Del diputado Jorge González Ilescas, respecto del décimo periodo de sesiones del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la ONU, llevado a cabo del lunes 16 al viernes 27 de mayo de 2011 en Nueva York

Oaxaca indígena*

Oaxaca nos enorgullece por su riqueza cultural. Por su diversidad étnica y la filosofía organizativa de cada uno de sus pueblos indígenas. Las tradiciones, la organización socioeconómica y política, además de los usos y costumbres de los pueblos originarios, son parte de nuestro potencial actual. Tenemos un sinfín de fortalezas, pero también recaen sobre los pueblos incontables debilidades, en la mayoría de los casos, ajenas a la voluntad de estas comunidades.

Sería erróneo dar un sentido fantasioso a la filosofía organizativa de nuestros pueblos y conformarnos o negar la realidad precaria que las comunidades indígenas padecen por la indiferencia gubernamental.

Hoy los pueblos ancestrales que nos dieron origen son los más rezagados del país. En Oaxaca y en México impera la pobreza y la marginación. Es en Oaxaca, sin embargo, donde los derechos humanos son violentados cotidianamente, donde las mujeres y los hombres indígenas son despojados de sus recursos y se ven sistemáticamente obligados al desarraigo y la muerte en otras latitudes, al buscar la satisfacción de sus apremios.

Las comunidades indígenas siguen esperando justicia. Son éstas las localidades más apartadas y sin comunicación, sin capacidad ni suficiencia de los sistemas y la infraestructura de salud y la educación. Sin los servicios básicos ni dignidad en la vivienda, menos aún con ingreso suficiente, que permita el sustento diario de la familia indígena.

Organización de los pueblos

Oaxaca ocupa el décimo lugar del país por su población: 3 millones 801 mil 962 habitantes, según el Censo de Población y Vivienda 2010. De ella el 32.5 por ciento es indígena (según CDI el 40 por ciento) y ésta representa más del 53 por ciento del total de la población indígena nacional.

Los pueblos indígenas practican formas propias de gobierno y se rigen por sistemas normativos propios, conocidos como usos y costumbres. Éste sistema de normas colectivas ha sido construido en las comunidades indígenas a través de los siglos, y cuenta con toda la capacidad para coexistir con el sistema de gobierno moderno.

Uno de los ejes fundamentales que rigen la vida actual del Oaxaca indígena es la asamblea comunitaria. En ella se deliberan los asuntos del pueblo para construir consensos. La asamblea es presidida por autoridades elegidas en la misma y la autoridad es producto del consenso, es, de hecho, la máxima autoridad indígena. La vida política en los pueblos indígenas de Oaxaca está organizada a través del sistema de cargos.

En 1995, el Congreso del estado aprobó una reforma al Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca, que reconoció la posibilidad de elegir a las autoridades municipales de acuerdo a los usos y costumbres indígenas. En 1997 se reformó la Constitución Local (artículos 25, 29 y 98) para consolidar el reconocimiento de los derechos electorales de los pueblos indígenas oaxaqueños. Finalmente, en 1998 se promulgó la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca, considerada la más avanzada en materia de derechos indígenas en el país.

Pero estos cambios no se deben a una concesión gratuita del poder público, fueron alentados por exigencias sostenidas durante décadas por el movimiento indígena estatal. Sin duda, la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por parte del gobierno mexicano influyó en dicho proceso. En su artículo 2, este tratado establece: “Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de impulsar una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de los pueblos indígenas y garantizar el respeto de su integridad”.

Gracias a todo esto 418 municipios eligen a sus autoridades bajo el régimen de usos y costumbres. Sin embargo, aún prevalecen situaciones que tenemos que revisar con el concurso de estas comunidades, organismos como el Instituto Estatal Electoral, el gobierno local y los partidos políticos: nos referimos a la ineficacia del IEE, a la intromisión gubernamental, a la injerencia ilegal de los partidos políticos en los procesos y a las practicas excluyentes de algunos sectores con liderazgo en los pueblos indígenas.

Problemas postelectorales

Nuestro reclamo para que las instancias de gobierno se avoquen a facilitar los procesos en los municipios que eligen a su autoridad por usos y costumbres y los partidos políticos se abstengan de intervenir en los mismos, deriva de la inestabilidad e incertidumbre que hoy mismo prevalece en al menos 65 municipios, la mayoría de usos y costumbres.

Al efecto, en reciente fecha el municipio de Eloxochixtlán de Flores Magón sufrió un enfrentamiento entre dos grupos de pobladores que se disputan la administración municipal. Ambos culpan a la Secretaría General de gobierno de no atender con diligencia e imparcialidad dicho conflicto postelectoral.

En el mismo orden de ideas, y no obstante que la presidenta del Congreso local, Eufrosina Cruz Mendoza, fue advertida del riesgo que implicaba visitar municipios como Eloxochitlán de Flores Magón, Santa María La Asunción y San José Tenango, donde se mantienen latentes inconformidades por los resultados electorales más recientes, fue acusada de incitar el enfrentamiento en Santa María la Asunción, dejando un número importante de personas lesionadas, entorpeciendo la búsqueda de acuerdos entre los municipios en conflicto postelectoral de la Sierra Mazateca. Esto es un ejemplo de la irresponsabilidad e intromisión de los partidos políticos en las comunidades de usos y costumbres.

Por otra parte, pobladores de Santa María Atzompa instalaron un plantón frente al Palacio de Gobierno, quienes después de agotar todos los recursos y sin que sus exigencias sean escuchadas, demandan la realización de elecciones extraordinarias.

Asimismo, en el municipio de Candelaria Loxicha existe un alto riesgo de enfrentamiento violento por la incapacidad gubernamental para la mediación y conciliación en el conflicto postelectoral. La inestabilidad en un importante número de municipios del estado, especialmente de extracción indígena, es resultado de la incapacidad gubernamental para conciliar y darle vigencia a la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca. La respuesta es el hostigamiento y la represión.

Por ello denunciamos los hechos violentos y la brutal represión ocurrida en la población de Santiago Tetixtlán, Sola de Vega, donde la fuerza pública, pretextando la realización de un operativo de desarme, reprimió el descontento de las comunidades de la Sierra Sur por esa falta de pericia e inteligencia gubernamental para la solución de sus conflictos agrarios.

Situación socioeconomica de los pueblos indígenas de Oaxaca

Pese al reclamo sistemático de los pueblos indígenas e iniciativas públicas erráticas, sin integralidad ni continuidad, los indicadores socioeconómicos del Sur de la República (Chiapas, Oaxaca y Guerrero) conforman un triángulo de pobreza extrema que el Estado mexicano debe atender sin regateos.

Sirva esta reflexión, basada en cifras oficiales controvertidas, contradictorias y superadas por el tiempo, para hacer un exhorto al Coneval, al Inegi y a la CDI, a fin de que instrumenten, la homologación y actualización de sus evaluaciones o reportes con información más ajustada a la realidad de los pueblos.

Proponemos que estas instituciones formulen un reporte único y periódico sobre la situación socioeconómica de los pueblos indígenas de México y Oaxaca.

En lo que toca a nuestro estado, el 29.5 por ciento y el 46.5 por ciento de los municipios son considerados de alta y muy alta marginación, respectivamente. Es decir, en el 76 por ciento de nuestros pueblos impera la pobreza. Las regiones más afectadas son la Mixteca, la Sierra Sur, la cañada y la costa.

En tal sentido, la población estatal analfabeta de 15 años o más en el año 2000 era del 20 por ciento y los niños y la población oaxaqueña (de 15 años o más) que no tuvo la fortuna de completar su primaria fue casi del 40 por ciento. Es de destacar que las mujeres son las más afectadas por el analfabetismo y el rezago educativo.

Los oaxaqueños ocupados pero con niveles paupérrimos de ingreso, es decir, aquellos que reciben menos o hasta dos salarios mínimos, incluso al trabajar su propia tierra, supera el 70.0 por ciento de la PEA. Este grave realidad del ingreso de nuestra gente incide de manera dramática en la desnutrición y la mortalidad infantil. Por ejemplo, el 76.9 por ciento de la población es de alta prioridad nutricional y contamos con 337 municipios calificados con desnutrición severa. De los 100 municipios más desnutridos de la República, 45 se encuentran en Oaxaca, y son mayoritariamente indígenas.

Los oaxaqueños que se alojaban en viviendas con piso de tierra en el año 2000 llegaban al 35.17 por ciento Y quienes tenían algún nivel de hacinamiento alcanzaron la cifra del 53.06 por ciento.

En Oaxaca la dispersión demográfica hace cada vez más difícil o más costoso resolver las necesidades primarias, ya que las localidades con menos de 5 mil habitantes superan el 61.0 por ciento.

La población que ocupaba viviendas sin agua entubada llegó al 26.29 por ciento ese año, la que ocupaba viviendas sin drenaje ni servicio sanitario superó el 7.0 por ciento y quienes habitaban viviendas sin energía eléctrica llegó al 7.21 por ciento.

Conflictos agrarios

En Oaxaca están identificados 656 conflictos agrarios. De esos casos 53 son considerados como “focos rojos”, es decir, con un alto riesgo de que deriven en enfrentamientos armados. Como ha trascendido, el estado tiene altos índices de muertes, heridos, desplazados y encarcelados que devienen de conflictos por la tierra.

La problemática agraria ha surgido por ambigüedades y vacíos jurídicos respecto a los derechos y títulos agrarios desde hace décadas y siglos, situación atribuible a las instancias federales de gobierno, cuyo desmantelamiento puede agravar la certidumbre agraria de los pueblos indígenas.

Indiscutiblemente, un número importante de conflictos se ha complicado por desacuerdo entre comunidades respecto de los límites territoriales; por planes sobrepuestos, producto de la entrega de documentos alterados por las autoridades agrarias; por el acaparamiento y ocupación ilegal de parte de ganaderos y explotadores particulares del bosque, en muchos casos con la protección de las autoridades competentes.

Es evidente que los gobiernos federales del pasado, a lo cual no escapan los gobiernos más recientes, no han tenido capacidad para conciliar u ofrecer respuestas adecuadas a los pueblos en la resolución de dichos conflictos.

La desaparición de instituciones como la SRA no ha sido lo más apropiado, habida cuenta que aún existen en México y en Oaxaca conflictos de origen antiguo o de aparición reciente. También la aplicación autoritaria del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede), agudizó los conflictos existentes por límites de tierra o indefinición de linderos, pero sobre todo el retroceso y olvido de acciones y programas de organización, capacitación y apoyo a las actividades productivas en los pueblos indígenas.

La masacre de Agua Fría (31 de mayo de 2002) en la Sierra Sur es un ejemplo de los peores hechos por conflictos agrarios que no deben repetirse. Aun no están resueltas las diferencias agrarias entre los pueblos de Santiago Textitlán, santa María Zaniza, Santiago Amoltepec, Santa Cruz Zenzontepec y Yucutindo, de esa región.

Santo Domingo Teojomulco y San Lorenzo Texmelucan son ejemplos punzantes donde la violencia condenó al retrazo y la separación de niños y jóvenes de pueblos colindantes por la confrontación permanente y añeja. Estas comunidades indígenas también dan la pauta de la mejor estrategia para resolver con inteligencia los conflictos agrarios y evitar la prolongación de los hechos sangrientos: Dialogo, conciliación y certidumbre de inversión en infraestructura carretera, para la salud, la educación y productiva.

Por otra parte, el conflicto agrario-forestal de Los Chimalapas se ha contenido por la paciencia de la etnia Zoque de Oaxaca pese al agravio del gobierno de Chiapas y los grupos de poder económico procedentes de esa entidad, que impunemente decidieron asentar a 28 comunidades chiapanecas en tierras que históricamente habían pertenecido a los oaxaqueños.

Los indígenas Zoques iniciaron un proceso de reconciliación agraria “de campesino a campesino” invitando a los ejidatarios chiapanecos a arraigarse en tanto reconocieran a las comunidades chimalapas y aceptaran convertirse en comuneros.

Las autoridades estatales y municipales de Chiapas boicotearon este proceso presionando a los ejidatarios que provenían de Chiapas para que siguieran siendo parte de ese territorio. Ante la inconformidad creciente de las comunidades indígenas Zoques de Oaxaca, y el riesgo del resurgimiento de la violencia, no hay voluntad política de los gobiernos estatales ni federal para dar solución al problema.

Subejercicio presupuestal en zonas indígenas

El Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 asignó a la CDI un presupuesto de 9 mil 300 millones de pesos, de los cuales el 25 por ciento esta etiquetado al Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI). Sin embargo, es altamente desalentador que el subejercicio de los recursos orientado a las zonas indígenas sea repetitivo año con año.

Hay razones de sobra para preocuparse por la falta de capacidad institucional en la instancias federales y los estados con población indígena, que además de la carencia de proyectos ejecutivos para las obras demandadas por los pueblos, instrumentan con extrema lentitud y burocratismos el proceso programático presupuestal para la gestión y ejercicio de los recursos autorizados en el PEF. Esto se agrava con el arribo de funcionarios inexpertos como el caso de Oaxaca.

Diputados de la actual legislatura federal denunciaron que entre 2007 y 2010 se dejaron de ejercer más de 2 mil millones de pesos. Pero es más alarmante que a cuatro meses de iniciado el ejercicio presupuestal 2011 no haya visos de la canalización de los fondos federales para el PIBAI a cada una de las entidades con presencia indígena.

De hecho, el advenimiento de las próximas lluvias dificultará - como siempre-, el ejercicio de los fondos públicos y agravará la magnitud del subejercicio. Así, obras fundamentales de electrificación, agua potable, drenaje, saneamiento, pero sobre todo caminos rurales y carreteras en regiones indígenas, o no llegarán o se ejecutarán -una vez más-, apresurada y consecuentemente de mala calidad.

Por lo que toca a Oaxaca, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) asignó para infraestructura básica en 2011 un presupuesto sumamente limitado de 500 millones de pesos, cuyo ejercicio aún no ha iniciado. Pero además son fondos no sólo muy limitados, sino absolutamente insuficientes para hacer posible el sueño de las comunidades indígenas de verse integradas al desarrollo estatal y nacional en el corto plazo.

En cuanto al rubro de albergues, atención a mujeres y otros proyectos en pueblos indígenas, para el año 2011 se aplicarán 500 millones de pesos adicionales a los del PIBAI, que, en igual forma, tampoco han empezado a fluir hacia las comunidades.

Conclusiones

1. La garantía de que los pueblos indígenas alcancen el desarrollo social, económico y consoliden sus prácticas democráticas en el marco del respeto a sus usos y costumbres, es la garantía misma de la paz social y la gobernabilidad nacional y en las entidades con mayor presencia de grupos étnico.

2. En tal sentido, es preciso avanzar -incluso con reformas de fondo a la Constitución General de la República-, en el reconocimiento a la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo por parte del gobierno mexicano. En su artículo 2, este tratado establece: “Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de impulsar una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de los pueblos indígenas y garantizar el respeto de su integridad”.

3. Hacer valer el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca, que reconoce la elección de autoridades municipales de acuerdo a los usos y costumbres indígenas; la Constitución local (artículos 25, 29 y 98) que prevé el reconocimiento de los derechos electorales de los pueblos indígenas oaxaqueños, y la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca.

4. Establecer mesas de revisión y conciliación encabezadas por legisladores federales y locales como testigos de honor, en las cuales el gobierno del estado y las comunidades agraviadas con la intromisión en sus procesos, resuelvan las diferencias internas sin mayor injerencia que la mediación.

5. Construir un programa nacional para el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación de las comunidades representadas en un autentico Consejo Nacional, con presencia del Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal. Este programa debe estar orientado a la solución definitiva de la problemática de las zonas indígenas, tanto referida a la pobreza y la marginación como en materia de infraestructura para el desarrollo y las actividades productivas, respetando la organización, los usos y costumbres de estos pueblos.

6. Retomar las mesas de conciliación para la solución definitiva de los conflictos agrarios de mayor riesgo y antecedentes sangrientos, sin menoscabo de aquellos que requieren un menor esfuerzo por la disponibilidad de las comunidades. En esta gestión el gobierno federal debe de tener toda la voluntad de hacer las inversiones que los proyectos conciliatorios requieran.

7. Hacer un llamado a la SHCP, a la CDI y a los gobiernos estatales para agilizar el ejercicio de los recursos presupuestales de inversión autorizados en el PEF 2011.

8. Demandar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la investigación de los hechos de violencia y represión derivados de conflictos postelectorales, conflictos agrarios, además de otros agravios a comunidades, familias o a ciudadanos de origen indígena.

Es preciso que el Inegi, Coneval, Conapo y CDI apliquen y formulen reportes estadísticos oportunos, actualizados, sin manipulación de indicadores y periódicos (anuales) sobre la situación evolución de los pueblos indígenas.

*Nota

Intervención del diputado Jorge González Ilescas

Diputado Jorge González Ilescas (rúbrica)