De las Comisiones de Derechos Humanos, y de Justicia, relativo a la proposición con punto de acuerdo para solicitar al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que emita con la mayor brevedad sus observaciones y recomendaciones sobre el caso de los ex funcionarios públicos del estado de Michoacán de Ocampo detenidos por presuntos vínculos con organizaciones delictivas
Honorable Asamblea:
Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente dictamen:
Antecedentes
1. El 29 de octubre de 2009, el diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la proposición con punto de acuerdo para solicitar al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que emita con la brevedad posible sus observaciones y recomendaciones sobre el caso de los ex funcionarios públicos del estado de Michoacán de Ocampo.
2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la presente proposición con punto de acuerdo a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia para su estudio y dictamen, y al grupo plural de trabajo para dar seguimiento al proceso judicial a que han sido sometidos ex servidores públicos del estado de Michoacán, detenidos por presuntos vínculos con organizaciones delictivas, para su conocimiento.
Finalidad de la proposición con punto de acuerdo
La proposición con punto de acuerdo de fecha 29 de octubre de 2009 solicita respetuosamente a la CNDH que emita su recomendación sobre los hechos de fecha 26 de mayo y 29 de junio de 2009, relacionados a la detención e internamiento de ex funcionarios michoacanos, tanto del gobierno estatal como presidentes municipales, acusados de delincuencia organizada y delitos contra la salud.
Consideraciones
El 26 de mayo y el 29 de junio de 2009 elementos de la entonces denominada Policía Federal Preventiva (PFP) y del Ejército Mexicano realizaron un operativo en el estado de Michoacán para dar cumplimiento a diversas órdenes de localización y presentación emitidas por el Ministerio Público Federal adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de la Procuraduría General de la República (PGR).
Con base en ello detuvieron a varios funcionarios estatales y municipales del estado de Michoacán.
A consecuencia del impacto público que tuvo dicho evento, y como demanda de los familiares de los inculpados y del Colectivo de Organizaciones de Derechos Humanos de Michoacán se constituyó una comisión especial en el congreso del estado de Michoacán de Ocampo y un grupo plural de seguimiento en la Cámara de Senadores.
En fecha 20 de octubre de 2009 la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados creó el grupo plural de trabajo para dar seguimiento al proceso judicial a que han sido sometidos ex servidores públicos del estado de Michoacán, detenidos por presuntos vínculos con organizaciones delictivas, que se instaló el 29 del mismo mes.
Por otra parte, los familiares de los inculpados presentaron diversas quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que fueron turnadas a la CNDH, y desde la detención han realizado lo siguiente:
• Desde la detención en mayo y junio de 2009, denunciaron las violaciones a los derechos humanos de los inculpados desde el momento de la detención, hasta su confinamiento.
• Recurrieron con autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, a fin de denunciar la violación de los derechos humanos y promover la inocencia de los presuntos responsables.
• Junto con sus abogados realizaron diversos documentos fundados en la averiguación previa y el proceso judicial donde destacan cientos de inconsistencias, irregularidades y contradicciones.
• De la misma manera denunciaron la fabricación de pruebas por parte de la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) basados en la actuación de los testigos protegidos y de la parte informativa de la Policía Federal.
Por su parte el entonces presidente de la CNDH, doctor José Luis Soberanes Fernández, en fecha 30 de noviembre de 2009, aseguró durante una visita de trabajo en la ciudad e Morelia, que se violaron los derechos de los inculpados, tanto constitucionales como procesales, desde la detención hasta el confinamiento. Incluso manifestó que el arraigo era propio de los sistemas inquisitorios de la Edad Media. Aseguró, por otra parte, que el perfil de los detenidos no correspondía al de la peligrosidad delincuencial de los centros de readaptación en los que fueron internados y denunció la falta de las garantías mínimas establecidas en los ordenamientos internacionales que México ha firmado y ratificado, durante operativo Michoacán.
Por otra, parte, el Colectivo de Organizaciones de Derechos Humanos de Michoacán:
• Denunció violaciones a los derechos humanos de los inculpados y promovió en 2009, una delegación para visitar los penales de Nayarit para dar fe de las violaciones a los derechos de los inculpados. El 6 de julio de 2009 se realizó dicha visita conjuntamente con CNDH, CEDH, Congreso local y un senador de la república.
• Denunció que hubo trato inhumano, abusos de autoridad, tortura psicológica, mala alimentación e inasistencia médica, entre otros.
• A principios de agosto de 2009, con los familiares, realizaron y promovieron un punto de acuerdo para crear una comisión especial de investigación, pedir el traslado de los internos a un penal de Michoacán, solicitar la recomendación de la CNDH y justicia, el cual fue entregado al Congreso local y promovido en las Cámaras de Diputados y de Senadores.
• Valoró con los familiares la posibilidad de recurrir a instancias internacionales de derechos humanos, una vez que se agote la instancia nacional y se cierre el expediente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los diputados de esta Comisión concordamos con el diputado proponente, en la necesidad de conocer la recomendación en la materia. Sin embargo ésta fue emitida por la CNDH, el 30 de octubre de 2009, un día después de que el diputado proponente presentara su proposición con punto de acuerdo. Por lo que el cometido de ésta se encuentra debidamente cumplido por la CNDH y la proposición ha quedado sin materia.
Por último vale la pena mencionar que la recomendación número 72/2009, en el apartado de observaciones la CNDH acreditó lo siguiente:*
• Violaciones a los derechos de legalidad, seguridad jurídica, presunción de inocencia, defensa adecuada y debido proceso, derivadas de los cateos practicados sin orden emitida por autoridad competente y dilación de su puesta a disposición ante la autoridad ministerial en perjuicio de los agraviados.
• Violaciones al derecho a la legalidad, atribuibles a servidores públicos de la entonces PFP, consistentes en allanamientos de diversos edificios públicos del estado de Michoacán.
• Violaciones al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, consistentes en dilación para poner a los agraviados a disposición de la autoridad ministerial, atribuibles a servidores públicos de la entonces PFP.
• Violaciones a los derechos de presunción de inocencia, defensa y debido proceso, atribuibles a servidores públicos adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la SIEDO de la PGR.
• Dilación en los procesos de los inculpados para ejercer su defensa adecuada, en la que han incurrido los jueces primero y segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Nayarit, toda vez que no se les permitió acceso a la acusación sino hasta semanas después de dictado el auto de formal prisión. Además de que constantemente se han diferido las audiencias de ampliación de declaración de los testigos protegidos ofrecidos por la PGR.
• Inefectividad del derecho al debido proceso legal y, con ello, de las prerrogativas que a favor de los indiciados establece el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política. Por lo cual, mediante oficios números 43635 y 48440 del 17 de septiembre y 12 de octubre de 2009 respectivamente, se dio vista a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de que, de ser el caso, sean resarcidos en el goce de las garantías que les fueron conculcadas y, sobre todo, se les garantice una pronta y expedita impartición de justicia.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia someten a consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados los siguientes
Acuerdos
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo para solicitar al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que emita con la brevedad posible sus observaciones y recomendaciones sobre el caso de los ex funcionarios públicos del estado de Michoacán de Ocampo detenidos por presuntos vínculos con organizaciones delictivas, presentada por el diputado Víctor Manuel Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el 29 de octubre de 2009.
Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Nota
* Dada la importancia de la recomendación que comentamos se resumen algunos de sus párrafos respetando el sentido del documento original. El texto íntegro puede consultarse en http://www.cndh.org.mx/recomen/recomen.asp
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 21 de septiembre del 2010.
La Comisión de Derechos Humanos
Diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica), presidente; Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Jaime Flores Castañeda (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama, Rosi Orozco, Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz (rúbrica), María del Rosario Brindis Álvarez (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Margarita Gallegos Soto, Martín García Avilés (rúbrica), Lizbeth García Coronado (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Silvia Isabel Monge Villalobos, Jesús Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), Gloria Romero León, Florentina Rosario Morales (rúbrica), Jaime Sánchez Vélez, María Sandra Ugalde Basaldúa, Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica).
La Comisión de Justicia
Diputados: Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; José Tomás Carrillo Sánchez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua, Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), Eduardo Ledesma Romo (rúbrica), secretarios; Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Juanita Arcelia Cruz Cruz, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Julio César Godoy Toscano (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija, Sonia Mendoza Díaz, Jesús Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), Carlos Alberto Pérez Cuevas, Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica en abstención), Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz, Josué Cirino Valdés Huezo (rúbrica), Ardelio Vargas Fosado, Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).
De la Comisión de Distrito Federal, respecto de la proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta a las autoridades competentes del Gobierno del Distrito Federal a balizar los carriles de circulación del tramo comprendido de la salida de la carretera México-Toluca conocido como la Puerta a la avenida Constituyentes
Honorable Asamblea:
La Comisión del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80, 82, 84 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen.
Antecedentes
A la Comisión del Distrito Federal le fue turnado para su estudio y dictamen el oficio número D.G.P.L. 61-II-7-380, que contiene la proposición con punto de acuerdo para exhortar a las autoridades competentes del gobierno del Distrito Federal a balizar los carriles de circulación del tramo comprendido de la salida de la carretera México-Toluca conocido como La Puerta a la avenida Constituyentes, presentada por la diputada Leticia Robles Colín, entonces del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
1. Con fecha 7 de abril de 2010, la diputada Leticia Robles Colín presentó ante la tribuna de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo para solicitar que la Cámara de Diputados exhorte a las autoridades competentes del gobierno del Distrito Federal a balizar los carriles de circulación del tramo comprendido de la salida de la carretera México-Toluca conocido como la puerta a la avenida Constituyentes.
2. Con la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo de referencia fue turnada a la Comisión del Distrito Federal para que, en uso de sus facultades y atribuciones, emita el dictamen previsto en el artículo 80 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
3. Dentro de los motivos que originan la proposición mencionada, la diputada refiere que el desarrollo de la zona poniente de la Ciudad de México se ha dado de manera anárquica, lo que ha propiciado una falta de infraestructura vial en las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo.
Asimismo, la proponente sostiene que en la avenida Constituyentes confluyen la zona deportiva militar, diversos edificios de oficinas y centros de salud, así como la central de autobuses del poniente, lo que genera un intenso tránsito vehicular hacia la carretera de Toluca.
4. La diputada indica que una demanda de los habitantes de esa zona es el balizamiento de los carriles de circulación del tramo comprendido de la salida de la carretera México-Toluca, conocido como La Puerta, a la avenida Constituyentes, ya que la falta de señalización genera un grave conflicto vial al confundir a los conductores que transitan por esa vía.
5. Por lo anterior, la proponente considera necesario exhortar a las autoridades competentes del gobierno del Distrito Federal a balizar los carriles de circulación del tramo comprendido de la salida de la carretera México-Toluca conocido como La Puerta a la avenida Constituyentes.
Consideraciones
I. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
II. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina se refiere al balizamiento de los carriles de circulación del tramo comprendido de la salida de la carretera México-Toluca conocido como La Puerta a la avenida Constituyentes.
III. La comisión dictaminadora ha realizado el análisis respecto a la proposición del punto de acuerdo, destacando lo siguiente:
La Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal tiene el despacho de las materias relativas a la normatividad de obras públicas y servicios urbanos; la construcción y operación hidráulica; los proyectos y construcción de las obras del sistema de transporte colectivo; los proyectos y construcción de obras públicas, así como proponer la política de tarifas y prestar el servicio de agua potable.
Para el cumplimiento de sus atribuciones, la secretaría tiene adscritas dos Direcciones Generales: la de Obras Públicas y la de Servicios Urbanos. De conformidad con el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, a la segunda le corresponde:
- Establecer los criterios y normas técnicas para la conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento vial, alumbrado público y de todos aquellos elementos que determinan el funcionamiento e imagen urbana de las vialidades en el Distrito Federal.
- Realizar las acciones de conservación y mantenimiento vial, alumbrado público y de todos aquellos elementos que determinan la funcionalidad e imagen urbana de las vialidades que conforman la red vial primaria, vías rápidas y ejes viales.
- Realizar en coordinación con los Órganos Político-Administrativo, las acciones de conservación y mantenimiento vial, alumbrado público y de todos aquellos elementos que determinan el funcionamiento y la imagen urbana de las vialidades principales.
- Atender y dar seguimiento a las necesidades de conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento vial y del alumbrado público, así como de aquellos elementos que determinan la imagen urbana de las vialidades.
En términos de la lista de vialidades primarias emitido por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, que cita como fuente Láminas de Alineamiento, Números Oficiales y Derechos de Vía de Seduvi, tanto el tramo de la carretera México-Toluca como la avenida Constituyentes son vías primarias y, por ende, los trabajos que se realicen en el tramo a que alude la diputada proponente deberán llevarse a cabo por la Dirección General de Servicios Urbanos de dicha dependencia.
El director de Mantenimiento de Infraestructura Urbana de la Dirección General de Servicios Urbanos, de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, remitió a esta dictaminadora el oficio número “GDF/SOS/DGSU/DMIU/2010-12-03-009” de fecha 3 de diciembre de 2010, del cual se transcribe, en su parte conducente, lo siguiente:
“En atención al oficio PCDF/ST/237/2010, de fecha 17 de noviembre del año en curso, donde se exhorta a las autoridades competentes del Gobierno del Distrito Federal a balizar carriles de circulación que se encuentran en el tramo de la carretera México-Toluca, conocido como La Puerta, a la avenida Constituyentes.
Al respecto le informo que esta Dirección tiene programados los trabajos de balizamiento en la ubicación en comento, a partir del 7 de diciembre del presente año”.
Por lo anterior, y en cumplimiento de sus atribuciones legales, la Secretaría de Obras y Servicios ha realizado las acciones necesarias con el propósito de atender la demanda ciudadana esbozada anteriormente. Motivo por el cual, esta comisión considera que no ha lugar a aprobar el punto de acuerdo materia de este dictamen y que procede el archivo del expediente como asunto definitivamente concluido.
En mérito de lo expuesto, la Comisión del Distrito Federal somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
Acuerdo
Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes del gobierno del Distrito Federal a balizar los carriles de circulación del tramo comprendido de la salida de la carretera México-Toluca conocido como La Puerta a la avenida Constituyentes, presentada por la diputada Leticia Robles Colín, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 7 de abril de 2010.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2011.
La Comisión del Distrito Federal
Diputados: Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), presidenta; Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Roberto Rebollo Vivero (rúbrica), César Daniel González Madruga, Agustín Guerrero Castillo (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), secretarios; Andrés Aguirre Romero, Armando Jesús Báez Pinal (rúbrica), Carlos Bello Otero, Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Armando Corona Rivera, Omar Fayad Meneses, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Óscar González Yáñez, Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Kenia López Rabadán (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano, Nazario Norberto Sánchez, Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica).
De la Comisión de Distrito Federal, relativo a la proposición con punto de acuerdo con la que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y a los jefes delegacionales a observar la legislación vigente en la capital
Honorable Asamblea:
La Comisión del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 80, 82, 84 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen:
Antecedentes
A la Comisión del Distrito Federal fue turnado, para su estudio y dictamen, el oficio número D.G.P.L. 61-II-6-0442, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y a los jefes delegacionales a que cumplan cabalmente la normatividad del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, así como toda la legislación vigente en materia de administración pública, desarrollo sustentable y recursos públicos para el Distrito Federal; presentada por la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
1. Con fecha 20 de abril de 2010, la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo presentó ante la tribuna de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo para: a) exhortar al Gobierno del Distrito Federal a que observe estrictamente el Estatuto de Gobierno para el Distrito Federal y la legislación vigente en el territorio del Distrito Federal y las aplique cabalmente, exigiendo su cumplimiento en todos sus niveles de Gobierno; y b) exhortar a los Jefes Delegacionales a que, en la medida de sus facultades, acaten a la letra el Estatuto de Gobierno para el Distrito Federal y la legislación vigente dentro de su competencia, en todas las materias.
2. Con la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo de referencia fue turnada a la Comisión del Distrito Federal para que, en uso de sus facultades y atribuciones, emita el dictamen previsto en el artículo 80 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
3. Dentro de los motivos que originan la proposición mencionada, la diputada refiere que, si bien la reforma política se ha convertido en una necesidad urgente para los habitantes de la Ciudad de México, lo que verdaderamente necesita el Distrito Federal es un cabal cumplimiento de las leyes y un eficaz combate a la impunidad de ciertos servidores públicos.
Como ejemplo de lo anterior, la proponente recuerda el conflicto político que protagonizaron Rafael Acosta y Clara Brugada en la delegación Iztapalapa. Asimismo, hace referencia al incremento en el presupuesto que para el ejercicio 2010 solicitó el delegado de Magdalena Contreras para su demarcación, siendo ésta una de las delegaciones más problemáticas de la capital, ya que enfrenta problemas en los servicios de agua, luz, bacheo y banquetas, entre otros.
Adicionalmente, la diputada refiere los casos de la denominada supervía Poniente y del “Bar Bar”. Respecto al primero, sostiene que dicha obra afecta las vialidades de las colonias que se encuentran en la zona de construcción; mientras que, por lo que se refiere al segundo, aduce que el delegado de Álvaro Obregón confirmó que en los cinco años previos a los conocidos acontecimientos no se realizaron verificaciones a dicho establecimiento.
4. Por lo antes expresado, la proponente considera necesario:
a) Exhortar al Gobierno del Distrito Federal a que observe estrictamente el Estatuto de Gobierno para el Distrito Federal y la legislación vigente en el territorio del Distrito Federal y las aplique cabalmente, exigiendo su cumplimiento en todos sus niveles de gobierno; y
b) Exhortar a los jefes delegacionales a que, en la medida de sus facultades, acaten a la letra el Estatuto de Gobierno para el Distrito Federal y la legislación vigente dentro de su competencia, en todas las materias.
Consideraciones
I. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
II. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina se refiere al acatamiento de los ordenamientos legales vigentes por parte del Gobierno del Distrito Federal y de los jefes delegacionales de la capital.
III. La comisión dictaminadora, después de valorar las inquietudes expresadas por la promovente, considera que los resolutivos del punto de acuerdo de mérito son ambiguos y constituyen una “generalización apresurada” de sucesos muy concretos. Por ello, se debe concluir que la solicitud resulta carente de sustento y sin un objetivo preciso, incumpliendo con lo establecido en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el cual establece que los puntos de acuerdo “representan la posición de la Cámara, en relación con algún asunto específico”.
Aunque en el cuerpo de los considerandos se expresan diferentes acontecimientos en los que la proponente alega un incumplimiento del marco jurídico de la capital, los resolutivos no se centran en ninguno de dichos sucesos, por lo que no estimamos necesario entrar al análisis del fondo del asunto, realizar los juicios de valor y aprobar el punto de acuerdo solicitado.
IV. Además, cabe decir que los resolutivos propuestos por la diputada no tienen razón de ser, en virtud de que la legislación mandata al Jefe de Gobierno y a los titulares de los órganos político-administrativos a cumplir con las leyes que se encuentran en la esfera de su competencia. En este sentido, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establece lo siguiente
Artículo 67. Las facultades y obligaciones del jefe de Gobierno del Distrito Federal son las siguientes:...
...II. Promulgar, publicar y ejecutar las leyes y decretos que expida la Asamblea Legislativa, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, mediante la expedición de reglamentos, decretos y acuerdos;
III. Cumplir y ejecutar las leyes relativas que expida el Congreso de la Unión en la esfera y competencia del órgano ejecutivo a su cargo o de sus dependencias;...
Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal señala que corresponde a las delegaciones “velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, levantar actas por violaciones a las mismas, calificarlas e imponer las sanciones que corresponda, excepto las de carácter fiscal”.
V. Por lo anterior, la Comisión dictaminadora no estima necesario entrar al análisis del fondo del asunto, realizar juicios de valor ni aprobar el punto de acuerdo solicitado.
VI. Consecuentemente, la Comisión del Distrito Federal considera que no ha lugar a aprobar el punto de acuerdo materia de este dictamen y que procede el archivo del expediente como asunto definitivamente concluido.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión del Distrito Federal somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente:
Acuerdo
Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y a los jefes delegacionales a cumplir cabalmente la normatividad del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, así como toda la legislación vigente en el ámbito de su competencia, presentada por la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo el 20 de abril de 2010.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2011.
Suscriben este dictamen los integrantes de la Comisión del Distrito Federal de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
La Comisión del Distrito Federal
Diputados: Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Roberto Rebollo Vivero (rúbrica), César Daniel González Madruga, Agustín Guerrero Castillo (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Andrés Aguirre Romero, Armando Jesús Báez Pinal (rúbrica), Carlos Bello Otero, Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Armando Corona Rivera, Omar Fayad Meneses, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Óscar González Yáñez, Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Kenia López Rabadán (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano, Nazario Norberto Sánchez, Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica).
De la Comisión de Distrito Federal, relativo a la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal a hacer públicas sus recomendaciones para desarrollos habitacionales en las 16 delegaciones de la capital
Honorable Asamblea:
La Comisión del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 80, 82, 84 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen:
Antecedentes
A la Comisión del Distrito Federal fue turnado, para su estudio y dictamen, el oficio número D.G.P.L. 61-II-5-695, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal a que haga públicas las recomendaciones de dicha dependencia a las 16 delegaciones de la capital, presentada por la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
1. Con fecha 27 de abril de 2010, la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos presentó ante la tribuna de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal a que haga públicas las recomendaciones de dicha dependencia a las 16 Delegaciones del Distrito Federal.
2. Con la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo de referencia fue turnada a la Comisión del Distrito Federal para que, en uso de sus facultades y atribuciones, emita el dictamen previsto en el artículo 80 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
3. Dentro de los motivos que originan la proposición mencionada, la diputada refiere que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT) ha encontrado irregularidades en licencias y permisos de construcción de algunos desarrolladores inmobiliarios en la delegación Benito Juárez. Ante ello, dicha institución emitió algunas recomendaciones entre las que se encuentran revocar registros de manifestaciones de construcción, suspender actividades de edificación, demoliciones, entre otras sanciones.
4. La iniciante sostiene que es imperativo que la población se entere de los criterios y razones en los cuales las autoridades del Distrito Federal fundan las decisiones para permitir la construcción de desarrollos inmobiliarios a fin de transparentar sus acciones y evitar la corrupción. Además, señala que dicha información permitirá determinar qué autoridades han incurrido en alguna irregularidad durante el otorgamiento de las licencias y los permisos necesarios para llevar a cabo construcciones.
5. Por lo anterior, la diputada proponente considera necesario exhortar a la PAOT a que haga públicas las recomendaciones de dicha dependencia para desarrollos habitacionales en las 16 delegaciones del Distrito Federal.
Consideraciones
I. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
II. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina pretende transparentar la actuación de las autoridades del Distrito Federal que se encargan de otorgar los permisos y las licencias de construcción, a través de las recomendaciones que realiza la PAOT.
III. La comisión dictaminadora ha realizado el análisis respecto a la proposición con punto de acuerdo, destacando lo siguiente:
La PAOT, como autoridad ambiental, es un organismo público descentralizado que dentro de sus atribuciones tiene las siguientes:
– Conocer e investigar sobre actos, hechos u omisiones que puedan ser constitutivos de violaciones, incumplimiento o falta de aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial;
– Imponer fundada y motivadamente, las acciones precautorias que resulten procedentes, derivadas de los reconocimientos de hechos que lleve a cabo la Procuraduría y emitir las resoluciones que correspondan a los procedimientos que se lleven a cabo con motivo de la atención de denuncias e investigaciones de oficio;
– Solicitar a la autoridad competente la revocación y cancelación de las licencias, certificados, autorizaciones y registros, cuando sean otorgadas en contra de lo prescrito por las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial o cuando se trasgredan dichas disposiciones;
– Dar respuesta a las denuncias presentadas, notificando al denunciante el resultado de los reconocimientos de hechos realizados y, en su caso, de las acciones que se hayan tomado para su atención;
– Emitir recomendaciones a las dependencias; órganos desconcentrados y entidades de la administración pública federal, estatal, municipal y del Distrito Federal, con el propósito de promover la aplicación y el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial; así como para la ejecución de las acciones procedentes derivadas de la falta de aplicación o incumplimiento de dichas disposiciones; o cuando incurran en actos u omisiones que generen o puedan generar desequilibrio ecológico, daños o deterioro grave de los ecosistemas o sus elementos; y
– Formular y difundir estudios, reportes e investigaciones respecto del cumplimiento y aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial; así como de actos u omisiones, que generen o puedan producir desequilibrios ecológicos o daños a los ecosistemas del Distrito Federal o su elemento;
IV. La Ley Orgánica de la PAOT contiene disposiciones que promueven la apertura y transparencia de sus resoluciones, recomendaciones e investigaciones. En este sentido, el artículo 11 dispone que el procurador debe enviar anualmente al jefe de Gobierno y a la Asamblea Legislativa un informe sobre las actividades de la Procuraduría, el cual deberá ser publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y contener una descripción sobre las denuncias recibidas, las investigaciones y conciliaciones realizadas, así como las resoluciones que se hubieren tomado, las recomendaciones y sugerencias emitidas que hayan sido rechazadas, cumplidas y las pendientes por cumplimentarse; y los datos estadísticos e información que se consideren de interés.
Además de ello, el artículo 17 señala que “la Procuraduría deberá promover la más amplia difusión de sus funciones y servicios entre los habitantes del Distrito Federal, así como de sus programas, a efecto de lograr el mayor acceso de la ciudadanía a las instancias de gestoría y denuncia. Asimismo difundirá ampliamente sus recomendaciones y sugerencias, así como las resoluciones que considere de importancia para promover y propiciar la aplicación y el cumplimiento de la legislación ambiental y del ordenamiento territorial y sus informes periódicos”.
Reafirmando lo anterior, el artículo 33 Bis dispone que las recomendaciones serán públicas, aunque no tendrán carácter imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirija.
V. En atención a lo dispuesto en la citada Ley Orgánica, así como en los artículos 3, 14, fracción XIX, y 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la PAOT hace públicos los informes que presenta ante su Consejo de Gobierno y ante el Instituto de Acceso a la Información Pública local.
Dichos informes incluyen las recomendaciones y resoluciones que la PAOT realiza cada año y están disponibles en el siguiente vínculo electrónico: http://www.paot.org.mx/index.php?module=paginas&func=display&pageid=274, el cual contiene información que es pública de oficio por referirse a investigaciones concluidas.
VI. Consecuentemente, la Comisión del Distrito Federal, considera que no ha lugar a aprobar el punto de acuerdo materia de este dictamen y que procede el archivo del expediente como asunto definitivamente concluido.
En mérito de lo expuesto, la Comisión del Distrito Federal somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
Acuerdo
Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal a que haga públicas las recomendaciones de dicha dependencia para desarrollos habitacionales en las 16 delegaciones del Distrito Federal, presentada por la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 27 de abril de 2010.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2011.
Suscriben este dictamen los integrantes de la Comisión del Distrito Federal de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
La Comisión del Distrito Federal
Diputados: Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Roberto Rebollo Vivero (rúbrica), César Daniel González Madruga, Agustín Guerrero Castillo (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Andrés Aguirre Romero, Armando Jesús Báez Pinal (rúbrica), Carlos Bello Otero, Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Armando Corona Rivera, Omar Fayad Meneses, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Óscar González Yáñez, Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Kenia López Rabadán (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano, Nazario Norberto Sánchez, Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica).
De la Comisión de Distrito Federal, respecto a la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a analizar y, en su caso, desechar o modificar el proyecto de iniciativa por el cual se expide la nueva Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal
Honorable Asamblea:
La Comisión del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 82, 84 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
A la Comisión del Distrito Federal fue turnado, para estudio y dictamen, el oficio número D.G.P.L. 61-II-1-0574, que contiene la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a analizar y, en su caso, desechar o modificar el proyecto de iniciativa por el cual se expide la nueva Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal propuesta por el jefe de gobierno, presentada por el diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
1. Con fecha 29 de abril de 2010, el diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez presentó ante la tribuna de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por la que exhorta a los integrantes de la V Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que de manera acuciosa y objetiva analicen y, en su caso, desechen o modifiquen las múltiples inconsistencias que presenta el proyecto de iniciativa por el cual se expide la nueva Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal que propone el jefe de gobierno.
2. En la misma fecha, la Proposición con punto de acuerdo de referencia fue turnada a la Comisión del Distrito Federal para que, en uso de sus facultades y atribuciones, emita el dictamen previsto en el artículo 80 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
3. Dentro de los motivos que originan la proposición mencionada, el diputado sostiene que la iniciativa de Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal presentada por el jefe de gobierno el 9 de diciembre de 2009, incluye disposiciones discrecionales que ponen en riesgo el futuro de la ciudad en materia de desarrollo urbano, dejando en una sola persona el destino del uso de suelo de predios y zonas del territorio de la capital.
4. Como ejemplo de lo anterior, el Diputado señala que dicha iniciativa consideraba dentro de las atribuciones del jefe de gobierno el “decretar zonas de intervención que dirijan la planeación y el ordenamiento del desarrollo urbano en áreas específicas de la ciudad”, facultándose a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) a elaborar el proyecto de zona de intervención y someterlo a la aprobación del jefe de gobierno; medida que pretendía deformar y alterar las colonias con un solo uso de suelo, fomentándose el establecimiento de nuevas áreas con usos mixtos.
A juicio del proponente, esta situación es preocupante, toda vez que se corre el riesgo de regularizar todos aquellos asentamientos que, violando la norma vigente, han sido tolerados o permitidos por las autoridades de manera discrecional e irregular como son invasiones, giros comerciales y oficinas en zonas exclusivamente habitacionales.
5. El diputado también manifiesta que la iniciativa del jefe de gobierno genera incertidumbre porque se permite al titular del Ejecutivo local y a la Seduvi incrementar las alturas y densidades de las construcciones en todo el Distrito Federal, sin limitante alguna, a través de la constitución de áreas de actuación, zonas de intervención, transferencia de potencialidades, normas generales de ordenación, incrementos del potencial constructivo, entre otras facultades.
6. Finalmente, el iniciante argumenta que de aprobarse la iniciativa se atentaría contra el orden constitucional y el Estatuto de Gobierno, ya que en este ordenamiento se define que la Asamblea Legislativa es la única facultada para legislar y regular todo lo relativo al desarrollo urbano en la capital y que, de prosperar la misma, se estaría dotando al jefe de gobierno de una facultad que no le es conferida por el marco legal.
7. Por ello, el proponente considera necesario lo siguiente:
a) Exhortar a los integrantes de la V Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a efecto de que de manera acuciosa y objetiva analicen y, en su caso, desechen o modifiquen las múltiples inconsistencias que presenta el proyecto de iniciativa por el cual se expide la nueva Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal que propone el jefe de gobierno.
b) Exhortar a los integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a analizar de forma objetiva la propuesta de Ley de Desarrollo Urbano, enviada por el jefe de gobierno del Distrito Federal, ya que de ser aprobada en sus términos, se invadirían facultades expresamente conferidas a dicho órgano legislativo local.
c) Exhortar al jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubon, a reconsiderar y replantear su propuesta de ley en materia de desarrollo urbano, la cual debió ceñirse a los principios fundamentales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, particularmente en lo referente a las facultades de desarrollo urbano.
Consideraciones
I. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
II. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina se refiere específicamente a que la iniciativa de ley presentada por el jefe de gobierno le confiere a éste facultades para regular la ordenación urbana, pasando por encima de los programas delegacionales y parciales aprobados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, órgano facultado para legislar en materia de planeación del desarrollo, desarrollo urbano y particularmente en lo relativo al uso del suelo, de conformidad con lo estipulado en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
III. Sin embargo, la iniciativa presentada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que da origen a la proposición que se dictamina, fue aprobada por el pleno del Órgano Legislativo de esta capital el 27 de abril de 2010, con 45 votos a favor, 14 en contra y cero abstenciones. Además, el 15 de julio de 2010 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto por el que se expide la nueva Ley de Desarrollo Urbano.
IV. Por ello, esta dictaminadora considera que la inquietud expresada por el proponente se refiere a un evento y objetivo concreto que ha sido rebasado por el mero transcurso del tiempo y que ha sido resuelto en definitiva por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por lo que debe concluirse que la solicitud realizada carece en la actualidad de materia.
V. Por lo anterior, la comisión dictaminadora no estima necesario entrar al análisis del fondo del asunto ni realizar juicios de valor.
VI. Consecuentemente, la Comisión del Distrito Federal considera que no ha lugar a aprobar el punto de acuerdo materia de este dictamen y que procede el archivo del expediente como asunto definitivamente concluido.
En mérito de lo expuesto, la Comisión del Distrito Federal somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
Acuerdo
Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen e identificada en el apartado de antecedentes, presentada por el diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 29 de abril de 2010.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2011.
Suscriben este Dictamen los integrantes de la Comisión del Distrito Federal de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión:
La Comisión del Distrito Federal
Diputados: Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Roberto Rebollo Vivero (rúbrica), César Daniel González Madruga, Agustín Guerrero Castillo (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Andrés Aguirre Romero, Armando Jesús Báez Pinal (rúbrica), Carlos Bello Otero, Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Armando Corona Rivera, Omar Fayad Meneses, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Óscar González Yáñez, Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Kenia López Rabadán (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano, Nazario Norberto Sánchez, Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica).
De la Comisión de Transportes, relativo a la proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de la Función Pública a aplicar acciones inmediatas respecto al descenso de categoría de la aviación civil en México por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos de América
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Transportes le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de la Función Pública a tomar acciones inmediatas respecto al descenso de categoría de la aviación civil en México por la administración federal de aviación de Estados Unidos de América.
Esta comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 85 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de la proposición señalada y conforme a las deliberaciones que de ésta realizaron los miembros de la Comisión de Transportes reunidos en pleno, presentan a esta honorable asamblea, el siguiente dictamen.
Antecedentes
1. A la Comisión de Transportes le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente D.G.P.L. 61-II-2-887, que contiene proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de la Función Pública a tomar acciones inmediatas respecto al descenso de categoría de la aviación civil en México por la administración federal de aviación de Estados Unidos de América, presentada por el diputado Éric Luis Rubio Barthell, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el miércoles 15 de diciembre de 2010.
2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar el punto de acuerdo que nos ocupa para su estudio y dictamen a la Comisión de Transportes.
De lo anteriormente expuesto, la Comisión de Transportes hace de su conocimiento el siguiente contenido de la proposición con punto de acuerdo:
En la exposición de motivos del punto de acuerdo que nos ocupa, establece que: “el 18 de septiembre de 2007, los gobiernos de México y de Estados Unidos de América firmaron el acuerdo para el fomento de la seguridad en la aviación. Éste fue aprobado por la Cámara de Senadores el 8 de octubre de 2009, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de diciembre del propio año”.
Con fecha 23 de febrero de 2010 se publicó en el DOF el decreto promulgatorio del acuerdo entre los gobiernos de México y de Estados Unidos de América para el fomento de la seguridad en la aviación, firmado en Montreal el 18 de septiembre de 2007, donde se establece que dicho decreto entra en vigor el 24 de febrero de 2010.
Asimismo, entre los propósitos del acuerdo se definen términos como aprobaciones de aeronavegabilidad, autorización de operaciones de vuelo, tripulación de vuelo, mantenimiento y monitoreo.
El legislador indica que la Administración Federal de Aviación, (AFA), emite una clasificación para la aviación. Los países etiquetados en la categoría 1 son los de buenas prácticas, mientras que la 2 está reservada para los que no cuentan con recursos para aplicar las normas que emite la Organización de Aviación Civil Internacional, (OACI).
Como consecuencia de la degradación de la aviación de México a categoría 2, se restringen nuevos servicios a ciudades estadounidenses y se limitan las posibilidades de las aerolíneas para establecer acuerdos comerciales.
Concluye el legislador estableciendo que: “se ha dicho que tras la visita de supervisión que realizó la AFA a la DGAC se solicitó al gobierno mexicano la exhibición de la lista de pilotos egresados de la citada escuela no certificada, así como la ubicación de cada uno de ellos. El plazo para entregar dicha información era febrero pasado. Concluido el plazo sin una respuesta del gobierno mexicano, a finales de julio del presente año la Embajada de Estados Unidos en México confirmó a la SCT que la AFA decidió bajar la calificación de México en materia aeronáutica a categoría 2 por incumplir los lineamientos de seguridad solicitados por la OACI”.
“Por ello es de vital importancia que se informe y puntualice a esta Soberanía cuál es el origen del incumplimiento por el cual se degradó a categoría 2 la aviación civil mexicana; cuál es el alcance de la información solicitada por la AFA; y qué acciones ha emprendido la autoridad para resolver las medidas que originaron esta situación y para que México recobre la categoría, a efecto de fundar y motivar la acción o la omisión de las autoridades responsables a fin de que, en su caso, se les separe de su encargo y se inicien los procedimientos administrativos correspondientes”.
Consideraciones de la comisión
Con fecha 1 de diciembre de 2010, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) elevó la certificación aérea de México a categoría 1 por considerar que ya cumple con los estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
La recuperación de esa categoría se confirmó debido a que cumple con todos los estándares internacionales de seguridad establecidos por la OACI, con base en los resultados de la revisión que se realizó en noviembre de 2010.
La Subsecretaría de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, refirió que se contrataron cien personas y se adquirió software y equipo de alta tecnología para asegurar una rápida recuperación en las insuficiencias que señaló la AFA.
Asimismo, se contrató a 40 pilotos, inspectores e ingenieros aeronáuticos para hacer inspecciones de plataforma y a los procesos administrativos, como la vigencia de licencias.
En ese sentido, la Comisión que dictamina considera que la proposición en comento, quedó sin materia a subsanarse los elementos que motivaron su presentación, por lo que no resulta necesaria su aprobación.
Por lo expuesto, los diputados integrantes de la de Transportes de la LXI Legislatura, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de:
Acuerdo
Primero. Se tiene por atendida la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de la Función Pública a tomar acciones inmediatas respecto al descenso de categoría de la aviación civil en México por la administración federal de aviación de Estados Unidos de América, presentada por el diputado Éric Luis Rubio Barthell, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Segundo. Archívese como asunto total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de de 2011.
La Comisión de Transportes
Diputados: Francisco Javier Martín Gil Ortiz (rúbrica), presidente; Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez, Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), secretarios; Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancilla Amador, Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villareal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica).
De la Comisión de Transportes, respecto de la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones y Transportes a realizar el presupuesto y programar recursos para modernizar el tramo carretero Campeche-Mérida, consolidar el periférico de Campeche, así como conservar y modernizar sus carreteras
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Transportes fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones y Transportes a presupuestar y programar recursos para modernizar el tramo carretero Campeche-Mérida, consolidar el periférico de Campeche y conservar y modernizar sus carreteras.
Esta comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 85, 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de la proposición señalada y, conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron los miembros de la Comisión de Transportes reunidos en pleno, presentan a esta honorable asamblea, el siguiente dictamen:
Antecedentes
1. A la Comisión de Transportes fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente DGPL 61-II-2-841, que contiene proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a presupuestar y programar recursos para modernizar el tramo carretero Campeche-Mérida, consolidar el periférico de Campeche y conservar y modernizar sus carreteras, presentada por el diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
2. En sesión ordinaria del 13 de diciembre de 2010, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar el punto de acuerdo que nos ocupa, para su estudio y dictamen, a la Comisión de Transportes.
De lo expuesto, esta Comisión de Transportes hace de su conocimiento el siguiente
Contenido de la proposición
El diputado Carlos Oznerol Pacheco menciona que actualmente el estado de Campeche presenta el mayor rezago en infraestructura carretera en nuestro país, pese a su ubicación estratégica para el traslado de insumos a toda la península de Yucatán; además de que constituye el paso obligado por la vía terrestre hacia uno de los principales destinos turísticos en Quintana Roo, que aporta una importante cantidad de divisas a la federación.
Asimismo, indica que al interior del estado, a pesar de que se han iniciado trabajos de modernización, los recursos que se han destinado para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación, no son suficientes.
Agrega el diputado Pacheco Castro, que se encuentran en desarrollo trabajos de modernización en el tramo carretero que comunica a la ciudad capital de San Francisco de Campeche con la ciudad de Mérida, Yucatán, por lo que considera necesario destinar más recursos para concretar una vialidad que satisfaga las necesidades de los municipios que se encuentran enlazados por esta obra carretera, como son Tenabo, Hecelchakán y Calkiní.
La proposición del diputado Pacheco Castro expone también que el volumen de tránsito vehicular hacia el extremo de la península, ha convertido a ésta en una carretera altamente peligrosa por lo estrecho de sus dimensiones y lo confuso que pueden resultar para los viajeros las intersecciones y desviaciones que a lo largo del camino existen, pues a diario transitan aproximadamente 5 mil 500 vehículos, cantidad que se duplica los fines de semana, lo que propicia una saturación en la carretera y que debido a la escasa inversión, propicia que los accidentes estén a la orden del día, muchos de ellos con resultados mortales.
En ese sentido, el diputado Oznerol Pacheco plantea que se destinen y programen durante el ejercicio fiscal 2011, 550 millones de pesos para el plan carretero de Campeche, por lo que propone que se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a asignar tales recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Consideraciones de la comisión
La Comisión de Transportes reconoce que el mantenimiento de una carretera tiene como propósito fundamental el de prever y solucionar los problemas que se presentan a causa de su uso para brindar al usuario el nivel de servicio para el que fue diseñada. Asimismo, la duración de un camino está determinada por una adecuada respuesta al mantenimiento para prolongar su vida útil, velando siempre por la seguridad de los que en ella transitan y detonar el desarrollo integral del estado y en consecuencia del país.
La infraestructura y los servicios de comunicaciones y transportes son fundamentales para lograr un desarrollo humano sustentable, con crecimiento económico y la generación de los empleos que requiere la sociedad, todo lo cual ha de propiciar mayor equidad con reducción de la pobreza y fomento del bienestar.
Sin embargo, la solicitud que plantea el diputado Pacheco Castro no está correctamente fundamentada, toda vez que la solicitud de destinar una importante cantidad de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación al desarrollo del plan carretero de Campeche carece de los elementos necesarios que le den sustento a una decisión tan importante por parte de esta Cámara de Diputados.
Si bien, corresponde a una comisión legislativa revisar, evaluar, discutir, integrar y aprobar el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos para cada ejercicio fiscal, ésta es precisamente, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; no así, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, como lo plantea la propuesta en estudio.
Por otra parte, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el artículo 46 de su reglamento, todo programa o proyecto de inversión que se desee emprender, requiriendo fondos con cargo al presupuesto de egresos de las dependencias o entidades de la administración pública federal, deberá contar con un número de registro en la cartera de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
De conformidad con lo anterior, sólo las entidades y dependencias gubernamentales tienen la facultad para llevar a cabo la solicitud de registro mediante el Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP).
Por esta razón, desde la promulgación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la emisión del reglamento correspondiente, los gobiernos locales que deseen obtener recursos del presupuesto federal para financiar algún programa o proyecto de inversión en sus jurisdicciones, deben acudir ante las representaciones estatales o regionales de las dependencias o entidades gubernamentales para que a través de ellas se realice el registro correspondiente.
Cabe mencionar que, en primer lugar, los gobiernos locales, municipales o estatales, deben desarrollar su propuesta para llevar a cabo un programa o proyecto de inversión. Asimismo, deben integrar un bosquejo o presentación preliminar donde se exponga su idea de proyecto de inversión, así como los estudios de costo y beneficio correspondientes.
Posteriormente, deberán acudir con su propuesta a la delegación o representación estatal o regional de la dependencia a la cual corresponda su proyecto de inversión, es decir, a la representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para el caso que nos ocupa.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Transportes consideramos que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo en análisis, por lo que sometemos a consideración del pleno el siguiente proyecto de
Acuerdo
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a presupuestar y programar recursos para modernizar el tramo carretero Campeche-Mérida, consolidar el periférico de Campeche y conservar y modernizar sus carreteras, presentada por el diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro, del Partido Revolucionario Institucional, el 13 de diciembre de 2010.
Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2011.
La Comisión de Transportes
Diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez, Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, Óscar Román Rosas González (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador, Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villareal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica).
De la Comisión de Transportes, en relación con tres proposiciones con punto de acuerdo: por la que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a considerar la eliminación de la caseta de peaje número 71, de Chalco; por la que se exhorta a esa misma dependencia a negociar con la concesionaria que se elimine la caseta del tramo Armería-Manzanillo, en apoyo de la economía y la seguridad personal de los usuarios; y por la que se exhorta a la SCT y a Caminos y a Capufe a eliminar las casetas números 107, desarrollo industrial Emiliano Zapata; 106, aeropuerto Mariano Matamoros, Temixco; y 105, Xochitepec
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Transportes fueron turnadas, para estudio, análisis y dictamen, tres proposiciones con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a eliminar diversas casetas de peaje en autopistas nacionales.
Esta comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 80, 81, 82, 84, 85 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de las proposiciones señaladas y conforme a las deliberaciones que de las mismas realizaron los miembros de la Comisión de Transportes reunidos en Pleno, presentan a esta honorable asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
1. A la Comisión de Transportes fue turnado, para estudio y dictamen, el expediente número DGLP 61-II-4-153 , que contiene proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT a considerar la eliminación de la caseta de peaje número 71, de Chalco, porque es perjudicial para el presupuesto familiar de los habitantes de la zona oriente del estado de México, presentada por el diputado Armando Corona Rivera, del PRI, en sesión ordinaria de fecha 10 de noviembre de 2009.
2. En sesión ordinaria de la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar el Punto de Acuerdo a la Comisión de Transportes.
3. A la Comisión de Transportes fue turnado, para estudio y dictamen, el expediente número DGPL 61-II-1-0218 , que contiene proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT a realizar con la concesionaria de la autopista Manzanillo-Armería las negociaciones necesarias para que se elimine la caseta en el tramo Armería-Manzanillo, en apoyo de la economía y la seguridad personal de los usuarios, presentada por el diputado Carlos Cruz Mendoza del PRI en sesión ordinaria de fecha 8 de diciembre de 2009.
4. En sesión ordinaria de la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar el punto de acuerdo a la Comisión de Transportes.
5. A la Comisión de Transportes fue turnado, para estudio y dictamen, el expediente número DGPL 61-II-8-355 , que contiene proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT y a Capufe a eliminar las casetas números 107, Desarrollo Industrial Emiliano Zapata; 106, aeropuerto Mariano Matamoros, Temixco; y 105, Xochitepec, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar del PRI en sesión ordinaria de fecha 7 de abril de 2010.
De lo expuesto, la Comisión de Transportes hace de su conocimiento el siguiente contenido de las proposiciones con punto de acuerdo citadas:
1. La proposición del diputado Armando Corona Rivera plantea que considerando la crisis económica reciente, la población del oriente del estado de México que en su mayoría está compuesta por migrantes de las entidades más pobres del país resultan afectados económicamente por la localización de la caseta de cobro en la autopista México-Puebla, es decir, los pobladores de los municipios de Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco, Cocotitlán, Tenango del Aire, Temamatla, Juchitepec, Tlalmanalco y Amecameca, que en conjunto representan cerca de 4 millones de habitantes.
Indica también que por el mismo motivo, se afecta a los miles de paseantes que los fines de semana transitan con sus vehículos automotores en un recorrido de aproximadamente 2 kilómetros que comprende esa “autopista”, teniendo que hacer el pago del peaje, aún cuando su intención es incorporarse a la carretera federal México-Cuautla, lo que afecta el libre tránsito de los vecinos de varios municipios del mismo estado y de Morelos.
Por ello, plantea que la caseta se reubique por lo menos a 5 kilómetros posteriores de su actual ubicación, cobrando así por la continuidad y uso de la autopista mas no por el tramo recorrido que se describe.
2. Por su parte, el diputado Carlos Cruz Mendoza expone en su proposición que Colima aporta a la federación importantes recursos provenientes del puerto de Manzanillo, ya que es el más importante de occidente; además, de la actividad económica alimentada por el sector turístico nacional e internacional y el comercio en general que se desarrollan en esa zona. Sin embargo, plantea que las cuotas de peaje de las casetas que integran el tramo carretero Armería-Manzanillo, afectan la actividad económica, comercial y turística de ese estado, por los cobros excesivos que se observan.
Agrega que, como consecuencia de la intensa actividad comercial del puerto, el tráfico de camiones de carga también se ha incrementado notablemente, sobre todo en el tramo Manzanillo-Armería de la carretera federal, donde la circulación es lenta y peligrosa, debido a que por ahí circulan tractocamiones con semirremolque o doble semirremolque, por el alto costo de peaje que significa viajar por la autopista.
En ese sentido, el diputado Cruz Mendoza propone que se elimine la caseta de peaje por el uso de la autopista en el tramo Armería-Manzanillo, en apoyo de la economía y seguridad personal de quienes hacen uso de dicha vía de comunicación.
3. Asimismo, el diputado José Manuel Agüero Tovar expone que la zona metropolitana de Cuernavaca cuenta con dos vías de comunicación, la Autopista del Sol México-Acapulco que atraviesa de norte a sur, comunicando los municipios de Cuernavaca, Temixco, Emiliano Zapata, Jiutepec y Xochitepec, y la carretera federal México-Acapulco, que comunica con otros municipios vecinos.
De tal manera, indica el diputado Agüero Tovar, en el tramo carretero Cuernavaca-Central de Abastos conocido como Diez, se encuentra la caseta 107 situada en el kilometro 102+000 con una longitud de 7 kilómetros, compartiendo el tramo los municipios de Temixco y Emiliano Zapata. Por su parte, ubicada en el kilómetro 104+800, la caseta 106 aeropuerto “Mariano Matamoros” del municipio de Temixco tiene una longitud de 9.8 kilómetros; además, en el kilómetro 107+900 y con una longitud de 13.072 kilómetros se localiza la caseta 105 en el municipio de Xochitepec.
Lo anterior da pie a que estas vías de comunicación se encuentren operando con toda su capacidad, más aún los fines de semana, cuando el tránsito vehicular hacia la ciudad de Acapulco, Guerrero, se duplica, con los consecuentes problemas de tráfico. Por ello, el diputado Manuel Agüero propone la eliminación de las casetas de peaje, para agilizar el tránsito e incentivar el movimiento económico y turístico hacia las zonas arqueológicas y balnearios de Morelos.
Consideraciones de la comisión
1. En relación con la proposición del diputado Armando Corona, la Comisión que suscribe considera adecuado destacar que la autopista México-Puebla es una importante vía de comunicación que conecta la Ciudad de México con los estados de México, Tlaxcala y Puebla, la cual cuenta con una longitud de 129 kilómetros y una alta capacidad de tránsito; es por ello que en la misma se encuentran varias casetas de peaje, pues su intenso servicio requiere de un mantenimiento constante para ofrecer la alta calidad que se desea.
Por otro lado, cabe recordar que como parte de las modalidades del esquema de rescate carretero que se presentó en nuestro país a mediados de la década de 1990, se plantearon cuatro opciones: la concesión a la iniciativa privada, la bursatilización, la obra pública financiada y la emisión de bonos a largo plazo. Igualmente se consideró la posible bursatilización de nuevos tramos carreteros y que la administración de algunas autopistas quedara en manos de consorcios mixtos, integrados por el gobierno federal, empresas operadoras e inversionistas, que garanticen la rentabilidad a largo plazo y saneen las finanzas públicas.
Además, se constituyó el Fideicomiso 1936, en el que participa como institución fiduciaria y fideicomitente el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), y se le expidió la concesión para explotar las 23 carreteras objeto del rescate. En tal virtud, se estipuló que dichas carreteras se destinarían al servicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública vigilaran el cumplimiento de dicho rescate.
En ese sentido, las tarifas de peaje son fijadas por el organismo responsable de su operación. En el caso de las carreteras construidas por el Estado y que han sido entregadas a Capufe para su administración, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autoriza la tarifa; para el caso de las autopistas manejadas por el FARAC, es el comité técnico del fideicomiso el que determina la tarifa, y para las autopistas concesionadas es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quien determina la tarifa bajo reglas específicas. Por tal motivo, la propuesta del diputado Corona Rivera no resulta adecuada, ya que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no es la única instancia involucrada en la operación de las casetas de peaje en las autopistas del país.
Asimismo, la Comisión de Transportes considera que no es de aprobarse la propuesta en análisis, toda vez que, en el caso de una eventual reubicación de la caseta de peaje en la autopista México-Puebla, se verían afectados los recursos que recibe el municipio donde ésta se ubica, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, así como los ingresos de la Federación por concepto de Aprovechamientos contemplados en la Ley de Ingresos de la Federación.
2. Por su parte, la Comisión de Transportes considera que proposición del diputado Cruz Mendoza también resultaría gravosa para las finanzas del municipio donde se encuentra la caseta de peaje de la autopista Armería-Manzanillo, en el sentido de que si se presentara la eliminación de dicha caseta, la hacienda municipal no tendría acceso a la participación en los ingresos que se obtienen por aforo vehicular de ésta, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal; asimismo, los ingresos de la Federación por concepto de Aprovechamientos contemplados en la Ley de Ingresos de la Federación se verían afectados.
Lo anterior, sin menoscabo de que una acción como la que se propone generaría un grave perjuicio a la empresa concesionaria, generando un estado de incertidumbre jurídica, en términos del título de concesión a su favor, por lo que esta comisión dictaminadora no considera adecuado aprobar la propuesta de mérito.
3. De igual manera, la Comisión de Transportes no considera adecuado aprobar la proposición presentada por el diputado José Manuel Agüero en los términos de las anteriores consideraciones, toda vez que la eliminación de las casetas de peaje que se propone, resultaría en detrimento de las finanzas públicas de los municipios donde se encuentran ubicadas las casetas y de la Federación, al eliminarse también la participación en los ingresos por aforo vehicular en las mismas, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, y los ingresos por Aprovechamientos, contemplados en la Ley de Ingresos de la Federación.
En tal sentido, la Comisión de Transportes considera que las medidas planteadas en las proposiciones de mérito no son la solución adecuada a los problemas económicos y de vialidad de las distintas regiones de nuestro país y por el contrario, vulneran la situación de las finanzas públicas municipales, en detrimento de las necesidades de sus habitantes.
Sobre el particular, se debería dar cumplimiento al artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que establece que cuando se proponga un aumento o creación de gasto, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.
En consecuencia, se deben tener identificados los recursos presupuestarios con cargo a los cuales se realizaría la compensación de ingresos. De no ser así, se correría el riesgo de que se aprobara la medida sin contar con los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos para su cumplimiento, o que se tuvieran que afectar otros programas prioritarios.
Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Transportes consideramos que no son de aprobarse las proposiciones con punto de acuerdo en análisis, por lo que sometemos a consideración del pleno los siguientes
Acuerdos
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT a considerar la eliminación de la caseta de peaje número 71, de Chalco, porque es perjudicial para el presupuesto familiar de los habitantes de la zona oriente del estado de México, presentada por el diputado Armando Corona Rivera del Partido Revolucionario Institucional, de fecha 10 de noviembre de 2009.
Segundo. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT a realizar con la concesionaria de la autopista Manzanillo-Armería las negociaciones necesarias para que se elimine la caseta en el tramo Armería-Manzanillo, en apoyo de la economía y la seguridad personal de los usuarios, presentada por el diputado Carlos Cruz Mendoza del Partido Revolucionario Institucional, de fecha 8 de diciembre de 2009.
Tercero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT y a Capufe a eliminar las casetas números 107, Desarrollo Industrial Emiliano Zapata; 106, aeropuerto Mariano Matamoros, Temixco; y 105, Xochitepec, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar del Partido Revolucionario Institucional, de fecha 7 de abril de 2010.
Cuarto. Archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2011.
La Comisión de Transportes
Diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez, Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador, Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villareal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica).