De la Comisión de Economía, relativa a la reunión ordinaria llevada a cabo el miércoles 22 de septiembre de 2010

Siendo las 9:32 horas del día 22 de septiembre del 2010, en el salón E del edificio G del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron los miembros de la Comisión de Economía, para dar inicio a la reunión ordinaria correspondiente.

En dicha reunión hicieron acto de presencia las diputadas y los diputados Ildefonso Guajardo Villarreal, presidente de la Comisión; Alejandro Cano Ricaud, Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Narcedalia Ramírez Pineda, Melchor Sánchez de la Fuente, José Luis Velasco Lino, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, María Antonieta Pérez Reyes, Norma Sánchez Romero, Indira Vizcaíno Silva, Rodrigo Pérez-Alonso González, secretarios; José Antonio Arámbula López, Raúl Gerardo Cuadra García, Sergio Gama Dufour, Noé Fernando Garza Flores, Susana Hurtado Vallejo, Ramón Jiménez López, Gerardo Leyva Hernández, Jorge Humberto López-Portillo Basave, Luis Enrique Mercado Sánchez, David Penchyna Grub, David Ricardo Sánchez Guevara, y Carlos Torres Piña, integrantes.

Asistencia del diputado Mario di Costanzo Armenta, en representación de la diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández, integrante.

Diputados que justificaron su inasistencia: Jorge A. Kahwagi Macari, secretario, Jorge Hernández Hernández y Ifigenia Martha Martínez y Hérnandez, integrantes.

Se confirmó la existencia del quórum reglamentario y se procedió a dar lectura al proyecto del orden del día.

Lectura del orden del día

1. Lista de asistencia. 2. Lectura del orden del día. 3. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de dictamen: Primero. Dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Correduría Pública. Segundo. Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y deroga la fracción VII del artículo 21 del Código de Comercio. Tercero. Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción VI del artículo 1o. del capítulo VII, y el artículo 212 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Cuarto. Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 10-A, 15, 16 y 16-A de la Ley de Inversión Extranjera; se reforman los artículos 6, fracción IV; 64, 86, 89, fracciones II, III, y 145 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; se modifica el artículo 9o., fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; se modifica la fracción V del artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; se derogan las fracciones I, II y se modifican las fracciones IV y VII del artículo 25 de la Ley Federal de Derechos; se adiciona un párrafo al artículo 69-C de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y, se adicionan los artículos 7 y 15 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal. Quinto. Dictamen a la proposición con punto de acuerdo que solicita la intervención de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Economía, así como del Medio Ambiente y Recursos Naturales a fin de que rindan a esta soberanía informes respecto de la industria automotriz. Sexto. Dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Economía y de Turismo, a ejercer una acción coordinada a fin de emitir una norma oficial mexicana con el fin de incrementar y fortalecer la actividad turística en México. Séptimo. Dictamen a la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a través de la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a los gobiernos y entidades federativas y sus municipios así como los gobiernos del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales a implantar de forma individual o coordinada campañas informativas sobre los riesgos de la usura. Octavo. Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a continuar las mediciones sobre simplificación administrativa en los tres niveles de gobierno. Noveno. Opinión a la proposición con punto de acuerdo para exhortar al director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), a fin de uniformar los contratos de franquicia y suministro establecidos con las estaciones de servicio del país; a las secretarías de Economía y Energía para que emitan normas oficiales mexicanas que certifiquen a los volúmenes entregados por Pemex Refinación a las gasolineras y a la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las instituciones financieras y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el ejercicio de sus respectivas atribuciones revisen el esquema de pagos de gasolina y diesel con el uso de tarjetas de crédito y débito. Décimo. Opinión sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para la Salud Alimentaria. 4. Asuntos generales; y 5. Clausura

El proyecto del orden del día fue aprobado por las diputadas y los diputados miembros de la comisión.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de dictamen

El secretario diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, abordó el primer dictamen, correspondiente a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Correduría Pública, y de manera textual, dio lectura a su resolutivo en los siguientes términos: “La Cámara de Diputados acuerda: decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Correduría Pública, Único. Se reforman los artículos 2; 3, fracción I; 16; 18; 19, fracción V; y se adicionan dos párrafos a la fracción V del artículo 19; todos de la Ley Federal de Correduría Pública, para quedar como sigue: artículo 2o. La aplicación de la presente ley corresponde al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía con la participación que corresponda a las autoridades estatales. Cuando esta ley haga referencia a la secretaría se entenderá Secretaría de Economía. Artículo 3o. fracción I. Asegurar la eficacia del servicio que prestan los corredores públicos, como auxiliares del comercio y como fedatarios públicos en la materia que esta ley les autoriza, cuidando siempre la seguridad jurídica en los actos que intervengan; artículo 16. Los corredores diariamente, por orden de fecha y bajo numeración progresiva, formarán archivo de las pólizas y actas de los actos en que intervengan y en el mismo orden asentarán el extracto de las pólizas en el libro especial que llevarán al efecto y que se denominará de registro, el cual deberá estar formado por volúmenes de doscientas cincuenta hojas foliadas y que no deberá tener raspaduras, enmendaduras, o abreviaturas. El libro de registro y el archivo deberán llevarse con estricto apego a lo dispuesto por esta ley y su reglamento. Además de los libros descritos en los dos párrafos anteriores, los corredores públicos integrarán y trasmitirán los archivos electrónicos de los mismos bajo las características de orden y contenido similares a las versiones que señalan los dos párrafos anteriores y conforme a las disposiciones que se prevean en el reglamento de esta ley y los criterios que al efecto emita la secretaría. Artículo 18. Las actas y pólizas autorizadas por los corredores son instrumentos públicos y los asientos de su libro de registro y las copias certificadas y demás ejemplares que expida de las pólizas, actas y asientos, en los que esté autorizado a intervenir como fedatario, son documentos públicos que hacen prueba plena de los contratos, actos jurídicos y hechos respectivos. Artículo 19 fracción V. Elaborarse en español. Podrán asentarse palabras en otro idioma que sean generalmente usadas como términos de ciencia o arte, o que sean usadas como nombre o marca o aviso comercial, o en actas y pólizas cuando se trate de transcripciones literales o de lo percibido por el corredor público respectivamente. Los documentos que se le presenten en idioma extranjero deberán ser traducidos por perito traductor reconocido por alguna autoridad. No se requerirá traducción cuando se trate de documentos presentados para cotejo, o cuando se trate de dar fe de hechos de la entrega o recepción de documentos o para realizar el reconocimiento o puesta de firmas, siempre y cuando las partes declaren conocer y entender su contenido y alcance y el corredor comprenda cabalmente el contenido y alcance del mismo. Transitorios. Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo.- El Ejecutivo federal, contará con un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto para expedir las modificaciones necesarias al reglamento de esta ley. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de septiembre de 2010.

El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal, seguidamente comentó que se trataba de una minuta generada a partir de una amplia discusión y concertación entre las diferentes fracciones parlamentarias en el Senado de la República, con transformaciones de fondo, respecto a la cual la presidencia de la comisión proponía se aprobara en sus términos para agilizar el proceso legislativo, considerando que las correcciones del Senado eran las apropiadas. Dicho lo cual expresó que el dictamen se sometía a la discusión de los miembros de la comisión.

El diputado Sergio Gama Dufour, haciendo referencia a uno de los objetivos del presente decreto; el de sustituir a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial por el de la Secretaría de Economía; por lo cual solicitó para que ésta estuviera completa se debe reformar la fracción I del artículo 10, por lo que hace referencia textualmente; “El examen definitivo será sustentado ante un jurado que se integra como sigue: un representante de la secretaría, el cual deberá tener por lo menos nivel de director general o contar con designación específica del secretario de Comercio y Fomento Industrial y sin cuya presencia no podrá celebrar el examen”.

A lo que el legislador propone reformar para que dar como sigue: “Un representante de la secretaría, el cual deberá tener por lo menos nivel de director general o contar con la designación específica del secretario de Economía y sin cuya presencia no podría celebrar el examen”.

El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez, procedió a indicar que si no había alguna otra intervención, procedía a someter a la consideración de los legisladores el dictamen, con la observación planteada, tras lo cual fue sometido a votación, siendo aprobado por unanimidad.

Seguidamente, el secretario abordó el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto en que reforma la fracción I del artículo 9o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y deroga la fracción VII del artículo 21 del Código de Comercio. En consecuencia dio lectura a lo acordado por la Cámara de Diputados, en los siguientes términos: “Artículo Único. Se reforma la fracción I del artículo 9o. de la Ley de General de Títulos y Operaciones de Crédito, para quedar como sigue: Artículo 9o. La representación para otorgar o suscribir títulos de crédito se confiere mediante poder otorgado a instrumento público. Transitorio: Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de septiembre del año 2010.

El presidente diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, pidió a la Secretaría Técnica que instruyera al asesor jurídico para que ofreciera una explicación del propósito del dictamen.

El licenciado Andrés Alejandro Pérez Frías indicó que se trataba de una iniciativa presentada por el diputado Jesús Ramírez Rangel, del Partido Acción Nacional, en la presente legislatura, en que se propone establecer que no sea necesario inscribir en el Registro Público de Comercio los poderes otorgados para expedir títulos de crédito. Asimismo expresó que la iniciativa incluía la derogación del artículo 21 del Código de Comercio, que implicaba una modificación ya efectuada en julio del 2008, tras la correspondiente reforma del Código de Comercio.

El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal, al respecto comentó que, en concreto, se estaba realizando una homologación de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito respecto a los cambios ya introducidos en el Código de Comercio.

El licenciado Andrés Alejandro Pérez Frías, expresó que así era y que, además, se cambiaba el término “escritura pública” por el de “instrumento público”, en correspondencia con las reformas entre mayo y julio del 2008. También expresó que, como se había señalado, ya no sería necesario registrar en el Registro Público de Comercio los poderes para otorgar títulos de crédito.

El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez, tras preguntar si había algún otro comentario por parte de los miembros de la comisión, sometió a consideración de los mismos el dictamen, mismo que fuera aprobado por unanimidad.

El siguiente punto en el orden del día es el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción VI del artículo 1o. del capítulo VII y el artículo 112 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y de manera textual, dio lectura a su resolutivo en los siguientes términos: “La Cámara de Diputados acuerda: Decreto por el que se deroga la fracción VI del artículo 1o. del capítulo VII y el artículo 112, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y se deroga el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Cooperativas artículo primero. Se deroga la fracción VI del artículo 1, el capítulo VII y el artículo 212 de la Ley General de Sociedades Mercantiles para quedar como sigue: artículo 1o.- Esta ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles: VI. Se deroga. Capítulo VII. Se deroga, artículo 112. Se deroga, artículo segundo. Se deroga el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, para quedar como sigue: artículo 10. Las sociedades que simulen constituirse en sociedades cooperativas o usen indebidamente las denominaciones alusivas a las mismas, serán nulas de pleno derecho y estarán sujetas a las sanciones que establezcan las leyes respectivas. Transitorio Único. Las reformas a la Ley General de Sociedades Mercantiles y Ley General de Sociedades Cooperativas contenidas en el presente decreto entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de septiembre de 2010.

El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal, indicó que el dictamen respondía a un esfuerzo por poner en sintonía la Ley General de Sociedades Mercantiles, con el fin de dar un tratamiento por separado a las cooperativas. Luego pidió al asesor jurídico de la secretaría técnica que hiciera un comentario al respecto.

El licenciado Andrés Alejandro Pérez Frías, comentó que dicha reforma tenía por objeto eliminar a las sociedades cooperativas de las sociedades mercantiles y que en tal sentido era preciso recordar que en el 2007 el constituyente permanente reformó la Constitución, al adicionar una fracción al artículo 73, con el fin de establecer las facultades expresas del Congreso para legislar en materia de cooperativas. Agregó que el dictamen correspondiente establecía que se trataba de dar autonomía a las sociedades cooperativas y crear un nuevo derecho cooperativo, de manera que la propuesta de reforma a la que correspondía el dictamen consistía en actualizar la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley de Sociedades Cooperativas respecto a la reforma constitucional del 2007.

El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal, seguidamente puso el dictamen a consideración de las diputadas y los diputados miembros de la comisión.

El diputado Sergio Gama Dufour al respecto comentó estar de acuerdo con el dictamen en lo general, pero no así con la propuesta de derogar el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, que establece lo siguiente “Se aplicará como legislación supletoria en materia de sociedades cooperativas las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en lo que no se oponga a la naturaleza, organización y funcionamiento de aquellas.” Tras lo cual dijo que su desacuerdo radicaba en dos consideraciones; la primera de ellas en el sentido de que no se motivaba ni fundamentaba dicha determinación, ya que sólo se aducía que para lograr el propósito no sólo era necesaria la derogación de los dispositivos mencionados en la iniciativa, sino también la referencia en el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Cooperativas; la segunda consideración planteada por el diputado consistió en argumentar que era preciso buscar la verdad jurídica respecto al hecho de que la Ley General de Sociedades Mercantiles se considerara en forma supletoria con respecto a la Ley General de Sociedades Cooperativas, en la medida en que no se oponga a ésta; asimismo, y tras esgrimir otros argumentos, el diputado Gama Dufour procedió a citar -según su propio dicho con el fin de contar con una mejor visión de la supletoriedad- la tesis jurisprudencial 589, correspondiente a la página 533 del registro 91-81-23 tomo VI de fuente apéndice 2000, bajo el rubro de supletoriedad de leyes, en la que se menciona que “La supletoriedad sólo se aplica para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones en forma en que se integre con principios generales contenidos en otras leyes. Cuando la referencia de una ley a otra es expresa debe de entenderse que la aplicación de la supletoria se hará en los supuestos no contemplados por la primera ley que la complementaría ante posibles omisiones o para la interpretación de sus disposiciones.” Tras citar textualmente otros contenidos pertenecientes a la referida tesis, el diputado Gama Dufour concluyó afirmando que no se debía derogar el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

La diputada Susana Hurtado Vallejo, manifestó coincidir con lo manifestado por el diputado Gama Dufour, ya que, salvo las de consumo, las cooperativas son organizaciones con fines de lucro que se dedican a la producción, comercialización de bienes y servicios, y enseguida mencionó a varios tratadistas que en Europa y en América sostienen el carácter mercantil de sociedades cooperativas. Asimismo, la diputada Hurtado Vallejo mencionó que si bien existe la Ley General de Sociedades Cooperativas que norma la conducta de las mismas, dicha ley se deriva de una general, es decir, de la Ley General de Sociedades Mercantiles; asimismo agregó que la Ley General de Sociedades Cooperativas le confiere una autonomía plena al derecho cooperativo, de manera que suprimir a las cooperativas de la Ley General de Sociedades Mercantiles sería contraproducente, pues aquellas pagan impuestos como cualquier empresa, además de que las ventajas contributivas de que gozan están previstas en la Ley del Impuesto sobre la Renta y en la Ley de Impuesto Empresarial a la Tasa Única.

El presidente diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, pidió que el asesor jurídico de la secretaría técnica de la comisión procediera a plantear su punto de vista respecto a lo planteado por la diputada Hurtado Vallejo y el diputado Gama Dufour, para después deliberar sobre los términos del dictamen.

El licenciado Andrés Alejandro Pérez Frías, en referencia al comentario del diputado Gama Dufour respecto a la supletoriedad de la Ley de Cooperativas, expresó que la secretaría técnica optó por esta vía con el propósito de darle autonomía al derecho cooperativo; en tal sentido señaló que la Ley General de Sociedades Mercantiles no contiene ninguna disposición que haga referencia a una supletoriedad con respecto a otra ley; de manera que la Ley General de Sociedades Mercantiles es autónoma y sus principios, problemas de interpretación e integración se rigen con respecto a sus propios principios; de tal manera que si surge algún problema es preciso considerar los principios que establece la propia Ley de Sociedades Mercantiles. El ciudadano Pérez Frías agregó que el propósito de conferirle autonomía a las cooperativas era separarlas de las sociedades mercantiles, con el fin de que en el contexto de su propio sistema jurídico generaran propios principios e instituciones. Seguidamente el asesor jurídico, con respecto a la tesis jurisprudencial mencionada por el diputado Gama señaló que existe otra tesis de jurisprudencia que establece que no puede aplicarse supletoriamente una ley si el cuerpo a ser suplido no establece expresamente la supletoriedad de otro cuerpo normativo, por lo que no existía problema alguno en que se derogara la referida supletoriedad. Con respecto a lo planteado por la diputada Hurtado Vallejo, el licenciado Pérez Frías expresó que el hecho de que las sociedades cooperativas dejen de ser sociedades mercantiles, no implica que no estén integradas por comerciantes y que por ese motivo fueran susceptibles de un tratamiento fiscal distinto; asimismo agregó que la calidad de los actos de comercio están definidos por su naturaleza, independientemente de que las sociedades que los lleven a cabo dejen de ser mercantiles; acto seguido, y con referencia a los impuestos, señaló que tanto la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece capítulos especiales sobre las sociedades cooperativas, en los que se les otorga un tratamiento especial, que de ninguna manera se modifica.

El diputado Raúl Gerardo Cuadra García, intervino para señalar, con referencia a lo expresado por el asesor jurídico de la comisión que, en materia fiscal, el Código Fiscal de la Federación establece cuáles son los actos de comercio, de manera que independientemente de quién los realice está muy claro cuáles están gravados y cuáles no lo están, de suerte que en el caso de las sociedades cooperativas, la parte fiscal está protegida.

El diputado David Penchyna Grub, por su parte señaló que el fondo de la propuesta consistía en hacer crecer la figura de las cooperativas en México y otorgarles mayoría de edad y que para ello era preciso quitarles las ataduras que como derecho supletorio generaba la Ley de Sociedades Mercantiles, mismo que era supletorio o aplicaba de lleno cuando no existía la reforma constitucional llevada a cabo. El diputado Penchyna agregó que los actos de comercio se reputan por sí mismos, de manera que los llevados a cabo por sociedades cooperativas no dejan de serlo; asimismo señaló que de impulsarse la reforma en cuestión, no se estaría incurriendo en ilegalidad alguna, ya que, por el contrario, se estaría actuando en concordancia con la reforma constitucional y se estaría empezando a madurar el cuerpo jurídico de las empresas cooperativas. En este punto de su intervención, el diputado Penchyna reiteró su convicción de que las opiniones externadas por los diputados que le habían antecedido en la palabra, eran muy respetables, pero correspondían a una situación anterior a la reforma constitucional; en igual forma indicó que en materia fiscal, las cooperativas tienen una regulación especial y que para confirmarlo basta con revisar las misceláneas fiscales de cada año. Por último, el legislador expresó que lamentablemente en México hay muy pocos modelos dignos de presumir en materia de cooperativismo y que, tras la gran reforma constitucional llevada a cabo, era preciso impulsar las reformas correspondientes en las leyes secundarias.

La secretaria Norma Sánchez Romero, expresó su acuerdo con el sentido del dictamen y con la oportunidad de la reforma planteada, no por los motivos expuestos por el legislador, ni por aquellos de orden fiscal o económico, sino por el hecho darle congruencia al ordenamiento planteado en la iniciativa.

El diputado Sergio Gama Dufour, expresó su acuerdo en lo general con el dictamen, si bien persistían algunas dudas con los elementos a la mano, al tiempo de señalar que, con relación a ello, lo que abunda no daña.

El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez, por petición del presidente Guajardo, sometió a votación el referido dictamen, mismo que fue aprobado por unanimidad.

Seguidamente, el secretario procedió a abordar la iniciativa de dictamen con proyecto por el que se reforman los artículos 10-A, 15, 16 y 16-A de la Ley de Inversión Extranjera.

El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal, pidió la palabra con el fin de hacer un reconocimiento al gran trabajo llevado a cabo por la diputada Norma Sánchez respecto al desarrollo y a la integración de la propuesta, al tiempo de señalar que la secretaría técnica respetó el contenido fundamental de la misma, junto con el hecho de que, en términos de diferencias, en un par de puntos planteaba abundar en el debate. Dicho esto, el diputado Guajardo pidió al diputado secretario continuar con el orden del día.

El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez, procedió, a abordar el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 10-A, 15, 16 y 16-A de la Ley de Inversión Extranjera; se reforman los artículos 6o., fracción IV; 64, 86, 89, fracciones II y III y 145 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; se modifica el artículo 9, fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; se modifica la fracción V del artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; se derogan las fracciones I, II y se modifican las fracciones IV y VII del artículo 25 de la Ley Federal de Derechos; se adiciona un párrafo al artículo 69-C de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y, se adicionan los artículos, 7 y 15 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal. Y de manera textual, el secretario Morán Sánchez, dio lectura a su resolutivo en los siguientes términos: “La Cámara de Diputados acuerda: Decreto por el que se reforman los artículos 10A, 15, 16 Y 16A de la Ley de Inversión Extranjera; se reforman los artículos 6 fracción IV; 62, 64, 86, 89 fracciones II, III Y 145 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; se modifica la fracción V del artículo 28 Y se adicionan las fracciones VII Bis Y XXIV Bis al artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; se derogan las fracciones I Y II y se modifican las fracciones IV Y VII del artículo 25 de la Ley Federal de Derechos; se adiciona un párrafo al artículo 69C de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y se modifican los artículos 2, 7, 10, 11 Y 15 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, en los términos siguientes: “Artículo Primero: Se reforman los artículos 10A, 15, 16 y 16A de la Ley de Inversión Extranjera, para quedar como sigue: Artículo 10 A.- Los extranjeros que pretendan adquirir bienes inmuebles fuera de la zona restringida, u obtener concesiones para la exploración y explotación de minas y aguas en el territorio nacional, deberán presentar previamente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores un aviso en términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuando el bien inmueble que se pretenda adquirir esté en un municipio totalmente ubicado fuera de la zona restringida o cuando se pretenda obtener una concesión para la explotación de minas y aguas en territorio nacional, el aviso se entenderá aceptado si no se publica en el Diario Oficial de la Federación la negativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la presentación del aviso. Artículo 15. La Secretaría de Economía autorizará el uso de las denominaciones o razones sociales con las que pretendan constituirse las sociedades. Se deberá insertar en los estatutos de las sociedades que se constituyan, la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción I del artículo 27 constitucional. Artículo 16.- El procedimiento referido en el artículo anterior, se aplicará para sociedades constituidas que cambien su denominación o razón social. Las sociedades que modifiquen su cláusula de exclusión de extranjeros por la de admisión, deberán notificarlo a la Secretaría de Economía, dentro de los treinta días hábiles siguientes a dicha modificación. Artículo 16 A.- Las solicitudes a que se refieren los artículos 15 y 16 de esta ley deberán ser resueltas por la Secretaría de Economía, dentro de los dos días hábiles inmediatos siguientes al de su presentación. Artículo Segundo. Se reforman los artículos 6, fracción IV, 62, 64, 86, 89, fracciones II, III y 145 de la Ley General de Sociedades Mercantiles para quedar como sigue: artículo 6.- fracción IV. Su duración, misma que podrá ser indefinida. Artículo 62.- El capital social nunca será inferior a tres mil pesos; se dividirá en partes sociales que podrán ser de valor y categoría desiguales, pero que en todo caso serán de cien pesos o de un múltiplo de esta cantidad. Artículo 64. Al constituirse la sociedad el capital deberá estar íntegramente suscrito. Asimismo deberá estar íntegramente exhibido, salvo pacto en contrario. Artículo 86. Son aplicables a las sociedades de responsabilidad limitada las disposiciones de los artículos 27, 29, 30, 38, 42, 43, 44, 48 y 50 fracciones I, II, III y IV, así como el artículo 145, en lo que resulte aplicable. Artículo 89. fracción II. Que los estatutos establezcan el monto mínimo del capital social, el cual no deberá ser menor de tres mil pesos y estará íntegramente suscrito; fracción III. Que se exhiba en dinero efectivo, la totalidad del valor de cada acción pagadera en numerario, salvo pacto en contrario, y artículo 145. La asamblea general de accionistas, el consejo de administración o el administrador, podrá nombrar uno o varios gerentes generales o especiales, sean o no accionistas. Asimismo, la asamblea, el consejo, el administrador, los gerentes, así como cualquier otra persona con facultades expresas, podrán nombrar a uno o varios funcionarios de la sociedad, sean o no accionistas, a los cuales les serán aplicables las mismas reglas que a los gerentes generales o especiales, según sea el caso. Los nombramientos antes referidos serán revocables en cualquier tiempo por el administrador o consejo de administración o por la asamblea general de accionistas. Artículo Tercero. Se modifica la fracción V del artículo 28 y se adicionan las fracciones VII Bis y XXIV Bis al artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue: artículo 28. fracción V.- Conceder a los extranjeros las licencias y autorizaciones que requieran conforme a las Leyes para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones en la República Mexicana; obtener concesiones y celebrar contratos, intervenir en la explotación de recursos naturales o los permisos para adquirir bienes inmuebles o derechos sobre ellos. Artículo 34. fracción XII Bis. Autorizar el uso o modificación de denominación o razón social de sociedades mercantiles o civiles, así como recibir el aviso de cambio de cláusula de exclusión o de admisión de extranjeros en los estatutos respectivos; fracción XXIV Bis. Organizar, unificar e implementar el sistema informático que establecerá expedientes electrónicos empresariales con la finalidad de simplificar los trámites que los interesados realizan en la administración pública federal centralizada y paraestatal. Artículo Cuarto.- Se deroga la fracción I, II y se modifica las fracciones VI y VII del artículo 25 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue: Artículo 25. Por la realización de trámites relacionados con la fracción IV del artículo 27 constitucional, se pagará derechos conforme a las siguientes cuotas: I. (Derogado), II. (Derogado), VI.- Por la recepción y estudio del escrito de convenio de renuncia, para la obtención de concesiones para la exploración y explotación de minas o aguas en el territorio nacional $5,074.56 pesos, VII. (Derogada). Artículo Quinto. Se adicionan cinco párrafos al artículo 69 C de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en los términos siguientes: artículo 69 C. Asimismo, a efecto de facilitar las gestiones de los interesados frente a las autoridades y evitar duplicidad de información en trámites y crear sinergias entre las diversas bases de datos, las dependencias y organismos descentralizados que estén vinculados en la realización de procedimientos administrativos relacionados con la apertura y operación de empresas, estarán obligados a coordinarse con la Secretaría de Economía, para el cumplimiento de dichos fines. La Secretaría de Economía tendrá la facultad de organizar, unificar e implementar el sistema informático que preverá expedientes electrónicos empresariales. Los expedientes electrónicos empresariales se compondrán, por lo menos, del conjunto de información y documentos electrónicos generados por la autoridad y por el interesado relativas a éste y que se requieren para la realización de cualquier trámite ante la Administración Pública Federal centralizada y descentralizada, la información y documentos electrónicos contenidos en el expediente electrónico gozarán, para todos los efectos jurídicos a que haya lugar, de equivalencia funcional en relación con la información y documentación en medios no electrónicos, siempre que la información y los documentos electrónicos originales se encuentren en poder de la Administración Pública Federal o cuando cuenten con la firma digital de las personas facultadas para generarlos o cuando hayan sido verificados por la autoridad requirente. Las normas reglamentarias del expediente electrónico empresarial desarrollarán, entre otros, los procedimientos y requisitos técnicos del mismo. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, podrá celebrar convenios con los estados y municipios del país que deseen incorporarse al sistema electrónico de apertura y operación de empresas que se ha mencionado en los párrafos anteriores. Artículo Sexto. Se modifican los artículos 2, 7 10, 11 y 15 la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, en los términos siguientes: Artículo 2o. La aplicación de esta ley en la esfera administrativa corresponde a la Secretaría de Economía, sin perjuicio de las atribuciones que las demás leyes otorguen a otras autoridades federales, en cuanto no se prevean en forma expresa en esta propia ley con el presente ordenamiento se mencione a La Secretaría, se entenderá que se trata de la citada Secretaría de Economía. Artículo 7o. fracción V. Llevar a cabo el procedimiento simplificado de constitución de empresas microindustriales, de acuerdo con lo establecido en la presente ley y con los convenios de coordinación que para tal efecto celebren. Artículo 10. Cuando un empresario desee transmitir la empresa a otra persona, se deberá solicitar previamente de la secretaría la inscripción del nuevo empresario en el padrón y el consecuente otorgamiento de la nueva cédula, para que el adquirente pueda disfrutar de los beneficios establecidos para las microindustrias. Artículo 11. Al cancelarse la inscripción y la cédula, el empresario no podrá seguir utilizando el término “empresa microindustrial” o su sigla “MI”, y “ART”, en su caso, ni solicitar y obtener los beneficios que se conceden a las empresas microindustriales, quedando obligado a devolver la cédula a la secretaría dentro de un plazo de 15 días hábiles. Artículo 15. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía podrá suscribir convenio con los gobiernos de los estados para delegar las facultades previstas en el presente artículo y capítulo de la ley y con ello facilitar los procedimientos de constitución de empresas microindustriales. Artículos Transitorios: Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, por lo que se refiere a la Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Derechos y la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal. Segundo. Las reformas a la Ley de Inversión Extranjera entrarán en vigor seis meses contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Tercero. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo entrará en vigor en un plazo de un año a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de septiembre de 2010.

El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal, antes de dar pie la discusión, pidió a la diputada Norma Sánchez Romero que hiciera algunos comentarios sobre su propuesta de reforma.

La diputada Norma Sánchez Romero, al respecto comentó que consideraba que era trascendental impulsar la mejora regulatoria en materia de la facilitación de la apertura de empresas, con el fin de las que hoy aún permanecen en la informalidad se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes y ello redunde en una mayor recaudación fiscal, en un mayor fomento al empleo y a la creación de empresas, así como en mejores niveles de competitividad en beneficio del país.

El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal, tras agradecer a la diputada Sánchez Romero su intervención, pidió al secretariado técnico, a través del área legal que, de acuerdo a como se presentaba el dictamen, estableciera los puntos respecto a los cuales se hacían algunas observaciones, todavía pendientes de resolver.

El licenciado Andrés Alejandro Pérez Frías, asesor jurídico del secretariado técnico de la comisión, indicó que se proponía modificar el punto relativo a la desaparición del capital social mínimo necesario para constituir sociedades anónimas, ya que si bien se estimaba que no había razón objetiva para que actualmente fueran de 50 mil pesos, eliminar toda cantidad sería incurrir en el extremo opuesto; por ello se proponía que el referido monto se estableciera en 3 mil pesos, el mismo que en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada. El asesor jurídico asimismo señaló que, en el contexto de la representación orgánica y la representación voluntaria en materia de las sociedades mercantiles, otro punto de que ha sido motivo de frecuente debate radicaba en la figura de los directivos de las empresas, a propósito de si bastaba que en las actas constitutivas de las mismas se mencionaran determinados puestos y las facultades a ser ejercidas por quienes los ocuparan -así, por ejemplo, en el caso de una gerencia general- para que el individuo designado para ello, por ese mero hecho ya pudiera ejercer las facultades enunciadas en el acta sin necesidad de que le fuera expedido un poder. El abogado Pérez Frías concluyó su comentario señalando que en este punto no se había modificado la propuesta original.

El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal, procedió a pedir a las diputadas y a los diputados miembros de la comisión que plantearan su punto de vista en términos de la discusión que se iniciaba en ese momento y concedió la palabra al diputado Pérez-Alonso.

El diputado Rodrigo Pérez-Alonso González, con relación al monto mínimo necesario para abrir una empresa, y para efectos de técnica legislativa, planteó si era conveniente establecerlo de manera fija o con base en cierto número de salarios mínimos, con el fin de que se actualizara año con año. Asimismo señaló que le parecía muy positivo que en su propuesta la diputada Sánchez Romero planteara que los permisos para efectos de los nombres de las empresas fueran otorgados por la Secretaría de Economía y ya no por la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque ello constituía un lastre.

La diputada Norma Sánchez Romero, intervino para señalar que el respectivo artículo de su propuesta no pretendía eliminar el capital que debe constituir a toda empresa, sino el capital mínimo, de manera que éste sea definido por cada empresa de acuerdo a sus características y estructura, capital que, por otro lado, la ley no fija cuándo debe ser pagado. La diputada agregó que la finalidad de la propuesta era disminuir los costos de apertura de las microempresas y, en consecuencia, incrementar las facilidades para que inicien actividades.

El diputado Ramón Jiménez López, expresó que la reforma que se planteaba por una parte constituía propuestas positivas y asimismo otras negativas e incluso graves, al tiempo de señalar que sugeriría que la propuesta no fuera dictaminada ese día. Ello en primer lugar con relación a la Ley de Inversiones Extranjeras, en la medida en que, según su punto de vista, la propuesta de reforma pretendía que los extranjeros dieran un aviso solamente, cuando en la actualidad la ley establece haciendo referencia textual al artículo 10-A donde nos remite. Los extranjeros que pretendan adquirir bienes inmuebles fuera de la zona restringida u obtener concesiones para la exploración y explotación de minas y aguas en el territorio nacional, deberán presentar previamente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores un convenio en el que convengan lo dispuesto en la fracción I del artículo 27 constitucional, para obtener el permiso correspondiente de dicha dependencia. El diputado Jiménez López agregó que dicha fracción señala que sólo los mexicanos por nacionalidad o por naturalización, y las sociedades mexicanas, tienen derecho de adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones, o de obtener concesiones de explotación de minas o aguas; en igual forma, que el estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros siempre que convengan —es decir: firmen un convenio— ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, considerándose como nacionales respecto de dichos bienes y no invoquen la protección de sus gobiernos, bajo la pena de perder, en beneficio de la nación, los bienes que hubieran adquirido. El diputado Jiménez López añadió que si así fuera, cabría la posibilidad de que, como ha sucedido en otros países, los ciudadanos estadounidenses o de otras nacionalidades que tuvieran una concesión para explotar una mina o llevar a cabo alguna actividad económica, en caso de algún litigio apelaran a las leyes internacionales y pretendieran no someterse a las mexicanas o, en caso extremo, pidieran la intervención militar del gobierno de su país. De manera que, como se plantea en la modificación a la Ley de Inversiones Extranjeras, si los extranjeros meramente fueran obligados a avisar a la autoridad, pero no a suscribir un convenio como el que actualmente se exige, ello implicaría los riesgos ya señalados. El diputado también señaló que en su intervención, la diputada Sánchez Romero, que las propuestas de reforma estaban orientadas hacia la mejora regulatoria en beneficio de la apertura de empresas, de una mayor recaudación fiscal y, en consecuencia, de la generación de empleos, pero que en el caso de la Ley de Derechos, particularmente en el artículo 25, se plantea eliminar algunas de las fracciones referidas al pago de derechos diversos, lo que sería contraproducente si se trata de que el gobierno federal obtenga mayores ingresos, en este caso por la vía de derechos. Para concluir, el diputado Jiménez comentó que había elementos en la propuesta que compartía, pero que sugería que el dictamen respectivo no fuera votado en ese momento, en razón de que no podía serlo en paquete.

El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal, procedió a ceder la palabra a quienes lo habían solicitado.

La diputada Norma Sánchez Romero, en respuesta a las observaciones del diputado Jiménez López, aclaró que en su proyecto de iniciativa se respetaba el control que ejerce la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto a la inversión extranjera. Agregó que en cambio proponía, con relación al aviso de registro de las empresas y el pago de derechos, esto se hiciera ante la Secretaría de Economía y ya no en la de Relaciones Exteriores; asimismo expresó que dicho pago suponía un monto muy pequeño, de manera que a los microempresas que se encuentran en la informalidad y que cuentan con muy pocos recursos se les diera la oportunidad de constituirse legalmente y así el gobierno contara con los correspondientes ingresos.

El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez, señaló que se estaba ante la mayor reforma en materia de apertura de empresas que se hubiera planteado en el país en muchos años y que por esa razón era importante apoyarla, en acuerdo con los objetivos asumidos por la Comisión de Economía. En igual forma se refirió a lo expresado por el diputado Jiménez López con respecto a la Ley de Inversión extranjera, en el sentido de que no se pretendía ceder soberanía, sino que en lugar de que se avisara a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la participación de extranjeros en zonas restringidas, se hiciera ante la Secretaría de Economía, manteniéndose la Cláusula Calvo, reflejada en la fracción I del artículo 27 constitucional. Por último, el legislador pidió que no se votara en ese momento la Iniciativa, sino instituir una subcomisión integrada por los miembros de la propia Comisión, con el fin de elaborar una recomendación en un plazo perentorio y votar la Iniciativa en el momento adecuado.

El diputado David Penchyna Grub, felicitó a la diputada Norma Sánchez por el esfuerzo realizado ante la complejidad de la iniciativa, al tiempo de señalar que en el marco del proceso de desregulación impulsado por la Secretaría de Economía y el propio Ejecutivo federal, y tratándose de una iniciativa con múltiples consecuencias, solicitaba un periodo para generar una subcomisión que la estudiara.

El diputado Penchyna agregó que era necesario tener cuidado con la iniciativa ya que, por ejemplo, era previsible que entrara en conflicto con la iniciativa del Ejecutivo federal, en materia de lavado de dinero, razón por la que reiteró su petición de que la comisión procediera a analizarla con tiempo, por su trascendencia con respecto al ámbito mercantil y al de las micro y pequeñas empresas. El legislador también señaló que no observaba en la iniciativa intenciones extranjerizantes y que el tema era cómo actualizar la economía y cómo facilitar los trámites de las empresas.

El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal, dio la bienvenida al diputado Mario di Costanzo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, comentó que asistiría a la comisión en representación de la diputada Ifigenia Martínez, mientras la legisladora recuperaba su salud; por otra parte, comentó que coincidía con distintas expresiones formuladas respecto a la iniciativa, en su comprensión más vinculada a facilitar trámites para que las empresas pudieran iniciar sus actividades y no una pretensión de abrir más la economía; asimismo señaló que, a consideración suya, no existía relación entre el referido registro y la Cláusula Calvo. Por otra parte coincidió con el diputado Penchyna, en el sentido de que la iniciativa era muy compleja y que por ello era necesario que la comisión invirtiera unos días más en analizarla.

El diputado Ramón Jiménez López, a manera de observación, expuso que había una lucha semántica con la concepción que plantea el modelo neoliberal y sus teóricos, así como los empresarios de la comunicación de dicho modelo y lo que impacta realmente en cada país. Como ejemplo de ello, el diputado Jiménez mencionó que la política neoliberal general plantea la desregulación, pero que esto tendría que entenderse en dos sentidos; por un parte, la desregulación económica facilita en todos los países del planeta la concentración del capital monopólico en pocas manos, porque en una economía desregulada en general el pez grande se come al pez chico, no hay regulación; por otra, con respecto a una cuestión, técnica, relacionada con la facilitación de la apertura de empresas, lo cual es diferente, desde el punto de vista propiamente técnico, pero también político y económico. Al respecto, el diputado Jiménez López agregó que Estados Unidos, por ejemplo, es uno de los países más proteccionistas del planeta, al mismo tiempo que hacia afuera pregona la apertura de todos los mercados, con un doble lenguaje. Por último, manifestó su acuerdo en que se formara una subcomisión para analizar la propuesta de reforma que planteaba la iniciativa.

El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal, enseguida solicitó un comentario final a la diputada Norma Sánchez a propósito de si estaba de acuerdo en la integración de dicho grupo de trabajo.

La diputada Norma Sánchez Romero, expresó que por la trascendencia del tema de la reforma le gustaría que fuera votada en ese momento, pero en atención a las opiniones expresadas manifestaba su acuerdo en que se formara un grupo de estudio, pero que diera su opinión en la siguiente sesión y entonces se votara.

El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal, a su vez señaló que el grupo de trabajo llevaría a cabo el análisis en el menor plazo posible, pero por consideración al trabajo de los miembros de los legisladores que integraran dicho grupo, no sería apropiado imponerles fechas perentorias.

El diputado Ramón Jiménez López, dijo que compartía la opinión del presidente Guajardo.

El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal, comentó que la presidencia estaría pendiente de las sesiones del grupo de trabajo y de la participación y colaboración del secretariado técnico, con la idea de que si fuera posible, el análisis se presentara en la próxima reunión de trabajo de la comisión; asimismo recomendó que cada fracción parlamentaria nombrara a la persona que la representara en el grupo de trabajo.

La diputada Norma Sánchez Romero, insistió en que se fijara un plazo para que el grupo de trabajo entregara sus recomendaciones o bien que el dictamen se votara en ese momento, a lo que el presidente Guajardo comentó que, de ser votado el dictamen en ese momento, sería rechazado.

El diputado Ramón Jiménez López, se manifestó por no establecer un plazo perentorio y que en tal sentido estaba de acuerdo con lo expuesto por el diputado Guajardo Villarreal, en la comprensión de que el ánimo es que se concluya el análisis del proyecto de iniciativa lo más pronto posible.

El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal, a su vez aclaró que sería la misma comisión la que se responsabilizaría de las convocatorias, en fechas fijas y a desarrollarse con la presencia de los grupos parlamentarios representados en su momento; asimismo señaló que en la medida en que se avanzara se irían negociando las diferencias hasta llegar al punto en que no pudieran ser eliminadas totalmente, pero estando ya en condiciones de someter a votación puntos específicos. En seguida el diputado Guajardo Villarreal preguntó a los miembros de la comisión si estaban de acuerdo en acreditar formalmente ante ésta a los representantes de cada fracción parlamentaria para iniciar la convocatoria de inmediato, a lo que las y los legisladores respondieron afirmativamente.

Por otra parte, el diputado Guajardo pidió autorización a los miembros de la comisión para abordar anticipadamente el punto ocho del orden del día, por solicitud de la diputada Norma Sánchez, con relación a un punto de acuerdo por ella presentado; ello en razón de que se veía forzada a dejar la reunión para viajar a su estado por cuestiones de trabajo, solicitud que fue votada de manera afirmativa por las y los legisladores.

El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez, en consecuencia, procedió a abordar el dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a continuar las mediciones sobre simplificación administrativa en los tres niveles de gobierno. Para quedar como sigue: “La Cámara de Diputados acuerda: Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de la Administración Pública Federal para continuar realizando la medición y evaluación de las acciones de simplificación administrativa de los trámites federales, estatales y municipales relacionados con la apertura y operación de empresas en México llevando a cabo el estudio Doing Business. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 22 días del mes de septiembre del 2010.

El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal, señaló que el punto de acuerdo estaba sujeto a su consideración, preguntando si existía algún comentario.

El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez, al no haber ningún comentario al respecto, sometió a votación, siendo aprobado por unanimidad.

El secretario procedió a enunciar la proposición con punto de acuerdo que solicitaba la integración de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Economía, así como la del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de que rinda a esta soberanía informes respecto a la industria automotriz. Para que dar como sigue: “La Cámara de Diputados acuerda: Primero. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe acerca de la viabilidad de otorgar mayores incentivos a los consumidores de automóviles nuevos, así como de los efectos y alcances que tendrá la eliminación del Impuesto a la Adquisición de Autos Nuevos (ISAN), del Impuesto sobre Tenencia y del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. Segundo. Se solicita a la Secretaría de Economía un informe sobre el estado actual del Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (Prodiat). Proyecto Tipo C: Para la Renovación del Parque Vehicular, así como para que se revisen las reglas de operación de dicho programa a fin de hacerlo accesible a un mayor número de beneficiarios. Tercero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en el dictamen que se presente respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación se considere aumentar los recursos destinados al Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (Prodiat) Proyecto Tipo C: Para la Renovación del Parque Vehicular”. Cuarto. Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) un informe sobre el seguimiento de la situación en que se encuentran los centros de verificación vehicular en el país, y se exhorte a esta secretaría para que aplique extensivamente el monitoreo de actividades de los centros de verificación vehicular e informe acerca de los resultados obtenidos. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de septiembre de 2010.

El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal, señaló que el punto de acuerdo estaba sujeto a deliberación.

El diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla, sugirió que se uniformaran las expresiones utilizadas en los puntos de acuerdo al momento de hacer un exhorto a las autoridades.

El diputado Melchor Sánchez de la Fuente, con respecto a los temas abordados en el punto de acuerdo, señaló que era importante tomar las decisiones a tiempo, manifestándose de acuerdo con lo solicitado en el punto de acuerdo; de igual forma expresó que era importante haber impulsado en su momento el Programa de Renovación Vehicular y en el mismo sentido observó que por diversas razones se retrasa el proceso legislativo y se van tomando acuerdos que no se consolidan en tiempo y forma frente a diversas emergencias, de manera que implementaran en las diferentes áreas en que tendrían que haberlo sido. En este sentido, el diputado Sánchez señaló que se requería una respuesta inmediata de las autoridades involucradas. Asimismo indicó que, con relación al ingreso de automóviles usados de procedencia extranjera se aborde el tema del decreto de tenencia emitido por el presidente de la República, mismo que en el último trimestre del año habría de generar un verdadero problema en la producción de automóviles, porque van a postergar la decisión de compra de los consumidores hasta el próximo año, de manera que el desempeño de la industria automotriz del último semestre será el peor en años.

El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez, procedió a someter a la consideración de los miembros de la comisión el dictamen sobre el punto de acuerdo en sus términos, mismo que fue votado a favor de manera unánime.

Seguidamente, el secretario continuó con el siguiente punto de acuerdo, relativo al dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Economía y de Turismo ejercer una acción coordinada a fin de emitir una norma oficial mexicana, con el fin de incrementar y fortalecer la actividad turística en México, en los siguientes términos: “La Comisión de Economía acuerda: Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo en virtud de que en fecha de 17 de mayo de 2010 se publicó la Norma Oficial Mexicana NOM 029-SC-FI-010, prácticas, comerciales, requisitos informativos para la prestación de servicio de tiempo compartido, así como una modificación posterior lo cumple con la proposición del diputado proponente. Segundo. Archívese el presente asunto como tal y definitivamente concluido. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 22 días del mes de septiembre de 2010.

El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal, comentó, sobre el referido punto de acuerdo, que éste fue presentado por el presidente de la Comisión de Turismo, inmediatamente antes de que se emitiera la norma oficial mexicana, tema en el que ha perseverado la diputada Susana Hurtado; asimismo señaló que actualmente hay debate en la industria turística sobre tiempos compartidos, tema que se está tratando con la Secretaría de Economía. Por último, el diputado Guajardo indicó que el punto de acuerdo se encontraba era claramente extemporáneo por lo cual se proponía desecharlo.

El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez, tras preguntar si había algún comentario, sometió a votación el dictamen en sus términos, para ser aprobado en forma unánime.

El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez, abordó el siguiente punto en el orden del día: el dictamen de la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a los gobiernos y entidades federativas y sus municipios, así como a los gobiernos del Distrito Federal y a sus demarcaciones territoriales, a implantar de forma individual o coordinada, campañas informativas sobre los riesgos de la usura. “La Cámara de Diputados acuerda: Primero. Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Secretaría de Economía, a fin de que diseñen e implementen programas informativos que orienten, eduquen y adviertan a los ciudadanos respecto de las condiciones, consecuencias y derechos en la contratación de mutuos informales, así como de las diversas opciones existentes en el mercado formal de préstamos, que permitan a la población poder tomar decisiones informadas. Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional de para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), a fin de que realice esfuerzos conducentes a que las campañas informativas que implementa con el objetivo de informar sobre los servicios y productos que ofrecen las instituciones financieras, lleguen a la población que potencialmente puede ser víctima de mutuos informales, a fin de que puedan tomar decisiones informadas. Tercero. Se exhorta a las autoridades mencionadas a fin de que en un plazo de noventa días naturales, entreguen un informe detallado a esta soberanía sobre las campañas informativas en esta materia. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de septiembre de 2010.

El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal, comentó que en el dictamen la secretaría técnica había recomendado establecer con toda claridad jurídica el concepto de usura, difícil de definir, por lo que se estableció una variante al punto de acuerdo original para establecer su objetivo, en el sentido de proteger el interés de los usuarios de ese tipo de servicios.

El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez, tras preguntar si había algún comentario por parte de los miembros de la comisión, procedió a someter a votación el dictamen, aprobado por unanimidad.

Seguidamente, abordó el siguiente punto: Opinión de la Comisión de Economía a la proposición con punto de acuerdo para exhortar al director general de Pemex a fin de uniformar los contratos de franquicia y suministro establecidos con las estaciones del servicio del país a las secretarías de Economía y de Energía, para que emitan normas oficiales mexicanas que certifiquen a los volúmenes entregados por Pemex Refinación a las gasolineras y a la Comisión Federal de Competencia Económica, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, revisen el esquema de pagos de gasolina y diesel con el uso de tarjetas de crédito y débito. Acto seguido la Comisión de Economía emite la siguiente opinión: Primero. Se considera pertinente exhortar al director general de Petróleos Mexicanos para que instruya al titular de Pemex Refinación a revisar los contratos de franquicia y suministro para las estaciones del servicio del país y para que se uniforme un sólo tipo de contrato para todos los franquiciatarios conforme a la legislación energética vigente. Segunda. Se considera conveniente exhortar a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Energía a efecto de que emita a la brevedad las normas oficiales mexicanas necesarias para que certifiquen los volúmenes entregados por Pemex-Refinación a las estaciones de servicios siguiendo las disposiciones aprobadas por la reforma energética de 2008. Tercera. Se considera pertinente exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Banco de México, a la Comisión Federal de Competencia Económica, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras, con la finalidad de que, en el ámbito de sus respectivas competencias, analicen las condiciones de mercado, emitan recomendaciones y propongan alternativas para incrementar la transparencia e impulsar la actividad energética relativa a la compra de gasolina y demás combustibles líquidos mediante el uso de tarjeta de crédito y débito. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de septiembre de 2010.

El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez, sometió a la consideración del pleno de la comisión la opinión, misma que fue aprobado por unanimidad.

El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal, aclaró que, con relación a la mera opinión que acaba de ser aprobada, el punto de acuerdo de referencia estaba turnado a otra comisión y que por ello la de economía se sumaba al exhorto.

El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal, con relación al siguiente punto a ser abordado, comentó que se trataba de un punto de acuerdo turnado a la Junta de Coordinación Política, a la que le fuera solicitada la creación de la Comisión Especial para la Salud Alimentaria; el diputado Guajardo agregó que en lugar de abrir una comisión especial la junta pidió opinión a la Comisión de Economía para crear un grupo de trabajo sobre el tema al interior de esta última. El diputado Guajardo Villarreal asimismo señaló que la recomendación que se planteaba era que el grupo de trabajo estuviera formado por miembros de las Comisiones de Salud y de Economía, ya que el tema de la salud pública era un tópico muy controvertido que involucra a los grupos industriales y que, con el fin de conjurar el riesgo de sesgar su deliberación, se juzgó necesario que la Comisión de Salud también formara parte del equipo de trabajo.

El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez, abordó el siguiente punto de la agenda de trabajo: el dictamen del análisis de viabilidad solicitado por la Junta de Coordinación Política, respecto a la posibilidad de que en la Comisión de Economía se forme una subcomisión con el propósito de atender la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita crear la Comisión Especial para la Salud Alimentaria. En tal sentido, la Comisión de Economía concluye que se estima viable establecer una Subcomisión de Salud Alimentaria, siempre y cuando la misma sea creada en Comisiones Unidas de Salud y Economía.

El presidente diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, señaló que quizás el término más propio fuera el de grupo de trabajo y no el de subcomisión, término que fuera adoptado tras un intercambio de puntos de vista con otros miembros de la comisión.

El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez, sometió a la consideración de los miembros de la comisión la solicitud planteada por la Junta de Coordinación Política, misma que fuera aprobada por unanimidad, con las modificaciones del caso.

Asuntos generales

El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal, en esta parte de la reunión planteó la necesidad de ponerse de acuerdo en los términos de la comparecencia del Secretario de Economía, doctor Bruno Ferrari García de Alba, la mañana del lunes 4 de octubre. Tras plantear una propuesta para ello e intercambiar puntos de vista con las diputadas y los diputados miembros de la comisión, se establecieron el formato y los tiempos de intervención, así como la definición de los bloques de los temas a tratar, así como el orden de los posicionamientos del secretario y de las fracciones parlamentarias, lo mismo que las rondas de preguntas, todo ello con el fin de garantizar la mayor eficacia posible en beneficio del encuentro, en términos de su desarrollo y de la profundización de los temas a ser abordados. Seguidamente, el diputado Guajardo Villarreal preguntó si había algún otro tema a ser tratado.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes, planteó que sería necesario reflexionar sobre la manera en que la comisión puede trabajar con la Secretaría de Economía en función de las auditorías que deben aplicarse a los recursos que se otorgan a las cámaras empresariales en el país.

El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal, expresó a la diputada Pérez Reyes que su propuesta sin duda era muy pertinente y que de hecho sería un gran tema a tratar en la comparecencia del secretario de Economía, en la medida en que éste había expresado ya, tan luego asumiera su cargo, su preocupación por la eficiencia de los programas establecidos. El diputado Guajardo añadió que se podía pactar con el secretario el establecimiento de un mecanismo de auditorías para supervisar la eficiencia de los fondos y la transparencia en su ejecución, para apoyo de las cámaras empresariales y respecto de aquellos que establece en forma directa la secretaría.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes, solicitó a la secretaría técnica de la comisión que registrara el tema para desahogarlo ampliamente con quien la Secretaría de Economía asignara para ello, con lo cual el presidente manifestó su acuerdo.

Clausura de la sesión

El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal, con la anuencia de las diputadas y los diputados presentes, tras haber agotado los temas a tratar de acuerdo al orden del día, procedió a dar por terminada la reunión de trabajo.

La Mesa Directiva de la Comisión de Economía

Diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud, Melchor Sánchez de la Fuente, José Luis Velasco Lino (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González, Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretarios.