Con punto de acuerdo, relativo a las negociaciones de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada María Araceli Vázquez Camacho, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno una proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con relación a las negociaciones de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), al tenor de las siguientes
Consideraciones
Lejos de plantear un amplio esquema incluyente y democrático de reflexión respecto a las acciones de México en el concierto internacional, a fin de sentar con firmeza las bases para desarrollar una verdadera política exterior de Estado, durante la última década y desde 2005, los gobiernos de los presidentes Fox y Calderón han suscrito iniciativas de subordinación respecto al exterior. Este el caso de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) con Estados Unidos y Canadá, caracterizada fundamentalmente por la adopción de políticas y medidas para garantizar la seguridad de Estados Unidos, con riesgo de vulnerar las de México y Canadá y, asimismo, para impulsar la liberalización económica y comercial en la región, desestimando la dimensión social que sería necesario atender en el contexto de la relación bilateral con el vecino país.
Así, sin considerar otros aspectos de la mayor trascendencia, en el marco de la relación entre México y Estados Unidos, la llamada agenda de prosperidad de la ASPAN está orientada a expandir la agenda implantada en su momento por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Ello sin que exista una visión más amplia y equilibrada que, en los hechos, responda a un compromiso que se traduzca en una lógica verdaderamente regional de prosperidad, al tiempo de reconocer las asimetrías que caracterizan la relación bilateral con Estados Unidos y de atender las necesidades de la gente y de sus comunidades en nuestro país.
En tal sentido, a consideración del Partido de la Revolución Democrática, es necesario que, en el marco de la relación bilateral en el más amplio sentido, así como en el ámbito de la ASPAN, se aborden temas que no sólo son fundamentales para México, sino también y desde luego para Estados Unidos.
Entre ellos, el de la migración indocumentada de nuestros connacionales, en el marco de la gran contribución de los trabajadores mexicanos a la prosperidad de la economía estadounidense; el de la trata de personas, que involucra a organizaciones delictivas en ambos países y representa un agravio a la dignidad y a la seguridad de las personas y la comisión de otros delitos vinculados a dicho fenómeno; el de la venta y la introducción sin control de armas compradas en Estados Unidos por organizaciones de narcotraficantes asentados en nuestro territorio, lo que contribuye a agravar un problema que afecta a ambos países y que ambos deben enfrentar y resolver en un clima de verdadera cooperación y reconocimiento de las respectivas tareas en su combate al narcotráfico; el de un verdadero desarrollo regional, a ser impulsado mediante políticas y acciones concretas que se traduzcan en una mayor prosperidad en este lado de la frontera, lo que, en sentido estricto, no puede sino beneficiar al conjunto de los países de la región de América del Norte, en una lógica de interdependencia y en una visión sistémica e integral de la relación entre los tres países; el de los fondos compensatorios, con el fin de impulsar proyectos e iniciativas en nuestro país, en un lógica de fortalecer el bienestar y la cohesión sociales, a su vez estrechamente vinculada al del fortalecimiento de la seguridad en el más amplio sentido, y que reconozca las asimetrías propias de la relación bilateral.
Temas de gran importancia que, entre otros, a consideración de nuestro partido deben ser tratados por México en el contexto de su relación con Canadá y con Estados Unidos y, por razones obvias, sobre todo con este último país.
De la misma manera, para el PRD es claro que los planteamientos en materia de seguridad que forman parte de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte tienen como propósito enunciativo “una estrategia de seguridad común” y establecer un perímetro de seguridad para la región. Así, es necesario debatir de manera democrática e incluyente si, mediante el ASPAN, Estados Unidos en realidad estaría desplazando su guerra contra el narcotráfico hacia México por medio de acuerdos para compartir datos de inteligencia y de programas de vigilancia fronteriza, así como del incremento de la militarización en nuestra frontera común, lo que, sin duda, daña severamente la vecindad entre nuestros países y nuestras sociedades.
En este contexto, México ha participado recientemente en por lo menos dos ejercicios multinacionales para el combate al terrorismo conducidos por Estados Unidos. A consideración nuestra, dichos ejercicios están transformando lesivamente la actuación y la imagen pacíficas que han caracterizado a México ante el mundo y conculcando el principio constitucional de autodeterminación y de no intervención que históricamente había venido sosteniendo nuestra política exterior. En los hechos estos ejercicios están orillando a nuestro país’ a formar parte de una nueva etapa de seguridad regional, dependiente de la perspectiva del gobierno de Estados Unidos e integrada al proyecto Visión 2020 del Comando Norte. Es preciso señalar que con ello se viola el espíritu de la Ley para conservar la Neutralidad del País, promulgada el 10 de noviembre de 1939.
Como representantes populares de un poder constitucional que forma parte del Estado mexicano, los legisladores desconocemos cuál es la estrategia de cooperación entre México y Estados Unidos y cuáles son sus alcances en materia del combate al narcotráfico y, asimismo, las estrategias para enfrentar otros fenómenos que involucran la seguridad interior del vecino país. Así, por ejemplo, en el marco de la Iniciativa Mérida se están asumiendo compromisos que ponen en entredicho la independencia y la capacidad soberana de México en cuanto a su seguridad nacional. Ello con el evidente desdén, por parte del Ejecutivo Federal, de las facultades del Senado de la República en la materia.
Por ello nuestro partido sostiene que ese tipo de simulacros no son compatibles con la posición neutral y anti-bélica que México ha sostenido tradicionalmente, en consonancia con los principios constitucionales que deben regir su política exterior. Razón por la que afirmamos que México debe mantenerse al margen de las estrategias y las acciones que Estados Unidos impulsan respecto a su seguridad interior, sin menoscabo de los lazos de debida colaboración.
Estamos llenamente convencidos de que sólo mediante la coordinación y la cooperación regional entre pares podremos combatir cabalmente las actividades de los terroristas y de la delincuencia organizada. Por ello creemos que es fundamental que dicha cooperación se lleve a cabo sin subordinar el interés nacional de México al de Estados Unidos, privilegiando la tradición pacifista de nuestro país.
Adicionalmente, debemos señalar que las negociaciones de la ASPAN han incluido una estrategia energética como parte oficial de la negociación internacional de México.
Lo que distingue a la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte de otros acuerdos radica en el hecho de que la Alianza no se ha visto sujeta a la aprobación ni a la supervisión por parte de los Congresos y de los sectores representativos de la sociedad civil de los tres países. De hecho, las reuniones en que se han venido llevando a cabo las negociaciones, sólo han estado abiertas a los funcionarios gubernamentales y a los representantes de los sectores empresariales.
Por lo que respecta al Ejecutivo federal mexicano, éste no ha convocado a un amplio debate en torno a la pertinencia de las negociaciones de la ASPAN con Estados Unidos y Canadá, y en cambio ha excluido sistemáticamente al Congreso como actor de un diálogo fundamental, evitando que conozca y participe de estas negociaciones que sin duda tendrán un gran impacto para los ciudadanos de nuestro país.
Es tiempo de que, en un gesto autocrítico y realmente democrático, el Poder Ejecutivo federal establezca un diálogo responsable con el Congreso y la sociedad civil, basado en la apertura, la transparencia y la rendición de cuentas, con una verdadera visión de Estado.
Finalmente, las diputadas y los diputados del PRD nos manifestamos contra los compromisos que ha avalado el titular del Ejecutivo federal como parte de las negociaciones de la ASPAN y señalamos enfáticamente que de ninguna manera cuenta con el respaldo del Congreso, por lo que los acuerdos a los que pudieran llegar no gozan de la legitimidad que sólo podría ser resultado del respaldo del Estado mexicano en su conjunto.
En virtud de los anteriores considerandos y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno, de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal a efecto de que en el marco de la división, el equilibrio y la colaboración entre los poderes constitucionales y, asimismo, con visión de Estado y con espíritu democrático, establezca una amplia agenda de análisis y discusión con el Congreso mexicano en la que, de cara a la sociedad, se reflexione y debata sobre cuáles deben ser los alcances y los objetivos de la relación de México con Estados Unidos y Canadá.
Ello, al tiempo de integrar en dicha relación temas fundamentales para México como la migración indocumentada de nuestros connacionales, la trata de personas, así como el desarrollo regional y el establecimiento de fondos compensatorios en el marco de la integración económica del bloque de países de América del Norte, entre otros aspectos de importancia estratégica.
Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal la integración de un Consejo para el Desarrollo Económico de América del Norte, en el que, además de los empresarios, participe el conjunto de los sectores interesados en impulsar el desarrollo, el crecimiento y la prosperidad de la región, a fin de que sus intereses se vean reflejados en dicho Consejo.
Dado en el Palacio Legislativo, sede de la Cámara de Diputados, Ciudad de México, a 3 de marzo de 2011.
Diputada María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para declarar la última de abril de 2011 como la Semana de la Seguridad Social, e invitar a la SRE a sumarse a la Declaración de Guatemala, a cargo del diputado Armando Neyra Chávez, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Armando Neyra Chávez, diputado federal de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 67, numeral 1, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6o., fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Los representantes de los organismos internacionales y regionales que actúan en la región en materia de seguridad social, reunidos en ciudad de Guatemala, en oportunidad de la vigésima quinta asamblea general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, para lograr un mayor entendimiento colectivo de los efectos de la crisis y para contribuir a mejorar y hacer más eficientes, inclusivas y sostenibles las estrategias nacionales, subregionales y regionales de seguridad social, Habiendo constatado la amplitud y profundidad de la crisis económica que afecta, en especial, los países de las Américas: Norteamérica, América Latina y el Caribe).
I. Que la crisis ha impactado a los sistemas de seguridad social y de protección social en las Américas;
II. La importancia que tienen la educación, formación y cultura de la seguridad social en el desarrollo sustentable en las Américas.
Recordando que la seguridad social es un derecho humano fundamental; el importante papel que juegan los regímenes de seguridad social, no solo en la lucha contra la pobreza sino como amortiguador de crisis e impulsor del desempeño económico; que la seguridad social es un elemento fundamental para superar la crisis actual y prevenir y mitigar crisis mayores.
Valorando que se tiene que hacer un esfuerzo internacional para la integración y reforzamiento mutuo de las políticas económicas, de empleo y sociales, así como para la coordinación y armonización de las actividades de las instituciones mexicanas.
Por lo que creemos que los valores comunes y objetivos complementarios de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, la Asociación Internacional de la Seguridad Social, la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, y la Organización Internacional del Trabajo juegan un papel central que tiene el desarrollo de estrategias y políticas eficientes de seguridad social y de una cultura de la seguridad social en el cumplimiento de los objetivos de Naciones Unidas para el Milenio y la Agenda Hemisférica de Trabajo Decente 2006-2015 de la OIT.
Estamos convencidos de que el derecho a un medio ambiente de trabajo seguro y saludable debe ser reconocido como un derecho humano fundamental y que la globalización debe ir acompañada de una cultura de prevención para garantizar la seguridad y salud de todos en el trabajo; la importancia de la coordinación multilateral de los regímenes de seguridad social para salvaguardar los derechos sociales de los migrantes y facilitar la eficacia protectora de los sistemas en el ámbito de la globalización y la consideración de la situación de los trabajadores migrantes; la importancia de vincular las políticas económicas, laborales y sociales dentro de un marco conceptual y de aplicación práctica coherente.
Por lo expuesto y fundado, me permito proponer al pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Esta soberanía exhorta al Poder Ejecutivo a declarar a la última semana de abril como la “Semana de la Seguridad Social”, en honor a que el 27 de abril de 1955 entró en vigencia el Convenio 102 (norma mínima) y que conjuntamente con la Declaración de Filadelfia, constituye una de las referencias mundiales de mayor relevancia, influencia e impacto en materia de seguridad social.
Segundo. Se hace un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores a adherirse formalmente la llamada “Declaración de Guatemala” para ir avanzando en la cultura de la seguridad social, tanto en su personal como empresas relacionadas, afiliados y beneficiarios.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2011.
Diputado Armando Neyra Chávez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Salud federal y locales a vigilar que las embarazadas reciban en los establecimientos del Sistema Nacional de Salud atención de calidad, con calidez y respeto de su dignidad e integridad física y moral en el trabajo de parto, el parto y hasta el alumbramiento, a cargo de la diputada Velia Idalia Aguilar Armendáriz, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Velia Idalia Aguilar Armendáriz, diputada de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La salud de las mujeres durante el embarazo y el parto es una de las cuestiones más importantes por sus implicaciones en el bienestar familiar, económico y social. Preservarla y promocionarla deben ser un objetivo primordial de nuestras instituciones.
La Organización mundial de la Salud (OMS) define salud reproductiva como una condición de bienestar físico, mental y social en los aspectos relativos al sistema reproductivo en todas las etapas de la vida.
Lo anterior implica, entre otras cosas, el derecho a acceder a servicios de salud adecuados que permitan a la mujer llevar a término su embarazo y dar a luz de forma segura. Ello necesariamente incluye el derecho de las mujeres embarazadas a no ser sometidas por el personal médico a rutinas médicas innecesarias, el derecho a que se expresen según su necesidad, y el derecho al buen trato. El derecho a un parto seguro y digno debe ser reconocido como derecho universal de las mujeres.
El artículo 4o. de la Constitución mexicana establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud.
Derivado de esto es que al Ley General de Salud establece que la atención materno-infantil es materia de salubridad general y debe ser incluida en los servicios básicos de salud.* Asimismo, contiene un capítulo V denominado “atención materno-infantil”, cuyo artículo 61 establece que dicha materia es de carácter prioritario.
Ante ello, queda por demás claro que toda mujer en nuestro país, independientemente de su estrato económico, social y cultural, tiene, entre otros derechos durante su embarazo, el acceso a servicios prenatales de calidad, los cuales incluyan un trato digno, amable y respetuoso; a que se le explique, en lenguaje sencillo, en qué consisten y cuáles son los propósitos del tacto vaginal, toma de presión, ubicación de edemas, etcétera, antes de que se le practiquen, y a ser escuchada y que se le resuelvan sus dudas personales acerca de su embarazo y cuidados necesarios.
Sin embargo, es frecuente encontrar que los procedimientos médicos que se utilizan en los hospitales públicos y clínicas privadas de nuestro país son humillantes y atentan contra los derechos humanos más básicos de las mujeres.
De esta forma, la realidad a la que se enfrenta la mujer mexicana embarazada, aparejada a muchos otros obstáculos, está inmersa en procedimientos de intervención rutinarios, que van de la mano, en muchas ocasiones, de violentas actitudes asistenciales. Ante eso, frecuentemente las mujeres pueden sentirse tratadas sin respeto, o bien, hasta humilladas por los profesionales de los servicios médicos.
Por ejemplo, no es raro encontrarse con situaciones en las que un grupo de pasantes de medicina realizan a una mujer embarazada el tacto para medir dilatación, no sólo sin vigilancia, sino sin tomar en cuenta el sentir de quien es examinada.
De hecho, el maltrato a las mujeres embarazadas por personal médico muchas veces contribuye a que ellas decidan no regresar a sus citas médicas, y con ello, incrementar las probabilidades de complicaciones e incluso muerte, en caso de que enfrenten alguna emergencia obstétrica.
En el 2000 se incluyó la salud materna como una de las Metas de Milenio, el objetivo número 5 es reducir la mortalidad materna de 1990, tres cuartas partes para el 2015. Con ello, la salud materna se considera como un indicador clave de desarrollo humano ya que la reproducción debe ser una parte normal de la vida y nunca un riesgo a la existencia.
Por eso es que hoy día es imprescindible tomar consciencia de que el personal de salud y la sociedad en su conjunto, tenemos la enorme responsabilidad de cuidar y proteger a la mujer embarazada. Lo cual implica que las estrategias médicas y paramédicas sean bien conocidas y deban efectuarse con el máximo grado de calidad y calidez.
En todo momento se debe pugnar por el respeto al ejercicio de los derechos de las mujeres embarazadas, la resolución de sus problemas de salud y la seguridad de la atención con calidad técnica y trato digno. Ante ello, toda mujer embarazada debe tener el derecho a negarse a ser revisada durante el proceso de dilatación por más de un residente o estudiante de medicina, a manera de práctica.
Volverse madre debe ser uno de los momentos más felices para una mujer y su familia, y no debe implicar un riesgo para su integridad física y mental. Es por eso que uno de los grandes retos del sector salud, es sin duda, mejorar la calidad de la atención que se ofrece a las mujeres que cursan por algún momento del proceso reproductivo.
Compañeras y compañeros legisladores, reconozcamos y promovamos que la maternidad segura debe tomar en cuenta los derechos humanos de las mujeres. Por ello es que debemos pugnar porque las mujeres embarazadas que sean atendidas en cualquier establecimiento del sistema nacional de salud reciban atención con calidad y calidez en apego al respeto de su dignidad e integridad física y moral.
No olvidemos que sigue siendo un reto del sector salud impulsar, no sólo que un número cada vez mayor de mujeres den a luz en las condiciones de un hospital y sean atendidas por su personal, sino que se reciba la mejor atención, atención que puede afectar la buena marcha del suceso.
Por lo expuesto, someto a consideración de este pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único . Se exhorta respetuosamente a las autoridades de salud federal y locales a vigilar, en el ámbito de su competencia, que las mujeres embarazadas que sean atendidas en cualquier establecimiento del sistema nacional de salud reciban atención con calidad y calidez en apego al respeto de su dignidad e integridad física y moral, de tal manera que durante el trabajo de parto, el parto y hasta el alumbramiento, puedan ejercer el derecho a negarse a ser revisada durante el proceso de dilatación por más de un residente o estudiante de medicina a manera de práctica.
Nota
* Artículos 3, fracción IV, y 27, fracción IV, de la Ley General de Salud.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2011.
Diputada Velia Idalia Aguilar Armendáriz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política que tome medidas administrativas, financieras y logísticas para que la página de la Cámara de Diputados sea de total acceso, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRD, y suscrita por integrantes de la Comisión Especial sobre la no discriminación
Los suscritos, diputadas y diputados federales a la LXI Legislatura Claudia Edith Anaya Mota, Armando Corona Rivera, Nely Edith Miranda Herrera, María del Carmen Guzmán Lozano y Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, integrantes de la Comisión Especial sobre la no Discriminación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presentan ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Al hablar de accesibilidad web se está haciendo referencia a un diseño web que va a permitir que las personas con discapacidad puedan percibir, entender, navegar e interactuar con la web, aportando a su vez contenidos. La accesibilidad web también beneficia a otras personas, como las personas adultas mayores que han visto mermadas sus habilidades a consecuencia de la edad.
La accesibilidad web engloba muchos tipos de discapacidades, visuales, auditivos, físicos, cognitivos, neurológicos y del habla. Existen millones de personas con discapacidad que no pueden utilizar la web. Actualmente, la mayoría de los sitios web y los software web presentan barreras de accesibilidad, lo que dificulta o imposibilita la utilización de la web para muchas personas con discapacidad. Cuanto más software y sitios web accesibles estén disponibles, más personas con discapacidad podrán utilizar la web y contribuir de forma más eficiente.
De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), en México existen aproximadamente 30 millones de usuarios de Internet. Según la segunda Encuesta Nacional de Discriminación levantada por el Conapred en 2005, el 70.5 de las personas con discapacidad entrevistadas creen que no se les respetan poco o nada sus derechos.
Con la firma y ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como Estado parte de ésta, adquirimos compromisos en materia de comunicación, acceso a la información pública, accesibilidad integral, en relación con información que determinan los niveles de participación de las personas con discapacidad en la vida pública.
En nuestra Cámara hemos promovido y desarrollado acciones afirmativas en beneficio de esta población, destacan tres acciones:
1. La contratación del al menos el 1 por ciento de la plantilla total de los trabajadores con personas con discapacidad desde 1999. Lo que significa que nuestra plantilla de trabajadores lleva más de 12 años colaborando con nosotros en nuestras tareas legislativas y parlamentarias en diferentes espacios laborales.
2. La Cámara cuenta desde 1998 con ayudas que permiten el libre desplazamiento de los trabajadores, visitantes, y hoy legisladores con discapacidad, entre ellas rampas, cajones de estacionamiento, baños.
3. Con la entrada en vigor del Presupuesto de 2011, la Cámara incluyó en un recuadro a un intérprete de lengua de señas mexicanas en sus campañas de televisión.
Estamos proponiendo una acción afirmativa más, que es como ya lo he señalado, la accesibilidad al cien por ciento de todas y todos los mexicanos a toda la información que subimos a nuestra página web en cumplimiento de todas las disposiciones en materia de acceso a la información pública nacionales e internacionales.
Un principio básico de la accesibilidad web es la flexibilidad con el objetivo de satisfacer diferentes necesidades, situaciones y preferencias. Esta flexibilidad va a beneficiar a todas aquellas personas que cuentan con una conexión lenta, a personas que sufren una incapacidad transitoria, por ejemplo, un brazo roto, y a las personas adultas mayores.
Es importante que la Cámara cuente con una web accesible, ya que la web es un recurso muy importante para diferentes aspectos de la vida: educación, empleo, gobierno, comercio, sanidad, entretenimiento y muchos otros. Es muy importante que la web sea accesible para así proporcionar un acceso equitativo e igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad. Una página web accesible puede ayudar a personas con discapacidad a que participen más activamente en la sociedad. La web ofrece a aquellas personas con discapacidad una oportunidad de acceder a la información y de interactuar.
El antecedente más inmediato es la evolución informática que dio la página del Conapred, la cual nos podría servir de base para adecuar la nuestra, y cumplir con las disposiciones suscritas en la convención y en las disposiciones aplicables en materia de acceso a la información pública.
Por lo que se somete a la honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Junta de Coordinación Política que tome las medidas administrativas, financieras y logísticas con objeto de que la página de la Cámara de Diputados sea totalmente accesible.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2011.
Diputados: Armando Corona Rivera, Nely Edith Miranda Herrera, María del Carmen Guzmán Lozano, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, Claudia Edith Anaya Mota (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a suscribir los Convenios 156, “Sobre trabajadores con responsabilidades familiares”, del 23 de junio de 1981; y 183, “Sobre la protección de la maternidad”, del 15 de junio de 2000, de la Organización Internacional del Trabajo, conforme a las recomendaciones 165 y 191 formuladas en la materia en los ámbitos político, legislativo y práctico, a cargo del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Reyes S. Tamez Guerra, Roberto Pérez de Alva Blanco, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Gerardo del Mazo Morales, Elsa María Martínez Peña, Jorge A. Kahawagi Macari y María del Pilar Torre Canales diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en lo previsto en los artículos 6.1.I y 79.2.I y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a suscribir los Convenios 156 sobre Trabajadores con Responsabilidades Familiares del 23 de junio de 1981, y el 183 sobre La Protección de la Maternidad del 15 de junio de 2000 de la Organización Internacional del Trabajo, tomando en cuenta las Recomendaciones 165 y 191 hechas en la materia en los ámbitos político, legislativo y práctico, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
1.Que derivado de la contribución económica de las mujeres mexicanas a través del trabajo remunerado y el no remunerado, y la necesidad de aplicar medidas tendientes a crear condiciones de mayor igualdad entre mujeres y hombres en los ámbitos familiar y laboral son temas de suma relevancia para el crecimiento y desarrollo de nuestro país ya que, si bien, las tendencias en la participación laboral femenina muestran un crecimiento sostenido y significativo durante las últimas décadas y cada día hay más mexicanas que trabajan a la par que los hombres y se encargan de aportar recursos al hogar, no existe todavía una redistribución justa del trabajo doméstico y una adecuada provisión de servicios públicos que aligeren esta carga, lo que ocasiona que las mujeres en México tengan dobles jornadas de trabajo;
2. Que de acuerdo con cifras del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados, el 97 por ciento de las mujeres insertas en el trabajo salarial tienen sobre ellas la carga completa de las responsabilidades domésticas. Por ello, se estima que mientras las mujeres dedican cerca de 60 horas promedio a la semana al trabajo doméstico, los hombres solo invierten 10 horas al mismo. Es decir, éstos no han asumido de manera equivalente la corresponsabilidad de las tareas domésticas, cuyo valor en términos de aportación al PIB y según datos de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo se estima en 21.6 por ciento;
3. Que mediante información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) factores como la discriminación en las prácticas de contratación; la desigual remuneración, la poca movilidad y ascenso, las condiciones de trabajo inflexibles, la insuficiencia de servicios y apoyos como los de guardería y finalmente la inadecuada distribución de las tareas y responsabilidades familiares en el hogar, ocasionan que la tasa abierta de participación de las mujeres en el mercado de trabajo continúe siendo en México mucho menor a la de los hombres, 38 por ciento contra 62 por ciento;
4. Que el 22.2 por ciento de las mujeres en nuestro país son jefas de hogar y el 70.8 por ciento de las que reciben un salario por su trabajo tiene de 1 a 6 hijos, lo que implica que muchas asuman dobles jornadas laborales o que sean discriminadas. Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, en 2006 a 1.1 millones de mujeres se les exigió la prueba de embarazo como requisito para ingresar al mercado laboral. En este mismo lapso, 100 mil fueron despedidas o se les redujo su salario a causa de un embarazo. Asimismo 3 de cada 10 mujeres ocupadas en México sufrieron algún incidente de violencia laboral, 8 de cada 10 fueron hostigadas sexualmente y 1 de cada 10 tuvo represalias por no acceder a las propuestas de relaciones sexuales.
5. Por otro lado, en 2008 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social registró que si bien las mujeres contaban con la misma calificación en un puesto de trabajo y trabajaban igual número de horas que los hombres, éstas recibieron un ingreso promedio 9.5 por ciento menor que sus pares. Aunado a ello, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2009, revela que únicamente 1.4 por ciento de las mujeres tienen puestos de toma de decisión, como gerentes o funcionarias públicas.
6. Las cifras evidencian en términos generales que el incremento de la participación económica de las mujeres no solamente les ha generado mayores cargas de trabajo sino que aún no se ha asumido el cambio de roles que supone el trabajo extra doméstico que realizan. Los horarios escolares y de servicios públicos continúan siendo incompatibles con los de un empleo formal y no es suficiente la provisión de servicios de apoyo para el cuidado de niños, niñas y otras personas dependientes.
7. Ante la necesidad de dar respuestas conjuntas y adecuadas a las exigencias biológicas derivadas de la maternidad y a aquellas relacionas con la reproducción social que pueden y deben ser compartidas entre mujeres y hombres con la corresponsabilidad del Estado es que el tema de la armonización del trabajo y la vida familiar y las medidas legislativas y políticas de conciliación son cada vez más necesarias.
8. Para el Estado mexicano, la responsabilidad en el reconocimiento y protección de los derechos laborales, debe entenderse como una prioridad indiscutible en el avance de la igualdad entre mujeres y hombres ha quedado asentado al ratificar las principales convenciones internacionales en la materia, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW que en su artículo 11 señala que “...los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos”.
9. Que las medidas citadas se han incorporado tanto al marco legal como en el quehacer institucional de las dependencias de gobierno en México a través del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Proigualdad) 2008-2012, que en su objetivo 6 describe las estrategias para potenciar la agencia económica de las mujeres en favor de mayores oportunidades para su bienestar y desarrollo; entre ellas el compromiso de desarrollar, promover y adoptar políticas y acciones de conciliación trabajo-familia que propicien la igualdad y equidad en las responsabilidades familiares, favorezcan el trabajo de las mujeres, mejoren sus condiciones de competencia laboral y eleven su calidad de vida.
10. Que la publicación en 2009 de la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres (NMX-R-025-SCFI-2009), mediante la cual las organizaciones públicas, privadas o sociales se certifican voluntariamente como instituciones que combaten la discriminación y promueven la conciliación entre la vida familiar y laboral; la implementación del modelo de equidad de género del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) que busca establecer en los centros de trabajo condiciones equitativas para las mujeres; la puesta en marcha del Taller sobre el sello de género, coordinado por el PNUD y el Inmujeres, y el distintivo que otorga la STPS “Empresa familiarmente responsable”, son acciones afirmativas que van encaminadas a garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en los centros de trabajo. Sin embargo hoy más que nunca es indispensable crear mejores condiciones para que la inserción y la permanencia de las mujeres en el mercado laboral pueda conciliarse con la vida familiar.
11. Que asumir la postura que el cuidado y el trabajo en el hogar es un asunto que compete sólo a las mujeres ha impedido que mejore su calidad de vida, ya que las familias se han transformado pero las expectativas hacia ellas permanecen inalteradas, a costa de su autonomía, desarrollo y bienestar. Por ello es necesario que, acorde a los compromisos adquiridos y a las acciones hasta ahora implementadas, el Estado mexicano firme además del Convenio 100 sobre igualdad de remuneración, ratificado en 1952, y el Convenio 111 sobre discriminación en el empleo y la ocupación ratificado en 1961; los dos instrumentos jurídicos internacionales restantes que en materia de igualdad de género promueve la Organización Internacional del Trabajo y que en específico se refieren a la conciliación entre la vida laboral y familiar y la protección de la maternidad.
12. Que el Convenio 156 y su Recomendación 165 tiene como principal objetivo el de establecer igualdad de oportunidades y de trato tanto entre hombre y mujeres con responsabilidades familiares como entre trabajadores con o sin ellas. Es aplicable a todos los sectores, actividades económicas y categorías de trabajadores donde las responsabilidades familiares restrinjan las posibilidades de avanzar laboralmente. En este marco, los países signatarios, entre otras cosas deben cuidar que las responsabilidades familiares no constituyan razones que impidan a las y los trabajadores escoger libremente su empleo. Para esto debe desarrollar servicios para facilitar el cuidado infantil y los servicios familiares, posibilitando que estos trabajadores puedan competir en condiciones de igualdad en el mercado. Debe de estimular medidas tales como las licencias que facilitan la conciliación entre el trabajo y la familia como lo son las de paternidad, cuidado de hijo enfermo, además de las relativas a flexibilidad del horario laboral. Aunque dicho convenio no está dirigido únicamente a las mujeres, es claro que una de sus finalidades es superar la discriminación que enfrentan por causa de sus responsabilidades familiares.
13. Que el Convenio 183 y su Recomendación 191, mantiene los principios fundamentales de la protección de la maternidad y fue creado con el objetivo de proteger los derechos de las trabajadoras antes, durante y después del nacimiento de su hija o hijo. Todo país miembro debe adoptar medidas apropiadas para garantizar que la maternidad no constituya una causa de discriminación en el empleo, trata el tema de la licencia de maternidad, prohíbe las pruebas de embarazo para acceder a un empleo o los despidos por esta misma causa.
14. Para las y los integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza es de suma importancia que los logros de las mujeres en materia laboral vayan acompañados de apoyos que permitan consolidar los avances. Por ello debemos eliminar las barreras que enfrentan para insertarse y permanecer en el mercado laboral. Coincidimos en que únicamente en la medida en la que se contemplen las necesidades y realidades diferenciales de hombres y mujeres, será posible avanzar en la disminución de las situaciones de desigualdad. La autonomía de las mujeres será declamatoria en tanto no se establezcan políticas efectivas, infraestructura y esferas de cuidado que involucren no sólo a los hombres en condiciones de igualdad de responsabilidades, sino que también al Estado y a las instituciones públicas, privadas y sociales.
Por las consideraciones expuestas y fundadas, las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución
Único. En el marco de las atribuciones contenidas en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 1 de la Ley sobre la Celebración de Tratados se exhorta al titular del Ejecutivo federal a suscribir los Convenios 156, sobre trabajadores con responsabilidades familiares del 23 de junio de 1981, y el 183, sobre la protección de la maternidad del 15 de junio de 2000 de la Organización Internacional del Trabajo, tomando en cuenta las Recomendaciones 165 y 191 hechas en la materia en los ámbitos político, legislativo y práctico.
Dado en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el 8 de marzo de 2011.
Diputados: Reyes S. Tamez Guerra (rúbrica), Roberto Pérez de Alva Blanco (rúbrica), Cora Cecilia Pinedo Alonso (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales, Elsa María Martínez Peña (rúbrica), Jorge A. Kahawagi Macari y María del Pilar Torre Canales (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la SRE a emprender acciones diplomáticas para salvaguardar los derechos fundamentales de los connacionales en Nebraska, Estados Unidos de América, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito diputado Héctor Pedraza Olguín integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 numeral 1 fracción 2 y numeral 2 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Como recordaremos en abril del año próximo pasado fue promulgada la controvertida Ley de Arizona SB1070, misma que no observa el respeto a los derechos fundamentales de nuestros connacionales que trabajan, pagan impuestos y viven en ese estado de la Unión Americana.
Esta ley a pesar de las voces de rechazo tanto dentro como fuera de los Estados Unidos fue aprobada, bajo esta ley la estadía ilegal en el país pasa de ser un delito meramente civil a ser un delito criminal.
Da derecho a la policía de Arizona a detener a las personas solamente bajo la sospecha razonable de no estar en el país legalmente. También podrá utilizar lo que se llama perfiles raciales, sabemos que es imposible saber exactamente, quiénes están o no legalmente en el país, puede ser cualquier persona que habla otro idioma o que tiene rasgos latinos o asiáticos o que se viste de cierta manera etcétera.
Ante ello, un juez federal bloqueó secciones de la ley de Arizona en julio, incluyendo las provisiones que pedían a la policía que comprobara el estatus migratorio de una persona, al hacer valer otras leyes, y exigiera que los inmigrantes demostrasen que se encuentran en el país de forma legal.
No obstante ello, continúan los embates en contra de nuestros connacionales, en el mes de enero del año en curso, el senador estatal de Nebraska, Charlie Janssen presentó un proyecto que, al igual que la llamada Ley Arizona, exigiría a los policías que cuando hagan valer otras leyes, pregunten además por el estatus migratorio de quienes sospechen que se encuentran en el país sin papeles de residencia legal.
Además, demandaría que los que no son ciudadanos estadounidenses porten documentos que demuestren su estatus legal. No llevar los documentos sería considerado un delito menor. El proyecto de ley también criminaliza el hecho de albergar, esconder o transportar un indocumentado, lo que sería considerado un delito menor.
Asimismo señaló el legislador que “Este proyecto de ley tiene como objetivo frenar la inmigración ilegal y proteger a los ciudadanos del estado de Nebraska de varias maneras; protegerá a los contribuyentes de tener que pagar por la educación, beneficencia y gastos médicos de los indocumentados”.
Al parecer el senador Janssen, olvida que nuestros connacionales al estar trabajando en el estado de Nebraska, las empresas y personas que los contratan, les retienen impuestos por el trabajo que desarrollan y si no acuden a los servicios médicos y asistenciales es por su temor a ser detenidos por su calidad de indocumentados.
La iniciativa presentada en el estado de Nebraska se diferencia de la ley de Arizona al no permitir que policías detengan indiscriminadamente a inmigrantes sospechosos de estar en el país ilegalmente.
A este respecto, el fiscal general del estado, Jon Bruning, señaló que “la iniciativa de Nebraska intenta evitar la categorización racial diciendo que las sospechas de un agente no deberían basarse solamente en la raza de una persona, su color de piel, religión, género u origen nacional”. Sin embargo, consideramos que dada la experiencia de sucesos a este respecto, ello no evitará abusos por parte de las autoridades policiacas de ese estado.
Un informe publicado el pasado 30 de diciembre por el Foro Nacional de Inmigración, adelantaba que el control del Partido Republicano en la Cámara de Representantes deja abierta la posibilidad de que al menos siete estados de Estados Unidos busquen aprobar legislaciones similares a la SB 1070 de Arizona.
El informe reveló que con la victoria de los republicanos en las elecciones intermedias del año pasado, una ley parecida a la SB1070 encontraría apoyo en 21 estados que buscan aprobar una legislación similar, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, en estados como Georgia, Mississippi, Nebraska, Oklahoma, Pennsylvania, Carolina del Sur y Texas, entre otros.
En este mismo sentido, en el mes de noviembre del 2010, activistas en el estado de California iniciaron una campaña para reunir unas 434 mil firmas de electores empadronados, para llevar a referendo en 2012 una norma que autorizaría que policías hagan funciones de patrulleros fronterizos. Asimismo criminaliza que las personas indocumentadas busquen trabajo y mientan sobre su situación migratoria y que los patrones contraten indocumentados intencionalmente o por negligencia.
La aprobación de este tipo de normas como la ya conocida ley de Arizona, se ha acelerado con el estancamiento de la reforma migratoria en Estados Unidos, en donde viven unos 12 millones de inmigrantes indocumentados. Es por ello que la presencia, participación y acción de la responsable de la política exterior, es determinante en el apoyo y protección de nuestros connacionales.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en el ámbito de su competencia, tome las acciones necesarias para crear los mecanismos de asistencia y apoyo a nuestros connacionales, para que no se vean afectados en sus derechos fundamentales con la posible aprobación de la Ley antiinmigrante en el estado de Nebraska.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2011.
Diputado Héctor Pedraza Olguín (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a considerar la reubicación de la caseta de cobro de Salamanca, en la autopista Querétaro-Irapuato, a cargo del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado a la LXL Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por el estado de Guanajuato, con fundamento en dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al secretario de Comunicaciones y Transportes a considerar y efectuar la reubicación de la caseta de cobro situada en Irapuato, de la autopista Querétaro-Irapuato, cito las siguientes
Consideraciones
En cuanto a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
El 31 de julio de 1958 se creó, por decreto presidencial el organismo federal descentralizado del gobierno federal, Caminos Federales de Ingresos, el cual estaba adscrito a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Entre las funciones que se le asignaron estaban la administración de las autopistas México-Cuernavaca, Cuernavaca-Amacuzac, Amacuzac-Iguala y las obras en proyecto de la carretera México-Querétaro y del puente sobre el río Sinaloa.
En 1959 la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas se transformó en Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se creó también la Secretaría de Obras Públicas, a la que fue asignado el organismo. Cuando Caminos Federales de Ingresos comenzó a operar el puente de cuota sobre el río Sinaloa, se modificó su denominación a través del decreto del 3 de junio de 1959 a Caminos y Puentes Federales de Ingresos.
En 1960 inició el servicio de transbordadores entre Zacatal y Ciudad del Carmen. El 23 de junio de 1963 se estableció el organismo conexo para alquilar maquinaria pesada para construcción, por lo que se tuvieron que modificar los objetivos del organismo y el 29 de junio de este año se publicó el decreto con el cual se cambió su denominación a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).
El 2 de agosto de 1985 Capufe reestructuró su organización y funcionamiento por un nuevo decreto presidencial, con el cual asimilaba nuevas responsabilidades encomendadas con la puesta en marcha del Programa Nacional de Autopistas Concesionadas. Se derogó por un nuevo decreto el 24 de noviembre de 1993, y el 14 de septiembre de 1995 se reformó para ajustarse al Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000.
Con base en los antecedentes antes señalados en cuanto al hecho de que diversos diputados, tanto en el ámbito local como federal han tratado de resolver| el problema de reubicar la caseta de cobro en la autopista Querétaro-Salamanca, en el que señalan que año con año la población del estado continúa incrementándose, al grado de convertirse en la entidad de más de 9 millones de habitantes; abarca municipios, que a partir de la década de los ochenta crecieron de forma exponencial en cuanto a su número de habitantes.
El 14 de agosto de 1998, 23 autopistas concesionadas fueron rescatadas para su operación, conservación y mantenimiento.
La plaza de cobro esta ubicada en el kilómetro 83 de la autopista Querétaro-Irapuato, en la periferia de la ciudad de Salamanca, durante los últimos años se han realizado obras que han impactado en la operación de esta plaza de cobro, tal es el caso de la modernización de vías alternas como la carretera libre Irapuato-Salamanca, la construcción en la misma de piv y psv que permiten la circulación local, y tiene una demanda promedio diario anual de 22,405 vehículos, sin embargo en fines de semana, periodos vacacionales y eventos regionales (ferias, festivales, etcétera) llega a incrementarse hasta 15 por ciento la demanda, concentrándose la mayor parte de este incremento en horarios pico, viernes por la tarde, sábado por la mañana y domingo por la tarde. Aunado a esto se han presentado accidentes en el tramo libre y todo el tráfico es desviado a la autopista, incrementado el transito y rebasando la infraestructura instalada, principalmente a la entrada a Salamanca en la cual se ubica un solo carril, queremos mencionar que del comportamiento de los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre se registró un incremento de 15 por ciento en la demanda vehicular derivado de las obras y percances que se registraban en la vía alterna, camino importante para tránsito local.
Sin embargo para atender estos incrementos de la demanda vehicular se determinó abrir cabinas emergentes móviles y carriles reversibles, de acuerdo a la demanda vehicular en cualquiera de sus direcciones.
Por como lo hemos señalado, la infraestructura de esta plaza de cobro se encuentra rebasada por lo que el organismo ha gestionado ante la Secretaría de Comunicaciones Transportes (SCT) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) un proyecto de modernización, mismo que se encuentra en estudio por autorización, consistente en la ampliación de la plataforma de peaje con un mayor número de carriles que permita dar una mejor atención a los usuarios.
Asimismo, hago mención de que la plaza de cobro de Querétaro-Irapuato está concesionada a Banobras y que la autorización de las tarifas corresponde al comité técnico integrado por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; Comunicaciones y Transportes; de la Función Pública, y el concesionario, por lo que cualquier reubicación o reducción de peaje de esta plaza de cobro lo tendría que autorizar el comité técnico.
Por todo lo anteriormente citado, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes a evaluar y efectuar la reubicación de la caseta de cobro de Salamanca, en la autopista Querétaro-Salamanca kilómetro 83, a efecto de que los habitantes de los municipios cercanos a esta caseta puedan recibir los beneficios de dicha reubicación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2011.
Diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Nayarit a conducirse con imparcialidad en el proceso electoral del estado; y se propone formar un grupo de trabajo de esta soberanía que dé seguimiento, a cargo de la diputada María Florentina Ocegueda Silva, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, diputada María Florentina Ocegueda Silva, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en los artículos 6o.y 79 numeral 1 fracción II y numeral 2 fracción I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta al gobierno de Nayarit a que se conduzca con imparcialidad en el proceso electoral del estado y se propone la formación de un grupo de trabajo de la Cámara de Diputados que le dé seguimiento al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los procesos electorales federales, estatales o municipales revisten la mayor importancia para consolidar nuestra democracia, toda vez que son los mecanismos institucionales que conforman la representación política en los tres ordenes de gobierno.
En ese sentido, una de las mayores preocupaciones que está en proceso de concretarse es la llamada federalización de las instituciones electorales que parten de la reforma electoral de 2007-2008, ya que es en las elecciones locales donde ha sido particularmente difícil avanzar en la realización de procesos electorales más equitativos y competitivos.
El proceso electoral que está en curso en el estado de Nayarit, presenta signos preocupantes que esta Cámara no puede pasar por alto, tomando en cuenta los riesgos que representa para la realización del mismo.
Estos hechos tienen como antecedente directo que en mayo del 2010, el gobernador del estado presentó al Congreso local una propuesta de reforma electoral, que se aprobó sin el concurso del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Esta iniciativa causó mucha polémica, a tal grado que provocó la manifestación de distintos sectores sociales; entre ellos, todas las cámaras empresariales que junto a la oposición cuestionaron la cerrazón del gobierno estatal y de la fracción mayoritaria de diputados para escuchar otras propuestas y atender la pluralidad política que vive el estado para que diera origen a una reforma que garantizara la imparcialidad de las autoridades y la equidad entre todos los contendientes. Dicha reforma fue recurrida ante tribunales, los cuales resolvieron que el Congreso local reiniciara el procedimiento legislativo, lo cual acató parcialmente en agosto del mismo año, reduciendo las modificaciones sólo a los tiempos de separación de cargos públicos de 8 a 6 meses antes del día de la elección de quienes aspiran a un puesto de representación popular y dejando la reforma prácticamente intacta.
En el mismo sentido, en diciembre de 2010 se integró el Consejo Estatal Electoral. De un total de cinco miembros con derecho a voz y voto se renovaron tres y se ratificaron dos de los anteriores participantes. La actitud que asumió el actual gobierno estatal fue de no dialogo y de total y absoluta negación al acuerdo para integrar un órgano electoral con la participación de la oposición, derivando este hecho en una fuerte controversia pública y legal, dejando en duda la independencia de dicho organismo. El primer acto que evidenció la ausencia de independencia de los consejeros electorales se da en la sesión pública realizada para resolver el nombre de las coaliciones electorales dado que la coalición PAN-PRD, y la del Partido Revolucionario Institucional (PRI)–Partido Nueva Alianza (PNA)-Partido Verde Ecologista de México(PVEM) presentaron en su solicitud de registro el mismo nombre de Nayarit Nos Une, llevando a cabo un proceso de resolución sin las opiniones de ninguno de los consejeros, sin exponer ningún razonamiento o argumento que diera sustento al voto, una sesión plenaria total y absolutamente callada y finalmente votando por unanimidad para favorecer la causa del partido en el gobierno y de sus aliados.
Al margen de la normatividad electoral en Nayarit, se anunció en forma tardía la separación de la esposa del gobernador del cargo que ostentaba al frente de la oficina de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal, 15 días después de la fecha establecida como límite en la ley electoral del estado, mientras que todas las personas que aspiran a un cargo de representación popular en el estado tuvieron la necesidad de separarse de sus cargos públicos, conforme lo establece la ley y además lo anunciaron abiertamente, en tiempo y forma. La esposa del gobernador ha manifestado públicamente apoyos y respaldos a ciertos aspirantes y ha tenido una participación pública muy activa en las designaciones de futuros candidatos, lo que acentúa la percepción de que no hay garantías plenas para la elección y de que el gobierno está activa e ilegalmente involucrado en el proceso electoral.
Otra preocupación la constituye el ejercicio gubernamental de las finanzas públicas. El hecho de que el gobierno estatal fuera incapaz de exhibir públicamente los proyectos técnicos o estudios de inversión que justificaran el monto total mencionado en los proyectos de decreto para el endeudamiento público, elaborados por el gobierno del estado y eludiendo su autoría al momento de la presentación en el Congreso del estado, así como la ausencia de información pública suficiente para esclarecer los cuestionamientos naturales de la ciudadanía sobre las obras y los montos que implicaban la ejecución de cada una de ellas, dejaron muchas dudas en el aire.
Sin embargo, y a pesar de este ambiente de opacidad, el gobierno procedió, como es del conocimiento público, a realizar las gestiones a la banca privada de la solicitud de crédito de 1700 millones de pesos de los cuales Banorte ya autorizó 400 millones, quedando pendientes 1300 millones que se están gestionando en Bancomer, cantidad que se encuentra en proceso de autorización. Esta situación nos inquieta porque este dinero puede ser desviado para emplearse en campañas electorales puesto que no se establecieron mecanismos de control del ejercicio de este crédito y los que existen en la normatividad actual no se aplican, prueba de ello es que la cuentas públicas estatales no han sido revisadas por el Congreso del estado desde 2006 a la fecha.
Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Nayarit que se conduzca con imparcialidad en el proceso electoral local.
Segundo. La Cámara de Diputados acuerda formar un grupo de trabajo plural que se aboque a darle seguimiento al proceso electoral del año en curso en el estado de Nayarit.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2011.
Diputada María Florentina Ocegueda Silva (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al comisionado del INM a revisar y actualizar las medidas y políticas que se aplican para proteger a niños y a adolescentes deportados de Estados Unidos de América, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Héctor Pedraza Olguín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción 2, y numeral 2, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La población de niños y niñas es uno de los recursos más importantes con cuenta México, porque de ello y en ellos está el futuro del país. Sin embargo y a pesar de los esfuerzos realizados para hacer valer sus derechos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como los compromisos contraídos en la Convención de los Derechos de los Niños, se dista mucho de garantizar a sector vulnerable, un desarrollo pleno que comprenda entre otros aspectos: la alimentación la vivienda, la educación, la recreación y el respeto irrestricto a su integridad física y mental.
La migración de este grupo social en México muestra una realidad muy cruda, ello debido a las condiciones de pobreza en las que viven, niñas, niños y adolecentes emigran, ya sea con sus familias o solos, lo hacen de zonas rurales a zonas urbanas, o bien de un estado a otro y hacia Estados Unidos.
Ello da oportunidad a que sean víctimas de daños físicos y psicológicos y de caer en las redes de tratantes. Se calcula que en México más de 20 mil niños, niñas y adolecentes son víctimas de explotación sexual comercial por año. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) indica que durante el año 2010 hubo en el mundo 13.5 millones de migrantes menores de diez años y otros 33 millones menores de 20, que representan 6 y 15 por ciento, respectivamente, del total de la migración internacional, que se calcula en casi 214 millones de personas.
Datos del Instituto Nacional de Migración y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) revelan que el año pasado aproximadamente 17,500 niños mexicanos cruzaron, sin ningún adulto, ilegalmente a Estados Unidos. De ese grupo 855 tiene entre 14 y 17 años y en su mayoría es población originaria de los estados de Jalisco, Michoacán y Guanajuato.
Por otra parte, en el informe La migración infantil, un problema acuciante , elaborado en la Cámara de Diputados, indica que de enero a septiembre de 2009 un total de 21 mil 220 menores mexicanos fueron repatriados desde Estados Unidos, de los cuales 13 mil 110 regresaron sin compañía y 8 mil 110 con algún familiar. Este reporte resalta que la mayoría migra para trabajar; sin embargo, al no estar debidamente preparados, se exponen a ser engañados y explotados
Asimismo, y en coincidencia con los datos anteriores, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en 2009 fueron repatriados un total de 25 mil 993 niños y adolecentes desde los Estados Unidos a México, de los cuales 15 mil 561 viajan solos. En este orden de ideas, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración, publicadas a principios del mes de enero en el periódico Excélsior, EU deportó durante 2010 a aproximadamente 19 mil niños y adolecentes y un gran porcentaje de ellos migraron solos.
No podemos dejar de mencionar la migración de la población infantil indígena, porque existe un referente que nos hace creer que el único motivo de migración es la pobreza o la pérdida de lugares agrícolas, pero esta tiene muchas causas, como la violencia en las comunidades expulsoras, violencia intrafamiliar o problemas comunitarios por la tierra o el agua que provoca que emigren familias o niños solos. Lo anterior aunado a los problemas de aceptación que se dan en las ciudades, en un proceso de discriminación y exclusión social.
A todo lo anterior se agrega la escasa capacitación y falta de profesionalización del personal que tiene la responsabilidad de atender a los niños, niñas y adolecentes por parte del Instituto Nacional de Migración. De acuerdo con funcionarios de dicho instituto, se cuenta desde el año 2009 con oficiales de Protección a la Infancia.
De acuerdo con información publicada por el periódico El Universal, a principios del año próximo pasado, para acceder a la categoría Oficial de Protección a la Infancia, se les proporciona una capacitación en cuatro días y cursos de refuerzo, en diversos temas tales como alfabetización emocional, violencia, trata de personas, maltrato y abuso, técnicas de comunicación efectiva y afectiva, equidad de género y lo que establece la normatividad nacional, para atender a menores migrantes de 18 años nacionales y extranjeros no acompañados que cruzan el país.
De lo anterior, se puede señalar que no se cuenta con personal especializado para tales efectos y que el mismo no tiene el perfil profesional para atender la problemática de los menores, ya que la capacitación que se les proporciona del todo el marco legal, se da en cuatro días y con cursos de refuerzo, lo que no garantiza que los menores reciban una atención adecuada por parte de la autoridad. A ello le podemos agregar que para ser agente de migración no se requiere licenciatura.
Si bien es cierto que reciben capacitación en diversos temas para la atención de los niños migrantes, nunca se menciona si cuentan con personal que haya sido capacitado en cuanto la lengua o dialecto de los menores indígenas, menos aún que cuenten con el apoyo de traductores para tales efectos, lo que impide que reciban un trato digno, ya que el miedo y el desconocimiento de sus derechos los hace vulnerables a los abusos.
En principio los menores reciben atención médica, valoración social y psicológica, revisión jurídica, alojamiento, alimentación y traslado; sin embargo, apenas se cuenta con 340 agentes tanto en el norte como en el sur del país. Los niños migrantes que viajan solos sufren regularmente agresiones de tipo sexual, laboral, psicológica y son el grupo más vulnerable frente a los grupos de narcotraficantes que los reclutan para vender, transportar y consumir drogas.
En este sentido, la Procuraduría General de la República en 2010, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos inició, a noviembre del 2010, alrededor de 83 averiguaciones previas por el delito de tráfico y desaparición de menores de edad.
Por todo lo anterior, el interés y respeto de los derechos de los niños migrantes y en especial cuando se trate de menores provenientes de comunidades y pueblos indígenas, deben incorporarse de manera firme y decidida en los programas y acciones de las autoridades responsables de su aplicación.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración para que, en el ámbito de su competencia, tome las medidas necesarias para que revise y actualice las acciones y políticas que se aplican para proteger a los niños y adolecentes y en especial tratándose de menores indígenas, que son deportados de Estados Unidos de América.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2011.
Diputado Héctor Pedraza Olguín (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sedesol a implantar un programa de estancias infantiles en los campos agrícolas para los hijos de las trabajadoras, a cargo de la diputada Ma. Dina Herrera Soto, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, diputada Ma. Dina Herrera Soto integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados realice un exhorto al titular de la Secretaría de Desarrollo Social para implementar un programa de estancias infantiles en los campos agrícolas dirigidos a la atención de las y los hijos de las trabajadoras agrícolas. Al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha estimado que 1,000 millones de personas –uno de cada cinco habitantes del mundo en desarrollo– viven todavía, por debajo del umbral de la extrema pobreza. 70 por ciento de la población urbana mundial se concentra en África, América Latina y Asia, se espera que esta población, crecerá en 2 por ciento al año durante el período entre 2000 y 2015, y un 6 por ciento hacia 2050. Se estima también, que un cuarto de la población urbana mundial vive por debajo de la línea de pobreza y que los hogares encabezados por mujeres son proporcionalmente los más afectados. 1
Es cierto, que la pobreza afecta tanto a hombres como mujeres, pero también debe señalarse que tiene a estas últimas en una situación de mayor vulnerabilidad. Situación que depende no sólo del entorno económico, también de las prácticas culturales y costumbres que generalmente, eliminan a las mujeres de las oportunidades de desarrollo de sus capacidades.
Cabe resaltar que aún cuando es reconocida la desigualdad y discriminación de género que cotidianamente enfrentan las mujeres, una situación todavía más compleja viven las mujeres indígenas y las mujeres que viven en medios rurales, quienes de acuerdo con su específica situación de vida, se enfrentan a circunstancias doblemente difíciles y de particular y urgente solución.
En las comunidades rurales e indígenas, la marginación y los rezagos entre las mujeres se eleva casi 80 por ciento, lo que significa que ocho de cada diez mujeres tienen hasta seis carencias fundamentales y siguen falleciendo por falta de agua, comida y atención médica oportuna, siendo la salud y la seguridad social las más comunes. 2
En referencia a la esperanza de vida para las mujeres que habitan regiones rurales, ésta es tres años menor que la estimada para las mujeres de medio urbano, ya que para las primeras es de 74.5 años y para las segundas es de 77.5; por otra parte, las mujeres que habitan las comunidades rurales tienen en promedio, un hijo o hija más que las residentes en localidades urbanas.
En México, la situación de las comunidades rurales y por ende de los y las trabajadoras agrícolas es hasta ahora, uno más de los lacerantes problemas de explotación que requiere de soluciones. Es socialmente conocido que como respuesta a las crecientes necesidades y abandono al que se ha sometido al campo mexicano, una de las opciones a las que han recurrido sus poblaciones para hacer frente a la pobreza es la de emplearse como asalariados agrícolas en los campos de diversas zonas del país y en algunos casos incluso en el extranjero.
Se calcula que hay 2 millones 40 mil 414 personas se dedican a actividades agrícolas, quienes sumadas a los miembros de sus familias ascienden a más de 9 millones de personas en hogares jornaleros, informó la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en su Encuesta Nacional de Jornaleros (ENJO) 2009. Del total de las y los jornaleros agrícolas, se informó que actualmente el 81 por ciento son hombres y 19 por ciento mujeres. Además se calculó que 21.3 por ciento de las familias son migrantes, es decir, hay 434 mil 961 familias de jornaleros migrantes a nivel nacional, y en relación al rango de edad, el mayor porcentaje se encuentra entre los 16 y 20 años, con 7.8 por ciento para los hombres y 6.5 para las mujeres.
La motivación principal para desplazarse es la búsqueda de trabajo. En general el trabajo agrícola de trabajadores migrantes se ha incrementado durante las últimas décadas en todo el país.
En particular, ha aumentado el número de mujeres jornaleras. En la actualidad se calcula que del total de población jornalera agrícola el 42.6 por ciento son mujeres y de cada cien jornaleras migrantes, 77 por ciento tienen menos de 29 años, 28 por ciento no sabe leer ni escribir y 40 por ciento pertenece a un grupo étnico. El trabajo que realizan las mujeres en los campos agrícolas es muy variado y también se desempeñan en cada una de las fases de la cadena productiva, algunas actividades como la selección y el empaque, se efectúan con 80 por ciento y en ocasiones hasta con 100 por ciento de mano de obra femenina.
La feminización del trabajo agrícola se ha dado, entre otros factores, por la flexibilidad de las mujeres para pasar de una etapa a otra en el proceso productivo, de un producto a otro y para elevar progresivamente su productividad. Las mujeres se desempeñan en diversas labores agrícolas como las siguientes: cosecha y recolección 91.9 por ciento; deshierbe 78.5 por ciento; siembra 49.4 por ciento; selección 40.1 por ciento; empaque 30.2 por ciento; riego 21.5 por ciento; aplicación de agroquímicos 18 por ciento; preparación del terreno 9.9 por ciento.
Sobre las condiciones laborales, éstas han generado problemas de salud, ya que las jornadas de trabajo implican largas y pesadas horas y se obtienen salarios inferiores a los masculinos, entre otros. En este sentido, se pueden citar las siguientes enfermedades que padecen las jornaleras: respiratorias 45.3 por ciento; cutáneas 41.3 por ciento; gastrointestinales 29.7 por ciento; oculares 25.6 por ciento. En cuanto a riesgos: insolación 64.5 por ciento; contacto con productos tóxicos 25.7 por ciento; picadura de animales 12 por ciento; accidentes 21 por ciento 3 .
En relación con su situación laboral las trabajadoras agrícolas y las niñas y niños enfrentan una situación aún más difícil ya que en principio a las mujeres se les divide entre el quehacer doméstico, que se les asigna por el hecho de ser mujeres, y el del campo siendo ellas quienes realizan las labores más pesadas, como la pizca, que a veces significa una jornada de 18 a 20 horas diarias. Su salario es considerado complementario al de su marido, no cuentan con incapacidad por gravidez ni con servicios médicos durante el embarazo, y se ven forzadas a trabajar hasta el último día de la gestación y posteriormente, regresar al trabajo a los 15 días del parto.
El otro grupo con mayor desventaja son las y los niños. En los campos agrícolas el trabajo infantil es muy solicitado, por ello los menores participan en el trabajo apenas tiene capacidad de hacerlo, aún cuando la Ley Federal del Trabajo establece la edad mínima para el trabajo infantil, la mayor parte de los niños jornaleros no estudian o no continúan estudiando, generalmente porque los ciclos de cultivo no coinciden con los periodos de vacaciones escolares, también la constante movilidad de los trabajadores dificulta la asistencia a una escuela regular, y los horarios a los que están sujetas las escuelas habilitadas en los campos son incompatibles con los de trabajo.
Tampoco se dispone de albergues para que las madres que tienen bebés los dejen mientras ellas van a laborar al campo. Por el contrario, los llevan sobre su espalda y a orillas de los surcos dejan a los más pequeños que aún no pueden trabajar a su lado. Es por ello que urge el implementar espacios donde las y los menores sean cuidados y protegidos de los múltiples accidentes y riesgos de salud a los que se ven expuestos como resultado de las difíciles condiciones de trabajo que enfrentan sus madres. Implementar una solución, es una necesidad de carácter urgente para estos infantes y sus madres.
Pues como contraparte, lo importante para el agricultor es que los pequeños junto con sus padres completen las cajas con los vegetales que tiene comprometidos y que éstos se puedan exportar a tiempo.
El trabajo de las y los jornaleros agrícolas es un trabajo difícil, duro y sin futuro pero también un paliativo para la sobrevivencia, un alargamiento de la vida en condiciones inhumanas, es el único atisbo de esperanza de los olvidados que trastoca la vida comunitaria, transforma los roles familiares, desestructura los sistemas de organización social y pone en riesgo la vida de cada familia, de cada persona y de cada pueblo. Pero que sin duda recurren a él como único medio para poder llevar a sus bocas un poco de alimento, aún a costa de explotación, malos tratos, engaños y abusos.
Por ello, y reconociendo nuestra deuda social con estos grupos de mujeres, hombres niñas y niños; es doble con las mujeres rurales e indígenas, niñas y niños trabajadores agrícolas ya que falta mucho por hacer con respecto a su seguridad social, la equidad de género y al adelanto de las mujeres en el ámbito rural, faltan políticas públicas que beneficien y ayuden a las mujeres rurales e indígenas; políticas públicas que tomen en cuenta sus necesidades y condiciones físicas y ambientales, su identidad cultural e intelectual, su condición de género y sus derechos humanos.
Estamos convencidos de que una sociedad justa y equitativa se construye sin exclusiones, con la participación de todos sus integrantes. Es el momento de tomar conciencia sobre la situación de las mujeres trabajadoras agrícolas y sus hijas e hijos, el momento de realizar acciones que contribuyan al cambio en la situación de ellas y ellos, y de esta forma, lograr también modificar positivamente el entorno laboral que enfrentan. Por ello, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Social para implementar un programa de estancias infantiles en los campos agrícolas, dirigidos a la atención de las y los hijos de las trabajadoras agrícolas.
Notas
1. Camino a la Igualdad de Género , SER, Unifem, México, 2005, pág.92.
2. Blanca Valadez, “Mujeres”, 24 de los 47 millones de mexicanos pobres: Coneval, La Jornada , 2010-03-10.
3. Camarena Ojinaga, Lourdes; Et. Al. Percepción de Riesgo laboral en las mujeres migrantes de comunidades agrícolas . El Colegio de la Frontera Norte y Universidad Autonomía de Baja California.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2011.
Diputada Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a intensificar las acciones de vigilancia y control del cumplimiento de la NOM-033-ZOO-1995, en materia de sacrificio humanitario de animales domésticos y silvestres, a cargo de la diputada Cristabell Zamora Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI
Cristabell Zamora Cabrera, diputada federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos, 58, 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a intensificar las acciones de vigilancia y control del cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-033-ZOO-1995, en materia de sacrificio humanitario de los animales domésticos y silvestres, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El ser humano es dependiente de su entorno para subsistir, de ahí que los animales hayan sido siempre parte esencial de nuestra evolución histórica; en el entorno directo catalogamos esta dependencia en animales de compañía, de abasto o consumo y fauna silvestre.
Sin embargo, el desconocimiento de algunos seres humanos y el desprecio de la calidad de los animales como seres vivos, nos han llevado a concebir una relación con ellos bajo un sistema de opresión de especies, el cual reeleva su existencia al satisfacer nuestros intereses humanos, sin considerar que respetarlos está ligado al respeto del ser humano mismo.
En nuestro país la lucha por la protección de los animales no ha sido ajena pues, aun cuando en la conciencia social de México no está del todo arraigada dicha cultura, se han emitido en el ámbito legal federal leyes como la Ley General de Vida Silvestre, la Ley Federal de Sanidad Animal y diversas normas oficiales mexicanas, así como leyes estatales protectoras de los animales en el ámbito local, haciéndolos titulares de derechos tan simples para un ser vivo, como el de la existencia.
Hace años el filósofo Peter Singer concibió por primera vez el concepto “derechos de los animales”, es decir, el derecho a la vida, a la libertad y a no ser lastimados, no como una concesión de nuestra especie, sino como un acto de elemental justicia, propio de naciones civilizadas.
El 15 de octubre de 1978 fue proclamada la Declaración Universal de los Derechos de los Animales por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la cual establece el derecho a existir, de todos los animales, y que los hombres no tienen derecho a exterminarlos, entre otras causas.
Pero independientemente de dicha discusión, es un hecho la importancia de contar con una legislación que proteja a los animales de la crueldad y que permita una efectiva participación ciudadana, evitando ambigüedades, conflictos de normas y de competencias, de forma que se garantice un sistema eficiente de medidas de seguridad para salvaguardar los derechos fundamentales de las distintas especies.
Para combatir las conductas agresivas hacia los animales, debemos asumir que su sufrimiento es nuestra responsabilidad y que éste no pude atribuirse a la buena o mala fortuna, pues son nuestras acciones y omisiones las causantes del dolor y las que nos colocan en una situación primitiva y penosa como sociedad, ya que en la actualidad se puede medir la madurez de un país por el respeto a los seres más vulnerables de nuestro entorno, es decir los animales.
En el caso particular de los perros y los gatos, que son animales de compañía mantenidos por el hombre para su disfrute y vivir bajo sus cuidados, deberíamos tener esmero especial en atender las conductas agresivas e inhumanas que nuestra especie les da, cuando en el abandono se tornan, hasta cierto punto, un problema de salud pública; ello, sin menospreciar al resto de las clasificaciones.
La mayoría de los centros antirrábicos en el país consideran que los perros callejeros representan un problema de salud pública y de riesgo de brotes de rabia, de acuerdo a las alertas emitidas en las oficinas municipales a lo largo y ancho del país.
En sus reportes indican que en muy pocos días se capturan una gran cantidad de perros hambrientos, enfermos o abandonados.
La captura de canes es un programa permanente y se considera problema de salud pública por la gran cantidad que se agrupan en los entornos de los basureros y acumulaciones de deshechos, además de la vía pública.
Se torna urgente su captura, además, porque son un riesgo sanitario, toda vez que estos canes no fueron desparasitados ni vacunados y hay riesgo de brotes de rabia, como ya se han registrado en algunos municipios del país.
Si no se capturan, además de su proliferación, se trasladan en busca de comida, porque están hambrientos y seguramente se tornan agresivos, por lo que no se descarta que ataquen a otras mascotas e incluso a los habitantes de las regiones, amén de otras especies.
El problema radica a partir de su captura.
Según la mayoría de las legislaciones locales a nivel estatal, los perros callejeros luego de ser capturados deben ser puestos en guarda durante algunos días. Si pasado ese plazo no existen reclamos sobre el animal, Control Canino del municipio decide los animales que pasan al lote para adopción y los que pasan al lote para sacrificio.
Los perros que quedan para ser adoptados deben contar con la suerte de que alguien les quiera dar hogar en un plazo de 4 a 5 meses, pasado ese tiempo también ingresan al lote para sacrificio.
Para tener una idea aproximada, el 90 por ciento de los perros capturados terminan siendo sacrificados, lo que hace una cantidad impresionante, cuando, por ejemplo, en un solo estado de la república se sacrifica la espantosa cantidad de 400 perros por mes.
El sacrificio humanitario de perros y gatos entregados voluntariamente, recogidos en la vía pública y/o después de haber cumplido con un periodo de observación en centros de acopio o control canino, debe ser efectuado con métodos autorizados y bajo la norma oficial.
Los cadáveres de los perros callejeros deben ser incinerados en instalaciones municipales adecuadas del antirrábico, con hasta 10 animales en cada sesión.
Es la Norma Oficial Mexicana NOM-033-ZOO-1995, en materia de sacrificio humanitario de los animales domésticos y silvestres, la que debe ser de observancia obligatoria nacional y que establece los métodos para el sacrificio con el propósito principal de disminuir su sufrimiento.
Aunque la vigilancia de esta norma corresponde a la Secretaría de Agricultura y a los gobiernos de los estados, casi siempre son las jurisdicciones sanitarias las que a través de sus respectivos centros de salud y departamentos de antirrábico quienes observan la aplicación de ella.
Es ahí donde el sacrificio se vuelve inhumano; al no contar con los elementos físicos necesarios para la ejecución como se plantea en la norma y que el sacrificio pueda ser humanitario y sin dolor.
Esta norma considera, tanto el sacrificio que provoca la muerte de los animales por medio de métodos físicos o químicos, como el sacrificio de emergencia cuya necesidad se realiza por métodos humanitarios para cualquier animal que haya sufrido recientemente lesiones traumáticas incompatibles con la vida, o que sufra una afección que le cause dolor y sufrimiento; o bien, para aquellos animales que al escapar, puedan causar algún daño al hombre.
Sin embargo, debe de considerarse humanitario cuando provoca la muerte sin sufrimiento por métodos físicos o químicos.
Humanitario significa que desde el trato, las medidas deban estar encaminadas a disminuir la tensión, el sufrimiento, los traumatismos y el dolor a los animales durante su captura, traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, entrenamiento y sacrificio.
Ningún animal se sacrificará por envenenamiento, ahorcamiento, ahogándolo, por golpes o algún otro procedimiento que cause sufrimiento o prolongue su agonía.
El sacrificio humanitario que se realice en animales que no sean destinados para el consumo humano solamente podrá realizarse con los métodos autorizados en esta norma, para la especie de que se trate y en razón del sufrimiento que le cause un accidente, enfermedad, incapacidad física o vejez extrema, imposibilidad para su manutención, riesgo zoosanitario o por exceso en el número de los de su especie cuando signifiquen un peligro comprobado para la salud pública. Las escuelas de educación superior, institutos e instituciones científicas y de investigación nacionales podrán realizar el sacrificio humanitario de animales de experimentación, exclusivamente con fines didáctico y de investigación para uso dentro del territorio nacional.
El trato humanitario para el sacrificio de los animales de compañía puede y debe realizarse por electrosensibilización y sacrificio para perros, a excepción de cachorros menores de cuatro meses, debiendo utilizarse un aparato eléctrico especialmente concebido para el uso en esta especie.
Algunos vecinos de los Centros Antirrábicos han hasta grabado la manera como se sacrifica cruelmente y sin ninguna humanidad a los pobres animales caninos.
Hemos sido testigos en repetidas ocasiones de las pésimas condiciones en que se encuentran los lugares donde se lleva a cabo los sacrificios y además, hemos notado la falta de los elementos necesarios para ello, ocasionando negligencias del personal operativo. Debido a esto, es necesario que las autoridades intensifiquen el control y vigilancia, y se analice la infraestructura, el personal, la organización y la calidad de los servicios para que de este modo se diagnostique el estado funcional y los requerimientos para que se cumpla la Norma Oficial Mexicana NOM-033-ZOO-1995.
Si ya tenemos una norma oficial que regula las técnicas de sacrificio humanitario en los animales de una manera que garantiza una muerte rápida, sin sufrimiento y dolor para los animales, veamos que se cumpla.
Y si además abarca no solamente los de animales de abasto que se sacrifican en grandes cantidades, sino también todos aquéllos utilizados en pruebas de constatación, peletería y cualquier otro tipo de aprovechamiento, haciéndose, en todos los casos, necesario que el personal responsable de su manejo conozca perfectamente las técnicas, sustancias y su efecto, vías de administración y las dosis, así como métodos alternativos.
Entonces se hace necesario y fortalecer las acciones que realizan las instituciones, de conformidad con lo que dispone la norma, no sólo en el control y supervisión del uso de los recursos y aspectos administrativos, sino principalmente en la calidad de la ejecución, a fin de asegurar mayor coherencia con nuestra dignidad de seres superiores a estas especies, con una sociedad más humana y menos cruel.
Por lo expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud a intensificar las acciones de vigilancia y control del cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-033-ZOO-1995, en materia de sacrificio humanitario de los animales domésticos y silvestres, en todas las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, y a las personas físicas o morales de los sectores social y privado que conforman el sistema nacional de salud.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2011.
Diputada Cristabell Zamora Cabrera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la intervención de la Segob, de la SHCP y de la Secretaría de Economía respecto a la situación de las máquinas tragamonedas, a cargo de la diputada Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con especialistas, actualmente en México deben existir 75 mil máquinas de apuestas. Sólo 25 mil se encuentran en salas de juego de permisionarios autorizados por la Secretaría de Gobernación. Las demás operan con acciones de amparo.
Los grupos empresariales con mayor participación dentro del mercado legal son Caliente, Televisa, CIE y PRINGSA. Sin embargo, también hay grandes empresas, por ejemplo, la sala de juego Revolución de la empresa Sabia Corporation, SA de CV.
Mientras que las máquinas tragamonedas son el deshecho de los casinos norteamericanos, pero proliferaron en México a partir de 2005 por su costo reducido, facilidad de instalación y lamentablemente por falta de una normatividad actualizada.
Durante los últimos años en diversos establecimientos se localizan las máquinas tragamonedas, que además de ser un negocio ilegal, propician las apuestas entre los jóvenes. Estos juegos están al alcance de cualquier persona y se han convertido en un vicio en el que pasan varias horas al día apostando.
Pero también se pueden ver a niños depositando sus monedas en estos aparatos que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad, sin que las autoridades, tomen las medidas correspondientes para regularlos.
Además existen en distintas partes del país establecimientos ilegales en que se hacen pasar como casas de videojuego o maquinitas para obtener los permisos de las autoridades municipales, cuando en realidad tienen instaladas máquinas tragamonedas.
Dichas máquinas reciben y devuelven dinero en efectivo, cuando en todas las salas legales se utilizan fichas. Es una competencia ilegal y desleal porque no pagan impuestos y, en consecuencia, sus costos de operación son más bajos. Entonces, aunque tengan equipos obsoletos y malos, dan mejores premios. Además, cuando la Secretaría de Gobernación busca clausurarlos, ellos dicen que son máquinas de habilidad y destreza y no de juego, por lo que recurren al amparo y siguen funcionando.
La Secretaría de Gobernación (SG) reconoce que imprecisiones en la Ley Federal de Juegos y Sorteos impiden el combate a actividades ilegales, en especial para retirar las maquinas tragamonedas. Para poder decomisarlas se requiere, como requisito indispensable, que se encuentren operando en el momento en que llega el supervisor.
La SG ha solicitado la colaboración de los mandatarios estatales para impulsar operativos conjuntos en los que intervengan los tres niveles de gobierno, como alternativa para combatir el juego ilegal, especialmente ante la multiplicación de las máquinas tragamonedas.
La Ley de Juegos y Sorteos en su artículo primero define que “quedan prohibidos en todo el territorio nacional, en los términos de esta ley, los juegos de azar y los juegos con apuestas”. En tanto que el artículo segundo de la mencionada ley determina que “los juegos no señalados se considerarán como prohibidos para los efectos de esta ley”.
Mientras que, el gobierno federal mantiene un avance marginal en este combate y asegura que la operación de máquinas tragamonedas ocurre en pequeños establecimientos, como farmacias, tiendas de abarrotes o papelerías, pero no en las grandes cadenas de juego de apuestas y sorteo de números.
Por otra parte, el Sistema de Administración Tributaria (SAT), ha venido realizando el embargo precautorio de máquinas de juego para casino, que no acreditaron su legal importación, tenencia o estancia en el país, al no cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas NOM-001-SCFI-1993 y NOM-024-SCFI-1998.
Con estas acciones se cumple con el mandato del artículo 181 del Código Federal del Procedimientos Penales. Respecto a las omisiones legales que impiden el decomiso de máquinas tragamonedas, poseer un artefacto de ese tipo no constituye delito, sino ponerlo en operación.
A pesar de que el gobierno está haciendo esfuerzos importantes por fiscalizarlos a través del SAT, El crecimiento del juego ilegal le pega muy duro a la industria porque los ilegales no tienen que cumplir con muchos requisitos, y ni siquiera pagan impuestos. De manera que se debe buscar que paguen Impuesto al Valor Agregado (IVA).
En los últimos años se han destruido máquinas tragamonedas que eran operadas de manera irregular, al no contar con los permisos respectivos para su funcionamiento en el mercado. También dispositivos de manufactura doméstica y componentes de importación, que no contaban con los permisos para operar conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Juegos y Sorteos, además de que su funcionamiento fue alterado para no otorgar premios a los particulares que hacían uso de estos mecanismos de juego, ubicados en locales comerciales o estanquillos.
Sin embargo, se ha incrementado el número de maquinas tragamonedas, casinos ilegales en México, y que surgieran salas de juego piratas que rebasaron la capacidad de control del gobierno, muchos de ellos probablemente ligados al crimen organizado. La violencia social, cuyo principal generador es el narcotráfico y que lamentablemente ha ingresado al sector del juego.
La circunstancia de México, caracterizada por un déficit de generación de empleos y de oportunidades de desarrollo personal, favorece que parte de los desocupados se vinculen al juego clandestino.
Los enormes volúmenes de dinero que opera la industria ilegal de juegos, y los efectos que tienen sobre sectores de la población sin empleo ni oportunidades, los vincula a lo ilícito y al lavado de dinero, favoreciendo la delincuencia e inseguridad.
Con la proliferación de las máquinas tragamonedas en misceláneas, miles de niños y amas de casa caerán en las garras del juego compulsivo. Para proteger a nuestras familias, es necesario allanar este mal y tomar medidas preventivas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados acuerda solicitar que la Secretaría de Gobernación (SG), continúe con el decomiso y retiro de maquinas tragamonedas. Asimismo que la Secretaría de Economía, particularmente la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), colabore en los operativos con la SG, ante la multiplicación de las máquinas tragamonedas, principalmente en pequeños establecimientos donde han proliferado notoriamente.
Segundo. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Aduana México, en el marco de sus atribuciones, también colaboren, detectando la importación de maquinas tragamonedas, ya sea de manera completa o en partes, con objeto de inhibir que cualquier ciudadano pueda acceder a la compra de dichas maquinas.
Tercero. La Cámara de Diputados con pleno respeto a las facultades de los gobernadores de las entidades federativas y del jefe de gobierno del Distrito Federal, los exhorta respetuosamente para que intervengan e impidan el juego ilegal fomentado a través de las maquinas tragamonedas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2011.
Diputada Lizbeth García Coronado (rúbrica)