Con punto de acuerdo, relativo a las negociaciones de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada María Araceli Vázquez Camacho, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno una proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con relación a las negociaciones de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), al tenor de las siguientes

Consideraciones

Lejos de plantear un amplio esquema incluyente y democrático de reflexión respecto a las acciones de México en el concierto internacional, a fin de sentar con firmeza las bases para desarrollar una verdadera política exterior de Estado, durante la última década y desde 2005, los gobiernos de los presidentes Fox y Calderón han suscrito iniciativas de subordinación respecto al exterior. Este el caso de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) con Estados Unidos y Canadá, caracterizada fundamentalmente por la adopción de políticas y medidas para garantizar la seguridad de Estados Unidos, con riesgo de vulnerar las de México y Canadá y, asimismo, para impulsar la liberalización económica y comercial en la región, desestimando la dimensión social que sería necesario atender en el contexto de la relación bilateral con el vecino país.

Así, sin considerar otros aspectos de la mayor trascendencia, en el marco de la relación entre México y Estados Unidos, la llamada agenda de prosperidad de la ASPAN está orientada a expandir la agenda implantada en su momento por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Ello sin que exista una visión más amplia y equilibrada que, en los hechos, responda a un compromiso que se traduzca en una lógica verdaderamente regional de prosperidad, al tiempo de reconocer las asimetrías que caracterizan la relación bilateral con Estados Unidos y de atender las necesidades de la gente y de sus comunidades en nuestro país.

En tal sentido, a consideración del Partido de la Revolución Democrática, es necesario que, en el marco de la relación bilateral en el más amplio sentido, así como en el ámbito de la ASPAN, se aborden temas que no sólo son fundamentales para México, sino también y desde luego para Estados Unidos.

Entre ellos, el de la migración indocumentada de nuestros connacionales, en el marco de la gran contribución de los trabajadores mexicanos a la prosperidad de la economía estadounidense; el de la trata de personas, que involucra a organizaciones delictivas en ambos países y representa un agravio a la dignidad y a la seguridad de las personas y la comisión de otros delitos vinculados a dicho fenómeno; el de la venta y la introducción sin control de armas compradas en Estados Unidos por organizaciones de narcotraficantes asentados en nuestro territorio, lo que contribuye a agravar un problema que afecta a ambos países y que ambos deben enfrentar y resolver en un clima de verdadera cooperación y reconocimiento de las respectivas tareas en su combate al narcotráfico; el de un verdadero desarrollo regional, a ser impulsado mediante políticas y acciones concretas que se traduzcan en una mayor prosperidad en este lado de la frontera, lo que, en sentido estricto, no puede sino beneficiar al conjunto de los países de la región de América del Norte, en una lógica de interdependencia y en una visión sistémica e integral de la relación entre los tres países; el de los fondos compensatorios, con el fin de impulsar proyectos e iniciativas en nuestro país, en un lógica de fortalecer el bienestar y la cohesión sociales, a su vez estrechamente vinculada al del fortalecimiento de la seguridad en el más amplio sentido, y que reconozca las asimetrías propias de la relación bilateral.

Temas de gran importancia que, entre otros, a consideración de nuestro partido deben ser tratados por México en el contexto de su relación con Canadá y con Estados Unidos y, por razones obvias, sobre todo con este último país.

De la misma manera, para el PRD es claro que los planteamientos en materia de seguridad que forman parte de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte tienen como propósito enunciativo “una estrategia de seguridad común” y establecer un perímetro de seguridad para la región. Así, es necesario debatir de manera democrática e incluyente si, mediante el ASPAN, Estados Unidos en realidad estaría desplazando su guerra contra el narcotráfico hacia México por medio de acuerdos para compartir datos de inteligencia y de programas de vigilancia fronteriza, así como del incremento de la militarización en nuestra frontera común, lo que, sin duda, daña severamente la vecindad entre nuestros países y nuestras sociedades.

En este contexto, México ha participado recientemente en por lo menos dos ejercicios multinacionales para el combate al terrorismo conducidos por Estados Unidos. A consideración nuestra, dichos ejercicios están transformando lesivamente la actuación y la imagen pacíficas que han caracterizado a México ante el mundo y conculcando el principio constitucional de autodeterminación y de no intervención que históricamente había venido sosteniendo nuestra política exterior. En los hechos estos ejercicios están orillando a nuestro país’ a formar parte de una nueva etapa de seguridad regional, dependiente de la perspectiva del gobierno de Estados Unidos e integrada al proyecto Visión 2020 del Comando Norte. Es preciso señalar que con ello se viola el espíritu de la Ley para conservar la Neutralidad del País, promulgada el 10 de noviembre de 1939.

Como representantes populares de un poder constitucional que forma parte del Estado mexicano, los legisladores desconocemos cuál es la estrategia de cooperación entre México y Estados Unidos y cuáles son sus alcances en materia del combate al narcotráfico y, asimismo, las estrategias para enfrentar otros fenómenos que involucran la seguridad interior del vecino país. Así, por ejemplo, en el marco de la Iniciativa Mérida se están asumiendo compromisos que ponen en entredicho la independencia y la capacidad soberana de México en cuanto a su seguridad nacional. Ello con el evidente desdén, por parte del Ejecutivo Federal, de las facultades del Senado de la República en la materia.

Por ello nuestro partido sostiene que ese tipo de simulacros no son compatibles con la posición neutral y anti-bélica que México ha sostenido tradicionalmente, en consonancia con los principios constitucionales que deben regir su política exterior. Razón por la que afirmamos que México debe mantenerse al margen de las estrategias y las acciones que Estados Unidos impulsan respecto a su seguridad interior, sin menoscabo de los lazos de debida colaboración.

Estamos llenamente convencidos de que sólo mediante la coordinación y la cooperación regional entre pares podremos combatir cabalmente las actividades de los terroristas y de la delincuencia organizada. Por ello creemos que es fundamental que dicha cooperación se lleve a cabo sin subordinar el interés nacional de México al de Estados Unidos, privilegiando la tradición pacifista de nuestro país.

Adicionalmente, debemos señalar que las negociaciones de la ASPAN han incluido una estrategia energética como parte oficial de la negociación internacional de México.

Lo que distingue a la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte de otros acuerdos radica en el hecho de que la Alianza no se ha visto sujeta a la aprobación ni a la supervisión por parte de los Congresos y de los sectores representativos de la sociedad civil de los tres países. De hecho, las reuniones en que se han venido llevando a cabo las negociaciones, sólo han estado abiertas a los funcionarios gubernamentales y a los representantes de los sectores empresariales.

Por lo que respecta al Ejecutivo federal mexicano, éste no ha convocado a un amplio debate en torno a la pertinencia de las negociaciones de la ASPAN con Estados Unidos y Canadá, y en cambio ha excluido sistemáticamente al Congreso como actor de un diálogo fundamental, evitando que conozca y participe de estas negociaciones que sin duda tendrán un gran impacto para los ciudadanos de nuestro país.

Es tiempo de que, en un gesto autocrítico y realmente democrático, el Poder Ejecutivo federal establezca un diálogo responsable con el Congreso y la sociedad civil, basado en la apertura, la transparencia y la rendición de cuentas, con una verdadera visión de Estado.

Finalmente, las diputadas y los diputados del PRD nos manifestamos contra los compromisos que ha avalado el titular del Ejecutivo federal como parte de las negociaciones de la ASPAN y señalamos enfáticamente que de ninguna manera cuenta con el respaldo del Congreso, por lo que los acuerdos a los que pudieran llegar no gozan de la legitimidad que sólo podría ser resultado del respaldo del Estado mexicano en su conjunto.

En virtud de los anteriores considerandos y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno, de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal a efecto de que en el marco de la división, el equilibrio y la colaboración entre los poderes constitucionales y, asimismo, con visión de Estado y con espíritu democrático, establezca una amplia agenda de análisis y discusión con el Congreso mexicano en la que, de cara a la sociedad, se reflexione y debata sobre cuáles deben ser los alcances y los objetivos de la relación de México con Estados Unidos y Canadá.

Ello, al tiempo de integrar en dicha relación temas fundamentales para México como la migración indocumentada de nuestros connacionales, la trata de personas, así como el desarrollo regional y el establecimiento de fondos compensatorios en el marco de la integración económica del bloque de países de América del Norte, entre otros aspectos de importancia estratégica.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal la integración de un Consejo para el Desarrollo Económico de América del Norte, en el que, además de los empresarios, participe el conjunto de los sectores interesados en impulsar el desarrollo, el crecimiento y la prosperidad de la región, a fin de que sus intereses se vean reflejados en dicho Consejo.

Dado en el Palacio Legislativo, sede de la Cámara de Diputados, Ciudad de México, a 3 de marzo de 2011.

Diputada María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica)