- De la Comisión de Energía, con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética
- De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal a reforzar las acciones y políticas para impedir la discriminación contra las mujeres por razones de maternidad y garantizar su derecho a trabajar
- De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se solicita a la LXI Legislatura que implante un modelo de equidad de género del que se desprendan acciones afirmativas en favor del personal
- De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Economía federal a promover acciones para la industrialización y generación de proyectos productivos
- De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que exhorta al secretario de Economía y al procurador federal del Consumidor a publicar de inmediato la información relacionada con el establecimiento del precio de los productos provenientes del campo
- De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a revisar a profundidad su política económica y fiscal para poner en marcha estrategias promotoras del desarrollo económico nacional
- De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo relativos al control de precios de los productos de la canasta básica
- De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo relativo a la reclasificación tarifaria en diversos municipios de Colima
- De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a condonar adeudos y establecer una tarifa preferencial para los consumidores domésticos de la comisaría de Puerto Libertad, en Pitiquito, Sonora
- De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general de la Comisión Federal de Electricidad a revisar los costos de energía y a reconsiderar las tarifas de los pozos de uso agrícola y de riego, así como de las norias de Puebla
- De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo relativo a las tarifas de gas natural en Ciudad Juárez, Chihuahua
- De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los gobernadores y al jefe del gobierno del Distrito Federal a trabajar con las instancias federales competentes para implantar acciones que permitan el cumplimiento de los fines del programa de repatriación humana
- De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo relativos a la inversión del tramo carretero Nogales-Estación y a la realización de obras complementarias de modernización en municipios, derivadas del convenio de coordinación entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el gobierno de Sonora
De la Comisión de Energía, con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética
Honorable Asamblea:
La Comisión de Energía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, en atención del contenido de los artículos 38 y 40 de las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes
I. Antecedentes
1. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 11 de agosto de 2010, el diputado Juan José Guerra Abud, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 1 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.
2. El presidente de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía”.
II. Contenido y objeto de la iniciativa
La iniciativa del diputado Juan José Guerra Abud propone reformar la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE), a fin de incorporar como objeto de aplicación de ésta los proyectos hidroeléctricos que, aunque tengan capacidad de generación superior a 30 megawatts, requieran embalses con superficie menor de 1 hectárea o con capacidad de almacenamiento menor de 50 mil metros cúbicos.
Para ello propone reformar la fracción II del artículo 1 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, para quedar con la siguiente redacción:
Artículo 1o. ...
Se excluye del objeto de la presente ley la regulación de las siguientes fuentes para generar electricidad:
I. ...
II. Energía hidráulica que requiera crear nuevos embalses con superficies mayores a una hectárea o con capacidad de almacenamiento mayor a 50 mil metros cúbicos; en el entendido que cualquier nuevo embalse debe estar ubicado dentro del inmueble sobre el cual el permisionario de la planta hidroeléctrica tenga un derecho real;
III. y IV. ...
El diputado Guerra Abud justifica su propuesta en los siguientes términos:
1. La energía hidroeléctrica es renovable si le damos al agua un uso sustentable, esto es, evitando o disminuyendo al máximo los impactos ambientales, económicos y sociales.
2. Las grandes plantas hidroeléctricas requieren de la inundación de una gran superficie de terreno de distinta clase de usos de suelo, agrícola, forestal, de conservación, zonas recreativas e incluso sitios de valor cultural e histórico, que quedan inhabilitados para dichos usos. En algunos casos, se afecta la calidad y flujo del agua, de modo que intermitentemente, disminuye el suministro para consumo humano, afectando las poblaciones ubicadas río abajo; además, el agua se vuelve inadecuada para piscicultura ya que el dique constituye una barrera para la migración de los peces.
3. La opción más conveniente para generar electricidad a través del recurso hidráulico, son las centrales minihidroeléctricas, ya que tienen menor impacto ambiental porque utilizan un embalse pequeño, permitiendo aprovechar corrientes de agua poco caudalosas o donde no es posible la construcción de grandes presas.
4. En la redacción actual de la LAERFTE se excluyen del objeto de la Ley, las centrales hidroeléctricas con capacidad mayor de 30 MW, lo cual deja fuera de los apoyos previstos para las energías renovables los proyectos de mayor capacidad.
5. Es incorrecto excluir por completo estos proyectos, en virtud de que algunas de estas centrales no utilizarían embalses nuevos o embalses con superficie menor de una hectárea y, por consiguiente, tienen bajo impacto ambiental, por lo cual deberían considerarse renovables y, en consecuencia, ser promovidas y apoyadas.
Una vez planteados los antecedentes, contenido y objeto de la iniciativa planteada por el diputado Guerra Abud, los integrantes de la Comisión de Energía fundan el presente dictamen en las siguientes
III. Consideraciones
Primera. Actualmente se considera fuente de energía renovable la energía hidráulica de fuentes con capacidad menor a 30 megawatts –energía minihidráulica–. El diputado Guerra Abud estima que existen proyectos con mayor capacidad y que pueden ser considerados como fuentes de energía renovables y que, por tanto, no deben excluirse del objeto de la ley que se intenta modificar. Por tanto, propone modificar la redacción actual para considerar como energía minihidráulica la derivada de proyectos que requieren nuevos embalses con superficies menores de 1 hectárea, o con capacidad de almacenamiento menor de 50 mil metros cúbicos.
Segunda. Los integrantes de la Comisión de Energía coinciden con el criterio expresado por el diputado Guerra Abud en el sentido de aprovechar al máximo el potencial que representan las energías renovables, manteniendo el uso responsable de los recursos naturales.
El mismo criterio está presente en la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008, ya que reconoce y regula el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias para generar la electricidad con fines distintos a la prestación del servicio público de energía eléctrica. Asimismo, considera, entre otras, como fuente de energía renovable, el movimiento del agua en cauces naturales o artificiales.
Sin embargo, la ley en cita excluye de su objeto algunas fuentes para generar electricidad, entre las cuales se encuentra la energía hidráulica de fuentes con capacidad de generar más de 30 megawatts. De esta forma, se acota la energía minihidráulica, tal y como se reconoce en el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables.
En ese instrumento de regulación y planeación derivado de la misma ley en comento, se establece que la energía minihidráulica es producida en instalaciones hidroeléctricas de capacidad limitada, utilizando la energía potencial o cinética generada por el agua que corre al salvar el desnivel natural o artificial existente entre dos puntos. Este tipo de energía se considera renovable, pues no agota la fuente primaria al explotarla, y no implica la emisión de contaminantes o residuos.
Tercera. Los integrantes de la Comisión de Energía consideran apropiado modificar el concepto actual de la energía minihidráulica para ampliar su alcance e incluir todos los proyectos que cumplan las características que se proponen en la iniciativa; es decir, que requieran embalses con superficies no mayores de 1 hectárea o con una capacidad de almacenamiento de agua menor de 50 mil metros cúbicos, sin que la capacidad de generación sea una limitante.
Estos proyectos, igual que los ya considerados en la actual legislación, por su escala limitada, permiten reducir los impactos sobre el ambiente, y permiten aprovechar corrientes de agua poco caudalosas o donde no es posible la construcción de grandes instalaciones.
Los proyectos minihidráulicos, además de contribuir con la diversificación de las fuentes primarias de energía, se adecuan a los principales beneficios económicos y sociales de este tipo de energía señalados en el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables: reducción de riesgos por inundaciones; mitigación de erosión de cuencas; mejoramiento de labores agrícolas; desarrollo agroindustrial; derrama económica por la construcción y operación, y arraigo en las zonas rurales y capacitación.
Sin embargo, la Comisión de Energía no pasa por alto que en todo proyecto siempre será necesario valorar qué impacto adicional se generará por la ejecución de los proyectos, los cuales llevan asociados a la operación central la construcción de subestaciones eléctricas, líneas de transmisión, caminos de acceso, etcétera, que en su conjunto, producen una serie de efectos ambientales acumulativos o sinérgicos. Por ello, cada proyecto debe evaluarse de manera integral, para evitar sesgos en la interpretación de los posibles efectos que se ocasionarían al ambiente. Asimismo, deberán cumplir la normativa vigente en materia de exploración y explotación de los recursos no renovables en el equilibrio ecológico e integridad de los ecosistemas.
Cuarta. No obstante que la Comisión de Energía coincide con el planteamiento realizado por el diputado en la exposición de motivos, se estima que la reforma legislativa planteada debe ser modificada.
Lo anterior, en virtud de que propone considerar solamente como energía minihidráulica la derivada de proyectos que a) requieren nuevos embalses con superficies menores de 1 hectárea; o b) con capacidad de almacenamiento menor de 50 mil metros cúbicos. Asimismo, elimina considerar como energía minihidráulica la proveniente de fuentes de generación menores de 30 Mw.
Con dicha redacción no sólo indica su objetivo sino que además restringe el universo de los proyectos que actualmente se consideran renovables y que actualmente son objeto de la ley, pues lejos de ampliar el concepto de energía minihidráulica, como se manifiesta en la exposición de motivos, se limita aún más.
Asimismo, se considera factible modificar el término “permisionario de la planta hidroeléctrica” por el de “el generador”, a fin de homologar dicha referencia con la redacción actual de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. En la fracción V del artículo 3 de esta ley se establece que por “generador” se entenderá la “persona física de nacionalidad mexicana o persona moral constituida conforme a las leyes mexicanas y con domicilio en el territorio nacional, que genere electricidad a partir de energías renovables.
En consecuencia, la Comisión de Energía plantea que la redacción de la fracción II del artículo 1 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética quede como sigue:
II. Energía hidráulica con capacidad para generar más de 30 megawatts, excepto cuando se utilice un almacenamiento menor de 50 mil metros cúbicos de agua o que tengan un embalse con superficie menor de 1 hectárea y no rebase dicha capacidad de almacenamiento de agua. Estos embalses deberán estar ubicados dentro del inmueble sobre el cual el generador tenga un derecho real.
Quinta. Finalmente, en atención de lo establecido en el párrafo tercero del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Comisión de Energía estima conveniente precisar que con la eventual aprobación de la reforma planteada en la iniciativa que se dictamina no se incide en materia de gasto y, por tanto, no causa ningún impacto presupuestario.
Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Energía sometemos a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 1 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética
Artículo Único. Se modifica la fracción II del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, para quedar como sigue:
Artículo 1o. ...
...
I. ...
II. Energía hidráulica con capacidad para generar más de 30 megawatts, excepto cuando se utilice un almacenamiento menor de 50 mil metros cúbicos de agua o que tengan un embalse con superficie menor de 1 hectárea y no rebase dicha capacidad de almacenamiento de agua. Estos embalses deberán estar ubicados dentro del inmueble sobre el cual el generador tenga un derecho real.
III. y IV. ...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, diciembre de 2010.
La Comisión de Energía
Diputados: Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (rúbrica), Ramón Ramírez Valtierra (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica en abstención), Pedro Jiménez León (rúbrica), Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Canek Vázquez Góngora, José Luis Soto Oseguera (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla, José Luis Velasco Lino (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Luis Antonio Martínez Armengol, Genaro Mejía de la Merced, Éric Luis Rubio Barthell, Miguel Martín López, Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica), César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), Elsa María Martínez Peña, Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), Ramón Jiménez López, César Francisco Burelo Burelo.
De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal a reforzar las acciones y políticas para impedir la discriminación contra las mujeres por razones de maternidad y garantizar su derecho a trabajar
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades correspondientes de los gobiernos federal, de los estados y del Distrito Federal a reforzar las acciones y políticas para impedir la discriminación contra las mujeres por razones de maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, a cargo de la diputada Tomasa Vives Preciado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La Comisión de Equidad y Género, con fundamento en el artículo 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen el cual se realiza de acuerdo con la siguiente
Metodología
Esta Comisión dictaminadora desarrolló su trabajo conforme al siguiente procedimiento:
1. En el capítulo “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo y del trabajo previo de la Comisión.
2. En el capítulo “Contenido del punto de acuerdo”, se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.
3. En el capítulo “Consideraciones”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen al punto de acuerdo en análisis.
I. Antecedentes
1. El 24 de marzo de 2010, la diputada Tomasa Vives Preciado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades correspondientes de los gobiernos federal, de los estados y del Distrito Federal a reforzar las acciones y políticas para impedir la discriminación contra las mujeres por razones de maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar.
2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha proposición con punto de acuerdo fuera turnada a la Comisión de Equidad y Género, para su análisis y dictamen correspondiente.
II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo
La diputada proponente expone en el punto de acuerdo que cifras dadas a conocer en esta tribuna, arrojan que en México uno de cada cinco hogares están encabezados por madres solteras, separadas, viudas o divorciadas; a lo que debemos sumar los más de 10 millones de mujeres que, independientemente de su estado civil, tienen que trabajar para contribuir al gasto familiar, ya sea como hijas, cónyuges o concubinas.
Afirma que ser madre y trabajadora al mismo tiempo es una tarea difícil, pesada y muy agotadora. Lo peor que le puede pasar a una mujer que es o va a ser madre, es justamente carecer de los medios económicos necesarios para hacer frente a gastos alimentarios, médicos y educativos necesarios para ella y sus hijos, lo anterior sin importar cuál sea su estado civil.
La autora de la proposición hace referencia a los derechos laborales de las madres, es decir, las prerrogativas que deben cubrir sus necesidades de descanso, de atención médica, de incapacidad para trabajar dadas ciertas circunstancias clínicas, y el derecho a la adecuada recuperación antes de reincorporarse plenamente a su puesto de trabajo.
Advierte que hoy en día la discriminación para contratar mujeres en gestación es muy común, como lo es el que sean privadas de sus derechos ganados, puesto que una vez que deciden ser madres, son despedidas para evitar cubrir completamente sus periodos de incapacidad, así como el respetarles su reincorporación al trabajo.
Refiere que los derechos elementales ya señalados se encuentran tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en los artículos 1o. y 4o.
Atentos a estas disposiciones, es necesario que en el ámbito de sus respectivas competencias los estados de la república, así como el Distrito Federal, consideren legislar al respecto de los derechos de la maternidad. Como simple ejemplo, podemos citar a Coahuila, que cuenta actualmente con un ordenamiento llamado “Ley de Protección a la Maternidad en el Estado de Coahuila”, publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad, el 24 de octubre de 2008.
En ella, señala, se establecen como derechos de las mujeres embarazadas, el resguardar la salud de la futura madre, la del producto en gestación y del recién nacido.
En la citada norma se asientan los derechos a la atención médica y sicológica gratuitas, a ser protegidas contra la discriminación laboral, a recibir apoyo jurídico contra actos que vulneren sus derechos elementales, a obtener incentivos y descuentos fiscales, así como descuentos en el transporte público; asimismo, se les garantizar el acceso a la educación, etcétera.
Por otra parte, aduce la existencia de situaciones especiales que la ley debe proteger y tutelar, como los derechos de las mujeres presas que se convierten en madres, así como de aquellas que enfrentan enfermedades como el VIH, y las que de un modo u otro requieren de ciertos derechos y atenciones especiales por su situación particular.
Finalmente, la proposición contiene el siguiente punto de acuerdo:
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades correspondientes del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a que refuercen las acciones y políticas públicas a favor de que los derechos de la maternidad a fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar.
III. Consideraciones
Las Comisión de Equidad y Género, considera que:
1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 1o.: Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
2. En tanto, entre otros instrumentos internacionales, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, estipula que, en el numeral 2 del artículo 11, A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados parte tomarán medidas adecuadas para: a) prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base de estado civil; b) implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o beneficios sociales.
3. Tocante al embarazo, la Convención sobre la Eliminación, señala en el artículo 11, numeral 2, que los Estados parte deberán: d) prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella.
4. Para reforzar la anterior disposición, el numeral 2 del artículo 12 dispone: los Estados parte garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.
5. Efectivamente, como precisa la proponente la prevalencia de la discriminación hacia las mujeres embarazadas es un indicador fehaciente de la violencia que se ejerce cotidianamente contra este fundamental sector de la sociedad mexicana.
6. En fecha reciente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) –facultada para la observancia del seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con la fracción XIV Bis del artículo 6º de su propia ley, y 22 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres– alertó sobre la necesidad de garantizar la igualdad a mujeres en materia laboral.
7. En un comunicado de mayo pasado, la CNDH se comprometió a seguir combatiendo medidas discriminatorias contra las mujeres como son el despido por motivo de embarazo y la prueba de embarazo como requisito para acceder a un empleo. Mediante el Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres, aseguró, este organismo nacional recibe y atiende las quejas relacionadas con este tipo de discriminación laboral y pugna porque se garantice el principio de igualdad entre la mujer y el hombre tanto en el ámbito público como en el privado. Para la CNDH las mujeres mexicanas deben contar también con garantías que les permitan combinar las obligaciones familiares con la participación de la vida pública y la responsabilidad del trabajo, de ser el caso.
8. Asimismo, demandó la CNDH, el Estado mexicano debe intensificar medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en todas las esferas, incluido el ámbito laboral, eliminando las pruebas de embarazo como requisito para el acceso al empleo.
9. Al respecto, la propia Comisión de Equidad y Género de la LX Legislatura emitió su opinión favorable en relación con la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por la diputada Guadalupe Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 17 de abril de 2007.
10. La iniciativa citada, en su parte sustantiva, propone dejar claro que el examen de ingravidez no será un requisito solicitado por los empleadores para otorgar un empleo a la mujer que así lo requiera, o en su caso permanecer en él. La opinión fue enviada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para el trámite legislativo correspondiente.
11. De los esfuerzos legislativos, a nivel estatal, la diputada Vives Preciado los ilustra oportunamente con la Ley de Protección a la Maternidad de Coahuila.
12. La atención de la maternidad, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND), se contempla, como una política nacional, como una de las líneas de acción: Proveer a través de los sistemas de salud una atención adecuada para evitar que los embarazos deriven en complicaciones, enfermedades, discapacidades permanentes o en la muerte de la madre o del niño, considerando que los abortos provocados también constituyen otro factor de riesgo importante que puede menoscabar la salud de la mujer (...).
13. Por su parte, el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008-2012 (Proigualdad) señala en su objetivo estratégico 5: Reforzar las acciones de prevención y atención al embarazo en adolescentes y jóvenes.
14. Para atender esta importante etapa de las mujeres, el Programa Nacional de Salud (2007-2012), a cargo de la Secretaría de Salud, contempla medidas específicas sobre embarazo en adolescentes, muerte materna, cáncer cérvico uterino, cáncer de mama, entre otras acciones.
15. Asimismo, la secretaría de salud del gobierno federal ha emitido diversas normas oficiales mexicanas cuyo objetivo es el de atender en la etapas previas, durante y posteriores al parto; entre ellas enlistamos: NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio; NOM-031-SSA2-1999, Para la atención de la salud del niño.
16. En el ámbito federal, se operan acciones como el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (Secretaría de Desarrollo Social o Programa becas de apoyo a la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas (Secretaría de Educación Pública).
17. Por último, es menester señalar que son varios son los programas operados en los estados, orientados a brindar apoyos a mujeres embarazadas.
18. No obstante lo anterior, la estabilidad laboral o la consecución de un empleo en condiciones de embarazo sigue siendo una asignatura pendiente; de ahí la importancia operativa de los programas públicos en los tres órdenes de gobierno, puesto que constituyen un apoyo invaluable.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Equidad y Género, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente
Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades correspondientes del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a reforzar las acciones y políticas públicas a favor de los derechos de las mujeres embarazadas, con el fin de impedir la discriminación por razones de maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2010
La Comisión de Equidad y Género
Martha Elena García Gómez (rúbrica), presidenta; Ana Estela Duran Rico (rúbrica), Fidel Kuri Grajales, Elvia Hernández García (rúbrica), Blanca Estela Jiménez Hernández (rúbrica), Laura Elena Estrada Rodríguez (rúbrica), Tomasa Vives Preciado (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera, secretarios; Laura Arizmendi Campos (rúbrica), Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Margarita Gallegos Soto, Laura Felícitas García Dávila, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Marcela Guerra Castillo, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, Sandra Méndez Hernández, Juan Carlos Natale López, Rosario Ortiz Yeladaqui, María Elena Pérez de Tejada Romero (rúbrica), Leticia Robles Colín (rúbrica), Adela Robles Morales, Leticia Quezada Contreras (rúbrica), Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica).
De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se solicita a la LXI Legislatura que implante un modelo de equidad de género del que se desprendan acciones afirmativas en favor del personal
Honorable Asamblea
A la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados fue turnada, para estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la implantación de un modelo de equidad de género del que se desprendan acciones afirmativas o a favor del personal, a efecto de posibilitar la igualdad de facto entre mujeres y hombres.
La Comisión de Equidad y Género, con fundamento en el artículo 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen el cual se realiza de acuerdo con la siguiente
Metodología
Esta comisión dictaminadora desarrolló su trabajo conforme al siguiente procedimiento:
I. En el capítulo “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo y del trabajo previo de la comisión.
II. En el capítulo correspondiente a “Contenido del punto de acuerdo”, se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.
III. En el capítulo de “Consideraciones”, la comisión expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen al punto de acuerdo en análisis.
I. Antecedentes
1. El 20 de octubre de 2009, los diputados Claudia Edith Anaya Mota, Samuel Herrera Chávez, Ramón Jiménez Fuentes, Gerardo Leyva Hernández y Heladio Verver y Vargas Ramírez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron ante el pleno de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la implantación de un modelo de equidad de género del que se desprendan acciones afirmativas o a favor del personal, a efecto de posibilitar la igualdad de facto entre mujeres y hombres.
2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha proposición con punto de acuerdo fuera turnada a la Comisión de Equidad y Género para su análisis y dictamen correspondiente.
II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo
Para los proponentes la igualdad entre mujeres y hombres es uno de los derechos fundamentales que más dificultades ha presentando para su incorporación, tanto en los ordenamientos jurídicos como en la vida cotidiana. Históricamente, la idiosincrasia de los distintos grupos sociales ha impedido el pleno desarrollo de las mujeres y su incorporación a la vida pública. Produciéndole una afectación en el pleno ejercicio y respeto de los derechos inherentes a su condición humana.
Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la noción de igualdad se desprende directamente del género, por lo cual es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad.
Manifiestan que la incorporación del derecho a la igualdad, dentro de los ordenamientos jurídicos, se constituye como la primera etapa que se implantó para la salvaguarda de esta garantía. Fue así que la igualdad de jure o de derecho comenzó su consolidación mediante la creación de una carta específica de derechos humanos de las mujeres: la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres.
Aducen que, posteriormente, con la declaración y el programa de acción aprobados en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos en Viena en 1993, se logró brindar legitimación a la existencia de los derechos humanos de las mujeres.
Sin embargo, la creación de estos instrumentos jurídicos, así como de organismos abocados al análisis de la condición social y jurídica de las mujeres, derivó en el inicio del debate en torno a la brecha existente entre la igualdad de jure, consagrada en los instrumentos fundamentales de derechos humanos y en la mayoría de las constituciones nacionales, y la situación real de las mujeres en comparación con la de los hombres en diversos planos.
Los hechos –señalan– demostraban la incoherencia entre lo que muchos países establecían en materia de igualdad en sus respectivas Constituciones y legislaciones y la realidad profundamente discriminatoria, pese a tales avances legislativos.
Así pues, la igualdad de jure constituye apenas el primer paso hacia la igualdad de facto. Pues, pese a que la mayoría de los países han sancionado medidas jurídicas para asegurar a la mujer igualdad de oportunidades ante la ley, garantizando la igualdad de jure, todavía persiste la discriminación de facto.
En este contexto, tal situación hace necesario un compromiso político y económico visible, por parte de los tres Poderes de la Unión, a fin de erradicarla. Es decir, no es suficiente la promulgación de leyes para demostrar nuestro compromiso con la igualdad entre los géneros, si en nuestro interior no las aplicamos ni contamos con un sistema capaz de analizar y solventar las inequidades existentes en esta honorable legislatura
Por todo ello, proponen la implantación de un modelo de equidad de género al interior de este órgano de gobierno que nos permita reimaginar y participar activamente en la reconstrucción de un nuevo orden social, basado en la igualdad entre mujeres y hombres, a fin de establecer relaciones que sean significativamente más justas e igualitarias.
Los proponentes advierten que es importante hacer hincapié en el hecho de que, derivado de la implantación del modelo de equidad, se pueden generar acciones a favor o acciones afirmativas para uno u otro género, sin que esta distinción de tratamiento pueda considerarse discriminatoria, porque si se encuentra orientada legítimamente, es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas, partiendo de supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcionado una fundamental conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma, serán perfectamente legítimas.
En adición, arguyen, resulta indispensable señalar que, conforme se vayan adoptando medidas para eliminar la discriminación contra la mujer, sus necesidades podrán cambiar, desaparecer o convertirse en otras tanto para el hombre como la mujer. Por ello, es necesario mantener en examen continuo las normas, los programas y las prácticas encaminadas al logro de la igualdad sustantiva.
Finalmente, la proposición contiene el siguiente punto de acuerdo:
Único . Se solicita a esta honorable LXI Legislatura implante un modelo de equidad de género basado en un sistema de gestión, que permita la creación y adopción de procedimientos que contribuyan a garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, mediante la realización de acciones afirmativas o a favor del personal.
III. Consideraciones
La Comisión de Equidad y Género considera que:
1. La perspectiva de género, definida en la fracción IX del artículo 5 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, representa un avance sustancial en la comprensión de los derechos de las mujeres:
IX. Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones;
2. Con fecha 9 de marzo de 2010, a instancias de la Comisión de Equidad y Género, los coordinadores de los grupos parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, así como diversos diputados de los Partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza firmaron el documento denominado Compromisos por la igualdad entre mujeres y hombres, que los comprometió a abogar por la igualdad sustantiva entre géneros.
3. Con fecha 17 de marzo de 2010, en sesión ordinaria, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el Acuerdo, presentado por la Junta de Coordinación Política, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, para suscribir el documento Compromisos por la igualdad entre mujeres y hombres. Entre estos encontramos:
Primero. Sensibilizar y profundizar los conocimientos en materia de equidad y perspectiva de género de las diputadas y de los diputados que integran esta legislatura.
Segundo. Incorporar la perspectiva de género en las acciones y actividades legislativas.
(...)
Cuarto . Dar seguimiento a la observancia de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a través de vigilar la publicación de las normas complementarias.
(...)
Noveno . Impulsar la revisión de las normas que rigen las relaciones laborales de las mujeres, para que se concilie la vida familiar y la vida laboral.
(...)
Onceavo . Impulsar y dar seguimiento a los programas y políticas públicas, tendientes a elevar la calidad de vida de las mujeres y su acceso a los beneficios del desarrollo.
Doceavo . Impulsar una cultura de equidad entre el género y la no discriminación, dando un especial impulso a las labores de difusión de los derechos humanos de las mujeres y de la legislación vigente que actualiza estos derechos.
Decimotercero . Impulsar políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades en materia de acceso al empleo, a la capacitación, a planes de crédito y ahorro.
Decimocuarto . Impulsar la participación política de las mujeres y el pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos, reproductivos, sexuales, laborales, económicos y culturales.
Decimoquinto . Fomentar las acciones afirmativas, tendientes al ejercicio de los derechos de las mujeres en los ámbitos de la vida pública y privada.
Decimosexto . Vincular a la honorable Cámara de Diputados con las organizaciones de la sociedad civil e instituciones involucradas en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres a través de foros, encuentros o reuniones de trabajo.
4. Que uno de los propósitos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) es la promoción de una cultura de respeto y participación equitativa de mujeres y hombres en la vida económica del país; para ello, entre otras medidas o acciones, diseñó, desde 2003, el llamado Programa de Adopción del Modelo de Equidad de Género.
5. Que con dicho programa, el Inmujeres persigue el objetivo de apoyar el proceso de incorporación de políticas de equidad de género en empresas privadas, instituciones públicas y organismos de la sociedad civil, dirigidas a promover la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el acceso al empleo, remuneraciones equitativas, capacitación, desarrollo profesional y participación en la toma de decisiones.
6. El programa, de carácter voluntario, es aplicable a organizaciones públicas y privadas que deseen demostrar, a través de la implantación y uso del modelo, su compromiso con la equidad de género.
7. Entre los compromisos que se adquieren al adoptar el programa resaltan:
• Suprimir o contrarrestar los estereotipos en la inserción o búsqueda laboral femenina y masculina.
• Diversificar las opciones profesionales femeninas y masculinas, al brindarles la capacitación más pertinente.
• Asegurar que las áreas de reclutamiento y selección cuenten con el número suficiente de personal calificado, que conozca los problemas de los/las trabajadores/as en relación con los roles que juegan en la sociedad.
• Adaptar las condiciones de trabajo, así como ajustar la organización y los horarios del mismo, a las necesidades de las mujeres y los hombres.
• Velar por que los hombres y las mujeres compartan más las responsabilidades laborales, familiares y sociales.
• Divulgar ampliamente las disposiciones que regulan el trabajo femenino y asegurar su pleno conocimiento por parte de las beneficiarias.
• Impulsar el desarrollo de políticas de recursos humanos en las organizaciones privadas y públicas que tengan como fin la igualdad de oportunidades y trato.
• Impulsar la incorporación sistemática de la perspectiva de género en la negociación colectiva.
8. Para las mujeres, la instrumentación del programa representa mejores oportunidades de desarrollo laboral y profesional al asegurarles una contratación no discriminatoria y prácticas de promoción, pago igual por trabajo de igual valor, oportunidades de capacitación, apoyos para la atención de las responsabilidades familiares y un ambiente laboral libre de hostigamiento sexual.
9. La realización de un diagnóstico interno para conocer si existen diferencias en las oportunidades de desarrollo entre mujeres y hombres, la inclusión en los planes de trabajo de sugerencias hechas por el personal con el fin de promover un mejor ambiente de trabajo y generar mejores condiciones para los colaboradores, el desarrollo de acciones afirmativas para disminuir las desigualdades entre mujeres y hombres en el ámbito organizacional, son algunas de las acciones para mejorar las condiciones de trabajo.
10. En la lista de organizaciones privadas y públicas, de acuerdo con el Inmujeres, que han asumido el modelo de equidad para reorganizar su esquema interno, promoviendo la igualdad de oportunidades mediante acciones afirmativas, encontramos institutos de seguridad social de los estados, secretarías de Estado, secretarías estatales, organismos públicos descentralizados, grupos financieros, empresas privadas, ayuntamientos, entre otros.
11. En ese tenor, el 22 de julio de 2008, la Comisión de Permanente del Congreso de la Unión aprobó el dictamen con punto de acuerdo que exhorta a los Poderes de la Federación a adoptar el modelo de equidad de género, presentado por la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia–; dicho dictamen contiene el siguiente punto resolutivo:
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a todas las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, así como a los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación a adoptar el modelo de equidad de género a fin de desarrollar, fomentar e impulsar la equidad de género, a efecto de potenciar el papel de las mujeres mediante su participación en condiciones de igualdad con los hombres, en todas las esferas de la sociedad, así como la eliminación de todas las formas de discriminación en su contra, a fin de alcanzar un desarrollo humano con calidad y equidad.
Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Equidad y Género somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política a tomar las medidas pertinentes para instrumentar el Programa de Adopción del Modelo de Equidad de Género en la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, que permita disminuir y eliminar las diferencias en las oportunidades de desarrollo entre mujeres y hombres mediante la aplicación de acciones afirmativas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2010.
La Comisión de Equidad y Género
Diputados: Martha Elena García Gómez (rúbrica), presidenta; Ana Estela Duran Rico (rúbrica), Fidel Kuri Grajales, Elvia Hernández García (rúbrica), Blanca Estela Jiménez Hernández (rúbrica), Laura Elena Estrada Rodríguez (rúbrica), Tomasa Vives Preciado (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera, secretarios; Laura Arizmendi Campos (rúbrica), Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Margarita Gallegos Soto, Laura Felícitas García Dávila, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Marcela Guerra Castillo, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, Sandra Méndez Hernández, Juan Carlos Natale López, Rosario Ortiz Yeladaqui, María Elena Pérez de Tejada Romero (rúbrica), Leticia Robles Colín (rúbrica), Adela Robles Morales, Leticia Quezada Contreras (rúbrica), Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica).
De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Economía federal a promover acciones para la industrialización y generación de proyectos productivos
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputado del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos le fue turnado para su estudio y dictamen el siguiente
“Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía del gobierno federal a efecto de que promueva las acciones necesarias para la industrialización y generación de nuevos proyectos productivos”, presentado por el diputado José Ricardo López Pescador, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en fecha 6 de octubre de 2010.
La Comisión de Economía, con fundamento en los artículo 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis del punto de acuerdo mencionado al tenor de los siguientes
Antecedentes
Primero . En sesión celebrada en la Cámara de Diputados, el miércoles 6 de octubre de 2010, los secretarios dieron cuenta al pleno de esta soberanía del punto de acuerdo que se mencionó en el exordio del presente dictamen.
Segundo . El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.
Tercero . El legislador propone lo siguiente:
“En México existen factores de carácter estructural que han generado un bajo crecimiento económico y uno de esos factores es la escasa competencia en la economía mexicana. Muchos de los mercados más relevantes internamente en nuestro país, se encuentran altamente concentrados y las prácticas monopólicas no se sancionan con criterios acordes a la gravedad que implican.
Por ese motivo resulta indispensable que México cuente con un marco jurídico que sustente una política de competencia eficaz y al mismo tiempo contribuya a la generación de empleos y al crecimiento económico. Las prácticas internacionales en materia de competencia ofrecen referencias concretas para señalar que una política de competencia sólida es una base fundamental para el crecimiento y el desarrollo de una nación. Las principales economías desarrolladas del mundo se caracterizan por contar con una política de competencia eficaz. Por lo tanto, es indispensable que en nuestro país se impulse una cultura de la competencia y que ésta sea promovida por empresas, consumidores e instituciones públicas.
En México 30 por ciento del gasto de los hogares se destina a mercados con problemas de competencia y en estos nichos, los consumidores gastan alrededor de 40 por ciento más, que si hubiera competencia. Esta situación se agrava para el decil de la población más pobre, quienes erogan alrededor del 42 por ciento de su ingreso en mercados altamente concentrados. En el corto plazo, los monopolios generan precios excesivos y no en pocas ocasiones malos productos y servicios, lo que disminuye la capacidad de consumo de las familias, especialmente las más pobres. En el mediano plazo, inciden negativamente en la eficiencia de la economía y frenan al crecimiento económico.
La falta de una competencia sólida en los mercados nacionales ha deteriorado la eficiencia y la competitividad de nuestra economía. Esto, se ha reflejado en los índices de competitividad de diversas instituciones nacionales e internacionales. El año pasado, México alcanzó el lugar 60 del índice de competitividad del Foro Económico Mundial. Si se realiza una desagregación de este índice, la caída de la competitividad se relaciona con la falta de competencia.
El efecto de la falta de competencia y su repercusión en la economía, ha sido reconocida por la Comisión Federal de Competencia y señalada por organismos internacionales, entre los que destacan la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), así como las instituciones de investigación nacionales e internacionales como el Instituto Mexicano para la Competitividad y el Foro Económico Mundial.
Con base en lo expuesto, se puede estimar que existe un consenso en que la consolidación de una política de competencia permitiría elevar el ingreso real de los consumidores, fomentaría la competitividad en los diversos sectores de la economía, la inversión y el empleo, y además conduciría a la economía por una senda de crecimiento más elevado y sostenido.
Bajo este diagnóstico y en el contexto descrito el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a través de mi persona, también ha presentado una iniciativa en la materia. El pasado 29 de abril presenté a esta soberanía un proyecto de decreto por el que expide la ley para la industrialización y generación de nuevos proyectos productivos.
Esta ley tiene por objetivo central generar condiciones para incrementar el número de agentes de la actividad industrial en el país y ampliar la cantidad de unidades económicas con actividades fabriles o manufactureras en las distintas regiones del país que generen una competencia sana en el mercado.
Algunas medidas muy concretas que la iniciativa propone para lograr lo planteado son:
• Establecer un plan rector que contenga programas de fomento a la actividad industrial en el país y para la generación de nuevos proyectos productivos;
• Fomentar la inversión en el sector industrial, la competitividad empresarial y la implantación de la calidad total en los procesos de producción;
• Vincular la modernización y dinamismo de la actividad industrial a las políticas y estrategias de desarrollo económico contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo;
• Incentivar de manera prioritaria la micro, pequeña y mediana empresa, especialmente las vinculadas al sector agroindustrial, pecuario, avícola, forestal, joyero y, en general, manufacturero que tenga como propósito fundamental agregar valor a los productos del sector primario con excepción de las empresas que tienen presencia nacional o internacional.
• Vincular los programas educativos, así como los de ciencia y tecnología a las necesidades de la planta productiva nacional;
• Aplicar programas de calidad total para alentar la competitividad, respetando las prestaciones y servicios sociales indispensables para lograr niveles productivos y competitivos, con relación a los estándares internacionales;
• Generar empleos remunerados, en igualdad de circunstancias para hombres y mujeres, para personas de la tercera edad, para personas con capacidades diferentes, y siempre orientados a incorporar al proceso productivo a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Otra de las grandes líneas establecidas en la ley con la finalidad de seguir políticas públicas de fomento industrial es la creación del Consejo de Fomento Industrial, como instancia encargada de articular las acciones del sector público en la materia, y el cual se define como el órgano permanente de consulta, opinión, asesoría y análisis, mediante el cual participan las dependencias del Ejecutivo federal y los sectores privado y social para mantener e impulsar la industrialización del país.
Con el propósito de consolidar una política de estado en materia de industrialización del país, la iniciativa de ley que he propuesto, señala la necesidad de aplicar los principios de la planeación democrática que proviene del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Planeación y del Plan Nacional de Desarrollo, incorporando a los empresarios con “actividades sujetas a incentivos” en términos de la ley, así como a los trabajadores incorporados a esas actividades, en las instancias correspondientes para que participen en el proceso de la planeación con el objeto de definir el contenido de los planes y programas específicos de la materia.
Consideraciones
Sin embargo también debe subrayarse que prácticamente todas las propuestas para diseñar políticas públicas para intensificar el fomento industrial, respetan el marco de competencia de la administración pública y de hecho se establece una relación integral de autoridades competentes para la aplicación del ordenamiento en donde se destaca la Secretaría de Economía.
Por ello y con el propósito de que exista plena correspondencia entre el marco normativo que se requiere conformar y las instancias ejecutivas y operacionales que deberán llevar a cabo las regulaciones y participaciones que la ley promueve, es necesario que se lleven a cabo consultas y foros de manera coordinada para que no se dupliquen esfuerzos ni se realicen rutas paralelas, en un rubro tan necesario para la vida económica e institucional de nuestro país.
En mérito de lo expuesto y fundado, solicito atentamente la aprobación de los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Economía del gobierno federal a efecto de que promueva las acciones necesarias para la industrialización y generación de nuevos proyectos productivos.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Economía del gobierno federal, a efecto de que en el marco de sus atribuciones y con pleno respeto a la división de los Poderes de la Unión, coadyuve en la realización de consultas y foros necesarios, para discutir en conjunto con los diversos sectores productivos nacionales la promulgación de una ley para la industrialización y generación de nuevos proyectos productivos”.
Consideraciones
Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer sobre la proposición de punto de acuerdo presentada por el diputado José Ricardo López Pescador.
Segunda. Que con base en los antecedentes indicados por el diputado José Ricardo López Pescador, la Comisión de Economía, con las atribuciones señaladas, se abocó de forma respetuosa y responsable a dictaminar la proposición con punto de acuerdo referida.
Tercera. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en el artículo 25 lo siguiente:
“ Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.
Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación.
El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.
Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.
Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.
La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.
La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, en los términos que establece esta Constitución.”
Por otro lado, nuestra Constitución establece en el artículo 26, Apartado A, que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
Asimismo, establece que habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública federal.
Cuarta. Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece en el artículo 34 las siguientes facultades a la Secretaría de Economía:
“...XVII. Organizar y patrocinar exposiciones, ferias y congresos de carácter industrial y comercial;
XIX. Regular la producción industrial con exclusión de la que esté asignada a otras dependencias;
XX. Asesorar a la iniciativa privada en el establecimiento de nuevas industrias en el de las empresas que se dediquen a la exportación de manufacturas nacionales;
XXIII. Promover, orientar, fomentar y estimular la industria nacional;
XXIV. Promover, orientar, fomentar y estimular el desarrollo de la industria pequeña y mediana y regular la organización de productores industriales...”
Quinta. Que la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa dispone en el artículo 12 que la Secretaria de Economía tendrá en materia de coordinación y desarrollo de la competitividad de las Mipyme, las siguientes responsabilidades:
“...II. Impulsar un entorno favorable para la creación, desarrollo y crecimiento con calidad de las Mipyme;
...VIII. Desarrollar a través de los instrumentos con que cuenta y los que genere, un sistema general de información y consulta para la planeación sobre los sectores productivos y cadenas productivas...”
Sexta. Que el Plan Nacional de Desarrollo establece como uno de sus objetivos potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos, fomentando condiciones de competencia económica y libre concurrencia. Para lo anterior, establece que es necesario llevar a cabo acciones encaminadas a eliminar distorsiones en materia de competencia y contar con una regulación eficiente que fomente la competitividad de las empresas y de los sectores, provocando un impacto positivo sobre el crecimiento económico y el bienestar social.
Séptima. Que el Índice Global de Competitividad 2010-2011 del Foro Económico Mundial, cuya última actualización fue en fecha 3 de octubre 2010, establece que México perdió seis lugares en el Índice de Competitividad Mundial, ubicándose en el sitio 66 de un radar de 139 países. Asimismo, se menciona en dicho foro que los lastres de la competitividad mexicana, según los expertos, siguen siendo la ineficiencia de un gobierno burocrático, la corrupción, el difícil acceso al financiamiento, el crimen, la violencia y las regulaciones restrictivas a la iniciativa privada.
Octava. Que el jueves 29 de abril de 2010, fue turnada a la Comisión de Economía la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se emite la Ley para la Industrialización y Generación de Nuevos Proyectos Productivos, promovida por el diputado José Ricardo López Pescador.
Dicha iniciativa tiene como principal objetivo emitir una ley para fomentar la actividad industrial y la generación de nuevos proyectos productivos, así como conservar e incrementar el empleo en un marco de desarrollo sustentable en el país, generar condiciones para incrementar el número de agentes de la actividad industrial en el país y ampliar la cantidad de unidades económicas con actividades fabriles o manufactureras en las distintas regiones del país que generen una competencia sana en el mercado.
Novena . Que asimismo, en fecha 28 de septiembre de 2010, se turna a esta Comisión de Economía la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Desarrollo Económico, a cargo de la diputada Susana Hurtado Vallejo, mediante la cual se propone crear un ordenamiento jurídico para promover la generación de nuevas fuentes de empleo y consolidar las existentes, impulsar el cuidado del efecto ecológico, fortalecer los sectores económicos estratégicos y fortalecer la inversión en los sectores industriales, comercial, artesanal, servicios, turismo, pesquero, acuícola, agropecuario y forestal para el desarrollo económico del país.
Décima. Que tomando en consideración lo anterior, así como las inquietudes de los diputados proponentes de las mencionadas iniciativas, resulta necesario que se realicen foros y conferencias de carácter industrial y comercial para la discusión de dichos temas, a fin de que se analicen y se discutan las medidas y estrategias para promover, orientar, fomentar y estimular la industria nacional o mejorar las ya existentes, asimismo para que, a manera de dar uniformidad a los criterios económicos y consolidar una política de Estado en materia de industrialización del país, pueda analizarse la conveniencia y posibilidad de emitir una Ley para la industrialización y generación de nuevos proyectos productivos, tal como lo propone el diputado José Ricardo López Pescador en su iniciativa.
Undécima. Por lo expuesto, la Comisión de Economía dictamina positivamente el punto de acuerdo propuesto para quedar como sigue:
La honorable Cámara de Diputados acuerda:
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Economía del gobierno federal a promover las acciones necesarias para la industrialización y generación de nuevos proyectos productivos.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Economía del gobierno federal para que en el marco de sus atribuciones, realice las consultas y foros necesarios para discutir en conjunto con los diversos sectores productivos nacionales, la promulgación de una ley para la industrialización y generación de nuevos proyectos productivos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de diciembre del 2010.
La Comisión de Economía
Diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda, Melchor Sánchez de la Fuente, José Luis Velasco Lino (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretarios; José Antonio Arámbula López (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores, Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo, Ramón Jiménez López, Jorge Humberto López-Portillo Basave (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), David Penchyna Grub (rúbrica), Enrique Salomón Rosas Ramírez, David Ricardo Sánchez Guevara, Carlos Torres Piña (rúbrica).
De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que exhorta al secretario de Economía y al procurador federal del Consumidor a publicar de inmediato la información relacionada con el establecimiento del precio de los productos provenientes del campo
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputado del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos le fue turnada para su estudio y dictamen el siguiente:
“Punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía y de la Profeco a publicar de inmediato la información relacionada con el establecimiento del precio de los productos provenientes del campo para proporcionar datos a los consumidores de tales mercancías”, presentado por el diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en fecha 1 febrero de 2010.
La Comisión de Economía, con fundamento en los artículo 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis del punto de acuerdo mencionado al tenor de los siguientes
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el lunes 1 de febrero de 2010, los secretarios de ésta dieron cuenta al pleno de esta soberanía del punto de acuerdo que se mencionó en el exordio del presente dictamen.
Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.
Tercero. El legislador propone lo siguiente:
Nuestro país aún se encuentra inmerso en un periodo de crisis, el cual se agudiza en este inicio del año 2010, ello como consecuencia de los incrementos que se han registrado en los precios de bienes y servicios, de entre los cuales destacan aquellos que integran la canasta básica de las familias mexicanas.
Durante los primeros días de este año le hemos puesto especial énfasis al incremento en el precio de los combustibles, sin embargo, es imperativo revisar lo que ocurre con otros productos.
De acuerdo a la normatividad aplicable y vigente en nuestro país, la Secretaría de Economía es la institución que tiene la responsabilidad de fijar los precios de todos los bienes y servicios comercializados en el territorio nacional, y para organismo que tiene a su cargo vigilar que se respeten dichos precios es la Procuraduría Federal del Consumidor.
En el caso de los productos comercializados de manera directa, éstos no cuentan con un criterio particular que establezca un parámetro entre el precio máximo y el mínimo en el que se venderán estas mercancías.
Lo que a continuación les comentare, puede parecer algo curioso, sin embargo es cierto, los precios de los productos agrícolas se fijan a través de la simple aplicación de la oferta y la demanda, un día cualquiera llegan los productos a la central de abasto de la Ciudad de México, y en función de la cantidad de producto es como se establece el precio, es decir, ante la abundancia el precio es bajo y ante la baja disponibilidad se incrementa.
Si preguntáramos a las autoridades en la materia, nos dirían que los precios de los productos agrícolas se fijan de acuerdo a la cotización diaria de dicho comestible en el Chicago Mercantile Exchange, bolsa de valores en donde se cotizan las commodities, adjetivo que se otorga a los productos agrícolas.
De acuerdo a lo que dictan la reglas del mercado, en dicha bolsa de valores se establece el precio de los productos agrícolas en función de las expectativas, estimaciones o proyecciones que se realizan de los niveles de producción, permitiendo establecer un precio promedio, sin embargo, dado el tamaño de nuestro sistema financiero, los productos agrícolas aún no se consideran en el conjunto de variables financieras o de capital.
Otro de los elementos en el que debemos poner especial énfasis es en la diferencia que se presenta entre el costo y el precio final del producto. Las teorías económicas vinculadas a estudiar esta problemática aún tienen vigencia, la determinación de los costos continúa prevaleciendo, y consiste en la suma de todos los factores de la producción: tierra, semillas, trabajo y recursos naturales y tecnológicos.
Por su parte, en el establecimiento del precio final se suman otros elementos, entre los que se encuentran: el transporte, el almacenamiento y la comercialización, estos últimos aspectos llegan a superar el costo de la producción y son los que en última instancia elevan los precios a los consumidores.
No existe una vinculación directa que permita regular de manera adecuada el incremento de los precios, derivado del costo de circulación de los productos, continuamos privilegiando a los grandes capitales, dejando en el rezago a los productores del campo, quienes, en algunos casos, pierden su cosecha debido a lo costoso que resulta trasladar su producto al mercado.
Son las grandes corporaciones las que se benefician en mayor cuantía de esta situación, ya que, con el objetivo de obtener un margen mayor de ganancia, manipulan el contexto a fin de obligar al productor a vender su producto en un nivel menor, que en ocasiones, llega a estar por debajo del costo del mismo, lo que se traduce en una pérdida económica que afecta a las familias agricultoras.
Es fundamental que la sociedad, en particular los consumidores, cuenten con la información suficiente, la cual les permita tomar mejores decisiones en el momento de llegar al mercado a comprar los productos provenientes del campo.
Lo anterior, en aras de darle mayor certidumbre a ambas partes, en el caso de los productores, es importante que estos puedan contar con parámetros que les otorguen la posibilidad de poder determinar el costo promedio de producción, en tanto que los consumidores contarán con información certera y precisa respecto a los costos de circulación de los productos, es decir, el costo de transporte, mercadeo y publicidad.
El poder contar con un tabulador que establezca los precios máximos y mínimos de los productos provenientes del sector primario es una obligación que debe cumplir el Estado.
No se conocen los costos de producción agropecuarios, lo cual ocasiona discrecionalidad en su venta, afectado especialmente a los productos de mayor demanda y que integran la canasta básica.
Con relación a esta problemática de los precios agrícolas, en los próximos días el Grupo Parlamentario del PRI presentará una iniciativa de ley a través de la cual se creará un marco normativo que permita poner un alto al incremento desproporcionado de los precios de los productos agrícolas.
De igual forma, la reforma legislativa incluirá responsabilidades particulares para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), con la finalidad de que en coordinación con la Secretaría de Economía puedan conjugar esfuerzos a fin de corregir dicha problemática.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Economía y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) con la finalidad de:
Establecer conjuntamente con las autoridades competentes, en particular con la Sagarapa, los lineamientos o estudios que permitan conocer los costos de producción de los productos agropecuarios y alimenticios que más demanda la población.
Que la Profeco establezca mecanismos rigurosos de vigilancia, relacionados con los precios, pesos y medidas aplicados en la comercialización de los productos agropecuarios.
Consideraciones
Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Comisión de Economía es competente para conocer sobre la proposición con punto de acuerdo presentado por el diputado Alberto Jiménez Merino.
Segunda. Que con base en los antecedentes indicados por el diputado Alberto Jiménez Merino, la Comisión de Economía, con las atribuciones señaladas, se abocó de forma respetuosa y responsable a dictaminar la proposición con punto de acuerdo antes referido.
Tercera. Que de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 1 , existe signos de un avance económico internacional; particularmente en economías emergentes como China, India y Brasil donde sus proyecciones de crecimiento económico para el cierre de 2010 son de 11.1, 8.3 y 6.5 por ciento, respectivamente.
En el caso de nuestro país, la OCDE 2 señala que, México está teniendo un crecimiento económico positivo y estima que éste crecerá aproximadamente 4.5 por ciento al cierre de 2010. Asimismo, el Banco de México señala que para el cierre de 2010 la economía mexicana crecerá entre 4.5 y 5.0 por ciento, cifras muy alentadoras en comparación con el año anterior, el cual registró una contracción de más de 6.0 por ciento como se observa en la gráfica (1).
Cuarta. En cuanto a los precios de los productos de la canasta básica (en especial los agrícolas), la FAO 3 señala que dicho incremento es una situación mundial. Destacando que durante la última década se ha estado dando un fenómeno mundial denominado “crisis alimentaria”, situación originada por la combinación de dos eventos: el alza de precios de productos agrícolas (como granos y cereales) y la creciente escasez en la oferta de algunos de estos alimentos; situación que afecta principalmente a las personas que viven en pobreza y hambruna.
En nuestros tiempos, los fenómenos inflacionarios de los productos agrícolas se han agudizado aun más, a causa del aumento de los precios de los hidrocarburos, los diferentes eventos climáticos (sequías, heladas e inundaciones) que afectan los procesos agrícolas a nivel mundial, la gran demanda que tiene la producción de biocombustibles a nivel mundial principalmente para la producción de etanol y biodiesel, lo cual ha provocando una escasez y encarecimiento de estos productos y el crecimiento poblacional en el mundo la cual esta demandado aun más de dichos productos.
Quinta. Hoy en día, se ha observado una disminución de la inversión hacia el sector agrícola en algunos países del mundo, ocasionando un déficit en la oferta de dichos productos; acrecentando aun más los precios de los productos agrícolas. Una posible respuesta por la cual algunos países en el mundo han olvidado al sector agrícola, es la necesidad de incorporase al fenómeno de globalización (avances tecnológicos) como estrategia para incrementar el grado de desarrollo económico de dichos países.
Sexta. En el caso de nuestro país, el sector agrícola es un elemento fundamental para el desarrollo económico de México, tanto por su contribución al empleo como por su aportación al PIB nacional. De acuerdo al Inegi 4 , durante el mes de septiembre el sector primario empleó el 12.32 por ciento del total de la población nacional. Asimismo, este Instituto señala que durante el segundo trimestre de 2010 el sector agrícola genero el 3.8 por ciento del PIB nacional, es decir, este sector generó 335 mil 139 millones de pesos durante el segundo trimestre del presente año (véase cuadro 1.).
Séptima. Que de acuerdo al Inegi, éste informó que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) 5 , en su comparación anual tuvo un incremento de 5.0 por ciento en términos reales durante el mes de septiembre del presente año. Dicho crecimiento fue resultado del incremento porcentual de los tres grandes grupos de actividades económicas que lo conforman: a) Las actividades primarias se incrementaron 12.0 por ciento, b) Las secundarias 6.3 por ciento y c) Las actividades terciarias lo hicieron en 3.5 por ciento en el noveno mes del presente año frente a los niveles observados en el mismo mes pero del año anterior (véase la siguiente gráfica 5).
Octava. Que de acuerdo a la FAO la presión alcista de los productos básicos (en especial los agrícolas) es un fenómeno internacional y no exclusivamente de México, además de ser un evento complejo con múltiples factores que condicionan dichos precios. Por lo que esta Comisión de Economía coincide con el proponente, de que “es necesario contar con estudios que permitan conocer los costos de producción de los productos agropecuarios y alimenticios que más demanda la población”.
Novena. Asimismo, esta Comisión de Economía recomienda una “vigilancia rigurosa relacionada con los precios, pesos y medidas aplicados en la comercialización de los productos agropecuarios”; ya que una medición justa y trasparente es un elemento básico en las transacciones económicas, además de que crea una mayor certidumbre tanto a los productores como a los consumidores en este tipo de productos.
Décima. Por lo demás, la Comisión de Economía dictamina positivamente el punto de acuerdo para quedar como sigue
La honorable Cámara de Diputados acuerda
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Economía y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) con la finalidad de:
Establecer conjuntamente con las autoridades competentes, en particular con la Sagarpa, los lineamientos o estudios que permitan conocer los costos de producción de los productos agropecuarios y alimenticios que más demanda la población.
Que la Profeco establezca mecanismos rigurosos de vigilancia, relacionados con los precios, pesos y medidas aplicados en la comercialización de los productos agropecuarios.
Notas
1 Economic Outlook número 87, 26 de Mayo de 2010.
2 Ibídem.
3 Organización de las Naciones para la Agricultura y la Alimentación. Conferencia de alto nivel sobre la seguridad alimentaria mundial, “Aumento de precios de los alimentos, hechos, perspectivas, impacto y acciones requeridas”, Abril 2008.
4 Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Series originales.
5 El IGAE incorpora información preliminar y no incluye la totalidad de las actividades que integran el producto interno bruto trimestral, por lo que debe considerarse como un indicador de tendencia o dirección de la economía mexicana en el corto plazo y su tasa de crecimiento puede diferir de la que registre el PIB.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de diciembre de 2010.
La Comisión de Economía
Diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda, Melchor Sánchez de la Fuente, José Luis Velasco Lino (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretarios; José Antonio Arámbula López (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores, Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo, Ramón Jiménez López, Jorge Humberto López-Portillo Basave (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), David Penchyna Grub (rúbrica), Enrique Salomón Rosas Ramírez, David Ricardo Sánchez Guevara, Carlos Torres Piña (rúbrica).
De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a revisar a profundidad su política económica y fiscal para poner en marcha estrategias promotoras del desarrollo económico nacional
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputado del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, fue turnada para su estudio y dictamen el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a revisar de manera profunda su política económica y fiscal para que ponga en marcha estrategias tendentes a promover el desarrollo de la economía nacional, presentado por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en fecha 13 de octubre de 2010.
La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis del punto de acuerdo mencionado al tenor de los siguientes
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 13 de octubre de 2010, los secretarios de ésta dieron cuenta al pleno de esta soberanía del punto de acuerdo que se mencionó en el exordio del presente dictamen.
Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Economía.
Tercero. Los proponentes solicitan a esta Cámara de Diputados exhortar respetuosamente al gobierno federal a efecto de que haga una profunda revisión de su política económica y fiscal para que ponga en marcha las políticas tendentes a promover el desarrollo de la economía nacional.
Consideraciones
Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer sobre la proposición de punto de acuerdo presentada por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Segunda. Que con base en los antecedentes indicados por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la Comisión de Economía, con las atribuciones señaladas, se abocó de forma respetuosa y responsable a dictaminar la proposición con punto de acuerdo referida.
Tercera. Que el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:
Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.
Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación.
El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto, de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.
Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.
Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.
La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.
La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, en los términos que establece esta Constitución.
Por otro lado, el artículo 134 constitucional establece que la administración de los recursos económicos de la federación debe llevarse a cabo con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Cuarta. Que el artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone en los siguientes términos los parámetros y requisitos de elaboración de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación:
La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se elaborarán con base en objetivos y parámetros cuantificables de política económica, acompañados de sus correspondientes indicadores del desempeño, los cuales, junto con los criterios generales de política económica y los objetivos, estrategias y metas anuales, en el caso de la administración pública federal, deberán ser congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que derivan del mismo, e incluirán cuando menos lo siguiente:
I. Las líneas generales de política económica;
II. Los objetivos anuales, estrategias y metas;
III. Las proyecciones de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público, con las premisas empleadas para las estimaciones. Las proyecciones abarcarán un periodo de 5 años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán anualmente en los ejercicios subsecuentes; y
IV. Los resultados de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público, que abarquen un periodo de los 5 últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión.
Los criterios generales de política económica explicarán las medidas de política fiscal que se utilizarán para el logro de los objetivos, las estrategias y metas, así como las acciones que correspondan a otras políticas que impacten directamente en el desempeño de la economía.
Asimismo, se deberán exponer los costos fiscales futuros de las iniciativas de ley o decreto relacionadas con las líneas generales de política a que se refiere este artículo, acompañados de propuestas para enfrentarlos.
En los criterios a que se refiere el párrafo anterior se expondrán también los riesgos relevantes para las finanzas públicas, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos.
Quinta. Que la Ley de Planeación establece en el artículo 2 que la planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, dispone que estará basada en los siguientes principios:
I. El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en lo político, lo económico y lo cultural;
II. La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal y representativo que la Constitución establece; y la consolidación de la democracia como sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, impulsando su participación activa en la planeación y ejecución de las actividades del gobierno;
III. La igualdad de derechos, la atención de las necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos, de la calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población;
VI. El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un marco de estabilidad económica y social.
Sexta. Que el Plan Nacional de Desarrollo establece que la finalidad de la política económica de la presente Administración será lograr un crecimiento sostenido más acelerado y generar los empleos formales que permitan mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos.
Adicionalmente, establece que se apoyará el desarrollo de proyectos productivos y empresas sociales, que generen empleos y que permitan a los mexicanos tener un ingreso digno y mejores niveles de vida.
Aunado a lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo dispone que para lograr la promoción de un desarrollo humano integral y sustentable, se requiere de una política fiscal responsable y eficiente, así como el manejo adecuado de la deuda, ya que sólo así puede mantenerse la estabilidad y asegurarse que los recursos públicos se obtengan de la manera más justa y eficiente posible, y que se asignen de manera correcta para maximizar su impacto social.
Para lograr lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo establece cinco estrategias:
1. Mejorar la administración tributaria fomentando el cumplimiento equitativo en el pago de impuestos y reduciendo la evasión fiscal;
2. Establecer una estructura tributaria eficiente, equitativa y promotora de la competitividad, permitiendo encontrar fuentes alternativas de ingresos, así como hacer frente a las necesidades de gasto en desarrollo social y económico que tiene el país;
3. Garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas del gasto público para asegurar que los recursos se utilicen de forma eficiente, así como para destinar más recursos al desarrollo social y económico;
4. Restablecer sobre bases más firmes la relación fiscal entre el Gobierno Federal y las entidades federativas; y
5. Administrar de forma responsable la deuda pública para consolidar la estabilidad macroeconómica, reducir el costo financiero y promover el desarrollo de los mercados financieros.
Séptima. Que cumpliendo con las disposiciones constitucionales y nuestros ordenamientos jurídicos, el gobierno federal deberá buscar el uso eficiente de los recursos públicos para incentivar el desarrollo económico, contribuir a mejorar la distribución del ingreso y genere mayores beneficios a la población mexicana. Para ello, deberá hacer un análisis de su actual política económica y fiscal, a fin de conseguir la eficiencia económica y garantizar que el uso de los recursos en todos los órdenes de gobierno se realice con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.
Octava. Por lo expuesto, esta Comisión de Economía dictamina positivamente el punto de acuerdo propuesto para quedar como sigue:
La honorable Cámara de Diputados acuerda:
Único. Se exhorta al gobierno federal a revisar de manera profunda su política económica y fiscal para que ponga en marcha estrategias tendentes a promover el desarrollo de la economía nacional.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2010.
La Comisión de Economía
Diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda, Melchor Sánchez de la Fuente, José Luis Velasco Lino (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretarios; José Antonio Arámbula López (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores, Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo, Ramón Jiménez López, Jorge Humberto López-Portillo Basave (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), David Penchyna Grub (rúbrica), Enrique Salomón Rosas Ramírez, David Ricardo Sánchez Guevara, Carlos Torres Piña (rúbrica).
De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo relativos al control de precios de los productos de la canasta básica
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, fue turnado para estudio y dictamen el punto de acuerdo relativo al control de precios de los productos de la canasta básica, presentado por el diputado Francisco Ramos Montaño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en fecha 9 de febrero de 2010.
La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica, así como 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudió y análisis del punto de acuerdo mencionado, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 9 de febrero de 2010, los secretarios dieron cuenta al pleno de esta soberanía del punto de acuerdo que se mencionó en el exordio del dictamen.
Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.
Tercero. El legislador propone lo siguiente:
El 20 de noviembre de 1979, la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Ganadería proclamó esta fecha como Día Mundial de la Alimentación, con la finalidad de hacer conciencia en los gobiernos de las naciones sobre el serio problema alimentario mundial y, con ello, fortalecer la lucha solidaria contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.
De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el problema mundial de la alimentación, y en consecuencia del hambre, ha alcanzado un máximo histórico en los últimos años, estimando que más de 1 millón de personas padecen hambre a diario en el mundo. Considera además que factores como la desaceleración económica y los altos precios de los alimentos han provocado que más 100 millones de personas se encuentren en situación de pobreza y de hambre.
Los efectos de la reciente crisis global ha afectado de manera grave a la población que vive en condiciones adversas por la pobreza, la marginación, el abandono y la vulnerabilidad, como los niños, las madres solteras, las personas enfermas, las que tienen algún tipo de discapacidad, los adultos mayores, los indígenas, los adolescentes y los desempleados. La situación, de acuerdo con las proyecciones sobre la crisis económica internacional, podría agravarse, principalmente en naciones en proceso de desarrollo, lo que implicaría que sus efectos se mantengan en forma prolongada.
En México, el Informe sobre cifras de pobreza por ingreso en 2008, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con base en la información de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos en los Hogares del mismo año y dado a conocer en 2009 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, destaca que de 2006 a 2008 la proporción de personas en condiciones de pobreza alimentaria a escala nacional aumentó de 13.8 a 18.2 por ciento. Los datos coinciden con el estudio de estimaciones de pobreza por ingreso del mismo año, realizado por la ONU de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo; y las personas en condición de pobreza de patrimonio aumentaron de 42.6 a 47.4 por ciento.
Datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares 2008 indican que 50.6 millones de mexicanos se encontraban en condición de pobreza de patrimonio; es decir, tenían un ingreso menor que el necesario para cubrir el patrón de consumo básico de alimentación, vestido, calzado, vivienda, salud, educación y transporte público; y el número de personas en pobreza alimentaria o extrema ascendió a 19.5 millones.
El mismo informe detalla que en 2008 habitaban 7.2 millones de personas en pobreza alimentaria en zonas urbanas en localidades de 15 mil o más habitantes y más de 12 millones en las zonas rurales.
De acuerdo con investigadores de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de 2003 a la fecha los mexicanos han perdido hasta 51 por ciento de poder adquisitivo.
El estudio Pobreza, marginación y remesas en México, elaborado por la UNAM, señala que el incremento de los precios de la canasta básica en los tres últimos años ha provocado un deterioro de 44 por ciento en el nivel de vida de los campesinos. Esto significa que más de 28 millones de las personas del campo no pueden adquirir la canasta básica por sus bajos ingresos.
En otro estudio, del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM, se indica que en los últimos dos años el poder adquisitivo del salario mínimo ha registrado una evidente pérdida, de 32.64 por ciento. En el mismo lapso, los precios de la canasta básica tuvieron un incremento de 67.16 por ciento, y el aumento del salario mínimo apenas si fue de 12.59 por ciento; es decir, de 48.67 a 54.80 pesos, lo cual representa que cerca de 18 millones de mexicanos no cuentan con ingresos suficientes para adquirir la canasta básica. Eso significa que si una persona antes invertía 13 horas de trabajo, ahora invierte más de 19 horas para adquirir los productos de la canasta básica recomendable.
El incremento del salario mínimo y el alza de los productos de la canasta básica sin duda han resultado contradictorios: a inicios de 2009, el salario mínimo general recibió un aumento de sólo 3.2 por ciento, equivalente a 2 pesos; y los precios de los comestibles llegaron a incrementarse hasta 339.4 por ciento. El precio del aceite aumentó 105.5 por ciento; el arroz, 90; la sal, 77.2; el bolillo, 53; la tortilla, 42.6; la harina de trigo, 44.6; y el huevo, 44.4 por ciento, entre otros productos básicos para la alimentación.
Para 2010, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) acordó un aumento de 2.6 pesos; quedaron las áreas geográficas del país de la siguiente manera:
Para el área geográfica A, que comprende entre otros el Distrito Federal y su área metropolitana; Baja California; Baja California Sur; Acapulco, Guerrero; Ciudad Juárez, Chihuahua; Sonora; Tamaulipas; y Veracruz, el salario mínimo diario será de 57.46 pesos.
Para el área geográfica B, que comprende entre otros estados y ciudades Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León; Hermosillo, Sonora; Tampico, Tamaulipas; y Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, el salario mínimo general diario será de 55.84 pesos.
Para el área geográfica C, que corresponde entre otros estados a Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán, y Zacatecas; y los municipios específicos de Chihuahua, Guerrero, Jalisco, México, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, el salario mínimo general diario será de 54.47 pesos.
Sin duda, este aumento aniquila el poder adquisitivo de la población, además de contravenir la fracción VI del Apartado A del artículo 123 constitucional, la cual señala que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer de educación a los hijos.
Conforme a las consideraciones del proponente, el salario mínimo debe tener un aumento de por lo menos 8 por ciento a efecto de enfrentar el deterioro del poder adquisitivo de la mayoría de los mexicanos.
Resulta inconcebible que a inicios de 2010 los precios de los productos de la canasta básica indispensable para las familias hayan subido injustificadamente en más de 20 y 45 por ciento, medida arbitraria y abusiva que atenta contra la economía de las familias mexicanas.
Si bien a partir del 1 de enero de este año el precio del diesel se incrementó de 6.30 a 8.16 pesos por litro, la gasolina Magna en 8 centavos por litro y el gas licuado de 9.15 a 9.31 pesos por kilogramo, no se justifica el aumento voraz de los productos de primera necesidad, como aceite, huevo, azúcar, pollo, medicamentos, material de curación, detergentes y artículos de higiene personal.
Cifras de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y del Banco de México indican que los productos alimenticios que forman la canasta básica reportaron un aumento de 27.49 por ciento de 2006 a 2008, un incremento 124.4 superior a la inflación general durante el mismo periodo; en tanto, los aumentos salariales obtenidos por los trabajadores desde abril de 2008 hasta 2009, y a la fecha, siguen siendo anulados en su poder adquisitivo.
El año anterior, los productos alimenticios de la canasta básica tenían un costo promedio de entre 800 y mil 200 pesos, sin agregar los costos de otros bienes que integran la medición, como vivienda, salud, transporte y esparcimiento; para 2010, se requieren más de mil 400 pesos para su adquisición. De acuerdo con el Banco de México, los precios seguirán en aumento hasta 2011.
El constante aumento de precios de los productos que integran la canasta básica ha provocado mayor empobrecimiento de la población, que destina al consumo básico mayor parte de los ingresos.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM reporta que en el país más de 30 millones de personas padecen problemas críticos de desnutrición. Tal condición tiene que ver con los elevados precios de los productos de la canasta básica, por lo que la población se ha visto obligada a modificar su alimentación, dejando de consumir algunos productos de calidad en nutrimentos y sustituirlos por otros de baja o mala calidad.
A escala mundial, el hambre y la desnutrición están afectando gravemente el capital humano a través de sus efectos negativos, irreversibles e intergeneracionales sobre el desarrollo físico y cognitivo, factores que incrementan la pobreza y limitan la productividad y el desarrollo de los países.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea del Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a intervenir por la Secretaría de Economía respecto al control de precios de la canasta básica e informar a esta soberanía sobre los programas específicos contra la carestía de la vida.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor a informar a esta soberanía sobre las medidas que está tomando el gobierno de la república para contener la carestía de los productos de la canasta básica.
Tercero. Se solicita respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a aplicar las sanciones correspondientes a los vendedores o proveedores que especulen con los precios de los productos que integran la canasta básica.
Consideraciones
Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Comisión de Economía es competente para conocer sobre la proposición con punto de acuerdo relativo al control de precios de los productos de la canasta básica, presentado por el diputado Francisco Ramos Montaño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Segunda. Que con base en los antecedentes indicados por el diputado Francisco Ramos Montaño, la Comisión de Economía, con las atribuciones señaladas, se abocó de forma respetuosa y responsable a dictaminar la proposición con punto de acuerdo referida.
Tercera. Que con base en datos tanto de organismos internacionales como nacionales, hay signos de un mejor desempeño de la economía internacional. Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 1 señalan que la economía internacional avanza positivamente; sin embargo, esto se da en diferente grado y velocidad para cada uno de los países.
Se ha observado que las economías emergentes (como China, India y Brasil) se consolidan como motores del crecimiento, las cuales contribuyen al avance positivo de la economía mundial, luego de la profunda crisis económica y financiera global. 2 De acuerdo con el estudio de la OCDE, 3 las proyecciones de crecimiento para este tipo de mercados emergentes son de 11.1, 8.3 y 6.5 por ciento, respectivamente. En el caso del crecimiento económico de Estados Unidos, la OCDE pronostica un avance en este rubro de 3.2 por ciento para el cierre de 2010, manteniéndose con igual magnitud para 2011.
Cuarta. Que de acuerdo con datos de esa organización, la economía mexicana avanza favorablemente y habrá un crecimiento económico de aproximadamente 4.5 por ciento al cierre de 2010. Esa cifras con alentadoras en comparación con las del año anterior (periodo de crisis económica internacional), cuando se registró una contracción de más de 6.0 por ciento, como se muestra en la siguiente la gráfica:
Quinta. Que de acuerdo con datos del Banco Mundial, para el cierre de 2010 la economía mexicana crecerá entre 4.5 y 4.7 por ciento. El Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que las expectativas de crecimiento económico para México son buenas, pues pronostica que para finales de 2010 la economía crecerá entre 4.5 y 5.0 por ciento. 4 El Banco de México pronostica que la economía crecerá entre 4.5 y 5.0 por ciento para el cierre de 2010; las cifras coinciden con las de las anteriores organizaciones.
Sexta. Que de acuerdo con datos de la SHCP y de la Secretaria del Trabajo, 5 el aumento de los indicadores de empleo es muestra del avance económico que vive el país. Por ello, en octubre se registraron 129 mil 406 nuevos empleos formales, de los cuales 850 mil 889 empleos netos están registrados al IMSS. Con lo anterior se constata que en 2010 se está incrementando el número de mexicanos con ingreso para salir adelante.
Séptima. Que de acuerdo con la Conasami, el salario mínimo general promedio ha registrado una tendencia creciente (véase la gráfica 3). Durante el periodo 2007-2010, el salario mínimo general promedio registró un aumento de 14.09 por ciento; es decir, se incrementó de 48.88 a 55.77 pesos diarios en 2010, como se observa en el siguiente cuadro:
Octava. Que de acuerdo con el Banco de México, en los últimos 10 años la variación porcentual anual del índice de la canasta básica mexicana se ha mantenido estable e incluso con menores niveles en comparación con la década anterior (véanse el cuadro 3 y la gráfica 4).
Entre 2008 y 2009, el índice de la canasta básica reportó una variación porcentual de más de 8.0 por ciento (véase la gráfica 5), resultado de la crisis económica y financiera internacional que afectó en mayor medida a países emergentes como el nuestro, lo cual explica el incremento inusual y circunstancial de la canasta básica en esos dos puntos de referencia.
Cuadro 3. Índice de la canasta básica, 2007-2010 (base, segunda quincena de junio 2002 = 100).
Fuente: Banco de México. Estadísticas. Política monetaria e inflación. INPC, índices de precios al consumidor y Udi.
Pese a lo anterior, en la última década el índice de canasta básica se ha mantenido estable en comparación con la década anterior. Hoy, dicho índice está teniendo una estabilidad como la que se tenía en años anteriores a la crisis económica internacional, como se muestra en la gráfica 4.
Datos del Banco de México revelan que en octubre, el índice de la canasta básica tuvo un porcentaje acumulado en el año de 2.3 por ciento, mientras que el INPC lo hizo con 3.06 por ciento, como se muestra en la gráfica anterior.
Novena. Que de acuerdo con estadísticas emitidas por el Banco de México, se ha observado que en la última década el índice de la canasta básica ha estado en niveles más altos que el índice de general (INPC); esto, debido en parte a que el primero contiene componentes con precios mucho más volátiles que el segundo.
Décima. De acuerdo con la FAO, 6 el incremento de los precios de los productos básicos (en especial los agrícolas) es una situación mundial y no particularmente nacional, y afecta principalmente a las personas que viven en pobreza y hambruna.
De acuerdo con la misma organización, las crecientes tasas inflacionarias recientes en algunos productos básicos (en especial los agrícolas) se deben principalmente al aumento de los precios de los hidrocarburos a escala mundial y a los diferentes eventos climáticos (sequías, heladas e inundaciones) que afectan los procesos agrícolas mundiales, lo cual ha propiciado un porcentaje de escasez de dichos productos. De esta situación, fuertes actores económicos mundiales se han aprovechado para especular con los precios de productos básicos.
Otros factores que han afectado los precios de los productos básicos (en especial los agrícolas) son la gran demanda que tiene la producción de biocombustibles a escala mundial, principalmente para la producción de etanol y biodiesel, lo cual ha provocado la escasez y el encarecimiento de estos productos, además del crecimiento poblacional mundial, lo cual está demandado aún más de dichos productos.
Undécima. Aunado a lo anterior, se ha observado una disminución de la inversión hacia el sector agrícola por algunos países, lo cual implica un déficit de la oferta, que encarece los precios de los productos agrícolas.
Duodécima. El mundo está cada vez más interconectado por el comercio global. Esa situación ha repercutido también en México, el cual ha absorbido las crecientes tasas inflacionarias mundiales a causa del intercambio comercial mundial, principalmente la de los productos con mayor volatilidad, como los agrícolas.
En la última década, los precios de los productos agrícolas a escala mundial han estado aumentando constantemente, en particular a partir de 2006, cuando los precios se dispararon, como se observa en la siguiente gráfica:
Gráfica 6.1
En cuanto a los precios de los energéticos mundiales, el del petróleo a escala internacional ha ido en aumento, como se observa en la grafica anterior (6.1.). Hoy, el precio del petróleo West Texas es de 84.69 dólares por barril, 7 mientras que el de la mezcla mexicana es de 77.09. 8
Decimotercera. Por tanto, la Comisión de Economía, con base en datos de la FAO y de otras organizaciones consultadas, opina que la presión alcista de los productos básicos (en especial los agrícolas) es un fenómeno complejo, con múltiples factores que condicionan dichos precios, por lo que establecer un control de precios de productos de la canasta básica no es una vía recomendable, ya que se estarían ignorando el estudio y el entendimiento de los múltiples factores citados que inciden en la volatilidad y cambio en los precios de los productos básicos (en especial los agrícolas).
Decimocuarta. Que con base en lo expuesto por la FAO y en datos del Banco de México, la Comisión de Economía opina que el fuerte incremento de los precios de los productos agrícolas es un fenómeno internacional y no particularmente de nuestro país, ya que las estadísticas presentadas reflejan claramente que durante 2008-2009 fueron años difíciles para la economía del país y son sólo efectos circunstanciales. Asimismo, se observa mayor avance tanto en la economía internacional como en la nacional.
Decimoquinta. La Comisión de Economía recomienda modificar el tercer punto de acuerdo expuesto por el proponente, pues la Profeco no tiene facultad para sancionar a vendedores o proveedores que “especulen” con los precios de los productos que integran la canasta básica. En este caso, la Procuraduría General de la República, con base en los artículos 253 y 254 del Código Penal Federal, puede aplicar las sanciones correspondientes a quienes especulen con los precios de los productos que integran dicha canasta.
Decimosexta. De manera respetuosa y con el objetivo de enriquecer y fortalecer las proposiciones, la Comisión de Economía recomienda modificar el punto de acuerdo como sigue:
La Cámara de Diputados
Acuerda
Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a enviar a esta soberanía mediante la Secretaría de Economía un análisis de los últimos diez años para analizar y valorar la evolución del incremento de precios de la canasta básica.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor a informar a esta soberanía sobre las medidas que está tomando el gobierno de la república para contener la carestía de los productos de la canasta básica.
Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a aplicar las sanciones correspondientes a los vendedores o proveedores que especulen con los precios de los productos que integran la canasta básica.
Notas
1 Economic Outlook, número 87, 26 de mayo de 2010.
2 Ibídem.
3 Ibídem.
4 El Economista, “En Primer Plano”, 7 de octubre de 2010, páginas 4 y 5.
5 Conferencia de prensa de los secretarios de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo; y del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, así como del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Daniel Karam Toumeh, sobre la evolución del empleo en México, 3 de noviembre de 2010.
6 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Conferencia de alto nivel sobre la seguridad alimentaria mundial, “Aumento de precios de los alimentos: hechos, perspectivas, impacto y acciones requeridas”, abril de 2008.
7 El Economista, “Valores y Dinero”, 4 de noviembre de 2010, página 18.
8 Ibídem.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2010.
La Comisión de Economía
Diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda, Melchor Sánchez de la Fuente, José Luis Velasco Lino (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretarios; José Antonio Arámbula López (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores, Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo, Ramón Jiménez López, Jorge Humberto López-Portillo Basave (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica), Luis E
De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo relativo a la reclasificación tarifaria en diversos municipios de Colima
Honorable Asamblea:
La Comisión de Energía correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 60, 87, y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes
I. Antecedentes
Primero. Con fecha 20 de abril de 2010, en sesión celebrada en la Cámara de Diputados, la diputada Indira Vizcaíno Silva perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó ante el Pleno la proposición con punto de acuerdo, relativo a las tarifas eléctricas en Colima.
Segundo. En fecha 29 de abril de 2010 se presentó ante el Pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la reducción de la tarifa de energía eléctrica de servicio doméstico en Manzanillo, Minatitlán, Armería y Tecomán, Colima, a cargo del diputado Carlos Cruz Mendoza del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Tercero. En todos los casos anteriores y en la misma fecha de presentación de las referidas proposiciones, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados determinó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía.”
II. Objeto y contenido de las proposiciones
Los diputados Indira Vizcaíno Silva y Carlos Cruz Mendoza plantean como objetivo central en los puntos de acuerdo de las proposiciones en dictamen, que se reclasifiquen las tarifas eléctricas para el sector doméstico en diversos municipios en el estado de Colima.
A continuación se destacan algunos aspectos de la exposición de motivos de cada proposición:
1. Promovente: diputada Indira Vizcaíno Silva. Destaca la capacidad de generación térmica (sic) del estado de Colima respecto de otros estados. Señala la diputada proponente que la Comisión Federal de Electricidad debería de ajustar sus políticas para que las tarifas eléctricas reflejen adecuadamente el costo por generación del fluido eléctrico de cada una de las regiones del país y, por otra parte, que debe modernizarse la infraestructura empleada para la medición de las temperaturas, cuyos sistemas de medición los provee la empresa IUSA.
A continuación se inserta el texto de los puntos de acuerdo que propone la diputada promovente:
“Puntos de Acuerdo
”Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Comisión Federal de Electricidad, que reconsidere las tarifas eléctricas para el estado de Colima, fundamentalmente en el municipio de Manzanillo, priorizando las tarifas residenciales; en la cual se considere la capacidad de generación térmica de la entidad, con lo que se podrían aportar elementos en beneficio de la disminución de las tarifas y en beneficio de los usuarios de la entidad, lo que contribuiría en ventajas competitivas para la generación de empleos.
”Segundo. Se acuerda a la solicita, a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que la Auditoría Superior de la Federación lleve a cabo una auditoría de desempeño de las licitaciones que la CFE le otorga a la empresa IUSA: Además de contar con un análisis del impacto por parte de la Comisión Reguladora de Energía sobre los medidores, a nivel local, estatal y nacional”.
2. Por lo que toca a la proposición del diputado Carlos Cruz Mendoza, éste expone que debido al clima cálido que prevalece en el estado de Colima, sus habitantes requieren de emplear sistemas de ventilación y de enfriamiento para poder llevar a cabo las actividades cotidianas. Asimismo, destaca que el municipio de Manzanillo contribuye al desarrollo del país y juega un papel estratégico en el sistema eléctrico del país. Con base a lo anterior somete ante el Pleno de la H. Cámara de Diputados el siguiente:
“Punto de Acuerdo
”Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, a efecto de que, en uso de sus facultades y atribuciones, solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se reclasifique la tarifa 1B a la 1F en los municipios de Manzanillo, Minatitlán, Armería, y Tecomán, del estado de Colima, a la brevedad posible”.
III. Consideraciones
Primera. Los integrantes de la Comisión de Energía comparten la preocupación de los diputados Indira Vizcaíno Silva y Carlos Cruz Mendoza. Por ello, el presente dictamen tiene por objeto respaldar la petición de los promoventes en el sentido de reclasificar las tarifas eléctricas para el sector doméstico en todo el estado de Colima. No obstante que las proposiciones señalan ciertos municipios.
Segunda. Señala la diputada Indira Vizcaíno Silva en el segundo resolutivo del punto de acuerdo lo siguiente:
“Segundo. Se acuerda a la solicita, a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que la Auditoría Superior de la Federación lleve a cabo una auditoría de desempeño de las licitaciones que la CFE le otorga a la empresa IUSA: Además de contar con un análisis del impacto por parte de la Comisión Reguladora de Energía sobre los medidores, a nivel local, estatal y nacional”.
La diputada proponente plantea en un segundo punto que la Auditoría Superior de la Federación lleve a cabo una auditoría de desempeño de las licitaciones que la Comisión Federal de Electricidad ha otorgado a la empresa IUSA.
Al respecto, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación señala en su artículo 3 que la Auditoría Superior de la Federación tiene a su cargo la fiscalización de la Cuenta Pública y en su artículo 1, que “...la fiscalización de la Cuenta Pública tiene el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas; comprobar si se observó lo dispuesto en el Presupuesto, la Ley de Ingresos y demás disposiciones legales aplicables, así como la práctica de auditorías sobre el desempeño para verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas federales...”.
Por otra parte, en la misma ley se define el alcance de las auditorías desempeño en los siguientes términos: “II. Auditorías sobre el desempeño: la verificación del cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales mediante la estimación o cálculo de los resultados obtenidos en términos cualitativos o cuantitativos, o ambos;...”
En resumen, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación es clara al establecer que la Auditoría Superior de la Federación, cuya función es la revisión de la Cuenta Pública, realice auditorías de desempeño, mas éstas se realizan para verificar el cumplimiento de los objetivos señalados en los programas federales; es decir, que procedimientos administrativos, como son las licitaciones públicas no son materia de esta ley y en consecuencia la Auditoría Superior de la Federación no tiene esa función.
Para efecto de la realización de auditorías, el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que es la Secretaría de la Función Pública la que establece las bases generales para la realización de auditorías en las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como la realización de las auditorías que se requieran a las dependencias y entidades en sustitución o apoyo de sus propios órganos de control.
Apunta la diputada Vizcaíno que “...con relación a los medidores de luz que utiliza la CFE, la opinión de especialistas es que las especificaciones de los medidores no están diseñadas para operar a altas temperaturas. Para un correcto funcionamiento de estos, deberían enfrentarse a una temperatura ambiente de 30º centígrados, sin embargo con el actual medidor la medición se incrementa 25 por ciento respecto a la temperatura ambiente, lo que afecta a miles de consumidores en las regiones cálidas como las del estado de Colima...”. De lo anterior, no se ofrece referencia alguna que permita constatar la validez de tal afirmación.
Asimismo, agrega que “...la CFE ha obstaculizado y rechazado la compra de medidores de luz elaborados con alta tecnología que disminuirían costos y protegerían los aparatos electrodomésticos de los usuarios...”
Al respecto, con base en sus atribuciones legales, la Presidencia de la Comisión de Energía solicitará información a la Comisión Federal de Electricidad, misma que se hará del conocimiento de la diputada proponente y de los integrantes de la Comisión de Energía.
Por otra parte, en cuanto a contar con un análisis del impacto por parte de la Comisión Reguladora de Energía sobre los medidores, a nivel local, estatal y nacional, no es clara la redacción y, por consiguiente, la petición concreta.
Tercera. El acuerdo que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y reduce el subsidio a las tarifas domésticas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2002, establece diferentes tarifas para consumo residencial, para temporada de verano, bajo los criterios de consumo y que una localidad registre la temperatura media mínima en verano establecida para una determinada tarifa , de acuerdo a los reportes elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional del Agua.
Cuarta. En virtud de lo anterior los integrantes de la Comisión de Energía han resuelto respaldar la petición de los diputados Indira Vizcaíno Silva y Carlos Cruz Mendoza para exhortar al organismo suministrador Comisión Federal de Electricidad a que revise la clasificación de las tarifas eléctricas que se aplican en los diferentes municipios del estado de Colima.
Por los razonamientos expuestos, la Comisión de Energía somete a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
IV. Acuerdo
Único. Se exhorta a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, con la participación de las dependencias y entidades públicas que corresponda, conforme a las disposiciones legales aplicables y en el ámbito de sus atribuciones y funciones, revisen el registro de la temperatura media mínima en verano de los municipios pertenecientes al estado de Colima para que se reclasifiquen las tarifas domésticas en beneficio de los usuarios.
Palacio Legislativo de San Lázaro, diciembre de 2010.
Se adjuntan las firmas aprobatorias del presente dictamen de la mayoría de los integrantes de la Comisión de Energía.
La Comisión de Energía
Diputados: Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (rúbrica), Ramón Ramírez Valtierra, José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica), Pedro Jiménez León (rúbrica), Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Canek Vázquez Góngora, José Luis Soto Oseguera (rúbrica), Jorge Alberto Juradini Rumilla, José Luis Velasco Lino (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Luis Antonio Martínez Armengol, Genaro Mejía de la Merced, Éric Luis Rubio Barthell, Miguel Martín López, Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica), César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), Elsa María Martínez Peña, Magdalena Torres Abarca (rúbrica), Ramón Jiménez López, César Francisco Burelo Burelo.
De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a condonar adeudos y establecer una tarifa preferencial para los consumidores domésticos de la comisaría de Puerto Libertad, en Pitiquito, Sonora
Honorable Asamblea:
La Comisión de Energía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, en atención al contenido de los artículos 38 y 40 de las Normas Relativas al Funcionamiento de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes
I. Antecedentes
1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 8 de abril de 2010, las diputadas Maricela Serrano Hernández e Inocencia Ibarra Piña, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para condonar el pago de adeudos y establecer una tarifa preferencial para los consumidores domésticos de energía eléctrica en la comisaria de Puerto Libertad, municipio de Pitiquito, estado de Sonora y a la modernización de la infraestructura utilizada en la generación de energía eléctrica.
2. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía”.
II. Contenido y objeto de la proposición
La problemática planteada en la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen se refiere a las afecciones físicas generales y en especial a los problemas relacionados con las vías respiratorias y la piel a los habitantes de la comisaría de Puerto Libertad, municipio de Pitiquito, estado de Sonora, y sus zonas aledañas originadas por el complejo termo eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad ubicado en este lugar.
Por otra parte la diputada promovente señala que las temperaturas en esta región son muy elevadas por lo cual los ciudadanos tienen que utilizar aparatos de refrigeración de tipo domestico para disminuir los efectos del calor y la humedad en el ambiente.
Adicionalmente, destaca el promovente, que la Comisión Federal de Electricidad ha establecido para esta zona la tarifa “IE”, por considerar que le temperatura mensual en época de verano es de 32° C y que “la temperatura medía excede el rango establecido por la Comisión Federal de Electricidad de 32° C, dando como resultado que el calor que se sufre aumente la sensación de sofocamiento por el alto grado de humedad, teniendo como resultado el aumento de enfermedades, ya antes mencionadas, aunadas a la contaminación producida por la termoeléctrica”.
Señala el promovente que “el cobro que se venía realizando en el año 2008 se ha venido incrementado en más de 50 por ciento, teniendo actualmente recibos por pagar que ascienden a varios miles de pesos, dañando de manera sustancial la economía de estos pobladores”, situación que se ha hecho del conocimiento a la Procuraduría Federal del Consumidor la cual hasta la fecha no ha realizado acción alguna, lo que ha originado que los pobladores dejen de pagar sus recibos y que la deuda se incrementen a varios miles de pesos.
Finalmente, agrega que existe de manera cercana a esta población otra tarifa denominada “1F”, y que el rango de facturación es más amplio en comparación con la tarifa “IE” lo cual resulta en una facturación más elevada.
Por ello, las diputadas Maricela Serrano Hernández e Inocencia Ibarra Piña ponen a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.
“Primero. Que se exhorte a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público del Poder Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a condonar los adeudas acumulados hasta la fecha de los pobladores de la comisaría de Puerto Libertad, Sonora.
Segundo. Que se exhorte a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público del Poder Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, en el ámbito de sus atribuciones, para que revise y actualice integral mente las tarifas eléctricas cambiándolas de lE a IF, dando trato preferencial a la comisaría de Puerto Libertad, del estado de Sonora, por el daño causado a la salud de la población
Tercero. Que se exhorte a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público del Poder Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, para que sea modernizada la infraestructura utilizada en la generación de energía eléctrica de dicha termoeléctrica, para mejorar el servicio, la salud y la calidad de vida de los habitantes de la comisaría de Puerto Libertad del estado de Sonora”.
III. Consideraciones
Primera. Como resultado del estudio y análisis de la proposición materia del presente dictamen los integrantes de la Comisión de Energía comparten la preocupación de las diputadas promoventes en lo referente a los daños a salud que pueda estar generando el complejo termoeléctrico de la Comisión Federal de Electricidad a los habitantes de la comisaría de Puerto Libertad, municipio de Pitiquito, estado de Sonora, y sus zonas aledañas.
Segunda. En lo que respecta al incremento de la temperatura media en dicha región la cual ha originado un incremento de cobros en los recibos de luz y que ha afectado la economía de los habitantes de esta región, los integrantes de la Comisión de Energía se manifiestan a favor de que se realice una revisión a la tarifa con base a los principios y procedimientos marcados en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica el cual establece el proceso para fijar las tarifas, su ajuste o reestructuración y los artículos del 47 al 53 del Reglamento del Servicio Público de Energía Eléctrica con el fin de que sea aplique una tarifa justa a los consumidores de energía eléctrica de dicha región.
Tercera. Por otra parte, en cuanto a los adeudos que se han originado en la región de la comisaría de Puerto Libertad, los integrantes de la Comisión de Energía se muestran coincidentes con la diputada Serrano en la intención de que exista un acuerdo entre la Comisión Federal de Electricidad y los pobladores de dicha región conforme a la fracción VII del artículo 9 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y dar solución a este conflicto.
Cuarta. Los diputados integrantes de esta comisión comparten una profunda y sincera preocupación por la protección y conservación del medio ambiente mediante el uso de nuevas tecnologías para la generación de energía eléctrica que disminuyan la emisión de contaminantes y que mitiguen el cambio climático.
Por ello, la Comisión de Energía hace eco en el interés de las diputadas proponentes sobre la modernización de la infraestructura utilizada en la termoeléctrica de Puerto Libertad para que se mejore el servicio, reduzca considerablemente los daños que esta origina al medio ambiente y que el nivel de vida, así como la calidad de salud de los pobladores no sean afectadas.
En virtud de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Energía de la LXI legislatura somete a consideración esta soberanía el siguiente
IV. Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que, de acuerdo con los procedimientos establecidos, se realice un análisis y en su caso se implementen las acciones necesarias a fin de dar solución a los adeudos acumulados hasta la fecha de los pobladores de la comisaría de Puerto Libertad, Sonora, por concepto del consumo de energía eléctrica de uso residencial.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, en el ámbito de sus atribuciones, para que revisen y actualicen la aplicación de las tarifas eléctricas, para consumidores del servicio de energía eléctrica para uso residencial, vigentes en la comisaría de Puerto Libertad, municipio de Pitiquito, Sonora.
Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a evaluar, conforme a sus atribuciones, la operación de la planta termoeléctrica ubicada en Puerto Libertad del estado de Sonora, respecto a sus emisiones al medio ambiente y, conforme a los resultados y legislación vigente en la materia, la Comisión Federal de Electricidad tome las medidas necesarias para reducir las afectaciones al ambiente y la salud de los habitantes de las localidades vecinas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, diciembre de 2010.
Se adjuntan las firmas aprobatorias del presente dictamen de la mayoría de los integrantes de la Comisión de Energía.
La Comisión de Energía
Diputados: Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (rúbrica), Ramón Ramírez Valtierra, José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica), Pedro Jiménez León (rúbrica), Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Canek Vázquez Góngora, José Luis Soto Oseguera (rúbrica), Jorge Alberto Juradini Rumilla, José Luis Velasco Lino (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Luis Antonio Martínez Armengol, Genaro Mejía de la Merced, Éric Luis Rubio Barthell, Miguel Martín López, Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica), César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), Elsa María Martínez Peña, Magdalena Torres Abarca (rúbrica), Ramón Jiménez López, César Francisco Burelo Burelo.
De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general de la Comisión Federal de Electricidad a revisar los costos de energía y a reconsiderar las tarifas de los pozos de uso agrícola y de riego, así como de las norias de Puebla
Honorable Asamblea:
La Comisión de Energía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, 85 y 157, numeral 1, fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes
I. Antecedentes
1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 27 de abril de 2010, el diputado José Alberto González Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general de la Comisión Federal de Electricidad a revisar de manera pormenorizada los costos de energía eléctrica y a reconsiderar las tarifas de los pozos de uso agrícola, los de riego y las norias de Puebla.
2. El presidente de la Mesa Directiva acordó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía”.
II. Contenido y objeto de la proposición
El diputado González Morales hace referencia a la afectación que sufre la comunidad agrícola del estado de Puebla, en específico, las sociedades de pozos de riego; ese sector ha manifestado su descontento con el incremento inusual de la cantidad que se paga por concepto de suministro de energía eléctrica, el cual ha sido de hasta el 90 por ciento en el último cuatrimestre del 2009, no obstante que algunas sociedades presentan una disminución en su consumo.
Lo anterior, a pesar de que, conforme a lo planteado por el proponente, el gobierno federal implantó una serie de acciones que tenían como objetivo disminuir los efectos negativos de la crisis; entre estas medidas, se incluía el congelamiento de las tarifas eléctricas aplicables en todo el país, disminuyendo aquellas que se cobran al sector agropecuario.
Los usuarios inconformes que utilizan la electricidad con fines agrícolas se encuentran ubicados en diversos municipios: Tepeaca, en las localidades de San Mateo Parra y San José Carpinteros; Los Reyes de Juárez, en las localidades de Santa Clara Buenavista de Juárez y La Palma de Buenavista de Juárez; Tecali de Herrera, en la localidad de San Luis Ajajalpan; Santa Clara Huitziltepec; Tepeyehualco de Cuauhtémoc; Cuapiaxtla de Madero; y, por último, Quecholac, en la localidad de Tuzuapan.
Por ello, el diputado González Morales pone a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.
“Único. Se exhorta al director general de la Comisión Federal de Electricidad a efecto de que
1. De manera inmediata, se revise de manera pormenorizada el caso de los distintos concesionarios de pozos, norias para usos agrícola, situadas en el estado de Puebla, en donde se presentan irregularidades en el cobro por el consumo de la energía utilizada, lo que perjudica a los productores ya que incrementa de manera exponencial sus costos de producción.
2. Explique de manera detallada cuáles son los parámetros y consideraciones aplicados en estos casos, que han ocasionado el incremento tan drástico en el pago por el consumo de energía eléctrica que debe realizar la sociedad poblana dedicada a la agricultura.”
Una vez expuesto los antecedentes, objeto y contenido de la proposición con punto de acuerdo, los integrantes de la Comisión de Energía fundan el presente dictamen en las siguientes
III. Consideraciones
Primera. Los integrantes de la Comisión de Energía coinciden con el diputado proponente en el sentido de que se debe apoyar el aparato productivo nacional y, en particular, al sector agrícola. Por tanto, se considera viable atender la problemática planteada en la aplicación de las tarifas eléctricas de uso agrícola en el estado de Puebla.
Segunda. Actualmente las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica en nuestro país se clasifican de acuerdo con su uso de la siguiente forma:
a) Doméstico: 1,1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F y Doméstica de Alto Consumo (DAC);
b) Servicios públicos: 5, 5-A y 6;
c) Uso agrícola: 9, 9M, 9-CU y 9-N;
d) Temporal: 7;
e) Generales: 2 y 3;
f) Generales de media: O-M, H-M Y H-MC;
g) Media tensión con cargos fijos: OMF, H-MF y H-MCF;
h) Generales en alta tensión: HS, HS-L, HT y HT-L;
i) Alta tensión con cargos fijos: HSF, H-SLF, HTF, y H-TLF;
j) Respaldo en media tensión: HM-R, HM-RF, HM-RM;
k) Respaldo en alta tensión: HS-R, HS-RF, HS-RM, HT-R, HT-RF, HT-RM; y
l) Servicio interrumpible: I-15 e I-30.
Tercera. Dentro de las tarifas de uso agrícola mencionadas, la 9 se refiere a la de servicio para bombeo de agua para riego agrícola en baja tensión; la 9M corresponde a las tarifas de servicio para bombeo de agua para riego agrícola en media tensión; la 9-CU equivale a las tarifas de estímulo para bombeo de agua para riego agrícola con cargo único; por último, la 9-N representa las tarifas de estímulo nocturna para bombeo de agua para riego agrícola.
Esto significa que actualmente existen dos tarifas agrícolas de estímulo por el consumo de energía eléctrica identificadas como 9-CU y 9-N; éstas son parte de las diferentes medidas que se han instrumentado a favor de los productores agrícolas para incrementar la productividad y competitividad en ese sector, ofreciéndose cargos fijos por energía consumida que, manteniendo constante el patrón de consumo, permiten mantener sin variación el costo de la energía eléctrica en los costos totales de producción, con la finalidad de fomentar el desarrollo rural nacional.
Cuarta. En cuanto a los factores de ajuste mensual de estas tarifas se debe indicar que a las tarifas 9 y 9M se les aplica un factor de ajuste mensual acumulativo de 1.02 establecido en el artículo séptimo del acuerdo que autoriza el ajuste y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de enero del 2003.
Asimismo, a partir del 2009, las tarifas 9-CU y 9-N se incrementarán anualmente cada 1 de enero en 20 y 10 centavos respectivamente, con fundamento en lo establecido en el artículo cuarto del acuerdo que autoriza el ajuste a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica 9-CU y 9-N, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 21 de diciembre de 2007.
A más de los acuerdos arriba señalados, a la presente fecha no se ha publicado un acuerdo distinto que afecte las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica para uso agrícola y, menos aún, en el periodo que indica el proponente que se ha afectado a la comunidad agrícola del estado de Puebla con un incremento a éstas.
En consecuencia, los integrantes de esta Comisión de Energía estiman viable exhortar a la Comisión Federal de Electricidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice la correcta medición y cobro del suministro y venta de energía eléctrica para uso agrícola en el estado de Puebla y, de forma específica, en los siguientes municipios y localidades: Tepeaca, en las localidades de San Mateo Parra y San José Carpinteros; Los Reyes de Juárez, en las localidades de Santa Clara Buenavista de Juárez y La Palma de Buenavista de Juárez; Tecali de Herrera, en la localidad de San Luis Ajajalpan; Santa Clara Huitziltepec; Tepeyehualco de Cuauhtémoc; Cuapiaxtla de Madero; y, por último, Quecholac, en la localidad de Tuzuapan.
Lo anterior, a efecto de evitar irregularidades en el cobro de las tarifas mencionadas y no afectar en el desarrollo agrícola de esa región, el cual se ve menoscabado al repercutir de forma negativa los altos costos que se ocasionan por consumo de energía eléctrica.
Quinta. Por último, no se soslaya que la Comisión de Energía estima conveniente la redacción ya indicada en la consideración anterior, pues a diferencia de la señalada por el proponente, resulta incluyente de datos específicos de la ubicación de los usuarios de energía eléctrica de uso agrícola afectados en el estado de Puebla, así como también resulta incluyente al abarcar a todos los usuarios de ese tipo de tarifas.
Por lo expuesto, la Comisión de Energía somete ante el pleno de esta soberanía el siguiente
IV. Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice la correcta la medición y cobro del suministro y venta de energía eléctrica para uso agrícola en el estado de Puebla y, de forma específica, en los siguientes municipios y localidades: Tepeaca, en las localidades de San Mateo Parra y San José Carpinteros; Los Reyes de Juárez, en las localidades de Santa Clara Buenavista de Juárez y La Palma de Buenavista de Juárez; Tecali de Herrera, en la localidad de San Luis Ajajalpan; Santa Clara Huitziltepec; Tepeyehualco de Cuauhtémoc; Cuapiaxtla de Madero; y, por último, Quecholac, en la localidad de Tuzuapan. Lo anterior, a con la finalidad de evitar irregularidades en el cobro de las tarifas mencionadas y no afectar en el desarrollo agrícola de esa región.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2011.
La Comisión de Energía
Diputados: Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (rúbrica), Ramón Ramírez Valtierra, José del Pilar Córdova Hernández, Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica), Pedro Jiménez León, Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Canek Vázquez Góngora, José Luis Soto Oseguera (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), José Luis Velasco Lino, Alfredo Villegas Arreola, Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced, Éric Luis Rubio Barthell, Miguel Martín López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Nelly del Carmen Márquez Zapata, César Octavio Pedroza Gaitán, Elsa María Martínez Peña (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo.
De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo relativo a las tarifas de gas natural en Ciudad Juárez, Chihuahua
Honorable Asamblea:
La Comisión de Energía correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, 85 y 157, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes
I. Antecedentes
1. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 27 de octubre de 2009, la diputada María Antonieta Pérez Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Sener, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Profeco respecto de los precios de cobertura de gas natural.
El presidente de la Mesa Directiva acordó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía”.
2. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados, el 9 de febrero de 2010, la diputada María Antonieta Pérez Reyes presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sener, mediante la Comisión Reguladora de Energía, y a la Profeco a revisar las condiciones de operación comerciales y de establecimiento de precios de la empresa Gas Natural de Juárez, SA de CV; y de resultar procedente, a sancionar con la cancelación de la concesión.
El presidente de la Mesa Directiva acordó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía”.
3. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el 15 de diciembre de 2010, la diputada María Antonieta Pérez Reyes presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a resolver la improcedencia del cobro por contratación de instrumentos financieros de cobertura hecha por Gas Natural de Juárez, SA de CV.
El presidente de la Mesa Directiva acordó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía”.
II. Objeto y contenido de las proposiciones
El objeto de las proposiciones materia del presente dictamen gira alrededor de las tarifas por el consumo de gas natural en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Entre los principales hechos que expone la diputada Pérez Reyes, están los siguientes.
- La volatilidad en los precios del BTU en los mercados internacionales y la falta de una regulación efectiva por parte de las autoridades regulatorias, ha provocado que ciertos agentes especulen con los precios del gas natural.
- Esta circunstancia llevó a las empresas distribuidoras de gas natural a firmar contratos de cobertura para asegurar un precio fijo de este energético.
- Sin embargo, desde finales del año 2008, los precios internacionales del gas natural cayeron muy por debajo de los precios que se observaron unos meses antes y por debajo de los precios de cobertura contratados, por lo que las familias y el sector productivo han sufrido un daño en su economía que se eleva a cientos de millones de pesos.
Señala la diputada proponente que “el 30 de septiembre de 2010 un grupo de usuarios menores afectados presentamos ante la Comisión Reguladora de Energía un escrito para solicitar la declaración de improcedencia del contrato de cobertura en mención”; por lo que en su tercera proposición hace la siguiente solicitud:
“Único. Se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a resolver cuento antes la solicitud formulada por un grupo de usuarios del servicio de gas doméstico de Ciudad Juárez, Chihuahua, a efecto de que se declare la improcedencia del concepto de cobro correspondiente a la contratación de los instrumentos financieros de cobertura hecha por Gas Natural de Juárez, SA de CV, que fue autorizado por dicho órgano administrativo en la resolución número RES/200/2003, de fecha 1 de octubre de 2003.”
Una vez planteado los antecedentes, contenido y objeto de las proposiciones con punto de acuerdo que se analizan, los integrantes de la Comisión de Energía fundan el presente dictamen en las siguientes
III. Consideraciones
Primera. Los integrantes de la Comisión de Energía comparten la preocupación de la diputada María Antonieta Pérez Reyes ante la situación descrita en el apartado anterior.
Segunda. El principal concepto que integra el importe de la factura de distribución de gas naturales a usuarios residenciales es el componente precio máximo de comercialización del gas (PMC); el cual depende de las condiciones de mercado de referencia internacionales en el Sur de Texas y del tipo de cambio vigente.
De acuerdo con la metodología para la determinación de tarifas y el traslado de precios para las actividades reguladas en materia de gas natural (DIR-GAS-001-2007), EL PMC debe reflejar únicamente el costo incurrido en la compra del gas natural por parte de los distribuidores y éstos no pueden obtener ganancias por el traslado de dicho costo.
Los otros componentes corresponden al cargo por servicio y la tarifa de distribución, los cuales son relativamente estables.
Tercera. En el artículo 91 del Reglamento de Gas Natural se prevé que la Comisión Reguladora de Energía expedirá, a través de directivas, la metodología que deberán utilizar los distribuidores para el cálculo de sus precios de adquisición de gas y la forma de trasladarlos a sus usuarios finales.
Cuarta. Se establece en el artículo 92 del Reglamento de Gas Natural que la Comisión Reguladora de Energía, de oficio o a petición de parte, podrá verificar los precios de adquisición del gas trasladados a los usuarios finales durante los seis meses anteriores al inicio de la verificación.
Esta verificación deberá incluir, como mínimo, el precio de adquisición del gas asentado por el distribuidor, el costo y condiciones de las alternativas viables de suministro del distribuidor y los precios de adquisición del gas trasladados a otros usuarios finales por otros distribuidores.
Cuando, como resultado de la verificación, la comisión determine que los precios trasladados son excesivos, el distribuidor acreditará a los usuarios finales una cantidad equivalente a la porción del precio cobrada en exceso.
Quinta. En atención a las consideraciones anteriores esta Comisión de Energía estima que la Comisión Reguladora de Energía tiene facultades para verificar los precios de adquisición del gas natural trasladado a los usuarios finales; en consecuencia, se estima viable solicitar a dicho organismo regulador revise la situación de los usuarios de gas natural derivada de la contratación de instrumentos de cobertura por las empresas distribuidoras de ese energético.
Sexta. La contratación de coberturas por parte de los distribuidores de gas natural, de acuerdo con información de la Comisión Reguladora de Energía, se realizó cuando las expectativas de los precios futuros del mercado de referencia internacional estaban al alza, por encima de los 15 dólares estadounidenses y el tipo de cambio en alrededor de 10 pesos por dólar.
Séptima. La diputada proponente se refiere en el texto de su última proposición a la resolución número RES/200/2003. Esta resolución aprobó la modificación de la metodología relativa al Precio Máximo de Adquisición para que las empresas distribuidoras de gas natural que contraten instrumentos financieros de cobertura, incorporen a dicho precio máximo de adquisición (PMA) los ajustes en los precios del gas natural que se deriven de la contratación de los instrumentos financieros de cobertura.
Entre las consideraciones tomadas en cuenta por dicha resolución se encuentran las siguientes:
Octava. Que dado el comportamiento volátil que han venido observando los precios del gas natural en los mercados de referencia, es necesario que los usuarios de los servicios de distribución con comercialización continúen protegidos contra las fluctuaciones de los precios del energético con el fin de no afectar su economía, particularmente la de aquellos usuarios que no disponen de los medios necesarios para protegerse contra dicha volatilidad;
Novena. Que los instrumentos financieros de cobertura de precios del gas natural han sido diseñados específicamente para reducir el riesgo de fluctuaciones excesivas en dichos precios, por lo que estos instrumentos son ampliamente utilizados por los consumidores y productores en los mercados competitivos del energético;
Décima. Que la contratación de instrumentos financieros de cobertura bajo el esquema solicitado por las Distribuidoras a que se refieren los resultandos primero y segundo de la presente resolución constituye una alternativa adecuada para reducir el problema de exposición de los usuarios a la volatilidad de los precios del gas natural;”
Asimismo, la Comisión Reguladora de Energía en la resolución RES/200/2003, consideró, respecto de los usuarios menores la autorización “...de manera general el ajuste a la fórmula del PMA correspondiente a los usuarios menores [lo que] se justifica por el alto costo de transacción, la imposibilidad práctica de consultar oportunamente a cada usuario menor para decidir respecto del citado programa y el riesgo de tener precios dispares entre la misma categoría de usuarios”
Con justificada razón se ha generado inconformidad entre los consumidores de gas natural, por lo que los integrantes de esta dictaminadora consideran pertinente que la Comisión Reguladora de Energía debe proporcionar información puntual y precisa respecto de la situación imperante en el mercado del gas natural.
Por los razonamientos expuestos, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados somete ante el pleno de esta soberanía el siguiente
IV. Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía para que revise la situación de los usuarios de gas natural en Ciudad Juárez, Chihuahua, derivada de la contratación de instrumentos financieros de cobertura por las empresas distribuidoras de dicho energético a raíz del comportamiento errático del mercado de referencia internacional y se dé respuesta a los usuarios que se dirigieron mediante escrito del 30 de septiembre de 2010 a dicho organismo regulador.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2011.
La Comisión de Energía
Diputados: Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (rúbrica), Ramón Ramírez Valtierra, José del Pilar Córdova Hernández, Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez, Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica), Pedro Jiménez León, Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Canek Vázquez Góngora, José Luis Soto Oseguera (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla, José Luis Velasco Lino, Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced, Éric Luis Rubio Barthell (rúbrica), Miguel Martín López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Nelly del Carmen Márquez Zapata, César Octavio Pedroza Gaitán, Elsa María Martínez Peña, Obdulia Magdalena Torres Abarca, Ramón Jiménez López (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo (rúbrica).
De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los gobernadores y al jefe del gobierno del Distrito Federal a trabajar con las instancias federales competentes para implantar acciones que permitan el cumplimiento de los fines del programa de repatriación humana
La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de conformidad con lo establecido en los artículos 39, incisos 1) y 2), fracción XXVII; y 45, fracción 6), incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el dictamen de la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a los gobernadores de las entidades federativas y al jefe de gobierno del Distrito Federal a trabajar con las instancias federales competentes para implantar acciones que permitan el cumplimiento de los fines del programa de repatriación humana, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Que el 29 de abril de 2010 se presentó la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a los gobernadores de las entidades federativas y al jefe de gobierno del Distrito Federal a trabajar con las instancias federales competentes para implantar acciones que permitan el cumplimiento de los fines del programa de repatriación humana, a cargo del diputado Gumercindo Castellanos Flores, del Partido Acción Nacional.
Que en esa fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dictó el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios”.
Contenido
El diputado proponente comenta que en las deportaciones o repatriaciones, los migrantes muchas veces son dejados en la frontera norte del país, que en ocasiones no hay muchos apoyos para ofrecer trabajos temporales ni para una mejor prestación de los servicios de traslado a sus regiones de origen.
Por eso, y ante los programas de repatriación humana que se llevan a cabo en el país, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (Inami), se busca con esta proposición que se refuercen los esfuerzos en la búsqueda de una mejor manera de brindar los apoyos que se requieren en la aplicación del programa en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y el jefe del gobierno del Distrito Federal.
Por lo anterior, el diputado proponente plantea exhortar a los gobernadores y al jefe del gobierno del Distrito Federal a trabajar con las instancias federales competentes para implantar acciones que permitan el cumplimiento de los fines del programa de repatriación humana.
Consideraciones
Con posterioridad al estudio y análisis de la proposición que nos ocupa, los integrantes de la comisión consideramos pertinente la propuesta de exhortar a las entidades federativas y al Distrito Federal a actuar de manera coordinada en las acciones tendentes a ofrecer un mejor apoyo a los connacionales que son deportados o repatriados, con miras a ofrecer algún empleo formal que les garantice un ingreso digno, como manifiesta el diputado proponente, y brindar los medios necesarios para apoyarlos en su traslado y atenciones durante su estancia en los centros que opera el Inami, para su retorno seguro.
Coincidimos en que si bien las acciones no deben ser aisladas, deben buscarse la forma o los procedimientos para que el gobierno federal, los gobiernos de los estados y el del Distrito Federal se coordinen y participen en la elaboración de mecanismos que puedan dotar de mejores oportunidades a los connacionales que han sido deportados o repatriados, pudiendo ofrecer oportunidades de empleo.
Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios sometemos a consideración de la Cámara de Diputados los siguientes
Acuerdos
Primero. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados y al del Distrito Federal, en función de su disponibilidad presupuestaria, así como a las autoridades federales competentes, a trabajar de manera coordinada para implantar acciones que permitan el cumplimiento de los fines del programa de repatriación humana, en cuanto al traslado a los estados respectivos de los connacionales que han sido repatriados o deportados, así como en la búsqueda de acciones que brinden oportunidades para tener acceso a mejores condiciones de vida a su regreso.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración a coordinar esfuerzos con los gobiernos de los estados y con el del Distrito Federal para la consecución de los fines del programa de repatriación humana, particularmente en el traslado de los connacionales repatriados o deportados de Estados Unidos de América en las zonas fronterizas hacia su lugar de origen.
Palacio Legislativo, a 2 de febrero de 2011.
La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios
Diputados: Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica), presidenta; Julieta Octavia Marín Torres, Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica), Cristabell Zamora Cabrera (rúbrica), Gumercindo Castellanos Flores (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), secretarios; Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), Guillermina Casique Vences, José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas, Olivia Guillén Padilla (rúbrica), Sandra Méndez Hernández, Héctor Pedraza Olguín, Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Sofío Ramírez Hernández, Adriana Terrazas Porras (rúbrica), Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), María Yolanda Valencia Vales (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Ariel Gómez León (rúbrica), José M. Torres Robledo, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Roberto Pérez de Alva Blanco, Eduardo Ledesma Romo, Rafael Rodríguez González.
De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo relativos a la inversión del tramo carretero Nogales-Estación y a la realización de obras complementarias de modernización en municipios, derivadas del convenio de coordinación entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el gobierno de Sonora
Honorable Asamblea:
La Comisión de Transportes, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 85, 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
A la Comisión de Transportes, que suscribe, fue turnado para estudio y dictamen el expediente número 61-II-8-26, que contiene la proposición con punto de acuerdo relativo a la inversión del tramo carretero Nogales-Estación y a la realización de obras complementarias de modernización en municipios, derivado del convenio de coordinación celebrado por el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) –por el gobierno federal–, y el gobernador de Sonora, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y presentada por el diputado Onésimo Mariscales Delgadillo, del Grupo Parlamentario del PRI, en sesión celebrada el 1 de octubre de 2009.
En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados celebrada el 1 de octubre de 2009, el diputado Onésimo Mariscales Delgadillo, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó la proposición con punto de acuerdo relativo a la inversión del tramo carretero Nogales-Estación y a la realización de obras complementarias de modernización en municipios, derivado del convenio de coordinación, celebrado por el entonces titular de la SCT, por el gobierno federal, y el gobernador de Sonora, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
Con fecha 1 de octubre de 2009, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa para estudio y dictamen a la Comisión de Transportes.
De lo expuesto, la Comisión de Transportes hace de su conocimiento el siguiente contenido de la proposición con punto de acuerdo:
1. El 18 de septiembre de 2008 se firmó un convenio de coordinación entre la SCT federal y el gobierno de Sonora para modernizar la carretera Estación Don-Nogales, a fin de resolver la problemática operativa de dicha vialidad y garantizar la seguridad de los usuarios, con una inversión de más de 5 mil millones de pesos.
2. De lo anterior se incluye el refuerzo del programa de residentes en las casetas Fundición, La Jaula y Esperanza, con lo que 46 mil 724 usuarios registrados no pagarán peaje en estas localidades. Los habitantes que se beneficiarían son residentes de Álamos, Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo y Navojoa, en la caseta Fundición; y La Jaula, Bacum, Cajeme, Quiriego, Vicam y Potam y Esperanza.
3. Este convenio resulta de interés para los sonorenses y ciudadanos de los estados vecinos de la región noroeste del país y Arizona y California, por el intercambio comercial, turístico, industrial y de servicios en la región que fue signado el convenio y los avances de las obras que hasta el momento se han realizado.
Consideraciones
1. Del convenio de coordinación entre la SCT federal y el gobierno de Sonora celebrado el 18 de septiembre de 2008, es importante mencionar que el objeto de éste consiste en resolver la problemática operativa de dicha carretera y garantizar la seguridad de los usuarios.
2. En el presente caso, es importante mencionar que derivado de dicho convenio se acordaron 5 mil millones de pesos, en el cual se incluye la rehabilitación del pavimento en tramos con estado físico insatisfactorio y la ampliación de la sección transversal de las carreteras.
3. Los tramos carreteros pertenecientes a Sonora ya cuentan con la exención de manifestación del impacto ambiental por parte la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y con la liberación del derecho de vía.
Por ello, la comisión dictaminadora considera viable la presente propuesta, toda vez que la esencia de ésta es hacer cumplir el convenio citado, celebrado en su momento por los gobiernos federal y local, a efecto de resolver la operación de la carretera Estación Don-Nogales.
Por lo expuesto, la Comisión de Transportes somete a consideración de esta asamblea los siguientes
Acuerdos
Primero. La Cámara de Diputados solicita al Ejecutivo federal que cumpla el convenio suscrito por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el gobierno de Sonora referido al antecedente primero.
Segundo. La Cámara de Diputados solicita al Ejecutivo federal que informe a esta soberanía sobre los términos y las condiciones en que fue signado el mencionado convenio y, concretamente, que se remita el programa de inversión, adjuntando el calendario de ejecución y los términos del proceso de licitación de la obra.
Tercero. La Cámara de Diputados solicita al Ejecutivo federal que informe a esta soberanía sobre las obras adicionales de infraestructura complementarias en los municipios por donde cruza la carretera de cuatro carriles.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2010.
La Comisión de Transportes
Diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), presidente; Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), secretarios; Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García, María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González, Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador (rúbrica), Carlos Martínez Martínez, Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica).