vigilar e informar los riesgos cuantificables que enfrenta el instituto en sus operaciones, ya sea que éstos se registren dentro o fuera del balance.

La Unidad para la Administración Integral de Riesgos será independiente de las Unidades de Negocio, a fin de evitar conflictos de interés y asegurar una adecuada separación de responsabilidades.

Artículo 61. El instituto tomará las medidas pertinentes en contra de quienes indebidamente aprovechen o hagan uso de los derechos o beneficios establecidos por esta ley, y ejercitará ante las autoridades competentes las acciones que correspondan, presentando las denuncias o querellas, y realizará todos los actos y gestiones que legalmente procedan, así como contra quien cause daños o perjuicios a su patrimonio o trate de realizar cualquiera de los actos anteriormente enunciados.

Artículo 62. En los casos de inconformidad de las dependencias, entidades, entidades federativas y municipios, de los trabajadores o sus beneficiarios sobre la inscripción en el instituto, derecho a créditos, cuantía de aportaciones y de descuentos, así como sobre cualquier acto del instituto que lesione derechos de los trabajadores inscritos, de sus beneficiarios o de los patrones, se podrá promover ante el propio instituto un recurso de inconformidad.

El reglamento correspondiente determinará la forma y términos en que se podrá interponer el recurso de inconformidad a que se refiere este artículo.

Artículo 63. Con el fin de que los recursos del instituto se inviertan de conformidad con lo que dispone la presente ley, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tendrá las siguientes facultades:

I. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigilará que los programas financieros anuales del instituto no excedan de los presupuestos de ingresos corrientes y de los financiamientos que reciba el instituto. Dichos financiamientos deberán ser aprobados previamente por esta secretaría; y

II. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, emitirá las normas de registro contable de sus operaciones, fijándole las reglas para la estimación de sus activos, y en su caso, de sus obligaciones y responsabilidades, y expidiéndole las disposiciones generales a que se sujetarán sus operaciones, atendiendo a esta ley ya la naturaleza de los fines del instituto;

III. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores supervisará y vigilará que las operaciones del instituto se ajusten a las normas establecidas y a las sanas prácticas, informando al instituto y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de las irregularidades que pudiera encontrar, para que se corrijan, y en su caso, impondrá las sanciones que correspondan en el ejercicio de sus funciones; y

IV. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ejercerá todas las demás facultades aplicables que le son conferidas, conforme a lo dispuesto en su propia ley y sus reglamentos respectivos.

En virtud de lo anterior, no son aplicables al instituto, las disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

El instituto, en su carácter de administrador del Fondo de la Vivienda, podrá contraer obligaciones de pasivo derivadas de financiamientos, constituir garantías, así como celebrar operaciones financieras derivadas con fines de cobertura, ninguna de las cuales constituirá deuda pública en términos de la Ley General de Deuda Pública, siempre que

I. La fuente de pago y garantía sean exclusivamente los recursos que provengan de las recuperaciones de los créditos otorgados por el instituto, con cargo al Fondo Nacional de la Vivienda, así como los derechos de dichos créditos que al efecto determine el instituto en los instrumentos jurídicos correspondientes;

II. Cuenten con la aprobación previa de la Junta Directiva, la cual será otorgada de acuerdo con el plan de financiamiento anual del instituto;

III. Al momento de presentar la solicitud de aprobación, el saldo principal de los financiamientos existentes, sumado al principal del financiamiento a contratarse, no exceda el cincuenta por ciento del patrimonio del Fondo de la Vivienda, registrado en los estados financieros del instituto al cierre del ejercicio fiscal anterior, y

IV. El monto global de los financiamientos no ponga en riesgo la viabilidad financiera del Fondo Nacional de la Vivienda y sean acordes con la capacidad de recuperación y pago de los activos a que se refiere la fracción I de este artículo, a la fecha de la solicitud de aprobación a que se refiere el artículo 66, fracción I, de esta ley.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá aprobar previamente cada uno de los financiamientos que el instituto pretenda contraer en términos de este artículo. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá negar la aprobación cuando considere que pueda perjudicarse la estabilidad de los mercados financieros; incrementar el costo de financiamiento del sector público, o bien afectar adversamente las fuentes de financiamiento del mismo.

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgue la aprobación, el instituto deberá documentar y acreditar lo dispuesto en las fracciones anteriores.

Las obligaciones contraídas conforme a este artículo no generarán obligación alguna, directa ni contingente, contra el crédito del gobierno federal ni contra las aportaciones que, en su caso, realice.

Artículo 64. Se considerará como fraude y se sancionará como tal, en los términos del Código Penal Federal, obtener los créditos o recibir los depósitos a que esta ley se refiere sin tener derecho a ello, mediante engaño, simulación o sustitución de persona.

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A partir de la entrada en vigor se derogan los artículos comprendidos en la sección II del capítulo IX del título segundo y en la sección III, capítulo VIII, del título segundo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación del treinta y uno de marzo de dos mil siete, y se modifican los artículos 4, 5, 6, fracciones IV y XXVII, 21, 76, 104, fracción II, 105, fracciones II y VI, 237 y 240; se derogan las fracciones y artículos siguientes: 194, la fracción III del artículo 209, la fracción XVI del artículo 214, las fracciones XVIII y XIX del artículo 220, y la fracción II del artículo 228.

Tercero. Pasan a propiedad del instituto todos los bienes y derechos a que se refiere el artículo 3 de la presente ley que actualmente tiene asignados la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda.

Cuarto. Se mantendrán en vigor todas las disposiciones reglamentarias y administrativas que no se opongan a la presente ley, hasta en tanto se expidan las normas relativas al presente ordenamiento.

Quinto. Las viviendas propiedad del instituto que a la fecha de entrada en vigor de esta ley tenga en arrendamiento se regularán por las disposiciones que, al efecto, emita la Junta Directiva del instituto.

Sexto. El instituto contará con un plazo de dos años, contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, para cumplir lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como a su reglamento y demás disposiciones emitidas con fundamento en dicha ley.

Séptimo. La puesta en marcha de este nuevo instituto aplicará a todos los trabajadores que estén al servicio del Estado en los términos a los que se refiere la presente ley. Para poder otorgar los beneficios de otorgamiento de créditos a la nueva población, que se estima en 50 por ciento la actual, será necesario contar con recursos adicionales. Para tal fin, el gobierno federal deberá aportar 10 mil millones de pesos.

Octavo. Se contará con un plazo de cinco años, contados a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente ley, para cumplir el límite de gastos de administración, operación y vigilancia del instituto al que se refiere el artículo 14, fracción VII.

México, DF, a 25 de mayo de 2011.

Diputado Alfredo Villegas Arreola (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Vivienda. Mayo 25 de 2011.)