Que expide la Ley General para prevenir, investigar y sancionar el Delito de Homicidio, recibida del diputado Óscar Martín Arce Paniagua, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 22 de junio de 2011

El que suscribe, Óscar Martín Arce Paniagua, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. Derechos humanos

Una parte inherente de los Estados democráticos es la concepción de la idea de derechos humanos y la idea de soberanía popular que determinan la existencia normativa de este tipo de países. 1 Paralelamente, el principio democrático sólo puede aparecer como núcleo de ese sistema de derechos. 2

De esta forma, los sujetos que viven de forma soberana en un régimen democrático se reconocen recíprocamente los mismos derechos, los cuales pueden concebirse como un conjunto de tareas públicas, que implican obligaciones para con los demás, así como títulos frente a ellos. 3 Para Habermas, se trata de una forma de cooperación social, sin duda. 4

En ese sentido, los derechos humanos, como elementos del orden jurídico, constituyen el reconocimiento recíproco de los individuos, como sujetos de derechos libres e iguales en sus derechos y deberes. 5 Tal reconocimiento es elemento integrante de un orden jurídico del que derivan derechos subjetivos cuyo cumplimiento es exigible a través de las leyes e instituciones que el propio sistema jurídico crea para tal fin. 6

Así pues, se trata de un sistema de derechos, que pertenecen de forma irrenunciable a todo hombre y que se legitiman por principios morales, incluso antes de diferenciarse en forma de leyes públicas, es decir, se legitima con independencia de esa autonomía política de los ciudadanos que sólo se constituye con el contrato social. 7

En tal virtud, existen derechos fundamentales que resultan directamente de la posibilidad de reclamar judicialmente su cumplimiento, y el desarrollo y configuración políticamente autónomos de la protección de los derechos individuales. 8 En ese tenor, estos derechos fundamentales garantizan sólo la autonomía privada de sujetos jurídicos en cuanto que éstos empiezan reconociéndose mutuamente en su papel de destinatarios de las leyes, otorgándose así un status, en virtud del cual pueden reclamar derechos y hacerlos valer unos frente a otros. 9

Sumado a lo anterior, es importante decir que la institucionalización del derecho, exige que se garanticen los procedimientos jurídicos por los que cada persona que se sienta menoscabada en sus derechos pueda hacer valer sus pretensiones. 10

Con base en lo anterior, es oportuno decir que la vida es un derecho que cada uno de los mexicanos tiene, por el simple hecho de existir. No se trata de una ficción creada por las leyes; sin embargo, las normas jurídicas sí se encargan de garantizar los medios para que cada sujeto pueda disfrutar de forma plena de su vida.

A pesar de lo anterior, existen delincuentes que tratan de menoscabar este derecho. No les importa la clase de afectación que provocan; simplemente, para lograr sus objetivos son capaces de quitarle la vida a un padre de familia o a una madre, a un hijo o una hija, hermana o hermano.

Por ello, históricamente, ha sido necesario que el Estado genere el marco legal que permita garantizar el derecho a la vida. Asimismo, que permita sancionar a quienes no respeten este derecho fundamental.

Al respecto, el Código Penal Federal en su artículo 302 tipifica el delito de homicidio. De esta forma, al responsable de cualquier homicidio simple intencional que no tenga prevista una sanción especial en dicho Código, se le impondrán de doce a veinticuatro años de prisión.

Por tanto, es de reconocer que en nuestro sistema jurídico, a nivel federal y estatal, se contemplan los medios para que el Estado pueda garantizar la existencia del derecho a la vida, en tanto valor fundamental de toda sociedad democrática.

No obstante, en 2010 a nivel nacional se registraron, en las agencias de los Ministerios Públicos del fuero común, 34 mil 763 homicidios. Al respecto cabe mencionar que entidades federativas como Chihuahua registraron 3 mil 928 homicidios; por su parte los Estados con mayor cantidad de homicidios registrados fueron Guerrero, con 2 mil 9, México, con 2 mil 361, Sinaloa 2 mil 950, Morelos 2 mil 419 y Durango mil 384. 11

Tal y como es posible apreciar, el homicidio es una herida que crece día con día. Por ello, debemos asumir el compromiso de llevar a cabo las acciones legislativas que conduzcan a nuestro pueblo a una vida libre de este tipo de delitos que vulneran de forma alarmante la paz, tranquilidad y felicidad de los mexicanos.

II. Delincuencia organizada

A pesar de lo señalado anteriormente, en la actualidad nuestro país enfrenta un reto de grandes dimensiones y que se ha atrevido a poner en riesgo la estabilidad de la sociedad mexicana y de nuestras instituciones. Situación que obliga a esta Cámara de Diputados, a trabajar intensamente en beneficio de México.

1. Delincuencia organizada y el homicidio

Hoy día, el crimen organizado es equiparable con las más grandes empresas trasnacionales. Esto implica que cuenta con grandes recursos económicos y humanos, así como una estructura financiera poderosa que se alimenta día con día de las ganancias obtenidas con base en la comisión de ilícitos que afectan de forma grave a nuestra sociedad.

Se trata de uno de los flagelos que más han lastimado a nuestra sociedad. Por años, se permitió que desarrollaran sus actividades criminales de forma libre. Hoy, todos y cada uno de los mexicanos sufren las consecuencias de que en su momento no se evitó el crecimiento de las mafias.

Actualmente, el crimen organizado ha fortalecido su estructura, ha logrado introducirse en el sistema globalizador, situación que le permite operar en diversos países sin mayor límite fronterizo o de cualquier otra índole.

También, ha diversificado sus actividades, no sólo el tráfico de drogas es su fuente de ingresos. Sumado a lo anterior, las bandas delictivas se han erigido como el inicio de un ciclo autorreproductivo que inicia con la comisión de crímenes de alto impacto y termina con la comisión de conductas ilícitas menores, aparentemente.

De esta forma, el delito de homicidio forma parte de este conjunto de delitos que forman la base y la cima de la pirámide delincuencial ya que trascienden la competencia de las entidades federativas. Es decir, se trata, mayormente, de un delito que afecta de forma directa a las entidades federativas.

Por ello es necesario unificar el tipo penal de homicidio, las reglas para su investigación, así como establecer reglas de coordinación entre los distintos ámbitos de gobierno a efecto de lograr una legislación moderna que permita hacer frente a los riesgos y desafíos que el crimen organizado representa.

III. Necesidad de una Ley General en materia de Homicidio

El derecho penal tiene como función metafísica, la realización de un ideal de justicia; por otro lado, tiene una función social, caracterizada por la prevención del delito con miras a proteger ciertos bienes jurídicos reconocidos por el derecho positivo. 12

Asimismo, cumple, junto con otros ordenamientos normativos, con una función reparadora del equilibrio del sistema social alterado por la comisión de conductas que dañan o agreden los bienes jurídicos. 13

Así pues, los delitos, en este caso el homicidio, es una forma de comportamiento desviado que se considera grave dentro de un sistema social y que es calificado de tal por órganos legislativos con competencia para ello. 14 Lo que caracteriza a todo comportamiento desviado y, por consiguiente, también al delito es su divergencia con modelos aceptados de conducta, es decir, con los comportamientos que cumplen con las expectativas sociales institucionalizadas. Estas expectativas se expresan en normas, o sea, a través de la comunicación de deseos en la forma de órdenes o imperativos. 15

En tal virtud, la presente iniciativa tiene por objeto establecer el tipo penal, modalidades, agravantes, atenuantes y sanciones del homicidio; asimismo, la distribución de competencia y las bases de coordinación entre la federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, en materia de homicidio.

Esta necesidad surge, como se mencionó, a partir de las características que presenta hoy el crimen organizado. Es decir, si existe un crimen organizado globalizado que no respeta límites, fronteras o competencias, es necesario contar con una legislación que permita la unificación de las distintas legislaciones para hacer frente a un problema común.

Además, se pretende que con base en una ley especializada en materia de homicidio, focalizar este tipo de delitos y así atender las diversas problemáticas que hoy se enfrentan.

Asimismo, a través de esta ley, en materia de homicidio, se pretende generar la expectativa de que no haya culpabilidad, es decir, que la cantidad de homicidios que en el presente se cometen, en el futuro se reduzcan de manera considerable en todo el territorio nacional. 16

Lo anterior, con el firme propósito de generar un marco jurídico propicio para lograr la difícil operación de transformación social; de igual forma, que cumpla con la función de instancia decisiva en la conservación de la realidad social, es decir, una legislación que se traduzca en resultados concretos dentro del mundo fáctico. 17

IV. Contenido de la ley

La ley que ahora se propone, contiene novedosos tipos penales dentro de nuestro sistema de derecho penal, mismos que hoy tienen la misión de afrontar las necesidades que la delincuencia genera. Por ejemplo, se regula el delito de homicidio contra periodistas, feminicidio y delito de muerte encefálica.

2. Homicidio contra periodistas

El derecho a la libertad de expresión, esta protegido desde la Constitución Federal en el numeral 6°; además el término “expresión” puede ser considerado como la forma a través de la cual la persona exterioriza sus pensamientos en signos, palabras o gestos que tengan como propósito comunicar algo.

En este sentido, el contenido de la libertad de expresión “puede consistir en reflexiones o comentarios sobre ideas generales, o referirse a comentarios sobre noticias relacionadas con acontecimientos concretos”, o como bien señala el Tribunal Constitucional de España, “... la libertad de expresión tiene por objeto pensamientos, ideas y opiniones, concepto amplio dentro del que deben incluirse también creencias y los juicios de valor”. 18

Refiere Ernesto Villanueva que la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales del hombre porque representa la prolongación de la garantía individual de pensar, ejercicio sin el cual no es posible aventurar la posibilidad del desarrollo del hombre en sociedad. 19

Sobre el particular, el maestro Ignacio Burgoa señala que la libre manifestación de las ideas, pensamientos, opiniones, etc., constituye uno de los factores indispensables para el progreso cultural y social. El mismo autor, señala que siendo una derivación específica de la libertad en general, la libre manifestación de las ideas contribuye para el cabal desenvolvimiento de la personalidad humana, estimulando su perfeccionamiento y elevación culturales. 20

Ahora bien, referente a la última parte del párrafo del artículo 6° constitucional, en cuanto a la frase “...el derecho a la información...”, nos dice Juventino V. Castro [...] lo novedoso de la reforma –que de hecho extiende la garantía dentro del párrafo del cual se produjo la adición–, es el derecho de todo habitante a ser informado; y precisamente informando por el Estado, fuente de esas noticias que tiene derecho a conocer las personas. El Estado archiva, produce o transmite información, dentro de las insuficientes o incompletas para los habitantes del país, para lo cual debe reconocérseles un derecho para integrar la información o para obtenerla en el caso de que no se haya producido. Si bien ya existe el artículo 8° constitucional que establece el derecho de petición, resultaba conveniente subrayar el derecho de cualquier persona a pedir una información. 21

Se debe señalar que el concepto de derecho a la información de acuerdo al numeral 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es aquel por virtud del cual todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 22

Del artículo anterior se desprende tres aspectos importantes que comprende dicho derecho fundamental, como lo señala Ernesto Villanueva al citar a Luis Escobar de la Serna, como son

a) El derecho a atraerse información, incluye las facultades de 1) acceso a los archivos, registros y documentos públicos; y 2) la decisión de que medio se lee, se escucha o se contempla.

b) El derecho a informar, incluye las: 1) libertades de expresión y de imprenta y, 2) el de constitución de sociedades y empresas informativas.

c) El derecho a ser informado, incluye las facultades de: 1) recibir información objetiva y oportuna, 2) la cual debe ser completa, es decir, el derecho a enterarse de todas las noticias, y 3) con carácter universal, o sea, que la información es para todas las personas sin exclusión alguna. 23

Por otro lado, derivado de la importancia de velar por el respeto de la garantía fundamental que representa el derecho a informar, el Gobierno Federal por medio de un acuerdo del Procurador General de la República, el 15 de febrero del 2006 se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP), única en su género a nivel internacional. Según el acuerdo A/031/06, la FEADP será competente para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, la persecución de los delitos cometidos contra periodistas nacionales o extranjeros dentro del territorio nacional, perpetrados con motivo de su ejercicio profesional.

Además, la citada fiscalía especial, tratándose de los delitos previstos en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, declinará la competencia en favor de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. De igual forma, en el ámbito de su competencia, deberán proceder los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a los juzgados y tribunales de la federación.

Asimismo, se destaca que la multicitada Fiscalía Especial tiene como misión, representar a la sociedad mexicana en la investigación y persecución de todas aquellas conductas probablemente delictivas, cometidas en contra de periodistas, que tengan como propósito impedir el libre ejercicio de su actividad profesional, de mantener bien informada a la sociedad, con estricto apego a los principios de legalidad, certeza, seguridad jurídica, y absoluto respeto a los derechos humanos, conservando el estado de derecho. 24

Como se observa en el informe 2009 de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, 25 se obtiene entre otros datos: del 16 de febrero de 2006 al 30 de noviembre del 2009, desarrolló la investigación de asuntos radicados, tramitados y determinados en un total de averiguaciones previas y actas circunstancias de 108.

En cuanto a los asuntos determinados, se refiere que es un total de 99 determinaciones por la Fiscalía Especial con las siguientes resoluciones: Archivo 25 asuntos; Incompetencia 39 asuntos, consignaciones 4 asuntos; no ejercicio de la acción penal 16 asuntos; y elevada a averiguación previa 15 asuntos. De lo anterior, es importante destacar que la cifra mayor corresponde a los asuntos de incompetencia, es decir, el órgano investigador federal no tiene competencia para conocer de los delitos cometidos en contra del derecho a informar.

Entre otros datos importantes, se destaca que la Fiscalía Especial ha dado seguimiento a asuntos del fuero común por diversos delitos de los años de 1995 a 2009, en diferentes estados de la República Mexicana.

Asimismo, se indica que en la coordinación con las Delegaciones del PGR en los estados de la república y con las Procuradurías de Justicia del DF y de los estados de la república han dado primordial importancia a los homicidios y privaciones de la libertad ocurridos en 2009, siendo preponderantemente del fuero común.

Es indudable la importancia y relevancia de la libertad de expresión, en todos sus aspectos, por ello la Cámara de Diputados estableció desde 2006 la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, con objeto de dotar un marco legal que institucionalice y garantice la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa en nuestro país, y que a su vez, permita la construcción de un ambiente social que asuma la importancia de la información como bien público. 26 Asimismo, la Sexagésima Primera Legislatura, de la Cámara en cita, por medio de la Junta de Coordinación Política instauró nuevamente la Comisión Especial para la atención del derecho fundamental en comento, publicado el pasado 10 de diciembre en la Gaceta Parlamentaria.

Derivado de todo lo anterior, es de gran importancia agravar el delito de homicidio cuando se motivado por atacar el derecho a la libertad de expresión imperante para desarrollo integral de la Nación mexicana.

3. Delito de feminicidio

Desafortunadamente, la presencia de los delitos por motivos de violencia de género, han aumentado en nuestro país, sucede en relaciones de poder que lesionan la integridad, la dignidad y la libertad de las víctimas. Situaciones que provocan graves daños físicos y psicológicos, además de diversos factores contrarios para las mujeres.

Se ha reconocido en varios instrumentos internacionales al reconocimiento de los derechos humanos de la mujer, procurando su goce y ejercicio. Derivado del problema de violencia y discriminación contra ellas, en los ámbitos familiar, laboral y social.

No podemos permitir que la violencia intrafamiliar, las agresiones brutales en contra de mujeres se convierta en feminicidio y se quede impune el culpable. Mucho menos se debe admitir que dichos hechos formen parte de la cotidianidad y perdamos el sentido de asombro e indignación.

El feminicidio se califica como la muerte violenta de una mujer, ocasionada en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, en ejercicio del poder de género en contra de las mujeres. Y aquí es donde se identifica la misoginia que es el odio, desprecio o subestimación a las mujeres por el solo hecho de serlo. Es una patología en la persona, la cual requiere un tratamiento psiquiátrico.

Respecto a la relación de poder, existen manifestaciones de control o dominio que conducen a la sumisión de la mujer y a la discriminación en su contra. Todo daño ocasionado al grupo social femenino por el simple hecho de ser mujer deberá ser indemnizado por lo que la normativa al respecto establece que debe entenderse por resarcimiento al conjunto de medidas tendientes a aproximar la situación de la víctima al estado en que se encontraría de no haberse producido el hecho delictivo.

Del estudio elaborado por el Inegi Violencia contra la mujer 27 se desprenden estadísticas relevantes, como

1. En 2007, las muertes intencionales de mujeres representaron 0.8 por ciento de las defunciones y 16.4 de las muertes por lesiones, que comprenden accidentes, homicidios y suicidios.

2. El número de muertes intencionales de mujeres registrado en nuestro país en 2007 fue de mil 857, de los cuales mil 083 fueron homicidios y 774 suicidios. Esto significa que diariamente mueren 5 mujeres por violencia: 3 por homicidio y 2 por suicidio.

3. Hay 13 entidades federativas con una tasa de mortalidad por homicidios superior a la del promedio nacional (2.0 homicidios por cada 100 mil mujeres): el estado con la tasa de homicidios de mujeres más alta es Guerrero con 5.0 homicidios por cada 100 mil mujeres, siguen los estados de Oaxaca con 3.8, Quintana Roo con 3.3, Chihuahua y Baja California Sur con 3.2 y 3.1, respectivamente. Les siguen el Distrito Federal con una tasa de 2.7, estado de México con 2.6 y Michoacán con 2.4.

4. Respecto a los suicidios, 15 entidades federativas registran una tasa de mortalidad superior a la del promedio nacional (1.8 suicidios por cada 100 mil mujeres de 10 años y más): de mayor a menor tasa de suicidios están: Quintana Roo (8.6 suicidios por cada 100 mil mujeres de 10 años y más), Baja California Sur con 3.9, Campeche con 3.8, Tabasco, Querétaro y Jalisco (3.3, 2.6 y 2.5, respectivamente), Guanajuato y Aguascalientes (de 2.2 suicidios cada uno), San Luis Potosí con 2.1 y Tamaulipas, Puebla, Nuevo León, Nayarit y Chihuahua (2 suicidios cada uno). Las entidades con las menores tasas son: Chiapas y Tlaxcala con 0.2 y 0.4 suicidios, respectivamente.

5. De las mujeres de 15 años y más, 67 por ciento ha vivido incidentes de violencia por parte de su pareja o de otras personas en su familia, en la comunidad, en el trabajo o en la escuela.

6. La violencia más frecuente contra las mujeres es la de pareja: 43.2 por ciento de las mujeres de 15 años y más señalan haber sufrido violencia durante su última relación.

7. De cada 100 mujeres de 15 años y más, 40 han sido objeto de violencia en los espacios comunitarios o sociales a lo largo de su vida.

8. De las mujeres que trabajan en fábricas, talleres o maquila, 45.4 por ciento sufren violencia laboral.

9. En promedio fallecen diariamente 5 mujeres por muertes intencionales: 3 por homicidio y 2 por suicidio.

Tipificar el delito de feminicidio tiene el objeto garantizar la vida, la libertad, la integridad, la dignidad y protección y la igualdad de todas las mujeres. Derivado por cuestiones de género, en las relaciones de poder o confianza, en el ámbito público o privado quien arremete, cometa en contra de ellas prácticas discriminatorias, de violencia física, psicológica, económica o de menosprecio a sus derechos.

Por lo anterior, se propone la descripción del tipo penal de feminicidio, en los términos siguientes:

A quien prive de la vida a una mujer, por esa condición, se impondrá de cuarenta años de prisión a prisión vitalicia y de ocho mil a quince mil días multa, siempre que en la comisión del delito sea por motivos de cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) Cuando haya sido por motivo de establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima;

b) Cuando se derive de una relación familiar, conyugal, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo y relación laboral, siempre que al momento de su consumación persista dicha relación;

c) Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima; y

d) Por misoginia.

La sanción prevista en el primer párrafo se incrementará una quinta parte en su mínimo, cuando en los hechos las víctimas sean dos o más mujeres.

4. Muerte encefálica

La palabra homicidio tiene su origen etimológico del latín: homo (“hombre”) y caedere (“matar”). Esto es, la acción por parte de una persona que priva de la vida a otra. Desde tiempos remotos, en las culturas antiguas, se ha considerado al homicidio como un crimen reprochable de cualquier sociedad.

Es evidente que el derecho a la vida es un derecho humano primordial, sustento de otros derechos fundamentales de los seres humanos, mismo que se encuentra con relación estrecha con el derecho a la salud.

El artículo 4 del capítulo 11, “De los derechos civiles y políticos”, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificado por México, expresa: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. Se traduce como un derecho a seguir viviendo, sin que se anticipe su muerte; además, el derecho a la vida implica que se mantenga en plenitud, no se presenten límites a facultades vitales que deterioren su vida.

Sobre el tema de muerte encefálica surge en medicina a partir de la segunda mitad de este siglo, una vez al encontrar la posibilidad de mantener las funciones vitales de un ser humano, la respiratoria y cardiaca, es decir, mantener artificialmente el funcionamiento de los órganos del cuerpo humano luego de la destrucción completa e irreversible de las estructuras encefálicas (cerebro y tronco cerebral).

Con ello, aparece una novedosa concepción de la muerte, basada en la determinación de la pérdida irreversible de las funciones del encéfalo, que fue rápidamente aceptada por la comunidad científica, extendiéndose luego su aceptación a la sociedad en general y a sus estatutos legales. Este nuevo concepto de muerte fue entonces equiparado con el tradicional, es decir; el cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias, tanto desde el punto de vista médico, como legal y ético-religioso. 29

Por otra parte, la maestra María Teresa Ambrosio Morales 29 refiere “... Hablamos de que una persona se encuentra con muerte cerebral, inmediatamente debemos pensar que el cerebro de esta persona está irremediablemente destruido y sin vida por cualquier causa, es dable entonces concluir que un cerebro muerto no tiene capacidad de recuperación, es decir, su muerte es irreversible, aún cuando el cuerpo que aloje este cerebro muerto tenga alguna función vital como sería la función cardiaca automática y la función respiratoria con apoyo de ventiladores respiratorios automáticos y modernos”.

La citada autora agrega: “Ocurre muerte cerebral cuando el daño cerebral irreversible es tan extenso que el órgano ya no dispone de potencial para la recuperación y no puede mantener la homeostasis interna del cuerpo, por ejemplo, la función respiratoria normal o cardiovascular, el control normal de la temperatura, la función gastrointestinal normal, y así sucesivamente. Aunque los dispositivos mecánicos puedan preservar a los órganos periféricos por cierto tiempo bajo tales circunstancias”. Para concluir, la autora en cita refiere que “Un cuerpo que está “cerebralmente muerto” desarrollará, a pesar de cuidados muy meticulosos, insuficiencia de la circulación general en unos cuantos días, o rara vez después de varias semanas, y el latido cardiaco cesará. Se habla de una persona con coma irreversible cuando existe daño severo a ambos hemisferios cerebrales”.

Con lo anterior, si el bien jurídico tutelado en el tipo penal de homicidio es la vida, como punto de partida para el goce y disfrute de los demás derechos humanos. En este sentido, cuando por alguna conducta humana produce o conduce a la muerte cerebral de otra persona, tiene como consecuencia el mismo resultado del homicidio coartar la posibilidad permanente del goce y disfrute de cualquier otro derecho fundamental de la víctima.

Actualmente, la Ley General de salud, cuenta con disposiciones claras para determinar la muerte encefálica, describiendo los signos clínicos para declárala, en los siguientes términos:

Artículo 343. Para efectos de este Título, la pérdida de la vida ocurre cuando se presentan la muerte encefálica o el paro cardíaco irreversible.

La muerte encefálica se determina cuando se verifican los siguientes signos:

I. Ausencia completa y permanente de conciencia;

II. Ausencia permanente de respiración espontánea; y

III. Ausencia de los reflejos del tallo cerebral, manifestado por arreflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares y ausencia de respuesta a estímulos nocioceptivos.

Se deberá descartar que dichos signos sean producto de intoxicación aguda por narcóticos, sedantes, barbitúricos o sustancias neurotrópicas.

Artículo 344. Los signos clínicos de la muerte encefálica deberán corroborarse por cualquiera de las siguientes pruebas:

I. Electroencefalograma que demuestre ausencia total de actividad eléctrica, corroborado por un médico especialista;

II. Cualquier otro estudio de gabinete que demuestre en forma documental la ausencia permanente de flujo encefálico arterial.

Artículo 345. No existirá impedimento alguno para que a solicitud y con la autorización de las siguientes personas: el o la cónyuge, el concubinario o la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante; conforme al orden expresado; se prescinda de los medios artificiales cuando se presente la muerte encefálica comprobada y se manifiesten los demás signos de muerte a que se refiere el artículo 343.

Por ello es necesario contar con un tipo penal que precise la conducta que lesione a una persona a tal grado que médicamente se declare con muerte cerebral, privándola irremediablemente de la posibilidad de gozar de la vida en todos sus aspectos. En este sentido, se pretende evitar ambigüedades en estos casos y contrarrestar la impunidad de los sujetos activos.

El delito de muerte encefálica, se establece en la Ley General a expedirse en los siguientes términos:

A quien cause la muerte encefálica a otro, se le impondrá las mismas penas del homicidio simple, previsto en el artículo 12 de esta ley.

Se entenderá como muerte encefálica lo establecido en los artículos 343 y 344 de la Ley General de Salud.

La pena señalada en el primer párrafo se agravará o atenuará, si en la comisión del delito se presenta alguna de las circunstancias previstas en esta ley, será sancionado conforme a la penalidad señalada a cada modalidad.

Lo anterior no se trata de un delito en blanco y por tanto inconstitucional. La remisión realizada al artículo 343 y 344 de la Ley General de Salud, tiene por objeto precisar, de forma sistémica, los casos en que se esta ante la presencia de la muerte encefálica. Por lo anterior, cabe citar la jurisprudencia siguiente:

Normas penales en blanco. Son inconstitucionales cuando remiten a otras que no tienen el carácter de leyes en sentido formal y material. Los denominados “tipos penales en blanco” son supuestos hipotéticos en los que la conducta delictiva se precisa en términos abstractos y requiere de un complemento para integrarse plenamente. Ahora bien, ordinariamente la disposición complementaria está comprendida dentro de las normas contenidas en el mismo ordenamiento legal o en sus leyes conexas, pero que han sido dictadas por el Congreso de la Unión, con apoyo en las facultades expresamente conferidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, las “normas penales en blanco” no son inconstitucionales cuando remiten a otras que tienen el carácter de leyes en sentido formal y material, sino sólo cuando reenvían a otras normas que no tienen este carácter -como los reglamentos-, pues ello equivale a delegar a un poder distinto al legislativo la potestad de intervenir decisivamente en la determinación del ámbito penal, cuando es facultad exclusiva e indelegable del Congreso de la Unión legislar en materia de delitos y faltas federales.

Tesis de jurisprudencia 10/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de treinta de enero de dos mil ocho.

5. Prisión vitalicia

La expedición de la Ley General plantea algo por demás destacado, afecto de atender la gravedad en la vulneración de bienes jurídicamente tutelados, como son: por supuesto la vida, la libertad de expresión y la igualdad de género. En ese sentido, se dispone castigar con prisión vitalicia a quien prive de la vida, cuando la víctima sea periodista o algún familiar de éste; asimismo, cuando el sujeto pasivo sea una mujer y la conducta delictiva se realice por cualquiera de los motivos siguientes:

1. Para establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima;

2. Derivado de una relación familiar, conyugal, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo y relación laboral, siempre que al momento de su consumación persista dicha relación;

3. Reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima; y

4. Por misoginia.

La intención es coadyuvar con el fortalecimiento de las estrategias y medidas adoptadas para garantizar la equidad de género; asimismo, erradicar cualquier manifestación de violencia contra la mujer y contribuir con la reestructuración del tejido social del país con bases sólidas de respeto por el estado de derecho, garantías individuales y derechos humanos.

Lo anterior, tomando en cuenta dicha pena no es una pena inusitada. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido el siguiente criterio de jurisprudencia:

Prisión vitalicia. No constituye una pena inusitada de las prohibidas por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La acepción de pena inusitada a que se refiere el precepto constitucional citado se constriñe a tres supuestos: a) Que tenga por objeto causar en el cuerpo del sentenciado un dolor o alteración física; b) Que sea excesiva en relación con el delito cometido; que no corresponda a la finalidad que persigue la pena, o que se deje al arbitrio de la autoridad judicial o ejecutora su determinación al no estar prevista en la ley pena alguna exactamente aplicable al delito de que se trate; y, c) Que siendo utilizada en determinado lugar no lo sea ya en otros, por ser rechazada en la generalidad de los sistemas punitivos. En congruencia con lo anterior, se concluye que la pena de prisión vitalicia no se ubica en alguno de los referidos supuestos, ya que si bien inhibe la libertad locomotora del individuo, no tiene por objeto causar en su cuerpo un dolor o alteración física. En cuanto a lo excesivo de una pena, ello se refiere a los casos concretos de punibilidad, en los que existe un parámetro para determinar si para ciertos delitos de igual categoría, el mismo sistema punitivo establece penas diametralmente diferentes, por lo que la pena indicada en lo general no se ubica en tal hipótesis, al no poder existir en abstracto ese parámetro; además, la prisión corresponde a la finalidad de la pena, pues ha sido reconocida como adecuada para el restablecimiento del orden social, sin que la característica de vitalicia la haga perder esa correspondencia, pues dicho aspecto se relaciona con su aplicación, mas no con el tipo de pena de que se trata. Por otra parte, es importante señalar que el hecho de que la prisión vitalicia no tenga como consecuencia que el reo se readapte a la sociedad, dado que éste no volverá a reintegrarse a ella, tampoco determina que sea una pena inusitada, toda vez que el Constituyente no estableció que la de prisión tuviera como única y necesaria consecuencia la readaptación social del sentenciado, ni que ese efecto tendría que alcanzarse con la aplicación de toda pena, pues de haber sido esa su intención lo habría plasmado expresamente.

Solicitud de modificación de jurisprudencia 2/2005-PL. Presidente Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Sergio A. Valls Hernández, Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 29 de noviembre de 2005. Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretarios: Rafael Coello Cetina y Alberto Díaz Díaz.

El tribunal pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número 1/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero de dos mil seis.

Nota: En su sesión de 29 de noviembre de 2005, el Tribunal en Pleno determinó modificar la tesis P./J. 127/2001, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, octubre de 2001, página 15, para quedar aprobada en los términos de la diversa P./J. 1/2006.

6. Prevención del delito de homicidio

Una parte medular de una política criminal integral, es aquella dirigida a la prevención del delito. Al respecto, la presente iniciativa propone diversas disposiciones en esa materia. Para lograr lo anterior, se estudiaron y analizaron, entre otros documentos, la estrategia de prevención del delito de homicidio implementada en Richmond, California, así como diversas medidas de prevención de este delito aplicadas en Colombia.

En virtud de ello, se propone que el Consejo Nacional de Seguridad Pública establecerá las bases de la política de prevención de los delitos previstos en esta ley, así como diversas facultades para La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en materia de prevención del delito de homicidio. Asimismo, de manera preponderante, se pretende impulsar la participación ciudadana.

V. Ventajas de la ley propuesta

Por todo lo anterior, la intención de la iniciativa es la expedición de una Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Homicidio, lo anterior para determinar de forma precisa y clara los tipos penales y sus sanciones, así como la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en materia de homicidio; además, crear una política criminal para prevenir la comisión de cual homicidio. Con este ordenamiento permitirá alcanzar las ventajas siguientes:

1. Prevé la imprescriptibilidad de la acción penal y de la ejecución de sanciones en caso de homicidio intencional. Asimismo, determina que para las investigaciones ministeriales por hechos delictivos de homicidio doloso no procederá la reserva del expediente.

2. Evita la suspensión del procedimiento judicial instaurado por el delito de homicidio intencional, salvo que el sujeto activo evada la acción de la justicia o por extradición internacional.

3. Prohíbe la amnistía o indulto en casos de homicidios dolosos. Incluso las penas impuestas por los delitos previstos en la Ley, son independientes de las que correspondan a la comisión de otros delitos, en casos de concurso ideal o real.

4. Establece claramente las reglas de supletoriedad de la Ley General, a determinar que en materia federal será supletorio el Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el caso de la competencia local, serán las disposiciones de los Códigos Penales, Códigos de Procedimientos Penales y las legislaciones locales del Sistema de Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, según corresponda.

5. Tipifica claramente las conductas delictivas y sus sanciones, desde el homicidio simple hasta sus modalidades, calificativas, agravantes, atenuantes y las hipótesis culposas.

6. Determina los supuestos de comisión para el homicidio calificado:

a) Cuando la víctima sea menor de 15 años de edad, o que por cualquier otra circunstancia no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo;

b) Cuando el sujeto activo actúe con crueldad o con fines depravados;

c) Cuando la víctima haya sufrido actos de tortura;

d) Que se realice en camino público o en lugar desprotegido o solitario;

e) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas;

f) Cuando el sujeto activo lo cometa por pago o prestación prometida; y

g) Que el o los autores sean o hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública, de procuración o administración de justicia, o de las Fuerzas Armadas Mexicanas, o se ostenten como tales sin serlo.

7. Plantea tipos penales y sus sanciones en figuras como: la muerte encefálica; el homicidio doloso por contagio de enfermedad grave, incurable, mortal y transmisible; el homicidio en razón del parentesco; el homicidio por razones de odio; el homicidio contra periodistas; el feminicidio, y los homicidios a propósito de otros delitos como violación, robo o allanamiento de morada.

8. Define el término periodista con el propósito de proteger la libertad de expresión y a las personas que se dediquen a dicha actividad.

9. Propone sancionar con una pena mayor cuando el homicidio se cometa contra servidores públicos de elección popular o sean integrantes de instituciones policiales, de procuración y administración de justicia; asimismo, contra elementos de seguridad privada.

10. Prevé las hipótesis legislativas para atenuar la penalidad, en los casos siguientes: homicidio en duelo; el homicidio en riña; el homicidio en estado de emoción violenta; el infanticidio; el homicidio por cuestiones humanitarias, y el homicidio de autoría indeterminada.

11. No rompe con el esquema de la comisión culposa del homicidio; además, especifica conductas por las cuales no se impondrán pena alguna, como es: el homicidio culposo contra familiares, salvo el caso que cometa en estado de ebriedad o drogadicción, y el homicidio culposo cometido por prestadores de servicio de transporte.

12. Establece posibles penas adicionales a imponer por parte del órgano jurisdiccional, al responsable de las conductas tipificadas en la Ley General, como son: vigilancia de la autoridad, y prohibición de ir a circunscripción territorial determinado o residir en ella.

13. Determina la competencia entre los tres ordenes de gobierno, señala que la Federación podrá conocer de los delitos tipificados en la Ley General, cuando se cometan en el extranjero con efectos en el territorio nacional; se cometan en el territorio nacional siempre y cuando produzcan o se pretenda que tengan efectos en el extranjero; en él se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; o se ejerza la facultad de atracción por parte de la Procuraduría General de la República.

14. Crea un grupo especializado en materia de homicidio en las instituciones de procuración de justicia, a efecto de contar con el personal necesario y capacitado para atender desde el inicio de la comisión de los ilícitos previsto hasta la culminación de las investigaciones; además con la preparación para brindar la atención adecuada a los familiares de la víctima. Será integrado con aquellos que acrediten los controles de confianza que el Consejo Nacional estime necesarios y con un perfil de policías-investigadores.

15. Dota de herramientas eficientes para la investigación como son el cateo y la intervención de comunicaciones telefónicas, por lo que se prevén procedimientos ágiles con el órgano jurisdiccional correspondiente para obtener resultados favorables en las indagatorias de homicidio.

16. Obliga a la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios al suministro y manejo de la información generada en materia de homicidio mediante los sistemas e instrumentos tecnológicos respectivos.

17. La coordinación entre los tres ordenes de gobierno en materia de homicidios, estará a cargo de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública o sus equivalentes, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, y el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública, respetando las atribuciones dispuestas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

18. La instancia encargada para la implementación de programas, planes, políticas, directrices, acuerdos de colaboración y acciones necesarias para la prevención, persecución, procuración y administración de justicia, y en la ejecución de sanciones en materia de homicidio, será el Consejo Nacional de Seguridad Pública, conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

19. Reitera los derechos para el ofendido en el procedimiento penal, entre otros se destacan: declarar sin ser identificados y hacerlo por medios electrónicos; tomar la palabra en las audiencias por sí o por medio de su representante; si por su edad, condición física o psíquica, se le dificulta gravemente su comparecencia ante cualquier autoridad del proceso penal, a ser interrogada o a participar en el acto para el cual fue citada en el lugar de residencia, a cuyo fin deberá requerir la dispensa, por sí o por un tercero, con anticipación; ser informado sobre la obtención de la libertad del sentenciado; apelar de las decisiones judiciales contrarias a sus intereses; asistencia médica, psicológica o psiquiátrica, en su lengua o idioma, cuando se requiera; proporcionar protección, seguridad y salvaguarda de su integridad ante amenazas o agresiones de los imputados o de quienes estén ligados con ellos.

20. Obliga al órgano jurisdiccional, en caso de sentencia condenatoria, a resolver el pago de la reparación del daño a favor de los ofendidos, misma que deberá incluir, como mínimo: costo del tratamiento médico; de la terapia psicológica; el resarcimiento de los perjuicios ocasionados, e indemnización por daño moral.

21. El Consejo Nacional de Seguridad Pública establecerá las bases de la política de prevención de los delitos previstos en esta ley, así como diversas facultades para La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en materia de prevención del delito de homicidio. Asimismo, se propone impulsar la participación ciudadana.

Por todo lo anterior, el Partido Acción Nacional refrenda su compromiso con la sociedad de México en la generación de mecanismos jurídicos que se conviertan en verdaderas herramientas para inhibir la comisión de delitos como el de homicidio.

No se trata de una simple juridificación penal; se trata de asumir compromisos con el pueblo de México, con la vida y bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos mexicanos.

Recordemos que la vida de cada individuo es un privilegio con que se nace. Merece ser respetado por todos y cada uno. Por eso, resulta imperioso que hoy trabajemos en pro de quienes nos han elegido para estar en esta la más alta tribuna de México.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración del pleno el siguiente

Decreto por el que se expide la Ley General para prevenir, investigar y sancionar el Delito de Homicidio

Artículo Único. Se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Homicidio, para quedar como sigue:

Ley General para prevenir, investigar y sancionar el Delito de Homicidio

Título Primero

Capítulo IDisposiciones Preliminares

Artículo 1. Las disposiciones de la presente ley son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

Tiene por objeto establecer el tipo penal, modalidades, agravantes, atenuantes y sanciones del homicidio; asimismo, la prevención especial y general, la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en materia de homicidio.

Además, determinar los derechos de las victimas y ofendidos del delito de homicidio, a efecto de garantizar su protección, atención y asistencia.

Artículo 2. Las autoridades federales, a falta de disposición en la presente ley, aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por su parte, las entidades federativas a falta de regulación en la presente ley, aplicarán supletoriamente las disposiciones de los Códigos Penales, Códigos de Procedimientos Penales y las legislaciones del Sistema de Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, según corresponda.

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por

I. Conferencia: Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

II. Consejo Nacional: Consejo Nacional de Seguridad Pública.

III. Ley: Ley General para prevenir, investigar y sancionar los Delitos en materia de Homicidio.

IV. Secretario Ejecutivo: El Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

V. Sistema: Sistema Nacional de Seguridad Pública.

VI. Programa Nacional: Programa Nacional para la prevención, persecución y sanción del delito de homicidio.

VII. Víctima: Sujeto pasivo directo de los delitos a que se refiere esta ley.

VIII. Ofendido: Quienes en su carácter de sujeto pasivo indirecto resientan la afectación de los delitos señalados en esta ley, en razón del parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, y por afinidad hasta el segundo, así como quienes dependan económicamente de la víctima.

Artículo 4. En las averiguaciones previas integradas por hechos delictivos relacionados con homicidio intencional no procederá la reserva del expediente, en ninguno de los casos. Siendo obligaciones de las autoridades ministeriales y policiales, dentro de sus atribuciones, realizar las diligencias necesarias para lograr el esclarecimiento de los hechos motivo de la indagatoria.

Artículo 5. El ejercicio de la acción penal y la ejecución de las sanciones por el delito de homicidio intencional, son imprescriptibles.

Artículo 6. La suspensión del procedimiento judicial instaurado por el delito de homicidio intencional, sólo será procedente cuando el inculpado evada la acción de la justicia o sea puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero.

Artículo 7. En los casos de homicidios intencionales no se concederá amnistía o indulto a los responsables.

Artículo 8. Las sanciones establecidas en esta ley se aplicarán, en caso de concurso ideal o real de delitos, con independencia de las penas que le correspondan por la comisión de otros delitos.

Artículo 9. Siempre que se dicte sentencia condenatoria por el delito de homicidio, la resolución deberá contemplar el monto de la reparación del daño, mismo que será fijada por el juez conforme a las constancias integradas en el expediente y a los ordenamientos correspondientes.

Artículo 10. En caso de que el inculpado por el delito de homicidio sea reincidente, la sanción correspondiente aumentará una quinta parte en su mínimo y máximo prevista en esta ley.

La reincidencia será tomada en cuenta para el otorgamiento o no de los beneficios o de los sustitutivos penales que determine la ley.

Artículo 11. Cuando la sentencia por el delito de homicidio determine restricción de libertad o derechos, o suspensión condicional de la ejecución de la sentencia, el juez dispondrá la vigilancia de la autoridad sobre el sentenciado, que tendrá la misma duración que la correspondiente a la sanción impuesta.

La vigilancia consistirá en ejercer sobre el sentenciado observación y orientación de su conducta por personal especializado dependiente de la autoridad ejecutora, para la reinserción social del reo y la protección de la comunidad.

Título Segundo

Del Homicidio y sus Modalidades

Capítulo I

Homicidio

Artículo 12. Comete el delito de homicidio el que prive de la vida a otro. Este delito será sancionado con de pena de veinticinco a cuarenta y cinco años de prisión y de mil a dos mil quinientos días multa.

Artículo 13. Para la imposición de las sanciones que correspondan a quien cometa el delito a que se refiere el artículo anterior se tendrá como mortal una lesión cuando se verifiquen las circunstancias siguientes:

I. Que la muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados, alguna de sus consecuencias inmediatas o alguna complicación determinada inevitablemente por la misma lesión y que no pudo combatirse, ya sea por ser incurable, ya por no tenerse al alcance los recursos necesarios; y

II. Que si se encuentra en el cadáver del occiso, declaren dos peritos después de hacer la autopsia, cuando ésta sea necesaria, que la lesión fue mortal, sujetándose para ello a las reglas contenidas en este artículo, en los dos siguientes y en el Código de Procedimientos Penales.

Cuando el cadáver no se encuentre, o por otro motivo no se haga la autopsia, bastará que los peritos, en vista de los datos que obren en la causa, declaren que la muerte fue resultado de las lesiones inferidas.

Artículo 14. Siempre que se verifiquen las circunstancias del artículo anterior, se tendrá como mortal una lesión, aunque se pruebe:

I. Que se habría evitado la muerte con auxilios oportunos;

II. Que la lesión no habría sido mortal en otra persona; y

III. Que fue a causa de la constitución física de la víctima, o de las circunstancias en que recibió la lesión.

Artículo 15. No se tendrá como mortal una lesión, aunque muera el que la recibió, cuando se actualice alguna de las circunstancias siguientes:

I. La muerte sea resultado de una causa anterior a la lesión y sobre la cual ésta no haya influido; o

II. La lesión se hubiere agravado por causas posteriores, como la aplicación de medicamentos positivamente nocivos, operaciones quirúrgicas desgraciadas, excesos o imprudencias del paciente o de los que lo rodearon.

Capítulo II

Homicidio Calificado

Artículo 16. A quien cometa homicidio calificado se le impondrán de veintisiete a cuarenta y siete años de prisión y de mil a dos mil quinientos días multa.

Se entiende que el homicidio es calificado, cuando se comete con premeditación, con ventaja, con alevosía o a traición.

Artículo 17. Se entiende que hay premeditación, siempre que el o los autores causen intencionalmente una lesión, después de haber reflexionado sobre el delito que van a cometer.

Se presumirá que existe premeditación cuando el homicidio se cometa por inundación, incendio, minas, bombas o explosivos; por medio de venenos o cualquiera otra sustancia nociva a la salud, contagio venéreo, asfixia o enervantes o por retribución dada o prometida; por tormento, motivos depravados o brutal ferocidad.

Artículo 18. Se entiende que hay ventaja

I. Cuando el autor es superior en fuerza física al ofendido y éste no se halla armado;

II. Cuando es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el manejo de ellas o por el número de los que lo acompañan;

III. Cuando se vale de algún medio que debilita la defensa del ofendido, y

IV. Cuando éste se halla inerme o caído y aquél armado o de pie.

La ventaja no se tomará en consideración en los tres primeros casos, si el que la tiene obrase en defensa legítima, ni en el cuarto, si el que se halla armado o de pie fuera el agredido, y, además, hubiere corrido peligro de su vida por no aprovechar esa circunstancia.

Sólo será considerada la ventaja como calificativa, cuando sea tal que el autor no corra riesgo alguno de ser privado de la vida ni herido por el ofendido y aquél no obre en legítima defensa.

Artículo 19. La alevosía consiste en sorprender intencionalmente a alguien de improviso, o empleando asechanza u otro medio que no le dé lugar a defenderse ni evitar el mal que se le quiera hacer.

Artículo 20. Se dice que obra a traición: el que no solamente emplea la alevosía sino también la perfidia, violando la fe o seguridad que expresamente había prometido a su víctima, o la tácita que ésta debía prometerse de aquél por sus relaciones de parentesco, gratitud, amistad o cualquiera otra que inspire confianza.

Capítulo III

Homicidio Agravado

Artículo 21. Se impondrá pena de treinta a cincuenta años de prisión y de mil doscientos a dos mil quinientos días multa, cuando el homicidio se ejecutare bajo cualquiera de las siguientes circunstancias:

I. Cuando la víctima sea menor de 15 años de edad, o que por cualquier otra circunstancia no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo;

II. Cuando el sujeto activo actúe con crueldad o con fines depravados;

III. Cuando la víctima haya sufrido actos de tortura;

IV. Que se realice en camino público o en lugar desprotegido o solitario;

V. Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas

VI. Cuando el sujeto activo lo cometa por pago o prestación prometida; y

VII. Que el o los autores sean o hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública, de procuración o administración de justicia, o de las Fuerzas Armadas Mexicanas, o se ostenten como tales sin serlo

Capítulo IV

Modalidades de Homicidio

Artículo 22. A quien cause la muerte encefálica a otro, se le impondrá las mismas penas del homicidio simple, previsto en el artículo 12 de esta ley.

Se entenderá como muerte encefálica lo establecido en los artículos 343 y 344 de la Ley General de Salud.

La pena señalada en el primer párrafo se agravará o atenuará, si en la comisión del delito se presenta alguna de las circunstancias previstas en esta ley, será sancionado conforme a la penalidad señalada a cada modalidad.

Artículo 23. Se sancionará con pena de veintisiete a cuarenta y siete años de prisión y de mil a dos mil quinientos días multa, al que a sabiendas de que padece de una enfermedad grave, incurable, mortal y transmisible, contagie a otro causando la privación de la vida.

Cuando el contagio se dé entre cónyuges o concubinos, sólo se procederá por querella de parte.

Artículo 24. Al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubina o concubinario, adoptante o adoptado, con conocimiento de esa relación se le impondrá prisión de treinta a cincuenta y dos años y de dos mil a tres mil días multa.

Si faltare el conocimiento de la relación, se estará a la punibilidad prevista para el homicidio simple, previsto en el artículo 12 de esta ley.

Si en la comisión de este delito concurre alguna circunstancia de las previstas en los artículos 12 y 21 de esta ley, se aumentará en su mínimo y máximo cinco de prisión a la señalada en el primer párrafo.

Artículo 25. Se sancionará con pena de treinta y cinco a cincuenta y cinco años de prisión y de seis mil a doce mil días multa, a quien intencionalmente cometa homicidio en contra de personas con la calidad siguiente:

I. Servidores públicos con cargos de elección popular;

II. Servidores públicos de las instituciones policiales, de procuración y administración de justicia, si se encuentran en el ejercicio de sus funciones o con motivo de las mismas; y

III. De elementos de las empresas privadas y a los que de manera independiente presten servicio de seguridad, protección, vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimientos; así como, de bienes o valores incluido su traslado, siempre y cuando estén debidamente registrados ante los organismos públicos correspondientes.

Artículo 26. A quienes cometan homicidio por motivos de odio por la condición social o económica; vinculación, pertenencia o relación con un grupo social definido; origen étnico o social; la nacionalidad o lugar de origen; el color o cualquier otra característica genética; sexo; lengua; género; religión; edad; opiniones; discapacidad; condiciones de salud; apariencia física; orientación sexual; identidad de género; estado civil; ocupación o actividad de la víctima, se le impondrá sanción de treinta y cinco a cincuenta y cinco años de prisión, y de seis mil a doce mil días multa.

Artículo 27. A quien cometa homicidio intencional de tres o más personas, se le impondrá pena de treinta y cinco a cincuenta y cinco años de prisión y de seis mil a doce mil días multa.

Artículo 28. Se impondrá la pena de treinta y ocho a cincuenta y ocho años de prisión y de seis mil a doce mil días multa, cuando el homicidio sea cometido intencionalmente, a propósito de una violación o un robo por el sujeto activo de éstos, contra su víctima o víctimas.

También se aplicará la pena a que se refiere el párrafo anterior, cuando el homicidio se cometiera intencionalmente en casa-habitación, habiéndose penetrado en la misma de manera furtiva, con engaño o violencia, o sin permiso de la persona autorizada para darlo.

Artículo 29. Al que cometa el delito de homicidio en contra de periodistas, se impondrá la pena de cuarenta años de prisión a prisión vitalicia y multa de ocho mil a quince mil días de salario mínimo, con independencia de las penas aplicables por las agravantes que concurran.

Se entenderá por periodista a toda persona que realice cualquier actividad en el ejercicio de buscar, recolectar, fotografiar, investigar, sintetizar, redactar, jerarquizar, editar, imprimir, divulgar, publicar o difundir informaciones, noticias, ideas u opiniones para conocimiento del público en general, a través de cualquier medio de comunicación, así como la distribución de éstas. Esta actividad puede realizarse de manera habitual o esporádica, remunerada o no y sin que necesariamente exista una relación laboral con un medio.

La misma pena señalada en el primer párrafo, cuando el homicidio sea cometido en contra del cónyuge o de parientes en línea recta o colateral hasta el cuarto grado de algún periodista; siempre que el delito sea como consecuencia de su labor profesional.

Artículo 30. A quien prive de la vida a una mujer, por esa condición, se impondrá de cuarenta años de prisión a prisión vitalicia y de ocho mil a quince mil días multa, siempre que en la comisión del delito sea por motivos de cualquiera de las siguientes circunstancias:

I. Cuando haya sido por motivo de establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima;

II. Cuando se derive de una relación familiar, conyugal, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo y relación laboral, siempre que al momento de su consumación persista dicha relación;

III. Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima; y

IV. Por misoginia.

La sanción prevista en el primer párrafo se incrementará una quinta parte en su mínimo, cuando en los hechos las víctimas sean dos o más mujeres.

Capítulo V

Atenuantes en el Homicidio

Artículo 31. Si el homicidio se comete en duelo, se aplicará a su autor de cuatro a doce años de prisión y de quinientos a mil días multa.

Si el homicidio se comete en riña, se aplicará a su autor de seis a quince años de prisión y de quinientos a mil días multa.

Además de lo dispuesto en las leyes para la fijación de las penas dentro de los mínimos y máximos anteriormente señalados, se tomará en cuenta quién fue el provocado y quién el provocador, así como la mayor o menor importancia de la provocación.

Por riña se entiende para todos los efectos penales, la contienda de obra y no la de palabra entre dos o más personas, con el propósito de dañarse recíprocamente.

Artículo 32. El que prestare auxilio o indujere a otro para que se suicide, será castigado con la pena de cuatro a diez años de prisión y setecientos a mil doscientos días multa; si se lo prestare hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, la prisión será de seis a quince años de prisión y de ochocientos a mil doscientos días multa.

Cuando la persona a quien se ayude o instigue al suicidio fuere menor de edad o no tuviere capacidad de comprender la relevancia de su conducta o de determinarse de acuerdo a esa comprensión, se aplicarán al homicida o instigador las sanciones señaladas al homicidio calificado previsto en el artículo 16 de esta ley.

Si el suicidio no se consuma por causas ajenas a la voluntad del inductor o del que presta ayuda, se aplicará a éstos la pena correspondiente a la tentativa.

Artículo 33. Se impondrá de cuatro a diez años de prisión y de trescientos a ochocientos días multa al que en estado de emoción violenta cause homicidio en circunstancias que atenúen su culpabilidad.

Existe emoción violenta cuando en virtud de las circunstancias que desencadenaron el delito, se atenúa en forma considerable y transitoria la imputabilidad del agente.

Artículo 34. Cuando la madre prive de la vida a su hijo dentro de las veinticuatro horas siguientes a su nacimiento, se le impondrá de tres a once años de prisión, el juez tomará en cuenta las circunstancias del embarazo, las condiciones personales de la madre y los móviles de su conducta.

Artículo 35. Al que prive de la vida a otro, por la petición expresa, libre, reiterada, seria e inequívoca de éste, siempre que medien razones humanitarias y la víctima padeciere una enfermedad incurable en fase terminal, se le impondrá prisión de tres a once años de prisión.

Artículo 36. Se impondrá de ocho a quince años de prisión y de setecientos a mil doscientos días multa, a quienes cometan homicidio cuando en su comisión participen dos o más sujetos, sin que exista entre éstos acuerdo previo, y no constare quién o quiénes infirieron la lesión mortal.

Capítulo VI

Homicidio Culposo

Artículo 37. Es punible el homicidio causado culposamente, excepto en los casos previstos en esta ley.

Artículo 38. No se procederá contra quien culposamente ocasione homicidio en agravio de un ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubino, adoptante o adoptado, salvo que el autor se encuentre bajo el efecto de bebidas embriagantes, de estupefacientes o psicotrópicos, sin que medie prescripción médica, o bien que no auxiliare a la víctima.

Artículo 39. Cuando por culpa se cause homicidio de dos o más personas, en las circunstancias previstas en el artículo anterior, las penas serán de tres a diez años de prisión, de mil a mil quinientos días multa y suspensión de los derechos en cuyo ejercicio hubiese cometido el delito por un periodo igual al de la pena de prisión impuesta; o si es servidor público, destitución e inhabilitación por igual período para obtener empleo, cargo o comisión de la misma naturaleza.

Artículo 40. En los casos de homicidio culposo se impondrá pena de tres a diez años de prisión, con excepción de aquéllos para los que la ley señale una pena específica. Además, se impondrá, en su caso, suspensión hasta de diez años, o privación definitiva de derechos para ejercer profesión, oficio, autorización, licencia o permiso.

Cuando a consecuencia de actos u omisiones culposos, calificados como graves, que sean imputables al personal que preste sus servicios en una empresa ferroviaria, aeronáutica, naviera o de cualesquiera otros transportes de servicio público federal o local, se causen homicidios de dos o más personas, la pena será de ocho a veinte años de prisión y de mil a mil quinientos días multa, destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación para obtener otros de la misma naturaleza. Igual pena se impondrá cuando se trate de transporte de servicio escolar.

Artículo 41. Además de las sanciones que señalan los cinco capítulos anteriores, los jueces podrán, si lo creyeren conveniente:

I. Declarar a los sentenciados sujetos a vigilancia de la autoridad;

II. Prohibirles ir a circunscripción territorial determinado o residir en ella.

Título Tercero

De la Competencia

Capítulo I

De la Competencia de las Autoridades

Artículo 42. Los delitos previstos en esta ley se perseguirán, investigarán y sancionarán por las autoridades federales cuando

a) Se inicien, preparen o cometan en el extranjero, siempre y cuando produzcan o se pretenda que tengan efectos en el territorio nacional;

b) Se inicien, preparen o cometan en el territorio nacional siempre y cuando produzcan o se pretenda que tengan efectos en el extranjero;

c) Se cometan en el territorio nacional y se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 50, fracción I, incisos de la b) a j) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; o

d) Se ejerza la facultad de atracción por parte de la Procuraduría General de la República, conforme a lo dispuesto en el artículo 4, fracción I, inciso a), subinciso c), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

En todos los demás casos, la competencia será de las autoridades investigadoras y judiciales de los Estados y del Distrito Federal.

Artículo 43. Las autoridades ministeriales remitirán las constancias o el desglose de las actuaciones, según corresponda, si se desprende de la averiguación previa que se originó por motivo de algunos de los delitos previsto en la presente ley, hechos posiblemente delictivos diversos al investigado, siendo de competencia de otras autoridades por cuestiones de fuero o competencia.

Artículo 44. En los casos de hechos delictivos que producen efectos en dos o más entidades federativas, conocerá de los hechos cualquier autoridad local que en el ámbito de competencia el delito produzca efectos, con la finalidad de realizar aquellas diligencias necesarias para investigar, procesar y sancionar a los responsables de los delitos previstos en la presente ley. El ejercicio de la acción penal le corresponderá a la autoridad que prevenga a las demás autoridades.

Capítulo II

Investigación del Delito de Homicidio

Artículo 45. Las Procuradurías de Justicia de la Federación, de los estados y del Distrito Federal deberán contar con un grupo especializado en la investigación y persecución de los delitos previstos en esta ley; mismo que será responsable de la investigación a través de sistemas homologados de recolección, clasificación, registro, análisis, evaluación y explotación de información.

El grupo especializado deberá ser integrado por agentes del Ministerio Público, auxiliados por agentes de la policía y peritos, con capacitación en la investigación para delitos de homicidio. Asimismo, los integrantes tendrán que acreditar las evaluaciones de acreditación y confianza, y demás requisitos establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás legislaciones aplicables.

Artículo 46. La federación y las entidades federativas establecerán en sus legislaciones las funciones a realizar por parte de las unidades de policía del grupo especializado en materia de homicidio durante la investigación de los delitos previstos en la presente ley, entre otras, las siguientes:

I. Recibir las denuncias por la comisión de delitos previstos en la presente ley, en aquellos casos que debido a las circunstancias no puedan ser formuladas directamente ante el Ministerio Público; asimismo, deberán informar de inmediato de la denuncia y de las diligencias practicadas al Ministerio Público;

II. Verificar la información de las denuncias que le sean presentadas e informará al Ministerio Público para que, en su caso, le dé trámite legal o la deseche de plano;

III. Practicar las diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de los delitos y la identidad de los probables responsables, en cumplimiento de los mandatos del Ministerio Público;

IV. Efectuar las detenciones en los casos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. Registrar de inmediato la detención en términos de las disposiciones aplicables, así como remitir sin demora y por cualquier medio la información al Ministerio Público;

VI. Preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito. Las unidades de la Policía facultadas para el procesamiento del lugar de los hechos, deberán fijar, señalar, levantar, embalar y entregar la evidencia física al Ministerio Público, conforme a las instrucciones de éste y en términos de las disposiciones aplicables.

VII. Dejar constancia de cada una de sus actuaciones, así como llevar un control y seguimiento de éstas;

VIII. Emitir los informes, partes policiales y demás documentos que se generen, con los requisitos de fondo y forma que establezcan las disposiciones aplicables;

IX. Proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito; para tal efecto deberá

a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

b) Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria;

c) Preservar los indicios y elementos de prueba que la víctima y ofendido aporten en el momento de la intervención policial y remitirlos de inmediato al Ministerio Público encargado del asunto para que éste acuerde lo conducente; y

d) Asegurar que puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo para ellos.

X. Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y demás mandatos ministeriales y jurisdiccionales de que tenga conocimiento con motivo de sus funciones; y

XI. Las demás que le confieran las disposiciones aplicables.

Artículo 47. En caso necesario, el Titular del grupo especializado podrá solicitar la colaboración de otras dependencias de la administración pública federal o entidades federativas.

Artículo 48. El Ministerio Público de la Federación, de los estados y del Distrito Federal deberán recibir las denuncias sobre hechos presumiblemente delictivos de las conductas previstas en esta ley, aun cuando no sea de su competencia, realizando las diligencias básicas para el inicio de la investigación, tendientes al esclarecimiento de los hechos motivo de la indagatoria; detención del imputado o imputados; la búsqueda, recopilación y preservación de los instrumentos o indicios del delito.

Debiendo notificar de inmediato al Ministerio Público competente o especializado, quien dará las indicaciones pertinentes y acordarán la remisión de las actuaciones para continuar con la investigación; así como, la remisión de los detenidos y objetos, instrumentos e indicios relacionados con el delito.

Artículo 49. El Ministerio Público, por cualquier medio podrá solicitar al juez una orden de cateo con motivo de la investigación de alguno de los delitos previstos en el presente ordenamiento; la autoridad jurisdiccional deberá resolver la solicitud dentro de las veinticuatro horas siguientes a la petición.

Si dentro del plazo antes indicado, el juez no resuelve sobre el pedimento de cateo, el Ministerio Público podrá recurrir al tribunal de apelación correspondiente para que éste resuelva en un plazo igual.

El auto que niegue la autorización, es apelable por el Ministerio Público. En estos casos la apelación deberá ser resuelta en un plazo no mayor de setenta y dos horas.

Cuando el juez competente, acuerde obsequiar una orden de aprehensión, deberá también acompañarla de una autorización de orden de cateo, si procediere, en el caso de que ésta haya sido solicitada por el agente del Ministerio Público, debiendo especificar el domicilio del imputado o aquél que se señale como el domicilio de su posible ubicación, o bien el del lugar que deba catearse por tener relación con la investigación, así como los demás requisitos que señala el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 50. Cuando en la averiguación previa el procurador general de la República o los procuradores de los estados consideren necesaria la intervención de comunicaciones privadas, lo solicitarán por escrito al juez federal, debiendo contener lo siguiente:

I. El objeto y necesidad de la intervención;

II. Los indicios que hagan presumir fundadamente que en los hechos investigados se derivaron conductas previstas en este ordenamiento;

III. Los hechos, circunstancias, datos y demás elementos que se pretenda probar;

IV. La persona o personas que serán investigadas;

V. Identificación del lugar o lugares donde se realizará la intervención;

VI. El tipo de comunicación privada a ser intervenida;

VII. El tiempo en que se llevará la intervención;

VIII. El procedimiento y equipos a utilizar para la intervención; y

IX. La identificación de la persona física o moral, que se encuentre prestando el servicio de la comunicación a intervenir.

Artículo 51. La federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios deberán suministrar, intercambiar, sistematizar, consultar, analizar y actualizar, la información que diariamente se genere en materia de homicidio mediante los sistemas e instrumentos tecnológicos respectivos.

Artículo 52. La Procuraduría General de la República y las instituciones de procuración de justicia de los estados y del Distrito Federal deberán establecer un número telefónico de emergencia las 24 horas. A efecto de recibir todas las denuncias o informes sobre hechos posiblemente delictivos por las conductas prevista en este ordenamiento.

Las llamadas de emergencia recibidas serán inmediatamente canalizadas a la unidad grupo especializado contra el homicidio de la entidad federativa que corresponda, quien deberá atender e investigar los hechos de forma expedita.

Título Cuarto

De la Coordinación

Capítulo Único

De la Coordinación de la Federación, del Distrito Federal, los Estados y Municipios

Artículo 53. Las dependencias y entidades de la administración pública federal y de las entidades federativas, así como la Procuraduría General de la República y las procuradurías locales, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, se coordinarán en la realización de programas permanentes para prevenir e investigar el homicidio; asimismo, en la coordinación para perseguir este ilícito y demás conductas previstas en esta ley.

Artículo 54. Serán instancias de coordinación para prevenir, atender, investigar y procurar justicia en materia de los delitos previstos en esta ley, la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el ámbito de sus atribuciones y de acuerdo a lo previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La prevención, atención, investigación, y procuración de justicia en materia de homicidio, son funciones a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios de forma concurrente, de acuerdo con lo previsto en la presente ley.

Artículo 55. El Consejo Nacional de Seguridad Pública podrá implantar programas, planes, políticas, directrices, acuerdos de colaboración y acciones necesarias para la prevención, persecución, procuración y administración de justicia, y en la ejecución de sanciones en materia de homicidio, conforme a lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 56. La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia establecerá los protocolos y manuales de funcionamiento y operación del número de emergencia para el Grupo Especializado contra el Homicidio; a efecto de la atención eficaz y oportuna de las denuncias de los delitos previsto en la presente ley.

Título Quinto

Derechos de las Víctimas y Ofendidos

Capítulo Único

De la Protección y Asistencia a los Ofendidos del Homicidio y Testigos

Artículo 57. La federación, los estados y el Distrito Federal garantizarán la protección y asistencia a los ofendidos, sus familiares y testigos. Implementado las medidas, acciones y programas en base a los criterios emitidos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Las autoridades harán del conocimiento a los ofendidos del delitos previstos en esta ley de los derechos establecidos en el apartado C del artículo 20 constitucional; asimismo los establecidos en las legislaciones secundarias federales o locales en materia penal, según corresponda.

Además de los señalados, el ofendido durante el procedimiento tiene los siguientes derechos:

I. Recibir orientación jurídica-penal;

II. Será informada sobre sus derechos cuando realice la denuncia y en su primera intervención en el proceso;

III. Rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificados dentro de la diligencia en averiguación previa o en proceso y, si lo solicitan, hacerlo por medios electrónicos;

IV. A que el Ministerio público le reciba todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, o bien a constituirse en parte coadyuvante, para lo cual deberá nombrar a un licenciado en derecho para que la represente;

V. Ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, siempre que lo solicite;

VI. Obtener copia simple gratuita y de inmediato, de la diligencia en la que intervienen;

VII. Si está presente en las audiencias, a tomar la palabra, por sí o por medio de su representante;

VIII. Ser informada de las resoluciones que finalicen o suspendan el proceso, siempre que lo haya solicitado y proporcionado un domicilio para la notificación respectiva;

IX. Si por su edad, condición física o psíquica, se le dificulta gravemente su comparecencia ante cualquier autoridad del proceso penal, a ser interrogada o a participar en el acto para el cual fue citada en el lugar de residencia, a cuyo fin deberá requerir la dispensa, por sí o por un tercero, con anticipación;

X. Ser informado por sí o su abogado, mediante el Juez competente sobre la obtención de la libertad del sentenciado;

XI. Apelar de las decisiones judiciales contrarias a sus intereses;

XII. Asistencia médica, psicológica o psiquiátrica, en su lengua o idioma, cuando se requiera;

XIII. Proporcionar protección, seguridad y salvaguarda de su integridad ante amenazas o agresiones de los imputados o de quienes estén ligados con ellos, que podrá consistir en

a) Personal capacitado para resguardar su seguridad personal;

b) Vigilancia permanente en su domicilio o lugar de trabajo;

c) Apoyo para cambios de residencia temporales o permanentes;

d) Aplicación de medidas cautelares a imputados; y

e) Las demás que determine el Programa Nacional.

XIV. Resguardar su identidad, con la finalidad de asegurar que sus datos personales no sean divulgados; y

XV. Las demás que confieran otras leyes.

Los testigos de cargo de los delitos previstos en este ordenamiento tendrán derecho a lo dispuesto en las fracciones I, II, IV, VIII, XIII y XV.

Artículo 58. En toda sentencia condenatoria por la comisión de los delitos previstos en esta ley, el juez deberá resolver el pago de la reparación del daño a favor de los ofendidos, misma que deberá incluir, como mínimo, lo siguiente:

I. Los costos del tratamiento médico;

II. Los costos de la terapia psicológica;

III. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados; y

IV. Indemnización por daño moral.

Título Sexto

De la Prevención

Capítulo Único

De las Políticas en materia de Prevención del Delito de Homicidio

Artículo 58. El Consejo Nacional de Seguridad Pública establecerá las bases de la política de prevención de los delitos previstos en esta ley, conforme a las bases siguientes:

I. Desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión del homicidio y sus modalidades.

II. Crear programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas;

III. Formular políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así como programas y estrategias, en materia de seguridad pública para prevenir el homicidio;

IV. Promover y facilitar la participación de la comunidad;

V. Promover políticas de coordinación y colaboración con el Poder Judicial de la Federación y los órganos jurisdiccionales de las entidades federativas para erradicar la impunidad en materia de homicidio;

VI. Promover la inclusión de contenidos relativos a la prevención del delito en los programas educativos, de salud, de desarrollo social y en general en los diversos programas de las dependencias y entidades federales;

VII. Colaborar con los estados, el Distrito Federal y los municipios en la implantación de la política integrar de prevención del delito de homicidio;

VIII. Coordinarse con otras instancias competentes en la materia para el ejercicio de sus funciones;

IX. Elaborar propuestas de reformas legislativas y ordenamientos administrativos en materia de Procuración de Justicia para investigación de los delitos de homicidio;

X. Fijar criterios uniformes para la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, capacitación, profesionalización, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de agentes del Ministerio Público y peritos, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones aplicables, respecto de los integrantes del grupo especializado en la investigación y persecución de los delitos previstos en esta ley; y

XI. Las demás que le confieran las disposiciones aplicables.

Artículo 59. La federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en materia de prevención del delito respecto del homicidio, en ámbito de su competencia, tendrán las facultades siguientes:

I. Proponer al Consejo Nacional lineamientos de prevención social del delito, a través del diseño transversal de políticas de prevención, cuyas acciones tendrán el carácter de permanentes y estratégicas;

II. Promover la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana y una vida libre de violencia;

III. Realizar, por sí o por terceros, estudios sobre las causas estructurales del delito de homicidio, su distribución geodelictiva, estadísticas de conductas ilícitas no denunciadas, tendencias históricas y patrones de comportamiento que permitan actualizar y perfeccionar la política criminal y de seguridad pública nacional; asimismo, promoverán las siguientes acciones:

a) Seleccionar y capacitar al personal especializado para obtener, condensar y sistematizar información con las tendencias históricas en la comisión del homicidio, formas de comisión de este delito;

b) Llevar a cabo todas las acciones necesarias para revisar los casos de homicidio que se archiven y que han quedado sin resolver;

c) Focalizar a los miembros de la comunidad que sean más propensos a incluirse en el consumo de drogas y uso de armas;

d) Realizar estudios geodelictivos;

e) Contar con estadísticas de los delitos de homicidio no denunciados;

f) Mejorar el intercambio de información relativa al delito de homicidio;

g) Identificar los sitios, días y horas en las que se cometen el mayor número de homicidios, con el propósito de enfocar las acciones de la policía en esos lugares;

h) Elaborar planes de búsqueda de información sobre individuos y grupos de delincuentes responsables de los homicidios; e

i) Identificar los factores de conflictividad que pueden provocar muertos por riñas, conflictos entre particulares y violencia familiar, así como ejecutar estrategias para la solución de conflictos de forma integral y pacífica.

IV. Realizar, por sí o por terceros, encuestas victimológicas, de fenómenos delictivos y otras que coadyuven a la prevención del delito de homicidio;

V. Formular, de conformidad con los criterios del Consejo Nacional, el Programa Rector de Profesionalización de las Instituciones de Procuración de Justicia en materia de homicidio;

VI. Emitir bases y reglas para la investigación conjunta de los delitos de homicidio, de conformidad con los ordenamientos legales aplicables, así como para la realización de operativos de investigación conjuntos; y

VII. Las demás que le confieran las disposiciones aplicables.

Artículo 60. Las políticas que permitan la participación ciudadana implantadas por la federación, los estados y municipios tendrán como objetivo mejorar las condiciones de seguridad especialmente en lo lugares con mayor índice en la comisión del delito de homicidio.

Asimismo, deberán promover la organización ciudadana por medio de organizaciones vecinales, asociaciones de padres de familia en las escuelas, organizaciones de trabajadores y profesionistas, organizaciones deportivas, así como con las empresas públicas y privadas, con los siguientes objetivos:

I. La planificación, gestión, evaluación, supervisión y ejecución de las políticas de prevención del delito de homicidio;

II. Promover la capacitación laboral en jóvenes y adultos;

III. Promover que las escuelas de educación básica, media superior y superior, tengan en sus programas educativos contenidos sobre los efectos negativos del consumo de drogas, posesión y uso de armas;

IV. Poner a disposición de jóvenes y adultos congresos, conferencias, cursos y seminarios vinculados con la prevención del consumo de drogas, violencia familiar, uso y posesión de armas; y

V. Promover la cultura de la prevención y autoprotección, denuncia ciudadana y solución de conflictos de forma pacifica.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Las entidades federativas y el Distrito Federal deberán adecuar su legislación conforme a lo dispuesto en este decreto, en un plazo máximo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor de esta ley.

Artículo Tercero. El Congreso de la Unión deberá realizar en un plazo de 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor de esta ley, las adecuaciones necesarias en las leyes federales.

Notas

1 Habermas, Jürgen. Facticidad y validez, Madrid, Trotta, 2008, página 160.

2 Ibídem, página 187.

3 Ibídem, página 154.

4 Ídem.

5 Ídem.

6 Ídem.

7 Ibídem, página 166.

8 Ibídem, página 188.

9 Ídem.

10 Ibídem, página 191.

11 La información de 1997-2009 fue proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Información actualizada y entregada al Icesi en octubre 2010. Población Conapo; los datos de 2010 fueron obtenidos de la página del SNSP, http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecuti vo/Resource/131/1/images/IDFComun_2010_21022011%281%29.pdf, con corte de información al 21 de febrero de 2011. Consultado el 4 de abril de 2011.

12 Bacigalupo, Enrique. Derecho penal, parte general, segunda edición, Argentina, Hammurabi, 1999, página 29.

13 Bacigalupo, Enrique. Manual de derecho penal, Colombia, Temis, 1996, página 2.

14 Ídem.

15 Ídem.

16 Jakobs, Günther. Moderna dogmática penal, México, Porrúa, 2006, página 29.

17 Pavarini, Massimo. “Seguridad frente a la criminalidad y gobierno democrático de la ciudad”, en Seguridad Pública, México, Coyoacán, 2009, página 23.

18 Villanueva. Ernesto. Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus Constituciones, México, tomo XVI, séptima edición, tomos XXV, 2006, página 222.

19 Ídem.

20 Burgoa, Ignacio. Las garantías individuales, trigésima cuarta edición, México, Porrúa, 2002, página 348.

21 Castro, Juventino V. Garantías y amparo, México, Porrúa, 1994, páginas 124 y 125.

22 Información obtenida del portal de Internet de la ONU, http://www.un.org/es/documents/udhr/index shtml#a19, consultado el 1 de abril de 2011.

23 Obra citada, página 226.

24 Información obtenida del portal de Internet de la Procuraduría General de la República, http://www.pgr.gob.mx/Combate%20a%20la%20Delincuencia/Delitos%20Federal es/FPeriodistas/Quienes%20Somos.asp, consultado el 1 de abril de 2011.

25 Información obtenida del portal de Internet de la Procuraduría General de la República. Informe 2009 de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, http://www.pgr.gob.mx/Combate%20a%20la%20Delinciuencia/Documentos/Delit os%20Federales/FEADP/Informe%20Anual%202009%20FEADP.pdf, consultado el 1 de abril de 2011.

26 Confróntese el informe correspondiente al tercer semestre, enero-junio, de 2008, http://archivos.diputados.gob.mx/Programas_anuales/iforme_agresiones_pe riodistas_ene-jun_2009.pdf, consultado el 1 de abril de 2011.

27 Violencia contra la mujer, Inegi, 25 de noviembre de 2009, http://www.inegi.org.mx/contenidos/espanol/prensa/contenidos/estadistic as/2009/violencias09.asp?s=inegi&c=2744&ep=24, consultado el 1 de abril de 2011.

28 Protocolo de Diagnóstico de Muerte bajo Criterios Neurológicos, http://www.incucai.gov.ar/docs/manuales/protocolo_diagnostico_muerte_en cefalica.pdf, consultado el 1 de abril de 2011.

29 Ambrosio Morales, María Teresa. Legislación de muerte cerebral en México, http://www.juridicas.unam.mx/invest/docen/docto/seminario/pdf/muertecer ebral.pdf, consultado el 1 de abril de 2011.

Sede de la Comisión Permanente, a 22 de junio de 2011.

Diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Justicia. Junio 22 de 2011.)