De la Secretaría de Gobernación, con las que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados

México, DF, a 2 de mayo de 2011.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-8-991, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Balfre Vargas Cortez, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DGPPCI/V/0926/11, suscrito por la doctora Érika Santoyo Morales, directora general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los programas de atención a víctimas del delito.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica)

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

México, DF, a 25 de abril de 2011.

Maestro Carlos Fernando Angulo Parra

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación

Presente

En respuesta al oficio SEL/UEL/311/890/11, por el que se comunica el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el que se exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la libertad de Expresión, a ejercer a plenitud la facultad de atracción en aquellos casos que tengan conexidad con algún ilícito del fuero federal, así como apoyar y reforzar los diversos programas de atención a víctimas del delito.

Sobre el particular, me permito informarle que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra la Liberta de Expresión, ha instrumentado una política de trabajo basada en la investigación criminológica dirigida a los delitos que violan el derecho a la libertad de expresión que se ejerce a través del periodismo, derivado en el principio jurídico de la jurisdicción concurrente que sostiene que el órgano jurisdiccional federal es competente para conocer y resolver de un asunto criminal en el que se viola el ejercicio de la libertad de expresión, el cual se regula en el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Artículo 104. Corresponde a los tribunales de la federación conocer:

1. De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer también de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal. Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado.

Por lo que de una interpretación lógica y literal de la fracción I del numeral en cita, la jurisdicción concurrente se entiende como el derecho que tienen los particulares para acudir tanto a los órganos jurisdiccionales del fuero federal como del fuero común, a solicitar la impartición de justicia y la obligación que tienen éstos para atender dicha petición, siempre y cuando se traten de controversias del orden civil o criminal.

De lo anterior, se advierte fácilmente que la competencia de los jueces federales se surte, por modo exclusivo y excluyente de la jurisdicción común mediante la presencia de dos condiciones, a saber:

• Que tales controversias versen sobre la aplicación o cumplimiento de leyes federales o tratados internacionales y

• Que no se debatan únicamente intereses particulares.

En otras palabras, si un conflicto jurídico surge entre instituciones o sociedad de interés público de carácter federal, como los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal o cualquier otra entidad con personalidad jurídica cuya voluntad provenga del estado mexicano y particulares, los juicios respectivos serán de competencia federal, así como cuando la conducta encuadre en ninguno de los supuestos contemplado en el artículo 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 142 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Por tal motivo, la Procuraduría General de la República por conducto de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión ha ejercitado acción penal contra diversas personas por los delitos de homicidio, abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad, portación de arma de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea, entre otros, iniciando diversas investigaciones, con independencia de que en el momento procesal oportuno, se determine si las denuncias presentadas son de competencia federal, al violar las libertades públicas constitucionales o contenidas en tratados internacionales, y por tanto se trate de una afectación de la libertad de expresión que se ejerce a través del periodismo.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Doctora Érika Santoyo Morales (rúbrica)

Directora General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República

(Se remitió a las Comisiones de Justicia, y de Derechos Humanos, para su conocimiento. Mayo 12 de 2011.)

México, DF, a 2 de mayo de 2011.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-8-997, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Balfre Vargas Cortez, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 100.2011.DGE.300, suscrito por Rodrigo Ortega Cajigas, director general de Enlace de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la compañía estadounidense Brink’s y la empresa nacional Servicio Panamericana de Protección, SA de CV.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica)

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

México, DF, a 25 de abril de 2011.

Maestro Carlos Fernando Angulo Parra

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación

Presente

En respuesta al oficio SEL/UEL/311/876/11, del 24 de marzo del año en curso, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 23 de marzo, mismo que a continuación se transcribe:

“Primero. Se exhorta a las Secretarías de Economía, de Comunicaciones y Transportes, de Seguridad Pública, y de Defensa Nacional, respectivamente, a verificar la constitución, organización y operación de las empresas de traslado de valores, particularmente de Serpaprosa, SA de CV, a fin de verificar que su objeto social cumpla con la totalidad de los requerimientos que exige el marco jurídico vigente y los tratados internacionales de los que México es parte.

”Segundo. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Economía que revierta la compra-venta de Servicio Pan Americano de Protección, SA de CV, a la compañía estadounidense Brinks, por la presunta adquisición del 100 por ciento de las acciones, por considerar que se pone en riesgo la seguridad nacional.”

Al respecto, me permito hacer llegar la opinión elaborada por la Subsecretaría de Competitividad y Normatividad:

El pasado 18 de enero de 2011, la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras convocó a una reunión de trabajo a distintas dependencias de la administración pública federal con el fin de recabar información, consideraciones y objeciones en relación con la compraventa de acciones de la empresa Servicio Pan Americano de Protección, SA de CV, (Serpaprosa) por parte de Brink’s Inc.

Adicionalmente, la Secretaría de Economía realizó diversos requerimientos de información a la empresa a efecto de verificar su situación legal.

Derivado del análisis de la información que se tuvo disponible esta Secretaría concluyó lo siguiente:

1. La Ley de Inversión Extranjera (en lo sucesivo “LIE”), en su artículo 6, fracción I, establece que el transporte terrestre nacional de carga es una actividad reservada exclusivamente a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros.

Por su parte, el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares establece en su artículo 39 que la carga se clasifica en general y especializada; y en su artículo 41 dispone que el servicio de carga especializada contempla el transporte de fondos y valores.

2. Las sociedades mexicanas a que se refiere la fracción I del artículo 6 de la LIE deberán estar constituidas conforme a la legislación mexicana y tener su domicilio legal en el territorio mexicano, como se establece en el artículo 8 de la Ley de Nacionalidad. Asimismo, dichas sociedades deberán incluir la cláusula de exclusión de extranjeros a que se refiere el artículo 15 de la LIE, por la que se establezca que dicha sociedad no admitirá directa ni indirectamente como socios o accionistas a inversionistas extranjeros, ni a sociedades con cláusula de admisión de extranjeros.

3. Por lo anterior, la Secretaría de Economía no está facultada para autorizar y no ha autorizado que un inversionista extranjero o una sociedad mexicana con inversionistas extranjeros participe en una actividad que se encuentra reservada exclusivamente a personas físicas mexicanas y sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros. .

4. Asimismo, mediante un procedimiento administrativo que se llevó a cabo durante el 2006, se determinó que la inversión extranjera participa en el capital social de Serpaprosa desde antes de la entrada en vigor de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera de 1973, por lo que a Serpaprosa no le es aplicable el artículo 6, fracción I de la LIE, de conformidad con el artículo 14 de nuestra Carta Magna que establece que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

5. Adicionalmente, una vez que todos los requerimientos de información y documentación comprobatoria que se le hicieran a Serpaprosa fueron solventados y analizados, la Secretaría de Economía ha concluido el proceso de revisión del cambio en los accionistas y de la estructura accionaría de Serpaprosa, concluyendo que no existe una violación a la referida resolución del 2006 ni al régimen vigente en materia de inversión extranjera por parte de Serpaprosa, por lo que no hay acto que sancionar por parte de esta Secretaría.

6. Cabe señalar que la sociedad Serpaprosa no podrá en lo sucesivo admitir en su capital social la participación de personas físicas o morales de nacionalidad distinta a la mexicana, entidades extranjeras sin personalidad jurídica y/o sociedades mexicanas con cláusula de admisión de extranjeros distintas a las existentes al 14 de julio de 2006, en términos de la resolución a que se refiere el numeral 4 del presente oficio.

7. Lo anterior, se informa únicamente por lo que respecta a la participación de la inversión extranjera en el capital social de Serpaprosa, sin perjuicio de los actos que, en su caso, pudieran corresponder a otras autoridades en el ámbito de su competencia.

Se reitera que la Secretaría de Economía a través de la Dirección General de Inversión Extranjera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción VIII de su Reglamento Interior, vigila en todo momento el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de inversión extranjera, y así lo seguirá haciendo.

Por lo anterior, y con fundamento en la fracción II del artículo 2 del acuerdo por el que se establecen las funciones de las áreas de apoyo al secretario de Economía para el cumplimiento de diversas atribuciones, le solicito atentamente que haga del conocimiento de la Cámara de Diputados la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Rodrigo Ortega Cajigas (rúbrica)

Director General de Enlace de la

Secretaría de Economía

(Se remitió a la Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento. Mayo de 2011.)

México, DF, a 27 de abril de 2011.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta del oficio número DGPL 61-II-9-2729, signado por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número DEP-0663/ 11, suscrito por la licenciada Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la relación entre México y Francia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica)

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

México, DF, a 14 de abril de 2011.

José Alfredo Labastida Cuadra

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

Secretaría de Gobernación

Presente

Por instrucciones de la secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, y con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y con arreglo a las facultades de la unidad a su digno cargo, me permito responder el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados el 17 de febrero de 2011, remitido a través de su oficio número SEL/ UEL/ 311/ 492/ 11, con fecha 18 de febrero de 2001, cuyos resolutivos se citan a continuación:

Primero. La Cámara de Diputados hace un respetuoso llamado a restablecer el diálogo político que siempre ha caracterizado nuestras naciones para que prevalezcan el entendimiento y la mutua consideración y comprensión que siempre ha caracterizado la sólida, profunda y positiva relación entre México y Francia.

Segundo. Se insta a los gobiernos de México y de Francia para que en el marco de los tratados bilaterales y multilaterales existentes, intensifiquen las tareas de intercambio cultural, educativo, económico, político, tecnológico y de cooperación, que permitan elevar el intercambio entre ambas naciones, sin menoscabo de que se conceda a los asuntos específicos que han proporcionado las diferencias actuales en el ámbito y dimensión que el marco de derecho de cada país y del derecho internacional les confiere.

Tercero. Se exhorta a los gobiernos de México y de Francia a revisar la posibilidad de preservar la realización de las actividades programadas en el marco del Año de México en Francia, conforme al espíritu original convenido en la declaración conjunta celebrada en septiembre de 2010, mediante la cual ambos gobiernos decidieron fortalecer la cooperación bilateral.

Al respecto, me permito puntualizar las acciones que el gobierno federal ha realizado ante la coyuntura de la relación con la República Francesa:

1. Como es de conocimiento de esa soberanía, tras el fallo del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el que se determinó no otorgar el amparo solicitado por la ciudadana francesa Florence Cassez, la entonces ministra de Asuntos Exteriores y Europeos de Francia, Michele Alliot-Marie, señaló que las relaciones bilaterales se afectarían. El gobierno de México lamentó la decisión y reiteró su disposición a continuar desarrollando y fortaleciendo las relaciones entre ambos países, que se encontraban en un excelente nivel.

2. Posteriormente, tras las declaraciones del presidente francés, Nicolas Sarkozy, en el sentido de que el Año de México en Francia se dedicaría a la señora Cassez, el gobierno de México lamentó que se pretendiera vincular el proceso penal seguido a la ciudadana francesa, cuyo expediente es cosa juzgada, con las relaciones bilaterales.

3. Asimismo, el gobierno mexicano subrayó que utilizar el Año de México en Francia para que en cada una de sus actividades se hablara del caso de Florence Cassez, como indicó el presidente Sarkozy, va contra la declaración conjunta México-Francia suscrita en septiembre de 2010. Agregó que un fin distinto del originalmente establecido aparta a Francia del objetivo sobre el que ambos países acordaron cooperar y que no permitiría que los participantes de Año de México en Francia se expusieran a manifestaciones ajenas al fin que los convocó.

4. A la luz de lo anterior, el gobierno de México señaló que mientras no se constatara que hay las condiciones indispensables para el desarrollo del Año de México en Francia conforme a los términos originales acordados, México no participaría en sus actividades.

5. El gobierno de México realizó grandes esfuerzos para reencauzar el Año de México en Francia en los términos originales, por medio de consultas entre funcionarios mexicanos y franceses de alto nivel. Desafortunadamente, en esas consultas la parte francesa mantuvo su posición de vincular el encuentro al caso de la señora Cassez. En consecuencia, el gobierno de México reiteró que no había las condiciones indispensables para su participación en dicho proyecto. Así, lamentablemente el Año de México en Francia no se está llevando a cabo.

6. Independientemente de ello, el gobierno de México ha mantenido su llamado y disposición para continuar desarrollando y fortaleciendo una relación constructiva con Francia que separe los vínculos bilaterales del diferendo judicial.

7. Asimismo, más allá del actual diferendo judicial y coyuntural, México realiza esfuerzos para fortalecer las acciones de cooperación e intercambio entre ambos países en materia económica, comercial, educativa, cultural y tecnológica, y continúa el diálogo con Francia en importantes foros internacionales, como el G20.

Lo anterior, para que por medio de su amable conducto se informe, de así considerarlo pertinente, sobre dichas acciones a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el objetivo de dar respuesta al punto de acuerdo en cuestión.

Atentamente

Betina Claudia Chávez Soriano (rúbrica)

Directora General de Coordinación Política

(Remitida a la Junta de Coordinación Política. Mayo 12 de 2011.)

México, DF, a 2 de mayo de 2011.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio número DGPL. 61-II-2-1057, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Cora Cecilia Pineda Alonso, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 112/ 00001823, suscrito por la licenciada Raquel Ramírez Parra, directora de legislación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al parque nacional La Malinche.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica)

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

México, DF, a 28 de abril de 2011.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

Secretaría de Gobernación

Presente

Por instrucciones del licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos, en alcance a nuestro diverso 112/00001437, y en atención a su similar SEL/UEL/311/724/11, me permito comentarle que el día 8 de abril de 2011 se recibió en esta Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos la copia del oficio PFPA/4/8C.17.5/051/11, dirigido a los ciudadanos diputados Jorge Carlos Ramírez Martín y Cora Cecilia Pineda Alonso, mediante el cual la licenciada Adriana Riviera Cerecedo, subprocuradora de Recursos Naturales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, respondió al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el día 9 de marzo del año en curso, relativo al parque nacional La Malinche, del cual anexo copia para los efectos procedentes.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente

Licenciada Raquel Ramírez Parra (rúbrica)

Directora de Legislación

México, DF, a 31 de marzo de 2011.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

Presidente

Diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso

Secretaria de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura

Cámara de Diputados

Presentes

Me refiero a su oficio número DGPL.61-II-2-1062, de fecha 9 de marzo de 2011, dirigido al ingeniero Hernando Guerrero Cázares, procurador federal de Protección al Ambiente, donde señalan que en sesión celebrada el 8 de febrero del año en curso, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, aprobó el siguiente punto de acuerdo:

“...Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para que en coordinación con los gobiernos de los estados de Tlaxcala y Puebla, se emprendan acciones permanentes para impedir la tala ilegal e inmoderada de árboles en las áreas circundantes al volcán “La Malinche” en el estado de Tlaxcala y parte del estado de Puebla.” (sic)

Al respecto, en el cuadro anexo encontrarán el informe detallado sobre las 48 acciones (inspección, operativos y recorridos de vigilancia) que esta procuraduría ha realizado en el área natural protegida parque nacional La Malinche de los años 2008 al 2011; algunas con la participación coordinada de otras instancias como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Fuerzas de Seguridad Pública, Procuraduría General de la República, entre otras.

No omito mencionarles que para el año2011 se están realizando las siguientes acciones:

1. Monitoreo aéreo.

• Priorizar los vuelos sistemáticos en las localidades identificadas como focos rojos para hacer fotografías y videos con coordenadas.

• Realizar vuelos en zonas y predios identificados como zonas con extracción clandestina.

• Realizar vuelos en localidades y zonas con baja actividad clandestina con el objeto de detectar oportunamente posibles ilícitos forestales.

• Generar reportes y administrar la información con procedimientos que permitan la atención del posible ilícito en tiempos acordes con el problema detectado, a través de actos de autoridad ejecutados por las Delegaciones involucradas y en su caso por las direcciones generales competentes.

2. Análisis de investigación e inteligencia, con apoyo de dependencias del gobierno federal para el establecimiento de un sistema conjunto de actuación coordinada.

• Identificar y desarticular grupos dedicados a la tala inmoderada en la zona boscosa del parque nacional La Malinche, comercialización de madera y elaboración de carbón, así como sus redes de protección.

• Aplicar esquemas de capacitación y adiestramiento para Profepa.

• Realizar operativos conjuntos e intercambio de información con base en competencias y atribuciones legales.

• Adecuar sistemas y plataformas computarizadas de inteligencia ya existentes en el Gobierno Federal que ligue bases de datos Procuraduría Federal de Protección al Ambiente con la información disponible y la generada por otras instancias en un prototipo de “inteligencia ambiental”.

• Con la información generada retroalimentar y reorientar las acciones reactivas y proactivas en el combate de la tala clandestina.

3. Táctica operativa.

• Inspecciones selectivas derivadas del monitoreo aéreo y de los procesos de investigación e inteligencia (cambios de uso del suelo, tala clandestina, etcétera). Incluye desmantelamientos.

• Vigilancia dirigida en sitios previamente identificados como focos rojos o zonas de interés (zonas de operación de delincuencia organizada, zonas núcleo, zonas de amortiguamiento, etcétera).

• Realizar verificaciones selectivas periódicas. Este concepto se refiere a las formas de aprovechamiento ilícito de tala hormiga y de no cumplimiento de términos y condicionantes de autorizaciones emitidas. Se basa en acciones aplicadas por pequeños grupos de inspección de forma simultánea en sitios previamente elegidos distribuidos ampliamente en el Parque y zona de influencia con una programación periódica. Este tipo de acciones favorece la prevención de delitos, presencia institucional y cambios positivos de la población hacia el cuidado del ambiente.

4. Coordinación interinstitucional.

• Redefinición de compromisos y responsabilidades con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para la atención conjunta de la problemática (incluye la operación de estaciones, la participación de personal y el establecimiento de comités de vigilancia).

• Recomendar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) un esquema único de “autorización supervisada” en el área de influencia.

• Solicitar oficialmente a Comisión Nacional Forestal y Secretaría de Desarrollo Social la aplicación de recursos financieros de fomento de buenas prácticas, apoyo técnico y desarrollo comunitario, en los sitios y para los grupos que ya están identificados. Las Delegaciones deberán proporcionar grupos y localidades precisas.

• Firmar o refrendar acuerdos de coordinación con los Gobiernos Estatales y con los principales Gobiernos Municipales.

• Replicar esquemas de colaboración con organizaciones no gubernamentales (nacionales e internacionales) para el mejoramiento de los procesos de vigilancia.

• Desarrollar una estrategia permanente de comunicación social “desde lo local” y de promoción de la participación social (para este último punto será solicitada la intervención del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable-Semarnat delegaciones).

5. Establecimiento de indicadores.

• Presentar los datos obtenidos a la fecha utilizando un método estadístico y geográfico.

• Revisión de los expedientes administrativos instaurados en el área.

• Definir de forma conjunta entre delegaciones y oficinas centrales los procedimientos de seguimiento y evaluación.

• Establecer una comisión de seguimiento y evaluación con funciones y responsabilidades puntuales.

• Definir nuevas líneas de acción y nuevos enfoques para la obtención de recursos financieros.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente

Licenciada Adriana Rivera Cerecedo (rúbrica)

Subprocuradora

(Se remitió a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento. Mayo 12 de 2011.)

México, DF, a 2 de mayo de 2011.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-7-743, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Balfre Vargas Cortez, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DGPPCI/V/0646/11 suscrito por la doctora Érika Santoyo Morales, directora general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la seguridad en las zonas fronterizas para combatir la delincuencia organizada, así como los delitos conexos.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica)

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

México, DF, a 25 de abril de 2011.

Maestro Carlos Fernando Angulo Parra

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación

Presente

En respuesta al oficio SEL/UEL/311/4301/10, por el que comunica el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Seguridad Pública, de Defensa, de Marina y a la Procuraduría General de la República, a la implementación y el fortalecimiento de políticas públicas, estrategias y programas que garanticen la seguridad en las zonas fronterizas para combatir la delincuencia organizada, así como los delitos conexos.

Sobre el particular, me permito comentarle que la Procuraduría General de la República elaboró el Programa Sectorial de Procuración de justicia 2007-2012, publicado el 21 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, en el que se ubican las principales estrategias en contra de la delincuencia organizada, mismas que se citan a continuación:

En el marco del Eje 1. Estado de derecho y seguridad,

Objetivo 4. Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz.

Estrategia 4.2. Establecer más y mejores instrumentos para la impartición de justicia en los delitos asociados con la delincuencia organizada, para lo cual, con motivo de las reformas a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder judicial de la Federación, publicó en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2008, el acuerdo general 75/2008, en donde crea 6 órganos jurisdiccionales denominados Juzgados Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones Privadas con residencia en el DF, y competencia en toda la República Mexicana, los cuales entraron en funciones el 5 de enero del 2009, ante los cuales se tramitan las solicitudes de órdenes de arraigo, cateos e intervenciones de comunicaciones privadas, para la investigación de hechos considerados como delincuencia organizada.

Asimismo, el 15 de junio del 2009, mediante el acuerdo general 23/2009 del pleno del Consejo de la judicatura Federal, se crea un nuevo juzgado de control denominado juzgado Séptimo Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones.

Estrategia 8.3. Alcanzar y consolidar estándares internacionales en materia de prevención y combate al lavado de dinero de procedencia ilícita. Con relación a esta estrategia, se participó en la formulación de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. El 26 de agosto de 2010, el titular del Poder Ejecutivo presentó la estrategia mencionada así como las iniciativas de ley para fortalecer el marco jurídico que la sustenta.

La referida estrategia se desprende del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto de 2008, por lo tanto, al igual que las demás estrategias representan una labor ardua y esmerada en cumplimiento a los compromisos derivados del citado Acuerdo Nacional.

La Estrategia es una acción concreta del Estado para combatir la delincuencia organizada y otros fenómenos criminales, permitiendo así el desarrollo sostenido de las capacidades económicas de los mexicanos sobre bases de legalidad, confianza, transparencia y seguridad jurídica. Bajo estas premisas, la estrategia es también un instrumento clave del Estado que contribuye a los esfuerzos de la comunidad internacional en contra del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Objetivo 15. Fortalecer la cooperación internacional para contribuir a los esfuerzos nacionales en materia de seguridad y defensa de la soberanía.

Estrategia 15.1. Promover la cooperación internacional para hacer frente a la delincuencia organizada, con pleno respeto a la soberanía, la integridad territorial y la igualdad jurídica de los estados.

En relación con la referida estrategia, se colabora en el desahogo de asistencias jurídicas provenientes de distintos países, asimismo se ha intervenido en la formulación de comentarios a instrumentos de cooperación internacional y reuniones de cooperación internacional relacionados con el combate a las diversas modalidades de la delincuencia organizada, con países como Canadá, Estados Unidos de América, España, Colombia, Panamá, Guatemala, Belice, con la finalidad de establecer una colaboración conjunta con otras naciones en el combate a la delincuencia organizada transnacional.

Estrategia 15.3. Establecer acuerdos de colaboración en materia de combate al tráfico de armas con los países de origen.

En este contexto se ha participado en reuniones principalmente con autoridades de los Estados Unidos de América, a efecto de establecer acuerdos de colaboración que coadyuven a restringir el tráfico de armas de fuego provenientes principalmente de aquél país, resaltando por su importancia que el pasado mes de agosto del año 2010 se firmó una carta de cooperación en materia de tráfico ilegal y contrabando de armas y municiones, entre autoridades de EUA y México (PGR) durante la Conferencia de la Fuerza de Seguridad, realizada en San Antonio Texas.

Estrategia 15.6. Promover la armonización entre la legislación nacional y los tratados internacionales firmados por México, de manera que puedan ser aplicados eficazmente para el combate a la delincuencia organizada. Nuestro país a partir de la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), ha incluido y perfeccionado las disposiciones contenidas en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en lo concerniente a la tipificación de delitos relacionados con el tráfico ilícito de migrantes, armas y trata de personas.

Es de mencionarse que las estrategias y objetivos contenidos en el programa se estructuraron en el ámbito de la Procuración de Justicia, aplicables en todo el territorio nacional que desde luego incluye las zonas fronterizas, puntualizando que en el caso de acontecer hechos considerados como delincuencia organizada, se procederá a su inmediata investigación, con el objetivo de lograr la identificación, detención y principalmente la desarticulación de las organizaciones criminales.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección

Doctora Érika Santoyo Morales (rúbrica)

Directora General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República

(Se remitió a las Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento. Mayo 12 de 2011.)

México, DF, a 2 de mayo de 2011.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta del oficio número DGPL 61-II-1-0875, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María de Jesús Aguirre Maldonado, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número UG/ 211/ 0228/ 2011, suscrito por el licenciado Carlos Armando Reynoso Nuño, titular de la Unidad de Gobierno, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la solución del conflicto minero.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica)

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

México, DF, a 25 de abril de 2011.

Carlos Fernando Angulo Parra

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

Subsecretaría de Enlace Legislativo

Presente

Por este conducto, hago referencia al oficio número SEL/ UEL/ 311/ 4206/ 10, de fecha 15 de diciembre del año próximo pasado, mediante el cual informa que a través del similar número DGPL 61-II-1-0875, los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María de Jesús Aguirre Maldonado, presidente y secretaria respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, comunican a esta dependencia el punto de acuerdo siguiente, aprobado por el pleno de ese órgano legislativo en sesión del 14 de diciembre pasado:

Único. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, a la empresa Grupo México y al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana al establecimiento de una mesa de solución del conflicto minero.

En este contexto, y al analizar los principales aspectos del dictamen que dio pie al citado punto de acuerdo, se realizan las siguientes consideraciones:

Por lo que se refiere a la detención de 26 personas con motivo de los enfrentamientos acontecidos en las inmediaciones de la mina Cananea el 8 de septiembre de 2010, ésta fue llevada a cabo en flagrancia por autoridades estatales, por lo cual no fue necesaria la existencia previa de una orden de aprehensión. Se tiene conocimiento de que solamente uno de los citados detenidos, Martín Fernando Salazar Arroyo, continúa preso, acusado de la comisión del delito de homicidio calificado, en grado de tentativa, al haber lesionado de un disparo de arma de fuego en la cabeza a un presunto trabajador contratista.

La problemática acontecida en la fundidora de cobre localizada en Esqueda, Sonora, se debió a la presión de grupos disidentes en la sección sindical que mantiene actualmente la titularidad del contrato colectivo de trabajo.

Derivado de lo anterior se produjeron paros de labores (declarados ilegales por la autoridad) de parte de un grupo de trabajadores a quienes la empresa terminó rescindiendo la relación laboral, normalizándose con posterioridad las actividades en el citado centro de trabajo.

Adicionalmente, el sindicato ha planteado ante diversas instancias demandas cuya resolución corresponde actualmente a la esfera de competencia del Poder Judicial de la Federación (como el reconocimiento de Napoleón Gómez Urrutia como secretario general, la liberación de cuentas bancarias y personales congeladas e incluso la cancelación de órdenes de aprehensión dictadas contra integrantes de la propia agrupación minera).

De igual forma, el sindicato condiciona en forma abierta el levantamiento de las huelgas en los centros mineros de Cananea, Sonora; Sombrerete, Zacatecas; y Taxco, Guerrero, a la solución de demandas ajenas a dicho procedimiento laboral (para el caso de la mina Cananea, ya hay sentencia firme emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ratifica el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declarando terminadas las relaciones de trabajo entre la empresa y el sindicato).

Del análisis de lo expuesto, se concluye lo siguiente:

• La situación jurídica que guarda el ciudadano Martín Fernando Salazar Arroyo, sujeto a proceso penal por el delito de homicidio calificado, en grado de tentativa, es competencia de las autoridades jurisdiccionales que conocen actualmente del caso.

• La situación relativa al tema de la fundidora de cobre localizada en Esqueda, Sonora, resulta competencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la cual deberá pronunciarse respecto a la titularidad del CCT, así como al despido de trabajadores que realizaron paros que se declararon ilegales en dicho centro de labores.

• La postura presentada por el sindicato no muestra una variación o evolución significativa que permita en determinado momento establecer una mesa de solución del conflicto minero y en especial respecto a las huelgas que aún se mantienen vigentes, como es el caso de Sombrerete, Zacatecas, y Taxco, Guerrero.

• La Secretaría de Gobernación envía nuevamente un exhorto a los actores involucrados a sujetarse a la resolución de las autoridades administrativas y de las judiciales en cumplimiento irrestricto del estado de derecho.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado Carlos Armando Reynoso Nuño (rúbrica)

Titular de la Unidad de Gobierno

(Remitida a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Mayo 12 de 2011.)

México, DF, a 2 de mayo de 2011.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-8-997, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Balfre Vargas Cortez, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 34630, suscrito por el general de brigada DEM Ezequiel Carlos Hernández Mendoza, subjefe de Doctrina Militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al cumplimiento del marco jurídico vigente de las empresas de traslado de valores, particularmente de “Serpaprosa, SA de CV”.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica)

Titular de la Unidad

Lomas de Sotelo, DF, a 28 de abril de 2011.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación

Por orden del general secretario de la Defensa Nacional, y en relación con su oficio número SEL/UEL/311/879/11, de fecha 24 de marzo del presente año, referente al punto de acuerdo aprobado por el pleno del honorable Congreso de la Unión, en la sesión celebrada el 23 de marzo del 2011, donde se exhorta a las Secretarías de Economía, de Comunicaciones y Transportes, de Seguridad Pública, y de la Defensa Nacional a verificar la constitución, organización y operación de las empresas de traslado de valores, particularmente de “Serpaprosa, SA de CV”, a fin de verificar que su objeto social cumpla con la totalidad de los requerimientos que exige el marco jurídico vigente y los tratados internacionales de los que México es parte.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5o. y 10o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, fracción XVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2o., fracción III, 26, 27, 30 y 31 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; 71 y 72, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, agradeceré a usted ratificar a la Comisión de Seguridad Pública, del órgano legislativo en mención, el contenido de mis oficios números 101222 y 1187, de fechas 21 de diciembre de 2010 y 6 de enero de 2011, respectivamente, dirigidos a esa unidad a su cargo, donde se indica que la empresa “Servicio Panamericano de Protección, SA de CV”, cuenta con una licencia particular colectiva para la portación de armas de fuego en la modalidad de traslado de bienes o valores, con vigencia del 12 de abril de 2011 al 11 de abril de 2013.

La licencia citada anteriormente fue expedida por esta dependencia previo cumplimiento de los requisitos estipulados para el efecto en la ley de la materia, constatándose que desde el ámbito de competencia de esta secretaría de Estado, cumple con lo establecido en la Ley Federal de Armas de Fuego y su Reglamento, por lo que no se advirtió irregularidad alguna.

En el concepto que esta dependencia del Ejecutivo federal carece de atribuciones para indagar aspectos corporativos y mercantiles en las operaciones de citada persona moral.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y expresarle la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

General de Brigada DEM Ezequiel Carlos Hernández Mendoza (rúbrica)

Subjefe de Doctrina Militar

(Remitida a la Comisión de Seguridad Pública. Mayo 12 de 2011.)

México, DF, a 2 de mayo de 2011.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-2-929 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Esthela Damián Peralta, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGPPCI/V/0909/11 suscrito por la doctora Érika Santoyo Morales, directora general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a las denuncias de actos de corrupción en relación al Fideicomiso Ferrocarrilero de Empalme, Sonora.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica)

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

México, DF, a 25 de abril de 2011.

Maestro Carlos Fernando Angulo Parra

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación

Presente

En respuesta al oficio SEL/UEL/311/218/11, por el que se comunica el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el que exhorta al titular del Ejecutivo federal, a que instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen las investigaciones sobre las denuncias de actos de corrupción en relación al Fideicomiso Ferrocarrilero de Empalme, Sonora.

Sobre el particular, me permito informarle que actuando en pleno respeto al ámbito de sus atribuciones, la delegación de la Procuraduría General de la República en Sonora, inició la correspondiente acta circunstanciada, la cual se encuentra en trámite. De igual forma, le comento que en relación a los presuntos actos de corrupción por parte de funcionarios y líderes sindicales del fondo ferrocarrilero, se inició con anterioridad averiguación previa por los hechos denunciados, practicándose hasta el momento diversas diligencias.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección

Doctora Érika Santoyo Morales (rúbrica)

Directora General de Políticas Públicas y Coordinadora Interinstitucional de la Procuraduría General de la República

(Remitida al promovente. Mayo 12 de 2011.)

México, DF, a 3 de mayo de 2011.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-8-996, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Balfre Vargas Cortez, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112.2.-098/2011, suscrito por el licenciado Salvador Moreno Cerda, director general adjunto de Estudios Interinstitucionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en éste se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al Proyecto Estratégico de Agricultura Protegida.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica)

Titular de la Unidad

México, DF, 29 de abril de 2011.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

Presente

En atención a su oficio número SEL/UEL/311/867/11, del 24 de marzo de 2011, a través del cual nos remite punto de acuerdo aprobado por el honorable Congreso de la Unión, exhortando al Ejecutivo federal para que a través de la Sagarpa, con base en el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal de 2011 para la agricultura protegida, se diseñe y opere la ampliación con cobertura nacional del Proyecto Estratégico de Agricultura Protegida, me permito hacerle llegar la siguiente documentación:

Fotocopia del oficio número 311.-1010 del 13 de abril de 2011, elaborado por la Subsecretaría de Agricultura, informando que el componente de agricultura protegida se opera en el marco del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, cuyas reglas de operación se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de diciembre del 2010.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado Salvador Moreno Ceda (rúbrica)

Director General Adjunto

México, DF, a 13 de abril de 2011.

Ingeniero Jorge Zermeño González

Coordinador General de Política Sectorial

Presente

En atención a su oficio número 112.2-009/2011, de fecha 4 de abril del año en curso, en el que hace alusión al oficio número SEL/UEL/311/867/11, signado por el titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, por el cual se comunica el siguiente punto de acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, tomado en la sesión del 23 de marzo del año en curso:

“Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sagarpa, con base en el presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal de 2011 para agricultura protegida, se diseñe y opere la ampliación con cobertura nacional del proyecto estratégico.”

En este sentido, se informa que el componente de agricultura protegida se opera en el marco del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, cuyas reglas de operación se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de diciembre del 2010. La operación del componente es de cobertura nacional atendiendo a todas las regiones agropecuarias y tipo de productores; la recepción de solicitudes inició el pasado 1 de abril y termina el próximo 15 de mayo. Los requisitos y formatos del componente pueden consultarse en las siguientes páginas de Internet de Sagarpa y Firco (unidad ejecutora): http://www.sagarpa.gob.mx/agricultura/Paginas/Agricultura-Protegida.asp x y http://www.firco.gob.mx/proyectos/Proap2011, respectivamente.

Asimismo, es de importancia señalar que la demanda de apoyos del componente, al igual que en años anteriores, está superando hasta en cinco veces la disponibilidad presupuestal, lo que implica que solicitudes técnicamente y financieramente adecuadas no se apoyen, provocado que nuestro país avance lentamente en la adopción y uso de esta tecnología de gran impacto en el uso sustentable de los recursos naturales, como el suelo y agua; producción de alimentos de calidad e inocuos y la generación de hasta 8 empleos permanentes y el doble de indirectos por hectárea instalada.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Doctor José Arnulfo del Toro Morales (rúbrica)

Director General

(Remitida a la Comisión de Agricultura y Ganadería. Mayo 12 de 2011.)

México, DF, a 2 de mayo de 2011.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta del oficio número DGPL 61-II-9-2850, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Carlos Samuel Moreno Terán, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número PFPA/ 5.3/ 2C.28.5.1/ 00017/ 11, suscrito por el licenciado Efraín Díaz Vega, director de Atención a la Denuncia Popular en materia de Industria de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la planta regasificadora Energía Costa Azul, S de RL de CV.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica)

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

México, DF, a 20 de abril de 2011.

Rubén Alfonso Fernández Aceves

Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación

Presente

Por instrucciones de la licenciada María Guadalupe Arminda García Coronel, directora general de Denuncias Ambientales, Quejas y Participación, hago de su conocimiento que se recibió en esta dirección general oficio de fecha 29 de marzo de 2011, signado por el doctor José Narro Céspedes, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, dirigido al procurador federal de Protección al Ambiente, doctor Hernando Rodolfo Guerrero Cázares, mediante el cual informa al titular de este desconcentrado que por los medios de comunicación se enteró de que un grupo de inspectores de las oficinas centrales se trasladó del 8 al 11 de marzo de 2011 a las instalaciones de la empresa Energía Costa Azul, S de RL de CV, para realizar una visita de inspección, solicitando además que se proporcione información relacionada con la empresa mencionada.

Al respecto, me permito acompañar al presente mi similar número PFPA/ 5.3/ 2C.28.5.1/ 00015/ 11, mediante el cual se remite la información solicitada, con la atenta súplica de que de no haber inconveniente legal alguno se sirva dictar instrucciones para hacerlo llegar al destinatario.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado Efraín Díaz Vega (rúbrica)

Director de Atención a la Denuncia Popular en materia de Industria

México, DF, a 20 de abril de 2011.

Doctor José Narro Céspedes

Diputado Federal a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados

Presente

Por medio del presente y por instrucciones de la licenciada María Guadalupe Arminda García Coronel, directora general de Denuncias Ambientales, Quejas y Participación, me permito hacer referencia a su atento oficio de fecha 29 de marzo del presente año, por el cual informa al titular de este órgano desconcentrado que por los medios de comunicación se enteró de que un grupo de inspectores de las oficinas centrales se trasladó del 8 al 11 de marzo de 2011 a las instalaciones de la empresa Energía Costa Azul, S de RL de CV, para realizar una visita de inspección, solicitando además que se proporcione información relacionada con la empresa mencionada.

Al respecto, y toda vez que conforme a lo establecido en la fracción III del artículo 134 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Dirección General de Denuncias Ambientales, Quejas y Participación Social es la encargada de recibir, atender y canalizar las denuncias populares en materia ambiental, me permito remitir la información solicitada en el punto 20 de su atento oficio, consistente en número de denuncias ciudadanas presentadas por la operación de Sempra y atención brindada a ellas:

Número de denuncias: 1.

Atención brindada

- 19 de junio de 2006, se recibió en la delegación de la Profepa en Baja California denuncia mediante la cual se expresa la inconformidad contra el proyecto Terminal de Recibo, Almacenamiento y Regasificación de Gas Natural Licuado, operado por la compañía Energía Costa Azul, S de RL de CV.

- 22 de junio de 2006, se emitió el acuerdo de calificación y admisión contenido en el oficio numero PFPA- BDC- UDQ- MX/ 561/ 2006, por medio del cual se admitió a trámite la denuncia citada, abriéndose el expediente PFPA/ BC/ DQ/ 79/ 220-06.

- 16 de octubre de 2006, se emitió resolución administrativa por la delegación de la Profepa en Baja California.

- 8 de noviembre de 2006, con fundamento en el artículo 199, fracción VII, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la delegación de la Profepa en Baja California emitió el acuerdo resolutivo contenido en el oficio número PFPA-DBC- UDQ- MX1129/ 2006, recaído en el expediente de denuncia popular, motivado por la emisión de la resolución administrativa del procedimiento de inspección y vigilancia, resolviendo declarar como concluido el procedimiento de denuncia popular.

- 5 de diciembre de 2006, se promovió por el denunciante recurso de revisión contra el acuerdo resolutivo número PFPA- DBC- UDQ- MX1129/ 2006.

-13 de diciembre de 2007, el procurador de federal de Protección al Ambiente, previo trámite de ley, resolvió el recurso de revisión con número de expediente PFPA/ SJ/ DGCPA/ DCPA/ 74/ 1253-06, determinado la nulidad de dicho acuerdo resolutivo.

- 18 de mayo de 2010, la delegación de la procuraduría, en cumplimiento de la resolución que puso fin al recurso de revisión, emitió el acuerdo resolutivo numero PFPA/ 9.7/ 2C.28.1/ 1320-10, dando por concluido el expediente de denuncia popular con fundamentado en el artículo 199, fracción VII, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, resolviendo declarar como concluido el procedimiento de denuncia popular.

Número de denuncias: 2.

- 18 de febrero de 2011, se recibió en la Dirección General de Denuncias Ambientales, Quejas y Participación Social correo electrónico de denuncia contra la empresa Sempra por el daño ecológico del ecosistema de Baja California.

- 14 de marzo de 2011, mediante el oficio número PFPA/ 5.3/ 2C.28.5.1/ 00781/ 11, se remitió la denuncia a la delegación de la procuraduría en Baja California para su investigación y trámite.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado Efraín Díaz Vega (rúbrica)

Director de Atención a la Denuncia Popular

en materia de Industria

(Remitida a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Mayo 12 de 2011.)