De la Secretaría de Gobernación, con las que remite seis contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente

México, DF, a 16 de febrero de 2011.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta del oficio número DGPL 61-II-3-838, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Balfre Vargas Cortez, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 112/ 00000639, suscrito por la licenciada Raquel Ramírez Parra, directora de Legislación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la incorporación de México a la Red Internacional del Bambú y del Ratán.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

México, DF, a 15 de febrero de 2011.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

Secretaría de Gobernación

Presente

Por instrucciones del licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos, doy respuesta a su oficio número SEL/ UEL/ 311/ 4053/ 10, mediante el cual hace del conocimiento de esta unidad administrativa el punto de aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 7 de diciembre del año próximo pasado relativo a la integración en la Red Internacional del Bambú y el Ratán.

Sobre el particular, sírvase encontrar adjunta al presente copia del oficio número CGPP- 0040/ 11, signado por el maestro en ciencias Sergio Humberto Graf Montero, coordinador general de Producción y Productividad de la Comisión Nacional Forestal Gerente, por el que en el ámbito de su competencia da respuesta al punto de acuerdo referido.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente

Licenciada Raquel Ramírez Parra (rúbrica)

Directora de Legislación

Zapopan, Jalisco, a 13 de enero de 2010.

Licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant

Titular de la Unidad Coordinadora

de Asuntos Jurídicos de la Semarnat

Presente

Con relación a su oficio número 112/ 05780, de fecha 16 de diciembre de 2010, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, adoptado en su sesión del 7 de diciembre pasado y por instrucciones del doctor Juan Manuel Torres Rojo, director general de la Comisión Nacional Forestal, le refiero lo siguiente:

Actualmente, la Comisión Nacional Forestal realiza los trámites requeridos para integrarse como miembro de la Red Internacional del Bambú y del Ratán. Una vez que el ingreso se concrete se informará por su conducto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Aprovecho la ocasión para mandarle un cordial saludo.

Atentamente

Sergio Humberto Graf Montero (rúbrica)

Coordinador General de Producción y Productividad

(Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.)

México, DF, a 16 de febrero de 2011.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-6-0752 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María Guadalupe García Almanza, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 0039 suscrito por el licenciado Joaquín Blanes Casas, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la discriminación en el acceso laboral para las personas mayores de 40 años.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

México, DF, a 8 de febrero de 2011.

Maestro Juan Hernández Santillán

Subsecretario de Enlace Legislativo de la Segob

Presente

Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/4217/10, mediante el cual se comunicó el punto de acuerdo aprobado el 14 de diciembre del 2010, por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el que se exhorta a las autoridades laborales de los ámbitos federal y local a instaurar las acciones y los procedimientos necesarios a efecto de prevenir la discriminación en el acceso laboral para las personas mayores de 40 años.

Al respecto, comunico a usted que se ha tomado debido conocimiento del referido punto de acuerdo, siendo importante resaltar lo siguiente:

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, propone en el Eje 2 Economía competitiva y generadora de empleos, específicamente en la Estrategia 4.2, dirigido a fomentar la equidad e inclusión laboral y consolidar la previsión social, la creación de condiciones para el trabajo digno, bien remunerado, con capacitación, seguridad y salud.

Con base en ello, el Programa Sectorial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 2007-2012 establece, en su Objetivo 9, relativo a promover la equidad y la inclusión laboral, la generación de políticas y de adecuar la normatividad para la no discriminación e igualdad de oportunidades de las personas en el empleo.

Frente a este compromiso de gran envergadura y con la finalidad de fomentar el ingreso, la promoción y permanencia en el empleo en condiciones de trabajo decente, la STPS promueve la equidad y la inclusión laboral, particularmente de grupos en situación de vulnerabilidad laboral, a través de las siguientes acciones:

- Programas de capacitación gratuitos: buscan ampliar las’ capacidades y habilidades de las personas a fin de que puedan acceder a un nuevo empleo. Para ello, se ponen a su disposición el Programa de Formación de Agentes Multiplicadores y el Programa de Capacitación a Distancia para Trabajadores (Procadist).

- Servicio Nacional de Empleo: vincula la oferta y demanda de empleo mediante la orientación y difusión de puestos vacantes, y apoya la movilidad de la población desempleada y subempleada para que incremente sus capacidades laborales, a través de:

• Portal del empleo: es la bolsa de trabajo electrónica más grande de México (www.empleo.gob.mx) que reúne y difunde información sobre vacantes de empleo, apoyos de capacitación, asesoría para realizar y difundir el curriculum del trabajador;

• Kioscos de información: equipos informáticos con acceso a internet las 24 horas del día para consultar ofertas de empleo, requisitos, contactar con las empresas e inscribirse en un servicio de correo electrónico para recibir avisos periódicos de las ofertas de empleo, y

• Centros de intermediación laboral: servicios tecnológicos de apoyo para la búsqueda de empleo, así como asesoría de personal especializado en orientación ocupacional para jóvenes.

Por otra parte, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), órgano desconcentrado de la STPS, tiene la misión de asesorar a los trabajadores y a sus beneficiarios en materia laboral y, en su caso, representarlos jurídicamente, además de proponer soluciones a trabajadores y empleadores a través de la conciliación, proporcionando todos sus servicios de manera gratuita. La Profedet, a efecto de brindar un servicio más eficiente de orientación y asesoría jurídico laboral, en coordinación con la Subsecretaría de Inclusión Laboral de la STPS, implantó desde febrero de 2009, la instalación de un servicio de atención de llamadas telefónicas en la referida materia, con enfoque de género y de servicio a grupos en situación de vulnerabilidad, a través de una línea telefónica única, confidencial, gratuita y a nivel nacional, 01 800 911 7877, en la que se otorga la asistencia debida a los usuarios sobre los asuntos que plantean, ante la posible presencia de conflictos laborales, y eventualmente se les canaliza a instancias de apoyo especializadas y/o locales.

Asimismo, es de mencionarse que la STPS firmó un convenio con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con el objeto de prevenir y erradicar la discriminación en el mercado laboral y fue emitida la Norma mexicana para la igualdad laboral entre mujeres y hombres, como un instrumento de certificación que establece requisitos, expresados en prácticas e indicadores, que comprueban que las organizaciones respetan la igualdad y la no discriminación, la previsión social, el clima laboral adecuado, la libertad sindical y la accesibilidad laboral entre mujeres y hombres, dirigida a organizaciones públicas, privadas y sociales, ya sean empresas, dependencias o entidades públicas, sindicatos u organizaciones de la sociedad civil, sin importar su tamaño o actividad, en todo el territorio mexicano.

Los requisitos de la norma, consistentes en indicadores puntuales, están divididos en 5 ejes:

A. Igualdad y no discriminación: se refiere a la adopción de políticas y acciones para la igualdad y la no discriminación entre mujeres y hombres en las comunicaciones internas y externas de la organización; en el reclutamiento, selección y permanencia en el trabajo; en los salarios, incentivos y compensaciones; y en la promoción vertical y horizontal.

B. Previsión social: verifica que las y los trabajadores disfruten, sin ningún tipo de discriminación, de las prestaciones y beneficios ofrecidos por la organización. Asimismo, se refiere a la instrumentación de esquemas y mecanismos que permitan a trabajadoras y trabajadores conciliar la vida familiar y la vida laboral.

C. Clima laboral: comprueba la existencia de prácticas e indicadores para crear un ambiente de trabajo libre de violencia laboral; cuenta con un instrumento que mide el nivel de satisfacción de las y los trabajadores en el espacio laboral.

D. Accesibilidad y ergonomía: se refiere a espacios físicos y mobiliario adaptado a las necesidades de mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas adultas mayores.

E. Libertad sindical: corrobora el respeto al derecho de las y los trabajadores para constituir organizaciones sindicales, y para afiliarse o no a las existentes, sin ningún tipo de discriminación.

Finalmente, cabe manifestar que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003, contiene medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades, así como procedimientos para que cualquier persona denuncie presuntas conductas discriminatorias y presente las reclamaciones o quejas ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, ya sea directamente o por medio de su representante.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado Joaquín Blanes Casas (rúbrica)

Subsecretario

(Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.)

México, DF, a 16 de febrero de 2011.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-3-867, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María de Jesús Aguirre Maldonado, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 0040 suscrito por el licenciado Joaquín Blanes Casas, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los riesgos laborales con las herramientas de trabajo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

El Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)

México, DF, 8 de febrero de 2011.

Maestro Julián Hernández Santillán

Subsecretario de Enlace Legislativo de la Segob

Presente

Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/4203/10, mediante el cual se comunicó el punto de acuerdo aprobado el 14 de diciembre del 2010 por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a tomar las medidas conducentes para asegurar que todo empleado que se desempeñe como repartidor, mensajero o similar, y cuya herramienta principal de trabajo sea una motocicleta, tenga condiciones dignas de trabajo y cuente con protección social que le permita afrontar los riesgos laborales inherentes a su empleo, además de considerar que se adicione un capítulo en el reglamento en materia de seguridad e higiene, que considere el uso de la motocicleta como un riesgo de trabajo, en caso de ser ésta la principal herramienta de trabajo.

Al respecto, comunico a usted que se ha tomado debido conocimiento del referido punto de acuerdo, siendo importante resaltar lo siguiente:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 123, apartado A, fracciones XIV y XV, establece:

“Artículo 123. ...

Apartado A ...

XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario;

XV. El patrono estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada caso;

...”

Por su parte, la Ley Federal del Trabajo aborda el tema de los riesgos de trabajo de la manera siguiente:

“Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:

...

II. Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes en la empresa o establecimiento;

...

XVII. Cumplir las disposiciones de seguridad e higiene que fijen las leyes y los reglamentos para prevenir los accidentes y enfermedades en los centros de trabajo...

...”

“Artículo 487. Los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tendrán derecho a:

...

VI. La indemnización fijada en el presente título...

...”

De lo anterior se desprende claramente que, tanto la Carta Magna como la Ley Federal del Trabajo, consideran la regulación de los riesgos de trabajo (enfermedades y accidentes a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo), los cuales son responsabilidad del patrón, quien está obligado a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, de acuerdo con la naturaleza de la negociación, supuestos que son del todo aplicables al caso que nos ocupa sobre los empleados que se desempeñan como repartidores, mensajeros o similares, y cuya herramienta principal de trabajo es una motocicleta.

En este sentido, toda vez que son características de la ley el ser general, impersonal y abstracta, esto es, que comprende a todos aquellos que se encuentran en las condiciones previstas por ella, sin excepciones de ninguna clase, y no se emiten para regular o resolver casos individuales, ni para personas o grupos determinados, se estima que no es necesario modificar o agregar disposiciones específicas para catalogar el uso de la motocicleta como un riesgo de trabajo, pues se reitera que las actuales normas laborales, que regulan los riesgos de trabajo, son aplicables, no solamente a los trabajadores cuya herramienta principal de trabajo sea una motocicleta, sino a todos los trabajadores.

Por otra parte, en cuanto a que los empleados que se desempeñen como repartidores, mensajeros o similares, y cuya herramienta principal de trabajo sea una motocicleta, cuenten con la protección social que les permita afrontar los riesgos laborales inherentes a su empleo, se aprecia que las vigentes normas de seguridad social, otorgan protección a dichos trabajadores.

En efecto, la Ley del Seguro Social señala, en la fracción I de su artículo 15, que los patrones están obligados, entre otras cuestiones, a registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual incluye, desde luego, a todo empleado que se desempeñe como repartidor, mensajero o similar, y cuya herramienta principal de trabajo sea una motocicleta.

Igualmente, la Ley del Seguro Social establece que el régimen obligatorio comprende, entre otros, el seguro de riesgos de trabajo, el cual otorga diversas prestaciones en dinero y especie, y en su artículo 53 dispone: “El patrón que haya asegurado a los trabajadores a su servicio contra riesgos de trabajo, quedará relevado en los términos que señala esta ley, del cumplimiento de las obligaciones que sobre responsabilidad por esta clase de riesgos establece la Ley Federal del Trabajo”.

En virtud de lo expuesto, se considera que todo empleado que se desempeñe como repartidor, mensajero o similar, y cuya herramienta principal de trabajo sea una motocicleta, goza de las condiciones mínimas de trabajo que establecen el artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y sus reglamentos, incluyendo las relativas a riesgos de trabajo, los cuales son responsabilidad del patrón, quien entre otras cuestiones, está obligado a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, como son las motocicletas.

Asimismo, los patrones, por disposición de la Ley del Seguro Social, tienen la obligación de inscribir a sus trabajadores, incluyendo a todo empleado que se desempeñe como repartidor, mensajero o similar, y cuya herramienta principal de trabajo sea una motocicleta, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que puedan gozar de las prestaciones del seguro de riesgos de trabajo.

Lo anterior, sin dejar de observar que tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley del Seguro Social, contienen disposiciones tendentes a vigilar el cumplimiento de las obligaciones patronales, incluyendo el tema de los riesgos de trabajo, así como las relativas a la imposición de sanciones por la falta de cumplimiento.

De aceptarse la propuesta que nos ocupa, se podría llegar al extremo de realizar un apartado específico para cada tipo de empleo o puesto de trabajo, lo cual se considera improcedente en el sistema jurídico mexicano, toda vez que, como se manifestó líneas arriba, son características de las leyes ser generales, impersonales y abstractas.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

El Subsecretario del Trabajo

Licenciado Joaquín Blanes Casas (rúbrica)

(Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.)

México, DF, a 16 de febrero de 2011.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-3-869, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María de Jesús Aguirre Maldonado, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 0042, suscrito por el licenciado Joaquín Blanes Casas, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la nota otorgada al Sindicato Independiente Nacional de los Trabajadores de la Salud y a sus secciones.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)

Titular de la Unidad Enlace Legislativo

México, DF, 31 de enero de 2011.

Licenciado Julián Hernández Santillán

Subsecretario de Enlace Legislativo

Secretaría de Gobernación.

Presente

Acuso recibo del oficio de la Unidad de Enlace Legislativo SEL/UEL/311/4202/10, del pasado 15 de diciembre, por el que comunicó el punto de acuerdo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, aprobado en su sesión del 14 de diciembre de 2010, relativo a la exhortación a los Secretarios de Salud de diferentes entidades federativas para respetar la toma de nota con que cuenta el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Salud y sus secciones.

Al respecto, es pertinente precisar que el 11 de diciembre de 2007, la Dirección General de Registro de Asociaciones de esta secretaría otorgó el registro correspondiente al citado sindicato, en estricto acatamiento de la sentencia de amparo dictada el 29 de noviembre de 2007 por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Ello se hizo del conocimiento de los secretarios de Gobierno de Tabasco, Michoacán, Puebla, Durango, Zacatecas, Chiapas, Hidalgo y Distrito Federal, mediante sendos oficios de fecha 31 de marzo de 2008, girados por la propia Dirección General de Registro de Asociaciones.

No omito señalar que éste y otros asuntos de carácter laboral relacionados con el referido Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Salud, cuyo secretario general es el doctor Antonio Sánchez Arriaga, fueron atendidos en el marco del diálogo impulsado por esta dependencia del Ejecutivo federal con la Unión Nacional de Trabajadores, desde el inicio de la presente Administración.

Le envío un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado Joaquín Blanes Casas (rúbrica)

Subsecretario

(Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.)

México, DF, a 16 de febrero de 2011.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta del oficio número DGPL 61-II-8-698, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María Guadalupe García Almanza, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 0037, suscrito por el licenciado Joaquín Blanes Casas, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los derechos laborales y la seguridad social de los jornaleros agrícolas, especialmente de los niños.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

México, DF, a 8 de febrero de 2011.

Maestro Julián Hernández Santillán

Subsecretario de Enlace Legislativo

De la Secretaría de Gobernación

Presente

Me refiero al oficio número SEL/ UEL/ 311/ 4209/ 10, mediante el cual se comunicó el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la sesión del 14 de diciembre de 2010, donde se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a tutelar con energía lo dispuesto en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, de manera que se respeten los derechos laborales y la seguridad social de los jornaleros agrícolas, especialmente de los niños, y a establecer las sanciones a quienes violenten la normatividad jurídica relativa, y en su caso, se puedan deslindar responsabilidades.

Comunico a usted que se ha tomado debido conocimiento del referido punto de acuerdo, siendo importante resaltar los siguientes aspectos:

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 indica en el eje 2, “Economía competitiva y generadora de empleos”, específicamente en la estrategia 4.2, que “se otorgará atención prioritaria a grupos en situación de vulnerabilidad a partir de políticas focalizadas, particularmente en materia del trabajo temporal en el campo de grupos migratorios”.

El objetivo 7 del Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012 señala que es necesario instaurar estrategias para la atención integral de los jornaleros agrícolas y sus familias, en atención de lo dispuesto en el eje rector 2, objetivo 4, del PND, el cual menciona que “se fortalecerán la coordinación interinstitucional y la sinergia de programas gubernamentales para garantizar el acceso de la población jornalera agrícola a un trabajo digno, con respeto de los derechos laborales y de seguridad y previsión social, y en condiciones de equidad, justicia y legalidad que permita el desarrollo individual, familiar y comunitario en sus lugares de origen, destino y en tránsito”.

Por lo anterior, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social instaura la política para la prevención del trabajo infantil y la protección de menores trabajadores en edad permisible, que considera tres ejes:

1. Generar información estadística en forma periódica

Se ha considerado de vital importancia la generación de estadísticas periódicas en torno de la ocupación infantil en México. Con base en ello se diseñó un módulo de trabajo infantil anexo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, durante 2007 y 2009, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, A fin de medir la ocupación infantil de 5 a 17 años y con ello mejorar la focalización de las políticas públicas en la materia.

Con la aplicación de dicho módulo, el país cuenta por primera vez con datos comparables. Los resultados entre 2007 y 2009 son éstos:

1. La población infantil de 5 a 17 años disminuyó en 3.3 por ciento: pasó de 29.2 a 28.2 millones de 2007 a 2009.

2. El total de niños ocupados en este rango de edad registró un descenso de 17.3 por ciento: pasó de 3.6 a 3 millones en el mismo periodo. La mayor disminución fue en los ocupados de 5 a 13 años, con 23.1 por ciento, mientras que en el grupo de 14 a 17 años la caída fue de -14.8 por ciento.

3. Los niños ocupados que no asistían a la escuela también disminuyeron: registraron un descenso de 21 por ciento, frente a un decremento de 14.8 por ciento en los que asistían a la escuela.

4. De los poco más de 630 mil niños que dejaron de realizar actividades económicas en el periodo, 26 por ciento laboraba en las actividades agropecuarias, 30.3 en la industria, 19 en el comercio, 23.2 en los servicios, y el resto no especificó el sector de actividad económica.

5. Los niños que desempeñaban quehaceres domésticos sin remuneración en sus hogares registraron un ligero descenso: pasaron de 19.3 a 19 millones, es decir, un decremento de 1.4 por ciento.

6. La tasa de ocupación infantil bajó de 12.5 por ciento en 2007 a 10.7 en 2009, proporción que en los niños pasó de 16.6 a 14.1 por ciento y en las niñas de 8.3 a 7.2 en el periodo.

7. La tasa de hogares con niños ocupados descendió de 18.4 a 15.8 por ciento entre 2007 y 2009, en tanto que la de hogares monoparentales con niños ocupados pasó de 20.9 en 2007 a 17.9 en 2009.

Los indicadores en general muestran importantes avances en la lucha contra el trabajo infantil en el periodo analizado, pues cada vez menos niños participan en las actividades económicas.

2. Impulsar mecanismos de coordinación interinstitucional

Se colabora con los sectores público, social y privado para promover buenas prácticas en materia de trabajo infantil, retomando los resultados de los respectivos módulos de trabajo infantil 2007 y 2009, como insumo para instaurar políticas públicas más eficientes.

A la fecha se han realizado 22 foros-taller La participación intersectorial en la prevención y erradicación del trabajo infantil, así como la protección de menores trabajadores en edad permisible, en Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas.

Como producto de dichos foros-taller, se han firmado 19 cartas compromiso intersectorial para la prevención y erradicación del trabajo infantil, así como la protección de menores trabajadores en edad permisible, en Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero. Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca. Puebla, Querétaro. Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora. Tabasco, Yucatán y Zacatecas. En el caso de Michoacán, se han firmado 142 compromisos voluntarios para erradicar la explotación laboral infantil con actores clave de gobierno y sociedad; 110 de ellos han sido firmados con municipios, de los 113 que forman el estado.

3. Prevenir y erradicar el trabajo infantil en el sector agrícola

En el marco de la Estrategia para la Atención de los Jornaleros Agrícolas y sus Familias, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha evidenciado la necesidad de fortalecer la inspección del trabajo en los campos agrícolas, especialmente en las entidades federativas que se han caracterizado como receptoras de trabajadores agrícolas temporales.

• En 2010 se otorgó el distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil a 21 unidades económicas agrícolas de Baja California, Jalisco, Sinaloa y Sonora, por haber adoptado una política de cuidado y protección infantiles, con lo cual se convierten en los primeros centros laborales del país que contratan jornaleros agrícolas en ser reconocidos por su práctica de responsabilidad social dirigida a la no contratación ni utilización de mano de obra infantil, además de establecer procesos para el desarrollo integral de las familias de los trabajadores, con particular atención en los niños.

• El gobierno de México solicitó a la Organización Internacional del Trabajo la realización de una tercera fase del Proyecto de Cooperación Técnica IPEC-OIT (Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil), así como su apoyo para iniciar un programa específico en relación con el trabajo infantil de los jornaleros agrícolas. Se autorizó la ejecución del proyecto Alto al Trabajo Infantil en la Agricultura, con un presupuesto de 4 millones 750 mil dólares estadounidenses, con el objetivo de fortalecer las estrategias nacionales y las políticas públicas para la atención del trabajo infantil agrícola, resultante de la migración interna y de la población infantil indígena.

Para la atención de las causas de la migración, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el marco de la Estrategia para la Atención de los Jornaleros Agrícolas y sus Familias, a partir de noviembre de 2007 instaló el grupo de coordinación interinstitucional, el cual está integrado por más de 13 dependencias del gobierno federal, organizadas en 5 grupos de trabajo para atender la diversidad de problemáticas de la población:

• Normatividad e inspección;

• Seguridad y previsión social;

• Educación;

• Promoción del desarrollo; e

• Integración de la información.

El grupo de promoción atiende las condiciones de la población migrante desde sus comunidades de origen, ampliando las capacidades de ésta. Particularmente se cuenta con las siguientes estrategias:

• Enlaza, que aúna servicios y apoyos para establecer un vínculo de atención integral para la población jornalera agrícola, cuenta con cinco módulos. Se está integrando una base de datos con 176 regiones de atención en 27 estados que identifican a más de 1.7 millones de jornaleros, que representan 83 por ciento de la población potencial.

• En la Semana Nacional de Migración, celebrada durante octubre de 2010, cuyo propósito fue promover una conciencia social y solidaria respecto al fenómeno migratorio en la mayor parte del territorio nacional, se incluyó el tema de la migración interna como parte importante del fenómeno migratorio, a través de la realización de foros de discusión sobre el tema de los jornaleros agrícolas migrantes.

• Se realizó la Cruzada Nacional por los Derechos de los Jornaleros Agrícolas y sus Familias, que desarrolló acciones directas de promoción de los derechos de los jornaleros en los campos agrícolas de manera simultánea en 21 estados de la república.

• El proyecto de acreditación de habilidades y certificación de competencias laborales para los jornaleros agrícolas se ejecuta en coordinación con el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA-Rural), asociación de participación estatal mayoritaria sectorizada a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

• Con esta asociación estratégica se han tenido los siguientes avances:

- En 2008 se certificó a 973 jornaleros agrícolas a través de 40 talleres de capacitación en la norma técnica de competencia laboral Cosecha de Hortalizas, en 16 empresas agrícolas de Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit y Sinaloa.

- En 2009 resultaron competentes en la misma norma mil 599 jornaleros agrícolas en Colima, Michoacán, Morelos, Sinaloa y Sonora.

- En 2010 se han acreditado 5 mil 20 jornaleros agrícolas en habilidades laborales en cosecha de hortalizas de Baja California, Coahuila, Jalisco, Morelos, Sinaloa, Sonora, Yucatán y Zacatecas. Los mismos jornaleros son candidatos a ser certificados en la norma técnica de competencia laboral Cosecha de Hortalizas.

Por lo que toca a la vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de la Inspección Federal del Trabajo y las Delegaciones Federales del Trabajo, como instancias normativa y operativa, respectivamente, en términos de lo dispuesto en los artículos 40, fracción 1, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 540 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo (LFT), y de conformidad con la distribución de competencias, prevista en los artículos 123, Apartado A, fracción XXXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 527, 527-A y 529 de la LFT, realizan visitas de inspección en materia de condiciones generales de trabajo, seguridad e higiene y capacitación y adiestramiento, prestando especial atención en la salvaguarda de las prerrogativas aplicables al trabajo de menores, llevando su actuación a las ramas industriales y actividades económicas donde se presume que hay alto índice de trabajo infantil.

En 2009 se practicaron 42 mil 502 visitas de inspección, de las cuales 10 mil 512 correspondieron a la materia de condiciones generales de trabajo, que invariablemente aborda la revisión del tema de trabajo de menores, en el marco de lo dispuesto en el Título Quinto Bis de la Ley Federal del Trabajo.

En 2010 se realizaron 49 mil 500 inspecciones, en las que 11 mil 153 se refieren a la materia de CGT.

Se realizaron operaciones especiales, como en campos agrícolas, minas subterráneas de carbón e industria de la construcción, por ser consideradas de interés en el tema por la Organización Internacional del Trabajo, obteniendo los siguientes resultados:

En el caso de los menores detectados en las citadas operaciones especiales, se dio parte a la autoridad laboral local para que procediera conforme a sus facultades, toda vez que la actividad agrícola no se considera en las ramas industriales y actividades económicas de competencia federal respecto a la vigilancia en materia de condiciones generales de trabajo.

Como resulta fundamental la colaboración entre las esferas de gobierno, la STPS ha prestado especial atención en la suscripción y actualización de convenios de coordinación para promover la seguridad y salud en el trabajo y fortalecer la inspección laboral, instrumento que materializa la coordinación que debe haber entre las autoridades federales y las locales, y que compromete a las partes en todas las acciones tendentes al intercambio de mejores prácticas en materia de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, en los que se cuenta con el siguiente avance:

De las disposiciones en materia de seguridad e higiene verificadas, destacan por su importancia éstas:

• Prohibir que se realice carga manual de materiales con pesos de más de 35 kilogramos a trabajadores varones menores de 18 años.

• Prohibir que se realice carga manual de materiales a mujeres con pesos de más de 20 kilogramos.

• Prohibir que los menores realicen actividades con plaguicidas.

• Prohibir que menores de 18 años laboren en el interior de las minas subterráneas de carbón.

• Servicios al personal.

• Servicios preventivos de medicina.

Toda vez que los números que arroja el Módulo de Trabajo Infantil 2009 evidencian que las sanciones previstas en la ley vigente no son suficientes para evitar la práctica de contratar menores de 14 años (la multa más elevada que se puede aplicar es de 315 veces el salario mínimo diario), se ha propuesto a través de la reforma laboral presentada en marzo de 2010, que busca una reforma integral de la Ley Federal del Trabajo, tipificar como delito la contratación de menores de 14 años fuera del círculo familiar (1 a 4 años de prisión, con independencia de la multa de 250 a 5 mil veces el salario mínimo general), ordenando el cese inmediato de las labores del menor; y en caso de que éste no reciba el mismo salario de un trabajador que realice actividades similares, el patrón deba resarcirle las diferencias.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado Joaquín Blanes Casas (rúbrica)

Subsecretario del Trabajo

(Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.)

México, DF, a 16 de febrero de 2011.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-5-1333 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Esthela Damián Peralta, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/623/2011 suscrito por la licenciada María de los Ángeles Fromow Rangel, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la atención médica y seguridad de los pacientes en clínicas y hospitales públicos.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

México, DF, a 9 de febrero de 2011.

Licenciado Julián Hernández Santillán

Subsecretario de Enlace Legislativo

Secretaría de Gobernación

Presente

Hago referencia al punto de acuerdo aprobado el 19 de enero del año en curso en la sesión de la Comisión Permanente, presentado el 12 de enero pasado por el diputado Marco Antonio García Ayala (PRI), por el que se solicita al Ejecutivo federal establezca y refuerce medidas para garantizar la seguridad de pacientes, trabajadores e instalaciones, en las clínicas y hospitales públicos.

Al respecto, me permito acompañar oficio CAS/0152/11, suscrito por el maestro Ramiro Tamayo Rodríguez, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, quien emite sus comentarios respecto del punto de acuerdo referido.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

María de los Ángeles Fromow Rangel (rúbrica)

Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud

México, DF, a 9 de febrero de 2011.

Por indicaciones de la doctora Maki Esther Ortiz Domínguez, subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud y en atención a su oficio número 170/UCVPS/DGAVS/125/2011 con fecha de 28 de enero de 2011, mediante el cual solicita comentarios sobre punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo Federal que establezca y refuerce medidas para garantizar la seguridad de pacientes, trabajadores e instalaciones en las clínicas y los hospitales públicos. Presentado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; en el ámbito de competencia de esta Subsecretaria le informo lo siguiente:

• La inseguridad y violencia que se viven en el país, principalmente en Baja California, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas ha venido afectando a centros y profesionales de la salud, pero no específicamente a temas que se integren dentro de las líneas de acción de sicalidad que comprenden los temas de calidad en la atención médica y seguridad de los pacientes.

• Esta subsecretaria comparte la preocupación de los legisladores, por lo que se proponen las siguientes medidas:

Dictar medidas de control riguroso de acceso y circulaciones a los establecimientos médicos.

Exigencia de portar el gafete de identificación o documento que acredite el acceso, principalmente en las áreas de urgencias.

Extremar la vigilancia de las empresas de seguridad en los perímetros hospitalarios, estacionamientos y entradas de los establecimientos médicos con los apoyos que se consideren convenientes con las autoridades competentes.

Supresión en las páginas Web de los hospitales en los estados afectados por la violencia, del directorio de personal de la salud que integra el centro.

Prohibición expresa de portar el uniforme o bata de trabajo fuera del recinto hospitalario o establecimiento médico.

Reforzar los medios de seguridad que se consideren convenientes en los supuestos de traslados de reos con problemas de salud que deban ser internados en un hospital.

Lo anterior, a efecto que la información recabada sea de utilidad.

Atentamente

Maestro Ramiro Tamayo Rodríguez (rúbrica)

Coordinador de Asesores

(Se remite al promovente.)