Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Javier Corral Jurado, del PAN, y suscrita por los diputados José de Jesús Zambrano Grijalva y Jaime Álvarez Cisneros, de los Grupos Parlamentarios del PRD y de Convergencia, respectivamente

Los suscritos, diputados federales a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados presentan ante el pleno la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

A. Es un hecho que el Congreso de la Unión, entre los años de 2007 y 2008, culminó una reforma electoral de grandes dimensiones; este proceso se originó a partir del proceso electoral de 2006 que generó diversos conflictos y demostró sin lugar a dudas la necesidad de realizar ajustes mayores al marco normativo en materia electoral, orientados, específicamente, a solventar, prevenir e impedir algunos de los problemas detectados desde la última gran reforma electoral de 1996.

Atentos a los alcances y a la significación de estas reformas relativamente recientes, el propósito de la Iniciativa que se presenta por este medio lo constituye emprender, sobre los causes de los cimientos constitucionales vigentes, una reforma de envergadura menor a la legislación secundaria y que, sin embargo, resulta de capital importancia pues permitiría corregir las inconsistencias que se han apreciado por las autoridades en materia electoral, jurisdiccionales y administrativas, así como por los partidos políticos, como entidades de interés público garantes del adecuado desenvolvimiento de las instituciones democráticas en nuestro País, durante el pasado proceso electoral del 2009.

En tal virtud, definitivamente no se trata de una reforma propiamente dicha ni, mucho menos, de una contrarreforma; en lo absoluto. Para los diputados signatarios de este instrumento, de lo que se trata, es de dar continuidad a la reforma electoral previa mejorándola; sabedores de que cualquier esfuerzo legislativo es susceptible de perfeccionarse, en la especie, se pretende hacer ajustes de diversa índole, en distintas materias, para hacer más eficiente, confiable y transparente, el Sistema Electoral Mexicano.

El antecedente de esta labor es un acuerdo común, unánime, que se expresa en este documento y que refleja el interés de las fuerzas políticas que lo suscriben, por alcanzar consensos que trasciendan las naturales diferencias de índole partidista, a fin de optimar el marco jurídico que regula las contiendas electorales en nuestro país y permita incorporar a la legislación de la materia, la rica y vasta experiencia acumulada durante los últimos dos años, a partir del citado proceso electoral federal inmediato anterior, y los procesos llevados a cabo en diferentes entidades federativas de la República el presente año. En síntesis, de prosperar la implementación de los cambios que se proponen en esta Iniciativa, se perfeccionaría el marco normativo regulador de las contiendas comiciales y se corregirían fisuras y omisiones que, innegablemente, existen en la actualidad.

Así las cosas, como se detalla en párrafos subsecuentes, entre los temas de que se ocupa la presente iniciativa, destacan los siguientes: La administración de los tiempos del Estado en radio y televisión, el recuento de votos, el voto de los mexicanos en el extranjero, el procedimiento especial sancionador, así como una serie de ajustes menores al texto del Cofipe.

Además de la necesidad inherente a una reforma de este tipo por las bondades que representa para el próximo proceso electoral federal que será general, es decir, estarán en juego además de las diputaciones, la Presidencia de la República y la integración del Senado, es claro que la presente iniciativa estima que el tiempo es un factor crucial a tener en cuenta, a efecto de que en los preparativos y prolegómenos del referido proceso estén en vigor lo antes posible dado que, si bien algunos de los cambios expresados corresponden a la competencia de este Poder Legislativo, otros, por su naturaleza, atañen a la órbita de competencia de la autoridad electoral administrativa, ubicándose en el ámbito de la facultad reglamentaria o de mera implementación; como sería el caso, por poner un ejemplo, de lo previsto en el artículo 4, párrafo 4, relativo a que el IFE establezca las condiciones necesarias para que los ciudadanos con discapacidad, así como los adultos mayores puedan ejercer su derecho al sufragio; sin que pueda soslayarse que en el transcurso del Seminario de análisis “2010: los temas críticos de la reforma electoral”, se hizo especial énfasis por parte de diversos participantes, en la necesidad de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), realice un ejercicio orientado a concretar un ejercicio que dé absoluta congruencia a las resoluciones que emite; máxime, en su carácter de autoridad de jurisdicción plena en la materia.

De esta manera, la iniciativa que nos ocupa, como luego se verá a detalle en párrafos subsecuentes, gira en torno a cuatro temas de especial significación; a saber

a) Ajustes para clarificar disposiciones sobre tiempos en radio y televisión;

b) Regular de mejor manera el procedimiento para el recuento de votos, a efecto de facilitarlo y hacerlo eficaz;

c) Voto de los mexicanos en el extranjero, y

d) Reubicación de competencias en materia de procedimiento especial sancionador.

El esfuerzo contenido en este instrumento se vertebra a partir de estos cuatro temas, cuyo análisis detallado se reserva para el tercer apartado del propio documento, debiéndose reiterar que un quinto rubro de examen es, el ajuste a diversas disposiciones de menor significación que, no obstante, requieren de ser reformadas.

B. Sin que pueda obviarse que la presente Iniciativa tiene entre otros, como antecedente inmediato, las consideraciones vertidas en el transcurso del Seminario de Análisis 2010: Los temas críticos de la reforma electoral, efectuado el miércoles 11 de agosto de 2010, en las instalaciones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, convocado por del Instituto Federal Electoral (IFE), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

A este respecto, destaca que en la implementación de la reforma electoral de los años 2007–2008, el Instituto Federal Electoral vivió uno de sus desafíos más importantes: la ampliación del universo de los sujetos regulados y la inclusión de múltiples actores a las disposiciones y obligaciones electorales. La construcción del nuevo edificio regulatorio ocurrió en medio de una dinámica de cambios en el Consejo General y en la rama ejecutiva del instituto y empujó al conjunto de sus órganos centrales a un aprendizaje acelerado sobre una materia que le era, en lo fundamental, desconocida: la de los medios electrónicos, la radio y la televisión, su normatividad, estructura, cultura, hábitos y prácticas. Si el IFE tuvo enfrente un desafío medular en esta elección, fue precisamente el de regular la conducta de los medios masivos en la temporada electoral.

De acuerdo con el informe general sobre la implantación de la reforma electoral, durante el proceso 2008-2009, presentado por el IFE al Congreso de la Unión, la puesta en práctica de esta reforma electoral, más allá de la ley, cambió muchas de las inercias y hábitos político–electorales con que se llevaban a cabo los procesos comiciales en México. El cambio en el modelo de comunicación política trajo consigo una cascada correlativa de más cambios que han dado un perfil nuevo a la competencia electoral de todo el país (y no sólo en el ámbito federal).

La reforma electoral abarcó prácticamente todos los temas del marco que regula la competencia democrática y, como resultado, la actividad de la autoridad electoral se amplió a nuevos campos y se profundizó en sus ámbitos tradicionales.

La síntesis de las aportaciones más importantes de la reforma, que se plantean en el Informe , destaca lo siguiente:

1. La implementación de la reforma requirió la emisión de 24 acuerdos y disposiciones reglamentarias para hacer efectivas las nuevas disposiciones legales. El IFE contó con un plazo de 180 días para llevar a cabo esta tarea. Construir los acuerdos y los reglamentos supuso un primer gran esfuerzo de interpretación de la reforma;

2. La columna vertebral de la reforma electoral es, sin duda, la nueva regulación de la radio y la televisión durante el proceso electoral. El objetivo fue generar condiciones de equidad en el desarrollo de la competencia y evitar que el dinero y los actores ajenos a la contienda partidista alteren dichas condiciones. Así, el IFE debió instaurar un modelo nuevo que asegurara el acceso permanente de los partidos políticos y las autoridades electorales a la radio y la televisión, y evitar la irrupción de las frecuencias mediáticas mediante la compra o adquisición de espacios;

3. Merced al nuevo modelo de comunicación política, el presupuesto público a partidos políticos pudo descender, pues evitó la transferencia inercial de casi tres mil millones de pesos por concepto de pagos de propaganda electoral. Correlativamente, el monto de financiamiento público destinado a los partidos políticos en 2009 descendió un 45.4 por ciento en términos reales, comparado con el año similar de elecciones intermedias en 2003. No obstante la relevancia de esa cifra, la conclusión más importante es la viabilidad del nuevo modelo de comunicación política electoral. Ése es el corolario que se desprende de la implementación de la reforma, cuya prueba primordial es el cumplimiento generalizado de la ley y de las pautas de transmisión que el IFE ordenó a miles de concesionarios y permisionarios en todo el país. La constante fue el respeto a la ley y la colaboración de dichas empresas en toda la nación;

4. El acceso de los partidos políticos y las autoridades electorales a los medios de comunicación ocurrió sin privilegios sobre la base de los criterios establecidos por la ley. Los datos son ilustrativos: los partidos políticos entregaron dos mil 314 materiales distintos, y las autoridades electorales, 273. Después de calificar la calidad técnica de los materiales, el IFE generó las copias necesarias y los distribuyó a estaciones de radio y canales de televisión de todos los rincones del país;

5. El modelo tuvo la suficiente flexibilidad para asimilar las estrategias de competencia de los partidos políticos; tal agilidad y eficacia se refleja en las tres mil 694 órdenes de transmisión que se generaron para sustituir materiales. No obstante, cabe decir que con la tecnología construida y dispuesta, es absolutamente viable acortar el tiempo que transcurre entre la entrega de un material al IFE y su transmisión al aire y, por esa vía, imprimir mayor dinamismo, rasgo propio de la competencia política;

6. En definitiva, las herramientas constitucionales satisfacen los objetivos vitales trazados en la reforma electoral: la equidad en el acceso a los medios de comunicación masiva y la reducción del dinero público destinado a mantener el sistema de competencia;

7. La regulación de la propaganda en las campañas electorales fue otro de los puntos críticos de la reforma electoral, no sólo en lo que tiene que ver con las garantías materiales de acceso y transmisión en radio y televisión, sino también en lo que toca al régimen de prohibiciones;

8. La reforma electoral no buscó predeterminar un tipo de campaña, ni buscó imponer un formato o un contenido a las estrategias de los partidos políticos, simplemente dotó de un dispositivo constitucional a candidatos o partidos que, en su caso, se sientan agraviados por propaganda política de sus adversarios;

9. Con la expansión del derecho electoral, con la regulación de nuevas áreas (servidores públicos, radio y televisión) aumentaron también los sujetos de regulación y las infracciones que pueden ser sancionadas. No obstante, el cambio más importante residió en los aspectos de procedimiento. Con la instauración del Procedimiento Especial Sancionador, se debió instrumentar y concluir una queja o denuncia en tiempos reducidos y plazos fatales (en cinco días); la inclusión de este procedimiento buscó que se retire de la competencia la propaganda ilegal y los efectos que pueda generar sobre el electorado. Sin embargo, su propio carácter perentorio y el hecho de que su desahogo sea público (en la mesa del Consejo General o en los Consejos distritales, frente a los propios acores que acusan o son acusados), llevó al proceso electoral más litigioso de la historia, con 1,076 quejas y denuncias;

10. El otro gran cambio surgió al conferir facultades a los órganos desconcentrados para que conozcan y resuelvan las quejas que en materia de propaganda se presenten. Es decir, la reforma descentralizó la función sancionatoria, de tal suerte que sus 300 Consejos Distritales y 32 locales, fueron convertidos en jueces (dos mil 324 ciudadanos que los integran). La descentralización distribuyó el trabajo sancionador, pero también inyectó dispersión y aún contradicción en los criterios aplicables, pues los Consejeros no forman parte de la estructura permanente del IFE y no están sujetos a la línea de mando de éste;

11. Otra modificación procesal de gran importancia se introdujo en la etapa de cómputo de votos. La ampliación de los criterios para la apertura de paquetes electorales durante las sesiones de cómputo distrital trajo también nuevas obligaciones que conviene revisar en detalle. En julio de 2009, al amparo de las nuevas disposiciones legales, la estructura del IFE abrió y recontó los paquetes electorales de 42 mil 620 casillas electorales, equivalentes al 30.63 por ciento de las instaladas. El recuento ocurrió de manera pública, transparente y cuidadosa ante los consejeros ciudadanos, funcionarios profesionales del IFE, representantes de los partidos políticos, observadores y la ciudadanía en general. En tan sólo 26 horas se tenía ya un avance de 135 mil 130 casillas, equivalentes a 97.09 por ciento de las instaladas, y 243 de los 300 distritos habían concluido su labor. Se trata, nada menos, del recuento comicial más amplio y exhaustivo de la historia electoral mexicana;

12. En las sesiones de cómputo distrital pudo realizarse un nuevo escrutinio y cómputo allí donde existió evidencia de que la diferencia entre el presunto ganador y su principal contendiente era menor a un punto porcentual; esto ocurrió, a petición del segundo lugar, en 19 de los 300 distritos electorales;

13. La consecuencia inmediata del cambio de fórmula para determinar el monto de financiamiento público a los partidos políticos, fue una reducción significativa del dinero destinado a ellos. Con esta nueva fórmula, México redujo notablemente dicho monto y no volverá a vivir aumentos drásticos en los recursos públicos exigidos para ese fin;

14. El hecho que el acceso a la radio y la televisión ocurra ya, en exclusiva, en los tiempos del Estado, la reducción del tope máximo de gastos de campaña y la regulación del gasto en el período de precampañas, en conjunto, han provocado una reducción importante en la necesidad de implicar recursos durante la competencia electoral: en promedio el financiamiento público para campaña por partido político se redujo en 40.75 por ciento entre 2006 y 2009;

15. No se puede pasar por alto que toda la estructura de la organización electoral mexicana, lo mismo en el ámbito federal que en el local, depende centralmente de la existencia del padrón electoral y la credencial para votar. Casi todos los procesos asociados al edificio electoral están vinculados con el padrón, la credencial y su dinámica. De allí que el IFE sea tan enfático en el fortalecimiento y arraigo social de sus instrumentos;

16. En este recuento conclusivo, no pueden omitirse los cambios ocurridos en transparencia y acceso a la información. Al precisar las obligaciones de transparencia de los partidos políticos, el legislador completó el círculo de los derechos del ciudadano para acceder a la información política en manos no sólo de las autoridades, como había sido hasta antes de la reforma, sino también de los partidos políticos como consecuencia lógica y jurídica de su naturaleza de entidades de interés público. Por esa razón esencial, se ha dicho que con la instrumentación de estas reformas, el proceso electoral de 2009 se llevó a cabo en las condiciones de mayor transparencia de la historia. Al amparo de la reforma y desde 2008, cursaron dos mil 831 solicitudes de información en el IFE, de las cuales el 89 por ciento fueron plenamente accesibles por el solicitante. Sin embargo, de acuerdo con lo señalado por el propio Instituto en su Informe , la implementación de la reforma no estuvo exenta de dificultades, entre las que destacan:

a) Dificultades exhibidas por las cadenas nacionales de televisión para introducir promocionales locales en la pauta de sus canales locales, incluso en aquellos que son dueños de programación propia. En otras palabras, uno de los mayores problemas que enfrenta la instrumentación de la reforma es la capacidad técnica y la decisión de esas cadenas para permitir el paso a los promocionales de las campañas locales en sus frecuencias locales;

b) El bloqueo intencionado, con el fin de que los promocionales electorales que portan las señales abiertas de los canales nacionales no fuesen transmitidos en la televisión restringida (Sky y Cablevisión), y

c) La diversidad de casos de propaganda electoral en radio y televisión que ocurrió fuera de la pauta del IFE y que desafiaron la interpretación de la reforma electoral (“infomerciales”, propaganda integrada, informes de servidores públicos, propaganda velada en “entrevistas”, la contratación de propaganda partidista a través de medios informativos “terceros”, etcétera);

17. A pesar de las bondades de la reforma y de su exitosa puesta en práctica, el informe señala varios aspectos que llevan a concluir que el modelo construido por la reforma, requiere cambios y modificaciones puntuales, precisamente para hacerlo más flexible, más sencillo y más efectivo, saber:

a) Buscar usos alternativos del tiempo del Estado en radio y televisión con fines electorales (mensajes de inicio y cierre de campaña en cadena nacional y por partido, debates obligatorios también en elecciones intermedias, debates para el contraste de las plataformas programáticas, entre otros);

b) Permitir la acumulación de los tiempos oficiales para, a su vez, consentir mayor flexibilidad en las formas de comunicación política (no sólo “espots”);

c) De esa manera, reducir el número de “spots”, aunque no del tiempo total del Estado que administra el IFE, y

d) Definir con más precisión las prohibiciones en materia de radio y televisión. La prohibición mercantil –fundamental en la reforma– tendría que expandir más genéricamente la redacción hacia “lo que se adquiera o reciba” y no a lo que se “contrate”, pues resulta altamente complicado depender del hallazgo de un documento contractual, menos en el lapso de cinco días que marca el procedimiento;

18. Elevar las sanciones a los concesionarios y permisionarios de la radio y la televisión ante la imposibilidad práctica de reponer de manera eficiente y equitativa los tiempos, sobre todo al final de una campaña;

19. Reformular y considerar la pertinencia y la duración de los períodos electorales: precampaña, intercampaña y campaña;

20. Insistir sobre la necesaria simultaneidad de los procesos locales y federales para celebrar la jornada electoral y cada una de sus etapas en los mismos plazos;

21. Si bien la votación por partido en la elección local debe formar parte de los criterios de distribución de los tiempos, ha de admitirse por igual que cada partido puede colocar dentro de esos espacios, de manera libre, los materiales que decida su propia estrategia de campaña. La distinción entre tiempo obligatoriamente dedicado a materiales federales y tiempo dedicado obligatoriamente a materiales locales introduce rigidez a la administración de los tiempos del Estado y constituye un requisito impracticable para los partidos con menor presencia regional;

22. Considerar el criterio fundamental para elaborar y entregar una determinada pauta, la que ha de ser:

a) Geográfico: se entrega al concesionario y permisionario porque reside en la entidad que celebra elección y desde la cual emite su señal, y

b) Se entrega pauta al concesionario o permisionario que posea programación propia;

23. Eliminar el trato diferenciado en radio y televisión a coaliciones parciales y coaliciones totales, pues su efecto es el de introducir condiciones aún más complejas a la administración de los tiempos del Estado;

24. Diferenciar el régimen jurídico aplicable entre concesionarios y permisionarios, y

25. Desarrollar el régimen legal electoral para la televisión restringida y para las redes nacionales.

C. Análisis de la iniciativa en lo particular.

Así las cosas, la presente propuesta de reformas gira básicamente sobre cinco ejes:

a) Ajustes para clarificar disposiciones sobre tiempos en radio y televisión;

b) Regular de mejor manera el procedimiento para el recuento de votos, a efecto de facilitarlo y hacerlo eficaz;

c) Voto de los mexicanos en el extranjero;

d) Reubicación de competencias en materia de procedimiento especial sancionador, y

e) Ajustes al texto del Cofipe.

I. Ajustes para clarificar disposiciones sobre tiempos en radio y televisión

1. La modificación al artículo 49 en sus ordinales 3 y 4 obedece a la necesidad de ampliar los conceptos de “contratar” y “adquirir” tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, incluyendo el término “recibir” y especificando que tanto la contratación, la adquisición o la recepción puede realizarse a título oneroso o gratuito.

Para los iniciadores, no escapa que el concepto de “contratar”, por su propia definición, engloba las acciones de adquirir o difundir propaganda en radio y televisión; no obstante, las controversias suscitadas a partir de los actos de aplicación y supuesto incumplimiento de partidos y candidatos en la materia; de ahí que se estime deseable y necesario incluir, dentro de esa amplia noción de contrato, estas dos actividades específicas de adquirir o difundir propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos; esta modificación, por sí misma, entraña en la reforma o modificación de los ordinales 49, 342, 344, 345, 350 y 354 del propio Cofipe.

Además de lo anterior, también se propone incluir como sujetos de la prohibición para la contratación o adquisición de tiempos en radio y televisión a los servidores públicos, en los casos en que dichos supuestos se vinculen con su probable promoción personal con fines electorales. Cabe señalar que este mandato resulta acorde con la prohibición constitucional del párrafo octavo del artículo 134: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”. ( Énfasis añadido.)

2. La reforma del artículo 52 se justifica porque su contenido actual sería redundante en relación con el contenido del 365. Por otro lado, de acuerdo a la redacción actual, no hay un caso en el que el consejo suspendiera propaganda. En la especie, se crea un procedimiento más expedito para que sea la Comisión de Quejas y Denuncias, a propuesta fundada y motivada del secretario ejecutivo, quien ordene la suspensión inmediata de cualquier propaganda en radio o televisión conforme a lo establecido en el artículo 365 del código.

3. El artículo 56 se modifica para insertar en su primer numeral, un párrafo final que diría: “Esta distribución será aplicable independientemente de los convenios de coalición que celebren los partidos políticos”; como se aprecia de su lectura, está vinculado al hecho de que durante las precampañas y campañas electorales federales, el tiempo en radio y televisión, se distribuirá conforme al criterio en él contenido; la modificación es para prever que la distribución deberá realizarse con absoluta independencia de los convenios de coalición que celebren los partidos políticos, pues, es claro que estos últimos podrían alterar este esquema de distribución previo a cargo de la autoridad; en esa virtud, es que se estima que debe preverse la distribución aprobada por la autoridad continuará vigente con independencia de los acuerdos que sobre el particular realicen los partidos políticos que decidan conformar una coalición.

4. El artículo 60 se modifica para reformular su contenido y eliminar las condicionantes para que cada partido efectivamente decida con libertad la asignación por tipo de campaña federal de los mensajes de propaganda electoral a que tenga derecho; ello, porque en la actualidad debe ponderar que en el proceso electoral en que se renueven el Poder Ejecutivo de la Unión y las dos Cámaras del Congreso, cada partido deberá destinar, por lo menos, un treinta por ciento de los mensajes a la campaña de uno de los poderes, considerando las de Senadores y de Diputados como una misma. Lo que en los hechos, en los ámbitos locales de procesos concurrentes con los federales, resulta en extremos complicado verificar que, verdaderamente, los partidos están cumpliendo con este dispositivo y habría que destinar ingentes recursos económicos sólo para ese fin que, por lo demás, no queda clara la eficacia pues una distribución inequitativa de los tiempos en el uso de los espacios informativos al único que puede impactar de manera negativa es al propio instituto político responsable; de tal suerte que se propone la siguiente redacción: “Cada partido decidirá libremente la asignación por tipo de campaña federal de los mensajes de propaganda electoral a que tenga derecho”.

5. Por lo que hace al artículo 62, se tiene que su propósito es Integrar en el contenido del mismo, la excepción referente a elecciones coincidentes en lo relativo a la circunstancia contingente de que una misma señal tuviera cobertura en el territorio de dos o más entidades federativas. En efecto, el texto actual de este ordinal es el siguiente:

“1. En las entidades federativas con procesos electorales locales con jornadas comiciales coincidentes con la federal, del tiempo total establecido en el párrafo 1 del artículo 58 de este Código, el Instituto Federal Electoral, por conducto de las autoridades electorales administrativas correspondientes, destinará para las campañas locales de los partidos políticos quince minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión de cobertura en la entidad federativa de que se trate.

2. El tiempo a que se refiere el párrafo 1 anterior será utilizado para la difusión de mensajes de acuerdo a la pauta que apruebe, a propuesta de la autoridad electoral local competente, el Comité de Radio y Televisión del Instituto.

3. Para la distribución entre los partidos políticos del tiempo establecido en el párrafo 1 de este artículo, convertido a número de mensajes, las autoridades electorales locales aplicarán, en lo conducente, las reglas establecidas en el artículo 56 de este Código.

4. Para los efectos de este capítulo se entiende por cobertura de los canales de televisión y estaciones de radio toda área geográfica en donde la señal de dichos medios sea escuchada o vista.

5. El Comité de Radio y Televisión, con la coadyuvancia de las autoridades federales en la materia elaborará el catálogo y mapa de coberturas de todas las estaciones de radio y canales de televisión, así como su alcance efectivo. Deberá también incorporar la información relativa a la población total comprendida por la cobertura correspondiente en cada entidad.

6. Con base en dicho catálogo, el Consejo General hará del conocimiento público las estaciones de radio y canales de televisión que participarán en la cobertura de las elecciones locales a que hace referencia el artículo 64 de este Código”.

En la especie, tenemos que se reforman los numerales 1, 4 y 5 para establecer, el primero de ello, que “la transmisión de las pautas correspondientes a los procesos electorales locales será obligatoria para cada título, concesión o permiso de manera individual. El Instituto no podrá establecer excepciones o condiciones a la obligación de transmitir las pautas que notifique a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión”. Ello, a efecto de que sea plenamente eficaz el mandato para las empresas particulares de transmitir las pautas correspondientes a los procesos electorales en los términos, modalidades y condiciones previstos en la Ley y establecidos por la autoridad competente.

Sobre dicha premisa, es que los párrafos 4 y 5 que se modifican, se prevé que en lo conducente establezcan que:

• “Una vez distribuidos los tiempos conforme a lo establecido en los párrafos 2 y 3 de este artículo, cada partido decidirá libremente la asignación de los mensajes que le correspondan, incluyendo su uso para campañas locales o federales”; con lo que se complementa la noción anterior desarrollada en el artículo 60, de que deberán ser los propios partidos políticos los que determinen con absoluta libertad el contenido de propaganda o publicidad electoral, y

• “Para los efectos de este capítulo, se considerará que tienen cobertura en una entidad federativa los canales de televisión y estaciones de radio que emitan su señal desde la misma entidad”; a fin de que no haya confusión respecto del origen de la señal y las implicaciones legales a tal circunstancia; con esta previsión se pretende que el mandato de ley relativo a la transmisión de las pautas locales ser plenamente eficaz y se logre la adecuada cobertura en estricto apego al orden normativo y en claro beneficio para el sistema electoral en su conjunto, pues se impide que haya un subejercicio de estas prerrogativas derivado de incumplimientos de las concesionarias locales; y por otro lado, que no exista una adecuada transmisión de los espacios destinados a los particulares, que prescinda de la visión y el enfoque locales en la difusión de sus mensajes.

6. En tratándose del artículo 64, tenemos que se modifica con la adición de un último párrafo al numeral 1; a efecto de prever que la “transmisión de las pautas correspondientes a los procesos electorales locales será obligatoria para cada título, concesión o permiso de manera individual. El Instituto no podrá establecer excepciones o condiciones a la obligación de transmitir las pautas que notifique a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión”; de la simple lectura se aprecia que da continuidad el mandato relativo a exigir que la transmisión de las pautas correspondientes a los procesos electorales locales sea obligatoria para cada título, concesión o permiso de manera individual, por lo que en obvio de reiteraciones innecesarias, son de tenerse aquí por reproducidos los criterios vertidos con antelación sobre el particular.

7. Ahora bien el artículo 74 sufre una modificación sustancial; en efecto, el texto vigente está integrado de 4 párrafos que se ocupan de establecer que:

El tiempo en radio y televisión que determinen las pautas respectivas no es acumulable ni podrá transferirse tiempo entre estaciones de radio o canales de televisión o entre entidades federativas;

Las pautas que determine el comité establecerán, para cada mensaje, la estación o canal, así como el día y hora en que deban trasmitirse; el reglamento establecerá lo conducente respecto de plazos de entrega, sustitución de materiales y características técnicas de los mismos;

Los concesionarios y permisionarios de radio y televisión no podrán alterar las pautas ni exigir requisitos técnicos adicionales a los aprobados por el Comité; la violación a esta disposición será sancionada en los términos establecidos en el Libro Séptimo de este Código, y

En elecciones extraordinarias el Consejo General determinará la cobertura territorial y el tiempo que se destinará a los partidos políticos en radio y televisión atendiendo a los criterios establecidos en este capítulo.

En la especie, se modifica todo el artículo para señalar que el Consejo General, a propuesta del Comité de Radio y Televisión o de la Junta General Ejecutiva, podrá ordenar la acumulación del tiempo en radio y televisión que determinen las pautas para la transmisión de debates, programas de presentación de propuestas de precampaña y campaña y mensajes de inicio y cierre de campaña cuya duración sea mayor a dos minutos. Con esta medida, se estima que se cumple mejor con el propósito, manifestado por los partidos políticos, de ajustar el contenido de sus mensajes, así como su extensión y presentación, a las necesidades específicas para cada caso.

Ahora bien, el numeral 2 si bien es idéntico en su primera parte al texto actual, al establecer que: “No podrá transferirse tiempo entre estaciones de radio o canales de televisión, ni entre entidades federativas”; se agrega lo siguiente: “La asignación de tiempo entre las campañas electorales se ajustará estrictamente a lo dispuesto en este capítulo, a lo que, conforme al mismo, establezca el reglamento en la materia, y a lo que determine el Comité de Radio y Televisión del Instituto”; ello, para hacer énfasis que las transmisiones correspondientes se hagan en los términos que el propio Cofipe establece y en estricto cumplimiento de sus disposiciones.

Finalmente, como en el caso anterior, si bien la primera parte del párrafo reproduce los dispositivos vigentes sobre el particular al prever que: “Las pautas que determine el Comité establecerán, para cada mensaje, la estación o canal, así como el día y hora en que deban trasmitirse; el reglamento establecerá lo conducente respecto de plazos de entrega de materiales y características técnicas de los mismos”, lo cierto es que se complementa con un añadido en su parte final que reza: “En todo caso, los concesionarios y permisionarios deberán transmitir los materiales el segundo día hábil posterior a su entrega. El Instituto establecerá los mecanismos electrónicos y tecnológicos para poner a disposición los materiales de los partidos políticos y las autoridades electorales”, a fin de reiterar, de nueva cuenta, la necesidad de que haya un exacto cumplimiento de la Ley para lo cual, inclusive, se faculta al IFE a establecer los mecanismos electrónicos y tecnológicos necesarios para poner a disposición los materiales tanto de los partidos políticos, como de las autoridades electorales.

II. Regular de mejor manera el procedimiento para el recuento de votos, a efecto de facilitarlo y hacerlo eficaz

Sobre esta materia, es dable destacar que en atención al estrecho margen de diferencia entre los votos obtenidos por los candidatos a la Presidencia de la República que obtuvieron los dos primeros lugares, el tema del cómputo y recuento de los votos cobró un nuevo impulso, así como el establecimiento de nuevas causales para permitir la apertura de paquetes electorales. Es incuestionable que el recuento de los votos ha contribuido de manera significativa a disminuir el litigio post-electoral y acrecentar la certeza de los resultados comiciales. Más aún, no puede soslayarse que la posibilidad de recontar los votos en las mesas de los consejos distritales ha adquirido una gran importancia política para dotar de mayor certeza al proceso respectivo.

En esa virtud, resulta impostergable dotar al IFE de las herramientas indispensables para desarrollar esta importantísima labor y concluir los recuentos en tiempo o, en su defecto, ampliar el lapso para la conclusión de los cómputos distritales. En todo caso, la reciente experiencia del 2009 demuestra que el volumen de casillas a recontar, especialmente durante 2012 -cuando se deberán elegir de manera simultánea diputados, senadores y Presidente de la República-, podría representar un reto enorme de logística para el IFE, en atención a las restricciones y normas que actualmente regulan el trámite de cómputo de los sufragios.

1. En esa virtud, el artículo 295, numeral 1, se reforma en varios de sus incisos con fines diversos; así, se agrega en dichos procedimientos de revisión un inciso como soporte jurídico para la utilización de grupos de trabajo para los casos de recuento parcial en un Distrito, cuando la cantidad de casillas por recontar ponga en riesgo el cumplimiento de los plazos para los cómputos estatales o de circunscripción plurinominal. Además, se establece con toda claridad que la solicitud para el recuento total de votos podrá hacerse “al inicio de la sesión o cuando concluye el cómputo correspondiente” con el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 295, en los siguientes párrafos 2 y 3.

Se prevé la conformación de más de cinco grupos de trabajo, modificando lo establecido en el artículo 295, párrafos 4 y 6, en el sentido de que será un vocal quien presidirá cada grupo de trabajo. Además, se establece la autorización desde el marco legal para que pueda integrarse a los grupos de trabajo el personal de las juntas distritales ejecutivas (en términos genéricos), no solamente los miembros del servicio profesional electoral, de tal forma que cada Junta Distrital Ejecutiva elabore la propuesta correspondiente al Consejo Distrital y éste determine lo que corresponda con al menos 30 días de anticipación a la jornada electoral; considerándose además la incorporación a dichos trabajos de consejeros electorales propietarios y suplentes, así como representantes designados por los partidos políticos, quiénes integrarán los grupos de trabajo iniciales y de relevo, al menos un mes antes de la jornada electoral.

Sin que pueda obviarse la propuesta de designar hasta dos consejeros suplentes por cada consejero electoral propietario en los consejos distritales, con el fin de que se garantice la participación de los consejeros electorales en una mayor cantidad de grupos de trabajo.

2. En el caso del artículo 297, la reforma se hace necesaria, primero, para ajustar su texto a la reforma del numeral 295; como se aprecia del inciso a) que dice: “Se harán las operaciones señaladas en los incisos a) al e) y j) del párrafo 1 del artículo 295 de este Código”. Además, se hacen ajustes de redacción, como es el caso del inciso b) para prever que realizadas las operaciones señaladas en los incisos a) al e) y h) del párrafo 1 del artículo 295, se procederá a extraer de los expedientes de las casillas especiales relativos a la elección de senador las actas de mayoría relativa y se realizarán las operaciones referidas en el inciso anterior; ya que el correspondiente texto vigente no hace referencia a las actas de mayoría relativa.

Asimismo se reforma el inciso c), para prever que en el supuesto de que se ponga en riesgo el cumplimiento de los términos señalados en el propio Código en su artículo 303, el Consejo Distrital podrá ordenar la creación de grupos de trabajo necesarios en los términos del diverso ordinal 295.

3. Por lo que hace al numeral 298, es dable señalar que la propuesta se hace consistir, básicamente, en darle a la votación proveniente del extranjero el mismo tratamiento que a la emitida en territorio nacional en cuanto a la posibilidad del recuento, y éste sea aplicado por los órganos competentes para ello, es decir, los consejos distritales. En términos prácticos sería algo similar a un acta más o una casilla más en el distrito, y requeriría un operativo de traslado de las actas originales y boletas desde oficinas centrales a los consejos distritales, previamente al inicio de los cómputos distritales. Para efectos de la preparación del cómputo distrital, el sistema informático incorporaría desde el mismo día de la Jornada Electoral los resultados por distrito del voto proveniente del extranjero y se haría un envío previo, también por vía informática, del acta distrital correspondiente.

4. Como consecuencia de la modificación del régimen actual, se propone la reforma del artículo 149 en su numeral 3, a fin de que se establezca que los seis consejeros electorales serán designados por el Consejo Local correspondiente conforme a lo dispuesto en el inciso c) del párrafo 1 del artículo 141 del Cofipe. Y agrega: “Por cada consejero electoral habrá dos suplentes. De producirse una ausencia definitiva, o en su caso, de incurrir el consejero propietario en dos inasistencias de manera consecutiva sin causa justificada, un suplente será llamado para que concurra a la siguiente sesión a rendir la protesta de ley. Las designaciones podrán ser impugnadas en los términos previstos en la ley de la materia, cuando no se reúna alguno de los requisitos señalados en el artículo siguiente”. El texto vigente estima que por cada consejero electoral habrá un suplente. Esta previsión se justifica dada la circunstancia que se debió enfrentar en el proceso electoral de 2009, derivada de la insuficiencia de suplentes. Es importante considerar en este punto, la necesidad de considerar la participación de otros elementos de apoyo de las juntas distritales, designados en su momento por cada Consejo Distrital, y el nombramiento de al menos dos suplentes por cada consejero propietario para que auxilie en las labores del Consejo.

III. Voto de los mexicanos en el extranjero

1. A su vez, el artículo 315, se modifica, por cuanto que se busca evitar que se envíen, por parte de los electores en el extranjero, dos o más solicitudes en un sobre; lo anterior, a fin de asegurar la equidad y certeza del ejercicio del sufragio en el exterior.

Asimismo, para facilitar los trámites, es que se establece la oportunidad para que los ciudadanos elijan el medio de mensajería por el que podrán enviar su solicitud de inscripción al respectivo padrón y el envío de la copia del anverso de la credencial.

Adicionalmente, es de notar la prescripción relativa a que no serán tramitadas las solicitudes cuyo estampe de correo o medio de mensajería respectivo tenga fecha posterior al 15 de enero del año de la elección presidencial, o recibidas por el Instituto después del 15 de febrero del mismo año. En ambos casos, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) deberá enviar al interesado, por correo certificado, aviso de no inscripción por extemporaneidad; en todo caso, el ciudadano podrá consultar al Instituto, por vía telefónica o electrónica, su inscripción. Debiéndose destacar que existe una posibilidad de subsanar alguna anomalía, siempre que la información correspondiente sea recibida por el IFE a más tardar el día 31 de marzo del año de la elección presidencial.

Se considera que en términos de lo dispuesto en el artículo 187 del Cofipe y tomando en consideración la naturaleza del acto de autoridad (negativa de inclusión a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero), se considera que lo que el ciudadano puede presentar una solicitud de rectificación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero mediante una instancia administrativa a la DERFE, la cual sería la encargada de resolver la instancia administrativa, tomando en consideración que cuenta con los elementos suficientes para resolver este medio de defensa ciudadano. E incluso, el numeral 8 prevé que una resolución negativa a la instancia administrativa, “el ciudadano podrá interponer el Juicio de Protección de Derechos Político-Electorales del Ciudadano a través de los formatos que la autoridad le remita”.

2. Por lo que hace al artículo 316, se sugiere un cambio en la redacción de los incisos que se indican en líneas posteriores; en efecto, las disposiciones vigentes, en lo conducente, prescriben que la solicitud de inscripción en el listado nominal de electores tendrá efectos legales de notificación al instituto de la decisión del ciudadano de votar en el extranjero en la elección para presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Además, que para tal efecto, el respectivo formato contendrá la siguiente leyenda: “Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que por residir en el extranjero:

a) Expreso mi decisión de votar en el país en que resido y no en territorio mexicano;

b) Solicito votar por correo en la próxima elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;

c) Autorizo al Instituto Federal Electoral, verificado el cumplimiento de los requisitos legales, para ser inscrito en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, y darme de baja, temporalmente, de la lista correspondiente a la sección electoral que aparece en mi credencial para votar;

d) Solicito que me sea enviada a mi domicilio en el extranjero la boleta electoral; y

e) Autorizo al Instituto Federal Electoral para que, concluido el proceso electoral, me reinscriba en la lista nominal de electores correspondiente a la sección electoral que aparece en mi credencial para votar”.

Así las cosas, se sugiere que el inciso c) incluya la leyenda de que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, el ciudadano autoriza al IFE la inscripción en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE), así como “la baja temporal de la lista correspondiente a la sección electoral que aparece en mi credencial para votar”. Ello, por ser una consecuencia lógica y natural inherente al hecho de residir en el extranjero y ejercer sus derechos electorales en él.

En manifiesta consecuencia del régimen anterior, es que se agrega la referencia de que solicita sea enviada la boleta electoral al domicilio en el extranjero que declara en su solicitud de inscripción. Finalmente, para facilitar aún más las cosas al elector en el extranjero, se prevé en el párrafo 2 que, en la solicitud de inscripción, el ciudadano “podrá incluir información telefónica, de correo electrónico o el domicilio de un familiar en territorio mexicano para cualquier aclaración que se requiera”.

Por lo que atañe al artículo 317, se modifica sólo para efectos mejorar la redacción; así, se define lo que debe entenderse por “Lista Nominal de Electores Resientes en el Extranjero”, como la “relación elaborada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores que contiene el nombre de las personas incluidas en el padrón electoral que cuentan con credencial para votar, que residen en el extranjero y que solicitan su inscripción en dicha lista”. Sobre esta base, es que se determina que la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero:

a) Será de carácter temporal;

b) Se utilizará exclusivamente para los fines establecidos en el Código, y

c) No tendrá impresa la fotografía de los ciudadanos en ella incluidos.

4. El artículo 318 sufre una importante modificación, para prever que las sedes diplomáticas de México en el extranjero contarán con los formatos de solicitud de inscripción en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, para que estén a disposición de los ciudadanos mexicanos. Para los fines anteriores, es que el siguiente numeral faculta al IFE para que pueda celebrar con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) “los acuerdos o convenios que considere necesarios que permitan a los mexicanos residentes en el extranjero, estar informados del proceso electoral”.

En ese tenor, también se regula que:

• Se implantarán los mecanismos para que dicha Secretaría coadyuve con el IFE en la distribución de los formatos de solicitudes de inscripción al LNERE, y

• El IFE celebrará con los servicios postales o de mensajería los acuerdos o convenios correspondientes para el envío y recepción de documentos electorales.

5. En cuanto al artículo 319, en realidad es un ajuste derivado de la denominación que se hace a la llamada “Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero” (LNERE); y se agrega una previsión para que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores deba conservar la documentación original hasta la conclusión del proceso electoral. Llegado este plazo: “La documentación original se destruirá en presencia de los representantes de los partidos políticos acreditados ante la Comisión Nacional de Vigilancia a más tardar el último día de septiembre, previa digitalización de la información”. Es decir, se modifica la redacción actual para especificar la supervisión de la destrucción de los materiales correspondientes.

Sin olvidar que se propone también que el numeral 5 del propio artículo contempla que exclusivamente para fines de estadística y archivo, el IFE conservará la información digitalizada de la LNERE por un periodo de siete años.

6. A su vez, el artículo 320 sufre ajustes menores, en relación con la denominación de la Lista Nominales de Electores Residentes en el Extranjero; y su correlación con el mandato contenido en el artículo 319, párrafo quinto, es decir, que éstas podrán ser utilizadas por el IFE para “exhortar a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto en futuros procesos electorales”. Asimismo, se prevé en el numeral 4 que la Junta General Ejecutiva dictará los acuerdos e instrumentará las medidas necesarias para salvaguardar la confidencialidad de los datos personales contenidos en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero.

7. En el caso del artículo 322, tenemos que se le adicionan los incisos a), b) y c); e igualmente se sugieren modificación para entregar a los partidos políticos las lista desglosada en función de la situación que guarda la solicitud de inscripción de los ciudadanos; así, luego de prever en el primer párrafo del numeral 1 que a más tardar el 15 de marzo del año de la elección presidencial, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores pondrá a disposición de los partidos políticos la relación de ciudadanos que solicitaron su incorporación a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero desglosada en tres apartados, se establece lo siguiente para cubrir las diversas posibilidades que a ese respecto se pudieran suscitar:

• Ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores residentes en el extranjero.

• Solicitudes rechazadas y su causa, y

• Ciudadanos que deberán subsanar alguna omisión.

8. En tratándose del artículo 326, tenemos que se cambió redacción del texto vigente para eliminar el término “en el más breve plazo” por estimarse excesivamente vago; y también porque se estima que el IFE debe contar con la capacidad de asegurar la gratuidad del envío de las boletas por parte de los ciudadanos al propio instituto. De esta manera la redacción propuesta, en los numerales 2 y 3 del citado ordinal, es la siguiente:

“2. El ciudadano deberá enviar el sobre que contiene la boleta electoral, por correo o mensajería al Instituto Federal Electoral, dentro de los plazos establecidos en el presente libro.

El sobre de la boleta electoral deberá tener señalado la clave del ciudadano elector en el extranjero y el domicilio del Instituto que determine la Junta General Ejecutiva

3. El instituto instrumentará las acciones necesarias para asegurar la gratuidad del servicio de correo o mensajería”.

9. El artículo 327 sólo re reforma para decir en el inciso a) del numeral 1: “Recibir y registrar, señalando la fecha de recepción, los sobres que contienen la boleta electoral, clasificándolos conforme a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero que serán utilizadas para efectos del escrutinio y cómputo”; ello, a fin de brindarle certeza al acto de recepción de los sobres que contienen la boleta electoral, provenientes del extranjero.

10. Ahora bien, como una consecuencia de las modificaciones al marco regulador previamente apuntadas, el artículo 329 se modifica en distintos aspectos. El primero de ellos, es para reglamentar el supuesto de que una mesa de escrutinio y cómputo pueda atender más de un Distrito en el caso de que en uno de éstos se reciban escasos votos; ello, con el objeto de optimizar la integración de las mesas de escrutinio y cómputo dado que existen diversas dificultades para integrarlas de manera debida. Además se prevé que se requiere considerar una insaculación adicional para integrar las mesas directivas de escrutinio y cómputo. De este modo, sobre la base de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, de acuerdo al domicilio en territorio nacional, el Consejo General podrá:

Determinar el número de mesas de escrutinio y cómputo que correspondan a cada distrito electoral uninominal, sin que el número máximo de votos por mesa exceda de 1,500; y para aquellos casos en los que se reciba menos de 200 votos por Distrito, se prevé que una mesa de escrutinio y cómputo pueda “realizar el escrutinio y cómputo de hasta 3 distritos electorales”.

11. El artículo 330 se reforma por cuanto que se estima necesario contemplar que las mesas de escrutinio y cómputo inicien sus actividades antes del cierre oficial de las casillas y, si es el caso, cuenten los votos, lo anterior, para que a más tardar a las 21:00 horas, se concluya la Jornada y se esté en posibilidades de preparar resultados para el Consejo General, así como establecer la logística para el envío de paquetes a los consejos distritales. Con ese objetivo en mente, es que se propone que este ordinal prevea que:

• Las mesas de escrutinio y cómputo se instalarán a las 15:00 horas del día de la jornada electoral;

Una vez concluida la instalación de la mesa respectiva, se iniciará el escrutinio y cómputo de la votación emitida en el extranjero;

• Las mesas de escrutinio y cómputo que atiendan más de un distrito llevarán a cabo el procedimiento completo por cada distrito, desde su instalación hasta la entrega del paquete electoral, respetando el orden alfabético de la entidad y el consecutivo en el distrito;

• De no estar presentes todos los funcionarios de mesa directiva de casilla a las 15:15 horas, se procederá a integrarla con los servidores públicos designados por la Junta General Ejecutiva de acuerdo a lo establecido en el artículo 260, y

• El Consejo General podrá determinar el uso de medios electrónicos para el cómputo de los resultados y la elaboración de actas e informes relativos al voto de los electores residentes en el extranjero.

12. En lo que hace al artículo 331, su numeral 1, se reforma sólo ligeramente en cuanto a su redacción para establecer que en el escrutinio y cómputo de los votos emitidos en el extranjero para la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en vez de decir que “se estará a lo siguiente”, se diga que: “se realizará lo siguiente”; ello, por cuanto que si bien se fijan bases para el escrutinio y cómputo de los votos, se establece un auténtico procedimiento que detalla los pasos a seguir; en cuanto al inciso c), tenemos que se modifica para establecer la obligación de que, una vez que el presidente de la mesa proceda a abrir el sobre y extraiga la boleta electoral, ésta deberá ser depositada en la urna de manera inmediata.

13. El artículo 332, numeral 2, se modifica para hacer un mínimo cambio de redacción; en efecto, la propuesta es que diga: “El personal del Instituto designado previamente por la Junta General Ejecutiva, procederá, en presencia de los representantes generales de los partidos políticos, a realizar la suma de los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo de las respectivas mesas para obtener el resultado de la votación emitida en el extranjero para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos por distrito electoral uninominal, el cual será asentado en el acta de cómputo correspondiente a cada distrito electoral”, agregándosele la expresión “el cuál será asentado” en sustitución del vigente “que será asentado”, ello, para evitar confusiones.

14. En el caso del artículo 334, tenemos que se modifica para ser congruente con la reforma 2007-2008 en donde se determina que los órganos facultados para el recuento de votos son los consejos distritales y por ende se deberá entregar copias certificadas de las actas al Tribunal Electoral. De este modo, en el numeral 1 se prevé que la Junta General Ejecutiva, por los medios que resulten idóneos para tal fin, antes del miércoles siguiente al día de la jornada electoral, deberá entregar a cada uno de los consejos distritales, un paquete electoral integrado por las boletas electorales, los originales de las actas de escrutinio y cómputo de las mesas y del cómputo por distrito electoral uninominal, así como las hojas de operaciones; y en el numeral 3, el 2 no sufre modificaciones, se establece que: “La Junta General Ejecutiva integrará un paquete electoral con las copias certificadas de las actas de cómputo distrital correspondientes a los distritos electorales federales uninominales, mismas que, acompañadas con un informe circunstanciado que elabore respecto de la votación emitida en el extranjero para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos serán remitidas a la Sala Superior del Tribunal Electoral antes del domingo siguiente al de la jornada electoral”.

15. A su vez, el artículo 335 se hacen ajustes de las propuestas reseñadas en los párrafos precedentes; en el párrafo 1, se establece que una vez realizados los actos a que se refiere el artículo 298, párrafo 1, incisos a), b) y c), del Cofipe en cada uno de los consejos distritales, el presidente del mismo informará a sus integrantes del resultado “consignado en el acta distrital de cómputo de los votos emitidos en el extranjero para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que sean sumados a los resultados de las casillas instaladas en el respectivo distrito, como parte integrante del cómputo distrital”.

16. El artículo 337 se modifica con el fin de prever oportunamente las acciones necesarias para la instrumentación del proceso en su conjunto en este rubro específico; además, es necesario que se considere la supervisión por parte de los partidos políticos respecto de los casos de procedencia e improcedencia de las solicitudes de inscripción al LNERE, ya que en 2006 se instaló un órgano técnico para su análisis. De esta manera, con la reforma propuesta en este ordinal, tenemos que:

• En el numeral 1, se establece que para el cumplimiento de las atribuciones y tareas que se otorga al IFE, en el Libro Sexto, denominado “Del voto de los mexicanos residentes en el extranjero”, la Junta General Ejecutiva propondrá al Consejo General, la creación de la unidad técnica encargada de coordinar el voto de los mexicanos en el extranjero, así como de las unidades administrativas necesarias para la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente Libro, indicando los recursos necesarios para cubrir las tareas durante el proceso electoral;

• En el 2, que la unidad técnica deberá entrar en funciones a partir del primer mes del año previo a la elección presidencial, y

• Por último, en el numeral 3, que durante el proceso electoral “la Comisión Nacional de Vigilancia determinará la forma de organización de los partidos políticos para la supervisión del proceso de recepción de las solicitudes de inscripción con relación al cumplimiento de requisitos legales, para la procedencia o improcedencia de inclusión a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero”.

17. Finalmente, la reforma al artículo 339 se instrumenta debido a que en el capítulo de infracciones se contempla la prohibición de realizar propaganda electoral fuera del territorio nacional, así las cosas, se considera congruente el establecimiento de esta disposición con lo dispuesto en el art. 342 párrafo 1 inciso a) y g) y 345 párrafo 1 inciso b), para armonizar el conjunto: de ahí que se prevea que las conductas que pudieran constituir faltas a la normatividad electoral, cometidas por mexicanos residentes en el extranjero, podrán ser denunciadas por las personas físicas por su propio derecho o por las personas morales por conducto de sus representantes legales. Y sobre la base de este particular, es que se incorporan los otros dos mandatos:

• Que las denuncias deberán ser presentadas ante los órganos centrales o desconcentrados del IFE, y

• Que para la aplicación de los procedimientos sancionadores a los que se refiere el propio artículo, se atenderán las disposiciones contenidas en el Libro Séptimo del Cofipe: “De los regímenes sancionador electoral y disciplinario interno”.

IV. Reubicación de competencias en materia de procedimiento especial sancionador

En lo tocante al procedimiento especial sancionador, tenemos que luego de un detallado análisis de las disposiciones que lo integran, se desprende que existe una amplísima gama de conductas sancionables que entrañan serios problemas no sólo por su magnitud, sino precisamente porque le quitan cualquier carácter de especial que pudiera tener; así, el criterio de excepcionalidad con que fuera ideado e introducido en la ley se ha convertido en un fenómeno excesivamente ordinario; basta con tomar en cuenta que durante el año previo, 2009, fueron atendidos mil 76 procedimientos.

De cualquier modo, no es posible dejar de reconocer que los instrumentos de sanción constituyen una herramienta muy útil del arbitraje electoral en su conjunto; lo anterior, porque a través del ejercicio de las facultades que le son inherentes, se contienen y castigan de manera oportuna, las conductas contrarias a la ley más dañinas para el proceso electoral. No obstante, es dable reconocer que es posible hacer ajustes al marco normativo en su conjunto a fin de atemperar algunos de los problemas detectados.

1. En el caso del artículo 120, tenemos que se antoja imperativo dotar de una facultad expresa al secretario ejecutivo del IFE, como se verá en el apartado inmediato posterior, para que realice el análisis sobre la procedencia o improcedencia de las solicitudes relacionadas con la adopción de medidas cautelares, ello, antes de remitirlas a la Comisión de Quejas y Denuncias; es decir, si al Secretario General del IFE le corresponde determinar, previo análisis, sobre la procedencia o no, de dar vista a la Comisión de Quejas y Denuncias para el dictado de medidas cautelares durante el trámite de los procedimientos sancionadores previstos en el Libro Séptimo, Título Primero, Capítulos Tercero y Cuarto; al Secretario Ejecutivo le atañe presentar el proyecto de resolución respectivo.

La razón de esta propuesta, tiene que ver con la actual falta de claridad del papel que debe desempeñar el Secretario en la etapa previa a la remisión de las solicitudes de adoptar medidas cautelares a la Comisión de Quejas y Denuncias; es decir, se debe dotar claramente al Secretario de facultades para que valore los elementos que le son sometidos a consideración con el objeto de que sea él quien determine si existen elementos suficientes para que la Comisión de Quejas y Denuncias emita algún pronunciamiento, relacionado con la adopción o no de las medidas cautelares que se les solicitan; máxime que la aplicación de medidas de este tipo, que por su naturaleza no son necesariamente definitivas por cuanto que está pendiente la resolución de fondo del asunto, es muy delicada; es decir, la determinación de que sí procede una medida cautelar puede afectar de manera decisiva el transcurso de una campaña electoral y luego resolverse con posterioridad que no existió el quebrantamiento la orden legal establecido por parte del partido o candidato responsable de dicha campaña. De ahí que se esté proponiendo la reforma del numeral 1, inciso f), para proponer que al Secretario del Consejo General le corresponde determinar, previo análisis, “la procedencia o no, de dar vista a la Comisión de Quejas y Denuncias para el dictado de medidas cautelares durante el trámite de los procedimientos sancionadores previstos en el Libro Séptimo, Título Primero, Capítulos Tercero y Cuarto”.

2. En este tenor, el artículo 125 se reforma para hacer expresa la facultad del Secretario Ejecutivo a fin de: “Tramitar y presentar el proyecto de resolución de los procedimientos sancionadores previstos en el Libro Séptimo, Título Primero, Capítulos Tercero y Cuarto. Esta atribución podrá ser delegada en la Dirección Jurídica”; es decir, se complementa el mandato contenido en el artículo 120 a favor del Secretario General; además, se prevé la posibilidad de incorporar la facultad del secretario técnico para designar al titular de la Dirección Jurídica como encargado de la tramitación y sustanciación de los procedimientos sancionadores.

2. El artículo 342, numeral 1, inciso i), se modifica para ampliar los conceptos que en él se contemplan; es decir, en la actualidad, este ordinal prevé que constituyen infracciones de los partidos políticos al Cofipe: “i) La contratación, en forma directa o por terceras personas, de tiempo en cualquier modalidad en radio o televisión”; con la redacción propuesta no sólo se alude a la adquisición de propaganda política; sino que además se hace referencia a que ésta se explícita o encubierta, especificando que tanto puede ser a titulo oneroso como gratuito. Ello, porque el marco regulador vigente se ha vulnerado a través de la simulación, es decir, dejando de contratar propaganda o publicidad explícita, dado que la ley lo prohíbe, empero sí, contratando entrevistas o supuestas notas periodísticas. La propuesta de redacción de este inciso quedaría así. “La contratación o adquisición, a título gratuito u oneroso, en forma directa o por terceras personas, de propaganda política o electoral explícita o encubierta en cualquier modalidad de radio y televisión”.

3. El artículo 344 también se reforma; ahora bien, dado que se agrega un inciso b) cuyo contenido es enteramente novedoso sin desaparecer el resto de los supuestos jurídicos contenidos en los incisos actualmente vigentes, en la especie resulta que si bien se modifica el citado inciso b), las fracciones vigentes se recorren en el mismo orden por lo que la fracción b) actual pasa a ser la c) del proyecto; la c), para a ser la d); y así sucesivamente.

En cuanto al inciso b) propuesto, éste dice que constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular al presente Código: “Contratar, adquirir o recibir a titulo oneroso o gratuito en forma directa o por terceras personas, de tiempo en cualquier modalidad en radio o televisión”. Las razones para esta propuesta han sido reseñadas en el apartado inmediato anterior, por lo que en obvio de reiteraciones innecesarias, son de tenerse aquí por reproducidos los criterios vertidos con antelación sobre el particular.

En este mismo sentido, se modifica el numeral 1, inciso b), del artículo 345 para establecer que constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a partidos políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral, al Cofipe: “Contratar o adquirir, a título gratuito u oneroso, propaganda en radio y televisión, tanto en territorio nacional como en el extranjero, para su promoción personal o dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, o a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular”.

5. Sobre esta base de impedir la simulación para contravenir sin consecuencias el marco regulador en la materia, el artículo 350 se reforma a efecto de contemplar que constituyen infracciones al Cofipe, por parte de los concesionarios o permisionarios de radio y televisión:

a) “La venta o cesión de tiempo de transmisión, en cualquier modalidad, a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular;

b) La difusión, pagada o gratuita, de propaganda política o electoral distinta a la ordenada por el Instituto Federal Electoral, en cualquier modalidad de radio y televisión;

c) El incumplimiento, sin causa justificada, de su obligación de transmitir los mensajes y programas de los partidos políticos, y de las autoridades electorales, conforme a las pautas aprobadas por el Instituto;

d) La manipulación o superposición de la propaganda electoral o los programas de los partidos políticos”.

Es decir, a partir de esta propuesta, se podría sancionar no sólo la venta del tiempo de transmisión, sino también la cesión del mismo en cualquier modalidad, tanto a los partidos políticos, como a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular; por no hablar de la difusión, pagada o gratuita, de cualquier propaganda política o electoral distinta a la ordenada por el IFE, en cualquier modalidad de radio y televisión.

El inciso c) se modifica sólo para hacer un pequeño ajuste pues en la actualidad, derivado de una reforma previa, el artículo tiene dos conjunciones copulativas “y” al finalizar el párrafo, por lo que en el caso de este inciso c) se suprime la misma dejando que el párrafo termine con un punto y coma; el que sí se reforma es el inciso d), para prever que también se sancionará “La manipulación o superposición de la propaganda electoral o los programas de los partidos políticos”; ello, pues como ya se comentó en párrafos de antelación, se hace un especial énfasis porque las disposiciones en materia de radio y televisión se cumplan de manera puntual y exacta.

6. El artículo 354 se reforma para elevar el monto de las sanciones pecuniarias. En este ordinal se establece en su párrafo 1 que las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a los incisos que contempla; y el inciso f) relativo a los concesionarios o permisionarios de radio y televisión establece en las fracciones II y III, respectivamente, que se castigarán:

“II. Con multa de hasta cien mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, que en el caso de concesionarios o permisionarios de radio será de hasta cincuenta mil días de salario mínimo; en caso de reincidencia hasta con el doble de los montos antes señalados, según corresponda;

III. Cuando no transmitan, conforme a las pautas aprobadas por el Instituto los mensajes, a que se refiere este capítulo, además de la multa que en su caso se imponga, deberán subsanar de inmediato la omisión, utilizando para tal efecto el tiempo comercializable o para fines propios que la ley les autoriza”.

Empero, lo cierto es que estas disposiciones vigentes han devenido en inoperantes pues, en atención a los costos y beneficios, para algunos infractores resulta más simple infringir la Ley que acatarla; de ahí que se proponga la siguiente redacción que incrementa sustancialmente el monto de la sanción económica e incluso, la duplica en el caso de reincidencia:

“II. Con multa de hasta quinientos mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal;

III. En caso de reincidencia, hasta con el doble del monto señalado”.

Los numerales 3 y 4 del artículo 365 se modifican en su redacción; en el primer caso, para complementar la expresión “admitida la queja o la denuncia...” por la de “radicada o admitida la queja o denuncia...”; incorporar el término “radicar” dentro del artículo relativo a la admisión o desechamiento, se hace con el fin dejar claramente establecido el supuesto a que alude la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis relevante que lleva por título: “Queja o denuncia. El plazo para su admisión o desechamiento se debe computar a partir de que la autoridad tenga los elementos para resolver”. Misma que establece que de la interpretación funcional de los párrafos 8 y 9 del artículo 362 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige que la Secretaría del Consejo General del Instituto Federal Electoral “tiene el deber jurídico de analizar el contenido del escrito de denuncia o queja, a fin de acordar sobre su admisión o desechamiento, para lo cual debe tener los elementos suficientes para determinar si los hechos denunciados pueden ser constitutivos o no de una infracción a la normativa electoral; por tanto, tiene la facultad de llevar a cabo u ordenar las diligencias necesarias y conducentes a tal efecto, además de requerir la información que considere pertinente para el desarrollo de la investigación. En consecuencia, el plazo legal de cinco días, concedido para emitir el acuerdo sobre su admisión o desechamiento, se debe computar a partir del momento en que la autoridad administrativa electoral tiene los elementos indispensables para ello ”. 1

Y el numeral 4 se modifica para decir, en su primera parte, que: “Si dentro del plazo fijado para la admisión de la queja o denuncia, la Secretaría previo análisis de los hechos denunciados estima que deben dictarse medidas cautelares lo propondrá a la Comisión de Quejas y Denuncias para que esta resuelva, en un plazo de veinticuatro horas, lo conducente”; ello, en atención a la necesidad, ya vista, de que haya un análisis previo de las solicitudes de aplicación de medidas cautelares, el cual, eventualmente, pueda incluso derivar en un desechamiento de la solicitud.

8. El artículo 367 se reforma a efecto de incluir expresamente, como supuestos de procedencia del procedimiento especial sancionador, las hipótesis del artículo 41, base III de la Constitución, a los que aludieron la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como supuestos de competencia originaria del IFE, para la atención de las cuestiones relacionadas con radio y televisión, bajo el rubro: “Instituto Federal Electoral. Es la única autoridad facultada para administrar los tiempos oficiales en radio y en televisión a que tendrán acceso los partidos políticos, incluso tratándose de elecciones estatales”, que en lo conducente prevé: “La administración de los tiempos oficiales que los concesionarios o permisionarios de radio y televisión deben destinar para fines electorales es una atribución privativa a nivel nacional del Instituto Federal Electoral, incluso tratándose de elecciones en los estados, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no hace distinción alguna que habilite a los permisionarios gubernamentales para dotar libremente, dentro de sus señales de transmisión con cobertura local, de espacios para uso de los partidos políticos o de las autoridades electorales locales, sino que están constreñidos a facilitar la disponibilidad de los tiempos oficiales y sólo dentro de ellos permitir la difusión de propaganda electoral . Por tanto, las autoridades electorales locales no pueden ser investidas de la atribución para administrar alguna modalidad de acceso de los partidos políticos a las estaciones de radio y canales de televisión, pues su función en este aspecto constitucionalmente se limita a servir de conducto de las determinaciones que en la materia disponga legalmente el Instituto Federal Electoral, quien por ser titular de la facultad de administrar los tiempos oficiales en dichos medios de comunicación, tiene encomendada una función que, desde el punto de vista técnico, se define como la realización de todos los actos mediante los cuales se orienta el aprovechamiento de los recursos materiales, humanos, financieros y técnicos de una organización hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales, entre los que se encuentra el control del acceso de los partidos políticos a los aludidos medios de comunicación”. 2

De esta suerte, se prevé que la Secretaría del Consejo General del IFE instruirá el procedimiento especial establecido en el correspondiente Capítulo únicamente durante los procesos electorales y por la comisión de las siguientes conductas:

a) Contratación o adquisición, a título gratuito u oneroso, de propaganda electoral en cualquier modalidad de radio y televisión;

b) Incumplimiento de los concesionarios y permisionarios de radio y televisión de las pautas aprobadas por el Instituto;

c) Difusión de propaganda electoral que calumnie a las personas o denigre a las instituciones y a los propios partidos;

d) Difusión de propaganda gubernamental en radio y televisión durante las campañas electorales y hasta el día de la jornada electoral, con excepción de lo dispuesto por el artículo 2 del presente Código.

e) Violación a lo establecido en el octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución;

f) Realización de actos anticipados de precampaña o campaña.

Ello, por cuanto que el texto vigente se limita a señalar que dentro de los procesos electorales, la Secretaría del Consejo General instruirá el procedimiento especial establecido por el presente capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que:

• Violen lo establecido en la Base III del artículo 41 o en el séptimo párrafo del artículo 134 de la Constitución, sin estipular específicamente los alcances de dicha previsión excesivamente genérica;

• Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecidas para los partidos políticos en el propio Cofipe, o

• Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.

De este modo, con la propuesta contenida en esta Iniciativa, se desarrolla y explicita el alcance y contenido de las prohibiciones relativas a la contratación o difusión de propaganda electoral que contraríe el mandato legal.

9. Por lo que hace al artículo 368, numeral 5, tenemos que en relación con las propuestas de modificación anteriores, se prevé que la denuncia será desechada de plano por la Secretaría, sin prevención alguna, cuando no reúna los requisitos indicados en el párrafo 3 del mismo artículo, o cuando el denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus dichos. Empero, para ampliar la esfera de atribuciones de la Secretaría en los casos de frivolidad constatada, se adiciona un segundo párrafo que reza: “Lo mismo sucederá cuando del análisis inicial de la queja, al que se refiere el numeral anterior, la Secretaría advierta que los hechos denunciados no constituyan, de manera evidente, una violación en materia de propaganda político-electoral dentro de un proceso electivo, o cuando la materia de la denuncia resulte irreparable”.

Asimismo, el plazo contenido en el numeral 6 para que la Secretaría notifique al denunciante su resolución, por el medio más expedito a su alcance, se amplía de doce a treinta y seis horas.

Y por último, en el numeral 9 se contempla que si la Secretaría previo análisis de los hechos denunciados determina necesaria la adopción de medidas cautelares, las propondrá a la Comisión de Quejas y Denuncias en los términos establecidos en el artículo 364 del propio Código. La modificación es para incorporar la noción de “previo análisis” de la que carece el texto vigente.

10. El caso del artículo 370, que contiene verdaderamente una modificación mínima, su objetivo es ampliar el plazo para que una vez celebrada la audiencia, la Secretaría formule un proyecto de resolución dentro de las setenta y dos horas siguientes; el término actual es de apenas veinticuatro.

V. Ajustes al texto del Cofipe

Ahora bien, además de las anteriores, se estima que es necesaria la reforma de los artículos que se enlistan a continuación:

1. El caso del artículo 2, numeral 2, es claro; la previsión actual es que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Y como únicas excepciones a lo anterior considera las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. La modificación propuesta en este artículo es para correlacionarlo con la propuesta sobre infracciones en materia de propaganda gubernamental y para clarificar su contendido; en este último sentido, en vez de aludir a las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, se aclara que las únicas exceptuadas serán las campañas de información de las autoridades electorales, las educativas y de salud . Por lo demás, se agrega un último párrafo que reza: “En ningún caso podrán difundirse obras públicas, logros ni compromisos de gobierno” para, como queda dicho, adecuarlo a las previsiones restantes en materia de regulación de la propaganda gubernamental

2. La fórmula propuesta en tratándose de la adición de un numeral 4 al ordinal 4 del Cofipe, es decir, proponer que sea el Instituto Federal Electoral quien en uso de atribuciones específicas establezca todas las condiciones que sean necesarias para que los ciudadanos con discapacidades y los adultos mayores puedan ejercer su derecho al sufragio, se estima como un mecanismo idóneo a través del cual, partidos y ciudadanos, podrán impulsar la adopción de todas y cada una de las acciones y medidas que sean necesarias para no hacer nugatorios los derechos políticos de las personas con discapacidad o que sean adultos mayores. Máxime que las manifestaciones de sus limitaciones físicas pueden ser de muy diverso tipo y naturaleza, así como en multitud de grados. En atención a esta consideración, es que se propone la adición de un último párrafo al vigente artículo 4, que diga: “El Instituto Federal Electoral establecerá todas las condiciones para que los ciudadanos con discapacidades y adultos mayores puedan ejercer su derecho al sufragio ”; con ellos, se estima se establece la facultad para que el IFE continúe con la labor que emprendió desde hace años, pues es innegable que el IFE, desde el 2005, implementó el uso de mamparas especiales, para las personas con discapacidad motriz, o bien, estatura menor. E incluso medidas como la relativa al uso de mascarillas braille, para el uso de personas invidentes, ya se ha implementado en nuestro País a partir del año 2000.

3. En la reforma al numeral 5 del artículo 228 se establece la obligación de que la rendición de cuentas se encuentre prevista en una ley y lo ofrezca el titular del órgano que rinde cuentas; por otro lado, se corrige un yerro del texto actual que alude al párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución cuando debe ser párrafo octavo. En efecto, el 13 de noviembre de 2007, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó la reforma de los artículos 60, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adicionando el artículo 134 y derogando un párrafo al artículo 97, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; al revisar el contenido de la citada reforma, se advierte que en el artículo 134 constitucional se adicionó un párrafo nuevo, dando como resultando un cambio en la distribución de dichos párrafos, lo que se omitió hacer en la legislación secundaria; en la especie, el artículo 228, numeral 5, del Cofipe, actualmente nos remite concretamente al párrafo séptimo del dispositivo constitucional, mismo que se refiere a la obligación imparcial de los servidores públicos en la aplicación de los recursos públicos, cuando en lo particular se refiere a la propaganda electoral, por lo que es preciso se reenvíe al párrafo octavo, ya que es el que regula lo relativo a la propaganda gubernamental.

Además, es preciso establecer que el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, para que no sean considerados como propaganda, deberán estar previstos en una ley, sea ofrecido por el titular del órgano que rinde cuentas, y su difusión se limite a una vez al año. Ello, por cuanto que, en los hechos, se ha abusado de esta posibilidad o distorsionado el alcance y sentido del mandato constitucional. Finalmente, se prevé que en ningún caso la difusión de tales informes podrá realizarse dentro del periodo de campaña electoral y hasta el día de la jornada electoral.

Por lo expuesto, se propone el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo Único. Se reforman los artículos 2, numeral 2; 49, numerales 3 y 4; 52, numeral 1; 55, numeral 1; 56, numeral 1; 60, numeral 1; 62, numerales 1, 4 y 5; 64, numeral 1; 74, numerales 1, 2 y 3; 120, numeral 1, inciso f); 125, numeral 1, incisos e) y f); 149, numeral 3; 228, numeral 5; 295, numeral 1, incisos f), g), h), i) y j), así como los numerales 3, 4 y 6; 297, numeral 1, incisos a), b), c), d), e) y f); 298, numeral 1, incisos a), c) y d; 315, numerales 2, 3, 4 y 5; 316, numeral 1, incisos c) y d); 317, numerales 1, 2, 3 y 4; 318, numeral 2; 319, numerales 1, 2, 3 y 5; 320, numerales 1, 2, primer párrafo e inciso a), 3 y 4; 322, numerales 1 y 2; 326, numeral 2 y 3; 327, numeral 1, inciso a); 329, numeral 1, incisos a) y b); 330, numerales 1 y 2; 332, numeral 2; 334, numerales 1 y 3; 335, numerales 1 y 3; 337, numeral 1; 342, numeral 1, inciso i); 344, numeral 1, incisos b), c), d), e) y f); 345, numeral 1, inciso b); 350, numeral 1, incisos a), b), c) y d); 354, numeral 1, incisos a), b), c) y d); 354, numeral 1, inciso f), fracciones II y III; 365, numerales 3 y 4; 367, numeral 1, párrafo primero e incisos a), b) y c); 368, numerales 5, 6 y 9; y 370, numeral 1; se adicionan los artículos 4, con un numeral 4; 298, con los numerales 6, 7 y 8; 316, con un numeral 2; 318, con dos párrafos en el numeral 2 y con un numeral 3; 319, con un segundo párrafo cada uno, los numerales 3, 4 y 5; 320, con un párrafo 5; 322, numeral 1, con tres fracciones a), b) y c); 326, con un segundo párrafo su numeral 2; 329, con un inciso c) su numeral 1; 330, con los numerales 3, 4 y 5; 331, el primer párrafo de su numeral 1 y el inciso c); 337 con los numerales 2 y 3; 339 con un numeral 3; 344, numeral 1, con una fracción g); 367, con tres incisos, su numeral 1; 368, con un segundo párrafo su numeral 5; y se derogan el numeral 6, del artículo 62; el numeral 4, del artículo 74; todos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 2

1. ...

2. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las educativas y de salud , o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. En ningún caso podrán difundirse obras públicas, logros ni compromisos de gobierno .

...

Artículo 4

...

4. El Instituto Federal Electoral establecerá todas las condiciones para que los ciudadanos con discapacidades y adultos mayores puedan ejercer su derecho al sufragio

Artículo 49

1. y 2. ...

3. Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en ningún momento podrán contratar o adquirir o recibir , por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión a título gratuito u oneroso , por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Tampoco podrán hacerlo los dirigentes y afiliados a un partido político, o cualquier ciudadano, para su promoción personal con fines electorales. La violación a esta norma será sancionada en los términos dispuestos en el Libro Séptimo de este código.

4. Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar, adquirir o difundir propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

...

Artículo 52

1. La Comisión de Quejas y Denuncias, a propuesta fundada y motivada del Secretario Ejecutivo, podrá ordenar la suspensión inmediata de cualquier propaganda en radio o televisión conforme a lo establecido en el artículo 365 de este código; lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones que deban aplicarse a los infractores.

Artículo 55

1. Dentro de los procesos electorales federales, a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, el Instituto Federal Electoral tendrá a su disposición cuarenta y ocho minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión. La transmisión de las pautas correspondientes a los procesos electorales federales será obligatoria para cada título de concesión o permiso de manera individual. El Instituto no podrá establecer excepciones o condiciones a la obligación de transmitir las pautas que notifique a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión.

...

Artículo 56

1. Durante las precampañas y campañas electorales federales, el tiempo en radio y televisión, convertido a número de mensajes, asignable a los partidos políticos, se distribuirá entre ellos conforme al siguiente criterio: treinta por ciento del total en forma igualitaria y el setenta por ciento restante en proporción al porcentaje de votos obtenido por cada partido político en la elección para diputados federales inmediata anterior. Esta distribución será aplicable independientemente de los convenios de coalición que celebren los partidos políticos.

...

Artículo 60

1. Cada partido decidirá libremente la asignación por tipo de campaña federal de los mensajes de propaganda electoral a que tenga derecho.

Artículo 62

1. En las entidades federativas con procesos electorales locales con jornadas comiciales coincidentes con la federal, del tiempo total establecido en el párrafo 1 del artículo 58 de este Código, el Instituto Federal Electoral, por conducto de las autoridades electorales administrativas correspondientes, destinará para las campañas locales de los partidos políticos quince minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión de cobertura en la entidad federativa de que se trate. La transmisión de las pautas correspondientes a los procesos electorales locales será obligatoria para cada título, concesión o permiso de manera individual. El instituto no podrá establecer excepciones o condiciones a la obligación de transmitir las pautas que notifique a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión.

2. ...

3. Para la distribución entre los partidos políticos del tiempo establecido en el párrafo 1 de este artículo las autoridades electorales locales aplicarán, en lo conducente, las reglas establecidas en el artículo 56 de este Código.

4. Una vez distribuidos los tiempos conforme a lo establecido en los párrafos 2 y 3 de este artículo, cada partido decidirá libremente la asignación de los mensajes que le correspondan, incluyendo su uso para campañas locales o federales.

5. Para los efectos de este capítulo, se considerará que tienen cobertura en una entidad federativa los canales de televisión y estaciones de radio que emitan su señal desde la misma entidad.

Artículo 64

1. Para fines electorales en las entidades federativas cuya jornada comicial tenga lugar en mes o año distinto al que corresponde a los procesos electorales federales, el Instituto Federal Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate. Los cuarenta y ocho minutos de que dispondrá el Instituto se utilizarán desde el inicio de la precampaña local hasta el término de la jornada electoral respectiva. La transmisión de las pautas correspondientes a los procesos electorales locales será obligatoria para cada título, concesión o permiso de manera individual. El Instituto no podrá establecer excepciones o condiciones a la obligación de transmitir las pautas que notifique a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión.

Artículo 74

1. El Consejo General, a propuesta del Comité de Radio y Televisión o de la Junta General Ejecutiva, podrá ordenar la acumulación del tiempo en radio y televisión que determinen las pautas para la transmisión de debates, programas de presentación de propuestas de precampaña y campaña y mensajes de inicio y cierre de campaña cuya duración sea mayor a dos minutos.

2. No podrá transferirse tiempo entre estaciones de radio o canales de televisión, ni entre entidades federativas. La asignación de tiempo entre las campañas electorales se ajustará estrictamente a lo dispuesto en este capítulo, a lo que, conforme al mismo, establezca el reglamento en la materia, y a lo que determine el Comité de Radio y Televisión del Instituto.

3. Las pautas que determine el comité establecerán, para cada mensaje, la estación o canal, así como el día y hora en que deban trasmitirse; el reglamento establecerá lo conducente respecto de plazos de entrega de materiales y características técnicas de los mismos. En todo caso, los concesionarios y permisionarios deberán transmitir los materiales el segundo día hábil posterior a su entrega. El Instituto establecerá los mecanismos electrónicos y tecnológicos para poner a disposición los materiales de los partidos políticos y las autoridades electorales.

Artículo 120

...

f) Determinar previo análisis, la procedencia o no, de dar vista a la Comisión de Quejas y Denuncias para el dictado de medidas cautelares durante el trámite de los procedimientos sancionadores previstos en el Libro Séptimo, Título Primero, capítulos tercero y cuarto;

...

Artículo 125

...

e) Tramitar y presentar el proyecto de resolución de los procedimientos sancionadores previstos en el Libro Séptimo, Título Primero, Capítulos Tercero y Cuarto. Esta atribución podrá ser delegada en la Dirección Jurídica;

f) Determinar, previo análisis la procedencia o no, de dar vista a la Comisión de Quejas y Denuncias para el dictado de medidas cautelares durante el trámite de los procedimientos sancionadores previstos en el Libro Séptimo, Título Primero, capítulos tercero y cuarto;

...

Artículo 149

...

3. Los seis consejeros electorales serán designados por el consejo local correspondiente conforme a lo dispuesto en el inciso c) del párrafo 1 del artículo 141 de este Código. Por cada consejero electoral habrá dos suplentes . De producirse una ausencia definitiva, o en su caso, de incurrir el consejero propietario en dos inasistencias de manera consecutiva sin causa justificada, un suplente será llamado para que concurra a la siguiente sesión a rendir la protesta de ley. Las designaciones podrán ser impugnadas en los términos previstos en la ley de la materia, cuando no se reúna alguno de los requisitos señalados en el artículo siguiente.

...

Artículo 228

...

5. Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la obligación se encuentre prevista en una ley, sea ofrecido por el titular del órgano que rinde cuentas, y su difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá realizarse dentro del periodo de campaña electoral y hasta el día de la jornada electoral.

Artículo 295

...

f) Acto seguido, se abrirán los paquetes en que se contengan los expedientes de las casillas especiales, para extraer las actas de mayoría relativa de la elección de diputados y se procederá en los términos de los incisos a) al e) del presente artículo;

g) En caso de los supuestos mencionados en los incisos b), d) y e), el número de casillas sujetas a un nuevo escrutinio y cómputo ponga en riesgo el cumplimiento de los términos señalados en el artículo 307 de este código, el consejo distrital podrá determinar la creación de los grupos de trabajo necesarios conforme a los párrafos 4, 5, 6, 7 y 8 del presente artículo;

h) La suma de los resultados, después de realizar las operaciones indicadas en los incisos anteriores, constituirá el cómputo distrital de la elección de diputados de mayoría que se asentará en el acta correspondiente;

i) El cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de representación proporcional, será el resultado de sumar a las cifras obtenidas en el acta de cómputo distrital de diputados de mayoría relativa las correspondientes a las actas de escrutinio y cómputo de diputados por representación proporcional de las casillas especiales, y se asentará en el acta correspondiente al cómputo distrital de diputados de representación proporcional.

j) Durante la apertura de paquetes electorales conforme a los señalado en los incisos anteriores, el presidente o el secretario del consejo distrital extraerá: los escritos de protesta, si los hubiere; la lista nominal correspondiente; la relación de ciudadanos que votaron y no aparecen en la lista nominal, así como las hojas de incidentes y la demás documentación que determine el Consejo General en acuerdo previo a la jornada electoral. De la documentación así obtenida se dará cuenta al consejo distrital, debiendo ordenarse conforme a la numeración de las casillas. Las carpetas con dicha documentación quedarán bajo resguardo del presidente del Consejo para atender los requerimientos que llegare a presentar el Tribunal Electoral u otros órganos del instituto;

...

3. Si al término del cómputo se establece que la diferencia entre el candidato presuntamente ganador y el ubicado en segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual, y existe al inicio de la sesión o en ese momento, la petición expresa a que se refiere el párrafo anterior, el Consejo Distrital deberá proceder a realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. En todo caso, se excluirán del procedimiento anterior las casillas que ya hubiesen sido objeto de recuento.

4. Conforme a lo establecido en los dos párrafos inmediatos anteriores, para realizar el recuento total de votos respecto de una elección determinada, o el recuento de un número considerable de casillas señalado en inciso f) del párrafo primero del presente artículo, el Consejo Distrital dispondrá lo necesario para que sea realizado sin obstaculizar el escrutinio y cómputo de las demás elecciones y concluya antes del domingo siguiente al de la jornada electoral. Para tales efectos, el presidente del Consejo Distrital dará aviso inmediato al secretario ejecutivo del Instituto; ordenará la creación de grupos de trabajo integrados por los consejeros electorales, los representantes de los partidos y los vocales o integrantes del personal de la junta ejecutiva , que los presidirán. Los grupos realizarán su tarea en forma simultánea dividiendo entre ellos en forma proporcional los paquetes que cada uno tendrá bajo su responsabilidad. Los partidos políticos tendrán derecho a nombrar a un representante en cada grupo, con su respectivo suplente.

...

6. El vocal o integrante del personal de la junta ejecutiva que presida cada grupo levantará un acta circunstanciada en la que consignará el resultado del recuento de cada casilla y el resultado final que arroje la suma de votos por cada partido y candidato.

...

Artículo 297

...

a) Se harán las operaciones señaladas en los incisos a) al e) y j) del párrafo 1 del artículo 295 de este Código;

b) Acto seguido, se procederá a extraer de los expedientes de las casillas especiales relativos a la elección de senador las actas de mayoría relativa y se realizarán las operaciones referidas en el inciso anterior;

c) En caso de que en atención a los supuestos mencionados en los incisos b), d) y e) del párrafo 1 del artículo 295, el número de casillas sujetas a un nuevo escrutinio y cómputo ponga en riesgo el cumplimiento de los términos señalados en el artículo 303 de este código, el Consejo Distrital podrá determinar la creación de los grupos de trabajo necesarios conforme a los párrafos 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo 295;

d) El cómputo distrital de la elección de senadores por el principio de mayoría relativa será el resultado de sumar las cifras obtenidas según los incisos anteriores y se asentará en el acta correspondiente a esta elección;

e) Es aplicable al cómputo de la elección de senadores por el principio de mayoría relativa lo establecido en los párrafos 2 al 9 del artículo 295 de este Código; (inciso d), en el código vigente)

f) El cómputo distrital de la elección de senadores por el principio de representación proporcional, será el resultado de sumar las cifras obtenidas en el acta de cómputo distrital de senadores de mayoría relativa más las correspondientes a las actas de escrutinio y cómputo de senadores por representación proporcional de las casillas especiales, y se asentará en el acta correspondiente al cómputo distrital de senadores de representación proporcional.

Artículo 298

1. El cómputo distrital de la votación para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se sujetará al procedimiento siguiente:

a) Se harán las operaciones señaladas en los incisos a) al e) y j) del párrafo 1 del artículo 295 de este Código; (inciso j) en lugar del inciso h) original)

...

c) En caso de que en atención a los supuestos mencionados en los incisos b), d) y e) del párrafo 1 del artículo 295, el número de casillas sujetas a un nuevo escrutinio y cómputo ponga en riesgo el cumplimiento de los términos señalados en los artículos 303 y 307 de este código, el Consejo Distrital podrá determinar la creación de los grupos de trabajo necesarios conforme a los párrafos 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo 295;

d) Se sumarán los resultados obtenidos según los incisos anteriores;

...

Artículo 315

2. El ciudadano deberá enviar su solicitud de manera individual a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, por correo, cualquier medio de mensajería o de manera presencial en las oficinas del Instituto, acompañada de los siguientes requisitos:

a) Fotocopia legible del anverso de la credencial para votar con fotografía, o de un documento oficial de identificación con fotografía de los que determine la Comisión Nacional de Vigilancia.

b) Firma autógrafa en la fotocopia, idéntica a la de la credencial para votar o a la del documento oficial de identificación, y sólo en caso de no tener firma estampar huella dactilar del elector.

c) Documento en el que conste el domicilio que manifiesta tener en el extranjero.

3. El Instituto podrá realizar lo conveniente a fin de que la información, en caso de haberse presentado pasaporte o la matrícula consular, sea validada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, para proceder a la inscripción del ciudadano residente en el extranjero en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y al envío de la boleta electoral.

4. No serán tramitadas las solicitudes cuyo estampe de correo o medio de mensajería respectivo tenga fecha posterior al 15 de enero del año de la elección presidencial, o recibidas por el instituto después del 15 de febrero del mismo año. En estos casos, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores enviará al interesado, por correo certificado, aviso de no inscripción por extemporaneidad.

5. El ciudadano interesado podrá consultar al Instituto, por vía telefónica o electrónica, su inscripción.

6. Las solicitudes recibidas en los supuestos señalados por el párrafo tercero en las que se determine alguna omisión, podrán ser subsanadas por el ciudadano siempre y cuando la información sea recibida por el Instituto a más tardar el día 31 de marzo del año de la elección presidencial.

7. En caso de negativa de inscripción en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, el ciudadano podrá presentar una instancia administrativa ante la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores a través del formato que ésta Dirección Ejecutiva le remita. La instancia administrativa se resolverá en un plazo no mayor a 10 días.

8. En caso de resolución negativa a la instancia administrativa, el ciudadano podrá interponer el juicio de protección de derechos político-electorales del ciudadano a través de los formatos que la autoridad le remita.

Artículo 316

...

c) Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, autorizo al Instituto Federal Electoral la inscripción en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, y la baja temporal de la lista correspondiente a la sección electoral que aparece en mi credencial para votar;

d) Solicito sea enviada la boleta electoral al domicilio en el extranjero que declaro en mi solicitud de inscripción, y

...

2. En la solicitud de inscripción, el ciudadano podrá incluir información telefónica, de correo electrónico o el domicilio de un familiar en territorio mexicano para cualquier aclaración que se requiera.

Artículo 317

1. Se entiende por Lista Nominal de Electores Resientes en el Extranjero, la relación elaborada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores que contiene el nombre de las personas incluidas en el padrón electoral que cuentan con credencial para votar, que residen en el extranjero y que solicitan su inscripción en dicha lista.

2. La Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero será de carácter temporal y se utilizará exclusivamente para los fines establecidos en este Libro.

3. La Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero no tendrá impresa la fotografía de los ciudadanos en ella incluidos.

4. El Consejo General podrá ordenar medidas de verificación adicionales a las previstas en el presente Libro, a fin de garantizar la veracidad de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero.

...

Artículo 318

...

2. Las sedes diplomáticas de México en el extranjero contarán con los formatos a que se refiere el párrafo anterior para que estén a disposición de los ciudadanos mexicanos.

El instituto celebrará con la Secretaría de Relaciones Exteriores los acuerdos o convenios que considere necesarios que permitan a los mexicanos residentes en el extranjero, estar informados del proceso electoral.

Se implantarán los mecanismos para que dicha Secretaría coadyuve con el Instituto en la distribución de los formatos de solicitudes de inscripción al Listado Nominal de Electores Residentes en el Extranjero.

3. El instituto celebrará con los servicios postales o de mensajería los acuerdos o convenios correspondientes para el envío y recepción de documentos electorales, durante el proceso del voto de los mexicanos en el extranjero.

Artículo 319

1. Las solicitudes de inscripción en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero serán atendidas en el orden cronológico de su recepción, debiéndose llevar un registro de la fecha de las mismas.

2. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores procederá a la inscripción del solicitante en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, dándolo de baja, temporalmente de la lista nominal de electores correspondiente a la sección del domicilio asentado en su credencial para votar.

3. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores conservará la documentación original hasta la conclusión del proceso electoral.

La documentación original se destruirá en presencia de los representantes de los partidos políticos acreditados ante la Comisión Nacional de Vigilancia a más tardar el último día de septiembre, previa digitalización de la información.

4. Concluido el proceso electoral, cesará la vigencia de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero.

La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores procederá a reinscribir a los ciudadanos en ella registrados, en la lista nominal de electores de la sección electoral que les corresponda por su domicilio en México.

5. Para fines de estadística y archivo, el Instituto conservará la información digitalizada de la Lista Nominales de Electores Residentes en el Extranjero por un periodo de siete años.

El instituto podrá utilizar esta lista para exhortar a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto en futuros procesos electorales.

Artículo 320

1. Concluido el plazo para la recepción de solicitudes de inscripción, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores procederá a elaborar la Lista Nominales de Electores Residentes en el Extranjero.

2. La lista se elaborarán en dos modalidades:

a) Conforme al criterio de domicilio en el extranjero de los ciudadanos, ordenados alfabéticamente. Estas listas serán utilizadas exclusivamente para efectos del envío de las boletas electorales a los ciudadanos inscritos, con excepción en lo señalado por el artículo 319, párrafo quinto, o

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3. En todo momento, el personal del Instituto y los partidos políticos están obligados a salvaguardar la confidencialidad de los datos personales contenidos en las listas nominales de electores residentes en el extranjero.

4. La Junta General Ejecutiva dictará los acuerdos e instrumentará las medidas necesarias para tal efecto.

5. La Junta General Ejecutiva presentará al Consejo General un informe del número de electores en el extranjero, agrupados por país, estado o equivalente, y municipio o su equivalente.

Artículo 322

1. A más tardar el 15 de marzo del año de la elección presidencial, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores pondrá a disposición de los partidos políticos la relación de ciudadanos que solicitaron su incorporación a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero desglosada en tres apartados:

a) Ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores residentes en el extranjero.

b) Solicitudes rechazadas y su causa; y

c) Ciudadanos que deberán subsanar alguna omisión.

2. Los partidos políticos podrán formular observaciones a dichas listas, señalando hechos y casos concretos e individualizados, hasta el 31 de marzo.

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Artículo 326

...

2. El ciudadano deberá enviar el sobre que contiene la boleta electoral, por correo o mensajería al Instituto Federal Electoral, dentro de los plazos establecidos en el presente libro.

El sobre de la boleta elector al deberá tener señalado la clave del ciudadano elector en el extranjero y el domicilio del instituto que determine la Junta General Ejecutiva

3. El instituto instrumentará las acciones necesarias para asegurar la gratuidad del servicio de correo o mensajería.

Artículo 327

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a) Recibir y registrar, señalando la fecha de recepción, los sobres que contienen la boleta electoral, clasificándolos conforme a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero que serán utilizadas para efectos del escrutinio y cómputo;

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Artículo 329

1. Con base en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, conforme al criterio de su domicilio en territorio nacional, el Consejo General:

a) Determinará el número de mesas de escrutinio y cómputo que correspondan a cada distrito electoral uninominal. El número máximo de votos por mesa será de mil 500.

b) Para aquellos casos en los que se reciba menos de 200 votos por distrito, una mesa de escrutinio y cómputo podrá realizar el escrutinio y cómputo de hasta 3 distritos electorales.

c) Aprobará el método para seleccionar y capacitar a los ciudadanos que actuarán como integrantes de las mesas directivas de escrutinio y cómputo, aplicando en lo conducente lo establecido en el artículo 240 de este código.

El número de ciudadanos a insacular por sección será del 5 por ciento adicional al porcentaje establecido en el artículo en mención.

...

Artículo 330

1. Las mesas de escrutinio y cómputo se instalarán a las 15:00 horas del día de la jornada electoral.

2. Una vez concluida la instalación de la mesa de escrutinio, se iniciará el escrutinio y cómputo de la votación emitida en el extranjero.

3. Las mesas de escrutinio y cómputo que atiendan más de un distrito llevarán a cabo el procedimiento completo por cada distrito, desde su instalación hasta la entrega del paquete electoral, respetando el orden alfabético de la entidad y el consecutivo en el distrito.

4. De no estar presentes todos los funcionarios de mesa directiva de casilla a las 15:15 horas, se procederá a integrarla con los servidores públicos designados por la Junta General Ejecutiva de acuerdo a lo establecido en el artículo 260 de este mismo código.

5. El Consejo General podrá determinar el uso de medios electrónicos para el cómputo de los resultados y la elaboración de actas e informes relativos al voto de los electores residentes en el extranjero. En todo caso, los documentos así elaborados deberán contar con firma.

Artículo 331

1. Para el escrutinio y cómputo de los votos emitidos en el extranjero para la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se realizará lo siguiente:

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c) Verificado lo anterior, el presidente de la mesa procederá a abrir el sobre y extraerá la boleta electoral para depositarla inmediatamente en la urna. Si abierto un sobre se constata que no contiene la boleta electoral, o contiene más de una boleta electoral, se considerará que el voto, o votos, son nulos y el hecho se consignará en el acta;

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Artículo 332

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2. El personal del instituto designado previamente por la Junta General Ejecutiva, procederá, en presencia de los representantes generales de los partidos políticos, a realizar la suma de los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo de las respectivas mesas para obtener el resultado de la votación emitida en el extranjero para la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos por distrito electoral uninominal, el cual será asentado en el acta de cómputo correspondiente a cada distrito electoral.

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Artículo 334

1. La Junta General Ejecutiva, por los medios que resulten idóneos, antes del miércoles siguiente al día de la jornada electoral, entregará, a cada uno de los Consejos Distritales, un paquete electoral integrado por las boletas electorales, los originales de las actas de escrutinio y cómputo de las mesas y del cómputo por distrito electoral uninominal, así como las hojas de operaciones, para los efectos legales conducentes.

2. ...

3. La Junta General Ejecutiva integrará un paquete electoral con las copias certificadas de las actas de cómputo distrital correspondientes a los distritos electorales federales uninominales, mismas que, acompañadas con un informe circunstanciado que elabore respecto de la votación emitida en el extranjero para la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos serán remitidas a la Sala Superior del Tribunal Electoral antes del domingo siguiente al de la jornada electoral.

Artículo 335

1. Realizados los actos a que se refiere el artículo 298, párrafo 1, incisos a), b) y c), de este Código, en cada uno de los Consejos Distritales, el presidente del mismo informará a sus integrantes del resultado consignado en el acta distrital de cómputo de los votos emitidos en el extranjero para presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que sean sumados a los resultados de las casillas instaladas en el respectivo distrito, como parte integrante del cómputo distrital.

2. ...

3. El acta distrital de cómputo de los votos emitidos en el extranjero para presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el distrito electoral federal respectivo, será integrada al expediente a que se refiere el inciso e) del párrafo 1 del artículo 300.

Artículo 337

1. Para el cumplimiento de las atribuciones y tareas que este Libro otorga al Instituto Federal Electoral, la Junta General Ejecutiva propondrá al Consejo General, la creación de la unidad técnica encargada de coordinar el voto de los mexicanos en el extranjero, así como de las unidades administrativas necesarias para la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente Libro, indicando los recursos necesarios para cubrir las tareas durante el proceso electoral.

2. La unidad técnica deberá entrar en funciones a partir del primer mes del año previo a la elección presidencial.

3. Durante el proceso electoral la Comisión Nacional de Vigilancia determinará la forma de organización de los partidos políticos para la supervisión del proceso de recepción de las solicitudes de inscripción con relación al cumplimiento de requisitos legales, para la procedencia o improcedencia de inclusión a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero.

Artículo 339.

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3. Las conductas que pudieran constituir faltas a la normatividad electoral, cometidas por mexicanos residentes en el extranjero, podrán ser denunciadas por las personas físicas por su propio derecho o por las personas morales por conducto de sus representantes legales.

Las denuncias deberán ser presentadas ante los órganos centrales o desconcentrados del instituto.

Para la aplicación de los procedimientos sancionadores a los que se refiere este artículo, se atenderán las disposiciones contenidas en el Libro Séptimo del código de la materia.

Artículo 342

...

i) La contratación o adquisición, a título gratuito u oneroso , en forma directa o por terceras personas, de propaganda política o electoral explícita o encubierta en cualquier modalidad de radio y televisión;

...

Artículo 344

...

b) Contratar, adquirir o recibir a titulo oneroso o gratuito en forma directa o por terceras personas, de tiempo en cualquier modalidad en radio o televisión;

c) En el caso de los aspirantes o precandidatos, solicitar o recibir recursos, en dinero o en especie, de personas no autorizadas por este código;

d) Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en especie, destinados a su precampaña o campaña;

e) No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña establecidos en este código;

f) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecido por el Consejo General, y

g) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este código.

Artículo 345

...

b) Contratar o adquirir, a título gratuito u oneroso, propaganda en radio y televisión, tanto en territorio nacional como en el extranjero, para su promoción personal o dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, o a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

...

Artículo 350

1. Constituyen infracciones al presente código de los concesionarios o permisionarios de radio y televisión:

a) La venta o cesión de tiempo de transmisión, en cualquier modalidad, a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular;

b) La difusión, pagada o gratuita, de propaganda política o electoral distinta a la ordenada por el Instituto Federal Electoral, en cualquier modalidad de radio y televisión;

c) El incumplimiento, sin causa justificada, de su obligación de transmitir los mensajes y programas de los partidos políticos, y de las autoridades electorales, conforme a las pautas aprobadas por el Instituto;

d) La manipulación o superposición de la propaganda electoral o los programas de los partidos políticos, y

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Artículo 354

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f) Respecto de los concesionarios o permisionarios de radio y televisión:

...

II. Con multa de hasta quinientos mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal;

III. En caso de reincidencia, hasta con el doble del monto señalado;

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Artículo 365

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3. Radicada o a dmitida la queja o denuncia por la secretaría, se allegará de los elementos de convicción que estime pertinentes para integrar el expediente respectivo. Para tal efecto, solicitará mediante oficio a los órganos centrales o desconcentrados del Instituto que lleven a cabo las investigaciones o recaben las pruebas necesarias. El plazo para llevar a cabo la investigación no podrá exceder de cuarenta días, contados a partir de la recepción del escrito de queja o denuncia en la Secretaría o del inicio de oficio del procedimiento por parte del secretario. Dicho plazo podrá ser ampliado de manera excepcional por una sola vez, hasta por un periodo igual al antes señalado, mediante acuerdo debidamente motivado que emita la secretaría.

4. Si dentro del plazo fijado para la admisión de la queja o denuncia, la secretaría previo análisis de los hechos denunciados estima que deben dictarse medidas cautelares lo propondrá a la Comisión de Quejas y Denuncias para que esta resuelva, en un plazo de veinticuatro horas, lo conducente, a fin lograr la cesación de los actos o hechos que constituyan la infracción, evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales, o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en este código.

Artículo 367

1. La Secretaría del Consejo General instruirá el procedimiento especial establecido por el presente capítulo únicamente durante los procesos electorales y por la comisión de las siguientes conductas:

a) Contratación o adquisición, a título gratuito u oneroso, de propaganda electoral en cualquier modalidad de radio y televisión;

b) Incumplimiento de los concesionarios y permisionarios de radio y televisión de las pautas aprobadas por el instituto;

c) Difusión de propaganda electoral que calumnie a las personas o denigre a las instituciones y a los propios partidos;

d) Difusión de propaganda gubernamental en radio y televisión durante las campañas electorales y hasta el día de la jornada electoral, con excepción de lo dispuesto por el artículo 2 del presente código.

e) Violación a lo establecido en el octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución;

f) Realización de actos anticipados de precampaña o campaña.

Artículo 368

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5. La denuncia será desechada de plano por la secretaría, sin prevención alguna, cuando no reúna los requisitos indicados en el párrafo 3 del presente artículo, o cuando el denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus dichos.

Lo mismo sucederá cuando del análisis inicial de la queja, al que se refiere el numeral anterior, la Secretaría advierta que los hechos denunciados no constituyan, de manera evidente, una violación en materia de propaganda político-electoral dentro de un proceso electivo, o cuando la materia de la denuncia resulte irreparable.

6. En los casos anteriores la Secretaría notificará al denunciante su resolución, por el medio más expedito a su alcance, dentro del plazo de treinta y seis horas; tal resolución deberá ser confirmada por escrito.

...

9. Si la secretaría previo análisis de los hechos denunciados determina necesaria la adopción de medidas cautelares, las propondrá a la Comisión de Quejas y Denuncias dentro del plazo antes señalado, en los términos establecidos en el artículo 364 de este código.

Artículo 370

1. Celebrada la audiencia, la Secretaría deberá formular un proyecto de resolución dentro de las setenta y dos horas siguientes y lo presentará ante el consejero presidente, para que éste convoque a los miembros del Consejo General a una sesión que deberá celebrarse, a más tardar, dentro de las veinticuatro horas posteriores a la entrega del citado proyecto.

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Transitorio

Único . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Énfasis añadido. Recurso de apelación. SUP-RAP-154/2009.– Actor: Partido Socialdemócrata. –Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral. –22 de junio de 2009. –Unanimidad de seis votos. Ponente: Flavio Galván Rivera. –Secretario: Alejandro Ponce de León Prieto.

2 Énfasis añadido. Tesis de jurisprudencia P/J. 100/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVIII, septiembre de dos mil ocho, página quinientas noventa y tres.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los15 días del mes de febrero de 2011.

Diputados: Javier Corral Jurado (rúbrica), José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros.