Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y tanto al gobierno estatal como a los municipales de Chihuahua a coordinar y poner en marcha medidas de seguridad para garantizar la vida, protección y tranquilidad de la familia Reyes Salazar, de Ciudad Juárez, a cargo del diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del PVEM
Pablo Escudero Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los numerales 1 y 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acude ante el pleno de esta soberanía a presentar proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, mediante la cual se exhorta al titular del Ejecutivo federal, al titular del gobierno de Chihuahua y a los gobiernos municipales a efecto de que se coordinen y pongan en marcha todas las medidas de seguridad necesarias, directas e indirectas, para garantizar la vida, protección y tranquilidad de la familia Reyes Salazar de Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua, asimismo, que se cumplan sus demandas de justicia y se persiga de forma inmediata a sus agresores. Lo anterior, para que la familia no abandone el país, ya que, de darse esta situación, se mandaría un mensaje claro y concreto del fracaso del gobierno y del abandono a sus ciudadanos, con base en los siguientes
Antecedentes
1. En noviembre de 2008 fue asesinado el joven Julio César Reyes Reyes, hijo de la activista de los derechos humanos, Josefina Reyes Salazar, lo que motivó a que ésta realizara constantes demandas de justicia ante el gobierno local y ante el federal para conocer el paradero de su hijo y la persecución de los responsables, señalando como principales sospechosos de estos hechos al Ejército Mexicano durante las operaciones de combate al narcotráfico en esta entidad federativa.
2. El 21 de agosto de 2009, el joven Miguel Ángel Reyes Reyes, también hijo de la activista Josefina Reyes Salazar, fue acusado de participar en la delincuencia organizada, por lo cual fue detenido y acusado en repetidas ocasiones y encarcelado en noviembre del mismo año, lo que la activista calificó de “desaparición forzada” y motivó a que iniciara una intensa lucha social por esclarecer estos hechos, fundando el Comité de Derechos Humanos del Valle de Juárez, participando en foros en contra de la militarización de la región.
3. Con fecha 3 de enero de 2010 fue asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua, la activista defensora de los derechos humanos Josefina Reyes Salazar, quien fuera ex regidora en el municipio de Guadalupe en la misma entidad e integrante del Frente Nacional Contra la Represión en Ciudad Juárez, Chihuahua, para luchar por el esclarecimiento de asesinatos de mujeres en la ciudad y ser activista sindical de maquiladoras. La señora Josefina, meses antes, había sido amenazada de muerte, derivado de su intensa lucha social originada por la muerte y desaparición de sus dos hijos, y por esos hechos presentó denuncias ante la Procuraduría General de la República y ante la Subprocuraduría de Justicia del estado, pero nunca fueron atendidas.
4. En agosto de 2010 fue asesinado el señor Rubén Reyes Salazar, de cuarenta y ocho años de edad, quien era panadero y hermano de la activista Josefina Reyes Salazar. Su muerte se dio en una carretera que corre paralela a la línea fronteriza con Texas, Estados Unidos, y la cual atraviesa varias poblaciones que han quedado entre el fuego de los narcotraficantes y la presencia militar.
5. El 7 de febrero de 2011 fueron secuestrados tres integrantes más de la familia Reyes Salazar. Sus nombres: Magdalena Reyes Salazar, Elías Reyes Salazar y Luisa Órnelas Soto, esposa de este último; lo que motivó la movilización de toda la familia Reyes Salazar para demandar al gobierno local su apoyo para que aparecieran vivos.
6. El 9 de febrero, las señoras Claudia y Marisela Reyes Salazar denunciaron el secuestro de los tres integrantes de la familia ante la fiscalía estatal, y en esta misma fecha fueron incendiadas las casas de la segunda de ellas y de la matriarca de la familia la señora Sara Salazar.
7. El viernes 25 de febrero del presente año aparecieron en la carretera del municipio de Guadalupe Distrito Bravos, en los linderos de Ciudad Juárez, en Chihuahua, los cuerpos asesinados de los integrantes de la familia Reyes Salazar, descritos en el antecedente número 5 del presente punto de acuerdo.
8. Hasta el día de hoy, la familia Reyes Salazar, encabezada por la señora Sara Salazar, madre de Josefina Salazar Reyes y las hermanas Claudia y Marisela, mantienen un plantón frente a las instalaciones de la Fiscalía de Justicia Zona Norte en Ciudad Juárez, reclamando justicia, y han anunciado que acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a presentar su caso.
Estos antecedentes son analizados bajo los siguientes
Considerandos
Primero. El presente punto de acuerdo atiende a una grave problemática de falta o inexistencia de la autoridad en el estado de Chihuahua. El lamentable caso de la familia Reyes Salazar no es el único, por desgracia en la actualidad existen cientos de casos de agresiones y asesinatos en contra de activistas de los derechos humanos. Hoy Ciudad Juárez es tierra de nadie, donde impera la violencia y la muerte.
Segundo. Es preocupante la situación de inseguridad y de amenaza a la vida que viven los integrantes de la familia Reyes Salazar y el abandono en que se encuentran por parte de la protección de la autoridad. Como legisladores, debemos alzar de forma enérgica la voz, para exigir de una vez que se detengan estas agresiones y se esclarezcan los hechos que se detallan en el apartado de antecedentes en el presente libelo, garantizarles su estancia en el país, ya que es conocido que han recibido constantes invitaciones para ser refugiados en otros países. Con ello se comprobaría una vez más que México está sumergido en una guerra atroz y sus familias desprotegidas.
Tercero. La Cámara de Diputados condena enérgicamente los reprobables actos que se suscitan en contra de las familias de los activistas de derechos humanos a todo lo largo del país. El caso de Ciudad Juárez no es el único, en el centro y sur del país, atrocidades como ésta lamentablemente quedan sin resolver.
Cuarto. El Ejecutivo federal deberá de actuar a efecto de tomar las medidas necesarias a través de las herramientas jurídicas que tiene a su disposición para atraer el caso, ya que nos encontramos claramente ante la ejecución de delitos por parte de la delincuencia organizada, lo que es materia de conocimiento y competencia de la Procuraduría General de la República.
Es lamentable, que esta dependencia federal, no participe y no tenga resultados al día de hoy. Hechos como la rápida solución de las investigaciones y la pronta detención y consignación ante un juez federal de los responsables del homicidio del agente estadounidense de ICE, Jaime Zapata, nos pone a pensar si en México la aplicación de la justicia no es ciega, es parcial y por lo tanto es por consigna.
Quinto. El Estado mexicano debe de garantizar la seguridad de todos y cada uno de sus ciudadanos, el abandono en que se encuentra la familia Reyes Salazar es una muestra de que el gobierno federal falla, que el gobierno federal no gobierna, que el gobierno federal no existe, que el gobierno federal esta rebasado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Sea votada a favor la presente proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por los motivos expuestos en el cuerpo de ésta, por lo que deberá ser aprobado en el pleno de esta Cámara de Diputados sin turno a comisión.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal, al gobierno del estado de Chihuahua y a los gobiernos municipales a coordinar y a poner en marcha todas las medidas de seguridad necesarias, directas e indirectas, para garantizar la vida, protección y tranquilidad de la familia Reyes Salazar de Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua, asimismo, que se cumplan sus demandas de justicia y se persiga de forma inmediata a sus agresores. Lo anterior, para que la familia no abandone el país, ya que de darse esta situación, se mandaría un mensaje claro y concreto del fracaso del gobierno y del abandono a sus ciudadanos.
Tercero. Se exhorta al Ejecutivo federal a adoptar las medidas conducentes, en coordinación con el gobierno del estado de Chihuahua, a efecto de garantizar a los miembros de la familia Reyes que así lo soliciten la atención a que tienen derecho en su calidad de víctimas del delito.
Cuarto. Se exhorta al procurador general de la República a efecto de que la averiguación previa que se integra en esa instancia en relación con los hechos cometidos en agravio de Josefina, Rubén, Magdalena y Elías, todos ellos de apellido Reyes Salazar, así como de Julio Cesar Reyes Reyes y Luisa Órnelas Soto, se determine de manera expedita y se consigne a los responsables ante las autoridades jurisdiccionales competentes.
Quinto. Se exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a implantar acciones concretas con las que se garantice a los defensores de los derechos humanos su derecho a defender, velando en todo momento por su integridad, libertad y seguridad personales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 3 de marzo de 2011.
Diputado Pablo Escudero Morales (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a las negociaciones de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada María Araceli Vázquez Camacho, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno una proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con relación a las negociaciones de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), al tenor de las siguientes
Consideraciones
Lejos de plantear un amplio esquema incluyente y democrático de reflexión respecto a las acciones de México en el concierto internacional, a fin de sentar con firmeza las bases para desarrollar una verdadera política exterior de Estado, durante la última década y desde 2005, los gobiernos de los presidentes Fox y Calderón han suscrito iniciativas de subordinación respecto al exterior. Este el caso de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) con Estados Unidos y Canadá, caracterizada fundamentalmente por la adopción de políticas y medidas para garantizar la seguridad de Estados Unidos, con riesgo de vulnerar las de México y Canadá y, asimismo, para impulsar la liberalización económica y comercial en la región, desestimando la dimensión social que sería necesario atender en el contexto de la relación bilateral con el vecino país.
Así, sin considerar otros aspectos de la mayor trascendencia, en el marco de la relación entre México y Estados Unidos, la llamada agenda de prosperidad de la ASPAN está orientada a expandir la agenda implantada en su momento por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Ello sin que exista una visión más amplia y equilibrada que, en los hechos, responda a un compromiso que se traduzca en una lógica verdaderamente regional de prosperidad, al tiempo de reconocer las asimetrías que caracterizan la relación bilateral con Estados Unidos y de atender las necesidades de la gente y de sus comunidades en nuestro país.
En tal sentido, a consideración del Partido de la Revolución Democrática, es necesario que, en el marco de la relación bilateral en el más amplio sentido, así como en el ámbito de la ASPAN, se aborden temas que no sólo son fundamentales para México, sino también y desde luego para Estados Unidos.
Entre ellos, el de la migración indocumentada de nuestros connacionales, en el marco de la gran contribución de los trabajadores mexicanos a la prosperidad de la economía estadounidense; el de la trata de personas, que involucra a organizaciones delictivas en ambos países y representa un agravio a la dignidad y a la seguridad de las personas y la comisión de otros delitos vinculados a dicho fenómeno; el de la venta y la introducción sin control de armas compradas en Estados Unidos por organizaciones de narcotraficantes asentados en nuestro territorio, lo que contribuye a agravar un problema que afecta a ambos países y que ambos deben enfrentar y resolver en un clima de verdadera cooperación y reconocimiento de las respectivas tareas en su combate al narcotráfico; el de un verdadero desarrollo regional, a ser impulsado mediante políticas y acciones concretas que se traduzcan en una mayor prosperidad en este lado de la frontera, lo que, en sentido estricto, no puede sino beneficiar al conjunto de los países de la región de América del Norte, en una lógica de interdependencia y en una visión sistémica e integral de la relación entre los tres países; el de los fondos compensatorios, con el fin de impulsar proyectos e iniciativas en nuestro país, en un lógica de fortalecer el bienestar y la cohesión sociales, a su vez estrechamente vinculada al del fortalecimiento de la seguridad en el más amplio sentido, y que reconozca las asimetrías propias de la relación bilateral.
Temas de gran importancia que, entre otros, a consideración de nuestro partido deben ser tratados por México en el contexto de su relación con Canadá y con Estados Unidos y, por razones obvias, sobre todo con este último país.
De la misma manera, para el PRD es claro que los planteamientos en materia de seguridad que forman parte de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte tienen como propósito enunciativo “una estrategia de seguridad común” y establecer un perímetro de seguridad para la región. Así, es necesario debatir de manera democrática e incluyente si, mediante el ASPAN, Estados Unidos en realidad estaría desplazando su guerra contra el narcotráfico hacia México por medio de acuerdos para compartir datos de inteligencia y de programas de vigilancia fronteriza, así como del incremento de la militarización en nuestra frontera común, lo que, sin duda, daña severamente la vecindad entre nuestros países y nuestras sociedades.
En este contexto, México ha participado recientemente en por lo menos dos ejercicios multinacionales para el combate al terrorismo conducidos por Estados Unidos. A consideración nuestra, dichos ejercicios están transformando lesivamente la actuación y la imagen pacíficas que han caracterizado a México ante el mundo y conculcando el principio constitucional de autodeterminación y de no intervención que históricamente había venido sosteniendo nuestra política exterior. En los hechos estos ejercicios están orillando a nuestro país’ a formar parte de una nueva etapa de seguridad regional, dependiente de la perspectiva del gobierno de Estados Unidos e integrada al proyecto Visión 2020 del Comando Norte. Es preciso señalar que con ello se viola el espíritu de la Ley para conservar la Neutralidad del País, promulgada el 10 de noviembre de 1939.
Como representantes populares de un poder constitucional que forma parte del Estado mexicano, los legisladores desconocemos cuál es la estrategia de cooperación entre México y Estados Unidos y cuáles son sus alcances en materia del combate al narcotráfico y, asimismo, las estrategias para enfrentar otros fenómenos que involucran la seguridad interior del vecino país. Así, por ejemplo, en el marco de la Iniciativa Mérida se están asumiendo compromisos que ponen en entredicho la independencia y la capacidad soberana de México en cuanto a su seguridad nacional. Ello con el evidente desdén, por parte del Ejecutivo Federal, de las facultades del Senado de la República en la materia.
Por ello nuestro partido sostiene que ese tipo de simulacros no son compatibles con la posición neutral y anti-bélica que México ha sostenido tradicionalmente, en consonancia con los principios constitucionales que deben regir su política exterior. Razón por la que afirmamos que México debe mantenerse al margen de las estrategias y las acciones que Estados Unidos impulsan respecto a su seguridad interior, sin menoscabo de los lazos de debida colaboración.
Estamos llenamente convencidos de que sólo mediante la coordinación y la cooperación regional entre pares podremos combatir cabalmente las actividades de los terroristas y de la delincuencia organizada. Por ello creemos que es fundamental que dicha cooperación se lleve a cabo sin subordinar el interés nacional de México al de Estados Unidos, privilegiando la tradición pacifista de nuestro país.
Adicionalmente, debemos señalar que las negociaciones de la ASPAN han incluido una estrategia energética como parte oficial de la negociación internacional de México.
Lo que distingue a la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte de otros acuerdos radica en el hecho de que la Alianza no se ha visto sujeta a la aprobación ni a la supervisión por parte de los Congresos y de los sectores representativos de la sociedad civil de los tres países. De hecho, las reuniones en que se han venido llevando a cabo las negociaciones, sólo han estado abiertas a los funcionarios gubernamentales y a los representantes de los sectores empresariales.
Por lo que respecta al Ejecutivo federal mexicano, éste no ha convocado a un amplio debate en torno a la pertinencia de las negociaciones de la ASPAN con Estados Unidos y Canadá, y en cambio ha excluido sistemáticamente al Congreso como actor de un diálogo fundamental, evitando que conozca y participe de estas negociaciones que sin duda tendrán un gran impacto para los ciudadanos de nuestro país.
Es tiempo de que, en un gesto autocrítico y realmente democrático, el Poder Ejecutivo federal establezca un diálogo responsable con el Congreso y la sociedad civil, basado en la apertura, la transparencia y la rendición de cuentas, con una verdadera visión de Estado.
Finalmente, las diputadas y los diputados del PRD nos manifestamos contra los compromisos que ha avalado el titular del Ejecutivo federal como parte de las negociaciones de la ASPAN y señalamos enfáticamente que de ninguna manera cuenta con el respaldo del Congreso, por lo que los acuerdos a los que pudieran llegar no gozan de la legitimidad que sólo podría ser resultado del respaldo del Estado mexicano en su conjunto.
En virtud de los anteriores considerandos y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno, de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal a efecto de que en el marco de la división, el equilibrio y la colaboración entre los poderes constitucionales y, asimismo, con visión de Estado y con espíritu democrático, establezca una amplia agenda de análisis y discusión con el Congreso mexicano en la que, de cara a la sociedad, se reflexione y debata sobre cuáles deben ser los alcances y los objetivos de la relación de México con Estados Unidos y Canadá.
Ello, al tiempo de integrar en dicha relación temas fundamentales para México como la migración indocumentada de nuestros connacionales, la trata de personas, así como el desarrollo regional y el establecimiento de fondos compensatorios en el marco de la integración económica del bloque de países de América del Norte, entre otros aspectos de importancia estratégica.
Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal la integración de un Consejo para el Desarrollo Económico de América del Norte, en el que, además de los empresarios, participe el conjunto de los sectores interesados en impulsar el desarrollo, el crecimiento y la prosperidad de la región, a fin de que sus intereses se vean reflejados en dicho Consejo.
Dado en el Palacio Legislativo, sede de la Cámara de Diputados, Ciudad de México, a 3 de marzo de 2011.
Diputada María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por la Secretaría de Salud, la Conagua y la Semarnat medidas sanitarias y ambientales para subsanar los problemas de salud y daños ambientales producidos por la presa Endhó, en Hidalgo, a cargo de la diputada Paula Angélica Hernández Olmos, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Paula Angélica Hernández Olmos, diputada de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 numeral 1 fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, presenta ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La presa Endhó, localizada en el valle del Mezquital del estado de Hidalgo, recibe las aguas residuales que salen desde el emisor central del la zona metropolitana del Valle de México.
El embalse de la presa Endhó tiene más de 100 años de existencia y fue construido originalmente para la captación y almacenamiento de escurrimientos y aguas pluviales. La presa fue construida entre los años de 1947 a 1951 durante el mandato de Miguel Alemán Valdés, con la finalidad de contener los volúmenes totales de agua que ingresan al distrito de riego local y almacenar agua en los periodos de escasez o etapas específicas de los cultivos, así como recibir grandes volúmenes de aguas residuales provenientes del Valle de México (D.F y zona metropolitana), Tepeji del Río, Tula de Allende, la refinería Miguel Hidalgo de Pemex y la termoeléctrica de Tula desde la década de los ochenta, siendo inaugurada en 1952 por el propio presidente de la República.
En 1975 se comenzaron a descargar hacia la presa las aguas del emisor central del la zona metropolitana del Valle de México dando lugar a una fuerte problemática de contaminación ambiental.
La presa Endhó, la más grande de Hidalgo, ha presentado un sin número de problemáticas, tanto de salubridad como ambientales. El agua de la presa contiene cianuros, detergentes, grasas, aceites, nitritos, nitratos, fosfatos, heces fecales y metales pesados, entre ellos plomo y mercurio, en cantidades que rebasan las normas oficiales, lo anterior, determinado por un estudio realizado por los Laboratorios ABC y Química, Investigación y Análisis SA de CV.
El agua de la presa Endhó, que se utiliza para regar 85 mil hectáreas del valle del Mezquital, contiene cantidades alarmantes de arsénico, hierro, fósforo, manganeso, níquel y heces fecales.
47 por ciento de las aguas negras provenientes del Distrito Federal y del valle de México son desechos industriales y 53 por ciento líquidos domésticos, y desde hace más de un siglo se utilizan para regar 85 mil hectáreas en dos distritos de riego del valle del Mezquital.
Desde principios de la década de 1990, especialistas que han estudiado el impacto ambiental en la región de Tula han concluido que la presa Endhó es la cloaca más grande del mundo . En la actualidad el gobierno del estado de Hidalgo ha realizado un esfuerzo sin precedentes, logrando mantener a la presa Endhó libre de lirio acuático ya que éste propicia la reproducción del mosco cúlex, el cual a su vez ha provocado serios daños a la salud de las más de 800 familias que viven en la ribera de la presa, así como al ganado de la región.
En la presa Endho los residuos contaminantes han acabado con la fauna acuática. No hay peces, sólo residuos del agua que proviene del valle de México y el Distrito Federal. Estas aguas han dado un giro a la región desértica convirtiéndola en una importante zona agrícola; el principal punto en contra que tiene son los riesgos que potencialmente puede causar a la salud en el largo plazo.
Los ribereños del lugar han padecido durante años de enfermedades, daños al ecosistema, ya que éste se encuentra en situaciones deplorables, claro ejemplo de naturaleza muerta, y más aún que los lugareños no tienen la posibilidad de acceder ni a un sistema de riego por goteo que les podría proporcionar la presa.
Los problemas de contaminación ambientales, los daños a la salud de los habitantes, y la nula accesibilidad de agua para riego, sin duda, son focos de alarma que deben ser atendidos a la brevedad posible.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal que por conducto de la Secretaría de Salud implemente medidas sanitarias para los ribereños que habitan en las cercanías de la presa Endhó.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a diseñar programas enfocados a subsanar los daños ambientales producidos en la zona ribereña de la presa Endhó, en el estado de Hidalgo.
Tercero. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a establecer un plan estratégico que permita a los ribereños de la presa Endhó verse beneficiados por el agua que durante décadas se ha almacenado; y que con la construcción de la mega planta de tratamiento de aguas residuales, la calidad del agua mejorará en corto plazo de manera significativa.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2011.
Diputada Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para expresar una felicitación al titular del Ejecutivo federal por haber decretado la deducibilidad de las colegiaturas, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a expresar una felicitación al titular del Poder Ejecutivo por haber decretado la deducibilidad de las colegiaturas, con base en las siguientes
Consideraciones
La educación es un bien y una inversión social de importancia esencial, al que tienen derecho todos los hombres y las mujeres. Actualización consciente y libre de capacidades humanas de perfección, proceso amplio y constante de desarrollo de cualidades que hacen a la persona, la educación es en sí misma camino y oportunidad de socialización, de asociación, de comunicación solidaria entre las personas, transmisión, investigación y creación, no sólo de información y técnica, sino de valores sociales y personales.
Es por tanto formación de personas, apertura ante la realidad y, como tal, necesitada de márgenes y atmósfera de libertad para la búsqueda de conocimientos, el encuentro solidario entre las personas y la crítica y transformación de la realidad.
El desarrollo de México requiere un sistema de educación con mayor cobertura y mejor calidad, en el que se asegure la equidad en el acceso y en la distribución territorial de las oportunidades educativas.
Un sistema de educación de calidad que debe estar orientado a satisfacer las necesidades locales y nacionales del desarrollo social, científico, tecnológico, económico, cultural y humano del país; un sistema de educación promotor de la responsabilidad, la tolerancia, la creatividad y la libertad; un sistema de educación con una oferta amplia y diversificada que atienda la demanda social y productiva, con solidez académica, y eficiencia en la organización y utilización de sus recursos.
Para incrementar la cobertura con equidad, es necesario no sólo ampliar y diversificar la oferta educativa sino, también, acercarla a todos los sectores sociales, de forma tal que su participación en estos niveles de educación corresponda cada vez más a su presencia en el conjunto de la población, y lograr que los programas educativos sean de calidad para que todo mexicano, con independencia de la institución en que decida cursar estudios, cuente con posibilidades reales de obtener una formación adecuada y una inserción laboral exitosa.
Por ello, nuestro grupo parlamentario recibe con beneplácito el anuncio hecho por el presidente de la República sobre el decreto mediante el cual las personas físicas pueden deducir el pago de las colegiaturas de preescolar, primaria, secundaria y educación media superior.
La deducción será efectiva cuando los pagos se realicen a instituciones educativas privadas que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en términos de la Ley General de Educación y aplicará cuando se trate de las colegiaturas de los estudios del propio contribuyente, de su cónyuge, de sus hijos o de sus padres.
Se trata de un logro histórico para el Estado mexicano, una exigencia histórica que hoy se materializa y que abona en mucho en el aliento a la educación en México.
Es sin duda un gran avance que el Estado reconozca el enorme esfuerzo que día con día realizan los padres de familia por la educación de sus hijos. Es un reconocimiento a quienes dedican parte de su vida a la superación de los hijos y que se traduce no sólo en colegiaturas sino, también, en la compra de útiles escolares, en el pago de transporte escolar, de uniformes. Es una medida que beneficia a muchas familias, a las que comúnmente llevan las mayores cargas impositivas; a un amplio sector de la sociedad que desde hace muchos años clamaba por una medida como la anunciada.
Es un incentivo no sólo en términos fiscales, sino en materia de impulso a la libertad educativa y a la posibilidad que más niños y jóvenes tengan acceso a este servicio, ya sea público o privado.
En la medida en que grandes sectores permanezcan fuera del acceso a la sociedad del conocimiento, se polarizarán las diferencias entre la población y se mantendrán condiciones de exclusión que impedirán el pleno desarrollo humano. Por tal motivo, la medida adoptada por el Ejecutivo es un mecanismo necesario y fundamental para el incremento del bienestar y la generación de oportunidades para las personas y las familias.
Se trata por ende de un asunto de la mayor relevancia y contribuye a que niños y jóvenes tengan la oportunidad de acceder a la educación acorde con sus necesidades y ampliando la libertad de decisión de los padres de familia respecto a lo que consideren mejor para los hijos.
Saludamos esta importante decisión y la respaldamos con la convicción plena de que este tipo de acciones fortalece a la sociedad y al Estado en su conjunto.
Por lo anterior se somete a consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Cámara de Diputados a expresar una felicitación al titular del Poder Ejecutivo por haber decretado la deducibilidad de las colegiaturas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2011.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo al padrón de infractores de vida silvestre, suscrita por los diputados Diego Guerrero Rubio y Alberto Emiliano Cinta Martínez, del Grupo Parlamentario del PVEM
Diego Guerrero Rubio y Alberto Cinta Martínez, diputados a la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en la fracción I del artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
México forma parte del grupo privilegiado de países megadiversos, siendo uno de los primeros cinco lugares a nivel mundial, en cuanto a riqueza de flora y fauna se refiere, albergando el 10 por ciento de las especies del planeta, de las cuales el 30 por ciento son endémicas.
La superficie protegida de México abarca únicamente el 12 por ciento del territorio nacional -con 174 áreas naturales protegidas- en donde se distribuye más del 50 por ciento de las especies, las cuales, son víctimas del saqueo, de la caza furtiva, de la biopiratería, y del tráfico ilegal, que han provocado la extinción de más del 40 por ciento de la fauna mexicana y la desaparición del 20 por ciento de las especies vegetales del país en menos de cuatro décadas.
Se consideran extintas a más de 127 especies en los últimos veinte años, y actualmente se encuentran en alguna categoría de riesgo más de 2,631 –listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010–, de las cuales, alrededor de 500 están en peligro de extinción, colocando a una de cada cuatro especies del país en grave vulnerabilidad.
El tráfico de especies es considerado como unos de los delitos de mayor incidencia en México, debido a que las bandas que operan en el país han superado las capacidades de las autoridades federales para combatir este ilícito.
Desde la entrada en vigor de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) en 1988 se concertó que la Federación, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), integraría el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, para registrar, organizar, actualizar y difundir la información ambiental nacional, que estaría dispuesto al público, de acuerdo al artículo 159Bis de dicha normatividad, y con base en la fracción XIV del artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Mediante la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) publicada en el año 2000, se encomendó a la Semarnat la elaboración de un padrón de infractores, de acuerdo con el artículo 104 de la Ley, con el objeto de no otorgar autorizaciones de aprovechamiento de vida silvestre, ni ser sujetos de transmisión de derechos de aprovechamiento, a todas aquellas personas inscritas en el padrón.
Este padrón, de acuerdo con el artículo 138 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre es público y accesible en términos del derecho a la información ambiental y de acceso a la información pública gubernamental, y estará disponible a través de la página de Internet de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y contendrá la causa que haya motivado la infracción, describiendo los datos relativos a la ubicación del predio, del ejemplar, parte o derivado de la vida silvestre que hubiere dado origen a la infracción, nombre de la persona infractora, la descripción de la infracción y el precepto legal infringido, así como los datos de la resolución respectiva y su forma y fecha de notificación.
El pasado 3 de marzo del 2010, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos ordenó dar vista al titular de la Secretaría de la Función Pública del flagrante incumplimiento a la LGVS y su Reglamento y la negligencia de publicar el padrón de infractores como lo establece la ley, por parte de la Unidad de Enlace de la Profepa y del Órgano Interno de Control de la Semarnat, reflejando el incumplimiento de dichas unidades administrativas a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 1
A pesar de lo anterior, el Órgano Interno de Control de la Semarnat señaló mediante oficio No 16/RQ/CI-0543/2010, que –el padrón de infractores de la LGVS, de la LGEEPA, y de las disposiciones que de ellas se deriven, es inexistente en sus archivos-.
Es importante destacar que desde abril del 2010, el comité de información de la Profepa, declaró la inexistencia del padrón de infractores, y hasta la fecha esa dependencia solo cuenta con un enlace 2 en su página electrónica al supuesto padrón, que al solicitarlo, no despliega los datos. Por lo cual se subraya que a más de 10 meses de demostrar la falta de trasparencia por parte de esa dependencia, se continúa con la falta de información respecto al padrón de infractores de vida silvestre.
La elaboración del padrón esta previsto, como se indicó anteriormente, en el artículo 104 de la LGVS desde el año 2000, atribución conferida a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Posteriormente con la publicación del Reglamento de la Ley en noviembre del 2006, en el artículo 138, le corresponde a la Profepa la publicación de este instrumento. Sin embargo, a más de 10 años, de la Ley y a 4 del reglamento, el sector ambiental, sigue sin tener registro de los infractores de vida silvestre.
Situación que conlleva a que las acciones en materia de inspección y vigilancia por parte de la Profepa, así como con respecto a la transparencia y legitimidad en la correcta aplicación de la política ambiental y de las normatividades ambientales estipuladas, por parte de la Semarnat han sido ineficientes, ineficaces y carentes de acceso a la legalidad.
Por lo anterior, el presente punto de acuerdo, tiene por objeto exigir la correcta e inmediata aplicación de la normatividad ambiental. A través de la elaboración y publicación del padrón de infractores de vida silvestre.
Por lo expuesto, y con fundamento en la fracción I del artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pone a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se elabore y publique de forma inmediata el padrón de infractores de vida silvestre, de conformidad con los artículos 104 de la Ley General de Vida Silvestre y el artículo 138 del reglamento de la misma ley
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de la Función Pública se realice una investigación exhaustiva en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con el fin de iniciar procedimiento administrativo en contra de los servidores públicos responsables de la falta de elaboración y publicación del padrón de infractores, así como a los servidores públicos que han actuado negligentemente en dicha materia.
Notas
1 http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/117/1/044%20SOLICITUD%20618 09%20PARA%20RR%2032210.pdf
2 http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/253/1/mx/vida_silvestre.html
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 3 de marzo de 2011.
Diputados: Diego Guerrero Rubio (rúbrica) Alberto Emiliano Cinta Martínez.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP a investigar los actos de corrupción en la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios para la reparación y el mantenimiento de buques tanque de Pemex cometidos por funcionarios de la paraestatal en la terminal marítima Ciudad Madero, a cargo del diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del PT
El suscrito diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en la fracción II del numeral 1, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de la Función Pública investigue actos de corrupción en la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios para la reparación y mantenimiento de buques tanque de Petróleos Mexicanos cometidos por funcionarios de la paraestatal en la terminal marítima Ciudad Madero, que ocasionaron un daño al patrimonio del organismo por más de 14 millones de pesos.
Antecedentes
En septiembre y noviembre de 2008, Petróleos Mexicanos (Pemex) estableció los contratos abiertos y convenios modificatorios números 4600014147 y 4500293602 con la empresa Contratación y Comercialización Industrial de Tampico por 13.5 millones de pesos para llevar a cabo el mantenimiento de los buque tanque Nuevo Pemex II y Nuevo Pemex IV, en el dique seco de la terminal marítima de Ciudad Madero, mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas R8IN113037.
La prestación del servicio consistía en el arrendamiento de grúas y camiones titán para un plazo de ejecución de 120 días naturales.
El procedimiento debió declararse desierto ya que la empresa ganadora no contaba con los recursos técnicos requeridos para la prestación del servicio toda vez que en el caso de las grúas ninguna contaba con la capacidad de 37 toneladas solicitada en las bases de invitación, sin embargo el procedimiento continuó en contravención al artículo 31 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Además, no se elaboró un análisis para determinar la aceptabilidad de los precios propuestos por la empresa ganadora, en contravención al numeral 6.24.4 de las Políticas, Bases y Lineamientos Generales de Suministros en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para Pemex y Organismos Subsidiarios, así como a los artículos 41 y 47 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Asimismo, de un análisis comparativo de las jornadas de trabajo pagadas en las siete estimaciones por un monto de 13.5 millones de pesos contra las jornadas de trabajo determinadas con los registros de entrada y salida a las instalaciones de la terminal marítima en Ciudad Madero del personal operario de las grúas y camiones citados en la bitácora de servicios, se detectó que los pagos debieron hacerse únicamente por 3.2 millones de pesos.
En este caso se pagaron todas las estimaciones sin que se haya realizado en su totalidad los servicios contratados, en contravención a lo establecido en el artículo 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Un nuevo acto de corrupción se registró en el contrato abierto a precio fijo 4600016351, con la empresa Construcciones Industriales Luz por 5.1 millones de pesos, para realizar la reparación del buque tanque José Colomo y Nuevo Pemex III, en la terminal marítima de Ciudad Madero mediante el procedimiento de licitación pública nacional reservada de TLC 18576044-002-09 y R9RN115002.
El objeto del contrato era la adquisición de electrodo recubierto con fundente con un plazo de ejecución de 20 días naturales.
El procedimiento se debió declarar desierto ya que durante la evaluación de las propuestas económicas el área contratante utilizó la normatividad del año 2005, siendo que la contratación se realizó en el ejercicio 2009, en consecuencia indujo al área usuaria a realizar una segunda investigación de mercado.
No obstante que un análisis comparativo de precios unitarios había determinado variaciones desde 40 por ciento hasta 205.6 por ciento, en contravención al numeral 6.26.4 de las Políticas, Bases y Lineamientos Generales de Suministros en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para Pemex, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales vigente para el ejercicio 2009.
Al comparar los precios unitarios de los bienes adquiridos a la empresa ganadora, con los registrados en el sistema institucional SAP de compras anteriores, se detectaron variaciones de más de 6000 por ciento, no obstante que se trata del mismo proveedor y terminal marítima en Ciudad Madero, como es el caso de la soldadura de las partidas 6, 34 y 47, en octubre de 2008 le fueron comparadas a 35.50 pesos el kilogramo y en octubre de 2009 le compraron el kilogramo en 2,175 pesos, lo que representa un incremento de 2,139.50 pesos por cada kilogramo en un año, que multiplicado por los 1,800 kilogramos adquiridos en el contrato señalado se ocasiona un daño patrimonial de más de 3.8 millones de pesos tan sólo en tres partidas de las 59 que fueron licitadas, por el sobreprecio de soldadura.
Cabe señalar que durante el ejercicio 2009, la terminal marítima en Ciudad Madero contrató adquisiciones, arrendamientos y servicios por más de 136 millones de pesos, de los cuales 90 por ciento corresponden a adjudicaciones directas, evitando así el procedimiento de licitación pública.
Consideraciones
Que durante las dos administraciones presidenciales panistas se ha agudizado el desmantelamiento de la infraestructura de Petróleos Mexicanos, con la intención de preparar la privatización de la industria petrolera nacional.
Que los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) se han caracterizado por permitir e incluso propiciar los actos fraudulentos y los desfalcos al patrimonio de Pemex, que es de todos los mexicanos y no de los funcionarios avariciosos que hacen jugosos negocios a costa de la riqueza nacional.
Que los dos casos expuestos demuestran la manga ancha que existe en la administración de la paraestatal, en la organización de licitaciones y en la concesión de contratos, procesos utilizados para hacer negocios ilícitos.
Que debe dejar de existir la complicidad de los responsables del sector energético con los actos de corrupción y se debe hacer valer la ley con el fin de terminar con la impunidad en los fraudes denunciados pero jamás resueltos.
Que Petróleos Mexicanos y el país en general ya no soportan más periodos de abusos por parte de los gobernantes sin el riesgo de una explosión social.
Que se debe llevar ante las autoridades a todos los causantes del desfalco contra la empresa de todos los mexicanos, sin importar la cantidad de ceros de las cantidades defraudadas.
Por lo anterior se presenta el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Para exhortar a la Secretaría de la Función Pública investigue actos de corrupción en la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios para la reparación y mantenimiento de buques tanque de Petróleos Mexicanos cometidos por funcionario de la paraestatal en la terminal marítima Ciudad Madero, que ocasionaron un daño al patrimonio del organismo por más de 14 millones de pesos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2011.
Diputado Mario Di Costanzo Armenta (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales y a la ALDF a instaurar acciones reglamentarias para vigilar y controlar la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad en “tardeadas” o “prebares”, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI
Las que suscribimos, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Diana Patricia González Soto y Josefina Rodarte Ayala, diputadas federales a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 numeral 1 fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ponemos a su consideración la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Sabedoras de las necesidades que tienen los adolescentes de contar con espacios para su diversión, tenemos que verificar y estar seguras que sean lugares manejados con amplia responsabilidad y cumplimiento de las normas establecidas por los correspondientes ordenamientos.
Es importante que este tipo de comercios cumplan con las medidas pertinentes para la realización de las “tardeadas” o “prebares”, como son: los horarios establecidos, la seguridad dentro y fuera del establecimiento, y la restricción de venta de alcohol, estupefacientes o sustancias toxicas.
Las nuevas generaciones desgraciadamente se encuentran más cercanas a la adquisición de alcohol y algunos enervantes, tanto en la calle, como en negocios que de manera clandestina proporcionan a los adolescentes estas sustancias. Siendo con esto, la juventud, la más perjudicada en su crecimiento y desarrollo psicoemocional, afectando de manera directa su salud.
Los padres y madres con hijos jóvenes, están preocupados para que se establezcan medidas que ayuden a evitar, o al menos a reducir, estos problemas derivados del abuso del alcohol y de la falta de cumplimiento a las normas establecidas por establecimientos que de manera clandestina siguen vendiendo bebidas alcohólicas a los adolescentes.
Es por ello que, se requiere del esfuerzo de la sociedad entera y de las autoridades, a fin de que se realicen acciones reglamentarias, que cumplan con las medidas de protección y vigilancia a este tipo de establecimientos mercantiles.
Por lo expuesto, ponemos a consideración de este pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta a los Congresos locales de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, en el ámbito de sus facultades, instauren acciones reglamentarias para la vigilancia y control sobre la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad en las llamadas “tardeadas” o “prebares”.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 3 de marzo de 2011.
Diputadas: Diva Hadamira Gastélum Bajo, Diana Patricia González Soto, Josefina Rodarte Ayala (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, y a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de esta soberanía a incluir en los ordenamientos aplicables el nombre y las funciones del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, a fin de darle certeza jurídica y promover su desempeño como órgano técnico, a cargo de la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Augusta Díaz de Rivera diputada en la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno, la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados hace un atento exhorto a Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que a través de la inserción en los ordenamientos aplicables, se incluya nombre y funciones del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), a fin de darle certeza jurídica y promover su desempeño como órgano técnico, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
México es uno de los países más ricos en biodiversidad. Junto con Indonesia, tiene una estrecha interrelación entre biodiversidad y cultura, es decir diversidad biológica y cultural.
La gran biodiversidad en México sólo puede explicarse por su gran complejidad fisiográfica y su complicada historia geológica y climática, lo que hace que flora y fauna muestren patrones geográficos correlacionados con el medio físico.
Esto hace que algunas zonas cuenten con una exuberante vegetación, y otras como el desierto con una densidad menor de vegetación 1 .
La biodiversidad de nuestro país también se ve reflejada en la gran variedad de ecosistemas ya que existen por ejemplo, selva alta perennifolia; selva baja o bosque tropical caducifolio; selva mediana o bosque tropical subcaducifolio; pastizal; sabana; pradera de alta montaña; bosque de encino; bosque de coníferas; matorral xerófilo o bosque espinoso; o los ecosistemas insulares 2 .
Toda esta riqueza biológica se encuentra estrechamente vinculada con los usos y aprovechamientos de diversas etnias, poblaciones indígenas, así como habitantes de las ciudades y conglomerados humanos en diversas formas.
Sin embargo, el uso que se ha dado de nuestros recursos ha llevado a muchas especies al riesgo de la extinción. Los bosques se han visto amenazados por la tala ilegal, pero también por el cambio de uso de suelo para siembra, y ganadería. El resultado ha sido la extinción local en algunas especies y la fragmentación del hábitat.
También los recursos pesqueros han sido sobreexplotados y se hace necesaria una racionalidad que encuentre el balance entre alimentación y sostenibilidad. Es la preocupación sobre el deterioro ambiental y sus recursos, la que muchas veces ha llevado ha implementar acciones a favor de él.
El sector ambiental ha sido afectado por políticas equivocadas, aplicadas en el pasado y la conservación de nuestros recursos ha implicado un mejor desarrollo como país para mejorar nuestra calidad de vida, en donde el sector rural ha desempeñado un papel fundamental.
Una parte importante de la riqueza biológica del país se encuentra en el área rural, en los bienes y los servicios ambientales que nos brindan, tales como el agua, el aire, los servicios de recreación, los cuales también son generados en los espacios rurales mexicanos.
La importancia que para los diputados, y para el país, representa el sector rural mexicano ha sido motivo de la creación de un centro de estudios que se aboque a estudiar los diversos aspectos del desarrollo rural sustentable en apoyo a la tarea legislativa.
En la exposición de motivos de la iniciativa que dio paso a la creación del centro, se expresaron las siguientes razones: limitada inversión productiva; migración de la población rural sin opciones de empleo; la gran cantidad de personas que viven en el campo; aumento considerable de la pobreza rural; la desigualdad productiva, social y regional; incremento del deterioro de los recursos naturales en la zonas rurales; afectación a la base material para la producción agropecuaria y forestal; así como la producción de bienes y servicios ambientales fundamentales para el desarrollo y calidad de vida.
Queda claro que los motivos que dieron nacimiento al centro fueron de tipo rural, y que sólo de manera somera, se hace referencia al deterioro de los recursos, sin observar el aspecto de conservación y sostenibilidad, no considerando que sin el cuidado del medio ambiente no puede existir un adecuado desarrollo rural.
El 10 de mayo de 2004, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformó la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se señalaba que la Cámara Diputados contaría, en el ámbito de la Secretaría General y adscritos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), además de los otros tres centros de estudios que ya operaban en la Cámara de Diputados.
Por otra parte, el 22 de mayo de 2000, se publicó el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados en el Diario Oficial de la Federación. Al día de hoy, dicho estatuto, no incluye el nombre del CEDRSSA.
En el estatuto en comento, existen los siguientes artículos en donde se definen las funciones de tres centros de estudios de los cinco con los que cuenta la Cámara: artículo 42: Centro de Estudios de Finanzas Públicas; artículo 43: Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias; artículo 44: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Sin embargo, no existe ningún artículo que dé cuenta de las funciones del CEDRSSA, por lo que es necesario que se incluyan de manera explícita.
El tema ambiental es un tópico transversal, ya que áreas como la salud, la educación, el turismo, la pesca, equidad y género, por mencionar algunas, están directamente en interdependencia mutua. Es conveniente resaltar que en esta Cámara de Diputados no existe un centro de información y procesamiento que trabaje exclusivamente con el tema ambiental, por lo que resulta necesario que el CEDRSSA, fortalezca sus actividades en dichos aspectos.
Al mismo tiempo, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos señala:
Artículo 34. A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes
f ) Elaborar y proponer a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos el anteproyecto de la parte relativa del estatuto, por el cual se nombrará el Servicio de Carrera Administrativo y Financiero a efecto de que lo considere para la redacción del proyecto de dicho instrumento normativo;
Artículo 38 . La Conferencia tiene las siguientes atribuciones
b ) Proponer al pleno el proyecto de estatuto que regirá la organización y funcionamiento de la Secretaría General, de las Secretarías de Servicios Parlamentarios y de Servicios Administrativos y Financieros, y demás centros y unidades, así como lo relativo a los servicios de carrera, en los términos previstos en esta ley;
Por la anterior fundamentación legal se concluye que la Junta de Coordinación Política y la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos tienen la facultad de realizar los cambios necesarios al estatuto, incluyendo la ampliación de las funciones en el aspecto ambiental.
Considerando que el soporte a la tarea legislativa sería más enriquecedor para los diputados, si el CEDRSSA llevara a cabo investigaciones que arrojen datos sobre la problemática ambiental, creemos que con investigaciones dedicadas al tema de medio ambiente, los legisladores tendrán más herramientas para enfrentar los desafíos que se presentan.
Por último, las funciones descritas a continuación fueron elaboradas, acorde con las necesidades que imperan para el área ambiental en la Cámara de Diputados; examinando las lagunas que tiene el CEDRSSA, debido a que las líneas de trabajo del centro actualmente se abocan principalmente para el área rural, dejando sin posibilidades de investigación la problemática ambiental; tomando en cuenta la sesiones de trabajo que de manera conjunta se realizaron con personal del mismo centro y asesores de la promovente, aprovechando con esto la experiencia del personal del centro, al mismo tiempo que se obtuvieron consensos en cuanto a la problemática que afecta al medio ambiente; finalmente, promover la agenda en temas ambientales que están en interdependencia constante y que por ende requieren de tratamiento interdisciplinario.
Todo con un objetivo: la inclusión de aspectos que están concatenados no sólo con el aspecto rural, sino con diversos temas ambientales, de tal suerte que el CEDRSSA se actualice en la agenda ambiental y brinde frutos para los diputados, la población y al medio ambiente.
También este cúmulo de funciones propuestas está dirigido a ser más efectivo el trabajo, contar con datos fehacientes apegados a la realidad que vive el país.
Destacando que la preocupación de este documento legislativo es hacer congruente y coherente el marco normativo de los órganos técnicos de apoyo a los diputados, promoviendo investigaciones confiables y oportunas sobre diversos temas e incluyendo el de medio ambiente, se propone que en el marco del objeto que describe el artículo 35 del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa del Servicio Civil de Carrera de la Cámara de Diputados se consideren las funciones siguientes:
• Realizar una sistematización de información especializada, elaboración de análisis, seguimiento, evaluación y formulación de propuestas en aspectos ambientales, así como de las evaluaciones de políticas gubernamentales en la materia.
• Analizar los principales programas, políticas, e instrumentos del Ejecutivo federal para promover el desarrollo sustentable.
• Dar seguimiento y analizar el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación de los programas ambientales.
• Recopilar, sistematizar y analizar información sobre la biodiversidad, manejo forestal sustentable, contaminación atmosférica, del suelo y del agua, ecoturismo, etcétera.
• Dar seguimiento a las políticas sobre cambio climático.
• Analizar los impactos ambientales de las iniciativas de ley.
• Colaborar con los otros centros de estudios de la Cámara de Diputados, en investigaciones con el fin de que haya una integralidad en la información que se obtenga, en cuanto al manejo de los recursos naturales y otros aspectos ambientales.
• Recopilación, sistematización y análisis de los principales instrumentos jurídicos, incluyendo los tratados internacionales en materia ambiental.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, expongo ante esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se hace un atento exhorto a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados, para que en el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa del Servicio Civil de Carrera de la Cámara de Diputados, se incluyan el nombre y funciones del Centro de Estudios para El Desarrollo Rural Sustentable y La Soberanía Alimentaria (CEDRSSA).
Segundo. De igual forma, se exhorta a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados, para que analice la posibilidad de ampliar las funciones del CEDRSSA sobre aspectos ambientales y los incluya en el estatuto anteriormente citado.
Tercero. Se hace un atento exhorto a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que como parte del trabajo de armonización o conciliación de los ordenamientos que rigen al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la inserción en éstos, se incluya nombre y funciones del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), a fin de darle certeza jurídica y promover su desempeño como órgano técnico.
Notas
1. Moisés Naim, “Ilícito”, México, Edit. Debate, 2006, Pp. 18
2. Eduardo Ortega, Circulan en México 16.5 millones de armas ilegales, [en línea], México, “El Financiero”, 18 de Marzo de 2010. Dirección URL:
http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=251589&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC [Consultado el 18 de Marzo de 2010]
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2011.
Diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a retirar por la Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas la exhibición en puestos de periódicos de las que violan lo establecido en el Reglamento de Publicaciones y Revistas Ilustradas, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, Diva Hadamira Gastélum Bajo, diputada federal a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones:
Consideraciones
En últimos tiempos las publicaciones que son exhibidas en puestos de periódicos violentan las normas protectoras de la cultura y la educación en el país, ya que se encuentran a la vista de cualquier persona, perjudicando con ello la moral de la familia, siendo los niños, niñas y adolescentes indirectamente vulnerados ante las imágenes exhibidas con alto contenido de cuerpos desnudos, que están exclusivamente dirigidos para adultos.
Y debido al alto contenido de imágenes de pornografía que se publican, los padres y madres de familia se encuentran preocupados por el acceso que tienen los niños, niñas y adolescentes a este tipo de imágenes inapropiadas para sus hijos, los cuales ya se exhiben de manera ilimitada, afectando con ello el sano desarrollo y esparcimiento de los menores.
En este caso se ha presentado la denuncia reiterada de madres y padres de familia tanto del Distrito Federal, Nuevo León, Jalisco, estado de México, y otros estados por la exhibición, entre otras, de la revista H Extremo, en puestos de periódicos que se encuentran ubicados en la mayoría de las esquinas de las calles de este país.
Al realizar el análisis sobre este tema nos hemos percatado del sin número de revistas que se publican en todo el país y que violan con los requisitos establecidos en el artículo 7 del Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas:
ART. 7o.- Las publicaciones de contenido marcadamente referente al sexo, no presentarán en la portada o contraportada, desnudos, ni expresiones de cualquier índole contrarios a la moral y a la educación; ostentarán en lugar visible que son propias para adultos y sólo podrán exhibirse en bolsas de plástico cerradas.
Por lo expuesto, pongo a consideración de este pleno, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta respetuosamente, por conducto de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas para que de manera inmediata se retire la exhibición en puestos de periódicos de las revistas que violan lo establecido en el Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 3 de marzo de 2011.
Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a solicitar por la SRE al gobierno de Cuba la búsqueda de vías institucionales para canalizar el conflicto entre él y los disidentes políticos, en virtud de la represión por el primer aniversario de la muerte de Orlando Zapata Tamayo, a cargo del diputado Jesús Ramírez Rangel, del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe, diputado en la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I , 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a solicitar al gobierno de Cuba la búsqueda de vías institucionales para canalizar el conflicto entre el gobierno y los disidentes políticos, en virtud de la represión por el primer aniversario de la muerte de Orlando Zapata Tamayo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado martes 23 de febrero de 2010 murió en Cuba el preso político Orlando Zapata Tamayo, tras 85 días de huelga de hambre a los que se sometió protestando por los malos tratos y la tortura física que recibía en prisión. El fallecido formaba parte del grupo de los 75 disidentes condenados en la “primavera negra” de 2003, en un momento en que el régimen cubano dispuso una feroz represión contra líderes sociales, periodistas independientes y activistas de derechos humanos, a quienes el gobierno cubano encarceló, al cabo de juicios sumarios cuyos trámites duraron menos de 72 horas, y condenó a penas de hasta 28 años en prisión.
Zapata Tamayo estuvo recluido en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en ciudad de La Habana, después de haber sido detenido en la vía pública el 6 de diciembre de 2002 por agentes de la policía política cubana, acusado por el supuesto delito de desacato. Fue excarcelado el 7 de marzo de 2003, sólo para ser detenido nuevamente el 20 del mismo mes en el barrio del Vedado, donde participaba en un ayuno junto a Martha Beatriz Roque Cabello y cuatro personas más, a favor de Óscar Elías Biscet González y demás presos políticos. Cumplía su condena de 18 años en la penitenciaría de Guanajay, en la provincia de La Habana, hasta que el 15 de enero de 2005 fue trasladado para la prisión Taco-Taco, en la provincia de Pinar del Río. En la prisión Kilo 8, en Camagüey, donde estaba últimamente, empezó una huelga de hambre el 2 de diciembre de 2009 para protestar por los agravios físicos a que son sometidos los acusados por disidencia en la República de Cuba, la que acabó con su vida el pasado 23 de febrero de 2010.
La muerte de Orlando Zapata Tamayo —la primera vez en casi cuarenta años en que un activista cubano ha muerto a consecuencia de una huelga de hambre en protesta contra abusos del gobierno— se ha interpretado como un serio retroceso de los derechos humanos en Cuba y ha dado lugar a una ola de protestas a nivel internacional, así como al inicio de huelgas de hambre por otros presos políticos y disidentes cubanos.
Zapata Tamayo era reconocido por organizaciones internacionales de derechos humanos, tales como Amnistía Internacional, como “un preso de conciencia”, y su liberación había sido reclamada por diversas entidades privadas y oficiales preocupadas por el respeto a los derechos humanos en Cuba. La muerte de Zapata Tamayo reclamando libertad y un trato digno para los presos políticos y de conciencia ha generado consternación en la comunidad de los activistas de derechos humanos en todo el mundo y en toda la comunidad internacional desde Human Rights Watch y Amnistía Internacional hasta el pronunciamiento de autoridades del Departamento de Estado de Estados Unidos, el gobierno de Canadá, el Parlamento Europeo y del presidente actual de la Unión Europea y España, José Luis Rodríguez Zapatero. Son relevantes también las muestras de solidaridad demostradas por algunos gobiernos latinoamericanos tales como Argentina, Uruguay, Chile y México.
Aunado a esto, otro caso que llamó la atención es el de Guillermo Fariñas quien también estuvo en huelga de hambre aproximadamente 134 días para exigir la liberación de 25 presos políticos enfermos, y que casi muere en el intento ya que su estado de salud era grave; sin embargo, finalmente consiguió que su demanda se cumpliera pues se liberaron a los presos. Esto le valió el Premio Sájarov de 2010 del Parlamento Europeo, por su lucha constante por los derechos humanos de los disidentes cubanos.
Es por ello que Guillermo Fariñas junto con las Damas de Blanco, un grupo de mujeres, madres, y esposas de disidentes, han continuado con su lucha, y el pasado 23 de febrero conmemoraron el primer aniversario de la muerte de Orlando Zapata, situación que fue objeto de represión por parte del gobierno cubano, pues se estima que fueron detenidos aproximadamente 118 disidentes y otros 65 bajo arresto domiciliario. Fariñas también fue detenido por más de 28 horas con motivo de esta conmemoración, además que en protesta desde su domicilio dio un discurso sobre la importancia de la figura de Zapata en esta lucha.
Por todo lo anterior, y respetando los principios básicos de autodeterminación y soberanía de los pueblos y reiterando el reconocimiento y afecto diplomático hacia el gobierno de Cuba, es pertinente que se efectúe una crítica justa a esta situación la cual a todas luces deja en evidencia la represión de la cual son objeto los defensores de los derechos humanos en la isla caribeña.
Considerando que los derechos humanos son universales e independientes al ordenamiento jurídico de cada país. Y que estos derechos están sustentados por acuerdos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1966, y por tanto deben ser respetados en todo país que los haya suscrito y, tomando en cuenta, que varios periodistas, disidentes pacíficos y defensores de derechos humanos cubanos han sido víctimas de la censura, la represión y el encarcelamiento por ejercer su libertad de expresión y pensamiento, se propone la aprobación de este un punto de acuerdo con la finalidad de que se respete los derechos humanos de los cubanos.
Por todo lo expuesto, se somete a consideración del pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a solicitar al gobierno de Cuba la búsqueda de vías institucionales para canalizar el conflicto entre el gobierno y los disidentes políticos, en virtud de la represión por el primer aniversario de la muerte de Orlando Zapata Tamayo.
Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2011.
Diputado Jesús Ramírez Rangel (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar por la SEP un programa nacional que dote de Internet a todas las escuelas públicas desde nivel básico hasta superior, a cargo del diputado Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 67, numeral 1, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6o., fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El tema del acceso, o servicio, universal a Internet es un componente importante del análisis de los retos legislativos en telecomunicaciones. En el debate cotidiano sobre este tema existen diversas interrogantes: ¿cuál es el paquete de servicios de telecomunicaciones que los ciudadanos deben tener disponible? ¿Se logrará acceder a ese paquete solamente con algún tipo de intervención pública? ¿Cuál es el rol del mercado? ¿Cuál el rol de las políticas públicas?
Aunado a ello, con la convergencia tecnológica, el paquete de servicios disponible para los consumidores cambia y el objetivo de política pública no es sólo universalizar los servicios conocidos como “básicos”, es decir, la telefonía de voz, sino incluir un paquete integrado de telecomunicaciones, que incluye, entre otras cosas, telefonía digital, televisión por cable e Internet.
En ese tenor, los países desarrollados han comenzado a redefinir las nociones de servicio universal para trascender la telefonía básica hacia servicios convergentes, con énfasis en el acceso a Internet. Sobre este punto, la Unión Europea ha diseñado el paquete “Functional Internet Access” o Acceso Funcional a Internet. En Australia, se habla de “Digital Data Service Obligation”, que equivale a un acceso universal a través de una red digital de servicios integrados.
Por otra parte, la noción de servicio, o acceso universal, puede ser interpretada de muy diferentes maneras. Ésta puede responder a diferentes tipos de políticas y a diferentes lugares o momentos del tiempo. Sin embargo, la idea general tiene que ver con el acceso y asequibilidad de los servicios de telecomunicaciones. De esta forma, el acceso universal verdadero se logra cuando el 100 por ciento de un país tiene acceso a un teléfono público o un telecentro comunitario (noción comunitaria) o cuando el 100 por ciento de individuos o viviendas está suscrito a un servicio de telecomunicaciones (noción individual, es decir, el servicio es costeable para todos los habitantes de un país).
Sin embargo, las condiciones económicas de cada país son diferentes, ya que los países en vías de desarrollo, como México, el grueso de la población no cuenta con los recursos suficientes para contratar el servicio de Internet, y las posibilidades de conexión sin costo en lugares públicos y centros escolares, aún es insipiente.
Para contrarrestar estos efectos, países como Brasil, Chile, Perú, Costa Rica y Bolivia, entre otros, han sido pioneros en la implementación de programas de acceso/servicio universal destinados a incrementar el acceso al teléfono e Internet en áreas rurales y sin servicio. Para ello, han puesto en práctica diversos mecanismos de financiamiento para llevar el servicio Internet a zonas rurales y marginadas, entre los que destacan
1. Financiamiento directo con cargo a los ingresos generales del gobierno.
2. Contribuciones de los operadores de telecomunicaciones (por ejemplo, en proporción a sus ingresos provenientes de servicios específicos).
3. El producto de las subastas de espectro.
4. Pagos por licencias o concesiones.
5. Un gravamen cobrado por cada línea de acceso instalada por los operadores de telecomunicaciones.
6. Fondos procedentes de organismos de desarrollo internacional.
7. Subsidios fiscales a proveedores de servicios.
En México no existe un programa explícito para lograr el servicio universal. Por tanto, no existe lo que en otros países se denomina Fondo de Acceso Universal, que recibe constantemente recursos provenientes de los ingresos de los operadores. Sin embargo, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), convocó en los años 2005 y 2006 a licitaciones para otorgar apoyos económicos no recuperables y derechos de uso de bandas del espectro radioeléctrico para proporcionar accesos fijos inalámbricos a comunidades marginadas. Este programa se denominó Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones.
En las condiciones para otorgar las concesiones se establecía la obligación de proporcionar servicio público de telefonía básica local y de larga distancia, a través de una caseta pública.
La SCT seleccionó para las áreas de servicio aquéllas localidades de escasos recursos del medio rural y urbano con altos grados de marginación y que no contaran con servicios telefónicos.
Es importante mencionar que Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones se enfocó más en el servicio telefónico que propiamente al acceso de Internet en las diferentes localidades.
A la par, se crearon los Centros Comunitarios Digitales, que ofrecen servicios electrónicos a través del acceso a equipos de cómputo e Internet. Los Centros Comunitarios Digitales (mejor conocidos por sus siglas CCD) son sitios de acceso público a Internet, localizados en todo el país, principalmente en escuelas, bibliotecas, centros de salud, oficinas de correos y edificios de gobierno. En un CCD, la población en general puede utilizar computadoras y otras herramientas tecnológicas, para estar mejor informada y comunicada con otras personas.
La red de CCD forma parte de la estrategia del Sistema Nacional e-México. Inicialmente fueron inaugurados 3200 CCD en todo el país y actualmente se cuenta con al menos un centro comunitario en cada municipio de México. Para facilitar su ubicación, el propio portal e-México tiene un mapa interactivo con los centros comunitarios que se ubican en cada estado y municipio
Como pude observarse, la mayoría de los países latinoamericanos han creado fondos con participación pública, privada y social para que más habitantes cuenten con el servicio de Internet. En México, se ha optado por la participación directa del Estado en la instalación de los Centros Digitales, y el otorgamiento de estímulos económicos y otorgamiento de derechos a los proveedores de servicio; lamentablemente el acceso no es universal.
El acceso a Internet ha dejado de ser solamente una fuente de información, en el convergen audio, voz y datos en una amplia gama de matices que permiten a los usuarios comunicarse, informase y acercarse de elementos y herramientas que permiten elevar su conocimiento, para ser pieza fundamental de la educación de millones de jóvenes en su etapa formativa.
En está ocasión, no se propone la creación de un fondo con participación pública o privada, ni tampoco en otorgar beneficios económicos y fiscales a empresas que presten el servicio, mismos que repercutirían las finanzas públicas del país, sino que la Secretaría de Educación a través de la facultades que en la materia le otorga la ley, instrumente un programa nacional acceso universal a Internet, en todos los centros escolares del país desde el nivel básico hasta el superior.
Adicionalmente, la SCT podrá participar en cuanto al apoyo técnico, infraestructura y propuestas para poner en marcha esta plataforma de servicios de comunicación en beneficio de la educación nacional.
Compañeros legisladores, debemos tomar en cuenta que el Internet, hoy en día no sólo es un medio de información, es una herramienta indispensable para la educación; el Internet y en general las telecomunicaciones, contribuyen a la superación de la pobreza debido a que permiten el acceso a nuevos mercados, reducen costos de comunicación y logran mayor eficiencia en procesos que exigen interacción.
Con la instrumentación de este programa, se daría un paso histórico para cerrar la brecha digital que nos separa de otros países, ya que se estaría dando cobertura y acceso en más de 240 mil escuelas públicas, y se beneficiaría directamente a 33 millones de jóvenes que se encuentran en su etapa formativa.
Derivado de lo expuesto y fundado, me permito proponer al pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que instrumente un Programa Nacional de Acceso Universal a Internet en todas las escuelas públicas del país desde nivel básico hasta superior.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, analice la viabilidad técnica y requerimientos de infraestructura para poner en marcha esta plataforma de comunicación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2011.
Diputado Óscar Román Rosas González (rúbrica)