Del diputado Enrique Castillo Ruz

El suscrito, diputado federal Enrique Castillo Ruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, fracción primera, 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Con fecha 16 de abril de 2008, se publicó oficialmente el decreto por el cual se expidió la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica que reglamenta el apartado B del artículo 26 de de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que regula la organización y el funcionamiento autónomo del Inegi. El Legislativo respondió así a una necesidad sentida por la sociedad mexicana, para contar como nación, con un Instituto profesional, capaz de generar información estadística y geográfica de la mejor calidad y totalmente al margen de los vaivenes e intereses del poder político en turno. Sin información de calidad, oportuna y objetiva no se pueden generar políticas públicas que impulsen y fortalezcan el crecimiento y el desarrollo del país.

Al conferírsele al Inegi plena autonomía técnica y de gestión para sus importantes actividades en materia de información estadística y geográfica, los legisladores ratificaron en ese entonces, un prestigio nacional e internacional logrado por el Instituto a partir del trabajo que por años había realizado un grupo importante de profesionales de la estadística, la geografía y la informática y que por esta razón enorgullecía al país.

Muchas dificultades aquejan a nuestro país en el momento actual. En las múltiples encuestas que se levantan permanentemente sobre los problemas que a juicio de la ciudadanía se deben atender con prioridad por las políticas públicas, hay dos que aparecen regularmente como los más importantes. Se trata del económico y el de la seguridad. Para atenderlos adecuadamente es necesario poder contar con la mejor información estadística y geográfica y en este contexto, se propone el presente punto de acuerdo en razón de los datos que el Inegi ha entregado al país recientemente tanto del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 como de la Encuesta Nacional sobre la Inseguridad (Ensi 7).

El Censo de Población y Vivienda es el instrumento por excelencia del Estado para conocernos como sociedad, para identificar nuestra riqueza poblacional y también para ubicar nuestros déficits sociales y las áreas prioritarias de acción en materia de bienestar. Con el reconocimiento de esta importancia, esta misma Legislatura aprobó integralmente los recursos solicitados en el PEEF para el Censo de 2010, porque consideró que si así lo solicitaba el instituto autónomo, era lo más indicado para el país.

Para sorpresa de expertos en asuntos censales, el Inegi por disposición de su Junta de Gobierno, redujo significativamente el número de preguntas del cuestionario básico del censo, áreas tan delicadas como la dinámica demográfica y la actividad económica. Esta reducción disminuyó su posibilidad de comparación con ejercicios censales anteriores, elemento fundamental para acercarnos con más objetividad a la realidad cambiante de la nación.

A la sorpresa mencionada se agregaron otras. En vez de 108 millones que esperaban los demógrafos basados en proyecciones técnicas de Conapo, resultamos un poco más de 112 con una situación económica aceptable que permitió a varios comentaristas de la prensa hablada y escrita referirse a México como un país con una clase media mayoritaria, en el que la desigualdad y la mala distribución de la riqueza y el ingreso habían desaparecido como por encanto. Resultamos ser un país tan urbanizado que casi nos hace olvidar que tenemos una población rural cercana a los treinta millones de connacionales.

La sorpresa se ha traducido en inconformidad de casi 800 municipios del país quienes están pidiendo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el recuento nuevamente de su población, porque consideran que el organismo descentralizado del gobierno federal les “rasuró” el 50 por ciento de su población. Como lo expresó recientemente la Asociación de Municipios de México (AMMAC).

En cuanto a la Encuesta Nacional de Seguridad que antes realizaba con objetividad el Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad, ICESI, las sorpresas son también relevantes. Según el Inegi, la criminalidad en nuestro país ha bajado en relación con años anteriores; que Yucatán es mucho más inseguro que Guerrero o Tamaulipas; que en el año 2009 hubo menos delitos y más denuncias, es decir que los mexicanos hemos mejorando en nuestra confianza hacia las instituciones de impartición de justicia.

Al estudiar con detenimiento la información tanto del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 como de la Encuesta Nacional de Seguridad, surgen varias interrogantes: ¿Acaso el censo se diseñó y realizó para, entre otras funciones, ocultar elementos sustantivos de nuestra realidad demográfica, social y económica e impedir la comparación con ejercicios anteriores? ¿La encuesta de Seguridad tiene por objeto mostrar a propios y extraños un país seguro, tranquilo, con un gobierno en control de la situación? ¿Cómo ocultar los más de treinta y cuatro mil muertos y los llamados daños colaterales?

Según la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, el Inegi estará dirigido por una Junta de Gobierno, su Órgano Superior de Dirección, conformada por cinco miembros, profesionales altamente distinguidos en materias relacionadas con la Estadística, la Geografía o la Economía. Su alta calidad técnica y reconocimiento profesional garantizarían a la sociedad que su proceder estaría totalmente por encima de cualquier vinculación política o partidista o cualquier servilismo gubernamental.

El día de hoy, la Junta de Gobierno del Inegi está integrada por tres ex funcionarios de la Secretaría de Economía durante los primeros 18 meses del actual gobierno. Ellos tres hacen la mayoría requerida por la Ley para tomar las direcciones sustantivas de la Junta de Gobierno. Los otros dos miembros de la Junta son un estadístico reconocido y un economista ex funcionario como mando medio del Banco Interamericano de Desarrollo, quien, sin ser estadístico, es el principal responsable de la estadística social nacional.

¿Es esta configuración de la Junta de Gobierno del Inegi autónomo lo que explica los problemas de información que se han referido anteriormente y que parecen tener una clara connotación política? ¿Es esto lo que explica que la máxima autoridad hacendaria nos diga que la capacidad adquisitiva de seis mil pesos mensuales de salario actual permiten adquirir hipoteca para vivienda, préstamo para coche, educación en escuelas privada a más de sobrevivir? ¿Es la política y no la estadística autónoma la que permite afirmar al secretario de educación que solamente tenemos 250 mil “ninis”? ¿Es la política y no la información estadística y geográfica autónoma la que permite informar a medias sobre el grave problema de las heladas en el norte del país y su impacto en la economía de los más desfavorecidos y en la seguridad alimentaria del país? ¿Dónde está la información de interés nacional que nos debe garantizar el Inegi como organismo autónomo del Estado mexicano? El Inegi no debe servir al gobierno en turno: es una institución del Estado mexicano; por esta razón la sociedad exigió su autonomía como parte esencial de su progreso democrático.

Por lo expuesto, y en cumplimiento del artículo 86 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados exhorte al presidente de la Junta de Gobierno del Inegi a comparecer ante comisiones legislativas con competencia para que informe sobre el Programa Anual de Información Estadística y Geográfica, y de las inconformidades que han expresado los gobiernos municipales sobre el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2011.

Diputado Enrique Castillo Ruz (rúbrica)

Del diputado César Augusto Santiago Ramírez

El suscrito diputado a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En términos de lo dispuesto por la fracción XX del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las diferencias entre el capital y el trabajo deben ser conocidas por la juntas de conciliación y arbitraje, siendo estas –por razones naturales de equidad procesal– integradas de manera tripartita, debiendo estar representadas tanto la parte trabajadora, como la patronal y la del gobierno federal. Esta última como factor de equilibrio entre las fuerzas de la producción.

Sin embargo, en el presente caso resulta evidente que existe una lamentable confusión entre dos de los integrantes de la junta, al quedar representado el patrón y el gobierno por servidores públicos que mantienen el mismo interés, el cual se encuentra en conflicto con el legítimo derecho de defensa que asiste a la parte trabajadora, que en este caso ha quedado en un flagrante estado de indefensión y de desventaja procesal. Esto es, el organismo denominado Luz y Fuerza del Centro, no ha comparecido debidamente representado, de manera independiente de otras dependencias y entidades de la administración pública federal, quienes han venido litigando de manera articulada. En su conjunto, es claro, son auxiliares de la autoridad emisora del decreto que origina la disputa laboral, por lo que transforman a la junta, en este caso, en un ente bipartidario.

Los expedientes desbordan de evidencia de una innegable coordinación entre la entidad liquidadora con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de ambas con la Comisión Federal de Electricidad, la cual en términos de los artículos tercero y cuarto transitorios de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, está inhabilitada para prestar dicho servicio en la zona centro. La coordinación y colusión procesal de las instancias auxiliares del Ejecutivo ha comprometido la neutralidad del órgano denominado Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ocasionando un entorno claramente sesgado y parcializado que genera tensión, inconformidades y evidentes violaciones a las garantías de procedimiento consagradas en nuestra constitución y a diversos derechos fundamentales plasmados en convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Basta comprobar que un funcionario que hasta hace poco se desempeñaba representando la posición del Ejecutivo federal, hoy como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación formula ponencias que acceden y conceden la razón a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, casi de plano y sin mayor profundidad, en los mismos términos que eran sostenidos por dicho juzgador cuando servía como subsecretario en dicha dependencia, ello sin apartarse de la líneas de subordinación jerárquica que es comprensible en un burócrata adscrito a dicha secretaría pero no en quien debiera adoptar un enfoque de imparcialidad procesal entre las partes. Ni la obligada conveniencia de designar un ponente cuya imparcialidad no estuviera en entredicho, ni tales violaciones, en su caso, corresponden a esta soberanía en su conocimiento, sino que suponen la reserva del sindicato agraviado y de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro para deducir los derechos que emanen de los tratados y convenios internacionales, que son, en virtud del artículo 133 -Ley Suprema en los Estados Unidos Mexicanos- ante las instancias competentes.

Sin embargo, la construcción conceptual de la Constitución que juramos obedecer y hacer cumplir, al tenor de la invocada fracción XX del artículo 123 constitucional, nos convoca y compulsa a preservar la imparcialidad, objetividad y neutralidad, misma que supone la operación de una instancia que debiera mantener su estructura tripartita intocada, evitando la confusión o fusión de la parte patronal y la gubernamental.

Resulta grotesco que en más de una ocasión el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de manera anticipada e indebida, haya anunciado la forma en que resolvería la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, así como que el presidente de ésta acuda a acordar con dicho titular, o con el subsecretario de la dependencia, la forma y términos en que se desahogará el procedimiento. No basta que a fechas recientes haya enmendado tal atrevimiento y haya comenzado a pretender fincar una supuesta independencia funcional, cuando es perceptible la reprobable conducta seguida por la junta.

El inaceptable silencio de la junta ante argumentos y alegatos claramente excluyentes como el sostenido por la Comisión Federal de Electricidad en el sentido de que no es patrón sustituto, pero que sí tiene a su disposición los activos afectos a la prestación del servicio, así que asumió todos los contratos con la clientela y que cobra las tarifas que corresponden al organismo en liquidación, resultan evidencia de la tolerancia y ventaja procesal que se ha erigido en favor del Ejecutivo federal, que simultáneamente es superior de todas las dependencias y entidades involucradas y parte interesada.

El modelo de operación resulta especialmente incongruente y perverso ya que supone que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) puede encomendar por contrato privado la realización de actividades exclusivas de estado, así como que el SAE puede distribuir entre entidades públicas bienes afectos a un servicio público. Tal absurdo llevaría a la conclusión de que cualquier actividad estratégica constitucionalmente reservada puede ser puesta en liquidación, y, entregada por el SAE a cualquier particular. Es claro que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no actúa en este caso como organismo público dado que el servicio lo desempeña en virtud de un contrato celebrado con el SAE, ya que ni el decreto de 11 de octubre de 2009 señala que dicho organismo se substituiría en el lugar del organismo en liquidación. Tal decisión del SAE no encuentra sustento en el decreto, ni en la ley.

A la fecha la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ha venido sosteniendo de manera contradictoria resoluciones que no se compadecen con los criterios formados a lo largo de décadas, especialmente, aquellas relacionadas con la operación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro SA de CV que durante décadas continuó siendo el patrón y contraparte del contrato colectivo sin perjuicio de estar en liquidación. Tal situación deriva contundentemente del artículo cuarto transitorio que no ha sido derogado, ni lo pudo ser por un decreto administrativo.

Ha sido a tal grado aberrante el comportamiento de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que sostuvo un conflicto en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) dando reconocimiento a una planilla sindical cuyos trabajadores ya habían renunciado y habían sido liquidados. De forma que simuló la subsistencia de la planilla desaparecida a efecto de mantener un conflicto de impugnación y desconocimiento de la planilla ganadora, la cual confirmó su triunfo en las urnas ante la inexistencia de la planilla fantasma que el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje seguía reconociendo ante las declaraciones y apoyo de la Secretaría del Trabajo.

Luz y Fuerza del Centro continúa siendo el patrón mientras el proceso de liquidación subsista, por lo que no sólo el contrato colectivo se mantiene en vigor, como sucedió al ponerse en liquidación la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, sino que el proceso de liquidación supone, como lo ordenó el Ejecutivo federal, el cumplimiento de las obligaciones y el respeto a los acreedores, como lo son indiscutiblemente el Sindicato y los trabajadores. Sin embargo el SAE, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las demás dependencias y entidades involucradas han acudido al deleznable expediente de retrasar por meses el cumplimento de pagos, incluidos los aguinaldos para vulnerar la capacidad de defensa de los trabajadores, minando el sustento de más de diecisiete mil familias. La Procuraduría General de la República ha congelado, fuera de toda ley y razón, los recursos que indiscutiblemente pertenecen al SME, alegando asuntos y temas ajenos a la devolución de los recursos a su legítimo titular.

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes –actuando como liquidador bajo órdenes del Ejecutivo federal– defiende decisiones administrativas de dicho órgano unipersonal, asumiéndose como integrante de la parte gubernamental, derivando un evidente conflicto de interés con el representante del gobierno y con toda la estructura orgánico-administrativa de la junta, que depende jerárquica y económicamente, de una de las partes litigantes. Es palmario y contundente que el decreto mediante el cual se inició el proceso de liquidación del organismo señala puntualmente que tal organismo conservaría su personalidad jurídica para los efectos de la liquidación , sin embargo se fracturó la representación patronal y se permitió la evasión de los directivos y funcionarios del organismo en liquidación, al tiempo que se permitió la causahabiencia del negocio a favor de la Comisión Federal de Electricidad que como ya se apuntó está impedida legalmente para operar en la zona centro y para disponer de la cobranza.

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ha llegado al inaceptable límite de colaborar con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), en la modificación, desconocimiento y alteración de los acuerdos y pactos de naturaleza laboral alcanzados con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), ya que incluso por acuerdo escrito ambas representaciones laborales reconocen que la afiliación de los trabajadores electricistas en la zona centro corresponde indiscutiblemente al SME.

Dado que el artículo 7o. del decreto por el que se puso en liquidación al organismo denominado Luz y Fuerza del Centro, señala que el responsable de la actuación inserta en el marco que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el secretario de Gobernación, corresponde a dicho titular la responsabilidad de adoptar medidas que provean al respeto a las garantías individuales así como a los tratados y convenios internacionales celebrados en concordancia a la misma.

Por ello someto ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se acuerda solicitar a los secretarios de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social , informe respecto de las medidas y salvaguardas establecidas para preservar la imparcialidad, neutralidad y objetividad de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que preserven la naturaleza efectivamente tripartita del organismo, así como para evitar que la subordinación jerárquica administrativa interfiera en el respeto de las garantías de debido proceso, igualdad ante la ley y de los elementales principios de seguridad jurídica, ante la realidad de que la contraparte entraña articulación y coordinación de dependencias y entidades federales dependientes del emisor del decreto que origina las disputas laborales referidas. Asimismo, se acuerda la integración de un grupo de trabajo con miembros de las Comisiones de Derechos Humanos, y de Trabajo y Previsión Social.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2011.

Diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica)