De la Secretaría de Gobernación, con las que remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente

México, DF, a 14 de marzo de 2011.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-8-509 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María Guadalupe García Almanza, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 353.A-1-0154 suscrito por el licenciado Rosendo González Cázares, director general adjunto de Análisis Jurídico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como el anexo que el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a los recursos para la prevención y control del virus del papiloma humano (VPH) y el cáncer cervicouterino.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

México, DF, a 10 de marzo de 2011.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

Secretaría de Gobernación

Presente.

Hago referencia a su similar número SEL/UEL/311/3016/10 de fecha 24 de septiembre de 2010, referente al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, en sesión celebrada el día 23 de septiembre de 2010 por el cual se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2011, se contemplen recursos suficientes y necesarios para la prevención y control del virus del papiloma humano y el cáncer cervicouterino.

Sobre el particular, con fundamento en el artículo 65-B del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, adjunto se servirá encontrar la respuesta que emitió la Dirección General de Programación y Presupuesto A de esta Subsecretaría de Egresos, respecto del mencionado punto de acuerdo.

Reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Licenciado Rosendo González Cázares (rúbrica)

Director general adjunto de análisis jurídico

México, DF, 18 de febrero de 2011.

Dirección General Jurídica de Egresos

Presente

Me refiero a la nota ejecutiva número 038 de fecha 9 de febrero, mediante la cual se remite copia del punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, en el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2011, se contemplen recursos suficientes y necesarios para la prevención y control del virus del papiloma humano y el cáncer cervicouterino, aprobado por el citado órgano legislativo el 23 de septiembre de 2010.

Sobre el particular, con fundamento en el artículo 65 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le informo que en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2011, específicamente en el anexo 10, se encuentran contemplados los recursos para la igualdad entre mujeres y hombres, que para e! Ramo 12 Salud ascienden a 3,569,7 millones de pesos, de los cuales 1,336.0 millones de pesos corresponden a ampliaciones autorizadas por la Cámara de Diputados y que dentro de las acciones para los que estas últimas están destinadas se encuentran, entre otras, las siguientes

• Investigación epidemiológica sobre cáncer a cargo del Instituto Nacional de Salud Pública

• Adquisición y mantenimiento de equipos de mastografía y tomografía; ampliación de los espacios para la capacidad de atención de los servicios médicos en cáncer de mujeres, prevención y atención del cáncer de ovario a cargo del Instituto Nacional de Cancerología; y

• Programa de prevención y atención de cáncer mamario y cáncer cervicouterino, y creación de un servicio de radioterapia a cargo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

Atentamente

Nicolás Kubli (rúbrica)

Director general

México, DF, a 14 de marzo de 2011.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio número DGPL. 61-II-2-930, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Esthela Damián Peralta, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/DGAVS/301/2011 suscrito por el doctor José Luis Treviño Rodríguez, director general adjunto de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, así como los anexos que en el mismo se mencionan, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

México, DF, 10 de marzo de 2011.

Licenciado Julián Hernández Santillán

Subsecretario de Enlace Legislativo

Secretaría de Gobernación

Presente

Hago referencia al punto de acuerdo presentado por la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita al titular del Ejecutivo federal, expida y publique con la brevedad posible, el Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

Al respecto, me permito acompañar oficio 0798 suscrito por el maestro Edgar Manuel González Contreras, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, quien adjunta los comentarios del secretariado técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Doctor Luis Treviño Rodríguez (rúbrica)

Director general adjunto

México, DF, marzo 2011.

Doctor José Luis Treviño Rodríguez

Director General Adjunto de

Vinculación Social

Presente

En atención a su oficio 170/UCVPS/DGAVS/0030/2011 mediante el cual hacen del conocimiento el punto de acuerdo presentado por la senadora María Elena Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita al titular del Ejecutivo federal, expida y publique, con la brevedad posible, el Reglamento de la ley General de las

Personas con Discapacidad.

Al respecto, me permito adjuntar el oficio número ST/CND/00171/2011 del secretariado técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, mediante el cual proporciona la opinión técnica al punto de acuerdo de referencia.

Atentamente,

Edgar Manuel González (rúbrica)

Coordinador de asesores

México, DF, a 22 de febrero de 2011.

Edgar Manuel Gonzales Contreras

Coordinador de Asesores

Subsecretaría de Prevención y Promoción

De la Salud

Presente

En atención a su oficio número 345/2011 de fecha 1 de febrero del 2011 y mediante el cual se solicita un informe respecto del estado que guardan las gestiones relativas a la expedición del Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente.

En abril de 2010 la Comisión de Mejora Regulatoria (Cofemer), le otorgó a esta secretaría la exención de la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) esperando lo propio de las demás secretarías que han participado en el proceso de elaboración de dicho reglamento.

Actualmente se tiene el visto bueno de todas las dependencias de la administración pública federal que se encuentran involucradas en la formulación del contenido temático del reglamento en comento como así lo señaló la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de esta Secretaría de Salud el l0 de agosto de 2010.

Lo anterior permite contar ya con un documento terminado en su contenido y disposiciones generales.

Asimismo, contarnos con la manifestación de impacto presupuestal que nos remitieron las dependencias competentes en materia de este reglamento, quedando pendiente el correspondiente a esta secretaría.

En ese sentido, se ha avanzado en la generación de propuestas que se trabajaron con la Unidad, Coordinadora de Vinculación y Participación Social (UCVPS) de esta secretaría, pero que aún no han cumplido con los elementos que se requieren por parte de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de esta secretaría (DGPOP).

Paralelo a lo anterior, se trabajó conjuntamente con las áreas de esta secretaría, particularmente con la CGAJDH y con la UCVPS, en la expedición de contenidos diversos que propiciaran reformas a la Ley General de las Personas con Discapacidad (LGPD). Esto sin que obtuviera respuesta firme de parte de los legisladores competentes en la materia.

A partir del último trimestre del 2010, se nos hizo saber por parte de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, que se pretendía dictaminar una propuesta de reforma a dicha LGPD y que para ello, esperarían nuestros comentarios. Así entonces, procedimos a generar comentarios al documento en cuestión.

Próximos al cierre del período de sesiones del Congreso de la Unión correspondiente al primer año de gestión, se nos hace saber que se pretendía finalmente no dictaminar reformas a la LGPD, sino abrogar la misma y expedir una nueva, que se denominaría Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad.

Es de destacar que la propuesta ya fue dictaminada por el pleno de la Cámara de Diputados en sesión ordinaria del 15 de diciembre de 2010.

México, DF, a 14 de marzo de 2011.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-1-0977, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Paula Angélica Hernández Olmos, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, original del similar número PRES-10-096-2011-038, suscrito por Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a las condiciones de competencia de los mercados de abastecimiento de la canasta básica para el consumidor final.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

El Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)

México DF, a 7 de marzo de 2011.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

Presidente de la Mesa Directiva

Comisión Permanente

del Honorable Congreso de la Unión

LXI Legislatura

Presente

Hago referencia al oficio número D.G.P.L. 61-II-1-0980, por el cual se hace del conocimiento de la Comisión Federal de Competencia (CFC o Comisión) el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en sesión celebrada el 26 de enero de 2011, por el que se exhorta a la CFC en los siguientes términos:

“(...)

Segundo. La Comisión Permanente, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita del titular de la Comisión Federal de Competencia que emita opinión sobre las condiciones de competencia efectiva que guardan los mercados de abastecimiento de la canasta básica para el consumidor final, así como una lista de obstáculos que no permiten la libre competencia, que sean las causantes del aumento injustificado de precios en este inicio de 2011 y un desglose de alternativas para resolver estructuralmente dichos conflictos.

Tercero. La Comisión Permanente solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal que a través de la Secretaría de Economía, la Comisión Federal de Competencia y la Procuraduría Federal del Consumidor, en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, implanten de manera urgente a nivel nacional las medidas necesarias de verificación, vigilancia y sanción para evitar la injustificada alza de precios de los productos de la canasta básica, con objeto de proteger la economía de las familias y reducir el deterioro del poder adquisitivo de los salarios.

(. . .)” [Énfasis añadido]

Esta autoridad emite el presente a fin de atender el punto de acuerdo exclusivamente por lo que respecta a las facultades de la comisión federal de competencia (CFC), en términos de lo establecido por la ley competencia económica (LFCE).

En primer término, el punto de acuerdo solicita a la CFC emitir opinión sobre las condiciones de competencia efectiva en los mercados de abastecimiento de la canasta básica para el consumidor final. Al respecto, le informo que de acuerdo al procedimiento señalado en el artículo 7 de la LFCE, relativo a la imposición de precios en productos necesarios para la economía nacional o el consumo popular, resulta necesario que la CFC emita una resolución sobre la ausencia de condiciones de competencia efectiva en los mercados donde se pretende imponer la regulación de precios. Sin embargo, en términos del artículo 33 Bis de la LFCE, la Comisión sólo podrá emitir dicha resolución a petición del Ejecutivo federal. Para esto, la autoridad solicitante deberá motivar la necesidad de emitir la resolución y presentar información que permita determinar el mercado relevante y poder sustancial, conforme a los criterios que establece la LFCE.

En este sentido, esta autoridad no tiene facultades para iniciar de oficio el procedimiento señalado en el artículo 7 LFCE, pues por mandato de ley el Ejecutivo federal debe solicitar el inicio del procedimiento ante la Comisión.

En segundo término, el punto de acuerdo requiere que la CFC indique una lista de obstáculos que no permiten la libre competencia, causantes del aumento injustificado de precios al inicio del año. Al respecto, le informo que la Comisión en varias ocasiones ha detectado problemas y señalado ineficiencias que presentan diversos mercados de productos básicos para la alimentación de la población mexicana. Estos problemas e ineficiencias son consecuencia de regulaciones anticompetitivas que provocan distorsiones en los mercados generando mayores precios en estos productos. Un ejemplo claro es el mercado de masa y tortillas de maíz, en el cual se han detectado barreras regulatorias —sobre todo a nivel municipal— que inhiben la competencia y libre concurrencia y, por tanto, provocan precios artificialmente altos de este alimento.

Por ello, en 2010 el pleno de la Comisión emitió opinión que propone lineamientos para prevenir restricciones regulatorias al funcionamiento eficiente de los mercados de producción, comercialización y distribución de masa y tortillas de maíz, a fin de que las autoridades estatales y municipales identificaran disposiciones en sus reglamentos municipales -relativos al mercado de tortillas- que generan barreras regulatorias y provocan ineficiencias en estos mercados. Los lineamientos incluyeron cuatro recomendaciones que surgieron las restricciones más comunes identificadas por la CFC, consistentes en: 1. Eliminar distancias mínimas y otras restricciones al número de participantes; 2. Eliminar disposiciones que permiten a comercios establecidos opinar sobre entrada de nuevos participantes y precios en el mercado; 3. Atender solicitudes de acceso al mercado con base en criterios transparentes y públicos que favorezcan la entrada; y 4. Eliminar requisitos de cuotas mínimas de insumos locales. La aplicación de estos lineamientos por parte de las autoridades contribuiría a eliminar barreras artificial a la entrada de nuevas tortillerías y haría más difíciles los acuerdos ilegales de precios lo que favorecerla precios más competitivos que beneficien a los consumidores especialmente a los más pobres.

Esta opinión forma parte de varias actuaciones de la CFC relativas al mercado de masa y tortillas de maíz, las cuales han incluido procedimientos de investigación por prácticas monopólicas —que cuando resultó procedente se sancionaron—, así como la emisión de opiniones no vinculantes por parte del presidente de la Comisión. 1

De igual forma, actualmente existen dos procedimientos en curso en el mercado de masa y tortillas de maíz. En diciembre de 2010, la CFC inicio una investigación de oficio por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas consistentes en la fijación de precio en el mercado de la producción, distribución y comercialización de nixtamal y tortilla de maíz en el territorio nacional. También, en julio de 2010, se inicio una investigación por denuncia, por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas consistentes en la segmentación del mercado de la producción, distribución y comercialización de masa y tortillas de maíz en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Asimismo, en fechas recientes se han emitido opiniones sobre regulaciones tanto federales como locales que generan distorsiones en otros mercados de productos básicos para la alimentación. Por ejemplo, en diciembre de 2010 se emitió opinión sobre diversas iniciativas que pretendían crear una Ley de Mercados Públicos en el Distrito Federal, la cual contenía diversas disposiciones que resultaban contrarias a la competencia y que de aprobarse, podrían perjudicar a los consumidores que compran productos de la canasta básica en los mercados públicos del DF, en especial a los de menores ingresos. 2

Además, la CFC tiene en curso diversos procedimientos en mercados de productos básicos para la alimentación. Por ejemplo, en diciembre de 2009 se inicio una investigación de oficio por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas consistentes en la fijación de precios en el mercado de producción, distribución y comercialización de productos de la industria avícola en el territorio nacional. De igual forma, existe procedimiento de investigación de oficio por la posible comisión de diversas prácticas monopólicas relativas en el mercado de la producción, distribución y comercialización de guayabas de exportación, iniciado en enero de 2010.

En el mismo sentido, en los últimos años la CFC ha sancionado a varios agentes económicos por prácticas monopólicas en mercados de productos básicos para la alimentación. Por ejemplo, en febrero de 2004 se concluyó un procedimiento por prácticas monopólicas absolutas consistentes en segmentar mercados de frutas y verduras, cometidas por varios agentes económicos en un municipio del estado de Sinaloa, en el cual se ordenó la supresión de las prácticas. También en 2002, se sancionó a un sindicato y sus agremiados por la comisión de prácticas monopólicas absolutas y relativas en el mercado de distribución y comercialización de carne de porcino en el estado de Campeche, consistentes en segmentar mercados y rehusarse a vender o proporcionar bienes normalmente ofrecidos a terceros. Además, se han emitido recomendaciones a diversas entidades federativas, a fin de que eliminaran barreras al comercio interestatal que impedían la competencia y libre concurrencia en productos alimentarios como carne, huevo, tomate fresco, entre otros.

Por otra parte, esta autoridad considera que existen problemas estructurales en diversos sectores que tienen efectos negativos en la eficiencia de los mercados. Estos problemas existen principalmente en sectores de impacto horizontal como telecomunicaciones, servicios financieros, energía y transporte denominados sectores regulados, los cuales presentan ineficiencias que se trasladan al resto de las actividades económicas del país, como las relacionadas con productos básicos para la alimentación. Estas ineficiencias se deben esencialmente a deficiencias en el marco regulatorio de los sectores regulados que limitan injustificadamente la competencia.

Por ello, conforme a las facultades que le otorga la LFCE, la CFC mediante la emisión de opiniones ha participado activamente en el impulso .de medidas que contribuyan a disminuir los precios al consumidor y generar mayor crecimiento económico, a través de la propuesta de acciones concretas de política pública y de mejora al marco regulatorio. Algunas de estas propuestas, se han adoptado en la regulación sectorial e implantando en el diseño de políticas públicas, por lo que ya existen algunos resultados concretos en los sectores regulados.

Por último, el punto de acuerdo solicita a la CFC señalar un desglose de alternativas para resolver estructuralmente los conflictos referidos. Al respecto, esta autoridad considera que una medida de política pública que ha probado ser efectiva para contener el incremento de los precios en los bienes y servicios en el mediano y largo plazo, es la promoción de mayor competencia y libre concurrencia. Esta medida crea las bases y condiciones para que los mercados funcionen de manera eficiente, lo cual no sólo evita el incremento en los precios, sino genera más opciones y mejor calidad de bienes y servicios, que benefician a la población, en especial a la que tiene menores recursos.

En este sentido, para lograr mayor competencia se requieren dos acciones específicas: mejorar el marco regulatorio y fortalecer la política de competencia. Las mejoras al marco regulatorio se logran mediante reformas que promueven la incorporación de medidas pro ­competitivas y eliminación de barreras a la entrada en la regulación. Por ello, la CFC manifiesta su disposición de colaborar con el honorable Congreso de la Unión para trabajar conjuntamente en iniciativas que tengan por objeto generar un marco regulatorio más eficiente.

En materia de política de competencia, en abril de 2010, el presidente de la República presentó una iniciativa de ley para reformar la LFCE a fin de fortalecer la política de competencia y reforzar las facultades de la CFC. Esta iniciativa tiene tres objetivos principales.

El primer objetivo es el fortalecimiento de la política de competencia, el cual incluye los siguientes temas: i) la mejora al esquema de sanciones económicas y penales, las cuales contribuirían a disuadir efectivamente la comisión de prácticas monopólicas; ii) la agilización de visitas de verificación, con el fin de obtener información relevante de forma expedita para la investigación de prácticas monopólicas; y iii) facultar a la CFC para ordenar medidas cautelares, con objeto de prevenir que las conductas anticompetitivas dañen gravemente el proceso de competencia y libre concurrencia.

El segundo objetivo es la facilitación del cumplimiento de la legislación de competencia, el cual abarca los siguientes temas: i) la terminación anticipada de los procedimientos, la cual pretende dar opciones a los agentes económicos investigados para acelerar la solución del problema, minimizar el uso de recursos públicos y evitar litigios; ii) las audiencias orales, a fin de darle oportunidad al probable responsable de esclarecer sus argumentos de manera oral antes de que se emita resolución; y iii) la simplificación de la notificación de concentraciones, con objeto de disminuir la carga regulatoria de las concentraciones sin problemas de competencia.

El tercer objetivo es la corrección de lagunas en la legislación actual y en el funcionamiento institucional, el cual contempla los siguientes temas: i) la posibilidad de determinar poder sustancial conjunto, en caso de que más de una empresa impida el acceso a nuevos competidores; ii) facultar a la CFC para requerir información para estudios de mercado y opiniones, con objeto de brindarle una base más sólida en la elaboración de éstos; iii) facultar a la CFC para emitir lineamientos en materia de competencia y libre concurrencia en el otorgamiento de concesiones, adquisiciones y obra pública, a fin de incorporar criterios pro competitivos en estos procesos y garantizarle las mejores condiciones al Estado; iv) brindar mayor certeza jurídica a los agentes económicos, a través de una operación institucional más transparente; y v) establecer tribunales especializados en materia de competencia, con el objeto de agilizar la resolución de controversias.

Esta iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados en sesión del 29 de abril de 2010 y modificada por el Senado del República en diciembre del mismo año. En su caso, la futura aprobación de la iniciativa permitiría reforzar las herramientas con que cuenta la CFC para combatir eficazmente las restricciones al proceso de competencia y libre concurrencia, lo que beneficiaría al país en términos de menores incrementos y mayor oferta con mejor calidad y menores precios en productos y servicios.

Por otra parte, esta autoridad considera que debería analizarse el régimen de comercio exterior (por ejemplo, las cuotas compensatorias) que se aplica a los productos básicos para la alimentación de la población mexicana, a fin de evitar que éstas puedan implicar riesgos a la competencia y libre concurrencia en estos mercados.

Finalmente, esta autoridad reitera su compromiso de vigilar y sancionar cualquier práctica que tenga por objeto dañar el proceso de competencia y libre concurrencia, al tiempo de promover la inclusión de principios pro-competitivos en el marco regulatorio del país que evite el incremento de los precios en bienes y servicios y beneficie a la población.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi atenta consideración.

Notas

1Disponibles en http://www.cfc.gob.mx/index.php/RESOLUCIONES-Y-OPINIONES/buscador-de-re soluciones-y-opiniones-de-la-cfc.html

2Disponible en http://resoluciones.cfc.gob.mxlDocs/Mercados%20ReguladosN3/7/1388785.pd f

Atentamente

Eduardo Pérez Motta (rúbrica)

Presidente de la Comisión Federal de Competencia

(El secretario ejecutivo de la Comisión Federal de Competencia, Ali B. Haddou Ruiz, con fundamento en los artículos 29 de la Ley Federal de Competencia Económica, y 23, fracción XI, del Reglamento Interior de la Comisión Federal de Competencia, certifica que la presente es copia fiel de su original y consta de seis fojas útiles.- Doy fe. Rúbrica.)