Proposiciones
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a legislar en materia de custodia compartida, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las administraciones estatales y a las municipales a considerar la pertinencia de crear un fondo de estabilización económica contra las crisis económicas que afecten sus ámbitos de gobierno, a cargo del diputado Rubén Arellano Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol, a la SFP y a la Auditoría Superior del Congreso de Yucatán a realizar una investigación exhaustiva por el presunto desvío de recursos destinados a la construcción de 100 baños ecológicos en Hunucmá, a cargo de la diputada María Yolanda Valencia Vales, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Procuradurías de Justicia de los estados a realizar acciones e implantar medidas para esclarecer y prevenir la violencia y el homicidio contra mujeres, a cargo de la diputada Laura Elena Estrada Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatales y a los municipales a instaurar acciones de política pública, legislativas, reglamentarias y normativas que refuercen los dispositivos de vigilancia y control en la venta de bebidas alcohólicas, estupefacientes, sustancias inhalables y cigarrillos o productos derivados del tabaco de manera exclusiva a personas con mayoría de edad comprobada, a cargo del diputado Jaime Oliva Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la SEP a impulsar acciones a fin de satisfacer las necesidades de profesionales de la salud para la aplicación de mastografías y su correcta interpretación en los establecimientos públicos de salud en todo el país, a cargo de la diputada Laura Elena Estrada Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a verificar que todos los ingenios azucareros, y en particular el José María Morelos, de Casimiro Castillo, Jalisco, cumplan la normativa ambiental sobre límites máximos permisibles de emisiones de humo, gases y partículas sólidas a la atmósfera, a cargo del diputado Carlos Luis Meillón Johnston, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades educativas federales y a las locales a realizar acciones programáticas específicas encaminadas a la atención y resolución de la violencia verbal, física, psicológica y social entre alumnos de nivel básico de todo el país, a cargo de la diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas estatales a tipificar en sus normativas penales el delito de vigilancia y acecho contra instituciones oficiales y servidores públicos, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a detener la implantación del proyecto de cédula de identidad ciudadana, a cargo del diputado Canek Vázquez Góngora y suscrita por las diputadas Mercedes del Carmen Guillén Vicente y Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, diputados Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Yolanda de la Torre Valdez y Canek Vázquez Góngora, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de acuerdo con los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Gobernación (Segob) a detener la implantación del proyecto de cédula de identidad ciudadana.
A raíz del anuncio del presidente Calderón, en junio de 2009, sobre la activación del proyecto de la cédula de identidad ciudadana, se expresaron diversas inquietudes por el Poder Legislativo, órganos autónomos, partidos políticos y sociedad civil, en razón de que la medida desconocía la nueva realidad política del país, implicando una innecesaria e inexplicable duplicación de esfuerzos, recursos y experiencia, además de hacerse evidente una discrecional urgencia por agilizar el proyecto.
El Congreso de la Unión, sensible a la expresión de estas inquietudes, generó exhortos para que el gobierno federal detuviera la implantación del referido proyecto. Las medidas incluyeron la creación, por la Cámara de Diputados, de un grupo plural de trabajo para revisar el desarrollo del proyecto de la cédula de identidad ciudadana, a efecto de escuchar todas las posturas sobre el tema y, de esa forma, impulsar los cambios legislativos pertinentes.
Incluso, hace unos días la Comisión Permanente, de manera unánime, exhortó a la Segob a abstenerse de implantar, instaurar y aplicar cualquier medida tendiente a la puesta en marcha del proyecto de la cédula de identidad ciudadana, hasta en tanto no haga llegar a ambas Cámaras del Congreso de la Unión toda información técnica, jurídica, económica y administrativa necesaria sobre el tema, incluidas las proyecciones de impacto social presupuestal y jurídico.
El acuerdo planteaba solicitar la comparecencia del titular de la Segob, Francisco Blake Mora, para que informara sobre los avances, alcances, fases de implantación y, en general, respecto a todo aspecto social jurídico y técnico relacionado con la implementación del proyecto de la cédula de identidad ciudadana.
No obstante el acuerdo del pleno de la Permanente que, por cierto, representa uno de los Poderes de la Unión, el titular de la Segob decidió de manera unilateral cancelar la reunión argumentando compromisos adquiridos con anterioridad
Las dudas que la Segob no resuelve siguen presentes. Por ejemplo, la activación del registro de menores de 18 años puede implicar una medida encubierta para crear la infraestructura necesaria para su registro, no sólo en la circunstancia durante la minoría de edad sino también, cuando cumplan 18. Contando con esta plataforma, ¿qué va a impedir a la Segob dar inicio con el registro de los mayores de 18 años? ¿Qué va a pasar entonces con la credencial con fotografía para votar? Se debe concluir entonces que la Segob insiste en una inexplicable e innecesaria duplicidad de esfuerzos y recursos al omitir deliberadamente la experiencia y efectividad del Instituto Federal Electoral, que ha permitido a la sociedad mexicana contar con el documento que no solo garantiza la certeza de la participación ciudadana en los comicios sino que, en razón de su seguridad, es el principal documento de identificación para los mexicanos.
El gobierno federal estaría trasgrediendo claramente el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que obliga a los servidores públicos a administrar los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
La Segob no precisa cómo se garantizará el blindaje de los datos a efecto de evitar su filtración. No hay elementos de confianza que hagan pensar que la información de este nuevo registro no acabe igual que otras bases de datos gubernamentales, en manos del mercado negro, vulnerando garantías individuales de los mexicanos, exponiendo sus datos a diferentes expresiones de delincuencia.
Es necesario cuestionar cómo decidió el gobierno federal que es necesario registrar las 10 huellas digitales y el iris de los ojos. La información personal que se busca recabar está fuera de proporción con los fines planteados; no se busca generar un documento de identificación personal y éste parece más un instrumento de control ciudadano, propio de regímenes ajenos a prácticas democráticas.
¿Cuáles serán los controles de confianza para el personal que realice los registros y administre la información? ¿Cómo se va a garantizar lo establecido en el artículo 16 de la CPEUM en cuanto al derecho a la protección de datos personales, a su acceso, rectificación y cancelación, así como al derecho de manifestar la oposición respectiva? Éstas son preocupaciones planteadas no sólo por los legisladores sino también por el IFAI.
La Segob anuncia que el costo aproximado de la expedición de la cédula para menores de edad será de poco más de 300 millones de pesos. En el marco del análisis, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, los diputados reasignamos los recursos que en 2010 el gobierno federal proponía para el proyecto de la cédula. Para 2011, mantuvimos nuestra decisión y no aprobamos recursos específicos para el referido proyecto. Esta disposición se enmarca en la fracción IV del artículo 74 de la CPEUM, que plantea que los diputados federales deberán aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo y se inserta en una dinámica que genera arduas negociaciones que derivaron en una decisión colegiada que la Segob no reparó en anular.
La Cámara de Diputados reitera que este tema debe pasar por una integral, profunda, razonada y responsable deliberación, centrada en los aspectos vinculados con el ejercicio de las funciones del Estado y la distribución competencial que hace la CPEUM de ellas. La protección de datos personales de los ciudadanos, el uso y confluencia de las bases de datos en poder de diferentes órganos del Estado, los pretendidos elementos exigibles para acreditar la identidad de los ciudadanos y la construcción el registro correspondiente.
Reiteramos nuestra coincidencia plena con la necesidad de fortalecer los documentos de identificación sin embargo, insistimos en la necesidad de no incurrir en conductas unilaterales que conduzcan a la improvisación y que arrastren a una implantación irresponsable y arbitraria de uno de los proyectos más importantes para el Estado mexicano.
Por todo lo referido, nos permitimos proponer, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados reitera el exhorto, al Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, detenga la implantación relativa al proyecto de la cédula de identidad, hasta en tanto el Congreso de la Unión no defina las medidas legislativas pertinentes en torno del tema que precisen certeza jurídica, que garanticen el respeto del derecho a la protección de datos personales, a su acceso, rectificación y cancelación, así como al derecho de manifestar la oposición respectiva y, de la misma forma, reconozcan las condiciones políticas enmarcadas en la realidad y desarrollo democráticos en el país.
Palacio de San Lázaro, a 3 de febrero de 2011.
Diputados: Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Yolanda de la Torre Valdez, Canek Vázquez Góngora (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a legislar en materia de custodia compartida, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Gloria Trinidad Luna Ruiz, diputada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los congresos locales a legislar en materia de custodia compartida, con base en las siguientes
Consideraciones
La familia es la base fundamental de toda sociedad, cuya importancia la reconoce la Constitución, la cual ordena que las leyes protegerán esta institución. También la reconoce la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde se establece que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por el Estado.
Los niños y los adolescentes ocupan un lugar preponderante en la familia, pues son un grupo que necesita crecer bajo el amparo y responsabilidad de los padres y, particularmente, rodeados de afecto, seguridad moral y material. Por ello necesitan protección especial, dados su estado de individuos en desarrollo, su vulnerabilidad y su inmadurez física, intelectual y emocional.
Lamentablemente, esos principios básicos de protección de niños y de adolescentes son transgredidos cuando la familia se separa, cuando los padres deciden iniciar un proceso de divorcio, en el cual la mayoría de las veces a uno de los padres se priva de participar plenamente en el desarrollo de sus hijos, limitándolo al papel de proveedor económico, situación que sin duda afecta negativamente la vida de los niños, y puede dar origen incluso a una serie de conductas antisociales que cada día van en incremento.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en el artículo 4o. que éstos tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, y que los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos.
La Convención Internacional de los Derechos del Niño, suscrita por el país, establece las responsabilidades, los derechos y las obligaciones de los padres de familia, entre los cuales destacan el derecho de los niños y de los adolescentes de conocer a sus progenitores y a ser cuidados por ellos, a la vez que el Estado debe garantizar sus derechos a preservar las relaciones familiares, a que no sea separado de los padres contra la voluntad de éstos, a menos que, de acuerdo con las autoridades, se determine que la separación es necesaria y una vez ocurrido esto, a que los menores de edad mantengan relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario a su interés superior.
Así, cuando se interponga una demanda de divorcio, el juez que conozca del asunto debe tomar una serie de medidas encaminadas a garantizar el bienestar de los hijos en tanto se dicta una resolución, la cual la mayoría de las veces va encaminada a determinar su guardia y custodia de uno solo de los cónyuges, condenándolos a crecer sin la referencia de ambos progenitores, lo cual va a suponer una carga emocional de consecuencias impredecibles.
Aunado a lo anterior, la mayoría de las veces se considera a los hijos objetos por los cuales hay que luchar, situación a todas luces reprobable, ya que éstos no deben ser tratados como un objeto que se pueda utilizar o manejar al antojo y conveniencia de alguno de los padres.
En un afán por combatir estos fenómenos, es necesario que los jueces de lo familiar emitan las resoluciones considerando la custodia compartida de los hijos menores de edad.
La custodia compartida está basada en el principio de que ambos padres cooperan y comparten responsabilidades en la crianza de los hijos, los dos son considerados imprescindibles en su desarrollo y, por ende, deben convivir el mismo tiempo tanto con el padre como con la madre.
Esta forma de custodia compartida ha tenido gran aceptación y se ha desarrollado con éxito en países como España, Francia, Estados Unidos e Inglaterra donde, de acuerdo con estudios elaborados por instituciones de psicología, los hijos involucrados en procesos de divorcio de los padres, donde hay custodia compartida, se han visto menos afectados y a la larga tienen un crecimiento psicológico más común que los que viven de manera habitual con sólo uno de los padres.
Entidades como el Distrito Federal y Chiapas han incorporado en sus legislaciones la custodia compartida con gran éxito. Por ello es de suma importancia para quien suscribe esta proposición la protección de los niños y de los adolescentes en los procesos de divorcio, exhortando con el debido respeto a las entidades federativas que aún no prevén en sus legislaciones familiares o civiles la figura de la custodia compartida a realizar los trabajos pertinentes al efecto, estableciéndose la custodia compartida como un instrumento por el cual los padres se comprometen a la convivencia y crianza de los hijos.
Los actuales instrumentos internacionales y las instituciones jurídicas que tienen por objeto su protección deben atender al interés superior de la niñez, realizando un conjunto de acciones y procesos tendentes a garantizarles un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que permitan a los niños vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar posible.
Por todo lo anterior, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a los congresos locales que aún no prevén en sus legislaciones la figura de “custodia compartida” a incorporar las disposiciones necesarias para que en todo procedimiento de divorcio se implante y ejerza de manera compartida por ambos padres la custodia de los hijos menores de edad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2011.
Diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las administraciones estatales y a las municipales a considerar la pertinencia de crear un fondo de estabilización económica contra las crisis económicas que afecten sus ámbitos de gobierno, a cargo del diputado Rubén Arellano Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado federal Rubén Arellano Rodríguez, perteneciente a esta LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo por el que solicita se gire un exhorto a los gobiernos estatales y municipales para que consideren la pertinencia de crear un fondo de estabilización económico con la finalidad de solventar las crisis económicas que afecten sus ámbitos de gobierno, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Acción Nacional se funda con la intención de ser una organización permanente, con una filosofía política y social que dentro de sus principios de doctrina 1 defiende el buen funcionamiento de la democracia que requiere de instituciones y ciudadanos concientes de sus obligaciones y de una sociedad organizada; que dentro nuestras instituciones políticas exista el diálogo y la colaboración, a fin de que la responsabilidad social encuentre realidad y eficacia. 2
El mundo esta sufriendo una transformación progresiva a la que se le ha denominado “calentamiento global”, siendo este el aumento de la temperatura de la Tierra debido al uso de combustibles fósiles y a otros procesos industriales que llevan a una acumulación de gases causantes del efecto invernadero, en la atmósfera. Problema que cada día está afectando más a la humanidad, interviniendo gradualmente en sus condiciones de vida, afectando en ascenso los factores que intervienen en el desarrollo y el equilibrio de los seres que rodean al ser humano y a éste, a él como principal afectado y causante de esta situación, que amenaza con la vida en el planeta de una manera radical, sin vuelta atrás y que nos esta dejando un detrimento económico a los países mas vulnerables en especial los que están en desarrollo.
Ejemplo de lo ya mencionado, es lo que vemos con más frecuencia en todo el mundo, en especial en nuestro territorio mexicano, que ha dejado desgracias, deudas económicas y un enorme retraso en el desarrollo de la sociedad, que no supera estos golpes meteorológicos con prontitud.
Lo anterior es derivado de los fenómenos naturales que provienen del calentamiento global como ya se ha dicho, sin embargo, una forma sencilla para entender dicho fenómeno, es que al elevarse las temperaturas, se genera una mayor humedad, lo que se traduce en mayores condensaciones que con más frecuencia provocan precipitaciones intensas como los huracanes; no obstante lo anterior, el aire más cálido también aumenta la evaporación, paradójicamente intensificando la sequía al mismo tiempo. Es decir, con el calentamiento sostenido, los lugares habitualmente húmedos generalmente parecen estar recibiendo más lluvia que antes; los lugares secos a menudo reciben menos lluvia y son propensos a experimentar sequías más persistentes.
En muchos estados las sequías o inundaciones se han transformado en el régimen meteorológico del día. La humedad atmosférica aumenta más rápidamente que la temperatura; en algunos estados, el aumento de la humedad atmosférica ha sido del 10 al 20 por ciento desde 1980 hasta el 2009. “Es por eso que se ve el impacto del calentamiento global especialmente en intensos fenómenos hidrometeorológicos como los que hemos visto a lo largo de los años, como lo establecen los registros de la Comisión Nacional del Agua, que indican que los huracanes que han impactado directamente y con mayor violencia al territorio nacional y que se han catalogado como categoría III , IV y V en escala saffir-simpsom durante el periodo de 1997 al 2009, como el huracán Wilma, Gilberto, Paulina, Dean, Anita, Emily, Allen, Isidore, Lane y el mas reciente el huracán Karle que afecto gran parte del territorio mexicano en especial el sureste del país en donde los tres órdenes de gobierno no han podido controlar y restaurar los daños que ha ocasionado el último huracán y donde millones de personas sufren día a día el subsistir.
En ese tenor, a continuación se detalla el impacto presupuestal ocasionado por los huracanes, gastos de reconstrucción desde 1997 al 2009 3 .
Por lo que, se desprende del impacto presupuestal los siguientes datos, el costo económico de los huracanes de 1997 a 2009 ha sido de 39,428.8 millones de pesos, la frecuencia de huracanes por mes de 1997 a 2009 ha sido en los meses con mayor actividad agosto, septiembre y octubre, y los huracanes que afectan a los estados con mayor frecuencia son: Baja California Sur, Tamaulipas, Oaxaca, Sinaloa, Quintana Roo, Jalisco, Guerrero, Chiapas, Yucatán, Veracruz, entre otros.
Es por eso, que tenemos que aplicar medidas de prevención contra el calentamiento global, así las cosas, en este proyecto de iniciativa se sugieren las bases mínimas que deben prever los diferentes niveles de gobierno, y no solo para que se aplique en los desastres hidrometeorológicos, que desafortunadamente causan pérdidas humanas, materiales y en especial el desarrollo de nuestro país, sino que se tomen las medidas inmediatas para detenerlo, ya que de no ser así en aproximadamente 100 años habrá grandes consecuencias para la humanidad y todos los seres vivos.
De tal forma, debe ser de vital importancia y urgencia para los tres órdenes de gobierno poner en práctica planes más eficientes en cuanto a la prevención, y medidas ambientales para evitar que éste problema continúe, además de poner en vigencia leyes contra la emisión excesiva de gases invernadero, por parte de grandes industrias y fábricas, así como promover planes que apoyen el uso del gas natural, en vez de combustibles fósiles.
Es por lo anterior, que reconociendo que el estado y el municipio, es el eje de la estructura política nacional y espacio privilegiado para el desarrollo del país; y que el respeto a la autonomía estatal y municipal es el fundamento de un orden subsidiario, solidario y responsable que el Gobierno Federal debe garantizar. Es que los estados y los municipios deben tener la capacidad para determinar libre y responsablemente las características propias de su gobierno de acuerdo con sus necesidades particulares, para establecer las normas básicas de la convivencia social y en especial, para garantizar el pleno desarrollo de sus comunidades para fortalecerlos económicamente; y, que las atribuciones de los diferentes ámbitos de gobierno han de estar presididas por el principio de la proximidad, cuya esencia exige que todas aquellas funciones que inciden directamente en la vida diaria de las personas sean atribuidas al órgano de gobierno más cercano al ciudadano. $
Es por lo anterior, que el sistema federal deberá asegurar no sólo estas facultades sino también la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno. Además, la prestación de los servicios públicos debe atender a las necesidades fundamentales de los hombres y las mujeres que conforman el estado o municipio, asegurando los niveles mínimos y suficientes para una vida digna. En una economía estable para la prevención de los desastres naturales y porque no prevenir las crisis económicas que el país atraviese, los estados y los municipio ha de contar con los servicios y con la infraestructura necesaria para potenciar sus recursos y servicios en beneficio de las familias y las personas que lo integran. Por lo que cabe recalcar, que la ciudadanía exige el compromiso permanente de la autoridad para actuar a favor del bien común de su Estado o Municipio. El Estado mexicano también ha de promover un federalismo responsable, donde la descentralización de funciones y de recursos confluya en el compromiso de los gobiernos federal, estatal y municipal para gestionar el bien común de la nación desde cada ámbito de competencia. Un federalismo subsidiario y solidario implica la generosa participación de todos sus entes de gobierno a favor de alcanzar las condiciones mínimas para el adecuado crecimiento económico y social de todas las regiones del país. 5
Así que, en nuestro carácter de representantes populares, tenemos que permitir que los factores que rodean y contribuyen al desarrollo de las personas, se den de manera adecuada; es por ello que, se exhorta a los gobiernos estatales y municipales para que consideren la pertinencia de crear un Fondo de Estabilización Económica con la finalidad de solventar las crisis económicas que afecten sus ámbitos de gobierno, esto porque es importante prevenir lo que se ha venido comentando con anterioridad aunque existan ya programas como el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el Programa de Prevención de Inundaciones y Atención de Emergencias y el Programa Especial de Cambio Climático todos estos creados e impulsado por el Gobierno Federal, es menester de los otros dos órdenes de gobierno el estatal y municipal apoyar al gobierno federal en implantar un proyecto de prevención y políticas públicas que verdaderamente tengan como fin un federalismo mas responsable y armónico.
Dicho fondo puede instaurarse con aportaciones de los tres órdenes de gobierno; el gobierno federal dando aportaciones de la Recaudación Federal Participable, el gobierno estatal aportando de los impuestos sobre nómina y el gobierno municipal aportando de las recaudaciones prediales, estos recursos deben ser repartidos según el esfuerzo recaudatorio de los estados y municipios y a la vez etiquetados; esto es, que el fondo debe consagrarse exclusivamente a algún rubro que impulse los programas sociales y subsane rápidamente los desastres naturales o la totalidad, que puedan sufrir los estados y municipios y promover la infraestructura ya que este genera empleos, y aportaciones económicas al estado y el municipio.
La distribución del fondo se realizará cuando los ingresos por concepto de participaciones pagadas sean menores a los reportados en el calendario anual de distribución del ejercicio correspondiente; el fondo tendrá un tope, y los excedentes se repartirán de acuerdo a la eficiencia recaudatoria del impuesto predial y del nivel de recaudación usando la información de los últimos año registrados; en caso de no utilizarse dicho fondo se mantendrá acumulado para ocuparlo en cualquier caso de contingencia que sufra el Estado o Municipio, como son los desastres naturales, éstos o alguna contingencia que sufran. Candados para tener un mayor control en la fiscalización y rendición de cuentas y que éstos recursos no sean como la caja chica en los procesos electorales.
Por este motivo “La sociedad y todos los órdenes de gobierno actuemos de forma coordinada y permanentemente...” 6 . Debemos hacer todo lo que está en nuestras manos para impulsar el desarrollo de una política económica de prevención, que proteja el bienestar económico de nuestra comunidad, para que se preserve y salvaguarde nuestra economía nacional. Recordemos lo que a cada quien nos corresponde, pero no solo eso sino ser capaces de contribuir y proponer mejores estrategias y formas de desempeñarnos, mediante programas innovadores y oportunos que creen una conciencia de prevención y control de las finanzas públicas que cada ámbito de gobierno posea.
Así, que los integrantes del Partido Acción Nacional, teniendo como principio fundamental el bien común de todos los individuos, solicitamos a todos los ámbitos y niveles de gobierno que más que encontrar pretextos para trabajar en conjunto encuentren coincidencias y den soluciones a quienes representan y por quienes tienen una función y un propósito que desempeñar.
Por lo expuesto a este honorable Congreso y con fundamento en lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a su consideración los siguientes puntos de
Acuerdos
Primero. Se gire un exhorto a los Gobiernos Estatales y Municipales a fin de que elaboren planes de prevención y control para evitar que el calentamiento global siga provocando estragos en la población que tienen a su cargo. Así como promover planes de desarrollo urbano adecuados que impidan más pérdidas de vida y del patrimonio de las personas.
Segundo. Se gire un exhorto a los Gobiernos estatales y Municipales para que consideren la pertinencia de crear un Fondo de Estabilización Económico con la finalidad de solventar las crisis económicas que afecten sus ámbitos de gobierno.
Notas
1 Proyección de Principios de Doctrina-2002; http://www.pan.org.mx
2 Ídem (Política y responsabilidad social)
3 Información de Impacto presupuestal del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, remitida mediante oficio CEFP/0581/2010.
4 Ídem (municipio y sistema federal).
5 Ídem
6 Ob. cit.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, a 3 de noviembre de 2010.
Diputado Rubén Arellano Rodríguez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol, a la SFP y a la Auditoría Superior del Congreso de Yucatán a realizar una investigación exhaustiva por el presunto desvío de recursos destinados a la construcción de 100 baños ecológicos en Hunucmá, a cargo de la diputada María Yolanda Valencia Vales, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada María Yolanda Valencia Vales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XVIII; 6 fracción I, 62, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior del Congreso del estado de Yucatán, a realizar una investigación exhaustiva por el presunto desvío de recursos que estaban destinados a la construcción de cien baños ecológicos en el municipio de Hunucmá, Yucatán; al tenor de las siguientes
Consideraciones
En el año 2009 se destinaron al ayuntamiento de Hunucmá recursos federales destinados por el fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) a través del programa Tu Casa de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para la construcción de baños ecológicos.
En el año 2009 el municipio de Hunucmá licitó la construcción de baños ecológicos, a través de una convocatoria pública en la que participaron diversas empresas constructoras, en dicha licitación resultó ganadora la empresa Neovivienda.
Dicha convocatoria para la licitación de las obras se publicó en el Diario Oficial del estado de Yucatán el 29 de octubre de 2009, estipulando que la conclusión y entrega de la obra sería en febrero de 2010.
En Yucatán existen denuncias públicas sobre el incumplimiento de estas obras ya que la construcción de los cien baños ecológicos presumiblemente fue pagada en su totalidad por la autoridad municipal y dichas obras no se realizaron.
Por ello es que solicitamos a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior del Congreso del estado de Yucatán, para que realicen una investigación exhaustiva por el presunto desvío de tres millones ciento cincuenta y un mil seiscientos pesos y noventa y nueve centavos (3,151,600.99 pesos), recursos que estaban destinados a la construcción de cien baños ecológicos en el municipio de Hunucmá, Yucatán, y se apliquen las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables.
En tal tesitura, solicitamos que se cumpla la ley y que se combata la corrupción, en todos los niveles de gobierno.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior del Congreso del estado de Yucatán, a realizar una investigación exhaustiva, por el presunto desvió de tres millones ciento cincuenta y un mil seiscientos pesos y noventa y nueve centavos (3,151,600.99 pesos), recursos que fueron destinados a la construcción de cien baños ecológicos en el municipio de Hunucmá, Yucatán.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2011.
Diputada María Yolanda Valencia Vales (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Procuradurías de Justicia de los estados a realizar acciones e implantar medidas para esclarecer y prevenir la violencia y el homicidio contra mujeres, a cargo de la diputada Laura Elena Estrada Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Laura Elena Estrada Rodríguez, Diputada Federal de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2 y 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Compañeras y compañeros legisladores, la vida es el valor más importante que tiene cada individuo, se trata de derecho natural al cual accedemos desde antes de nacer, incluso. En ese sentido la vida debe ser respetada, debe desarrollarse de forma libre y con la esperanza de lograr la felicidad.
Hoy día los criminales han diversificado la comisión de los delitos, es decir, no solo se trata de narcotráfico o secuestro, conductas que por supuesto deben ser condenadas por nuestra sociedad e instituciones. Asimismo, en algunas entidades federativas, el homicidio ha proliferado de forma veloz y en algunos casos no se ha puesto la atención suficiente a cada caso.
Todos los homicidios son lamentables, en especial aquellos que se cometen en contra de grupos vulnerables como lo son las mujeres. Compañeras y compañeros legisladores, cada mujer que forma parte de nuestra sociedad representa a una madre, esposa, hermana o hija y en ese sentido cada muerte altera de forma grave a la base de nuestra sociedad, como lo es la familia.
Por eso, no debemos desviar la atención de aquellos lugares en donde el homicidio de mujeres se ha vuelto una constante. Desafortunadamente, en algunas entidades federativas las procuradurías no han tenido la capacidad de conformar investigaciones que permitan conocer la verdad sobre los hechos ocurridos, así como consignar de forma adecuada a un probable responsable.
Nosotros como legisladores, a nivel federal, no podemos permanecer callados ante tales hechos. Cierto es que debemos respetar el ámbito de competencia que la Constitución establece, entre el ámbito federal y el estatal; sin embargo, es importante alzar la voz y exhortar a las autoridades locales a integrar investigaciones de calidad que deriven en una impartición de justicia efectiva en favor de las víctimas de este flagelo.
Asimismo, debemos exhortar a las autoridades locales a implementar políticas tendientes a prevenir y sancionar este delito. Desafortunadamente, estas conductas de carácter local se convierten en el nutriente de las grandes organizaciones criminales.
Señoras y señores legisladores, el tema es coyuntural, no podemos permitir que la delincuencia siga alterando la vida de las familias mexicanas. No es posible permitir que una familia se quede sin una madre, sin una hija o sin una hermana. Recordemos que, históricamente, las mujeres han sido pilar en el desarrollo de nuestro país, se trata de gente trabajadora que representa un elemento primordial en la vida de nuestro país.
Es del dominio público los altos índices delictivos que ciertas entidades federativas han sido catalogadas como las más inseguras del país, incluso por encima de estados como Chihuahua, Nuevo León y el Distrito Federal. 1
Compañeras y compañeros, el presente punto de acuerdo toca un tema central en la vida democrática de México, se trata de exigir que las autoridades encargadas de la procuración de justicia estatales apliquen estrategias eficaces para lograr esclarecer los asesinatos de mujeres y, además, que se haga justicia, que se detenga a los responsables de uno de los delitos que más lastiman a nuestra nación, sancionándolos conforme lo establece la ley.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta a las Procuradurías de Justicia de las entidades federativas a realizar las acciones necesarias e implementar las medidas tendientes a esclarecer y prevenir la violencia y el homicidio de mujeres.
Nota
1 http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?ent=15 [consultado 17-01-2011]
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 3 de febrero de 2011.
Diputada Laura Elena Estrada Rodríguez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatales y a los municipales a instaurar acciones de política pública, legislativas, reglamentarias y normativas que refuercen los dispositivos de vigilancia y control en la venta de bebidas alcohólicas, estupefacientes, sustancias inhalables y cigarrillos o productos derivados del tabaco de manera exclusiva a personas con mayoría de edad comprobada, a cargo del diputado Jaime Oliva Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Jaime Oliva Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales y municipales para que en el ámbito de sus facultades, instrumenten las acciones de política pública, legislativas, reglamentarias y normativas, a efecto de reforzar los mecanismos de vigilancia y control en la venta de bebidas alcohólicas, estupefacientes, sustancias inhalables, cigarrillos o productos derivados del tabaco de manera exclusiva a las personas con mayoría de edad comprobada, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
A los dibujos en las paredes o grafittis se les conoce como el periódico de las calles. Para la mayoría de los miembros de la sociedad, los dibujos en las paredes son solamente vandalismo y travesuras infantiles. Sin embargo, para pandilleros y observadores entrenados, está claro lo que se puede obtener de estos símbolos: Identidad, que da sentido de pertenencia tanto de miembros como de territorio; así como advertencias y retos entre rivales. Uno de los primeros indicadores de que existe actividad de pandillas en una comunidad, es la aparición de dibujos en las paredes (grafittis).
En México, Reino Unido y muchas ciudades de los EUA prohíben la venta de la pintura en aerosol a los menores de edad como parte de programas de la disminución del grafitti. Mientras que las compañías industriales fabricantes de éstas brindan poco apoyo a los programas que las autoridades en todos sus niveles llevan a cabo. Más aún, no aparece en las etiquetas de las pinturas en aerosol, el contenido químico.
Como muchos productos de limpieza y aerosoles, el vapor de la pintura del aerosol y el propulsor se pueden emplear como inhalables. En la actualidad en nuestro país, existe un incremento del uso de aerosoles en niños y jóvenes, debido a que no sólo los usan como herramientas para elaborar grafittis; hoy en día, los aerosoles son utilizados para drogarse, vertiendo la sustancia tóxica a bolsas o botellas de plástico y son inhaladas. De tal manera que los problemas de salud a los que se enfrentarán son graves y de perturbación, pues se afectará el cerebro y el cuerpo en general.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones, las drogas ilegales (mariguana, cocaína y sus derivados, heroína, metanfetaminas, alucinógenos, inhalables y otras drogas) aumentaron de 4.6 a 5.2 por ciento. Por grupos de población, se observa que, si bien el consumo de drogas ilegales es mayor en los hombres (en una proporción de 4.6 hombres por cada mujer), el índice de crecimiento es mayor en las mujeres entre las cuales el consumo de drogas ilegales se duplicó, aumentando de 1 por ciento en 2002 a 1.9 por ciento en 2008, mientras que el consumo en hombres solamente se incrementó de 8 a 8.8 por ciento. El 56.2 por ciento de los encuestados opinaron que los inhalables tienen el mayor potencial adictivo.
La drogadicción según los médicos es el agente que infecta a las personas, ya que introducidas en nuestro cuerpo por diferentes vías, llegan alojadas en el torrente sanguíneo hasta el cerebro, atravesando la barrera hematoencefálica. Una vez que han llegado al cerebro, lugar donde reside el control de las funciones superiores del ser humano, alteran su normal funcionamiento actuando sobre unas sustancias bioquímicas naturales llamadas neurotransmisores.
El abuso severo de drogas daña los nervios que controlan los movimientos motores, lo que resulta en pérdida de coordinación general. Al corazón, el uso de drogas puede producir “síndrome de muerte súbita”, y a la medula ósea: se ha comprobado que las drogas causan el envenenamiento de ésta, causando leucemia.
Consecuencia de ello, es que desencadena conductas ilícitas que deberán ser atendidas por el gobierno y la sociedad.
Por lo expuesto, y por la importancia que reviste, someto a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Gobiernos Estatales y Municipales para que en el ámbito de sus facultades, instrumenten las acciones de política pública, legislativas, reglamentarias y normativas, a efecto de reforzar los mecanismos de vigilancia y control en la venta de bebidas alcohólicas, estupefacientes, sustancias inhalables, cigarrillos o productos derivados del tabaco de manera exclusiva a las personas con mayoría de edad comprobada.
Dado en el Palacio Legislativo, a los 3 días del mes de febrero de 2011.
Diputado Jaime Oliva Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la SEP a impulsar acciones a fin de satisfacer las necesidades de profesionales de la salud para la aplicación de mastografías y su correcta interpretación en los establecimientos públicos de salud en todo el país, a cargo de la diputada Laura Elena Estrada Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Laura Elena Estrada Rodríguez, diputada federal en la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este Pleno, la Proposición con Punto de Acuerdo a fin de que se impulsen acciones concretas para que se cubran las necesidades de profesionales de la salud para la aplicación de mastografías y su correcta interpretación en los establecimientos de salud de carácter público en todo el país:
Consideraciones
México está en el lugar 135, de 172 países, en mortalidad por cáncer de mama. Al año se registran alrededor de 4 mil 600 decesos por esta causa, la mayoría entre mujeres mayores de 50 años de edad.
El tumor maligno de mama no se puede prevenir, sin embargo, se estima que el cáncer de mama tiene un índice de curación del 97 por ciento si se detecta en etapas tempranas. Cuando el tumor no se detecta precozmente, la tasa de curación baja circunstancialmente, en estos casos el índice de curación se reduce a un 60 por ciento; además, en estos casos, existen mayores probabilidades de tener que realizar tratamientos más radicales, por ejemplo, resecar la mama entera, cuando la enfermedad se detecta en etapas avanzadas.
Gracias a la mamografía se puede detectar la presencia de alguna anormalidad de carácter maligno con mucha anticipación, lo cuál mejora muchísimo el pronóstico de la enfermedad.
Ante ello es esencial la correcta operación de acciones que desde el Estado facilitan la detección en las mujeres de anomalías en sus senos.
Al respecto resalta las acciones del Instituto Nacional de Cancerología, pilar fundamental en la lucha contra el cáncer de mama, quien anuncio la incorporación de la atención del cáncer de mama como uno de los beneficios que ofrece el Seguro Popular, con lo cual se estima se beneficiarán las mujeres de 10 millones de familias mexicanas.
Asimismo, sabemos que se ha incrementado el número de unidades móviles con mastógrafo, lo cual con seguridad aumentará la cobertura y accesibilidad de la población a la detección oportuna y a un diagnóstico caracterizado por la calidad y la calidez.
No obstante lo anterior, aún queda mucho por hacer, ya que es frecuente el reporte de subutilización de mastógrafos a falta de recursos humanos capacitados para la lectura e interpretación de las pruebas de diagnóstico. Por ello es que debemos atender y enfrentar con acciones concretas desde la Secretaría se Salud a fin de contar con un número suficiente de radiólogos especialistas que permitan reducir tal rezago.
Según el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, para reducir la muerte de mujeres por Cáncer de Mama, se requiere tener cinco veces más equipo y personal capacitado que permita tomar mastografías a 7 de cada 10 mexicanas mayores de 50 años de edad 1 .
Además, debe tomarse en cuenta que cada que crece la población, debe aumentar la infraestructura, porque sube la meta, y necesariamente se deberían incrementar las plazas para atender un problema de salud de esta magnitud.
Debemos impulsar las acciones necesarias para una pronta y certera prevención y atención de un problema tan grave de salud pública como lo es la mortalidad por cáncer de mama, atendiendo las necesidades de profesionales de la salud para la aplicación de mastografías y su correcta interpretación.
Las invito y los invito, a que conformemos un frente común para garantizar que toda mujer en este país, tenga acceso a las acciones preventivas de detección temprana, tratamiento adecuado y rehabilitación del cáncer de mama.
Por lo expuesto, someto a la consideración de este pleno, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública a que impulsen acciones concretas para que se cubran las necesidades de profesionales de la salud para la aplicación de mastografías y su correcta interpretación en los establecimientos de salud de carácter público en todo el país.
Nota
1 Así lo dio a conocer a Cimacnoticias , Mario Gómez Zepeda, subdirector de Prevención y Atención de Cáncer de Mama, del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.
Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 3 de febrero de 2011.
Diputada Laura Elena Estrada Rodríguez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a verificar que todos los ingenios azucareros, y en particular el José María Morelos, de Casimiro Castillo, Jalisco, cumplan la normativa ambiental sobre límites máximos permisibles de emisiones de humo, gases y partículas sólidas a la atmósfera, a cargo del diputado Carlos Luis Meillón Johnston, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal Carlos Luis Meillón Johnston, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, fracción primera, 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados proposición con puntos de acuerdo de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
La industria azucarera nacional se ha desarrollado desde la llegada de los colonizadores españoles hasta nuestros días, representando una importante fuente de empleo y recursos para la población principalmente del ámbito rural. Asimismo, es estratégica para la economía, pues se estima que durante 2010 México habrá producido 5.2 millones de toneladas de azúcar. 1
El procesamiento de la caña se realiza en 57 ingenios situados en 15 entidades federativas de nuestro país, a través de maquinaria que, en algunos casos es obsoleta, ya que su antigüedad supera los 70 años.
Los procesos industriales empleados por los ingenios azucareros, por más eficientes y avanzados que sean, impactan al medio ambiente, en especial por los volúmenes de agua utilizados, el vertimiento de residuos contaminantes, así como la generación de humos, gases y partículas sólidas. Los principales gases son el dióxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y vapor de agua.
La cantidad y calidad de las partículas sólidas emitidas a la atmósfera depende principalmente de las tecnologías de las calderas, los sistemas de limpieza utilizados y los procesos de cosecha y transporte de la caña.
Las partículas sólidas más características son las cenizas producto de la utilización del bagazo para generar vapor y la quema de la caña durante la zafra para facilitar el corte de ésta.
La ceniza, pese a representar un malestar para la población por los efectos que genera tanto en el ambiente como en la salud, comúnmente es vista como necesaria, pues durante la zafra se incrementa el empleo y la derrama económica en las regiones cañeras.
Sin embargo, las cenizas y gases impactan negativamente en la población colindante con los ingenios y a los campos de cultivo de caña, generando problemas respiratorios especialmente en los niños, así como alergias.
Esta situación no es exclusiva de una región, pero quiero hacer referencia a la contaminación ambiental generada por el ingenio azucarero José María Morelos, del municipio de Casimiro Castillo, Jalisco.
Durante los últimos años la población se ha visto afectada con un incremento atípico de gases, cenizas y otras partículas sólidas que emite el ingenio José María Morelos. Esto ha generado que su salud esté constantemente en riesgo, afectando principalmente las vías respiratorias de los niños y adultos mayores.
Esta situación es del conocimiento de las autoridades locales quiénes señalan que en materia ambiental la principal problemática del municipio es: 1. Emisiones a la atmósfera de contaminantes debido a la quema de cultivos de caña de azúcar y las generadas en el ingenio azucarero; y 2. Descarga de aguas residuales sin tratamiento. 2
Es por esto que vengo a esta Soberanía a buscar una solución a la problemática que aqueja a los ciudadanos, por lo que pongo a su consideración un punto de acuerdo para que las autoridades verifiquen que el Ingenio José María Morelos cumple con la normatividad ambiental.
Esta solicitud la realizo con base en lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) que en el capítulo segundo del título cuarto establece medidas para la prevención y control de la Contaminación Atmosférica.
Particularmente los artículos 110 y 111 de la LGEEPA establecen que la calidad del aire en los asentamientos humanos debe ser satisfactoria, para ello las emisiones de contaminantes a la atmósfera deberán ser reducidas y controladas. Un instrumento para controlar, reducir o evitar la contaminación son las normas oficiales mexicanas (NOM).
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) está facultada para “definir niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera por fuentes, áreas, zonas o regiones, de tal manera que no se rebasen las capacidades de asimilación de las cuencas atmosféricas y se cumplan las normas oficiales mexicanas de calidad del aire”. 3
Bajo este fundamento la NOM-085-SEMARNAT-1994 establece los límites permisibles de emisiones de contaminantes hacia la atmósfera y es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) la autoridad ambiental responsable de vigilar el cumplimiento de esta disposición.
De acuerdo al artículo 10 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, todas las personas físicas o morales que realicen “actividades por las que se emitan a la atmósfera olores, gases o partículas sólidas o líquidas” están obligadas a observar las normas técnicas que se deriven del reglamento.
Con base en lo anterior, el objetivo del presente punto de acuerdo es solicitar que la autoridad ambiental verifique que las emisiones de los ingenios azucareros, en particular el José María Morelos del municipio de Casimiro Castillo, Jalisco, se encuentran dentro de los límites máximos permisibles, a fin de proteger el medio ambiente y con ello la salud de los ciudadanos.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente verifique que el ingenio azucarero José María Morelos, situado en el municipio de Casimiro Castillo, Jalisco, cumple con la normatividad ambiental, en especial sobre los límites máximos permisibles de emisiones de humos, gases y partículas sólidas a la atmósfera.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio y Recursos Naturales a efecto de que, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal, verifique y controle las emisiones de humos, gases y partículas sólidas en todos los ingenios azucareros de nuestro país.
Notas
1 IV Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa.
2 Gobierno del estado de Jalisco. Ficha informativa municipal, diagnóstico ambiental municipal Casimiro Castillo. Consultado en línea el 11 de enero de 2011, disponible en http://www.jalisco.gob.mx
3 Artículo 111, fracción X, de la LGEEPA.
Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 3 de febrero de 2011.
Diputado Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades educativas federales y a las locales a realizar acciones programáticas específicas encaminadas a la atención y resolución de la violencia verbal, física, psicológica y social entre alumnos de nivel básico de todo el país, a cargo de la diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa, del Grupo Parlamentario del PAN
0La suscrita, Cecilia Soledad Arevalo Sosa, diputada de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El tema de la violencia o acoso escolar está presente hoy en día en las instituciones educativas, pese a que, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México, los Estados se comprometen a tomar medidas para garantizar que el niño sea protegido “contra toda forma de discriminación o castigo por causa de su condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres”.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia explica que en “muchas escuelas en México” discriminan a los pobres, los indígenas, las niñas, los habitantes del campo, las madres adolescentes, a los que tienen alguna discapacidad o problemas de aprendizaje.” y ello sólo por diferenciarse del resto.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos presentó el Estudio Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje (Talis, por su siglas en inglés) en donde dice que México ocupa el primer lugar con el ambiente escolar más violento de entre 23 países, además de contar con los maestros con menos preparación y más faltistas 1 .
Según el Consejo Nacional para Combatir la Discriminación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los más discriminados y segregados en las escuelas son los que padecen una enfermedad crónica o terminal o discapacidad, así como los indígenas, pobres, obesos, los de lento aprendizaje, coeficiente intelectual alto o que no responden a los roles de género establecidos.
Romper o esconder objetos personales, dejar mensajes escritos, burlarse, poner apodos, amenazas, son algunos de los métodos que elige el victimario y, generalmente, pasan desapercibidos por las y los educadores.
La violencia es una conducta aprendida, es el uso de formas coercitivas o indebidas de poder para dañar, presionar o someter la voluntad de las personas en función de los intereses de la persona o instituciones que tienen el poder.
Las desigualdades de poder, abren el espacio para el ejercicio de la violencia. Pues es desde la familia, y en un contexto más amplio de inequidad social, que las y los jóvenes aprenden a relacionarse reproduciendo las desigualdades.
Algunos de los efectos de este ejercicio de violencia son bajo rendimiento, fobia de ir al colegio (ausentismo), tristeza o depresión y pérdida de autoestima y deserción escolar. La víctima difícilmente podrá salir de la situación por sus propios medios.
Si estas conductas son desatendidas, y existen factores agravantes, el hostigamiento puede derivar en cuadros de neurosis, reacciones muy violentas o hasta en el suicidio.
Es por ello que una educación bien encaminada y dirigida servirá, entre otras muchas cosas, como un factor determinante para el desarrollo social del educando, pero también, para el fortalecimiento de su seguridad y de sus valores humanos, que enfaticen el reconocimiento de las diferencias, la tolerancia y el respeto.
Debemos tener presente que para que exista una mejor educación, es necesario que esta se dé en un ambiente propicio, un ambiente sin violencia en donde tanto los alumnos como los maestros y el personal que ahí labora se sientan seguros y en donde puedan desarrollar al máximo sus capacidades.
Por los elementos expuestos, me permito someter a su apreciable consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades educativas Federal y locales, para que realicen acciones programáticas específicas encaminadas a la atención y resolución de la problemática de violencia verbal, física, psicológica y social (bullying) entre los alumnos de los establecimientos escolares de educación básica de todo el país.
Nota
1 Indisciplina impide el desarrollo docente OCDE, 16 de Junio de 2009. http://www.eluniversal.com.mx/notas/605135.html
Dado en el Palacio Legislativo, a los 3 días del mes de febrero de 2011.
Diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas estatales a tipificar en sus normativas penales el delito de vigilancia y acecho contra instituciones oficiales y servidores públicos, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Antecedentes
Las legislaturas de los estados, tienen entre sus facultades expedir e iniciar leyes o decretos que establezcan las bases de coordinación con la federación, otras entidades y sus municipios colindantes en materia de seguridad pública; velando por el bienestar y seguridad de los gobernados con la creación de leyes eficientes que garanticen en el ámbito de su aplicación, un correcto desempeño de la ley acorde al combate y supresión de los delitos. Siendo obligación de los diputados velar por el derecho de los ciudadanos a que se les administre y procure justicia.
Es por ello que con base en lo establecido en el artículo 21, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual a la letra dice:“ La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.”, corresponde al gobierno de las entidades federativas la elaboración de leyes que ayuden a la investigación, prevención, persecución y sanción de los delitos, así como la imposición de sanciones de orden administrativo y penas corpóreas, acordes a cada caso para efectos de preservar la seguridad pública con apoyo en la labor policial.
Hoy en día los actos violentos y la inseguridad pública son parte esencial de la vida de la mayoría de los mexicanos. Las bandas del crimen organizado han estado evadiendo las acciones del gobierno al integrar a su red delincuencial nuevos elementos de vigilancia y acecho que obstaculizan la acción de los operativos de las fuerzas del orden. Este personal de las bandas delictivas se conoce como “halcones”, los cuales tienen por labor recabar información pertinente relacionada a los operativos que el gobierno realiza encaminados a la detención de las bandas criminales. La información que estos elementos poseen, se proporciona a los operadores criminales para poder evadir este tipo de operativos que son recurrentes en varias entidades federativas.
Los halcones trabajan proporcionando información referente a las actividades de las instituciones, los elementos que laboran en estas, la ubicación de las mismas, y cuando es necesario sobre los detalles específicos de los operativos que las instituciones de seguridad efectuarán en contra de los grupos delictivos y en función de desestabilizar las distintas organizaciones delictivas.
Cabe mencionar que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la diputada local Mariana Gómez del Campo, en unión con los diputados del Grupo Parlamentario Acción Nacional el pasado 2 de diciembre del 2010, presentaron ya una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 289 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, por la que se regula este delito.
De igual forma resulta importante tomar en consideración, que en Código Penal del Estado de Nuevo León, ya se encuentra tipificado como delito a partir del 25 de junio del 2010, al tenor siguiente:
Artículo 192. Se impondrá una pena de dos a quince años de prisión y multa de doscientas a cuatrocientas cuotas a quien aceche o vigile o realice actos tendientes a obtener información sobre la ubicación, las actividades, los operativos o en general las labores de seguridad pública, de persecución o sanción del delito o la ejecución de penas.
Además de las penas previstas en el párrafo anterior, se impondrá desde un tercio hasta una mitad más de la sanción privativa de libertad que le corresponda, al que realice la conducta descrita en este artículo utilizando para ello cualquier vehículo de servicio público de transporte de pasajeros u otro que preste un servicio similar o que por sus características exteriores sea similar a la apariencia de los vehículos destinados al servicio de transporte público de pasajeros.
Las penas señaladas en este artículo, se aumentarán desde un tercio hasta un tanto más de la pena que le corresponda, y se impondrá además destitución del cargo o comisión e inhabilitación de tres a diez años para ocupar otro, cuando el delito sea cometido por servidores públicos o por ex servidores públicos de las fuerzas armadas, instituciones de seguridad pública o de procuración de justicia.
En el ámbito federal, actualmente tal figura delictiva no se encuentra prevista en los marcos normativos aplicables en la esfera de competencia de la federación.
Por lo expuesto y en función de que el derecho debe combatir y sancionar el delito, procurando en todo momento la justicia y seguridad de los ciudadanos se exhorta a establecer como delito las conductas realizadas por las bandas de criminales (vigilancia y acecho) a que pudieran ser sujetos los servidores públicos.
Considerandos
Primero: La escalada en los índices de criminalidad exige que las penas a quienes realicen actividades de vigilancia y acecho a favor de las bandas delictivas para evadir los operativos de las fuerzas del orden, sean más severas.
Segundo: La labor de combatir el crimen debe realizarse de manera coordinada con los distintos niveles de gobierno: federal, estatal y municipal por lo cual es recomendable homologar el tipo penal de esta conducta delictiva para una mejor aplicación de las leyes.
Por lo expuesto y fundado someto a consideración de ésta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las legislaturas estatales a tipificar como conducta delictiva los actos de vigilancia y acecho en contra de las instituciones oficiales y servidores públicos; así como a aquellos que proporcionen información sobre los operativos, ubicación, actividades que en general se realicen sobre las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia y órganos de ejecución de sanciones.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2011.
Diputada Rosi Orozco (rúbrica)