De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el título octavo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Publica de la LXI Legislatura fue turnada, para estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los capítulos II y II al título octavo, “De la Participación de la Comunidad”, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 81, 82, 84, 85, 88 y 89 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, en sentido negativo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. En sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el 15 de diciembre de 2010, el diputado Julio César Godoy Toscano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la iniciativa que reforma y adiciona los capítulos II y II al título octavo, “De la Participación de la Comunidad”, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

II. En la misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Seguridad Pública para estudio y dictamen.

III. El 16 de febrero de 2011, en sesión plenaria de la Comisión de Seguridad Pública, este dictamen fue aprobado en sentido negativo por 23 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.

Contenido de la iniciativa

1. El proponente expresa la seguridad pública es, además de una garantía individual, un derecho humano fundamental, cuyo bien jurídico tutelado es la preservación de las condiciones de desarrollo integral para todos los habitantes del territorio nacional. A su vez, expresa que la crisis actual únicamente puede ser afrontada a partir de la convergencia de los esfuerzos de las instituciones, la sociedad —organizada o no— y las instituciones de educación, sin cuyos aportes, evaluaciones y participación, cualquier política pública en la materia está destinada al más rotundo fracaso.

2. Destaca que lo anteriormente manifestado es una de las bases constitucionales sobre las cuales se debe construir el Sistema Nacional de Seguridad Pública, tal como lo señala el artículo 21, párrafo décimo, incisos c) y d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Específicamente, señala, la participación de la comunidad y la sociedad civil organizada, no obstante la creación del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana quedó reducida en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública a su mínima expresión, fomentando una cultura persecutoria en la que la denuncia constituye prácticamente el único mecanismo de incidencia social en las políticas en la materia.

3. Refiere que es indispensable una política de prevención que atienda los factores de riesgo que originan la delincuencia, los cuales se encuentran íntimamente vinculados al desarrollo integral de todos los sectores que constituyen el grupo societal (sic), tendentes a inhibir la comisión de conductas delictivas.

Continúa manifestando que las políticas de prevención deben ser concebidas como políticas de Estado, transversales y permanentes, razón por la cual el Estado mexicano, en sus tres ámbitos de gobierno, deben participar activamente.

5. Considera que todas las entidades de la administración pública y los tres Poderes de la Unión deberán implantar acciones preventivas para el desarrollo integral de las niñas, niños, jóvenes, mujeres, personas con capacidades diferentes, pueblos indígenas, adultos mayores y de cualquier grupo que se encuentre en situación de desventaja por alguna circunstancia específica; entendido el desarrollo integral como “el proceso sistémico económico, social, cultural y político, que garantice el mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él derivan”, tendiendo dichas acciones elevar los niveles de educación y abatimiento del analfabetismo, el ejercicio efectivo del derecho a la salud, la promoción del empleo productivo, la disminución de la pobreza extrema, la promoción de la cultura de la paz y de una vida libre de violencia así como de la cultura de la legalidad y respeto a los derechos humanos.

6. Por ello, propone cambiar la denominación del título octavo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “De la Participación de la Comunidad”, a “De la Prevención y la Participación Ciudadana”.

A su vez, se adiciona el capítulo II denominado “De la Prevención”, mediante el cual se propone lo siguiente:

Artículo 134 Bis. El Estado garantizará la seguridad pública a través del diseño transversal de políticas de prevención y su implantación efectiva, que permita identificar los factores de riesgo que originan la delincuencia para erradicarlos así como participar en la creación de mecanismos para la reinserción social de los transgresores.

Artículo 134 Ter. Todas las entidades de la administración pública y los tres poderes en los tres ámbitos de gobierno estarán obligados a implantar acciones y programas en materia de prevención, en la esfera de sus respectivas competencias, los que deberán estar centrados cuando menos en lo siguiente:

I. Desarrollo integral de niños y de jóvenes;

II. Desarrollo integral de las mujeres;

III. Desarrollo integral de las personas con capacidades diferentes;

IV. Desarrollo integral de los pueblos indígenas;

V. Acceso a una vida digna para los adultos mayores;

VI. Desarrollo integral de cualquier grupo social que se encuentre en situación de desventaja por su orientación sexual, origen étnico o racial, nivel socioeconómico, edad o cualquier otra circunstancia;

VII. Educación de calidad al alcance de todos y abatimiento del analfabetismo;

VIII. Ejercicio efectivo del derecho a la salud;

IX. Promoción del empleo productivo, disminución de la pobreza y erradicación de la pobreza extrema;

X. Promoción de la cultura de la paz y de una vida libre de violencia; y

XI. Promoción de la cultura de la legalidad.

Artículo 134 Quáter. Las Procuradurías de Justicia y las Secretarías de Seguridad Pública o equivalentes, en los tres ámbitos de gobierno, estarán obligadas, además de lo señalado en el artículo anterior, a implantar acciones y programas para

I. Prevenir la delincuencia infantil y juvenil;

II. Erradicar la violencia, especialmente la ejercida contra niños, jóvenes, mujeres, indígenas y adultos mayores; y

III. Prevenir la violencia generada por el uso de armas, drogas y alcohol.

Artículo 134 Quintus. Las acciones y los programas considerados en los artículos anteriores tendrán el carácter de permanentes y estratégicos y formarán el programa permanente de prevención integral, el cual estará sujeto a la evaluación de la sociedad civil, en términos de lo establecido en esta ley.

Artículo 134 Sextus. Todas las entidades de la administración pública federal deberán destinar al menos dos por ciento de los recursos presupuestales anuales a la implantación de programas integrales de prevención, con excepción de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia, las cuales al menos deberán destinar diez por ciento de su presupuesto anual para tales efectos.

El seguimiento al presupuesto de prevención deberá ser especificado en un anexo del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que anualmente aprueba la Cámara de Diputados.

Los congresos locales proveerán lo necesario para el cumplimiento de lo establecido en este capítulo, en los términos del artículo 116 constitucional.

7. De igual manera, propone la adición del capítulo III denominado “De la Participación Ciudadana”, cuyo contenido se observa a continuación:

Artículo 134 Séptimus. La participación de los habitantes del territorio nacional en la Seguridad Pública tendrá como objetivo establecer mecanismos de cogobernabilidad y corresponsabilidad con las autoridades y podrá realizarse a través de:

I. La comunidad, tenga o no estructura organizativa; y

II. La sociedad civil organizada.

Artículo 134 Octavus. Los consejos nacional, estatales y del Distrito Federal deberán contar con al menos dos representantes de las organizaciones de la sociedad civil.

Artículo 134 Nonus. Las organizaciones de la sociedad civil podrán participar en la implantación de políticas de seguridad pública en los tres ámbitos de gobierno.

Artículo 134 Décimus. Las organizaciones de la sociedad civil que participen en la implantación de las políticas de seguridad pública no podrán intervenir en su diseño ni evaluación; las que evalúen no podrán participar en la implantación y las que participen en el diseño no podrán intervenir en su implantación ni evaluación.

Artículo 134 Undécimus. Las organizaciones de la sociedad civil que participen en el proceso de evaluación de las políticas públicas podrá:

I. Evaluar los programas implantados por las instituciones de seguridad pública y las organizaciones de la sociedad civil así como su reglamentación;

II. Validar los indicadores de gestión en esta materia;

III. Evaluar el impacto de las políticas públicas en la materia;

IV. Publicar los resultados; y

V. En su caso, proponer el rediseño o redireccionamiento de la política que se trate para elevar su efectividad.

Estos informes deberán ser entregados a los consejos nacional, estatales, del Distrito Federal y municipales o de las demarcaciones territoriales, los cuales estarán obligados a tomar en consideración esta información para el rediseño o redireccionamiento de las políticas públicas en la materia.

Artículo 134 Duodécimus. Las instituciones de educación superior y las organizaciones de la sociedad civil que participen en el proceso de evaluación de las instituciones de seguridad pública podrán:

I. Evaluar el desempeño de todos sus integrantes;

II. Participar en la validación de la currícula para los programas de capacitación y profesionalización;

III. Realizar evaluación técnico-operativa de su actuación;

IV. Realizar evaluación técnico-jurídica de su actuación; y

V. Evaluar la calidad del servicio prestado.

Artículo 134 Tertius Décimus. Las instituciones de educación superior y las organizaciones de la sociedad civil que realicen funciones de evaluación, podrán acceder toda la información necesaria para la realización de estos trabajos. Cuando se trate de información reservada, la institución de seguridad pública establecerá los mecanismos para su consulta.

El mal uso de la información reservada que hagan los integrantes de las organizaciones de la sociedad civil o de las instituciones de educación superior será sancionado en los términos de la legislación penal correspondiente.

6. En virtud de lo anteriormente expuesto, propone una nueva denominación para el título octavo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, añadiéndole a su vez dos capítulos, el primero destinado a las políticas de prevención y el segundo enfocado a la regulación de las formas de participación de la comunidad y la sociedad civil.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen exponemos las siguientes:

Consideraciones

1. Que con base en los antecedentes antes expuestos y con los elementos de información disponibles, la Comisión de Seguridad Publica, con las atribuciones antes señaladas se avoco a dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto de referencia.

2. Existen múltiple ejemplos de que las estrategias de prevención del delito bien planificadas no solo previenen el delito y la victimización, sino también promueven la seguridad de la sociedad en general y contribuyen al desarrollo sostenible. Las políticas responsables y eficaces de prevención del delito mejoran la calidad de vida de todos los ciudadanos, producen beneficios a largo plazo al reducir los costos relacionados con el sistema formal de justicia penal, así como otros costos sociales resultantes de la delincuencia. La prevención del delito permite el desarrollo de oportunidades para aplicar un enfoque distinto a los problemas de la delincuencia.

El término “prevención del delito” comprende las estrategias y medidas encaminadas a reducir el riesgo de comisión de delitos y sus posibles efectos negativos para las personas y la sociedad, incluido el temor a la delincuencia, y a intervenir para influir en sus múltiples causas. Las actividades para hacer cumplir las leyes, si bien desempeñan funciones de prevención, están fuera del ámbito de las directrices, pues ya están extensamente reguladas en otros instrumentos de la Organización de Naciones Unidas.

3. La participación de la comunidad, la cooperación y las asociaciones representan elementos importantes del concepto de prevención del delito.

En este sentido, nuestro país ha ratificado numerosos tratados internacionales en materia de prevención del delito, en los cuales los Estados miembros y las organizaciones internacionales proporcionan financiación y asistencia técnica, incluso para creación de capacidad y capacitación, a los países en desarrollo y a los países con economías en transición, a las comunidades y a otras organizaciones pertinentes para la ejecución de estrategias efectivas de prevención del delito y seguridad de las comunidades.

Por ello, es fundamental para México al definir mecanismos de prevención del delito, tener en cuenta los principales instrumentos internacionales relacionados con los derechos humanos y la prevención del delito de los que sea parte, tales como: la Convención sobre los Derechos del Niño (resolución 44/25 de la Asamblea General), la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (resolución 48/104 de la Asamblea General), las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad) (resolución 45/112 de la Asamblea General), las directrices para la cooperación y la asistencia técnica en la esfera de la prevención del delito urbano (resolución 1995/9), así como la Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia: frente a los retos del siglo XXI (resolución 55/59 de la Asamblea General) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos (resolución 55/25 de la Asamblea General, anexos I a III, y resolución 55/255 de la Asamblea General).

Cabe señalar que el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que:

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con ésta, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados”.

El texto es muy claro: los Tratados Internacionales a los cuales se ha adherido México, forman parte de la ley suprema de toda la Unión y, en consecuencia, la normatividad contenida en los anteriormente citados en materia de prevención del delito, es ley suprema de toda la Unión, teniendo por imperativo expreso del artículo 133 constitucional, una jerarquía inferior a la Constitución, pero superior a la de las leyes secundarias federales y locales . Este rango jerárquico ha sido jurisdiccionalmente resuelto. Al respecto, en 2007 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el siguiente criterio jurisprudencial al respecto:

Registro número 172667.

Localización: Novena época, instancia: Pleno, fuente: Semanario Judicial de la Federación, XXV, abril de 2007, página 6, tesis: P. VIII/2007, tesis aislada, materia(s): constitucional.

Supremacía constitucional y ley suprema de la unión. Interpretación del artículo 133 constitucional

A partir de la interpretación del precepto citado, si aceptamos que las leyes del Congreso de la Unión a las que aquél se refiere corresponden, no a las leyes federales sino a aquellas que inciden en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado mexicano y cuya emisión deriva de cláusulas constitucionales que constriñen al legislador para dictarlas, el principio de “supremacía constitucional” implícito en el texto del artículo en cita claramente se traduce en que la Constitución General de la República, las leyes generales del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella, constituyen la “ley suprema de la unión”, esto es, conforman un orden jurídico superior, de carácter nacional, en el cual la Constitución se ubica en la cúspide y por debajo de ella los tratados internacionales y las leyes generales.

Amparo en revisión 120/2002. McCain México, SA de CV, 13 de febrero de 2007. Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana Castañeda, Rafael Coello Cetina, Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria Martínez.

El Tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobó, con el número VIII/2007, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de marzo de dos mil siete. 1

En cuanto al requisito de fondo de que los tratados “estén de acuerdo con ésta”, la Suprema Corte de Justicia rechaza la interpretación gramatical y argumenta que, en caso de que los convenios internacionales amplíen las garantías individuales o sociales previstas en la Constitución, aquéllos deben considerarse acordes a dicha Constitución.

4. Partiendo de que la seguridad pública es una materia concurrente entre las diferentes entidades federativas, el Distrito Federal y la federación, el reparto de competencias debe hacerse dentro de una ley marco expedida por el Congreso de la Unión, tal y como lo señalan los artículos 21, 73 fracciones XXIII, y 122 Base Segunda fracción II inciso e) de la Constitución federal.

“Articulo 21. ...

...

...

...

...

...

...

...

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

...

c ) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos .

d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública ...”

5. En el caso de los municipios, también la Constitución es clara, al señalar en el artículo 115 que entre las funciones y los servicios públicos que estos tendrán a su cargo, está el de seguridad pública , así como el de policía preventiva municipal y de tránsito.

“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:...

III. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

...

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito;...

VII. La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del estado. Aquélla acatará las órdenes que el gobernador del estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público....

El Ejecutivo federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o transitoriamente...”

6. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido el siguiente criterio:

Seguridad pública. Es una materia concurrente en la que todas las instancias de gobierno deben coordinar esfuerzos para la consecución del fin común de combate a la delincuencia, bajo una ley general expedida por el Congreso de la Unión.

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, del Distrito Federal, de los estados y de los municipios, los cuales deben coordinarse, en los términos señalados por la ley, para fijar un sistema nacional de seguridad pública. Por su parte, el artículo 73, fracción XXIII, constitucional, prevé la facultad del Congreso de la Unión para establecer las bases de dicha coordinación en una ley general, de donde deriva que aquélla debe entenderse no sólo en referencia al ámbito administrativo, sino también al legislativo. Así, el Congreso de la Unión puede coordinar legislativamente mediante una ley general en la que se distribuyan las facultades competenciales de los distintos niveles de gobierno, por ende, la seguridad pública constituye una materia concurrente inserta en el contexto del federalismo cooperativo, en la que existe la obligación constitucional para todas las instancias de gobierno de coordinar esfuerzos para la consecución del fin común de combate a la delincuencia , bajo una ley general expedida por el Congreso de la Unión.

Controversia constitucional 132/2006. Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 10 de marzo de 2008. Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Sergio A. Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: José María Soberanes Díez, Fabiana Estrada Tena y Marat Paredes Montiel.El Tribunal Pleno, el veintiséis de marzo en curso, aprobó, con el número IX/2009, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de dos mil nueve.

7. Como se observa en el criterio jurisprudencial anteriormente expuesto, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero del 2009, establece en el artículo 2o. en materia de prevención del delito lo siguiente:

Artículo 2. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.

En relación al tema objeto de la presente propuesta, la fracción XII, del artículo 7o. de la ley en comento expresa:

Artículo 7. Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta ley, deberán coordinarse para:

...

XII Determinar la participación de la comunidad y de instituciones académicas en coadyuvancia de los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las Instituciones de Seguridad Pública, a través de mecanismos eficaces.

Como se observa, no solamente contempla a la federación, sino del Distrito Federal, los estados y municipios el incluir en la elaboración y evaluación de las políticas de prevención del delito la participación de la comunidad

A su vez, el artículo 14 fracción IX establece como facultad del Consejo Nacional de Seguridad Pública formular propuestas para los programas nacionales de seguridad pública, de procuración de justicia y de prevención del delito en los términos de la ley de la materia, mientras que la fracción XVI señala como facultad del propio Consejo el establecimiento de mecanismos eficaces para que la sociedad participe en los procesos de evaluación de políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública.

Es oportuno señalar que en materia de prevención del delito y participación ciudadana, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, a efecto de poder dar seguimiento al planteamiento, implementación y fortalecimiento de los mecanismos propuestos y aprobados en la materia, cuenta con una comisión de nominada “De prevención del Delito y Participación Ciudadana”, que se coordina con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones aplicables por parte de los Centros Nacionales que integran el secretariado ejecutivo.

Así, el Consejo Nacional determinará el objeto, integrantes, deberes y funcionamiento de éstas, pudiendo expertos de instituciones académicas, de investigación y agrupaciones del sector social y privado relacionados con su objeto.

8. Asimismo, en materia de prevención del delito y participación ciudadana, el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuenta con cuatro centros nacionales entre los que se encuentra el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, tal y como efectivamente lo menciona el diputado proponente.

Al respecto, el artículo 17 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que las atribuciones y articulación de estos Centros, se establecerá en el Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que además de las atribuciones que el artículo 20 de la Ley en comento, también cuenta con las atribuciones que el citado reglamento establece.

Así, el artículo 20 de la ley objeto de la presente propuesta establece como facultades del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana las siguientes:

I. Proponer al consejo nacional lineamientos de prevención social del delito, a través del diseño transversal de políticas de prevención, cuyas acciones tendrán el carácter de permanentes y estratégicas;

II. Promover la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana y una vida libre de violencia;

III. Emitir opiniones y recomendaciones, dar seguimiento y evaluar los programas implantados por las instituciones de seguridad pública, en los tres órdenes de gobierno para:

a) Prevenir la violencia infantil y juvenil;

b) Promover la erradicación de la violencia especialmente la ejercida contra niñas, niños, jóvenes, mujeres, indígenas, adultos mayores, dentro y fuera del seno familiar;

c) Prevenir la violencia generada por el uso de armas, el abuso de drogas y alcohol; y

d) Garantizar la atención integral a las víctimas.

IV. Realizar, por sí o por terceros, estudios sobre las causas estructurales del delito, su distribución geodelictiva, estadísticas de conductas ilícitas no denunciadas, tendencias históricas y patrones de comportamiento que permitan actualizar y perfeccionar la política criminal y de seguridad pública nacional;

V. Realizar, por sí o por terceros, encuestas victimológicas, de fenómenos delictivos y otras que coadyuven a la prevención del delito;

VI. Promover la inclusión de contenidos relativos a la prevención del delito en los programas educativos, de salud, de desarrollo social y en general en los diversos programas de las dependencias y entidades federales, así como colaborar con los estados, el Distrito Federal y los municipios en esta misma materia;

VII. Organizar seminarios, conferencias y ponencias sobre prevención social del delito;

VIII. Coordinarse con otras instancias competentes en la materia para el ejercicio de sus funciones;

IX. Promover la participación ciudadana para el fortalecimiento del Sistema en los términos de esta Ley; y

X. Las demás que establezcan otras disposiciones, el Consejo Nacional y su presidente.

Como se puede observar la fracción X del artículo anteriormente citado establece una “cláusula abierta”, figura jurídica que tiene como finalidad que no sólo sean las funciones establecidas en el citado artículo las únicas que puede realizar el Centro Nacional de Prevención del Delito, sino que además realice otras que no se encuentren establecidas en dicho precepto, propias de sus funciones.

9. Tomando en consideración lo establecido en el artículo 17 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el artículo 13 del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de octubre de 2009, establece lo siguiente:

Artículo 13. El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana además de las atribuciones que le confiere la ley, tendrá las siguientes:

I. Coordinar y desarrollar campañas con la finalidad de prevenir la comisión de conductas ilícitas;

II. Promover la colaboración ciudadana en la prevención del delito;

III. Promover el intercambio de experiencias en materia de prevención del delito con instituciones nacionales y extranjeras;

IV. Promover la participación ciudadana en materia de cultura de la legalidad;

V. Participar en la promoción de la participación ciudadana en el marco del Programa Nacional de Seguridad Pública;

VI. Desarrollar programas, políticas y lineamientos en materia de prevención social del delito;

VII. Someter a consideración del secretario ejecutivo los lineamientos de prevención social del delito que serán propuestos al Consejo Nacional;

VIII. Impulsar el establecimiento y operación de sistemas de vigilancia y de seguimiento de los fenómenos delincuenciales locales, para identificar zonas de riesgo, grupos vulnerables, víctimas, victimarios y propiciar las acciones debidas en la prevención y el control de los hechos violentos o delictivos;

IX. Difundir mediante cualquier medio en coordinación con el Centro Nacional de Información los servicios de llamadas de emergencia y de denuncia anónima;

X. Determinar los lineamientos, criterios y procedimientos mediante los cuales la Federación, las entidades federativas y los municipios, deberán establecer el servicio de localización de personas y bienes, así como el servicio de comunicación mediante el cual reciban los reportes de la comunidad, sobre las emergencias, faltas y delitos;

XI. Proponer ante las instituciones de seguridad pública la implantación de políticas, lineamientos y protocolos en materia de atención integral a víctimas u ofendidos por algún delito;

XII. Coordinarse con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las correspondientes de las entidades federativas, organismos no gubernamentales, organismos internacionales de protección a los derechos humanos, así como instituciones públicas y privadas para lograr el cumplimiento de las atribuciones que le confiere la ley;

XIII. Emitir opiniones y recomendaciones en materia de prevención del delito y participación ciudadana;

XIV. Brindar apoyo y asesoría a las instituciones públicas o privadas que así lo soliciten, en materia de prevención del delito;

XV. Promover ante las instituciones de seguridad pública el establecimiento de órganos de consulta en el que se permita la participación de la ciudadanía para alcanzar los propósitos referidos en el artículo 131 de la ley;

XVI. Promover la participación de la comunidad y de instituciones y organizaciones públicas, privadas y sociales para el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, así como coadyuvar en el diseño, elaboración, ejecución y evaluación de políticas públicas y programas de prevención del delito;

XVII. Realizar cursos, coloquios, foros o cualquier otra actividad de carácter cultural o académico en materia de prevención del delito, participación ciudadana y derechos humanos;

XVIII. Promover la inclusión de contenidos relativos a la prevención del delito en los programas educativos, de salud, de desarrollo social y en general en los diversos programas de las dependencias y entidades federales, así como colaborar con los estados, el Distrito Federal y los municipios en esta misma materia;

XIX. Requerir a las unidades administrativas del Secretariado Ejecutivo y a las instancias del Sistema la información necesaria para realizar estudios, por si o por terceros, sobre causas estructurales del delito, distribución geodelictiva, estadísticas de conductas ilícitas no denunciadas, tendencias históricas y patrones de comportamiento que permitan actualizar y perfeccionar la política criminal y de seguridad pública nacional;

XX. Realizar, por si o por terceros, encuestas sobre victimología, percepción de seguridad, fenómenos delictivos y otras que coadyuven a la prevención del delito y en la evaluación respecto del cumplimiento de las atribuciones previstas en la ley y en el reglamento;

XXI. Realizar acciones para promover la cultura de la denuncia entre la sociedad;

XXII. Diseñar y promover políticas, programas, estrategias y acciones que fomenten en la sociedad valores culturales y cívicos, que fortalezcan el tejido social, que induzcan el respeto a la legalidad, y que promuevan la paz, la protección de las víctimas, el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana y una vida libre de violencia;

XXIII. Fomentar la investigación científica y tecnológica para identificar los factores que generan las conductas antisociales;

XXIV. Promover ante las instituciones públicas, el establecimiento de políticas que aseguren la prevención del delito, atención y protección de grupos vulnerables;

XXV. Proponer en coordinación con las autoridades competentes, políticas para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia, especialmente la ejercida contra las niñas y los niños, los jóvenes, las mujeres, los indígenas, y los adultos mayores;

XXVI. Promover políticas para la igualdad y equidad de género;

XXVII. Realizar campañas para prevenir la violencia generada por el uso de armas, el abuso de drogas, y alcohol, entre otros problemas de relevancia social, en coordinación con las autoridades competentes en dichas materias y la sociedad civil;

XXVIII. Llevar a cabo campañas de prevención de la violencia infantil y juvenil en coordinación con las autoridades competentes, y

XXIX. Todas aquéllas que le atribuyan otras disposiciones aplicables y el secretario ejecutivo.

Nuevamente observamos en la fracción XXIX del citado precepto normativo el establecimieno de la “cláusula abierta”, la cual establece enunciativa más no limitativamente atribuciones al Consejo Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.

10. Cabe señalar que en relación con el tema objeto de la propuesta, con fecha ocho de octubre de dos mil nueve, el diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado Federal denominado Instituto Nacional de Prevención del Delito, y suscrita por los diputados Miguel Ángel García Granados y Andrés Massieu Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Camilo Ramírez Puente y Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y Martín García Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Dicha iniciativa de ley contiene nueve capítulos a saber los cuales establecen la naturaleza y objeto, atribuciones, integración, vigilancia, patrimonio, procesos administrativos, lo concerniente al personal y régimen de trabajo del Instituto Nacional de Prevención del Delito.

11. De igual manera, en fecha 10 de diciembre de dos mil nueve, la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que contiene el texto de la Ley General para la Prevención Social de la Delincuencia.

La iniciativa busca orientar el gasto a través de las dependencias que hoy tienen asignados recursos a través de distintos programas para que, con base en criterios de prevención social, apliquen esos recursos que institucionalmente les han sido asignados;

Propone contribuir a la rectoría del Estado en la reducción de la violencia, la victimización y la delincuencia a través de un cambio sustancial en la forma de prevención, a través de la consecución de por lo menos cinco puntos:

• Abordar los factores de riesgo;

• Disminuir los factores situacionales que favorecen la delincuencia;

• Reorientar los esfuerzos institucionales a la solución de problemas con base en información y análisis;

• El trabajo conjunto y coordinado de múltiples actores para abordar los factores de riesgo;

• El compromiso ciudadano como un factor fundamental.

La iniciativa de ley considera en la forma y en el fondo, las directrices para la prevención del delito, la resolución 2002/13 del Consejo Económico y Social, así como experiencias nacionales e internacionales, tomado como puntos de referencia nacional: La Ley del Instituto de Estudios Científicos para la Prevención del Delito en el Distrito Federal, la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León y la iniciativa de Ley de Prevención del Delito del Estado de Hidalgo. En el contexto internacional, se tomaron en consideración las recomendaciones vertidas por diversos textos publicados por la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de la Unión Europea y del Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, así como de ejercicios legislativos de Argentina y Colombia.

12. Ambas iniciativas al ser turnadas a la Comisión de Gobernación, fueron dictaminadas de manera conjunta en sentido positivo, sometido a consideración del pleno de esta honorable soberanía, aprobada y turnada a la Cámara revisora el 29 de abril de 2010.

Como resultado del estudio y análisis realizado de ambas iniciativas, en el dictamen se observa la armonización de ambas propuestas, dando origen a la Ley General para la prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la que cuenta con 34 artículos, divididos en siete capítulos:

1. “Disposiciones Generales.”

2. “De la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.”

3. “De los Órganos Encargados de la Prevención Social de la Delincuencia.”

4. “De la Coordinación de Programas Institucionales.”

5. “Del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”; que se divide en dos secciones: “De la participación comunitaria y ciudadana” y “De la evaluación”.

6. “Del Financiamiento.”

7. “De las Sanciones.”

El capítulo primero, amén de establecer la naturaleza y objeto de la ley (artículo 1), prevé en su ordinal segundo que la Federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, dispondrán la utilización y destino de los recursos para garantizar el cumplimiento de ésta.

Se desarrollan los principios que regirán sobre el particular y se establece un glosario de términos. Por lo que se refiere al tema de la publicidad en la información, resulta evidente que éste constituye un motivo de especial interés, la exigencia de que la información vinculada a las materias propias de la ley esté al alcance de cualquier interesado, se surte en los términos apuntados tanto en ambas iniciativas como en la versión final del proyecto contenido en el dictamen de ambas propuestas.

El capítulo segundo, se ocupa de establecer el marco general de la prevención social, señala en su artículo 6 que la prevención social de la violencia y la delincuencia incluye los siguientes ámbitos de intervención: social, comunitario, situacional y con enfoque psicosocial. El artículo siguiente (el 7), refiere que la prevención social de la violencia y la delincuencia implica la reducción de los factores y condiciones sociales que fomentan el desarrollo de conductas violentas y delictivas y determina los mecanismos útiles para ese fin.

Asimismo, se define la prevención comunitaria (artículo 8), así como aquellos aspectos que la comprenden, y se determinan la llamada “prevención situacional” (artículo 9) y la prevención con enfoque psicosocial.

En el capítulo tercero se establece lo relativo a los órganos encargados de la prevención social de la delincuencia; los cuales son, básicamente, cuatro:

• El Consejo Nacional de Seguridad Pública;

• La Comisión de Prevención del Delito y Participación Ciudadana;

• El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana y el Secretariado Ejecutivo.

En el capítulo cuarto, denominado “De la Coordinación de Programas”, se establece en su artículo 17 que “los programas nacional, sectorial, especial e institucional que incidan en la prevención social de la violencia y la delincuencia, deberán diseñarse considerando la participación interinstitucional con enfoque multidisciplinario, enfatizando la colaboración con universidades y entidades orientadas a la investigación, asimismo se orientarán a contrarrestar, neutralizar o disminuir los factores de riesgo y las consecuencias, daño e impacto social y comunitario del delito”. Sobre esa base se establece que:

• Los programas institucionales tenderán a lograr un efecto multiplicador (artículo 17);

• Los programas que se desarrollen deberán ser monitoreados (artículo 18); y

• En caso de que los resultados de algún programa no alcancen las metas y objetivos planteados, se replantearán sus estrategias y acciones, a partir del diagnóstico de seguridad local que se lleve a cabo para tal fin (artículo 18).

Al ser el propósito de la iniciativa lograr que exista una auténtica y eficaz coordinación entre los diferentes entes públicos entre sí con el sector social, se requiere de una instancia que los agrupe a efecto de transversalizar las políticas públicas de cada dependencia que directa o indirectamente incidan en proyectos de prevención de la violencia y la delincuencia. En esa virtud, es que se propone el artículo 19 del proyecto que, para el cumplimiento de sus funciones, el Centro podrá convocar a dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, investigadores, académicos especialistas en el tema, así como otros actores coadyuvantes en la prevención social de la violencia y de la delincuencia. Empero además, determina que podrá convocar a:

• La Secretaría de Desarrollo Social;

• La Secretaría de Seguridad Pública;

• La Procuraduría General de la República;

• La Secretaría de Educación Pública;

• La Secretaría de Salud;

• La Secretaría del Trabajo;

• El Instituto Nacional de las Mujeres;

• El Instituto Mexicano de la Juventud;

• La Comisión Nacional de Derechos Humanos;

• El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación;

• El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; y

• Los mecanismos equivalentes de las entidades federativas y del Distrito Federal.

Lo anterior, a fin de garantizar que las políticas públicas que se diseñen e implanten en las materias propias de la ley, efectivamente cumplan con el propósito de ésta que es transversalizar la actividad que se desarrolle en los tres órdenes de gobierno capaz de incidir en la prevención social de la violencia y la delincuencia.

El capítulo quinto desarrolla el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; el cual “deberá contribuir al objetivo general de proveer a las personas con el nivel más alto de protección en las áreas de libertad, seguridad y justicia, con base en objetivos precisos, claros y medibles”.

Ahora bien, según el artículo 22 del proyecto, para la ejecución del Programa Nacional el Centro Nacional deberá preparar un programa de trabajo anual que contenga objetivos específicos, prioridades temáticas y una lista de acciones específicas y de medidas complementarias. Luego, el Centro Nacional presentará al secretariado ejecutivo los proyectos de medidas que deben tomarse para la ejecución del programa.

Otro de los aspectos medulares de la propuesta está contenido en el capítulo sexto, que se incorpora al proyecto de ley como sección segunda, relativa a la participación comunitaria y ciudadana. En el ámbito internacional, uno de los movimientos más importantes y exitosos ha demostrado ser la Vigilancia Vecinal. De ahí que la Ley contemple en su artículo 27: “La participación comunitaria y ciudadana en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia es un derecho de las personas, siendo un deber constitucional del Estado mexicano reconocerla, garantizarla, promoverla y fomentarla, conforme a la presente ley”. Y en ese tenor, el siguiente numeral, el 28, agrega que “la participación comunitaria y ciudadana se hace efectiva a través de la actuación de las personas en las comunidades, en las redes vecinales, las organizaciones para la prevención social de la violencia y la delincuencia, en los consejos de participación ciudadana o a través de cualquier otro mecanismo local, creado en virtud de sus necesidades”.

Debe enfatizarse la importancia de una disposición como la contenida en el original artículo 27 del proyecto que establecía que las inquietudes, requerimientos y propuestas de los ciudadanos serán elevados al Consejo Nacional a través de las instancias estatales creadas al efecto, a partir de las directrices y mecanismos establecidos por el Centro Nacional para ese fin, para que allí sean tratadas y analizadas; y en paralelo, la exigencia categórica para que el Consejo Nacional dé “rápida respuesta a las temáticas planteadas por la participación comunitaria” (artículo 28). Estas exigencias se satisfacen añadiendo dos fracciones más, la XXXI y XXXII, al artículo 16 del proyecto, en los siguientes términos: Son funciones del Centro Nacional:

• Analizar las inquietudes, requerimientos y propuestas de los ciudadanos a través de las instancias creadas al efecto, a partir de las directrices y mecanismos establecidos por el reglamento; y

• Dar respuesta a las temáticas planteadas por la participación comunitaria.

Un aspecto toral de todo el andamiaje jurídico de la propuesta lo constituye el rubro económico; el capítulo sexto se ocupa del Financiamiento. En este tenor, se prevé que los programas federales, de las entidades federativas o municipales, así como de la sociedad civil, que funcionen con recursos federales y cuya aplicación incide o coadyuve a la prevención social de la delincuencia “deberán sujetarse a los lineamientos que fije la presente ley además de las directrices que para tales efectos establezca el Centro Nacional”.

Sin embargo, es claro que además de los recursos federales, tanto las entidades federativas como los municipios deberán prever, en sus respectivos presupuestos de egresos, los recursos necesarios para implementar y evaluar los programas y acciones de prevención social de la delincuencia, por un lado; y por otro, es de tomar en cuenta que los programas que funcionen con recursos del Centro Nacional deberán aplicarse substancialmente a medidas y acciones enfocadas a la obtención de resultados, para la disminución de la victimización, violencia y delincuencia.

Como previsión adicional, se contempla en el artículo 31 de la propuesta que no podrá cofinanciarse un proyecto con recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por último, el capítulo séptimo de la ley se ocupa de las sanciones que deriven del incumplimiento en el ejercicio de las obligaciones que se derivan de ésta. Los perfiles de esta medida son los siguientes:

• Todo incumplimiento será sancionado de conformidad con la legislación en materia de responsabilidad de los servidores públicos que sea competente.

• Para la imposición de la sanción que sea procedente, el Consejo Nacional dictará el acuerdo específico que así lo determine y lo hará saber al superior jerárquico del infractor.

• La dependencia o entidad que haya impuesto alguna sanción a sus subordinados con motivo de la aplicación de la ley deberá informarlo al Consejo Nacional, por conducto de su secretariado ejecutivo. 2

13. Por las consideraciones antes expuestas, esta comisión considera inviable la propuesta objeto del presente dictamen toda vez que los diversos ordenamientos vigentes en la materia como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como el Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece de manera enunciativa más no limitativa facultades inherentes al Consejo Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, encontrándose actualmente reguladas algunas de las propuestas planteadas por el diputado iniciante, aunado a que actualmente se encuentra en la Cámara de Senadores la minuta que en la materia fue aprobada por esta honorable soberanía, que además de considerar en su totalidad la presente propuesta, establece un mayor número de mecanismos que refuerzan el ámbito organizacional, técnico, comunitario, presupuestal y sancionador, que permiten garantizar de manera efectiva la prevención del delito y la participación ciudadana.

De insistirse en la propuesta, esta comisión considera que pudiese ser objeto de regulación vía reglamentaria, debiendo enfatizar que dicha facultad es exclusiva del Poder Ejecutivo federal, de conformidad con lo que dispone el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la salvedad de que no fuese aprobada la minuta enviada al Senado de la República en la materia.

Por tanto, y toda vez que se ha demostrado su inviabilidad en razón de que ya se encuentra considerada la inquietud del diputado proponente, dentro de los ordenamientos jurídicos analizados, así como en la minuta enviada a la colegisladora por la que se expide Ley General para la prevención Social de la Violencia y la Delincuencia el 29 de abril de 2010.

Por lo expuesto, la Comisión de Seguridad Publica, somete al pleno de la Cámara de Diputados para análisis, discusión y, en su caso, aprobación, los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma y adiciona el título octavo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen, presentada el 15 de diciembre de 2010.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Notas

1 En la sesión pública de trece de febrero de dos mil siete, además del amparo en revisión 120/2002, promovido por McCain México, SA de CV, se resolvieron los amparos en revisión 1976/2003, 787/2004, 1084/2004, 1651/2004, 1277/2004, 1576/2005, 1738/2005, 2075/2005, 74/2006, 815/2006, 948/2006, 1380/2006, y el amparo directo en revisión 1850/2004, respecto de los cuales el tema medular correspondió a la interpretación del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a que se refiere esta tesis aislada.

2 Dictamen de la Comisión de Gobernación por el que se expide la Ley General para la prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2011.

La Comisión de Seguridad Pública

Diputados: José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Sergio González Hernández (rúbrica), Bonifacio Herrera Rivera (rúbrica), Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Víctor Hugo Círigo Vásquez (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Omar Fayad Meneses, Jorge Fernando Franco Vargas (rúbrica), Luis Alejandro Guevara Cobos, Aarón Irízar López (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz, Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes, Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Ricardo Sánchez Gálvez (rúbrica), Ardelio Vargas Fosado.