Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3213-IV, jueves 03 de marzo de 2011


Dictámenes a discusión de proposiciones

Dictámenes a discusión de proposiciones

De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al director general de la Comisión Federal de Electricidad a instalar medidores con tecnología apropiada para garantizar que el cobro del servicio corresponda fielmente al consumo realizado

Honorable asamblea:

La Comisión de Energía correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, 85 y 157, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada en La Cámara de Diputados de fecha 7 de abril de 2010, Eduardo Mendoza Arellano, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la proposición por la que se exhorta al director general de la CFE a instalar medidores con tecnología apropiada para garantizar que el cobro por el servicio de energía eléctrica corresponda fielmente al consumo realizado.

2. El presidente de la Mesa Directiva acordó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía”.

II. Objeto y contenido de la proposición

La proposición materia del presente dictamen tiene como objetivo central exhortar al titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que se tomen medidas que permitan que los usuarios del servicio de energía eléctrica paguen de manera justa lo que consumen.

En la exposición de motivos, el diputado Eduardo Mendoza Arellano hace alusión a las facultades y obligaciones del organismo suministrador (CFE) establecidas en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; así como a los programas de calidad que desde 1992 se han implantado para elevar su competitividad, brindar más y mejores servicios a los usuarios y abatir la corrupción.

Para ilustrar lo anterior, el promovente se refiere a boletines de la Procuraduría Federal del Consumidor que señalan que en los últimos dos años la CFE ha ocupado el primer lugar en quejas por parte de los usuarios debido principalmente a cobros injustificados. En este contexto, comenta las medidas que los Congresos locales de los estados de Quintana Roo y de Coahuila, han realizado mediante la aprobación de puntos de acuerdo relativos al cobro injustificado del servicio de energía eléctrica así como de la revisión de los criterios para la aplicación de tarifas eléctricas.

Por otra parte, el promovente aborda el tema de la corrupción en la paraestatal y, asimismo, manifiesta su desacuerdo con algunas de las prestaciones que otorga la Comisión Federal de Electricidad a sus trabajadores, como aquella por concepto de “no cobro” por servicio de energía eléctrica toda vez que la empresa deja de cobrar aproximadamente veintidós millones de pesos al año.

Por último destaca el diputado el caso del estado de México y el Distrito Federal donde se han presentado quejas de los usuarios en torno a los altos cobros, mala calidad en el servicio, así como la inexistencia de un contrato, este ultimo de relevancia para el consumidor.

En virtud de lo anterior y el diputado Eduardo Mendoza Arellano somete ante el Pleno de esta soberanía los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Que se exhorte al titular de la Comisión Federal de Electricidad, ingeniero Alfredo Elías Ayud (sic), a instalar medidores que cuenten con la tecnología apropiada a fin de que la ciudadanía tenga la certeza de que lo que se le está cobrando por el servicio de energía eléctrica corresponda fielmente con el consumo realizado.

Segundo. Se dé por cancelado todo aquel proyecto que implique la instalación de cualquier modalidad de sistema de prepago para la energía eléctrica. Se mantenga informada a esta honorable Cámara sobre lo referente al punto anterior.

III. Consideraciones

Primera. Esta comisión dictaminadora reconoce la problemática expuesta en la proposición en dictamen, en cuanto a la deficiencia en la calidad del servicio de energía eléctrica por parte del organismo suministrador, Comisión Federal de Electricidad; y la situación de vulnerabilidad del consumidor cuando se presentan cobros injustificados.

Asimismo los integrantes de la Comisión de Energía han resuelto respaldar la propuesta del diputado Eduardo Mendoza Arellano expresada en el punto de acuerdo “primero” referido en el apartado segundo, objeto y contenido de la proposición, en términos de buscar garantizarle al consumidor un cobro justo por el servicio, toda vez que tiene el derecho de contar con un servicio de calidad.

Adicionalmente, esta dictaminadora ha considerado anexar al punto de acuerdo, el señalamiento realizado por el promovente en cuanto a la importancia de que el consumidor cuente con el respaldo de manera física de un contrato a efecto de otorgarle certeza y seguridad jurídica al contener plasmados los derechos y obligaciones que adquiere en conjunto con el organismo suministrador y de transparentar el servicio que presta la Comisión Federal de Electricidad.

Segunda. Señala el promovente en el punto de acuerdo “segundo” lo siguiente:

Segundo. Se dé por cancelado todo aquel proyecto que implique la instalación de cualquier modalidad de sistema de prepago para la energía eléctrica. Se mantenga informada a esta honorable Cámara sobre lo referente al punto anterior.

Al respecto esta comisión observa que la propuesta no aporta argumentos suficientes para considerar aprobar que se cancele todo aquel proyecto que implique la modalidad del sistema de prepago por el servicio de energía eléctrica. No obstante la presidencia de la Comisión de Energía, con fundamento en el numeral l del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ha procedido a solicitar mediante el oficio C.E./654/10, dirigido al titular de la Comisión Federal de Electricidad la siguiente información de forma detallada:

– Modalidad del sistema de prepago.

– Ventajas de la modalidad del sistema de prepago para la empresa CFE y para el consumidor.

– Atención a clientes en la región donde prestaba el servicio Luz y Fuerza del Centro.

– Medidas que ha llevado a cabo CFE en la calidad del servicio a fin de contrarrestar las denuncias y quejas ciudadanas ante la Procuraduría Federal del Consumidor.

Lo anterior a efecto de abundar en el tema de la modalidad de prepago y hacer llegar la referida información al diputado Eduardo Mendoza Arellano.

Tercera. Destaca el promovente el tema de las quejas y denuncias que ha presentado la Comisión Federal de Electricidad respecto de la calidad del servicio que presta la referida paraestatal.

En efecto, la misma Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en diversos comunicados ha informado que la facturación por el consumo de energía eléctrica aumentó más de 30 por ciento en los últimos meses al tomar como referencia las quejas interpuestas por los usuarios ante este organismo.

Es de destacar que esta instancia señala que el 91 por ciento de las quejas de los usuarios en contra de CFE corresponde a cobros indebidos y el resto a deficiencias en el servicio. En este sentido la manera en que la paraestatal atiende a los usuarios del servicio es mediante atención telefónica al marcar al 071. Donde según la Profeco el porcentaje de conciliación es elevado, no obstante el número de quejas en contra de la empresa es alto.

Como conclusión, en el entendido que la Comisión Federal de Electricidad tiene el compromiso de ofrecer servicios de excelencia, garantizando altos índices de calidad en todos sus procesos, al nivel de las mejores empresas eléctricas del mundo, esta Comisión dictaminadora estima conveniente respaldar la petición del diputado promovente en términos de que el organismo suministrador realice las medidas correspondientes a fin de que se garantice al usuario que el cobro por el suministro de energía eléctrica corresponda fielmente con el consumo realizado.

Adicionalmente, se considera relevante la existencia física de un contrato el cual se realice de manera personal y escrita, con el cual se den a conocer tanto las bases que regirán el servicio como los derechos y obligaciones que adquieren ambas partes, habida cuenta que la contratación del servicio se ha estado realizando vía telefónica e Internet. Por lo tanto, esta Comisión de Energía considera que el titular de CFE debe tomar medidas para que se preste la adecuada atención a los usuarios del suministro de energía eléctrica a efecto de que se pueda realizar no sólo por internet y vía telefónica sino también de forma personalizada la solicitud del servicio y la presentación de quejas y aclaraciones; así mismo, que los usuarios tengan acceso al contrato respectivo.

Por los razonamientos expuestos la Comisión de Energía somete a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente:

IV. Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad para que se tomen las medidas correspondientes a fin de que se garantice al usuario que el cobro por el suministro de energía eléctrica corresponda fielmente con el consumo realizado.

Segundo. Se exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad a fin de que se tomen medidas correspondientes para que se preste la adecuada atención a los usuarios del suministro de energía eléctrica a efecto de que se pueda realizar de forma personalizada la solicitud del servicio y la presentación de quejas y aclaraciones; así mismo, que los usuarios tengan acceso al contrato respectivo.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, diciembre de 2010.

Se adjuntan las firmas aprobatorias del presente dictamen de los integrantes de la Comisión de Energía.

La Comisión de Energía

Diputados: Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (rúbrica), Ramón Ramírez Valtierra, José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica en contra), Pedro Jiménez León (rúbrica), Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Canek Vázquez Góngora, José Luis Soto Oseguera (rúbrica), Jorge Alberto Juradini Rumilla, José Luis Velasco Lino (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Luis Antonio Martínez Armengol, Genaro Mejía de la Merced, Éric Luis Rubio Barthell, Miguel Martín López, Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica), César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), Elsa María Martínez Peña, Magdalena Torres Abarca (rúbrica), Ramón Jiménez López, César Francisco Burelo Burelo.

De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos a realizar acciones para continuar la limpieza de los territorios afectados por el derrame de petróleo ocurrido en 2007 en Agua Dulce, Veracruz

Honorable asamblea:

La Comisión de Energía correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, 85 y 157, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada en La Cámara de Diputados el 28 de octubre de 2010, el diputado Leandro Rafael García Bringas presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a implementar los mecanismos institucionales necesarios para la realización de acciones que atiendan a la mitigación, saneamiento, seguridad y protección ambiental, específicamente en el municipio de Agua Dulce, Veracruz.

2. El presidente de la Mesa Directiva acordó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía”.

II. Objeto y contenido de la proposición

El objeto de la proposición materia del presente dictamen, busca atender la problemática derivada del derrame de hidrocarburos ocurrido en el año 2007 en el municipio de Agua Dulce, Veracruz.

Para ello, el diputado Leandro Rafael García Bringas propone que esta soberanía exhorte a Petróleos Mexicanos a implementar los mecanismos institucionales necesarios para la realización de acciones que atiendan la mitigación, saneamiento, seguridad y protección ambiental en el municipio referido.

En la exposición de motivos, el promovente hace alusión a las acciones emprendidas para la atención de zonas afectadas por el derrame de hidrocarburos ocurrido en el año 2007.

Destaca que a partir de la declaración de zona de desastre ambiental y social emitida por la Secretaría de Protección Civil del estado de Veracruz, se implantaron acciones de emergencia debido a la magnitud del evento a fin de restablecer el equilibrio ecológico del lugar, de lo cual se dio constancia mediante el levantamiento del acta circunstanciada única de inicio de trabajos el 4 de septiembre de 2008 por parte del ayuntamiento de Agua Dulce, Veracruz.

Agrega el diputado que, no obstante las acciones implantadas por Pemex, actualmente existen manifestaciones tanto sociales como de autoridades locales que, de acuerdo con el diputado, evidencian una serie de hechos y omisiones que han impedido que el problema haya sido corregido totalmente, y señala que las tareas de recolección iniciadas por Petróleos Mexicanos a partir del día 13 de diciembre de 2007, han sido suspendidas y olvidadas a la intemperie y sin la vigilancia adecuada.

En virtud de lo anterior, el diputado García Bringas somete a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular de Petróleos Mexicanos, a que, a través de sus órganos correspondientes, realice las acciones necesarias para continuar con la limpieza de los territorios afectados por el derrame de petróleo ocurrido en 2007 en el municipio de Agua Dulce, Veracruz, así como para que refuerce la vigilancia en sus instalaciones petroleras a fin de evitar sucesos semejantes en otras regiones del país.”

III. Consideraciones

Primera. Los integrantes de la Comisión de Energía comparten la preocupación del diputado Leandro Rafael García Bringas respecto de la problemática que presenta el municipio de Agua Dulce, Veracruz, toda vez que resulta innegable que el desarrollo de las actividades petrolera e industrial, ha tenido implicaciones negativas como las que señala el promovente.

Por tanto, como resultado del estudio y análisis de la proposición materia del presente dictamen, esta comisión dictaminadora considera viable su aprobación en virtud de coincidir en lo general con los argumentos expuestos, así como la intención establecida en el punto de acuerdo.

Segunda. Respecto del evento al que se refiere el diputado, de acuerdo con información hemerográfica, 1 en 2008 el gobierno municipal de Agua Dulce contrató los servicios de Resources For Life (RFL), esta empresa destaca que el hidrocarburo encontrado proviene de la fuga que se presentó tras el choque de las plataformas petroleras Usumacinta y Kab 121 en la sonda de Campeche el 24 de octubre del 2007.

Igualmente, se encuentran documentados diversos eventos que tienen su origen en el desarrollo de las actividades petroleras que se llevan a cabo en la región como el ocurrido en el año 2005 2 cuando debido a la contaminación clausuraron cuarenta pozos artesianos los cuales abastecían de agua natural a los habitantes del municipio referido.

Este tipo de situaciones, derivadas de las actividades que lleva a cabo Petróleos Mexicanos, se presentan con frecuencia en diversos municipios del estado de Veracruz.

Al respecto, en el documento Emergencias ambientales en México, análisis nacional y estatal, elaborado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), se destaca que Veracruz es la entidad federativa que más emergencias ambientales ha reportado ante esta instancia durante el periodo que comprende los años 1993 a 2009, con el mayor número de afectados en cuanto a defunciones, lesionados, intoxicados y evacuados.

Tercera. Por lo que se refiere a las acciones que en su momento Pemex implantó en el municipio de Agua Dulce, en el informe de Pemex Desarrollo Sustentable 2008 en el apartado de protección al entorno natural, impactos ambientales por fugas y derrames se hace referencia de la restauración de la cuenca baja del Río Coatzacoalcos mediante el Programa de Restauración de la Cuenca Baja del Río Coatzacoalcos, región a la que pertenece el referido municipio. Es importante señalar que este programa lo coordina la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con la participación de Petróleos Mexicanos.

Adicionalmente, de acuerdo con información de la Subsecretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático del gobierno de Veracruz, se encuentra en proceso de decreto el ordenamiento ecológico de la cuenca baja del río Coatzacoalcos. Este programa tiene su origen en 1995, cuando el gobierno del estado en coordinación con la Semarnat y Pemex, solicitó la realización del estudio cuyo propósito era diseñar el Programa de Ordenamiento Ecológico para aquélla región.

Para el tema que nos ocupa es importante señalar que la delimitación del área de ordenamiento ecológico se realizó con base en criterios geográficos y administrativos entre los cuales se destacan los siguientes:

La región posee una gran riqueza y diversidad de ecosistemas terrestres y acuáticos.

En ella interactúan ecosistemas de gran belleza escénica y también de alta fragilidad, registrándose cerca de 2,500 especies de plantas vasculares y un listado de fauna potencialmente presente que incluye 656 especies de vertebrados terrestres.

La disponibilidad de recursos naturales es condicionante del desarrollo de la región.

Cuarta. Es importante mencionar que los derrames de hidrocarburos, por las sustancias que involucran, pueden poner en peligro los lugares donde se producen, la integridad de los ecosistemas, así como la preservación de los recursos naturales. Asimismo, cuando un derrame de hidrocarburos permanece sin ser atendido puede causar daños constantes y crecientes al suelo y a otros recursos naturales con repercusiones negativas en la economía de la región, como por ejemplo el turismo y la pesca, así como derivar en consecuencias adversas para la salud de la población.

En virtud de lo anterior, resulta evidente que se deben instrumentar medidas y acciones para proteger y conservar los recursos naturales de la región, así como en los casos que lo requieran, considerar la restauración y/o la remediación ecológica.

En conclusión, la que dictamina reconoce la problemática expuesta en la proposición materia del presente dictamen y respalda la petición del diputado Leandro Rafael García Bringas a fin de atender la problemática que presenta el municipio de Agua Dulce, Veracruz derivada de la actividad petrolera desarrollada por Petróleos Mexicanos.

Por los razonamientos expuestos la Comisión de Energía de esta honorable Cámara de Diputados somete ante el pleno de esta soberanía el siguiente:

IV. Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de Petróleos Mexicanos, a que, a través de sus órganos correspondientes, realice las acciones necesarias para continuar con la limpieza de los territorios afectados por el derrame de petróleo ocurrido en 2007 en el municipio de Agua Dulce, Veracruz, así como para que refuerce la vigilancia en sus instalaciones petroleras a fin de evitar sucesos semejantes en otras regiones del país.

Notas

1 “Pemex contaminó con metales pesados el río Tonalá: Profepa”, La Jornada , México, DF, sábado 24 de enero de 2009, año 25, número 8778.

2 “Agua Dulce: clausuran 40 pozos por contaminación”. El Universal, México, DF, 29 de enero de 2005, visible en http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id_nota=56205&tabla=estados

Palacio Legislativo de San Lázaro, 19 de enero de 2011.

Se adjuntan al presente dictamen las firmas aprobatorias de la mayoría de los integrantes de esta Comisión de Energía.

La Comisión de Energía

Diputados: Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (rúbrica), Ramón Ramírez Valtierra, José del Pilar Córdova Hernández, Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica en contra), Pedro Jiménez León, Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Canek Vázquez Góngora, José Luis Soto Oseguera (rúbrica), Jorge Alberto Juradini Rumilla (rúbrica), José Luis Velasco Lino, Alfredo Villegas Arreola, Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced, Éric Luis Rubio Barthell, Miguel Martín López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Nelly del Carmen Márquez Zapata, César Octavio Pedroza Gaitán, Elsa María Martínez Peña (rúbrica), Magdalena Torres Abarca (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo.

De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a revisar de manera urgente el exagerado incremento de la tarifa para establecimientos comerciales y de servicios en Morelos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía, correspondiente a la LXI Legislatura con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, 85, 157, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 13 de octubre de 2010 se presentó la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a realizar una revisión urgente del exagerado incremento de la tarifa de energía eléctrica de establecimientos comerciales y de servicios en Morelos, suscrita por los diputados Jaime Sánchez Vélez, Luis Félix Rodríguez Sosa y José Manuel Agüero Tovar, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2. El presidente de la Mesa Directiva acordó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía”.

II. Objeto y contenido de la proposición

La proposición materia del presente dictamen tiene como objeto central exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a que revise el incremento de la tarifa de energía eléctrica de establecimientos comerciales y de servicios en Morelos.

Para ello, en la exposición de motivos, los promoventes destacan que los sectores productivos del estado de Morelos han visto afectados sus ingresos por factores tales como: la inseguridad pública, la caída en la afluencia de turismo y el incremento en el cobro del suministro de energía eléctrica.

Asimismo los promoventes refieren que esta problemática derivó en que los municipios de Cuernavaca, Jiutepec y Temixco presentaran quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor e iniciaron una defensa jurídico-legal contra la Comisión Federal de Electricidad, por los incrementos de hasta 500 por ciento en los recibos de luz.

Por último, señalan que respecto del cambio de medidores mecánicos a electrónicos, este es impuesto por la CFE al usuario, y que adicionalmente en el monedero electrónico se trata de imponer al consumidor un seguro de vida.

En virtud de lo anterior, los diputados José Manuel Agüero Tovar, Luis Félix Rodríguez Sosa y Jaime Sánchez Vélez someten a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo:

“Único. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a revisar de manera urgente el exagerado incremento de la tarifa de energía eléctrica, el cobro del cambio de medidores y la contratación de un seguro de vida a establecimientos comerciales y de servicios en Morelos.”

Una vez expuestos los antecedentes, objeto y contenido de la proposición que promueven los diputados Jaime Sánchez Vélez, Luis Félix Rodríguez Sosa y José Manuel Agüero Tovar, los integrantes de esta Comisión de Energía formulan el presente dictamen bajo las siguientes:

III. Consideraciones

Primera. Los integrantes de la Comisión de Energía comparten la preocupación de los diputados promoventes en lo que concierne a la situación económica de los habitantes de Morelos, toda vez que la inseguridad pública que se ha presentado en los últimos meses ha impactado de manera directa al turismo y con ello a diversas actividades económicas en la entidad.

Por otra parte, en cuanto al punto de acuerdo plasmado en la proposición en comento, esta comisión dictaminadora estima propicio respaldar y aprobar la petición de los promoventes en el sentido de exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a que se revise el cobro por consumo de energía eléctrica aplicada al comercio; se notifique al usuario los criterios bajo los cuales se cobrará el cambio de medidores y, por último, se verifique que ha quedado sin efecto la contratación del seguro de vida mediante el Programa monedero electrónico en Morelos.

Segunda. Señalan los promoventes que en Morelos se ha presentado el cobro del cambio de medidores por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Al respecto, de acuerdo con el boletín de prensa de CFE de fecha 17 de enero 2011, ha comenzado a llevarse a cabo el proceso de modernización del servicio eléctrico el cual incluye un programa de instalación de medidores electrónicos en sustitución de los medidores electromecánicos tradicionales.

Con base en esta información, los medidores electrónicos ofrecen los siguientes beneficios: mayor exactitud en la medición del consumo; lectura del consumo en pantalla digital, evitando posibles confusiones con la lectura de manecillas; desconexión automática del servicio al detectarse variaciones de voltaje, para la protección de aparatos electrodomésticos; lectura del consumo eléctrico por parte del cliente por medio de la utilización de una tarjeta con chip, lo que le permitirá controlar y racionalizar su consumo de electricidad.

Asimismo, hasta la fecha se han instalado 234 mil medidores electrónicos en la zona del Valle de México y 2.4 millones en el resto del país, empero, de acuerdo con este boletín este cambio ha sido sin ningún costo para el cliente 1 .

En virtud de lo anterior, los integrantes de esta comisión consideran propicio exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a revisar los motivos que han dado origen al señalamiento de los promoventes respecto del cobro por el cambio de medidor que ha realizado la CFE, así como informar al usuario las circunstancias bajo las cuales se cobrará este instrumento.

Tercera. Por otra parte, en lo que concierne al seguro de vida que menciona el promovente, con el lanzamiento del Programa Monedero Electrónico se incluía un seguro de vida.

No obstante mediante un comunicado de prensa fechado en Monterrey, Nuevo León, el 19 de Febrero de 2010 se dio a conocer la cancelación de este seguro. A continuación se inserta el referido comunicado.

“Cancela CFE la incorporación del seguro de vida y servicio de asistencia al monedero CFE.

• La modalidad en que fue afiliado este seguro al Monedero CFE, no estaba contemplada en el contrato con el operador.

• No se permitirá la oferta de ningún bien o servicio que implique costos a los usuarios sin la aceptación previa del cliente

La Comisión Federal de Electricidad informa, que el día de hoy determinó, la cancelación de la incorporación del seguro de vida y servicio de asistencia al Programa Monedero CFE, en virtud de que la modalidad en que fue afiliado este Seguro, no estaba contemplada en el contrato con el operador del Monedero, según lo establecido en el permiso para la implantación de un Plan de Beneficios para el usuario de CFE, en el Programa Monedero CFE, otorgado el 3 de abril de 2009.

Asimismo, reitera que ha hecho del conocimiento del operador del monedero, que CFE no permitirá la oferta de ningún bien o servicio que implique costos a los usuarios sin la aceptación previa del cliente.

Como se dio a conocer en su momento, la empresa Axcentric obtuvo la concesión para operar el programa Monedero CFE, a través de la licitación pública número LPN-SD-001/0, empresa que es responsable de ofrecer la afiliación al programa a empresas privadas, tales como tiendas departamentales, supermercados, restaurantes, entre otros, que beneficien a los clientes de la CFE, a través de la acumulación de puntos que, una parte, puedan acreditarse en compras futuras en los establecimientos incorporados y, otra parte de los puntos, en el pago del servicio de energía eléctrica.

La afiliación de empresas al programa debe sujetarse a la autorización previa de la CFE, a fin de que se aseguren los beneficios a los clientes establecidos en el programa.

CFE en atención de sus facultades hará una evaluación de las distintas opciones existentes en materia de seguros y programas de asistencia, y analizará la pertinencia de su implementación en el futuro.”

En suma el seguro de vida que señalan los promoventes de acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad ha quedado cancelado y en todo caso se analizará la pertinencia de implementarlo en el futuro. Asimismo se destaca que CFE no permitirá la oferta de ningún bien o servicio que implique costos a los usuarios sin la aceptación previa del cliente, por lo que bajo esta premisa la que dictamina considera pertinente que exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a que se verifique que ha quedado sin efecto la contratación del seguro de vida en Morelos.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Energía de la honorable Cámara de Diputados somete a consideración de esta soberanía el siguiente

IV. Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad a que se proceda a la revisión de la aplicación correcta de las tarifas del servicio público de energía eléctrica a establecimientos comerciales y de servicios en el estado de Morelos.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a revisar los motivos que han dado origen al señalamiento de los promoventes respecto del cobro a los establecimientos comerciales y de servicios por el cambio de los medidores del consumo de energía; asimismo, que se verifique que ha quedado sin efecto la contratación del seguro de vida mediante el Programa Monedero Electrónico en Morelos.

Nota

1 http://saladeprensa.cfe.gob.mx/boletin/index.alia?docID=8479&se cID=2

Palacio Legislativo de San Lázaro, 2 de febrero de 2011.

La Comisión de Energía

Diputados: Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (rúbrica), Ramón Ramírez Valtierra, José del Pilar Córdova Hernández, Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica en abstención), Pedro Jiménez León, Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Canek Vázquez Góngora, José Luis Soto Oseguera (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla, José Luis Velasco Lino (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola, Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced (rúbrica), Éric Luis Rubio Barthell (rúbrica), Miguel Martín López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica), César Octavio Pedroza Gaitán, Elsa María Martínez Peña, Obdulia Magdalena Torres Abarca, Ramón Jiménez López (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo.

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a emitir por la Subsecretaría de Desarrollo Rural la declaratoria de contingencia climática para efectos de las Reglas de Operación del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, en virtud de los daños por la sequía atípica, impredecible y no recurrente que afectó diversos municipios de Puebla

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LXI Legislatura fue turnada para estudio, análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a emitir por la Subsecretaría de Desarrollo Rural la declaratoria de contingencia climática para efectos de las Reglas de Operación del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, en virtud de los daños causados por la sequía atípica, impredecible y no recurrente que afectó diversos municipios de Puebla, a cargo del diputado Malco Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 102, 157,176, 180 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta este dictamen, a partir de los siguientes

Antecedentes

El 13 de diciembre de 2010, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa a emitir por la Subsecretaría de Desarrollo Rural la declaratoria de contingencia climática para efectos de las Reglas de Operación del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, en virtud de los daños causados por la sequía atípica, impredecible y no recurrente que afectó diversos municipios de Puebla, a cargo del diputado Malco Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI.

Con base en los antecedentes anteriores, los integrantes de la comisión hemos tenido a bien formular las siguientes

Consideraciones

Que el artículo 27, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la relevancia que tiene para la nación el desarrollo rural, destacando la importancia de la participación y la incorporación en el desarrollo nacional de los grupos organizados, y que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional. Señala que fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable determina en el artículo 5o.: “En el marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través del gobierno federal y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo del país y que estarán orientados a los siguientes objetivos:

”I. Promover el bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, de los trabajadores del campo y, en general, de los agentes de la sociedad rural, mediante la diversificación y la generación de empleo, incluyendo el no agropecuario en el medio rural, así como el incremento del ingreso;

”II. Corregir disparidades de desarrollo regional a través de la atención diferenciada a las regiones de mayor rezago, mediante una acción integral del Estado que impulse su transformación y la reconversión productiva y económica, con un enfoque productivo de desarrollo rural sustentable;

”III. Contribuir a la soberanía y seguridad alimentarias de la nación mediante el impulso de la producción agropecuaria del país;

”IV. Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales, mediante su aprovechamiento sustentable; y

”V. Valorar las diversas funciones económicas, ambientales, sociales y culturales de las diferentes manifestaciones de la agricultura nacional.”

Que uno de los grandes obstáculos que tiene el sector agropecuario es su alta vulnerabilidad a las condiciones climáticas, ya que 75 por ciento de la superficie sembrada en el país corresponde a tierras de temporal, con 16 millones 283 mil hectáreas.

Que en noviembre de 2010 arribaron al país frentes fríos, destacándose por su crudeza los números 7 y 8, que afectaron principalmente a Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Que debido a la altura de la sierra norte de Puebla, las temperaturas bajo cero y las corrientes de aire afectaron de manera drástica los municipios de la región.

Que a consecuencia del frente frío, la afectación de cosechas en la región mencionada, en particular la producción de jitomate, fue muy grave. Este caso se observó principalmente en Aquixtla, Chignahuapan, Zacatlán, Teziutlán, Zautla, Atempan, Xiutetelco, Tlatlauquitepec, Tetela de Ocampo, e Ixtacamaxtitlán.

Que según datos de la Secretaría de Desarrollo Rural de Puebla, las heladas acabaron con 10 mil 500 hectáreas de diversos cultivos en la sierra norte del estado. Las temperaturas bajo cero propiciaron pérdidas de hasta 55 millones de pesos, tanto en cultivos de riesgo como en invernaderos. La misma secretaría arrojó un estimado de 25 mil toneladas de cultivo de riego y temporal que se perdieron por las heladas registradas y que alcanzaron hasta menos 2 grados Celsius en la región mencionada.

Que el presidente de los Productores de Invernaderos en Aquixtla, Alberto Nava Ruano, cuantificó la pérdida en 107.6 hectáreas de invernadero sólo en ese municipio. Aunque aún no se cuantifica el total de invernaderos afectados en la región, la mayoría tiene pérdidas de cien por ciento en las cosechas.

Que la afectación meteorológica ha producido una pérdida estimada de más de 300 empleos en la región.

Que se estima que las bajas temperaturas continúen, y como la principal actividad económica es la agricultura, es prioritario que se implante el Programa de Atención a Contingencias Climatológicas.

Que el objetivo específico del programa es “apoyar a productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas de bajos ingresos para reincorporarlos a sus actividades productivas en el menor tiempo posible ante la ocurrencia de contingencias climáticas atípicas, relevantes, no recurrentes e impredecibles”. Esto, conforme al anexo 70 de las reglas de operación de los programas de la Sagarpa, que además cumplan el requisito de ocurrir en municipios incluidos en el diagnóstico climatológico emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que no cuenten con algún tipo de aseguramiento público o privado, y cumplan las características establecidas para el sector a que pertenezca, independientemente del tipo de apoyo que se solicite.

Que en el anexo 70 de las Reglas de Operación del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas se establece en el inciso b) que la helada atípica e impredecible “ocurre cuando, en determinada región, se presentan bajas temperaturas iguales o menores que el punto de congelación del agua, dando como resultado daños en las plantas, por la formación intracelular de cristales de hielo en los tejidos, marchitez, órganos reproductores deshidratados, granos chupados o su muerte. Para efectos de las presentes reglas, la helada ocurre cuando los efectos de las bajas temperaturas afectan la etapa fenológica de los cultivos, pastizales y plantaciones en un lapso que les provoque daños irreversibles”.

Que la mayoría de los productores agrícolas de la región corresponde a pequeños propietarios que no cuentan con más de 20 hectáreas y subsisten con bajos ingresos, por lo que se vuelve urgente que sean apoyados de manera inmediata a través del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas de la Sagarpa.

Que la región de la sierra norte de Puebla cumple los requisitos, pues el diagnóstico climatológico de la Conagua considera los municipios que mencionó como “dictaminados con presencia de helada” en 2010.

Que con base en ello, es necesario que la Sagarpa emita la declaratoria, conforme a las Reglas de Operación del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, y que éste entre en operación inmediata y puedan los pequeños productores recibir apoyos económicos en la región.

Con base en los antecedentes y las consideraciones expuestos, los integrantes de la comisión tenemos a bien poner a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a emitir por la Subsecretaría de Desarrollo Social y la Comisión Dictaminadora del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas la declaratoria de contingencia climática para efectos de la ejecución del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, en virtud de los daños de la helada atípica, impredecible y no recurrente que afectó Aquixtla, Chignahuapan, Zacatlán, Teziutlán, Zautla, Atempan, Xiutetelco, Tlatlauquitepec, Tetela de Ocampo e Ixtacamaxtitlán, Puebla.

Segundo. La Cámara de Diputados solicita que se implanten acciones para que los agricultores afectados en la región puedan recibir los apoyos a que se refiere el Programa de Atención a Contingencias Climatológicas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2011.

La Comisión de Agricultura y Ganadería

Diputados: Cruz López Aguilar (rúbrica), presidente; Manuel Cota Jiménez (rúbrica), Alfredo Francisco Lugo Oñate (rúbrica), Fermín Montes Cavazos (rúbrica), Luis Félix Rodríguez Sosa, Rolando Zubía Rivera (rúbrica), Sergio Arturo Torres Santos (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón (rúbrica), Javier Usabiaga Arroyo (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), José M. Torres Robledo (rúbrica), secretarios; Óscar García Barrón, Joel González Díaz (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda, Jorge Rojo García de Alba (rúbrica), Gerardo Sánchez García (rúbrica), Héctor Eduardo Velasco Monroy (rúbrica), Víctor Alejandro Balderas Vaquera (rúbrica), Alberto Esquer Gutiérrez, José Luis Íñiguez Gámez, Fernando Santamaría Prieto, Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), Enrique Octavio Trejo Azuara (rúbrica), Sergio Gutiérrez Villanueva, Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), José María Valencia Barajas (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Eduardo Zarzosa Sánchez (rúbrica).

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que instale sistemas de aterrizaje por instrumentos en el aeropuerto de Nuevo Laredo, Tamaulipas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que instale sistemas de aterrizaje por instrumentos en el aeropuerto de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

La comisión que suscribe, con base en las facultades que le confiere los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 85 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de la Proposición señalada y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron los miembros de la Comisión de Transportes, presentan a esta honorable asamblea, el siguiente dictamen:

Antecedentes

A la Comisión de Transportes fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente número 61-II-4—375 que contiene la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que instale sistemas de aterrizaje por instrumentos en el aeropuerto de Nuevo Laredo, Tamaulipas, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como por diputados de diversos grupos parlamentarios en sesión celebrada el día 17 de marzo de 2010.

En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el día 17 de marzo de 2010, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como por diputados de diversos grupos parlamentarios, de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, presentaron la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, instale sistemas de aterrizaje por instrumentos en el aeropuerto de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Con fecha 17 de marzo de 2010, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa para su estudio y dictamen a la Comisión de Transportes.

De lo expuesto, esta Comisión de Transportes hace de su conocimiento el siguiente contenido de la proposición con punto de acuerdo:

1. Nuevo Laredo es una de las ciudades fronterizas más importantes de México dado el volumen del tráfico comercial que tiene lugar cada día; por ello la Aduana de Nuevo Laredo es la primera en América Latina.

2. El aeropuerto internacional Quetzalcóatl o aeropuerto internacional de Nuevo Laredo, está situado a 7 kilómetros de la ciudad, muy cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, a lado opuesto de Laredo, Texas y es operado por Aeropuertos y Servicios Auxiliares, una entidad del gobierno federal, la cual depende directamente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

3. El Quetzalcóatl, es un aeropuerto cuya infraestructura se considera fundamental para el desarrollo y crecimiento de la economía de nuestro país, toda vez que forma parte de los aeropuertos con clasificación de internacional.

Asimismo, la nueva terminal intermodal de carga aérea que se encuentra en proceso de funcionamiento aprovechará al máximo las ventajas comparativas y competitivas de esta frontera haciendo más competitivo nuestro sistema aduanero dentro de una economía internacional globalizada fortaleciendo el comercio exterior y manteniendo a Nuevo Laredo como la mejor aduana de América Latina.

4. Es por ello importante mencionar, que la ciudad y su economía, se han visto mermados ante la escasa posibilidad del funcionamiento del aeropuerto, en condiciones de vuelos nocturnos y bajo situaciones meteorológicas que, aunque no nulifican las operaciones normales de otros aeropuertos, sí lo hacen en Nuevo Laredo debido a que no cuenta con sistemas de aproximación de vuelos y trayectorias de aterrizaje que le dé un mayor grado de seguridad a estas operaciones.

5. Las condiciones meteorológicas en el país, se presentan como la principal causa de demoras en los vuelos, constituyendo sin duda, un alto costo para la economía de las aerolíneas. Ante esta situación, la industria aeronáutica ha creado valiosos instrumentos de apoyo para la navegación, como lo es el sistema de aterrizaje por instrumentos, conformado principalmente por dos equipos, un localizador y uno de trayectoria de planeo; el primero indica al piloto y al avión, el eje de la pista, mientras que el segundo le da la trayectoria o pendiente de aterrizaje.

Consideraciones

1. El crecimiento de la productividad en el transporte aéreo a nivel mundial ha sido fruto de las nuevas tecnologías incorporadas a la renovación y expansión continua de la flota y de los sistemas más eficientes de apoyo terrestre y a la navegación.

2. El sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS, Instrument Landing System) es un conjunto de estaciones transmisoras de radio empleadas para guiar a la aeronave hacia la pista de aterrizaje de un determinado aeropuerto, especialmente durante los momentos de visibilidad limitada.

3. El desarrollo del ILS fue impulsado por la publicación de los estándares de señales por parte de la Organización Internacional de Aviación Civil, creada en 1944, para garantizar la compatibilidad de señales en vuelos internacionales, sin entrar en cuestiones de fabricación y diseño.

4. Esta Comisión de Transportes considera que este tipo de instrumentos de ayuda aérea, brindan una mayor seguridad tanto a los aviones como a los pasajeros al momento del aterrizaje, es por ello que sin duda estamos hablando de infraestructura que elevaría la competitividad de la región, así como el abrir nuevas oportunidades de negocios.

5. Asimismo, esta comisión dictaminadora considera que en el campo de la seguridad operacional una forma de mejorar los sistemas de transporte es mediante la aplicación de innovaciones tecnológicas en diversas áreas del sector aeronáutico, por lo que considera viable la aprobación de la presente propuesta, para efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, modernice e instale a la brevedad posible en el aeropuerto internacional Quetzalcóatl, los denominados sistemas de aterrizaje por instrumentos, con el objeto principal de salvaguardar, esencialmente la vida de los usuarios, personal aéreo y de tierra.

6. De lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Transportes consideran necesario aprobar, la presente proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, instale sistemas de aterrizaje por instrumentos en el aeropuerto de Nuevo Laredo, Tamaulipas, toda vez que es necesario llevar a cabo la modernización de dicho sector para efecto de generar una mayor competitividad en el mercado.

Por lo expuesto, la Comisión de Transportes, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que a través de Aeropuertos y Servicios Auxiliares modernice e instale a la brevedad posible en el aeropuerto internacional Quetzalcóatl, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, sistemas especializados para aterrizaje por instrumentos, con el objeto principal de salvaguardar, esencialmente, la vida de usuarios, personal aéreo y de tierra.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2010.

La Comisión de Transportes

Diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud, Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García, María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González, Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González, Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador (rúbrica), Carlos Martínez Martínez, Adolfo Rojo Montoya, Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de la Madrid (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villareal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo a fin de que por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Dirección General de Aeronáutica Civil se establezcan procedimientos de regulación de las tarifas aéreas en el mercado nacional; y se exhorta al titular de dicha dependencia a realizar acciones e implantar medidas para prevenir que las líneas aéreas comerciales apliquen sobreprecios con motivo de las dificultades económicas de la empresa Mexicana de Aviación y sus filiales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo a fin de que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Dirección General de Aeronáutica Civil, se establezcan mecanismos de regulación de las tarifas aéreas en el mercado nacional y la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realice acciones y mecanismos necesarios, a fin de prevenir que las líneas aéreas comerciales apliquen sobreprecio a las tarifas con motivo de las dificultades económicas de la empresa Mexicana de Aviación y sus filiales.

La comisión que suscribe, con base en las facultades que le confiere los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 85 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de la Proposición señalada y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron los miembros de la Comisión de Transportes, presentan a esta honorable asamblea, el siguiente dictamen:

Antecedentes

A la Comisión de Transportes fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente No. 61-II-4-595 que contiene la proposición con punto de acuerdo para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Dirección General de Aeronáutica Civil, establezcan mecanismos de regulación de las tarifas aéreas en el mercado nacional presentada por la diputada Georgina Trujillo Zentella, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2010 y el expediente No. 61-II-8-546, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y transportes, realice acciones y mecanismos necesarios, a fin de prevenir que las líneas aéreas comerciales apliquen sobreprecio a las tarifas con motivo de las dificultades económicas de la empresa Mexicana de Aviación y sus filiales, presentada por la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en sesión celebrada el 6 de octubre de 2010.

En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el día 30 de septiembre de 2010, la diputada Georgina Trujillo Zentella, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, presentó la proposición con punto de acuerdo para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Dirección General de Aeronáutica Civil, establezcan mecanismos de regulación de las tarifas aéreas en el mercado nacional y en sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el 6 de octubre de 2010, la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realice acciones y mecanismos necesarios, a fin de prevenir que las líneas aéreas comerciales apliquen sobreprecio a las tarifas con motivo de las dificultades económicas de la empresa Mexicana de Aviación y sus filiales.

Con fecha 30 de septiembre y 6 de octubre de 2010, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar las proposiciones con punto de acuerdo que nos ocupa para su estudio y dictamen a la Comisión de Transportes.

De lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Transportes hace de su conocimiento el contenido respecto de la proposición con punto de acuerdo para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Dirección General de Aeronáutica Civil, establezcan mecanismos de regulación de las tarifas aéreas en el mercado nacional.

1. A partir del 12 de mayo de 1995, con la publicación de la Ley de Aviación Civil, se estableció un nuevo marco regulatorio para el transporte aéreo en México, que introdujo nuevos conceptos, entre los que destaca la liberación de tarifas de los servicios domésticos.

2. Asimismo, para evitar prácticas monopólicas y asegurar una competencia efectiva en el mercado, la Ley de Aviación Civil establece un mecanismo de vigilancia, corrección y regulación a través de la Comisión Federal de Competencia, con el objetivo de que se establezcan bases de regulación tarifaria en casos excepcionales.

Sin embargo, después de la liberación de las tarifas se han suscitado eventos en el mercado que han puesto de manifiesto la necesidad de un procedimiento de monitoreo de precios, que detecte oportunamente tendencias que amenacen el eficiente progreso de los servicios de transporte aéreo, así como una regulación de las tarifas aéreas en el mercado nacional.

3. Este fenómeno se ha incrementado en los últimos años, derivado del aumento en la demanda de boletos en las diferentes temporadas vacacionales, lo que ha provocado el encarecimiento de las tarifas aéreas: hasta tres veces más que el precio regular.

Asimismo, la suspensión de manera indefinida del Grupo Mexicana (Mexicana de Aviación, Mexicana Link y Mexicana Click), el pasado 28 de agosto, ha perjudicado a los viajeros, ya que además de la saturación, otro problema ha sido el precio del pasaje, toda vez que en algunos destinos ha habido aumentos hasta del 100 por ciento. Por otro lado, otra de las razones ha sido que los pasajeros que ya no pueden tomar los vuelos directos que operaba en exclusiva Mexicana, ahora son obligados a recurrir a viajes con escalas, lo que aumentó los costos de las rutas y saturó los aviones.

Ahora bien, respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realice acciones y mecanismos necesarios, a fin de prevenir que las líneas aéreas comerciales apliquen sobreprecio a las tarifas con motivo de las dificultades económicas de la empresa Mexicana de Aviación y sus filiales, se hace de su conocimiento el siguiente contenido.

1. La línea aérea Mexicana de Aviación está teniendo serios problemas de operación. Dicha línea enfrenta en este momento un juicio de concurso mercantil que pone en riesgo su permanencia en el mercado; en ésta misma problemática, se encuentran sus filiales con las cuales se cubrían las necesidades de transportación aérea nacional e internacional.

2. Por lo anterior, el futuro de los trabajadores es incierto, más aun la adecuada transportación de millones de personas y sobre todo, que merma los ingresos a las arcas del país, ya que es una de las empresas que generaba recursos a los diversos sectores productivos del país; los sectores más afectados son a todas luces el turismo, los comercios y el transporte de mercancías.

3. En el marco de sus atribuciones, la SCT tiene la obligación de consolidar las áreas estratégicas en la materia y garantizar los medios necesarios para que el transporte de personas y mercancías, se mantenga en niveles óptimos, lo que implica, que pese a las dificultades que vive actualmente Mexicana, evite que se cobren con ese pretexto sobreprecios o se pretenda aplicar un aumento considerado en el precio de las tarifas comerciales; así como que se inicie una política de sobre venta que puede dejar a muchos pasajeros en tierra.

4. Parte de los ejes rectores de la Secretaría, encontramos que el Estado tiene la obligación de emitir los instrumentos jurídicos que normen las actividades económicas y sociales de los particulares, cuyo objetivo es garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados y generar el máximo beneficio para la sociedad.

5. Sin embargo, es posible que no toda la regulación responda a los fines deseables, pese a ello, si no se ejercen las facultades de manera adecuada, dicha situación, puede traducirse en mayores costos para la sociedad, barreras a la inversión y al comercio. En otras palabras, pérdida de competitividad.

Consideraciones

1. Esta Comisión de Transportes considera que de conformidad con la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos, siendo estas las legislaciones aplicables al caso concreto, los concesionarios y permisionarios tienen la facultad de fijar libremente las tarifas por los servicios que presten, satisfaciendo las condiciones de calidad, competitividad, seguridad y permanencia al otorgar la prestación del servicio.

Asimismo, dichas tarifas deberán registrarse ante la Secretaría para su puesta en vigor y estarán permanentemente a disposición de los usuarios.

2. Por otro lado, la Secretaría cuenta con la facultad para negar el registro de las tarifas, cuando considere que las mismas implican prácticas predatorias, de carácter monopólico, de dominancia en el mercado o una competencia desleal que impida la permanencia en el mercado de otros concesionarios o permisionarios.

De lo anterior, dicha dependencia podrá establecer niveles tarifarios mínimos o máximos, según sea el caso, para el otorgamiento de los servicios respectivos, para efecto de ordenar dichos niveles y para fomentar la sana competencia.

3. Ahora bien, en el presente caso es importante conocer, la naturaleza jurídica de la Comisión Federal de Competencia, siendo la misma una institución autónoma y eficiente, la cual tiene como objeto proteger el proceso de competencia y libre concurrencia mediante la prevención y eliminación de prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, para contribuir al bienestar de la sociedad.

4. Por lo anterior, cuando la Secretaría, por sí o a petición de parte afectada, considere que no existe competencia efectiva entre los diferentes concesionarios o permisionarios, solicitará la opinión de la Comisión Federal de Competencia, para que, en su caso, la Secretaría establezca bases de regulación tarifaria. La regulación tarifaria o de precios que llegue a aplicarse, se mantendrá sólo mientras subsistan las condiciones que la motivaron.

Aunado a lo anterior, los prestadores de servicios sujetos a alguna regulación podrán solicitar a la Comisión Federal de Competencia que emita en su momento su opinión, respecto a la subsistencia de tales condiciones.

5. De lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Transportes considera viable aprobar las proposiciones con punto de acuerdo en comento, pero con modificaciones, exhortando a la vez a la Dirección General de Aeronáutica Civil para efecto de que intervenga junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a las solicitudes propuestas. Asimismo, al tener la Secretaría la facultad para limitar el precio de las tarifas aéreas, es obligación de la misma, evitar que las líneas aéreas arbitrariamente impongan tarifas a los usuarios de dicho medio de transporte de una manera arbitraria y excesiva, en consecuencia al proceso de concurso mercantil que actualmente vive la compañía Mexicana de Aviación.

Aunado a lo anterior, se solicitará la opinión de la Comisión Federal de Competencia, para que, en su caso, la Secretaría establezca bases de regulación tarifaria.

Por lo expuesto, la Comisión de Transportes, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Dirección General de Aeronáutica Civil, para que establezcan mecanismos de regulación de las tarifas aéreas en el mercado nacional, previamente obtenida la opinión por parte de la Comisión Federal de Competencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2010.

La Comisión de Transportes

Diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González, Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador (rúbrica), Carlos Martínez Martínez, Adolfo Rojo Montoya, Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de la Madrid (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villareal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a presentar por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe detallado de las obras marítimas y de dragado

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes fue turnada para estudio, análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal a presentar por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) un informe detallado de las obras marítimas y de dragado programadas para el presente ejercicio fiscal, así como de los presupuestos asignado y ejercido con cargo a ellas en los últimos cinco años.

La comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 85 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de la proposición señalada y, conforme a las deliberaciones que de ésta realizaron los integrantes reunidos en pleno, presenta a esta honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

A la Comisión de Transportes, que suscribe, fue turnado para estudio y dictamen el oficio número DGPL 61-II-5-687, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a presentar mediante la SCT un informe detallado de las obras marítimas y de dragado programadas para el presente ejercicio fiscal, así como de los presupuestos asignado y ejercido con cargo a éstas en los últimos cinco años, presentada por el diputado Luis Antonio Martínez Armengol, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en sesión celebrada el 22 de abril de 2010.

En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados celebrada el 22 de abril de 2010, el diputado Luis Antonio Martínez Armengol, del Grupo Parlamentario del PRI en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, presentó la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a presentar por la SCT un informe detallado de las obras marítimas y de dragado programadas para el presente ejercicio fiscal, así como de los presupuestos asignado y ejercido con cargo éstas en los últimos cinco años.

Con fecha 22 de abril de 2010, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar el punto de acuerdo que nos ocupa para estudio y dictamen a la Comisión de Transportes.

De lo expuesto, la Comisión de Transportes hace de su conocimiento el siguiente contenido de la proposición con punto de acuerdo:

1. La exposición de motivos del punto de acuerdo que nos ocupa establece: “México cuenta con una extensa superficie marítima, formada por 3 millones 149 mil 920 kilómetros cuadrados (equivalente a 1.5 veces la superficie del territorio nacional), lo que nos sitúa en el noveno lugar por extensión marítima, entre los 130 países costeros del mundo. La extensión costera del territorio nacional es de 11 mil 122 kilómetros, de los cuales 7 mil 828, pertenecen al océano Pacífico; y 3 mil 294, al Golfo de México y mar Caribe”.

2. El legislador indica que México, además de contar con importantes puertos, tiene administraciones portuarias.

Por otra parte, define el dragado como la operación de limpieza de sedimentos en cursos de agua, lagos, bahías y accesos a puertos. Señala que la actividad está considerada en la Ley de Puertos.

3. Para concluir, el legislador establece que la poca profundidad de los canales de acceso a las terminales portuarias impedirá en el futuro cercano el ingreso de grandes buques, con lo se perderán importantes oportunidades de inversión y negocios productivos requeridos para el país.

Consideraciones

1. Que los puertos son un conjunto de instalaciones y servicios que permiten el intercambio de mercancías entre medios terrestre y acuático a escalas nacional e internacional. Es la puerta por donde pasa la mayoría de los productos del comercio económico internacional, igual que la interfase entre el transporte terrestre y marítimo. Los puertos son parte de la cadena de transporte internacional y del comercio mundial. En el pasado, la mayoría de los puertos fue administrada por los gobiernos. La tendencia de los últimos años en el plano internacional es que los puertos se privaticen y tengan un componente privado y público.

Los puertos marítimos destinados al embarque y al desembarque de grandes volúmenes de carga son otra parte importante de la infraestructura de México. El aumento del transporte de mercancías por vía marítima y la ventajosa posición geográfica de México, pues tiene más de 11 mil kilómetros de costa en los litorales del Pacífico y Atlántico, brindan a los puertos mexicanos la oportunidad de explotar el tráfico marítimo en la zona y aprovechar su vecindad con Estados Unidos, la primera potencia económica del mundo. Sin embargo, pese a que incluyen más de 20 grandes puertos de altura, que movilizan grandes volúmenes de productos petroleros, agrícolas y minerales, cumplen estándares internacionales de seguridad y están provistos de equipos de alta tecnología para la revisión de mercancías, los puertos nacionales padecen de burocracia, tramitología, falta de inversiones y descoordinación.

Dos de los sectores más dinámicos a escala mundial son el transporte marítimo y los puertos. En los próximos años ingresarán en la flota mundial los megaportacontenedores de 9 mil 200 TEU (unidad de medida de caja de 20 pies); para ello, las mayores navieras del mundo ya realizan fuertes inversiones en capacidad portuaria. La importancia estratégica de los puertos para México se observa no sólo por realizar 80 por ciento de su comercio por vía marítima sino por el potencial que representan la movilización y el almacenaje de mercancías en una economía globalizada, actividad que ha permitido a naciones como Singapur convertirse en potencias económicas en el sureste asiático (Díaz-Bautista, A. “Los puertos en México y la política económica portuaria internacional”, en Observatorio de la Economía Latinoamericana, número 92, 2008).

2. Que se entiende por dragado la operación de limpieza de los sedimentos en cursos de agua, lagos, bahías o accesos a puertos para aumentar la profundidad de un canal navegable o de un río y, con ello, la capacidad de transporte de agua, evitando así las inundaciones aguas arriba. Asimismo, se pretende con eso aumentar el calado de esas zonas para facilitar el tráfico marítimo por ellas sin perjuicio para los buques, evitando el riesgo de encallamiento.

Las obras de dragado tienen una importante participación en todo trabajo portuario o costero, por lo que las embarcaciones mayores requieren mejores puertos debido a los canales de acceso.

Hay actualmente una nueva generación de buques cargueros, conocidos como pospanamax . La razón principal detrás del vertiginoso crecimiento de la flota de buques pospanamax es el ahorro que se genera con las economías de escala al transportar grandes volúmenes de carga.

En el espacio de una década, la flota mundial de buques portacontenedores ha crecido a ritmos extraordinarios. Ello se debe principalmente a que la contenerización no sólo ha influido en el mercado de carga general sino que también ha incursionado en productos a granel (líquidos y secos) y ha brindado la oportunidad de intercambiar bienes no tradicionales de exportación. El transporte en contenedores ha pasado a ser una forma de embalaje apropiada para el desplazamiento y la distribución de variados bienes. Por otra parte, uno de los efectos de la globalización de la industria marítima se ha reflejado en los procesos logísticos y en la cadena de suministro, lo cual se manifiesta en los requerimientos en el transporte. Por esa razón, los puertos mexicanos deben estar en óptimas condiciones para competir a escala internacional.

3. Que el artículo 16 de la Ley de Puertos establece:

Artículo 16. La autoridad en materia de puertos radica en el Ejecutivo federal, que la ejercerá por conducto de la secretaría, a la que, sin perjuicio de las atribuciones de otras dependencias de la administración pública federal, corresponderá

I. a VI. ...

VII. Autorizar las obras marítimas y el dragado, con observancia de las normas aplicables en materia ecológica;

Derivado de lo anterior, la secretaría es la autoridad competente para conocer con relación a la materia.

4. Que los puertos que cuentan con infraestructura adecuada reciben embarcaciones de nueva generación, lo cual –por ende– los posiciona como puertos más competitivos. Tal es el caso del puerto de Singapur, en el que cerca de 140 mil buques usan las instalaciones. En cualquier momento del día coinciden más de 800 barcos en ese puerto que, como principal centro de traspaso de contenedores del mundo, cuenta con 300 líneas marítimas, que lo conectan con 600 puertos.

La autoridad portuaria de Singapur opera las 6 terminales de carga del puerto, el primero del mundo en superar 1 millón de contenedores TEU, ofrece servicio de gestión de 84 contenedores de tercera generación por hora y barco, y más de 50 por ciento de los contenedores son traspasados en menos de 3 días.

Con base en lo anterior, la comisión dictaminadora considera pertinente aprobar el punto de acuerdo en estudio, derivado de la importancia que tiene para el sector y las implicaciones en la materia.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Transportes de la LXI Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados de la LXI Legislatura exhorta al Ejecutivo federal a presentar por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el informe detallado de las obras marítimas y de dragado programadas para el presente ejercicio fiscal, así como de los presupuestos asignado y ejercido con cargo a éstas en los últimos cinco años.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2010.

La Comisión de Transportes

Diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), presidente; Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), secretarios; Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González, Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador (rúbrica), Carlos Martínez Martínez, Adolfo Rojo Montoya, Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández.

De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a suspender por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cualquier intento concerniente al proceso administrativo de revisión y dictaminación del proyecto de norma oficial 031 ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes fue turnada, para estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes suspenda cualquier intento concerniente al proceso administrativo de revisión y dictaminación del proyecto de norma oficial 031 ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

La comisión que suscribe, con base en las facultades que le confiere los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 85 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de la proposición señalada, y conforme a las deliberaciones que de ésta realizaron los miembros de la Comisión de Transportes, presentan a esta honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

A la comisión que suscribe, de transportes, fue turnado para estudio y dictamen, el expediente número 61-II-4-524 que contiene la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes suspenda cualquier intento concerniente al proceso administrativo de revisión y dictaminación del proyecto de norma oficial 031 ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, presentada por integrantes de diversos grupos parlamentarios en sesión celebrada el 29 de abril de 2010.

En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el 29 de abril de 2010, integrantes de diversos grupos parlamentarios de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión presentaron la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes suspenda cualquier intento concerniente al proceso administrativo de revisión y dictaminación del proyecto de norma oficial 031 ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Con fecha 29 de abril de 2010, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23 fracción f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa para su estudio y dictamen a la Comisión de Transportes.

De lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Transportes hace de su conocimiento el siguiente contenido de la proposición con punto de acuerdo:

1. En abril del presente año, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes envió una carta a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para que ésta reconsiderara la expedición de una norma que obligue a todos los propietarios de automotores con más de 4 años de antigüedad en el país, a que realicen una verificación sobre las condiciones físicas y mecánicas a efecto de no ser sancionados al momento de circular en carreteras federales.

2. El vigente y aplicable artículo 81 del Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales obliga a que todo vehículo que transite por la vía pública deberá encontrarse en condiciones satisfactorias de funcionamiento, sin embargo, esta normatividad no determina ninguna obligación de realizar una nueva verificación vehicular.

3. La propuesta de fondo del Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la de contribuir a incrementar la recaudación tributaria por medio del pago de derechos para la verificación dada la magnitud de vehículos potencialmente obligados a ser verificados.

4. En este sentido, se coincide con la postura de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de que la pretendida norma oficial NOM 031 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, posee inconsistencias en los costos que la nueva verificación tendría para los usuarios de automotores. Así como también, reiteramos que es un hecho que esta medida perjudicaría a millones de usuarios de carreteras federales que cuentan con algún tipo de automotor para desarrollar sus actividades cotidianas de trabajo.

5. Se refrenda el respaldo total y absoluto a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en su determinación de guiarse por principio de cuentas por el profesionalismo comprometido en el desempeño de su servicio, así como también por objetar una clara disposición que resulta de una facultad administrativa del Ejecutivo federal.

Consideraciones

1. La normalización es el proceso mediante el cual se regulan las actividades desempeñadas por los sectores tanto privado como público, en materia de salud, medio ambiente en general, seguridad al usuario, información comercial, prácticas de comercio, industrial y laboral, a través del cual se establecen la terminología, clasificación, directrices, especificaciones, atributos, métodos de prueba o prescripciones aplicables a un producto, proceso o servicio.

2. El Programa Nacional de Normalización es el instrumento informativo y de planeación que enlista los temas que serán desarrollados como normas oficiales mexicanas, normas mexicanas y normas de referencia durante cada año. El programa se integra con información proporcionada por los 24 Comités Consultivos Nacionales de Normalización encargados de la elaboración de las normas oficiales mexicanas, los 35 Comités Técnicos de Normalización Nacional y 9 Organismos Nacionales de Normalización, ambos responsables de la elaboración de normas mexicanas y los 2 Comités de Normalización para la elaboración de normas de referencia.

3. La finalidad de las normas oficiales mexicanas es establecer las características y/o especificaciones que deban reunir los servicios cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal, o del medio ambiente general y laboral o cuando se trate de la prestación de servicios de forma generalizada para el consumidor.

4. En la presente propuesta, se desprende que la intención de expedir la norma oficial mexicana 031, tiene como principal objetivo obligar a todos los propietarios de automotores con más de 4 años de antigüedad en el país, a que realicen una verificación sobre las condiciones físicas y mecánicas a efecto de no ser sancionados al momento de circular en carreteras federales.

5. En virtud de lo anterior, es importante mencionar que la intención de la secretaría, respecto al anteproyecto de norma, es aprobar el mismo, toda vez que, cumple con una de las obligaciones establecidas en el Reglamento de Tránsito de Carreteras Federales y en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Las regulaciones anteriormente citadas, por un lado, hacen referencia a que los vehículos que transiten por la vía pública, se encuentren en condiciones satisfactorias de funcionamiento, y por el otro que se deban reunir las características y especificaciones cuando exista un riesgo para la seguridad de las personas, daño a su salud o al medio ambiente en general.

6. Actualmente existe la norma oficial mexicana 068, la cual se refiere a las condiciones físico-mecánicas y de seguridad que deben cumplir los vehículos durante su tránsito por caminos federales.

Es por ello que esta Comisión de Transportes considera que en caso de emitirse la norma oficial mexicana en comento, se estaría sobreregulando la actividad consistente en la verificación de las condiciones físico-mecánicas y de seguridad que deben cumplir los vehículos dentro del sector de autotransporte, por lo que considera innecesario la expedición de la misma, toda vez que uno de los objetivos para emitir una norma oficial mexicana es que la misma se requiera, para efecto de que se regule una actividad o servicio específico.

7. De lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Transportes considera viable la presente proposición con punto de acuerdo, toda vez que en la misma se propone exhortar al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes suspenda cualquier intento concerniente al proceso administrativo de revisión y dictaminación del proyecto de norma oficial 031 ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Por lo expuesto, la Comisión de Transportes somete a consideración de la honorable asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes suspenda cualquier intento concerniente al proceso administrativo de revisión y dictaminación del proyecto de norma oficial 031 ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a la entidad desconcentrada Caminos y Puentes Federales, a informar a esta soberanía sobre los montos actualizados de cobertura que tienen con compañías aseguradoras para las carreteras federales del país que tienen a su cargo. Asimismo, a efecto de que analice la factibilidad técnica y financiera para ampliar los seguros a favor de los usuarios de carreteras y puentes federales que se encuentren en una situación de siniestro vial.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a no declinar en su función de velar por la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones, y que éstas generen beneficios mayores a sus costos para la sociedad, así como, y en dado caso, a que revise con mayor rigor y profundidad este tema por ser un asunto de gran envergadura para el país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2010.

La Comisión de Transportes

Diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), presidente; Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud, secretarios; Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García, María Elena Perla López Loyo, Hugo Héctor Martínez González, Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González, Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador (rúbrica), Carlos Martínez Martínez, Adolfo Rojo Montoya, Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández.

De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobierno de Baja California a concluir la ampliación de carriles en el cruce internacional Puerta México; y al Ejecutivo federal, a ordenar la aplicación parcial del sistema de supervisión y control vehicular en ese lugar hasta que se concluya el nuevo paso fronterizo en El Chaparral

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Baja California y a las autoridades municipales de Tijuana a concluir la ampliación de carriles en el cruce internacional Puerta México; y al Ejecutivo federal, a ordenar la aplicación parcial del sistema de supervisión y control vehicular en ese lugar hasta que se concluya el nuevo paso fronterizo en El Chaparral.

Esta comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 85 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de la proposición señalada y conforme a las deliberaciones que realizaron los miembros de la Comisión de Transportes reunidos en pleno, presentan a esta honorable asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

A la comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen, con número de oficio D.G.P.L. 61-II-8-397, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Baja California y a las autoridades municipales de Tijuana a concluir la ampliación de carriles en el cruce internacional Puerta México; y al ejecutivo federal, a ordenar la aplicación parcial del sistema de supervisión y control vehicular en ese lugar hasta que se concluya el nuevo paso fronterizo en El Chaparral, presentada por el diputado Eduardo Ledesma Romo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en sesión celebrada el día 22 de abril de 2010.

En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el jueves 22 de abril de 2010, el diputado Rafael Yerena Zambrano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Baja California y a las autoridades municipales de Tijuana a concluir la ampliación de carriles en el cruce internacional Puerta México; y al Ejecutivo federal, a ordenar la aplicación parcial del sistema de supervisión y control vehicular en ese lugar hasta que se concluya el nuevo paso fronterizo en El Chaparral.

Con fecha 22 de abril de 2010, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar el punto de acuerdo que nos ocupa para su estudio y dictamen a la Comisión de Transportes.

De lo expuesto, la Comisión de Transportes hace de su conocimiento el siguiente contenido de la proposición con punto de acuerdo

Descripción de la proposición

El diputado Eduardo Ledesma Romo expresa en su proposición que con la implantación del Sistema de Supervisión y Control Vehicular (Siave) en Tijuana, ha aumentado el tiempo de espera en el cruce fronterizo Puerta México, razón por la cual el tiempo de espera del cruce fronterizo de San Isidro a Tijuana ha aumentado considerablemente en los últimos meses, impactando tanto la actividad económica de la región, como la vida cotidiana de estudiantes, trabajadores y miles de personas que cruzan diariamente la frontera.

El diputado Ledesma Romo agrega que el desconocimiento del gobierno federal de la dinámica fronteriza ha afectado gravemente los cruces, sobre todo porque se desconoce la importancia de atravesar diariamente la frontera para trabajar, estudiar, realizar visitas familiares o para el intercambio comercial de bienes y servicios.

Apunta también que cámaras empresariales, hoteleros, médicos, transportistas, y restauranteros se manifestaron en contra del lento cruce fronterizo que causa pérdidas económicas, mayor gasto de combustible y desgaste de las unidades vehiculares y que afecta por igual a visitantes y residentes de Tijuana que trabajan o estudian en San Diego, por lo que previamente a la implantación del Siave en Tijuana, organismos de Baja California, como la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), la Confederación Patronal de la República Mexicana, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Asociación de Comerciantes Turísticos y la Cámara Nacional de la Industria Restaurante (Canirac), demandaron a la Administración General de Aduanas, el ajuste del Siave a la capacidad real de la Puerta México, ya que su implantación de acuerdo a lo previsto, daría lugar a aumentar hasta 6 horas el tiempo de espera para la inspección de los vehículos en horas de mayor afluencia vehicular.

Como respuesta a esta demanda se retrasó la implantación del Siave en Tijuana al mes de octubre de 2009 y se determinó en los primeros meses de este año, la ampliación de carriles en la Puerta México para corregir parte de las deficiencias del Siave, durante el ingreso de San Diego a Tijuana.

También señala la proposición del diputado Ledesma Romo, que de acuerdo con información de la administración de la Aduana de Tijuana, el Siave no funcionará de forma integral, mientras se llevan a cabo las obras para la ampliación de tres carriles, lo que ha originado largas horas de espera para ingresar a Tijuana que en “horas pico” se incrementa hasta dos horas y que dichas obras se llevan a cabo por parte del gobierno estatal para agilizar los trabajos y evitar la lentitud en la gestión de los recursos por parte del gobierno federal.

Consideraciones

Sobre el particular, la comisión que suscribe considera pertinente aclarar que el Siave o Sistema de Aforo Vehicular posee equipo para inspeccionar vehículos en un lapso de ocho segundos. Captura la foto de la unidad y los datos de las placas que servirán para hacer un cruce de información entre las bases de datos oficiales y determinar si el automóvil tiene reporte de robo, si ha sido utilizado en algún ilícito o está boletinado, de acuerdo con un reporte oficial del Servicio de Administración Tributaria.

El sistema de control de vehículos incluye una báscula instalada en el piso con un programa de revisión del peso del vehículo para determinar si su volumen y dimensión corresponden a los estándares y, en caso contrario, enviarlo a una segunda revisión más minuciosa ante la sospecha de que pueda llevar ocultas, armas o cualquier otra mercancía ilegal.

Para ello, la unidad deberá transitar a una velocidad no mayor de 10 kilómetros por hora, a través del área de revisión que consta de un semáforo fiscal, dispositivos digitales que dan lectura a las placas, equipados con vídeo instalados en un arco, así como a un costado del carril, donde se toma una fotografía instantánea del automotor.

El Sistema de Supervisión y Control Vehicular (Siave) es uno de los proyectos de modernización que se han puesto en marcha en las veintiún aduanas fronterizas del país, a fin de que los aproximadamente 90 millones de vehículos que ingresan de Estados Unidos a México, sean sometidos a un proceso de medición de riesgo, en un tiempo promedio de ocho segundos.

Su puesta en marcha tiene el propósito de que la aduana mexicana cumpla su función de forma más eficiente en la detención de tráfico ilegal de mercancías, armas, sustancias y personas. Sin embargo, este Sistema está diseñado para una revisión de vehículo por vehículo, lo que representa la revisión de 56 vehículos por minuto, y de 3 mil 360 vehículos por hora, si todos los carriles están funcionando.

Por otra parte, cabe recordar que a las pocas semanas de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunciara e implantara el Siave en algunas fronteras del país, las quejas ciudadanas por las largas filas y horas de espera estuvieron a la orden del día; sin embargo, la autoridad manifestó que existían retrasos para iniciar operaciones, producto de ajustes al sistema que opera las plumas tipo esclusas que serían calibradas por la empresa contratada para instalarlas.

Asimismo, la Comisión de Transportes no puede dejar de reconocer que Tijuana es una de las fronteras más visitadas de mundo y que los retrasos en el cruce de vehículos que ocasiona la mala implantación del Siave, se refleja en una importante merma para la economía de esa región de nuestro país, así como para el comercio, el turismo y los servicios que ingresan a nuestro territorio por dicha frontera.

Al respecto, se ha demostrado por parte del CCE que el tiempo efectivo de revisión equivale a 14 segundos, es decir, el doble de lo previsto, tiempo que se traduce hasta en casi 16 horas para cruzar la frontera y, de acuerdo con un estudio llevado a cabo por la Asociación de Gobiernos de San Diego y el Departamento de Transporte de California, el costo de los tiempos de espera en la frontera, representan tan solo para la región Tijuana-San Diego 5.1 mil millones de dólares al año. Lo anterior, sin contar el grave problema de contaminación y deterioro ambiental que generan los vehículos.

Sin embargo, la Comisión de Transportes también conviene en señalar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lleva a cabo la edificación del cruce fronterizo El Chaparral, en la misma zona de San Isidro en Tijuana, para complementar la infraestructura del cruce fronterizo ya existente.

Dicho proyecto se desarrolla en terrenos desocupados por el recinto fiscal comercial y será el nuevo acceso de vehículos ligeros a Tijuana con 19 carriles de entrada para revisión primaria y 24 espacios para revisión secundaria, triplicando con ello la capacidad actual del cruce existente en Puerta México. Contempla además la construcción de un cruce peatonal en ambas direcciones con sus respectivas instalaciones de inspección migratoria. Asimismo, con esta obra se espera despresurizar a corto plazo el tránsito local vehicular y de transporte público generado por las colonias aledañas.

Por ello, en coincidencia con la proposición del diputado Ledesma Romo, resulta fundamental que el gobierno federal considere el impacto social y económico que han tenido los retrasos a consecuencia de la instalación del Siave, y que éste no funcione al 100 por ciento hasta en tanto no entre en operación el cruce fronterizo de El Chaparral con 19 carriles.

Si bien la medida adoptada por el gobierno federal atiende a la creación de una frontera segura y competitiva, esta Comisión considera que no se puede apostar al éxito de una política pública federal en perjuicio de la dinámica fronteriza de nuestro país sin el pleno conocimiento de las necesidades de la actividad económica y social que se vive en la frontera. Resulta fundamental que la protección de la seguridad nacional se lleve a cabo sin frenar el desarrollo de las ciudades fronterizas y con el menor número de afectaciones a la frontera más transitada de México.

Por lo expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Transportes de la LXI Legislatura, sometemos a consideración del pleno el punto de acuerdo con modificaciones, honorable asamblea

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, para que ordene la aplicación parcial del Sistema de Supervisión y Control Vehicular en la Puerta México, hasta que se concluya la construcción del nuevo cruce internacional en el puente fronterizo El Chaparral, para aumentar los carriles de ingreso a México, a fin de evitar que la inspección vehicular en la aduana fronteriza de Tijuana afecte aún más el intercambio comercial, turístico, de negocios, y necesidades de la región.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Baja California y a las autoridades municipales de Tijuana para que redoblen los esfuerzos para concluir las obras de ampliación de los tres nuevos carriles de acceso en el cruce internacional, conocido como Puerta México, a fin de disminuir las largas filas de espera para ingresar a territorio mexicano que sólo han causado pérdidas económicas, mayor gasto de combustible y desgaste de las unidades vehiculares, afectando por igual a visitantes y residentes de Tijuana que trabajan o estudian en San Diego.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al jefe del Servicio de Administración Tributaria para que tome las medidas necesarias a fin de que la revisión del funcionamiento y tiempos de espera vehicular conforme al Sistema de Supervisión y Control Vehicular en la Puerta México, no demora más de 5 segundos por automóvil, a efecto de proponer los ajustes que sean necesarios en la aplicación del proyecto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2010.

La Comisión de Transportes

Diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), presidente; Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), secretarios; Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González, Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador (rúbrica), Carlos Martínez Martínez, Adolfo Rojo Montoya, Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de que el proyecto del ferrocarril Guadalajara-Aguascalientes pase por la región de los Altos Sur, Jalisco

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes fue turnada, para estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a garantizar mediante la SCT que el proyecto del ferrocarril Guadalajara-Aguascalientes pase por los Altos Sur, Jalisco.

Esta comisión, que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 85 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de la proposición señalada y conforme a las deliberaciones que de ésta realizaron los miembros de la Comisión de Transportes reunidos en pleno, presentan a esta honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

A la Comisión de Transportes fue turnado, para estudio y dictamen, con número de oficio número D.G.P.L. 61-II-1-0577, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al ejecutivo federal a garantizar mediante la SCT que el proyecto del ferrocarril Guadalajara-Aguascalientes, pase por los Altos Sur, jalisco, presentada por el diputado José Luis Iñiguez Gámez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en sesión celebrada el 29 de abril de 2010.

En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el 29 de abril de 2010, el diputado José Luis Íñiguez Gámez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a garantizar mediante la SCT que el proyecto del ferrocarril Guadalajara-Aguascalientes pase por los Altos Sur, Jalisco.

Con fecha 29 de abril de 2010, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar el punto de acuerdo que nos ocupa para su estudio y dictamen a la Comisión de Transportes.

De lo expuesto, esta Comisión de Transportes hace de su conocimiento el siguiente contenido de la proposición con punto de acuerdo:

1. El legislador argumenta en la exposición de motivos que “la región de Los Altos Sur, Jalisco, cuenta con 6,667 kilómetros cuadrados representando el 5 por ciento de la superficie de la entidad. Los municipios que se sitúan en esta latitud son Acatic, Arandas, Cañadas de Obregón, Jalostotitlán, Jesús María, Mexticacán, San Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe, Yahualica de González Gallo y San Ignacio Cerro Gordo”.

2. La exposición de motivos de la proposición con punto de acuerdo en comento señala que en la región de Los Altos Sur, la población total alcanza 350,694 habitantes, concentrando un poco más de 5 por ciento de la población total del estado.

Bajo ese tenor, el ferrocarril constituye un medio de transporte indispensable para detonar a toda esta zona de los de Los Altos Sur Jalisco, por lo que es de alta prioridad que el proyecto del ferrocarril Guadalajara-Aguascalientes considerado en el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, con una inversión de 200 millones de dólares, en donde el esquema de financiamiento es privado, y en el que se tienen programado construir 195 kilómetros de vías férreas en el tramo El Castillo-Encarnación de Díaz pase por esta región.

3. En la proposición con punto de acuerdo determina que los impactos positivos que implica este proyecto para Los Altos Jalisco, se encuentra la creación de al menos un ferropuerto de gran escala para el manejo óptimo de cereales y productos agroalimentarios, da la posibilidad de establecer un corredor industrial para reposicionar al sector pecuario a ser aún más competitivo, favorecería a un crecimiento alternativo al agropecuario en la economía regional, se descentralizarían las actividades económicas, además de crear más y mejores empleos.

4. Concluye el legislador estableciendo que “con la creación de la vía del tren y el ferropuerto se alcanzan otras ventajas y beneficios para los productores, como lo son disminución de las tarifas de transportación férrea, compras en común de altos volúmenes de productos, ahorros en fletes y maniobras, reducción de tiempos de transportación, reducción de costos en la adquisición de insumos, y abaratamiento de granos e insumos agropecuarios”.

Consideraciones

1. Que se entiende por ferrocarril, en el sentido amplio del término, el sistema de transporte terrestre guiado sobre carriles o rieles de cualquier tipo, aunque normalmente se entiende que los rieles son de acero o hierro, que hacen el camino o vía férrea sobre la cual circulan los trenes. Dentro de esta clasificación se incluyen medios de transporte que emplean otros tipos de guiado, tales como los trenes de levitación magnética.

El ferrocarril forma parte de una amplia gama de transporte terrestre en todo el mundo, ya sea marítimo y aéreo que, en su conjunto, permite y realiza el transporte de personas y mercancías del lugar donde se encuentran al lugar donde quieren ir o donde son necesarias. En la actualidad se emplea una conjunción de medios (marítimos, carreteros, ferroviarios, etcétera) actuando coordinadamente para este fin.

2. Que desde su origen el ferrocarril ha sido un importante medio de transporte para el movimiento de carga y pasajeros, ha contribuido a los procesos de expansión de una infraestructura industrial y a impulsado el desarrollo regional al abrir enlaces de comunicación.

Sin embargo, la Infraestructura Ferroviaria, ha quedado abandonada en nuestro país, ocasionando un alto rezago en el que la cobertura y explotación de la misma no existe en todo nuestro país.

3. Que en el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, el Ejecutivo federal estableció que “la infraestructura es sinónimo de desarrollo económico, social y humano. El crecimiento económico y las oportunidades de bienestar de las Naciones están claramente correlacionadas con el grado de desarrollo de su infraestructura. Los países con que competimos están dando la más alta prioridad a la modernización de su infraestructura, porque saben que es una condición para triunfar en la economía global. México no puede ni debe quedarse atrás”.

Asimismo, en ese mismo programa nacional, dentro del apartado referente a “visión sectorial”, se aducen las siguientes estrategias:

I. Ampliar el sistema ferroviario promoviendo la sustitución de la estructura radial por una estructura de red que mejore su conectividad.

II. Desarrollar corredores multimodales para hacer más eficiente el transporte de mercancías, dando especial atención a los corredores que unen a los puertos del Pacífico con los del Atlántico y con las fronteras.

III. Impulsar el desarrollo de trenes suburbanos de pasajeros que reduzcan de manera significativa el tiempo de traslado de las personas entre sus hogares y sus centros de trabajo y estudio.

IV. Atender los problemas de interconexión ferroviaria en puertos, fronteras y zonas metropolitanas.

V. Mejorar la convivencia del ferrocarril en las zonas urbanas.

Sin embargo, a pesar de que en el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, se propone ampliar el sistema ferroviario, desarrollar corredores multimodales, atender problemas de interconexión ferroviaria en puertos y fronteras, aún queda mucho por hacer, considerando que el transporte ferroviario puede incrementar la calidad de vida de las poblaciones aledañas, así como mejorar la logística traducida en incremento al comercio internacional y por ende fomento a la economía nacional.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Transportes de la LXI Legislatura sometemos a consideración del pleno de la honorable asamblea el punto de acuerdo:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que el proyecto considerado en el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 del ferrocarril de Guadalajara-Aguascalientes pase por la región de Los Altos Sur del estado de Jalisco.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2010.

La Comisión de Transportes

Diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Silvio Lagos Galindo, José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud, Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García, María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González, Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González, Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador (rúbrica), Carlos Martínez Martínez, Adolfo Rojo Montoya, Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villareal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a expedir normas que obliguen a las prestadoras de servicios de transportes terrestre, marítimo o aéreo de pasajeros a tomar medidas que eviten mediante aquéllos la comisión del delito de trata de personas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes fue turnada para estudio, análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a expedir normas que obliguen a las empresas que prestan servicios de transporte terrestre, marítimo o aéreo de pasajeros a tomar medidas que eviten mediante estos servicios la comisión del delito de trata de personas.

La comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 85 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de la proposición señalada y conforme a las deliberaciones que de ella realizaron los miembros, se presenta a esta asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

A la Comisión de Transportes que suscribe fue turnado para estudio y dictamen el expediente número 61-II-3-626, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a expedir normas que obliguen a las empresas que prestan servicios de transporte terrestre, marítimo o aéreo de pasajeros a tomar medidas que eviten mediante estos servicios la comisión del delito de trata de personas, presentada por la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión celebrada el 14 de septiembre de 2010.

Con fecha 14 de septiembre de 2010, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa para su estudio y dictamen a la Comisión de Transportes.

De lo expuesto, la Comisión de Transportes hace de su conocimiento el siguiente contenido de la proposición con punto de acuerdo:

1. La esclavitud constituye la máxima agresión al bien más preciado de las personas; al bien que las define propiamente como tales: su libertad.

Los esclavos son seres humanos apropiados por otros, para convertirlos en cosas, en mercancías sujetas a la demanda. Son seres humanos retenidos contra su voluntad para realizar trabajos y servicios; que no pueden decidir marcharse o dejar su trabajo, a quienes no se les paga un salario por la labor que realizan, aunque se les da alimento y vivienda, la mayor parte de las veces en términos de las peores condiciones de precariedad.

2. La Convención Internacional sobre la Esclavitud de 1926, la define como “el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o alguno de ellos”. La Organización Internacional del Trabajo la define como “todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual, dicho individuo no se ofrece voluntariamente”.

Estas definiciones básicas comprenden toda una serie de tipos distintos de trabajo forzoso, obligatorio, no libre, en condiciones de servidumbre, sujeto al pago de una deuda, etcétera, generado a través de medios violentos, del chantaje, del abuso o del engaño y se concreta y oculta bajo numerosos disfraces incluyendo la explotación infantil, el tráfico de seres humanos, el trabajo en condiciones de servidumbre, la prostitución ajena, la producción de pornografía, la venta de órganos y tejidos, entre otros que muchas veces tenemos ante nuestros ojos y convenientemente nos negamos a ver, o peor, no los podemos ver como lo que son.

3. La esclavitud sigue estando escandalosamente vigente en el mundo contemporáneo y en nuestro país. Y a sus formas tradicionales se han agregado otras características, conductas, medios comisivos y fines, a los que en conjunto pudorosamente llamamos ahora con el nombre de trata de personas para evitar darle la denominación que le corresponde.

Éste es un delito multiforme que convierte a las víctimas en cosas, en mercancía que se intercambia en mercados clandestinos, semiclandestinos y aún abiertos, generalmente controlados por mafias locales, nacionales e internacionales que actúan y lo hacen posible al amparo de la impunidad que les brinda, por un lado, la invisibilidad que la sociedad se impone hacia este delito, o en muchas ocasiones, más que voluntaria, de autoridades que participan en él por comisión o por omisión, negligencia o ignorancia, complicidad o complacencia.

4. La ubicación geográfica de nuestro país, nuestra historia y las condiciones económicas y sociales de profunda desigualdad han hecho de México territorio de origen, tránsito y destino de migrantes, víctimas de tráfico y de trata de personas, victimizando sobre todo a mujeres, niños y adolescentes.

Hoy, en México, entre 16 mil y 20 mil son atrapados en estas redes con fines de explotación sexual, y millones son explotados laboralmente u obligados a realizar trabajos peligrosos o denigrantes fomentados, por la contraparte de una gran demanda local e internacional. Y a esto hay que agregar el incremento de la migración internacional de nuestros connacionales o de personas en tránsito por nuestro territorio, aparejada a políticas cada vez más restrictivas de los países receptores, incrementando la migración indocumentada, que las hace presas aún más fáciles.

5. El sector privado debe contribuir al combate del delito de trata de personas. En muchos casos de trata de personas se han documentado rutas para trasladar a las víctimas dentro y fuera del país usando medios públicos de transporte de pasajeros terrestres, marítimos y aéreos. Rutas establecidas y regulares que se usan cotidianamente sin que existan procedimientos ni normatividad que obligue a las autoridades y a los concesionarios a rutinas de verificación que permitan ya no impedir, sino siquiera obstaculizar estas prácticas infames.

Recientes investigaciones han expuesto que las centrales camioneras de las grandes ciudades son de los principales lugares en donde los tratantes enganchan y transportan a sus víctimas. En su mayoría mujeres, niñas y niños de escasos recursos que viajan sin compañía a las ciudades en busca de oportunidades de trabajo. Ése es el caso de la terminal de autobuses que tenemos a unos metros de este recinto parlamentario.

6. Es necesario que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con las autoridades encargadas de perseguir el delito, así como las empresas concesionarias, implanten medidas preventivas y de detección en terminales, puertos y aeropuertos, mediante operativos de vigilancia e inspección, programas de difusión, promoción y capacitación, a fin de informar y sensibilizar en la materia al personal que labora en estas instalaciones, así como a los usuarios.

Consideraciones

1. El Parlamento Europeo, por resolución definió la trata de seres humanos como “el acto ilegal de quien directa o indirectamente favorece la entrada o permanencia de un ciudadano proveniente de un tercer país con fines de explotación, utilizando el engaño o cualquier forma de constreñimiento o abusando de una situación de vulnerabilidad o incertidumbre administrativa”.

Asimismo, el Protocolo para reprimir, prevenir y sancionar la trata de personas, define la trata de personas como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, engaño, abuso de poder, de una situación de vulnerabilidad o a la concesión, recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”.

2. La complejidad del concepto de tráfico de personas contrasta con la facilidad de su utilización, como si fuera un concepto claro, es por ello que la doctrina penal española maneja distintos conceptos de tráfico de personas, destacando el elemento de transporte, partiendo de una definición genérica de corte criminológico que concibe el tráfico internacional ilícito, como la transferencia de forma aparentemente legal o totalmente ilegal, de una persona de un Estado a otro.

Desde un punto de vista histórico, el tráfico o trata de personas se vincula a los conceptos de comercio y de transporte. En términos generales se indica al comercio y el transporte como manifestaciones de la trata de personas, añadidas a la situación de dominio que caracteriza la esclavitud. Por otra parte, ése es también el significado gramatical del término “tráfico” que indica tanto a la actividad comercial como la circulación, el movimiento o el traslado.

3. La comisión dictaminadora considera que el delito de trata de personas ha tomado formas y dimensiones tales, que debe ser considerado de lesa humanidad, porque violenta prácticamente todos los derechos inherentes a las personas: su vida, libertad, salud, dignidad y educación. Asimismo, se ha vinculado a la delincuencia organizada por sus amplios beneficios económicos, toda vez que deja ganancias superiores a los siete billones de dólares anuales en el mundo, sólo por debajo del tráfico de drogas o de armas.

Se ha hecho un sinnúmero de investigaciones por parte de la PGJDF, toda vez que ha habido denuncias por parte de diversas asociaciones, en las cuales se asegura que la Terminal de Autobuses Poniente es utilizada para reclutar o transportar víctimas de trata de personas, por lo que para evitar la comisión de estos delitos las autoridades capitalinas y los empresarios preparan un programa para convertirla en una zona segura.

4. Por otro lado, diversos agentes del Instituto Nacional de Migración de este país han sido detenidos por tráfico de personas y emisión de pasaportes falsos, asimismo, diversos funcionarios, junto con empleados de Mexicana de Aviación, fueron en su momento remitidos al Ministerio Público para deslindar su responsabilidad en el delito de tráfico de personas. Los agentes migratorios anteriormente mencionados, enfrentan cargos, por los delitos de violación a la Ley General de Población y a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

5. En cuanto al Reglamento de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, es importante mencionar que en él se prevé la integración, funcionalidad y facultades de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, la cual uno de los titulares de las dependencias que la integran es el secretario de Comunicaciones y Transportes y la misma tiene por objeto coordinar las acciones de sus integrantes para elaborar acciones que tengan relación con la prevención y sanción del delito de trata de personas o con la protección, atención y asistencia a las víctimas.

De lo expuesto en el párrafo inmediato anterior se concluye que es competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implantar las medidas necesarias, configurándose éstas en la expedición de una norma oficial mexicana para que las sociedades cuyo objeto sea la prestación de los servicios de transporte terrestre, marítimo o aéreo de pasajeros, se obliguen a la aplicación de las mismas para efecto de combatir el delito de trata de personas.

6. La Comisión de Transportes considera viable aprobar la presente proposición con punto de acuerdo, toda vez que en ella se propone exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a expedir normas que obliguen a las empresas que prestan servicios de transporte terrestre, marítimo o aéreo de pasajeros a tomar medidas que eviten mediante estos servicios la comisión del delito de trata de personas.

Por lo expuesto, la Comisión de Transportes somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a reforzar con las autoridades ministeriales federales y las estatales correspondientes las acciones preventivas y expedir una norma oficial mediante la cual las empresas concesionarias que prestan servicio de transporte terrestre, marítimo y aéreo de pasajeros eviten, en el ámbito de sus actividades, la comisión del delito de trata de personas y apoyen a la prevención de éste.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2010.

La Comisión de Transportes

Diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), presidente; Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), secretarios; Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González, Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador (rúbrica), Carlos Martínez Martínez, Adolfo Rojo Montoya, Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno federal a revocar la concesión de Ferrosur, SA de CV, actualmente Ferromex, y a solicitar la donación de los segmentos de vía en desuso y abandonados del tramo San Antonio Nanahuatipan-Oaxaca de Juárez

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno federal a revocar la concesión que se otorgó a la empresa Ferrosur, SA de CV, actualmente Ferromex, así como solicitar la donación de los tramos de vía en desuso y abandonadas del tramo comprendido a partir de la comunidad de San Antonio Nanahuatipan hasta la ciudad de Oaxaca de Juárez.

Esta comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 85, 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de la proposición señalada y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron los miembros de la Comisión de Transportes reunidos en pleno presentan a esta honorable asamblea, el siguiente dictamen:

Antecedentes

A la Comisión que suscribe de Transportes le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con número de oficio D.G.P.L. 61-II-6-0585, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno federal a revocar la concesión que se otorgó a la empresa Ferrosur, SA de CV, actualmente Ferromex, así como solicitar la donación de los tramos de vía en desuso y abandonadas del tramo comprendido a partir de la comunidad de San Antonio Nanahuatipan hasta la ciudad de Oaxaca de Juárez, presentada por la diputada Martha Ifigenia Martínez y Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2010.

En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el día 30 de septiembre de 2010, la diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentó la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno federal, revocar la concesión que se otorgó a la empresa Ferrosur, SA de CV, actualmente Ferromex, así como solicitar la donación de los tramos de vía en desuso y abandonadas del tramo comprendido a partir de la comunidad de San Antonio Nanahuatipan hasta la ciudad de Oaxaca de Juárez.

Con fecha 30 de septiembre de 2010, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23 fracción f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar el punto de acuerdo que nos ocupa para su estudio y dictamen a la Comisión de Transportes.

De lo expuesto, esta Comisión de Transportes hace de su conocimiento el siguiente contenido de la proposición con punto de acuerdo:

1. Establece la Legisladora en la exposición de motivos del punto de acuerdo en comento que “el 4 de junio de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, como parte del proceso de desincorporación de bienes públicos del Estado que no supieron utilizarse en beneficio de la nación. Este hecho se sumó a una estrategia implantada con la supuesta finalidad de hacer más eficiente el sistema ferroviario nacional de carga y de pasajeros”.

2. En noviembre de 2004 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó la convocatoria y las bases correspondientes a la licitación para concesionar la operación de las vías cortas Oaxaca y Sur, así como la prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga y de pasajeros. Por ello, después del proceso mencionado, la misma Secretaría otorgó el título de concesión el 11 de octubre de 2005 a favor de Ferrosur, SA de CV (hoy Ferromex), con una vigencia de 30 años.

3. Por otra parte, señala la exposición de motivos que “la situación operativa de la línea Sur-Oaxaca se caracteriza por lo siguiente: el concesionario opera la línea sólo parcialmente; y en el caso del tramo Sánchez-Oaxaca no se brinda ningún servicio, lo que ha ocasionado que el robo de rieles, durmientes y accesorios se dé con frecuencia”.

Ante la situación, la SCT como autoridad reguladora, ha buscado poner una solución y que el concesionario opere con respeto de lo establecido en el título de concesión.

4. Concluye el legislador la exposición de motivos considerando que: algunas autoridades municipales del estado de Oaxaca han firmado un acuerdo de colaboración intermunicipal con el objetivo de invertir recursos en la construcción de un camino rural sobre la vía en desuso, el cual servirá para tener intercomunicación y desarrollar una política de desarrollo regional. Asimismo, se prevé la venta de los desechos ferroviarios y el ingreso de éstos canalizarlo para realizar obras en beneficio de los habitantes de los municipios y de su actividad productiva.

“Este camino será el detonante de la regeneración de la actividad.”

Consideraciones

1. Que el servicio de transporte ferroviario es de competencia federal y las vías férreas que se utilizan para su prestación son consideradas vías generales de comunicación cuando se cumple con lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, que a la letra dice:

Artículo 3. Las vías férreas son vías generales de comunicación cuando:

I. Comuniquen entre sí a dos o más entidades federativas;

II. En todo o parte del trayecto, estén dentro de la zona fronteriza de cien kilómetros o en la faja de cincuenta kilómetros a lo largo de las costas, con excepción de las líneas urbanas que no crucen la línea divisoria con otro país y que no operen fuera de los límites de las poblaciones, y

III. Entronquen o conecten con alguna otra vía férrea de las enumeradas en este artículo, siempre que presten servicio al público. Se exceptúan las líneas urbanas que no crucen la línea divisoria con otro país.

Son parte integrante de la vía general de comunicación ferroviaria el derecho de vía, los centros de control de tráfico y las señales para la operación ferroviaria.

Artículo 4. Son de jurisdicción federal las vías generales de comunicación ferroviaria, el servicio público de transporte ferroviario que en ellas opera y sus servicios auxiliares.

Corresponderá a los tribunales federales conocer de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley.

En todo caso, las autoridades que conozcan de las controversias proveerán lo necesario para que no se interrumpa la prestación del servicio público de transporte ferroviario.

De lo anterior, se desprende que siendo de jurisdicción federal las vías de comunicación ferroviarias, son competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como vigilar, regular y cancelar el cumplimiento de los títulos de concesión mediantes los cuales se presta dicho servicio, como lo establece el artículo 6 del mismo ordenamiento legal.

Artículo 6. Corresponde a la Secretaría, en materia de servicio ferroviario, el ejercicio de las atribuciones siguientes:

...

II. Otorgar las concesiones y permisos a que se refiere esta Ley, verificar su cumplimiento y resolver sobre su modificación o terminación.

2. Que el diseño estratégico de la apertura a la inversión privada del sistema ferroviario nacional, incluyó por una parte, un esquema de segmentación regional con tres ferrocarriles: a) Ferrocarril del Pacífico del Noroeste, hoy Kansas City Southern México; b) Ferrocarril del Pacífico Norte, hoy Ferromex; y c) Ferrocarril del Sur, hoy Ferrosur. Por la otra, un conjunto de “líneas cortas”, entre las que pueden citarse línea Coahuila-Durango, ferrocarril Chiapas-Mayab, ferrocarril chihuahua-Pacífico, ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y línea Sur-Oaxaca.

Por cada una de esas unidades de negocio, el gobierno federal otorgó los respectivos títulos de concesión. Para el caso de los tres ferrocarriles troncales, las concesiones son por 50 años prorrogables por otro periodo igual. Las concesiones se otorgaron exclusivamente para el servicio público de carga. En el caso de las “líneas cortas”, el esquema de concesión es de 30 años, prorrogable por un periodo igual. Algunas diferencias entre las “líneas cortas” se refieren a que en los casos del ferrocarril Chihuahua-Pacífico y de la línea Sur-Oaxaca, las respectivas concesiones incluyen tanto el servicio público de carga como el de pasajeros. Adicionalmente, para el caso del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, la concesión fue para una empresa paraestatal del gobierno federal.

3. Que las concesiones otorgadas se dieron a través de licitación pública internacional, que se destinaron a los tres ferrocarriles troncales. Posteriormente, se fueron dando los correspondientes a las “líneas cortas”.

En el caso específico de la “línea corta” Sur-Oaxaca, esta unidad de negocios cubre turas de los estados de México, Morelos, Oaxaca y Puebla, y conecta con la terminal ferroviaria del valle de México.

Asimismo, Ferrosur obtuvo la concesión de la línea Sur-Oaxaca, la empresa fue adquirida por Ferromex. Si bien este proceso de compra o fusión todavía presenta cuestionamientos legales por la Comisión Federal de Competencia, Ferrosur opera conforme a las directrices de Ferromex.

4. Que ante la situación, la SCT como autoridad reguladora ha buscado poner una solución y que el concesionario opere con respeto de lo establecido en el título de concesión.

5. No obstante lo anterior y en el entendido de que es claro que la intervención oportuna y adecuada de la SCT para solucionar la problemática planteada por la proposición sometida a esta dictaminadora redundará en una mejoría en las condiciones del transporte público y las comunicaciones de las comunidades afectadas, es menester realizar precisiones al acuerdo que se emite, toda vez que la proposición habla de la posible revocación de una concesión a Ferromex cuando quién formalmente es titular de la citada concesión es la empresa Ferrosur, SA de CV.

6. En tal sentido, es necesario precisar que si bien Ferrosur, SA de CV, al no explotar ni prestar el servicio ferroviario en el tramo comprendido entre la comunidad de San Antonio Nanahuatipan hasta la Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el estado de Oaxaca tal empresa está incurriendo en una causal que podría tener como consecuencia la revocación de la concesión que le fue otorgada, también es cierto que está Soberanía desconoce las razones y circunstancias específicas por las cuales no se presta el servicio público de transporte ferroviario en el tramo ya mencionado, así como si tal circunstancia es de conocimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y si dicha dependencia ha ya tomado, o no, las medidas que resulten aplicables.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Transportes de la LXI Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo con modificaciones:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados de la LXI Legislatura exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que revise la situación jurídica y operativa que guarda la concesión otorgada a Ferrosur, SA de CV, respecto de las vías cortas Oaxaca y Sur, así como la prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga y pasajeros en dichas vías y, de existir fundamento jurídico para ello, se revoque el Título de Concesión respectivo.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 14 de diciembre de 2010.

La Comisión de Transportes

Diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud, Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García, María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González, Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González, Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador (rúbrica), Carlos Martínez Martínez, Adolfo Rojo Montoya, Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villareal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a tomar medidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para detectar e impedir la prestación del servicio de transporte de personas por autobuses pirata

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a tomar, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las medidas pertinentes para detectar e impedir la prestación del servicio de transporte de personas por autobuses pirata en el territorio nacional.

Esta comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 85, 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de la proposición señalada y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron los miembros de la Comisión de Transportes reunidos en Pleno, presentan a esta honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

A la Comisión de Transportes fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con número de oficio D.G.P.L. 61-II-2-545, que contiene la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a tomar, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las medidas pertinentes para detectar e impedir la prestación del servicio de transporte de personas por autobuses pirata en el territorio nacional, presentada por la diputada Guadalupe Pérez Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en sesión celebrada el día 28 de abril de 2010.

En sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el día 28 de abril de 2010, la diputada Guadalupe Pérez Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentó la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a tomar a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes las medidas pertinentes para detectar e impedir la prestación del servicio de transporte de personas por autobuses pirata en el territorio nacional.

Con fecha 28 de abril de 2010, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar el punto de acuerdo que nos ocupa para su estudio y dictamen a la Comisión de Transportes.

De lo expuesto, esta Comisión de Transportes hace de su conocimiento el siguiente contenido de la proposición con punto de acuerdo:

1. Establece la Legisladora en la exposición de motivos del punto de acuerdo en comento que: “en relación con la prestación de este servicio de autotransporte, tanto de pasajeros como de turismo se han detectado un sinnúmero de casos de empresas que, sin reunir con los requisitos que exigen las normas oficiales, se dedican a la prestación de tales servicios”.

2. Asimismo, las empresas conocidas como “piratas” o quienes se dedican a esta actividad, al hacerla apartada de las normas aplicables al caso, evidentemente no prestan ni la más mínima preocupación o consideración en que las con las que prestan el servicio cuenten con las especificaciones técnicas mínimas que exigen el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, ello sin dejar de mencionar que tampoco se contrate una póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros o póliza de seguro de viajero, lo que incluso ha traído como saldo numerosos accidentes.

3. Finalmente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dentro de su programa de trabajo 2009, en el cual contempla abatir la irregularidad de vehículos, principalmente dedicados al servicio de pasaje regular, a efecto de contar con un servicio moderno y confiable, en un entorno de certidumbre jurídica y competitiva, empero, no se señala medidas eficaces tendientes a solucionar la problemática de los autotransportes “pirata”.

Consideraciones

1. De la misma forma, resulta importante tomar en consideración, que este precepto, pero en su fracción XII también contempla el concepto de terminales, definiéndolas como las instalaciones auxiliares al servicio del autotransporte de pasajeros, en donde se efectúa la salida y llegada de autobuses para el ascenso y descenso de viajeros, y en su fracción XIII establece la definición de tránsito como la circulación que se realice en las vías generales de comunicación.

Ahora bien, en relación con la presentación de este servicio de autotransporte, tanto de pasajeros como de turismo se han detectado un sinnúmero de casos de empresas que, sin reunir con los requisitos que exigen las normas oficiales, se dedican a la prestación de tales servicios.

Esta situación que de por si es problemática en virtud de realizarse al margen de los marcos legales, también traen repercusiones en ámbitos de índole de seguridad de quienes lo utilizan, así también como en lo económico y pérdida del empleo.

2. En algunos estados de la República Mexicana, pequeñas centrales camioneras “pirata” operan, donde salen autobuses en condiciones deficientes, repletos de migrantes.

Aunque estas empresas ofrecen tarifas por debajo de las que mantienen las líneas regulares que operan en las centrales camioneras, incumplen con requisitos como los seguros de viajero, arcos detectores de armas, exámenes para los operadores y revisión mecánica de las unidades.

Por lo expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Transportes de la LXI Legislatura, sometemos a consideración del pleno el siguiente punto de

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados de la LXI Legislatura exhorta al Ejecutivo federal a tomar, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las medidas pertinentes para detectar e impedir la prestación del servicio de transporte de personas por autobuses pirata en el territorio nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2010

La Comisión de Transportes

Diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González, Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador (rúbrica), Carlos Martínez Martínez, Adolfo Rojo Montoya, Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villareal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández.

De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público a considerar la propuesta de exentar del pago de peaje el servicio de transporte escolar

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes fue turnada para estudio, análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público a considerar la propuesta de exentar del pago de peaje al servicio de transporte escolar.

La comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 85, 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de la proposición señalada y conforme a las deliberaciones que de ella realizaron los miembros, presenta a esta a asamblea, el siguiente dictamen:

Antecedentes

A la Comisión que suscribe de Transportes fue turnado para estudio y dictamen el expediente número 61-II-6-0663, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público a considerar la propuesta de exentar del pago de peaje al servicio de transporte escolar, presentada por el diputado Roberto Pérez de Alva, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en sesión celebrada el 28 de octubre de 2010.

En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados celebrada el 28 de octubre de 2010, el diputado Roberto Pérez de Alva, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público a considerar la propuesta de exentar del pago de peaje al servicio de transporte escolar.

Con fecha 28 de octubre de 2010, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa para su estudio y dictamen a la Comisión de Transportes.

De lo expuesto, la Comisión de Transportes hace de su conocimiento el siguiente contenido de la proposición con punto de acuerdo:

1. La problemática que padecen los estudiantes de bajos recursos que se encuentran alejados de sus centros de estudio, independientemente del nivel educativo que estén cursando, radica en que no obstante se han organizado para rentar o comprar transportes escolares que los trasladen a sus centros de estudio que muchas veces se encuentran a varios de cientos de kilómetros, tienen que pagar diariamente los derechos por el uso de carreteras que se exige en las casetas de peaje, en los dos sentidos de su cotidiano traslado.

2. El resultado de lo anterior es que la asistencia a la escuela se hace muy cara para los modestos ingresos familiares y, por ello, tenemos el grave problema de que la gente en edad de estudiar va a la escuela cuando puede, su asistencia y educación es irregular y la gran mayoría deserta antes de cumplir los 12 años de escolaridad obligatorios.

3. A lo largo de los años hemos visto que una de las respuestas más comunes de los gobiernos federal, estatales y municipales respecto a la inasistencia escolar en zonas aisladas y marginadas, ha sido instrumentar políticas de construcción de caminos que comuniquen las comunidades aisladas con sus cabeceras municipales y estos a su vez con la capital del estado donde se encuentran aglomerados los centros de estudio.

4. Esta política ha representado un avance importante, sin embargo, consideramos que las posibilidades de acción no debe limitarse al mantenimiento, modernización o construcción de caminos, ya que su sola existencia no garantiza que los alumnos acudan a la escuela.

Consideraciones

1. La educación en México representa la puerta más segura al desarrollo y al progreso de sus ciudadanos, asimismo, la fuerza que convoca a las familias y a las comunidades para construirse un mejor futuro.

2. La política educativa actual, conlleva el compromiso de elevar la calidad de la educación, abatir disparidades de atención, acentuar el uso de las tecnologías de la información y comunicación, brindar una educación integral que equilibre la generación de valores ciudadanos, y la adquisición de competencias y conocimientos. Así, el gobierno federal, se ha propuesto brindar una educación relevante, pertinente y útil, que promueva el desarrollo sustentable y una mejor calidad de vida de los mexicanos.

3. De conformidad con el cuarto informe de labores de la presente administración, uno de los compromisos más fuertes de este gobierno federal, es la educación, no sólo por lo que representa para México en el terreno económico, social, científico y cultural sino por lo que significa también para la formación de mejores ciudadanos, más capaces, críticos y participativos.

4. Ahora bien, de la exposición de motivos de la presente propuesta se desprende que muchas de las carreteras de cuota, que actualmente son utilizadas como la única vía para llegar a los centros educativos, ocasionan el incremento del costo del servicio de transporte, afectando consecuentemente la economía de las familias. Por ello, el objetivo principal que se persigue con la presente proposición con punto de acuerdo es que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la de Hacienda y Crédito Público, considere la propuesta de exentar del pago de peaje a los transportes escolares, que provienen de zonas alejadas de sus centros de estudio en los dos sentidos de su cotidiano traslado y que requieren circular por la red nacional de carreteras de cuota para llegar a su destino, esto durante todo el año escolar y evitando desproteger a los usuarios en cuestión, de los beneficios de los seguros carreteros correspondientes.

5. Por ello, la Comisión de Transportes considera vital el contenido de la presente propuesta, toda vez que al exentar del pago de cuotas de peaje a los transportes escolares, se reducirían los costos evidentemente para aquellos estudiantes, que no cuenten con los recursos suficientes y que se encuentren alejados de su centro de estudio.

6. Por lo expuesto, la Comisión de Transportes considera viable la presente proposición con punto de acuerdo, toda vez que en ella se plantea exhortar al Ejecutivo federal a considerar a través de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público exentar del pago de peaje durante todo el año escolar a los transportes escolares que provengan de zonas alejadas de su centro de estudio en ambos sentidos de su cotidiano traslado, y que requieran circular por el tramo carretero respectivo de la red nacional de carreteras de cuota, bajo operación de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para llegar a su destino.

Asimismo, en caso de que las vías de comunicación sean de competencia estatal o se encuentren concesionadas a particulares, se exhorta a las autoridades federales citadas, a que lleven a cabo las negociaciones con los titulares de los derechos para sensibilizarlos sobre la problemática y que éstos consideren de igual forma la exención del pago de peaje a los transportes escolares que provienen de zonas alejadas de su centro de estudio en ambos sentidos, de su cotidiano traslado, durante todo el año escolar.

Por lo expuesto, la Comisión de Transportes somete a consideración de la asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público a considerar exentar del pago de peaje durante todo el año escolar a los vehículos de transporte escolar en ambos sentidos de su traslado, y que requieren circular por la red nacional de carreteras de cuota, bajo operación de Caminos, Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a llevar a cabo negociaciones con los particulares, los estados y los municipios que tengan a su cargo títulos de concesión para operar y explotar caminos federales, de conformidad con la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a fin de considerar la exención del pago de peaje a los vehículos de transporte escolar en los dos sentidos de sus traslado, durante todo el año escolar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, a 14 de diciembre de 2010.

La Comisión de Transportes

Diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), presidente; Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López, Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), secretarios; Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González, Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador (rúbrica), Carlos Martínez Martínez, Adolfo Rojo Montoya, Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández.

De la Comisión de Reforma Agraria, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria a designar un comisionado especial para atender y resolver en definitiva los conflictos agrarios en Morelos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Reforma Agraria le fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria, a que designe un delegado especial para la atención y solución definitiva a los conflictos agrarios más graves que existen en el estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De conformidad con los artículos 39, numeral 3, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y, 80, 81, 82, 84, 85, 157 del Reglamento de la Cámara de Diputados la Comisión de Reforma Agraria somete a su consideración el dictamen que se realiza con base en los siguientes

Antecedentes

1. En sesión celebrada el 15 de diciembre de 2010, el pleno de esta honorable Cámara de Diputados, tuvo conocimiento de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria, a que designe un delegado especial para la atención y solución definitiva a los conflictos agrarios más graves que existen en el estado de Morelos presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2. Con la misma fecha, con oficio número D.G.P.L. 61-II-6-0775, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Reforma Agraria el duplicado del expediente número 3687 conteniendo esta propuesta, para análisis, estudio y emisión de dictamen.

3. Con fecha 15 de diciembre de 2010, la Secretaría Técnica de esta Comisión de Reforma Agraria distribuyó copia del expediente a los diputados integrantes para su conocimiento, análisis y opinión para dictamen.

4. En sesión ordinaria celebrada el lunes 31 de enero de 2011, la Comisión de Reforma Agraria, previa distribución del expediente entre los diputados integrantes por su Mesa Directiva, e integración de las opiniones recibidas con suficientes días de anticipación, sometió a análisis y aprobación la propuesta de dictamen, misma que fue aprobada.

Contenido de la propuesta

En las consideraciones de su proposición con punto de acuerdo, el diputado promovente, anota que en el estado de Morelos se registran añejos problemas de límites territoriales con los estados de México, Puebla y Guerrero y que tienen casi desde la fundación del estado, pues Morelos formaba parte del estado de México.

Son los comuneros y ejidatarios –afirma– quienes reclaman sus tierras, que consideran pertenecen al estado de Morelos y la Delegación de la Reforma Agraria y de la Procuraduría Agraria, no han tomado las determinaciones sobre los casos que los comuneros y ejidatarios han puesto a su consideración.

Esta falta de atención hace latente que existan graves problemas agrarios. Estos ascienden a 21 problemas entre conflictos agrarios, invasiones, asentamientos irregulares y conflictos internos, entre estos problemas el del municipio de Temoac es ya uno de los conflictos más serios pues reclaman más de mil hectáreas del estado de Puebla.

En el año 2008, el secretario de la Reforma Agraria y el gobernador de Morelos, firmaron el convenio de coordinación para resolver, los cuatro conflictos agrarios más importantes en el estado de Morelos que se originaron en problemas de indefinición de límites y posesión de tierras, en los cuales se involucran 3 mil 200 hectáreas.

A pesar de este convenio subsisten lamentablemente los conflictos enumerados y que son: 1) Hueyapan, municipio de Tetela del Volcán contra San Miguel Huepalcalco, municipio de Ocuituco, 2) Tlayacapan contra San José de los Laureles, 3) el municipio de Jiutepec (Tejalpa) contra el municipio de Tepoztlán (Santa Catarina), 4) Ejido de Jiutepec contra el ejido Emiliano Zapata.

No tener a la fecha una respuesta favorable para los comuneros involucrados, trae consigo problemas entre las comunidades, que en algunos casos han llegado a la violencia, sin que las autoridades municipales, estatales y federales logren intervenir decidida y definitivamente a dar una solución final, a través de las instituciones correspondientes.

Consideraciones

Primero. Uno de los objetivos centrales de la reforma del marco legislativo agrario de 1992, fue la procuración y administración de justicia en el campo. Esta reforma a la legislación agraria, se fundamentó en la consideración de “apremiante” y “una solicitud reiterada de los campesinos” la solución de conflictos limítrofes ancestrales.

Segundo. Una de las reformas más relevantes de esta transición fue la creación de un órgano de procuración de justicia agraria y de una aparato de justicia de gran alcance para resolver los conflictos en el campo mexicano, los tribunales agrarios. La Ley Agraria derivada de la reforma al artículo 27 constitucional de 1992 constituye la mayor evolución en cuanto a establecer vías para la solución de conflictos agrarios.

Tercero. La reforma incorporó cambios trascendentales en materia de justicia agraria. La transformó de su carácter administrativo para convertirla en justicia agraria jurisdiccional creando por primera vez en la historia de México, los Tribunales Agrarios y la respectiva regulación de los procedimientos respectivos. Todo ello para hacer ágil y eficiente la defensa y protección de los derechos de los hombres del campo.

Cuarto. Pero desde sus orígenes, el nuevo modelo de procuración y administración de justicia agraria fue invadido por controversias agrarias en las que predominan los conflictos individuales o que involucran derechos individuales en proporciones muy superiores a las controversias agrarias que involucran derechos colectivos de los ejidos y comunidades. Desde la primera década de actuación de la Procuraduría Agraria en el marco de este modelo de justicia agraria, pudo observarse que los conflictos agrarios que se refieren a límites territoriales entre ejidos y comunidades no superaban el tres por ciento.

Quinto. Por su parte, en los tribunales agrarios, a dieciocho años de su fundación se han operado cambios significativos en el número y tipo de asuntos que han atendido y que actualmente atienden. En los primeros años, su desempeño se centraba en la atención a los problemas relacionados con la ejecución de sentencias pendientes sobre acciones de dotación y ampliación de tierras, pero desde aproximadamente 1997 hasta el presente, la actuación de los tribunales opera principalmente en la atención de asuntos de controversias en materia agraria sobre todo de tipo individual.

Sexto. En el año 2010, la Procuraduría Agraria programó una meta de 20 mil 500 acciones de conciliación en materia de procuración de justicia agraria, los Tribunales Agrarios en ese año tenían 39 mil 789 asuntos en trámite. Agrupando estos datos como conflictos en atención por las instancias de procuración y administración de justicia agraria y suponiendo que fueran diferentes estarían en atención 60,289 conflictos agrarios, de los cuales, los 521 que según la exposición de motivos del diputado promovente tiene identificados como conflictos agrarios la Secretaría de la Reforma Agraria, sólo representan el 0.0086 por ciento.

Séptimo. Como puede observarse, existe una colosal desproporción entre los conflictos agrarios que son los más relevantes para el país por sus efectos en la paz social y aquellos que son de interés más individual que colectivo y parece ser, que reiteradamente una y otra vez, tan frecuente como sea posible es preciso llamar la atención tan vigorosamente como se pueda para lograr que la actuación institucional del modelo de justicia agraria se centre en mayor medida y a la mayor brevedad, en lo que es importante y trascendente para el país y particularmente para los campesinos de México, porque sigue siendo “apremiante” y “una solicitud reiterada de los campesinos” la solución de conflictos limítrofes ancestrales.

Por lo expuesto y fundado, esta Comisión de Reforma Agraria somete a la respetable consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria a que designe un comisionado especial para la atención y solución definitiva a los conflictos agrarios en: 1) Hueyapan, municipio de Tetela del Volcán contra San Miguel Huepalcalco, municipio de Ocuituco, 2) Tlayacapan contra San José de los Laureles, 3) el municipio de Jiutepec (Tejalpa) contra el municipio de Tepoztlán (Santa Catarina), 4) Ejido de Juiltepec contra el ejido Emiliano Zapata en el estado de Morelos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de enero de 2011.

La Comisión de Reforma Agraria

Diputados: Óscar García Barrón (rúbrica), presidente; María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Joel González Díaz, María Estela de la Fuente Dagdug (rúbrica), Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica), Luis Hernández Cruz (rúbrica), Ángel Aguirre Herrera, Felipe Cervera Hernández, Rafael Rodríguez González (rúbrica), Enrique Salomón Rosas Ramírez, Héctor Fernández Aguirre, Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Sofío Ramírez Hernández, María Esther Terán Velázquez, Héctor Eduardo Velazco Monroy, Fernando Santamaría Prieto, Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), María Felícitas Parra Becerra, Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Gumersindo Castellanos Flores, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, José Manuel Marroquín Toledo, Domingo Rodríguez Martell (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), Filemón Navarro Aguilar (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica).

De la Comisión de Reforma Agraria, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Tribunal Superior Agrario a analizar la viabilidad de reubicar el Unitario Agrario del distrito 43, con sede en Tampico, Tamaulipas, a Ciudad Valles, San Luis Potosí

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Reforma Agraria le fue turnada proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Tribunal Superior Agrario para que reubique el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 43 con sede en Tampico, Tamaulipas, a Ciudad Valles, San Luis Potosí, a cargo del diputado Domingo Rodríguez Martell, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

De conformidad con los artículos 39, numeral 3, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y, 80, 81, 82, 84, 85, 157 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a su consideración el dictamen mediante el cual se aprueba el punto de acuerdo antes mencionado, que se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

1. En sesión celebrada el 13 de diciembre de 2010, el pleno de esta honorable Cámara de Diputados, tuvo conocimiento de la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Tribunal Superior Agrario para que reubique el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 43 con sede en Tampico, Tamaulipas, a Ciudad Valles, San Luis Potosí, a cargo del diputado Domingo Rodríguez Martell, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

2. Con la misma fecha, con oficio número D.G.P.L. 61-II-6-0739, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Reforma Agraria el duplicado del expediente número 3483 conteniendo esta propuesta, para análisis, estudio y emisión de dictamen.

3. Con fecha 15 de diciembre de 2010, la Secretaría Técnica de esta Comisión de Reforma Agraria distribuyó copia del expediente a los diputados integrantes para su conocimiento, análisis y opinión para dictamen.

4. En sesión ordinaria celebrada el día 31 de enero de 2011, la Comisión de Reforma agraria, previa distribución del expediente entre los diputados integrantes por su mesa directiva, e integración de las opiniones recibidas con suficientes días de anticipación, sometió a análisis y aprobación la propuesta de dictamen, misma que fue aprobada.

Contenido de la propuesta

En su exposición de motivos, el diputado autor de la propuesta, comenta que los Tribunales Agrarios son los órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para impartir justicia agraria en el territorio nacional a los núcleos agrarios, en los términos de la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cabe mencionar que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 43 con sede en Tampico, Tamaulipas, atiende a 44 municipios de los estados de Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 43 atiende a 20 municipios del estado de San Luis Potosí, concentrándose el mayor trabajo de justicia agraria en esa entidad federativa.

En estos 44 municipios se concentran 1,554 núcleos agrarios, de los cuales 1,322 son ejidos y 232 son comunidades, como se muestra en el siguiente cuadro:

Como se observa en los datos presentados y con el propósito de eficientar el adecuado desarrollo de las funciones jurisdiccionales, se propone la reubicación del Tribual Unitario Agrario del Distrito 43 con sede en Tampico, Tamaulipas, a Ciudad Valles, San Luis Potosí, a fin de que los juicios agrarios sean atendidos eficaz y expeditamente, dada la importancia, jurisdicción e influencia que se tiene en los núcleos agrarios de San Luís Potosí.

Consideraciones

En el análisis de la propuesta se hicieron las siguientes consideraciones:

Primera. El 6 de enero de 1992, se publicó la reforma del artículo 27 Constitucional. Entre uno de sus objetivos se identifica el de lograr una justicia real y de rápida ejecución en el campo. Nacieron con ella, los Tribunales Agrarios y la Procuraduría Agraria. Los Tribunales Agrarios están encargados desde esa reforma, de impartir la justicia agraria de manera ágil, con el fin de resolver los problemas que aquejan a los campesinos, así se asienta de manera clara en su Ley Orgánica.

Segunda. La Ley Orgánica en sus artículos 5o., 8o. fracciones I y II y 18 y el Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios, tienen por objeto definir la estructura orgánica de estos tribunales, mediante el establecimiento de las bases de organización y funcionamiento de los mismos. Los Tribunales Agrarios se dividen de conformidad con estos ordenamientos en Tribunales Unitarios Agrarios y Tribunal Superior Agrario.

Tercera. Los Tribunales Unitarios Agrarios son competentes, según esta legislación, para conocer, entre otros asuntos, de las controversias que surjan por límites de terrenos entre dos o más núcleos de población ejidales o comunales, y entre éstos y pequeños propietarios o sociedades, del reconocimiento del régimen comunal; la restitución de tierras, bosques y aguas a núcleos de población ejidal o comunal y las controversias en materia agraria entre los sujetos agrarios, así como entre éstos y los núcleos de población ejidal o comunal.

Cuarta. En cuanto a la organización de los Tribunales Unitarios Agrarios, es el Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios el que específicamente tiene por objeto definir las bases de organización y funcionamiento de los mismos, según su artículo primero. Y de conformidad con su artículo 46, el Tribunal Superior Agrario hará la división del país en distritos de justicia agraria en los que ejercerán su jurisdicción los tribunales unitarios, tomando en cuenta los volúmenes de trabajo, los distritos podrán comprender una o más entidades federativas o regiones de éstas.

Quinta. Es pues, el volumen de trabajo, la base legal para determinar el distrito judicial agrario. A la fecha existen 49 Tribunales Unitarios Agrarios ubicados en todo el país y 2 subsedes: una subsede en Aguascalientes correspondiente al distrito judicial 1 ubicado en Zacatecas, Zacatecas, y otra subsede en Campeche, correspondiente al distrito judicial 34 de Mérida Yucatán.

Sexta. En cuanto al volumen de trabajo, el distrito judicial 43 con sede en Tampico, Tamaulipas, no forma parte de los 21 distritos judiciales que concentran el mayor volumen de trabajo y que encabeza el distrito judicial 46 con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, que al mes de agosto de 2010 tenía 1,416 asuntos en trámite. En cambio, el distrito judicial 30 con sede en Ciudad Victoria Tamaulipas, sí está en el grupo de los distritos judiciales de mayor concentración con 807 expedientes. Si a este volumen de trabajo, se le suma el del distrito judicial 43 con sede en Tampico, que son a la misma fecha 662, los dos distritos judiciales suman un volumen de trabajo de 1,469 expedientes, un volumen mayor, al del distrito judicial de mayor concentración, el de Huajuapan de León, Oaxaca.

Séptima. No es pues, el número de municipios el que determina la ubicación de los distritos judiciales, sino el volumen de trabajo. El distrito judicial 43, encabeza el grupo de aquellos que al mes de agosto de 2010, registraron los menores volúmenes de trabajo.

Octava. Por último, el distrito judicial 43 se ubicó en Tampico, Tamaulipas, recientemente, el 12 de noviembre de 2007 fecha en que entró en vigor el acuerdo del Tribunal Superior Agrario de fecha 13 de septiembre de 2007 que modificó el diverso aprobado de fecha 16 de agosto del mismo año, trasladando este distrito judicial con la misma competencia territorial, de su sede en Pánuco, Veracruz, a su ubicación actual. Pero También, mediante el mismo acuerdo, se trasladó el distrito judicial 45 con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí, a otra ubicación. Es decir, Ciudad Valles ya tuvo un Tribunal Unitario Agrario, pero que atendiendo al mismo criterio, “los volúmenes de trabajo y requerimientos de este importante servicio público, el Tribunal Superior Agrario tomó en cuenta para su reubicación.

En razón de lo expuesto, esta Comisión de Reforma Agraria somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Tribunal Superior Agrario para que analice la viabilidad de reubicar el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 43 con sede en Tampico, Tamaulipas, a Ciudad Valles, San Luis Potosí, a fin de eficientar las actividades y la justicia agraria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de enero de 2011

La Comisión de Reforma Agraria

Diputados: Óscar García Barrón (rúbrica), presidente; María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Joel González Díaz, María Estela de la Fuente Dagdug (rúbrica), Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica), Luis Hernández Cruz (rúbrica), secretarios; Ángel Aguirre Herrera, Felipe Cervera Hernández (rúbrica), Rafael Rodríguez González (rúbrica), Enrique Salomón Rosas Ramírez (rúbrica), Héctor Fernández Aguirre (rúbrica), Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Socorro Sofío Ramírez Hernández, María Esther Terán Velázquez, Héctor Eduardo Velasco Monroy (rúbrica), Fernando Santamaría Prieto (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), María Felícitas Parra Becerra (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Gumercindo Castellanos Flores (rúbrica), Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica), José Manuel Marroquín Toledo, Domingo Rodríguez Martell (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), Filemón Navarro Aguilar (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica).

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al jefe del gobierno de la ciudad a recibir en audiencia a los vecinos afectados por la construcción del proyecto vial Supervía Poniente

Honorable Asamblea:

La Comisión del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 3, y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, 84 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

A la Comisión del Distrito Federal fue turnado, para estudio y dictamen, el oficio número D.G.P.L. 61-II-1-0507, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal para que con la brevedad posible reciba en audiencia a los vecinos afectados por la construcción del proyecto vial denominado “Supervía Poniente” y se les proporcione la información completa respecto a la afectación que ocasionará el desarrollo de dicha obra, presentada por la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

1. Con fecha 20 de abril de 2010, la diputada Leticia Quezada Contreras presentó ante la tribuna de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por la que exhorta respetuosamente al jefe del gobierno del Distrito Federal para que con la brevedad posible reciba en audiencia a los vecinos afectados por la construcción del proyecto vial denominado “Supervía Poniente” y les proporcione la información completa respecto a la afectación que ocasionaría el desarrollo de dicha obra.

2. En la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo de referencia fue turnada a la Comisión del Distrito Federal para que, en uso de sus facultades y atribuciones, emita el dictamen previsto en el artículo 80 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

3. Dentro de los motivos que originan la proposición mencionada, la diputada refiere que el proyecto de la Supervía Poniente tiene su antecedente directo en tiempos de la Regencia del Distrito Federal, por lo que en ese entonces se sostuvieron reuniones de trabajo con las autoridades de la ciudad y con las autoridades federales para hacer de su conocimiento la oposición que había al proyecto.

Dicho movimiento culminó el 22 de agosto de 1992, día en que se publicó en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal la exclusión de la avenida Luis Cabrera del proyecto de súper vialidades.

4. Al enterarse que se desarrollaría la Supervía Poniente, los habitantes de las zonas afectadas comenzaron a organizarse nuevamente en 2008, con la finalidad de tener un acercamiento con los funcionarios del gobierno del Distrito Federal para conocer los impactos ambientales, económicos y viales que puede conllevar una obra de tal magnitud. Gracias a ello, se estableció una mesa de trabajo cuyo compromiso principal era dar a conocer los alcances de la obra; sin embargo, no se concluyeron dichas labores.

5. La diputada enfatiza que en la construcción de la democracia es indispensable contar con la participación efectiva de los ciudadanos en la ejecución de este tipo de obras y, a este respecto, menciona que la consulta ciudadana es una figura que permite cogobernar favoreciendo una toma de decisiones democrática, por lo que es necesario activarla para darle viabilidad a las políticas públicas.

6. Por lo anterior, la diputada proponente considera necesario:

a) Exhortar respetuosamente al jefe del gobierno del Distrito Federal para que a la brevedad posible reciba en audiencia a los vecinos afectados por la construcción del proyecto vial denominado Supervía Poniente y se les proporcione la información completa respecto a la afectación que ocasionaría el desarrollo de dicha obra.

b) Exhortar al gobierno del Distrito Federal para que someta a consulta ciudadana la obra denominada Supervía Poniente a fin de conocer la opinión de los vecinos afectados por la obra.

Consideraciones

I. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

II. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina se sustenta en el derecho que tienen los habitantes del Distrito Federal a ser informados sobre los actos administrativos de carácter general que expida el jefe de gobierno, así como sobre la realización de obras y las instancias para presentar quejas y denuncias relacionadas con las mismas. Asimismo, tiene que ver con la obligación de la administración pública local de promover y apoyar la participación social en los proyectos estratégicos urbanos, específicamente en proyectos de infraestructura, equipamiento y prestación de servicios públicos.

III. La comisión dictaminadora ha realizado el análisis respecto a la proposición del punto de acuerdo, destacando lo siguiente:

El 6 de enero de 2011, el licenciado Juan José García Ochoa, subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, remitió a esta Cámara de Diputados la contestación del jefe de gobierno en atención a la solicitud de información realizada por diferentes miembros de esta honorable legislatura relativa a la Supervía Poniente (Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3187-I, del miércoles 26 de enero de 2011).

En dicho documento se menciona que “el gobierno de la Ciudad de México ha sido y es respetuoso de los derechos de libertad de expresión, de manifestación, de reunión, de información, de participación, de seguridad jurídica y de acceso a un medio ambiente sano de todas y cada de las personas, en lo individual y en lo colectivo que han manifestado su oposición o su adhesión al proyecto de la Supervía Poniente. Además, se detallan las acciones que el gobierno de la ciudad ha emprendido en materia de participación ciudadana.

No obstante lo anterior, el pasado 20 de enero la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) dio a conocer la recomendación 1/2011, que se desprende de diversas quejas presentadas ante ese organismo por la realización de la obra vial denominada “Sistema Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores al Sur-Poniente de la Ciudad de México” (Supervía Poniente).

En dicha recomendación se constataron diversas irregularidades cometidas a lo largo del proceso para otorgar el título de concesión respectivo. Sin embargo, esta dictaminadora únicamente hará referencia a las violaciones cometidas a los derechos de información y participación ciudadana de los vecinos afectados por la obra, atendiendo a la materia del presente dictamen.

IV. De la recomendación emitida por la CDHDF destacamos lo siguiente:

a) El gobierno capitalino violó el derecho a la participación de los ciudadanos al no dar respuesta a las solicitudes de audiencia pública formuladas hasta en dos ocasiones por las personas habitantes de las delegaciones La Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, aún cuando dichas solicitudes cumplieron con los requisitos de forma establecidos en el capítulo IX de la Ley de Participación Ciudadana.

b) Se acreditó que la autoridad local omitió realizar el proceso de consulta ciudadana respecto a la manifestación de impacto ambiental en su modalidad específica (MIAE), incumpliendo con lo estipulado por el artículo 50 de la Ley Ambiental del Distrito Federal, el cual señala que la realización de la consulta es una obligación y no una facultad discrecional de la autoridad; obligación cuyo cumplimiento cobra especial relevancia por la preocupación que genera el desarrollo de la obra en las mencionadas delegaciones.

c) La CDHDF estimó que se violó el derecho a la información de las personas, en razón de que el actuar de la autoridad fue contrario a los principios rectores de este derecho. Situación que además impidió el goce de otros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Al respecto, el organismo destacó que las propias autoridades del gobierno capitalino reconocieron que no proporcionaron información suficiente y oportuna a las personas potencialmente afectadas por la obra, impidiendo que su opinión fuera incorporada y valorada en la fase de proyección de la misma. Muestra de ello es que hasta el 30 de junio de 2010, y después de reiteradas solicitudes de información, la autoridad comenzó a hacer pública parte de la información relativa al proyecto; y que hasta el 28 de julio de 2010 el gobierno entregó por primera vez información del proyecto a los vecinos de forma directa.

Por ello, la CDHDF concluyó que la autoridad debió asumir un papel proactivo para la difusión de información clara y precisa sobre el proyecto con el propósito de que las personas estuvieran en posibilidad de ejercer otros derechos como el de participación, el derecho al medio ambiente, al agua y a la vivienda. Pero, contrario a esa actitud de apertura, la autoridad no brindó explicación alguna sobre sus decisiones y actos, principalmente por lo que se refiere a: las alternativas de desarrollo urbano que tomó en cuenta antes de llevar a cabo la Supervía Poniente; las razones por las que optó por el régimen jurídico de concesión por adjudicación directa; y los argumentos por los cuales se dio el visto bueno al proyecto.

d) Con base en distintas opiniones técnicas, la CDHDF constató que la evaluación de los efectos ambientales de la Supervía Poniente es deficiente e incompleta, por lo que no es posible determinar con precisión los alcances, los impactos y la magnitud de las afectaciones que generará. En consecuencia, es imposible determinar la viabilidad y efectividad de las medidas de mitigación establecidas por la autoridad del Gobierno del Distrito Federal.

V. Debido a que se acreditaron diversas violaciones a los derechos humanos, la CDHDF recomendó al jefe del gobierno del Distrito Federal:

“Primero. Ordene la suspensión de la obra Supervía Poniente hasta que se lleve a cabo una consulta pública, a fin de garantizar una participación amplia y plural en la que se recojan y consideren las preocupaciones, opiniones y propuestas de las personas afectadas por la obra, principalmente de las y los peticionarios de la presente Recomendación, y se valoren distintas alternativas de movilidad sustentable en el sur-poniente de la Ciudad de México.”

“Segundo. Con la finalidad de que las personas tengan elementos de juicio para la consulta pública, el Gobierno del Distrito Federal deberá contar con las evaluaciones y valoraciones adecuadas y suficientes, las cuales implican:

a) Se elabore un diagnóstico sobre necesidades de movilidad de personas que refleje las prioridades sustantivas de las y los habitantes y transeúntes de la zona sur-poniente de la Ciudad de México.

b) Una vez que se tenga dicho diagnóstico, se valoren alternativas de movilidad sustentable de acuerdo con los resultados de éste;

c) Cualquier proyecto de movilidad que se genere deberá contar con una manifestación de impacto ambiental completa, elaborada y evaluada de acuerdo con la Ley Ambiental del Distrito Federal a la luz de los estándares internacionales más altos en la materia y el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.”

“Tercero. Se garantice la transparencia en los procedimientos que se generen en el cumplimiento del Primero y Segundo puntos recomendatorios. Asimismo, conforme a su deber de hacer efectivo el goce del derecho a la información, implemente un mecanismo de orientación a la ciudadanía, permanente y sencillo, para que pueda acceder a la información pública que debe estar disponible, así como a los servicios, trámites y programas gubernamentales relacionados con sus derechos.”

VI. Esta dictaminadora no soslaya el hecho de que la información es imprescindible para garantizar el ejercicio de diversos derechos, ya que propicia que las personas puedan participar en las decisiones o actos que llegarán a afectarlos. Por esta razón, el derecho a la información es considerado una condición fundamental de la democracia constitucional y se encuentra contemplado tanto en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal como en la Ley de Participación Ciudadana.

En el primero se establece que es obligación de la autoridad informar oportunamente a la población sobre las afectaciones ambientales que podrían resultar a causa de una obra pública, así como las acciones que se realizarán para prevenirlas, mitigarlas y, si procede, reparar el daño ambiental. Por su parte, la Ley de Participación Ciudadana dispone que los habitantes del Distrito Federal tienen derecho a ser informados sobre la realización de obras y servicios de la administración local mediante la difusión pública y el derecho a la información; asimismo, reconoce el derecho de las personas a emitir opinión y formular propuestas para la solución de los problemas de interés público o general.

Además, el artículo 12 de la citada ley señala que los ciudadanos del Distrito Federal tienen, entre otros, los siguientes derechos: a) promover la participación ciudadana a través de los instrumentos y mecanismos que establece dicho ordenamiento; b) participar en la planeación, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las decisiones de gobierno; y c) ejercer y hacer uso de los instrumentos, órganos y mecanismos de participación ciudadana, entre los que se encuentra la consulta ciudadana y la audiencia pública, mecanismos que –según la CDHDF– son los disponibles para las personas peticionarias con relación a la Supervía Poniente.

A través de la consulta pública, el jefe de gobierno y los jefes delegacionales someten a consideración de la ciudadanía, por medio de preguntas directas, foros o algún otro instrumento de consulta, cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales en el Distrito Federal. En tanto que, a través de la audiencia pública, los habitantes del Distrito Federal pueden, entre otras cosas, recibir información sobre las actuaciones de los órganos que integran la administración pública y presentar al jefe de gobierno o al jefe delegacional las peticiones, propuestas o quejas en todo lo relacionado con la administración pública a su cargo.

VII. Esta dictaminadora resalta que la autoridad capitalina ha iniciado la construcción de una obra sin haber acatado cabalmente las leyes aplicables. Además, enfatiza que la realización de una consulta pública y, por ende, el cumplimiento de la normatividad, no puede estar sujeta a los costos que esto pueda representar para el gobierno de la ciudad, ya que se continuarán vulnerando los derechos de los ciudadanos bajo el cobijo de argumentos económicos.

Esta comisión no pasa por alto que diversos ciudadanos han mostrado su interés para que la obra siga su curso. Por esta razón, se considera pertinente actualizar uno de los planteamientos realizados por la diputada proponente en el sentido de que la consulta ciudadana no sólo esté dirigida a los afectados por la Supervía Poniente, sino que también incluya a los ciudadanos que se verán beneficiados por ésta.

En mérito de lo expuesto, la Comisión del Distrito Federal somete a consideración de la Honorable Asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. Se exhorta respetuosamente al jefe del gobierno del Distrito Federal para que con la brevedad posible celebre una audiencia pública con los vecinos afectados por la construcción del proyecto vial “Supervía Poniente” con el propósito de que se les proporcione la información completa respecto a la afectación que ocasionará el desarrollo de dicha obra.

Segundo. Se exhorta al gobierno del Distrito Federal a someter a consulta ciudadana la obra “Supervía Poniente” a fin de conocer la opinión de los ciudadanos afectados y beneficiados por la misma.

Tercero. La Comisión del Distrito Federal integrará un grupo de trabajo sobre la obra “Supervía Poniente”, cuyos objetivos serán la obtención de información, el acercamiento y la realización de reuniones de trabajo con todas las partes involucradas, así como la búsqueda de soluciones a los conflictos que se han generado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2011.

La Comisión del Distrito Federal

Diputados: Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Roberto Rebollo Vivero (rúbrica), César Daniel González Madruga, Agustín Guerrero Castillo (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Andrés Aguirre Romero, Armando Jesús Báez Pinal (rúbrica), Carlos Bello Otero, Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Armando Corona Rivera, Omar Fayad Meneses, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Óscar González Yáñez, Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica en abstención), Kenia López Rabadán (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía (rúbrica en abstención), Eduardo Mendoza Arellano, Nazario Norberto Sánchez, Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica).

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobierno capitalino a analizar la posibilidad de exentar del programa Hoy no Circula los vehículos con permiso de internación temporal

Honorable Asamblea:

La Comisión del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 numeral 3, y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80, 82, 84 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la Honorable Asamblea, el siguiente dictamen:

Antecedentes

A la Comisión del Distrito Federal le fue turnado, para su estudio y dictamen el oficio número D.G.P.L. 61-II-5-716, que contiene la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Distrito Federal a que analice la posibilidad de exentar del programa Hoy no Circula a los vehículos con permisos de internación temporal, presentada por el diputado Gumercindo Castellanos Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 28 de abril de 2010, el diputado Gumercindo Castellanos Flores presentó la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Distrito Federal a que analice la posibilidad de exentar del programa Hoy no Circula a los vehículos con permisos de internación temporal. En esa misma fecha, la Mesa Directiva acordó que se turnara a la Comisión del Distrito Federal para que, en uso de sus facultades y atribuciones, emitiera el dictamen previsto en el artículo 80 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

A través del oficio D.G.P.L. 61-II-5-739, la Mesa Directiva modificó el trámite anterior y ordenó que dicha iniciativa se turnara a la Comisión del Distrito Federal con opinión de la Comisión Especial de la industria automotriz.

2. El 14 de diciembre de 2010, la Comisión Especial de la industria automotriz remitió a esta dictaminadora la opinión sobre la proposición con punto de acuerdo de referencia, en la cual “se pronuncia a favor de la iniciativa presentada por el diputado Gumercindo Castellanos Flores”.

3. Dentro de los motivos que originan la proposición mencionada, el diputado expone que uno de los mayores problemas a los que se enfrentan nuestros connacionales al ingresar con su vehículo al Distrito Federal, es que son sujetos de extorsiones por parte de los oficiales de tránsito bajo el argumento de que están violando el programa Hoy no Circula, el cual desconocen por falta de información. Esto se ha convertido en una limitante para que nuestros paisanos ingresen a la capital, ya sea para realizar actividades turísticas o para visitar a sus familiares o amigos.

4. El proponente afirma que el Gobierno del Distrito Federal no tiene bien informada a la ciudadanía respecto a las disposiciones establecidas en el programa Hoy no Circula, lo que genera confusión e incrementa el número de paisanos que son extorsionados por los policías de tránsito bajo la amenaza de que serán remitidos al corralón por violar dicho programa.

5. El diputado manifiesta que el programa Hoy no Circula exenta a diversos vehículos, como son: los que portan la calcomanía doble cero, los destinados a prestar servicios médicos, seguridad pública, rescate, protección civil, servicios urbanos, entre otros. Por lo tanto, considera que también deben exentarse los vehículos extranjeros que porten permiso temporal a fin de apoyar a los paisanos que deseen visitar la zona metropolitana de la Ciudad de México.

6. Con el propósito de impulsar medidas que generen confianza en nuestros connacionales, el diputado propone lo siguiente:

a) Exhortar al gobierno del Distrito Federal para que analice la posibilidad de exentar del programa Hoy no Circula a los vehículos con permisos de internación temporal.

b) Exhortar al Gobierno del Distrito Federal para que realice una investigación y se deslinden responsabilidades a los agentes de tránsito que abusan y extorsionan a los conductores con placas extranjeras que circulan por su jurisdicción.

c) Exhortar al Gobierno del Distrito Federal para que realice una investigación sobre el servicio que presta la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, ya que se han encontrado respuestas de intolerancia, despotismo y maltrato a la gente que llama por teléfono para pedir información sobre el programa Hoy no Circula.

Consideraciones

I. La comisión dictaminadora, tomando en cuenta el criterio emitido por la comisión opinante, realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

II. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina se refiere principalmente a la inclusión de los vehículos que cuentan con permiso de importación temporal dentro de las causales de exclusión del programa Hoy no Circula.

III. La comisión dictaminadora ha realizado el análisis respecto a la proposición del punto de acuerdo, destacando lo siguiente:

Actualmente, todos los vehículos automotores ligeros de servicio particular y de carga (automóviles, camionetas tipo van y pick up) con placas de circulación del extranjero, que no porten el holograma de verificación vehicular “doble cero” o “cero”, deberán limitar su circulación de lunes a viernes de las 05:00 a.m. a las 11:00 a.m. En caso de incumplir con esta disposición, la policía del Distrito Federal remitirá al depósito vehicular a dichos vehículos con la multa correspondiente (20 días de salario mínimo, además de los costos del arrastre y piso derivados del envío del vehículo al depósito vehicular).

En el marco del programa Paisano, esta restricción sólo se suspende a finales de año como consecuencia de los acuerdos firmados entre la Secretaría del Medio Ambiente de la capital y el gobierno federal. Por ejemplo, del 1 de diciembre de 2010 al 9 de enero de 2011, los vehículos con placas extranjeras pudieron circular libremente, sin cumplir con el programa Hoy no Circula.

IV. Para emitir su opinión, la Comisión Especial de la industria automotriz tomó en cuenta el documento titulado Eficiencia del programa Hoy no Circula, el cual fue realizado por el Centro de Investigación y Análisis.

En dicho estudio se ilustran las ventajas y la eficiencia del programa en cuestión, así como el estimado del aforo vehicular que circula diariamente en la zona metropolitana. Igualmente, se muestra la relación que guarda la calidad del aire con la implementación del programa a través de los niveles del Imeca. Todo ello con el propósito de evaluar el saldo de los efectos derivados de la proposición objeto de análisis.

Los resultados del mencionado estudio fueron favorables a la proposición de mérito, mismos que a continuación se resumen:

– Al año 2010, en la zona metropolitana del Valle de México (ZMVM) se estimó una flota vehicular de 4,033,873 vehículos. De ellos, el 89.4 por ciento son utilizados como unidades de transporte de pasajeros individual (autos particulares, taxis y motocicletas); 2.6 por ciento son unidades de transporte público de pasajeros (combis, microbuses y autobuses); y 8 por ciento es utilizado como transporte de carga (pick up, vehículos menores a 3 toneladas, tracto camiones y vehículos mayores a 3 toneladas).

– Del aforo vehicular total, en la ZMVM se verifican 3,676,185 unidades. De estos vehículos, el 60 por ciento está exento del programa Hoy no Circula (por haber obtenido los engomados de verificación cero o doble cero), mientras que el 40 por ciento restante presenta una restricción a la circulación un día a la semana (de lunes a viernes) por contar con holograma “dos”.

– Los resultados del programa Hoy no Circula son muy pobres comparados con los costos, ya que el programa ha propiciado la adquisición de más vehículos por familia a fin de resolver el problema de no contar con un vehículo el día que el auto principal sale de circulación (una encuesta muestra que el 46 por ciento de los automovilistas que tenían más de un vehículo en el año 2005 lo adquirieron con la finalidad de eludir el programa). Esta situación ha limitado los beneficios del programa porque los vehículos alternos son, por lo general, menos recientes y, por tanto, tienen tecnología anticontaminante menos eficiente en su diseño.

– En su análisis, el investigador Héctor Riberos Rotgé comenta que:

a) Las calcomanías cero y doble cero derogan el Programa, evitando que las autoridades tengan que reconocer el error de su implementación.

b) El Hoy no Circula debe ponerse en marcha sólo cuando ocurran contingencias ambientales, por lo que tampoco debió implementarse los sábados para los autos con holograma dos.

c) La cancelación del programa mostraría un gobierno sensible a los efectos de sus decisiones.

– En lo que respecta a la calidad del aire, el programa tiene muy poca injerencia sobre los niveles de la calidad de aire, ya que el otorgamiento de las calcomanías cero y doble cero tienden a reducir sus alcances.

– Por lo que hace a los ingresos derivados del turismo, se observa un mayor beneficio para la ciudad y la zona metropolitana: la derrama económica derivada del turismo en el Distrito Federal se estimó para el año 2010 en 1,500 millones de dólares y más de 2,500 millones si se suman los municipios conurbados.

– Sólo el 6 por ciento de los turistas que visitan la ciudad lo hacen en vehículos particulares, lo que permite pronosticar un escaso incremento tanto en los niveles de contaminación como en el incremento del número de vehículos en circulación.

– Los permisos de importación temporal de vehículos son sólo por 180 días para mexicanos con residencia legal (o por el tiempo que dure la calidad migratoria para el caso de extranjeros). Después de esos plazos, los vehículos deben regresar a su país de origen para evitar las sanciones correspondientes.

V. Con base en el análisis de los datos proporcionados por el Centro de Investigación y Análisis, la Comisión Especial de la industria automotriz se pronunció a favor de la iniciativa presentada por el diputado Gumercindo Castellanos Flores para exhortar al Gobierno del Distrito Federal a que analice la posibilidad de exentar del programa Hoy no Circula a los vehículos con permisos de internación temporal.

Esta dictaminadora coincide con la determinación de la comisión especial, considerando que los beneficios económicos que genera el turismo son mayores a los efectos causados en los niveles de contaminación por la internación de vehículos extranjeros, los cuales son mínimos de acuerdo al estudio antes citado.

VI. Por lo que hace a los resolutivos segundo y tercero de la proposición, esta comisión refrenda su compromiso por combatir la corrupción en todos los órdenes de gobierno y, en particular, por castigar a quienes extorsionen a nuestros connacionales. A este respecto, es necesario que el Gobierno del Distrito Federal adopte las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de los ciudadanos, evitando que el desconocimiento de los programas derive en prácticas de corrupción.

Sobre este tema, el Código Penal para el Distrito Federal lo siguiente:

“Artículo 236. Al que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le impondrán de dos a ocho años de prisión y de cien a ochocientos días multa.

”Cuando el delito se cometa en contra de persona mayor de sesenta años de edad, las penas se incrementarán en un tercio.

”Las penas se aumentarán en dos terceras partes cuando el delito se realice por servidor público o miembro o ex-miembro de alguna corporación de seguridad pública o privada. Se impondrán además al servidor o ex-servidor público, o al miembro o ex miembro de corporación de seguridad pública o privada, la destitución del empleo, cargo o comisión público, y se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o comisión públicos; también se le suspenderá el derecho para ejercer actividades en corporaciones de seguridad privada.

”Además de las penas señaladas en el primer párrafo, se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando en la comisión del delito:

”I. Intervenga una o más personas armadas, o portando instrumentos peligrosos; o

”II. Se emplee violencia física.

”Asimismo, las penas se incrementarán en una mitad cuando se utilice como medio comisivo la vía telefónica, el correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica”.

De esta manera, y con fundamento en lo dispuesto por la legislación penal, el gobierno capitalino tiene la obligación de perseguir los delitos de extorsión que se cometan en contra de nuestros connacionales. En particular, debe implementar un programa específico para castigar a los agentes de tránsito que se aprovechen de los conductores de vehículos con placas extranjeras.

Para ello, las autoridades capitalinas pueden poner en marcha acciones similares a las implementadas en el programa Paisano del gobierno de la república. Por ejemplo, pueden difundir una guía en la que se detalle la información necesaria para presentar una queja o denuncia contra algún servidor público; así como diseñar mecanismos para que las quejas o denuncias puedan presentarse en módulos especiales, por internet o vía telefónica. Esto en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 49 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la cual es aplicable a los funcionarios de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local del Distrito Federal:

“Artículo 49. En las dependencias y entidades de la Administración Pública se establecerán unidades específicas, a las que el público tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las que se iniciará, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente.

”La Secretaría [Contraloría General del Distrito Federal] establecerá las normas y procedimientos para que las instancias del público sean atendidas y resueltas con eficiencia”.

Adicionalmente, la Contraloría General del Distrito Federal tiene la atribución de investigar las conductas de los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión; así como el trato respetuoso, diligente y recto que se debe a la ciudadanía, en los términos de los siguientes artículos de la citada ley:

“”Artículo 34. A la Contraloría General corresponde el despacho de las materias relativas al control y evaluación de la gestión pública de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades que integran la Administración Pública del Distrito Federal, así como el desarrollo, modernización, innovación y simplificación administrativos, y la atención ciudadana. Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:

...XXVI. Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben de observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, con motivo de quejas o denuncias de los particulares o servidores públicos o de auditorías practicadas por los órganos de control, para constituir responsabilidades administrativas, y determinar las sanciones que correspondan en los términos de ley, y en su caso, hacer las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público prestándole para tal efecto la colaboración que le fuere requerida;...

”...XXXVIII. Determinar y conducir la política de atención ciudadana y normar, supervisar y evaluar la operación de las unidades de atención al público;...

...XLIII. Establecer las normas y procedimientos de evaluación de las aptitudes y el desempeño de los servidores públicos de la Administración Pública, y así como quien desee incorporarse, para su implementación a través de la unidad administrativa que al efecto se establezca;...”.

“Artículo 47. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas:

”I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;...

”...V. Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste...”

En este sentido, el artículo 105 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal dispone que corresponde a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades (adscrita a la Contraloría General):

– Conocer, investigar, desahogar y resolver procedimientos disciplinarios sobre actos u omisiones de servidores públicos adscritos a las dependencias, unidades administrativas, órganos político-administrativos, los órganos desconcentrados y entidades de la administración pública, que pudieran afectar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y que tenga conocimiento por cualquier medio, para determinar e imponer, en su caso, las sanciones que correspondan en los términos de la ley de la materia.

– Ordenar la implementación de acciones de verificación en aquellas dependencias, unidades administrativas, órganos político-administrativos, los órganos desconcentrados y entidades de la administración pública que se determine conveniente, para prevenir y corregir conductas o actos contrarios a los principios que rigen la función pública del servicio.

VII. Por lo anterior, y con base en el análisis de la información y argumentos vertidos en el cuerpo del presente dictamen, esta dictaminadora considera necesario actualizar los planteamientos realizados en los resolutivos segundo y tercero por el diputado proponente, en el sentido de exhortar al Contralor General del Distrito Federal a diseñar e implementar programas que permitan a los connacionales presentar quejas o denuncias en módulos especiales, por internet o vía telefónica, derivadas de extorsiones cometidas en su contra por los policías de tránsito.

También se considera necesario exhortar al contralor general a realizar una investigación sobre la conducta que observan los servidores públicos de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal para determinar si tratan con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas que solicitan información sobre el programa Hoy no Circula.

En mérito de lo expuesto, la Comisión del Distrito Federal somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se hace un atento exhorto al Gobierno del Distrito Federal para que analice la posibilidad de exentar del programa Hoy no Circula a los vehículos que cuentan con permisos vigentes de importación temporal, con el propósito de beneficiar a los connacionales que visitan nuestro país.

Segundo. Se hace un atento exhorto al Contralor General del Distrito Federal para que, en el ámbito de sus atribuciones, diseñe e implemente un programa que permita a los conductores de vehículos con placas extranjeras presentar quejas o denuncias (ya sea en módulos especiales, por internet o vía telefónica), en contra de los policías de tránsito que cometan o hayan cometido extorsiones, a fin de que se realicen las investigaciones conducentes y se finquen las responsabilidades civiles, penales o administrativas correspondientes.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al contralor general del Distrito Federal para que se realice una investigación en la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal a fin de determinar si los servidores públicos de esta dependencia tratan con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas que solicitan información sobre el programa Hoy no Circula, así como para determinar e imponer en su caso las sanciones que correspondan en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 11 de febrero de 2011.

Suscriben este dictamen los integrantes de la Comisión del Distrito Federal de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión:

La Comisión del Distrito Federal

Diputados: Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Roberto Rebollo Vivero (rúbrica), César Daniel González Madruga, Agustín Guerrero Castillo (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Andrés Aguirre Romero, Armando Jesús Báez Pinal (rúbrica), Carlos Bello Otero, Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Armando Corona Rivera, Omar Fayad Meneses, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Óscar González Yáñez, Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Kenia López Rabadán (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano, Nazario Norberto Sánchez, Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica).

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobierno local a entregar el subsidio para la seguridad pública de los municipios y las demarcaciones territoriales de la ciudad

Honorable Asamblea:

La Comisión del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80, 82, 84 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

A la Comisión del Distrito Federal le fue turnado para su estudio y dictamen el oficio número D.G.P.L. 61-II-3-478, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Gobierno del Distrito Federal a dar cumplimiento a la entrega del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal con la finalidad de que las Delegaciones beneficiadas ejerzan este subsidio de manera autónoma, presentada por la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

1. Con fecha 20 de abril de 2010, la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo presentó ante la tribuna de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Gobierno del Distrito Federal C. Marcelo Ebrard Casaubon, a dar cumplimiento a la entrega del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, con la finalidad de que las dieciséis Delegaciones beneficiadas ejerzan este Subsidio de manera Autónoma, conforme a la fórmula que refleja los criterios que estableció esta honorable Cámara de Diputados en el PEF 2010.

2. Con la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo de referencia fue turnada a la Comisión del Distrito Federal para que, en uso de sus facultades y atribuciones, emita el dictamen previsto en el artículo 80 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

3. Dentro de los motivos que originan la proposición mencionada, la diputada refiere que el nuevo esquema de convivencia social ha generado la violencia que sobrelleva la población mexicana, lo que se ha traducido en un grave problema de seguridad pública.

También señala que la delincuencia ha ido evolucionando hasta convertirse en un fenómeno transnacional que ha penetrado las diferentes esferas sociales, ya sea mediante el narcotráfico, la pornografía infantil, la trata de personas, el secuestro y el lavado de dinero.

4. La proponente menciona que un factor importante para atacar la delincuencia es la prevención del delito, pues sólo conociendo las causas que lo generan podemos atacar el problema. En este sentido, señala que la prevención del delito puede ser general, especial y social, ya sea que se dé antes de la comisión de los ilícitos; una vez consumados los mismos; o bien, mediante acciones que garanticen a la población el goce de sus derechos y libertades, así como la apertura de mayores oportunidades para la educación y el empleo.

5. Señala que, una vez elegidos los municipios y las delegaciones a los que se asignarán los subsidios federales en materia de seguridad pública, éstos se entregan a la Secretaría de Seguridad Pública local y no a los órganos político-administrativos, lo que impide que las delegaciones puedan manifestar sus necesidades fundamentales. Es decir, que las dieciséis delegaciones únicamente son testigos oculares del presupuesto que se les asigna sin que puedan intervenir para solicitar patrullas, radios, equipo o capacitación: “la policía delegacional no es la beneficiada, sino la del sector, que pertenece directamente a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal”.

6. Por lo anterior, la diputada proponente considera necesario exhortar al jefe de Gobierno del Distrito Federal a dar cumplimiento a la entrega del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, con la finalidad de que las dieciséis delegaciones beneficiadas ejerzan este subsidio de manera autónoma, conforme a la formula que refleja los criterios que estableció esta honorable Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010.

Consideraciones

I. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

II. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina se refiere a la entrega del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, con la finalidad de que las delegaciones beneficiadas lo ejerzan de manera autónoma.

III. La comisión dictaminadora ha realizado el análisis respecto a la proposición del punto de acuerdo, destacando lo siguiente:

Con el propósito de coadyuvar en el combate a la delincuencia, el gobierno federal apoya a las entidades federativas, a los municipios y a las delegaciones del Distrito Federal, mediante la entrega de recursos que se otorgan vía el Ramo 36 (Subsidio para la seguridad pública de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal o Subsemun), vía el Ramo 33 (Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal o FASP) y de manera residual a los municipios a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.

El FASP se constituye con cargo a los recursos federales que se determinan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación y se entregan mensualmente a los Estados y al Distrito Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con base en los criterios que determina el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Para ello, se utilizan criterios que incorporan el número de habitantes de los Estados y del Distrito Federal; el índice de ocupación penitenciaria; la implementación de programas de prevención del delito; los recursos destinados a apoyar las acciones que en materia de seguridad pública desarrollen los municipios; y el avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura.

De acuerdo con el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, las aportaciones que con cargo al FASP reciban las entidades federativas se destinarán exclusivamente al reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; al otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, los peritos, los policías judiciales o sus equivalentes de las Procuradurías de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al equipamiento de las policías judiciales o de sus equivalentes, de los peritos, de los ministerios públicos y de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; a la construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores, así como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación; y al seguimiento y evaluación de los programas señalados.

Por su parte, el Subsemun es una aportación financiera del Gobierno Federal que se formaliza mediante convenios de adhesión celebrados con municipios y con el Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus delegaciones. 1 De manera similar al FASP, los recursos de este subsidio se destinan a los rubros de profesionalización, equipamiento e infraestructura de las corporaciones, así como para el desarrollo y aplicación de políticas públicas para la prevención social del delito.

IV. En términos del artículo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) tanto para el año 2010 como para el 2011, el otorgamiento de los subsidios al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, tiene como objeto fortalecer el desempeño de sus funciones en materia de seguridad pública, salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

El mismo precepto señala que el Ejecutivo federal debe: a) establecer el porcentaje de participación que representarán las aportaciones de recursos que realice al fondo el Distrito Federal; y b) suscribir un convenio específico con el Gobierno del Distrito Federal a fin de que sus demarcaciones se adhieran al Subsemun.

En dichos convenios de adhesión se especifica que el otorgamiento de los recursos presupuestarios se efectúa por conducto de la Secretaría de Finanzas local. Además, se establecen las acciones programáticas a las que se destinará el subsidio en el marco de las políticas generales acordadas en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

V. El año pasado, al Distrito Federal se le asignó un monto por 338 millones 553 mil .01 pesos, obligándose a aportar de sus recursos presupuestarios la cantidad de 101 millones 565 mil 900 pesos como porcentaje de participación.

El depósito de coparticipación del 100 por ciento lo efectuó el Distrito Federal en una sola exhibición, con lo que se destinaron los siguientes recursos a las demarcaciones territoriales:

De conformidad con el “acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Subsidio para la seguridad pública de los municipios (Subsemun) y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y Modelo de Convenio de Adhesión”, los recursos deben utilizarse para lograr los objetivos específicos siguientes:

“I. Profesionalizar a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, con base en la Carrera Policial y Programa Rector de Profesionalización que fue aprobado por la Conferencia de Secretarios de Seguridad Pública, con fecha 02 de marzo de 2009 y ratificado en la Sesión XXVII del Consejo Nacional de Seguridad Pública, de fecha 26 de noviembre de 2009, y demás disposiciones aplicables;

II. Promover la permanencia y la calidad del personal mediante la actualización y estandarización de niveles salariales y el fortalecimiento de los esquemas de prestaciones sociales y culturales, en los términos de las reglas de operación;

III. Dotar a los integrantes de los cuerpos de seguridad pública municipales y del Distrito Federal, con el equipamiento básico para combatir la criminalidad;

IV. Brindar a los integrantes de los cuerpos de seguridad pública municipales y del Distrito Federal, la formación básica y actualización policial que permita el desarrollo de habilidades y destrezas laborales, que potencien el enfoque o perspectiva de género;

V. Promover la construcción y mejoramiento de la infraestructura municipal en materia de seguridad pública, para generar un ambiente laboral digno;

VI. Actualizar, homologar, ampliar y garantizar la disponibilidad de la infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones de los Municipios y del Distrito Federal, asegurando su interconexión a la Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

VII. Asegurar el suministro, intercambio, sistematización y homologación de la información en materia de seguridad pública a través de los lineamientos que expida el Centro Nacional de Información;

VIII. Promover y fortalecer la coordinación operativa y en materia de inteligencia entre las Instituciones de Seguridad Pública municipales y del Distrito Federal;

IX. Desarrollar áreas y sistemas de inteligencia policial;

X. Promover la identidad institucional en las Instituciones Federales, Estatales, del Distrito Federal y Municipales de Seguridad Pública;

XI. Promover la realización de las evaluaciones de Control de Confianza, coordinadas o aplicadas por conducto de los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Entidades Federativas;

XII. Impulsar la evaluación de estándares de competencia y del desempeño en el servicio, a fin de fortalecer la Carrera Policial;

XIII. Vincular a la ciudadanía en los procesos de prevención, combate a la delincuencia y evaluación de la actuación policial;

XIV. Impulsar la participación en todas las áreas de los cuerpos de seguridad pública de personal femenino, y

XV. Participar en la recuperación de espacios públicos y en programas preventivos”.

VI. Los recursos materia del Subsemun son ejercidos directamente por los Gobiernos Municipales, a excepción de aquéllos casos en que la seguridad pública municipal está a cargo del Gobierno Estatal. En tal supuesto, los recursos se ejercen por este último, en virtud de sus atribuciones y competencias.

Para el caso de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, el Subsemun se ejerce por el Gobierno de esa Entidad Federativa de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Por este motivo, el Distrito Federal se encarga de identificar las necesidades y prioridades en materia de seguridad pública para definir obras y acciones factibles de realizar de acuerdo a su capacidad administrativa, técnica y financiera.

Esto es así, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 constitucional, el cual señala que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios (sin hacer referencia a las delegaciones políticas), que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la propia Constitución prevé, y que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno se coordinarán entre sí para cumplir los objetivos de la Seguridad Pública y conformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Cabe mencionar que durante los últimos años se ha ido configurando una tendencia para conformar mandos únicos policiales en los estados del país a fin de lograr la homologación de procedimientos, así como de operación, capacitación y actuación policial, como consecuencia del continuo deterioro estructural de las policías municipales a lo largo de los últimos años. De hecho, para continuar con estos esfuerzos de homologación, en el PEF de este año se incluyó la cantidad de 2 mil 400 millones de pesos para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas que cuenten con programas en materia de equipamiento y reorganización de estructuras de mando policial, así como para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial.

VII. En otras palabras, en el Distrito Federal no hay Policías Delegacionales. La Ley de Seguridad Pública local señala en su artículo 5 que la Policía del Distrito Federal estará integrada por:

a) La Policía Preventiva, con todas las unidades y agrupamientos que prevea su reglamento, y

b) La Policía Complementaria, que estará integrada por la Policía Auxiliar, la Bancaria e Industrial y las demás que determine el reglamento correspondiente.

Además, uno de los ejes de la reordenación que ha sufrido la policía capitalina consistió en la integración de los cuerpos policiales para que funcionen bajo un mando único, a cargo de la Subsecretaría de Operación Policial, evitando duplicidades y permitiendo una mejor coordinación, con una cobertura geográfica definida. Actualmente, la estructura territorial está dividida en 5 zonas y 15 regiones cada una con sus respectivos sectores.

VIII. Del análisis anterior se desprende que la policía capitalina está bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, misma que, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento a lo dispuesto por el PEF, debe canalizar los recursos del Subsemun para beneficiar a las 16 delegaciones políticas de conformidad con los fines establecidos en las normas arriba aludidas, así como en los convenios de adhesión respectivos.

Por ello, no es viable la petición de la diputada proponente de entregar los recursos del Subsemun a las 16 delegaciones beneficiadas a fin de que éstas lo ejerzan de manera autónoma. Sin embargo, sí es dable exigir mayor transparencia sobre el uso de los recursos y, sobre todo, sobre el beneficio que el Subsemun ha significado para cada una de las delegaciones del Distrito Federal. Además, es necesario que el Gobierno del Distrito Federal evite incurrir en subejercicios como ha sucedido en los años anteriores.

En este sentido, es menester precisar que los recursos del Subsemun nunca pierden su carácter de subsidio federal, por lo que su aplicación y control se sujeta a las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Así, en materia de transparencia, el artículo 106 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, disponen:

“Artículo 106. Los ejecutores de gasto, en el manejo de los recursos públicos federales, deberán observar las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

”La información a que se refiere el artículo 7, fracción IX, de la Ley citada en el párrafo anterior, se pondrá a disposición del público en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos y en la misma fecha en que se entreguen los informes trimestrales al Congreso de la Unión.

”Los ejecutores de gasto deberán remitir al Congreso de la Unión la información que éste les solicite en relación con sus respectivos presupuestos, en los términos de las disposiciones generales aplicables.

”Dicha solicitud se realizará por los órganos de gobierno de las Cámaras o por las Comisiones competentes, así como el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados”.

“Artículo 7. Con excepción de la información reservada o confidencial prevista en esta Ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, en los términos del Reglamento y los lineamientos que expida el Instituto o la instancia equivalente a que se refiere el artículo 61, entre otra, la información siguiente:

”... IX. La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo federal, dicha información será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la ”Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto;...”.

Además, el artículo 19 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental indica:

“Artículo 19. Las dependencias y entidades deberán publicar en sus sitios de internet a más tardar dentro de los primeros diez días hábiles del mes de julio de cada año, la información relativa a programas de estímulos, apoyos y subsidios. Dicha información deberá actualizarse cada tres meses y contener, por lo menos, los siguientes elementos:

”I. El nombre o denominación del programa;

”II. La unidad administrativa que lo otorgue o administre;

”III. La población objetivo o beneficiaria, así como el padrón respectivo con el nombre de las personas físicas o la razón o denominación social de las personas morales beneficiarias;

”IV. Los criterios de la unidad administrativa para otorgarlos;

”V. El periodo para el cual se otorgaron;

”VI. Los montos, y

”VII. Los resultados periódicos o informes sobre el desarrollo de los programas”.

A este respecto, es de destacar que en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al tercer trimestre de 2010, la Secretaría de Finanzas no hace referencia a los objetivos, acciones, metas, avances, ni al cronograma de trabajo a que se comprometió el gobierno capitalino por la aplicación de estos recursos.

La única información disponible es la relativa al porcentaje de recursos ejercidos, dada a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante una matriz general de cumplimiento de requisitos con corte al 26 de noviembre de 2010. En ella se muestra que los recursos ejercidos por el Gobierno del Distrito Federal para cada delegación oscila entre el 68.98 por ciento y el 93.41 por ciento, con un promedio de 84.7 por ciento, lo que significa un subejercicio del 15.3 por ciento

IX. Por lo anterior, y con base en el análisis de la información y argumentos vertidos en el cuerpo del presente dictamen, esta Dictaminadora considera necesario actualizar los planteamientos realizados por la diputada proponente en el sentido de transparentar el ejercicio y destino de los recursos del Subsemun por parte del Gobierno del Distrito Federal.

Lo anterior, comprendiendo que la transparencia no se limita a ser un elemento disuasivo de la corrupción, sino que es primordial para eficientar el funcionamiento de los aparatos gubernamentales al permitir la canalización de los recursos públicos hacia los asuntos que más preocupan a la ciudadanía. Además, en materia de seguridad pública, la transparencia permitirá que los ciudadanos evalúen la actuación de las autoridades encargadas de velar por sus derechos y libertades.

En mérito de lo expuesto, la Comisión del Distrito Federal somete a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal a que, de conformidad con la legislación aplicable, publique el cronograma de trabajo, los objetivos, las acciones y las metas que se ha comprometido a cumplir en el marco de los convenios de adhesión que ha celebrado con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal a informar a esta Cámara de Diputados sobre el avance en el cumplimiento de las metas y objetivos a que se ha comprometido en el marco de los Convenios de Adhesión que ha celebrado con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal a destinar y ejercer oportunamente la totalidad de los recursos recibidos a través del Subsemun.

Nota

1 Los municipios y las delegaciones beneficiarios del subsidio se eligen a través de una fórmula que considera, entre otros criterios, el número de habitantes y la incidencia delictiva; la cobertura a municipios con destinos turísticos; zonas fronterizas; municipios conurbados; así como grupos de municipios que por su proximidad geográfica se vean afectados por la alta incidencia delictiva.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 11 de febrero de 2011

Suscriben este dictamen los integrantes de la Comisión del Distrito Federal de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión:

La Comisión del Distrito Federal

Diputados: Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Roberto Rebollo Vivero (rúbrica), César Daniel González Madruga, Agustín Guerrero Castillo (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Andrés Aguirre Romero, Armando Jesús Báez Pinal (rúbrica), Carlos Bello Otero, Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Armando Corona Rivera, Omar Fayad Meneses, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Óscar González Yáñez, Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Kenia López Rabadán (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano, Nazario Norberto Sánchez, Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica).

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Protección Civil local a dar a conocer el sistema de alertamiento temprano de sismos

Honorable Asamblea:

La Comisión del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, 84 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

A la Comisión del Distrito Federal fue turnado, para estudio y dictamen, el oficio número D.G.P.L. 61-II-3-391, que contiene la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal para que dé a conocer el sistema de alertamiento temprano con objeto de que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, se logre que todas las entidades federativas cuenten con esta tecnología a fin de reducir la vulnerabilidad y mejorar la capacidad de respuesta por parte de la población y el gobierno en caso de sismo, presentada por el diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

1. Con fecha 11 de marzo de 2010, el diputado Nazario Norberto Sánchez presentó ante la tribuna de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal para que dé a conocer el sistema de alertamiento temprano para prevenir sismos con objeto de que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, se logre que todos los estados integrantes de la federación cuenten con esta tecnología en inmuebles cuya falla estructural o colapso represente un número elevado de pérdidas humanas y económicas, o que representen un riesgo probable al contener sustancias tóxicas o explosivas así como en edificaciones que sean vitales para responder adecuadamente en caso de una emergencia. Asimismo, exhorta a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a que informen a la Cámara de Diputados, específicamente a la Comisión Especial de Protección Civil, sobre los inmuebles en los que se ha instalado el sistema de alertamiento temprano.

2. Con misma fecha, la proposición con punto de acuerdo de referencia fue turnada a la Comisión del Distrito Federal para que en uso de sus facultades y atribuciones emita el dictamen previsto en el artículo 80 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

3. De conformidad con el artículo 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Presidencia de la Mesa Directiva modificó el trámite dictado a la proposición con punto de acuerdo de referencia, mediante el oficio número D.G.P.L. 61-II-3-469, de fecha 15 de abril de 2010, para turnarla a la Comisión del Distrito Federal con opinión de la Comisión Especial en materia de protección civil.

4. El 5 de noviembre de 2010, la Comisión Especial en materia de protección civil remitió a esta dictaminadora la opinión sobre la proposición con punto de acuerdo de referencia, en la cual se sostiene que dicha proposición “sí es factible de aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados”.

5. Dentro de los motivos que originan la proposición mencionada, el proponente refiere que México es uno de los países con mayor actividad telúrica ya que, según estadísticas, se registran más de 90 sismos por año con magnitud superior a 4 grados en la escala de Richter, lo que equivale a 60 por ciento de los movimientos sísmicos que ocurren en el mundo.

Entre 1899 y 1911, en la brecha de Guerrero ocurrieron 4 sismos cuyas magnitudes oscilaron entre 7.5 y 7.8 grados Richter, por lo que se espera que después de haber transcurrido 91 años desde el último sismo en ese lugar, se presente un sismo de gran magnitud que puede ocasionar graves daños en las zonas centro y oriente de la Ciudad de México, debido a que las edificaciones están asentadas en un suelo pantanoso y arcilloso susceptible a las ondas sísmicas de origen costero.

De acuerdo con estudios del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, el diputado señala que la recurrencia de la actividad y la intensidad sísmica se han elevado del año 2006 a 2010, periodo en que se registraron 6 mil 548 sismos.

6. El proponente lamenta que, pese al desarrollo científico y tecnológico, en la Ciudad de México prevalece gran vulnerabilidad urbana y social ante los sismos, lo que hace necesario el diseño de un sistema de alertamiento temprano que detecte el arribo de sismos provenientes de cualquier parte del país, ya que el Distrito Federal cuenta con un sistema cuyo objetivo es emitir avisos anticipados de movimientos telúricos provenientes de las costas de Guerrero.

7. La prevención es el medio más eficaz para alcanzar los objetivos de la protección civil: salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y el entorno. Por ello, el diputado sostiene que un instrumento de alertamiento temprano ayudaría tanto a reducir la vulnerabilidad como a mejorar la capacidad de respuesta de la población y del gobierno en caso de sismo. Además, plantea que dicho sistema se elabore tomando en cuenta los más altos criterios técnicos y de ingeniería desarrollados en la actualidad, con la supervisión y asesoría de investigadores destacados en materia de ingeniería sísmica y sismología.

8. En virtud de lo anterior, para el proponente resulta necesario que se instale un sistema de alertamiento anticipado en todos los inmuebles cuya falla estructural o colapso represente riesgo de un número elevado de pérdidas humanas y económicas, así como en edificaciones vitales para responder adecuadamente en caso de urgencia. Además, el diputado considera necesario:

a) Solicitar a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal que dé a conocer el sistema de alertamiento temprano para prevenir sismos, con objeto de que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, se logre que todos los estados integrantes de la federación cuenten con esta tecnología, de conformidad con lo establecido en las normas oficiales mexicanas o en las normas técnicas complementarias, para reducir la vulnerabilidad y mejorar la capacidad de respuesta de la población y del gobierno en caso de sismo; y

b) Solicitar a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a que informen a la Cámara de Diputados sobre los inmuebles en los que se ha instalado el sistema de alertamiento temprano.

Consideraciones

I. La comisión dictaminadora, tomando en cuenta el criterio emitido por la comisión opinante, realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

II. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina se refiere principalmente a la instrumentación de un sistema de alertamiento temprano en el Distrito Federal que detecte los arribos de sismos provenientes de cualquier parte del país, así como a su potencial funcionamiento en todas las entidades federativas.

III. La dictaminadora ha realizado el análisis respecto a la proposición del punto de acuerdo, destacando:

Los sistemas de alerta temprana pueden ser una herramienta útil para reducir los daños producidos por los temblores si las ciudades están localizadas favorablemente con respecto a la fuente de los movimientos telúricos y si sus ciudadanos están debidamente entrenados para responder a los mensajes de dichos sistemas. 1

Tomando en cuenta lo anterior, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) diseñó el sistema de alerta sísmica (SAS), con el propósito de promover la investigación y el desarrollo de tecnología aplicada a la instrumentación sísmica para mitigar posibles desastres en la Ciudad de México.

Dicho sistema se basa en la idea de que los epicentros de los grandes terremotos producidos a lo largo de la zona de subducción que históricamente han causado daños en el Distrito Federal se localizan a distancias de 300 y 450 kilómetros, por lo que las ondas sísmicas destructivas por los temblores ocurridos a lo largo de la costa del Pacífico toman de 60 a 80 segundos en llegar al Distrito Federal; razón por la cual, la ciudad ocupa una situación geográfica única para el diseño y operación de un sistema de alerta temprana. 2

Dicho sistema, que opera de manera continua desde agosto de 1991, consta de cuatro unidades: detección sísmica, telecomunicaciones, un control central y un radio de alerta. El detector sísmico tiene 12 estaciones digitales a lo largo de 300 kilómetros de la costa de Guerrero con un espacio de 25 kilómetros entre cada una. Cada estación de campo monitorea la actividad sísmica dentro de un radio de 100 kilómetros y detecta y estima la magnitud de un temblor dentro de los 10 segundos posteriores al inicio del mismo. Si la magnitud estimada es mayor a 6, se envía un mensaje de alerta a través de la unidad de telecomunicaciones a la unidad de control central en la Ciudad de México. Una señal de alerta pública es enviada a través de una unidad de radio si dos o más estaciones de campo confirman el suceso. 3

IV. Aunque el SAS presenta algunas deficiencias técnicas, algunos autores opinan que su falla más importante es el número limitado de usuarios, así como la falta de un programa público de seguridad que promueva el uso responsable del sistema de alerta sísmica para fines de protección civil.

En la actualidad, el sistema sólo tiene 230 usuarios registrados: 25 estaciones de radio y televisión, 76 escuelas, 12 agencias de emergencia y protección civil, 4 oficinas del sistema Metro, 79 oficinas gubernamentales, 33 instituciones privadas, y sólo una construcción residencial. Estos números son muy bajos en comparación con el tamaño y número de población en el Distrito Federal: tan sólo 76 escuelas de 5,500 que aproximadamente existen en la ciudad utilizan el SAS, en tanto que sólo 12 oficinas responsables de la protección civil aprovechan este sistema, siendo que cada delegación cuenta con una oficina de protección civil. 4

Por ello, no sólo resulta urgente la implementación de una política que tenga como propósito incrementar el número de usuarios, sino también que permita identificar las instituciones e instalaciones críticas que pueden hacer uso de esta herramienta. 5

Debemos contar con un plan integral en el que participen los tres órdenes de gobierno que contemple no sólo los aspectos técnicos y científicos de un sistema de alerta temprana, sino que también incluya una estrategia estructurada y planeada para identificar aquellas instituciones e instalaciones que pueden beneficiarse del SAS. Este plan deberá priorizar las construcciones de acuerdo a su nivel de vulnerabilidad, es decir, si se encuentran en pisos suaves, depósitos de agua, así como su capacidad de reaccionar ante las alertas de una manera organizada.

V. Por lo que se refiere a la aplicación del SAS en otras entidades de la República Mexicana, es de considerarse que los epicentros de la mayor parte de los terremotos de gran magnitud se ubican en la costa del Pacífico (a lo largo de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas), aunque también se han presentado grandes sismos en el centro y el sur de Veracruz y Puebla, en Oaxaca, Chiapas, el estado de México y la península de Baja California, especialmente en la zona fronteriza con Estados Unidos.

Si bien es cierto que la mayoría de las zonas urbanas no están situadas a una distancia favorable de las regiones donde se producen los temblores para activar sistemas de alertas tempranas que sean efectivos, también lo es que durante los últimos años se ha registrado un rápido desarrollo en las metodologías de los sistemas de alerta temprana y su implementación alrededor del mundo. Un ejemplo de ello es el sistema de alerta sísmica de Oaxaca (SASO), el cual es una red que comprende 36 estaciones sísmicas distribuidas a lo largo del estado y que, debido a la corta distancia entre el epicentro y los centros poblacionales, utiliza algoritmos más avanzados que el sistema de la Ciudad de México.

VI. Finalmente, por lo que respecta a las autoridades encargadas de estos temas, es de señalar que en términos de lo dispuesto por la legislación aplicable, la Secretaría de Protección Civil local es la encargada de precisar el establecimiento y la operación de los sistemas de monitoreo y alertamiento temprano de desastres en la capital. Mientras que, a nivel federal, la Secretaría de Gobernación es la institución facultada para coordinar el Sistema Nacional de Protección Civil y, en consecuencia, es la dependencia responsable de dirigir los mecanismos y las políticas de prevención y atención de los riesgos, los desastres y las crisis consecuentes. Para ello, la Secretaría suma y coordina sus esfuerzos con los 31 gobiernos estatales y el Distrito Federal, los cuales cuentan con sus respectivos Sistemas Estatales de Protección Civil.

Del análisis de la información, los argumentos vertidos en el cuerpo del presente dictamen y la opinión emitida por la Comisión Especial en materia de protección civil, se deriva que los planteamientos realizados por el diputado proponente deben actualizarse en los términos siguientes:

a) La Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal debe diseñar un sistema de alertamiento temprano que detecte los arribos de sismos provenientes de cualquier parte del país, en complemento del sistema de alerta sísmica del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, a fin de reducir la vulnerabilidad de la población de la Ciudad de México;

b) La Secretaría de Gobernación debe hacer extensiva la operación de los sistemas de alertamiento temprano en aquellas entidades federativas con riesgo sísmico, pues hay estados como Zacatecas, Durango, Sinaloa y Sonora en donde la sismicidad es más bien escasa.

c) El sistema de alertamiento temprano que se implemente en las entidades con riesgo sísmico debe contar con un plan que promueva el uso del sistema entre usuarios estratégicos, así como en instalaciones que sean identificadas como críticas por los Sistemas Estatales de Protección Civil.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión del Distrito Federal somete a la consideración de la honorable asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal a diseñar un sistema de alertamiento temprano que detecte los arribos de sismos provenientes de cualquier parte del país, en complemento del sistema de alerta sísmica del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, a fin de extender la cobertura de las estaciones sensoras hacia otras regiones que generan sismos que pueden afectar a la Ciudad de México.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, en coordinación con la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal, haga extensiva la operación de los sistemas de alertamiento temprano en aquellas entidades federativas con riesgo sísmico.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas con riesgo sísmico a instalar el sistema de alertamiento temprano en instalaciones que sean identificadas como críticas por los Sistemas Estatales de Protección Civil, privilegiando las edificaciones cuya falla estructural o colapso representen un número elevado de pérdidas humanas y económicas, informando de ello a esta Cámara de Diputados.

Notas

1 W.honorableK. Lee y J.M. Espinosa-Aranda, “Earthquake Early-Warning Systems: Current status and perspectives”, en Early Warning Systems for Natural Disaster Reduction, Zschau, Jochen y N. Küppers, Andreas (editores), Alemania 1999.

2 Suárez, Gerardo; Novelo, David; y Mansilla, Elizabeth, “Performance Evaluation of the Seismic Alert System (SAS) in Mexico City: A Seismological and a Social Perspective”, en Seismological Research Letters, volumen 80, número 5, septiembre-octubre de 2009.

3 Las especificaciones más técnicas se han descrito en diversas publicaciones como J.M. Espinosa-Aranda, et al., “Evolution of the Mexican Seismic Alert System (SASMEX)”, en Seismological Research Letters, volumen 80, número 5, septiembre-octubre de 2009; y Espinosa-Aranda, et al., “Mexico City Seismic Alert System”, en Seismological Research Letters, volumen 66, 1995.

4 Op. Cit. Performance Evaluation of the Seismic Alert System (SAS) in Mexico City: A Seismological and a Social Perspective .

5 Allen, Richard M., Gasparini, Paolo, Kamigaichi, Osamu y Bose, Maren, “The Status of Earthquake Early Warning around the World: An Introductory Overview”, Seismological Research Letters, volumen 80, número 5, septiembre-octubre de 2009.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2011.

La Comisión del Distrito Federal

Diputados: Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Roberto Rebollo Vivero (rúbrica), César Daniel González Madruga, Agustín Guerrero Castillo (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Andrés Aguirre Romero, Armando Jesús Báez Pinal (rúbrica), Carlos Bello Otero, Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Armando Corona Rivera, Omar Fayad Meneses, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Óscar González Yáñez, Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Kenia López Rabadán (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano, Nazario Norberto Sánchez, Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica).

Comisión Especial en materia de protección civil

LXI Legislatura Cámara de Diputados

De la Comisión Especial en materia de protección civil, sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal a tener un sistema de alertamiento temprano que detecte los arribos de sismos provenientes de cualquier parte del país, en complemento del sistema de alerta sísmica del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, a fin de reducir la vulnerabilidad de la población de la Ciudad de México; y a coordinarse con la Segob, a efecto de hacerlo extensivo a las entidades federativas con riesgo sísmico

Comisión de Distrito Federal de la Cámara de Diputados:

A la Comisión Especial en materia de protección civil de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión fue turnada para su opinión “proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal para tener un sistema de alertamiento temprano que detecte los arribas de sismos provenientes de cualquier parte del país, en complemento del sistema de alerta sísmica del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, a fin de reducir la vulnerabilidad de la población de la Ciudad de México; y a coordinarse con la Secretaría de Gobernación (Segob) a efecto de hacerlo extensivo a las entidades federativas con riesgo sísmico”, presentada por el diputado Nazario Norberto Sánchez, en nombre propio, como integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, y de legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que suscriben el presente documento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, con el carácter de urgente u obvia resolución, a fin de exhortar a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal a tener un sistema de alertamiento temprano que detecte los arribas de sismos provenientes de cualquier parte del país, con objeto de que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, se logre que todos los estados integrantes de la federación cuenten con esta tecnología, de conformidad con lo establecido en las normas oficiales mexicanas o en las normas técnicas complementarias, para reducir la vulnerabilidad y mejorar la capacidad de respuesta de la población y del gobierno en caso de sismo, a raíz de las características orográficas del territorio y lo ocurrido recientemente en los pueblos hermanos de Haití y Chile, en sesión celebrada por la honorable Cámara de Diputados del martes 2 de febrero de 2010. La proposición con punto de acuerdo fue recibida por este órgano legislativo, de la LXI Legislatura, como asunto pendiente de estudio y opinión.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 60, 87 Y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 42 y 43 y demás aplicables de las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados, la Comisión Especial en materia de protección civil, previo estudio y análisis de la proposición con punto de acuerdo en comento, emite la presente opinión de acuerdo a la siguiente

I. Metodología

Esta Comisión Especial en materia de protección civil de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se reunió para analizar y emitir la opinión respecto de la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal para tener un sistema de alertamiento temprano que detecte los arribas de sismos provenientes de cualquier parte del país, en complemento del sistema de alerta sísmica del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, a fin de reducir la vulnerabilidad de la población de la Ciudad de México; y a coordinarse con la Segob a efecto de hacerlo extensivo a las Entidades Federativas con riesgo sísmico, conforme al procedimiento que a continuación se describe:

1. En el capítulo “Antecedentes” se hace una breve exposición del proceso legislativo del punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal a tener un sistema de alertamiento temprano que detecte los arribas de sismos provenientes de cualquier parte del país, en complemento del sistema de alerta sísmica del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, a fin de reducir la vulnerabilidad de la población de la Ciudad de México; y a coordinarse con la Segob a efecto de hacerlo extensivo a las entidades federativas con riesgo sísmico.

2. En el capítulo “Considerandos”, esta comisión expresa sus argumentos, jurídicos y fácticos, en que se funda la presente opinión.

3. En el capítulo “Opinión”, esta comisión expresa sus conclusiones, basándose en el capítulo de Consideraciones sobre la procedencia o improcedencia, según sea el caso, del proyecto en estudio.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada por la honorable Cámara de Diputados del martes 2 de febrero de 2010,el diputado Nazario Norberto Sánchez, en nombre propio, como integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, y de legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal para tener un sistema de alertamiento temprano que detecte los arribos de sismos provenientes de cualquier parte del país, en complemento del sistema de alerta sísmica del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, a fin de reducir la vulnerabilidad de la población de la Ciudad de México; y a coordinarse con la Segob a efecto de hacerlo extensivo a las Entidades Federativas con riesgo sísmico.

2. Mediante oficio número W D.G.P.L. 61-II-3-470, de fecha 15 de abril de 2010, la secretaría técnica de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, turnó a la Comisión del Distrito Federal, con opinión de la Comisión Especial en materia de protección civil de la LXI Legislatura, la proposición con punto de acuerdo en referencia.

III. Considerandos

1. Se sugiere cambiar el título de la presente “proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal a informar con qué tecnología cuenta para la prevención de sismos, en complemento del sistema de alerta sísmica del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, a fin de reducir la vulnerabilidad de la población de la Ciudad de México; y a coordinarse con la Segob a efecto de hacerlo extensivo a las entidades federativas con riesgo sísmico”; por el de “proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal para tener un sistema de alertamiento temprano que detecte los arribos de sismos provenientes de cualquier parte del país, en complemento del sistema de alerta sísmica del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, a fin de reducir la vulnerabilidad de la población de la Ciudad de México; y a coordinarse con la Segob a efecto de hacerlo extensivo a las Entidades Federativas con riesgo sísmico”.

Es necesario mencionar que la nominación propuesta se ha utilizado desde el inicio de esta Opinión hasta el final de ésta.

2. Que toda persona tiene derecho a la salvaguarda y protección de vida, bienes y entorno como garantía individual consagrada en la Carta Magna.

3. Que México es uno de los países con mayor actividad telúrica ya que, según estadísticas, se registran más de 90 sismos por año con magnitud superior a 4 grados en la escala de Richter, lo que equivale a 60 por ciento de los movimientos telúricos que ocurren en el mundo.

4. Un sismo importante se registró el 19 de septiembre de 1985, con una magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter, con epicentro en el océano Pacífico, frente a la desembocadura del río Balsas, entre los límites Michoacán y Guerrero, el cual según cifras oficiales ocasionó 6 mil muertos en el país.

5. Que lo que pasó en 1985 puede volver a suceder, como advierte la Asociación Mexicana de Ciencias, ya que en caso de un evento sísmico similar se registrarán graves daños en las zonas centro y oriente de la Ciudad de México, debido a que las edificaciones están asentadas en un suelo pantanoso y arcilloso muy susceptible a las ondas sísmicas de origen costero.

6. Que actualmente la Ciudad de México cuenta con el sistema de alerta sísmica (SAS), el cual opera desde agosto de 1991 y tiene como objetivo es emitir avisos anticipados de alerta sísmica a la Ciudad de México. Únicamente puede detectar sismos provenientes de las costas de Guerrero, en virtud de que es el sitio donde se encuentran las estaciones sensoras.

7. Que el SAS no cuenta con otro sistema que lo complemente para detectar los sismos provenientes de cualquier parte del país.

8. Que pese al desarrollo científico y tecnológico en la Ciudad de México prevalece gran vulnerabilidad urbana y social ante los sismos, por lo que resulta necesario contar con un sistema de alertamiento temprano que detecte el arribo de sismos provenientes de cualquier parte del país.

9. Que resulta necesario que el sistema de alertamiento anticipado se instale en todos los inmuebles cuya falla estructural o colapso represente riesgo de un número elevado de pérdidas humanas y económicas, o que representen un riesgo probable por contener sustancias tóxicas o explosivas, así como en edificaciones vitales para responder adecuadamente en caso de urgencia.

10. Que un instrumento de alertamiento temprano anticipado ayudaría a reducir la vulnerabilidad y mejoraría la capacidad de respuesta de la población y del gobierno en caso de sismo.

11. Que dicho sistema se elabore considerando los más altos criterios técnicos y de ingeniería desarrollados en la actualidad, con la supervisión y asesoría de investigadores destacados en materia de ingeniería sísmica y sismología, a fin de tener seguridad de que no presente fallas y cumpla el cometido fundamental de emitir una alerta anticipada del arribo de las ondas destructivas asociadas a un sismo y;

12. Que la prevención es el medio más eficaz para alcanzar los objetivos de la protección civil: salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y el entorno.

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión Especial en materia de protección civil abajo firmantes emitimos la siguiente

IV. Opinión

En estricto cumplimiento de la normatividad vigente y con base en las consideraciones de hecho y derecho anotadas en el cuerpo del presente documento, consideramos que esta proposición con punto de acuerdo si es factible de aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados para exhortar a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal para tener un sistema de alertamiento temprano que detecte los arribos de sismos provenientes de cualquier parte del país, con objeto de que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, se logre que todos los estados integrantes de la federación cuenten con esta tecnología, que deberá cumplir las especificaciones que determinen las autoridades en protección civil, de las normas oficiales mexicanas o de las normas técnicas complementarias en inmuebles cuya falla estructural o colapso represente un número elevado de pérdidas humanas y económicas, o que representen un riesgo probable por contener sustancias tóxicas o explosivas, así como en edificaciones vitales para responder adecuadamente en caso de urgencia, y para que se exhorte respetuosamente a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a informar a la Cámara, específicamente a la Comisión del Distrito federal y a la Comisión Especial en materia de protección civil, en qué inmuebles de cada entidad fue instalado el sistema de alertamiento temprano.

Por lo anterior si es viable en los términos expuestos la “proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal a tener un sistema de alertamiento temprano que detecte los arribas de sismos provenientes de cualquier parte del país, en complemento del sistema de alerta sísmica del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, a fin de reducir la vulnerabilidad de la población de la Ciudad de México; y a coordinarse con la Segob a efecto de hacerlo extensivo a las entidades federativas con riesgo sísmico”, presentada por el diputado Nazario Norberto Sánchez, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Comisión Especial en materia de protección civil

Diputados: Fernando Morales Martínez (rúbrica), presidente; Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Avelino Méndez Rangel (rúbrica), secretarios; Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Jorge Humberto López Portillo Basave (rúbrica), Efraín Ernesto Aguilar Góngora (rúbrica), Joel González Díaz, Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Camilo Ramírez Puente, Rosario Brindis Álvarez, Nazario Norberto Sánchez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores, Laura Piña Olmedo (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica).