De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno de Oaxaca que informe sobre diversos hechos delictivos ocurridos recientemente en la entidad
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno de Oaxaca que informe sobre las acciones que ejecuta para investigar, perseguir y sancionar a los autores de diversos hechos delictivos ocurridos recientemente en la entidad y reciba en audiencia a integrantes del Grupo Plural de trabajo para dar seguimiento a los conflictos suscitados en la región triqui de Oaxaca y sobre el incremento de la violencia en Guerrero, a cargo del diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica; y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Primera Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno el presente dictamen:
Antecedentes
La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de enero de 2011 y turnada para el estudio y dictamen correspondientes a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Consideraciones
I. El autor de la proposición que se dictamina manifiesta sustancialmente lo siguiente: que hay un secuestro sistemático de migrantes centroamericanos en tierras oaxaqueñas y que éstos tienen su origen en la presencia organizada del crimen en el istmo de Tehuantepec. Indica también la ocurrencia de los homicidios de Miguel Cruz, dirigente de Antorcha Campesina en la Mixteca, el pasado 24 de diciembre, y el de Luis Jiménez Mata, presidente municipal de Santiago Amoltepec, el 13 de enero pasado, por probables causas políticas.
Señala el proponente que a la falta de avances en la investigación del crimen del líder del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), Heriberto Pazos, se suma la elevada tasa de impunidad que se presenta en Oaxaca, como en todo el país. Agrega que esto incita a personas que en otras épocas no resolverían sus diferencias mediante el delito y el asesinato a correr el riesgo porque saben que no serán castigadas y perciben un Estado minado en sus capacidades para el combate de la ilegalidad.
Precisa el legislador proponente que cerca de 40 municipios iniciaron el año sin gobierno, en medio de la toma de palacios municipales y conflictos; un número importante permanece así, lo cual evidencia que el gobierno no logra aplicar la ley ni conciliar para establecer la paz y la tranquilidad públicas, recurriendo con frecuencia a buscar responsables con señalamientos, e incluso acusa a autoridades y tribunales electorales de los problemas políticos en los municipios, que no puede resolver.
Dice el proponente que, sin embargo, es apremiante y sumamente conveniente que algo efectivo se haga para detener esa tendencia y los riesgos de graves problemas de ingobernabilidad que nadie quiere.
Finalmente, señala el autor de la proposición que preocupan los conflictos, que parecen ir en aumento, entre los maestros de la sección XXII y quienes se dicen forman parte de la LIX, que transita ya de los señalamientos y las agresiones verbales a los balazos, y que por lo anterior es importante mitigar diferendos e incluir con pleno respeto a todas las fuerzas políticas en el esfuerzo que hay que hacer en el beneficio colectivo, por lo que formula el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al gobierno de Oaxaca que le informe sobre las acciones que ejecuta para investigar, perseguir y sancionar a los autores de diversos hechos delictivos ocurridos recientemente en la entidad y reciba en audiencia a integrantes del Grupo Plural de trabajo para dar seguimiento a los conflictos suscitados en la región triqui de Oaxaca y sobre el incremento de la violencia en Guerrero.
II. Los integrantes de esta comisión coinciden en lo sustancial con el autor de la proposición que se dictamina, toda vez que los hechos narrados ahí, al margen de algunas apreciaciones de carácter personal del legislador, son reales, notorios y del dominio público.
En efecto, como señala el autor de la proposición que se dictamina, en Oaxaca se denunció el secuestro de migrantes centroamericanos el 16 de diciembre de 2010, y ocurrieron los homicidios de Miguel Cruz, dirigente de Antorcha Campesina en la Mixteca, el pasado 24 de diciembre, el de Luis Jiménez Mata, presidente municipal de Santiago Amoltepec, el 13 de enero pasado, y el del dirigente del MULT, Heriberto Pazos, el 23 de octubre de 2010, tal y como dieron cuenta medios de comunicación locales y nacionales y lo han reconocido públicamente diversos servidores públicos federales y estatales. Por ello, la comisión dictaminadora coincide con lo dicho al respecto por el proponente.
En este sentido, y tratándose de hechos incontrastables que afectan negativamente la vida política y social de Oaxaca y deterioran la vigencia de la legalidad en esa entidad federativa y son estos hechos de interés general para la sociedad mexicana, los integrantes de la comisión dictaminadora, como se ha determinado en numerosos precedentes, similares al asunto a que refiere el presente dictamen, consideran procedente y oportuno que se solicite con pleno respeto de la soberanía al gobierno de Oaxaca que informe a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sobre las acciones que lleva a cabo para investigar, perseguir, consignar y sancionar a los autores de los hechos delictivos indicados en párrafos anteriores.
Igualmente, la Primera Comisión considera conveniente, procedente y factible solicitar respetuosamente al gobernador de Oaxaca que reciba en audiencia a los integrantes del Grupo Plural de trabajo para dar seguimiento a los conflictos suscitados en la región triqui de Oaxaca y sobre el incremento de la violencia en Guerrero, de la Cámara de Diputados, a fin de que puedan cumplir los objetivos de ese órgano legislativo, considerados por el pleno de esta soberanía al aprobar su formación en sesión del 29 de abril de 2010, y los diputados que integran el grupo de trabajo, estén en condiciones de recabar y actualizar información sobre la situación que se presenta en la región triqui para desarrollar estrategias que le permitan, en el marco de sus facultades, contribuir a mitigar el conflicto sociopolítico que en esa región de Oaxaca se padece.
En mérito de lo expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al gobierno de Oaxaca que le informe sobre las acciones que ejecuta para investigar, perseguir y sancionar a los autores de diversos hechos delictivos ocurridos recientemente en la entidad y reciba en audiencia a integrantes del Grupo Plural de trabajo para dar seguimiento a los conflictos suscitados en la región triqui de Oaxaca y sobre el incremento de la violencia en Guerrero, a fin de que éstos puedan recabar y actualizar información acerca de la situación que se presenta en la región triqui, para desarrollar estrategias que le permitan, en el marco de sus facultades, contribuir a mitigar el conflicto sociopolítico que en esa región de Oaxaca se padece.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2011.
La Primera Comisión
Diputados: Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), presidente; Arturo García Portillo, Florentina Rosario Morales (rúbrica), secretarios; Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Alberto Cinta Martínez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica).
Senadores: Renán Cleominio Zoreda Novelo, Alejandro Zapata Perogordo, secretarios; Fernando Castro Trenti, Humberto Aguilar Coronado, René Arce Islas (rúbrica), Luis Maldonado Venegas.
De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que refuerce las medidas y lineamientos de seguridad en la red aeroportuaria nacional
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a los titulares de la SCT, de la Sedena y de la SSP para que tomen el control de la seguridad interna en las instalaciones del AICM, y organizar una estrategia integral de seguridad en la red aeroportuaria nacional, suscrita por la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de enero de 2011 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Consideraciones
I. En su exposición de motivos la autora de la proposición que se dictamina, refiere que el pasado 7 de diciembre, la Policía Nacional de España decomisó 140 kilos de cocaína contenida en el equipaje de tres sobrecargos de Aeroméxico en el aeropuerto de Barajas en Madrid; que el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes declaró “los aeropuertos pudieran estar convirtiéndose en una puerta abierta al tráfico de drogas, y que el hecho de la introducción de drogas por parte de empleados de Aeroméxico se debió a actos de complicidad humana”.
Señala la proponente que al realizarse las primeras investigaciones sobre lo ocurridos el pasado 6 de diciembre en el aeropuerto de la Ciudad de México, se encontró que varios empleados de la empresa encargada de la seguridad en las instalaciones del aeropuerto estaban involucrados; uno de ellos declaró que al menos cinco compañeros suyos recibieron un soborno de 10 mil pesos. De ahí señala que existe una inadecuada decisión de contratar a una empresa privada de seguridad, ya que bajo este esquema no se garantiza una vigilancia estricta en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México como punto nodal de la seguridad en el combate al narcotráfico.
Continúa señalando que según información de algunos diarios nacionales publicada el pasado 6 de enero, la Procuraduría General de la República dio a conocer que la red delictiva encargada de introducir cocaína a España en complicidad con personal de Aeroméxico, se denomina “Cártel de Galis”, y estaría integrada por personal de seguridad de la empresa Eulen, pilotos, sobrecargos, algunas personas responsables de asignar vuelos y agentes de la policía federal. Asimismo, sostiene que esta estructura delictiva tenía operando aproximadamente tres años desde la terminal 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México; señala que es muy probable haya más personal de las áreas administrativas, de aduanas o de migración en el aeropuerto, que pudieran estar coludidos o, incluso, presionados por bandas del narcotráfico.
Por ello, y debido a la magnitud de los graves hechos ocurridos en la periferia del aeropuerto y el que tiene que ver con bandas bien organizadas dentro de sus instalaciones, considera la proponente que resulta irresponsable dejar la vigilancia del aeropuerto en manos de empresas de seguridad privada, ya que éstas no cuentan con la infraestructura y la capacidad organizativa y operativa como ocurre con las corporaciones policiacas encargadas de la seguridad pública.
Propone que todo aquel personal que labora en áreas estratégicas en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pase por un Centro de Control de Confianza con base a las políticas y medidas que decida la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de que pueda servir como una instancia para certificar a dicho personal en la realización de sus labores cotidianas y como un requisito para ser contratados por los concesionarios que operan en dicha terminal aérea, haciéndose extensivo de manera paulatina a aquellos aeropuertos con vuelos internacionales que así lo requieran, por lo que formula el siguiente:
“Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que instruya a los secretarios de Comunicaciones y Transportes, de Defensa Nacional, y de Seguridad Pública, a tomar el control de la seguridad interna en las instalaciones del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, así como organizar una estrategia integral de seguridad en la red aeroportuaria en la República Mexicana, en virtud de tratarse de un tema de seguridad nacional.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Defensa Nacional, y de Seguridad Pública, se implanten las acciones necesarias para que todo aquel empleado que trabaja en aéreas estratégicas y de seguridad en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México pase por un centro de control de confianza con base a las políticas y medidas que decidan las autoridades encargadas de la seguridad pública, con el objeto de que pueda servir como una instancia para certificar a dicho personal en la realización de sus labores cotidianas y como un requisito para ser contratados por los concesionarios que operan en dicha terminal aérea, haciéndose extensivo de manera paulatina a aquellos aeropuertos con vuelos internacionales que así lo requieran.
II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden sustancialmente con los planteamientos de la autora de la Proposición, en razón de que es necesario contar con mayores y mejores controles de seguridad en los aeropuertos mexicanos y en particular en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ya que la seguridad nacional no puede verse vulnerada por la presencia de bandas de narcotráfico, ladrones y secuestradores operando en el interior y los alrededores de los complejos aeroportuarios.
Los integrantes de la comisión dictaminadora consideran que la seguridad en los aeropuertos debe ser diseñada a partir de una mejor estrategia de coordinación en sus instalaciones tomando en cuenta aspectos de seguridad nacional, para ello, es fundamental que el operador del aeropuerto y que los concesionarios de los diversos servicios que se brindan en las terminales aéreas, mantengan una coordinación permanente en la contratación de personal y en la administración del inmueble.
Con fundamento en el artículo 32, fracciones I, IV y V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la autoridad competente para regular y vigilar la administración de los aeropuertos nacionales. Se reproducen las disposiciones citadas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:
“Artículo 36. A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país;
...
IV. Otorgar concesiones y permisos para establecer y operar servicios aéreos en el territorio nacional, fomentar, regular y vigilar su funcionamiento y operación, así como negociar convenios para la prestación de servicios aéreos internacionales;
V. Regular y vigilar la administración de los aeropuertos nacionales, conceder permisos para la construcción de aeropuertos particulares y vigilar su operación;
...”
Asimismo, esta comisión dictaminadora considera conveniente invocar y reproducir las disposiciones normativas aplicables en materia de servicios aeroportuarios. Por lo que hace a la Ley de Aeropuertos:
Artículo 3. Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con la construcción, administración, operación y explotación de aeródromos civiles. ...
Artículo 6. La secretaría, como autoridad aeroportuaria, tendrá las siguientes atribuciones, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la administración pública federal:
...
III. Otorgar concesiones y permisos, así como autorizaciones en los términos de esta Ley, verificar su cumplimiento y resolver, en su caso, su modificación, terminación o revocación;
VI. Establecer las normas básicas de seguridad en los aeródromos civiles;
Artículo 25. El título de concesión o permiso, según sea el caso, deberá contener, entre otros:
VI. Las condiciones de seguridad del aeródromo civil;
Capítulo IX De la seguridad
Artículo 71. La vigilancia interna en los aeródromos civiles será responsabilidad del concesionario o permisionario y se prestará conforme a las disposiciones legales aplicables en la materia y a los lineamientos que al efecto establezca la Secretaría, la cual podrá contar con un cuerpo encargado de verificar que la seguridad y vigilancia en los mismos se lleve a cabo conforme a las disposiciones establecidas.
En situaciones de emergencia o cuando se ponga en peligro la paz interior o la seguridad nacional, las autoridades federales competentes prestarán en forma directa la vigilancia para preservar la seguridad de las aeronaves, pasajeros, carga, correo, instalaciones y equipo.
Artículo 72. Los concesionarios y permisionarios deberán poner en práctica programas de emergencia y contingencia, colaborar en los dispositivos de seguridad en las operaciones aeroportuarias, y mantener los equipos de rescate y extinción de incendios en óptimas condiciones de operación. Asimismo, deberán hacer del conocimiento de la autoridad aeroportuaria cualquier situación técnica y operativa, relevante o emergente, en materia de seguridad.
Artículo 73. A nivel nacional deberá existir un comité de seguridad aeroportuaria integrado de conformidad con el reglamento respectivo, que será el encargado de emitir el programa nacional de seguridad aeroportuaria conforme a los lineamientos que señale la secretaría.
En los aeropuertos deberán funcionar comités locales de seguridad, presididos por un representante de la secretaría, que emitirán los programas de seguridad correspondientes, previa opinión del comité de seguridad aeroportuaria. Estos deberán autorizarse por la secretaría para su entrada en vigor.
En razón de lo anterior, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México fue concesionado para su administración y operación a Aeropuertos y Servicios Auxiliares, desde 1965, mediante el decreto por el que se modifica el similar que creó al organismo público descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que a la letra dice:
Artículo 1. Aeropuertos y Servicios Auxiliares es un organismo descentralizado del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Artículo 2. Aeropuertos y Servicios Auxiliares tendrá por objeto:
...
II. Prestar servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales, necesarios para la explotación de aeropuertos, por sí o por conducto de terceras personas, así como cualquier otra actividad que sea inherente a los servicios que preste y que directamente beneficie a los mismos; atendiendo siempre de manera prioritaria a su objeto principal de prestar un servicio público;
Ahora bien, en el título de concesión, de fecha 1 de junio de 2004, se establece lo siguiente:
...
2. Objeto de la concesión. El presente título tiene por objeto otorgar al concesionario:
...
14. Seguridad. Para la seguridad y condiciones de seguridad del aeropuerto, el concesionario se sujetará a las reglas que establece la ley en su Capítulo IX.
Capítulo VII Operación y Seguridad
7.5. Seguridad. La vigilancia interna del aeropuerto será responsabilidad del concesionario y se prestará conforme a las disposiciones legales aplicables.
El aeropuerto debe contar con un Comité Local de Seguridad y un Programa Local de Seguridad que contemple las medidas y programas respectivos conforme a la legislación aplicable. Dicho programa será emitido por el citado comité.
En razón de lo expuesto y de los preceptos legales citados, la comisión dictaminadora no considera procedente exhortar al titular del Ejecutivo federal para que instruya a los secretarios de Defensa Nacional, y de Seguridad Pública a tomar el control de la seguridad interna en las instalaciones del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, así como organizar una estrategia integral de seguridad en la red aeroportuaria en la República Mexicana, en virtud de tratarse de un tema de seguridad nacional, como lo solicita la proponente, toda vez que la propia ley y concesión establece y faculta a quien estará a cargo de la seguridad interior de los aeropuertos, así como los supuestos por los que las autoridades federales competentes prestarán en forma directa la vigilancia para preservar la seguridad “en situaciones de emergencia o cuando se ponga en peligro la paz interior o la seguridad nacional”.
Sin embargo, la comisión dictaminadora si considera procedente y oportuno exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como autoridad aeroportuaria, y la facultada para establecer las normas básicas y condiciones de seguridad en los aeropuertos de conformidad con las normas aplicables y ya citadas, a que lleve a cabo una estrategia integral para reforzar las medidas y lineamientos establecidos, y en su caso, implemente las acciones necesarias para que los empleados que trabajen en áreas estratégicas y de seguridad en los aeropuertos, cumplan con las bases mínimas de regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública.
En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración de los poderes exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que a través del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como autoridad aeroportuaria, lleve a cabo una estrategia integral para reforzar las medidas y lineamientos establecidos, y en su caso, implemente las acciones necesarias para que los empleados que trabajen en áreas estratégicas y de seguridad en los aeropuertos, cumplan con las bases mínimas de regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2011.
La Primera Comisión
Diputados: Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), presidente; Arturo García Portillo, Florentina Rosario Morales (rúbrica), secretarios; Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Alberto Cinta Martínez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica).
Senadores: Renán Cleominio Zoreda Novelo, Alejandro Zapata Perogordo, secretarios; Fernando Castro Trenti, Humberto Aguilar Coronado, René Arce Islas (rúbrica), Luis Maldonado Venegas.
De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que solicita un informe al titular de la Secretaría de Marina relativo a las recomendaciones 72/2010 y 83/2010 emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo, relativo a las recomendaciones números 72/2010 y 83/2010, emitidas en diciembre de 2010 por la CNDH, a cargo de la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Los legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de enero de 2011 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Consideraciones
I. En el presente caso, los integrantes de la comisión dictaminadora consideraron reproducir literalmente los capítulos relativos a Consideraciones contenidos en la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, por las razones que más adelante se expresan.
“Consideraciones
Durante el año 2010, la Comisión Nacional de los Derecho Humanos (CNDH) recibió 198 quejas en contra de servidores públicos de la Secretaría de Marina, principalmente por cateos ilegales, detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, tortura y privación de la vida.
La CNDH dirigió a la Secretaría de Marina seis recomendaciones, cifra que supera las dirigidas a esa autoridad del año 2006 al 2009, lo que muestra que el personal de esa dependencia ha multiplicado exponencialmente el número casos en que ha incurrido en hechos violatorios a derechos humanos.
De las recomendaciones emitidas en el año 2010, la Secretaría de Marina únicamente ha aceptado dos, quedando pendiente una de contestar.
En la recomendación 72/2010, la CNDH observó que la noche del 16 de diciembre de 2009, elementos de la Secretaría de Marina dispararon sus armas de fuego en la colonia Del Empleado, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y varios proyectiles alcanzaron la camioneta en que viajaba una persona, quien falleció a causa de las lesiones provocadas.
Por lo que respecta a la recomendación 83/2010, menciona que la madrugada del 11 de diciembre de 2009, servidores públicos de la Secretaría de Marina realizaron disparos de arma de fuego en contra del vehículo que conducía una mujer que salía de su domicilio en el fraccionamiento Los Limoneros, en Cuernavaca, Morelos, quien perdió la vida en ese lugar.
En ambos casos, la CNDH concluyó que los elementos de la Secretaría de Marina “incurrieron en uso arbitrario de la fuerza pública y vulneraron en perjuicio de los agraviados los derechos a la integridad personal y al trato digno, así como a la legalidad y seguridad jurídica”.
En ambos casos ha quedado demostrado que las fuerzas armadas no respetan las garantías individuales, y que la legislación en materia de procuración de justicia militar es un obstáculo para alcanzar la verdad material e histórica, y el obvio castigo a los responsables.
Cuenta de ello son las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que en tres ocasiones ha solicitado a México se modifique el fuero militar, dejando en claro que los delitos cometidos por militares sean enfrentados en tribunales civiles.
La negación explícita de la Secretaría de Marina Armada de México, de recibir dichas recomendaciones deja en claro su nulo compromiso con la protección de los derechos humanos, y su sujeción al sistema autoritario del uso de la fuerza con la población civil.
Es por ello que sometemos a la consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con total respeto a la división de poderes, exhorta al titular de la Secretaría de Marina, almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, a que dentro de sus facultades constitucionales acepte y acate las recomendaciones 72/2010 y 83/2010 emitidas por la CNDH.
II. Los integrantes de la comisión dictaminadora analizaron la propuesta y argumentos de la autora de la proposición que se dictamina, y ven con simpatía y solidaridad la intención de la proponente de fomentar el respeto a los derechos humanos y a los organismos de protección de los mismos, por lo que toman en consideración lo establecido en el artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice
Artículo 102
B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.
Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.
...
El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios...”
Que en efecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió las recomendaciones 72/2010 y 83/2010, dirigidas a la Secretaría de Marina, sobre el caso de privación de la vida en agravio, en Cuernavaca, Morelos y sobre el caso de privación de la vida en agravio en el fraccionamiento Los Limoneros, en Cuernavaca, Morelos, respectivamente.
En su análisis lógico jurídico, el organismo advierte que en la recomendación 72/2010, la CNDH observó que la noche del 16 de diciembre de 2009 elementos de la Secretaría de Marina dispararon sus armas de fuego en la colonia Del Empleado, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y varios proyectiles alcanzaron la camioneta en que viajaba una persona, quien falleció a causa de las lesiones provocadas.
Por lo que respecta a la recomendación 83/2010, este organismo nacional observó que la madrugada del 11 de diciembre de 2009 servidores públicos de la Secretaría de Marina realizaron disparos de arma de fuego en contra del vehículo que conducía una mujer que salía de su domicilio en el fraccionamiento Los Limoneros en Cuernavaca, Morelos, quien perdió la vida en ese lugar.
Concluye la CNDH que se trata de dos asuntos en los que personal de esa dependencia incurrió en uso arbitrario de la fuerza pública al disparar sus armas de fuego en contra de vehículos civiles, cuyos conductores perdieron la vida a causa de las lesiones provocadas por los proyectiles que los impactaron y vulneraron en perjuicio de los agraviados los derechos a la integridad personal y al trato digno, así como a la legalidad y seguridad jurídica.
Por lo anterior, la CNDH solicitó a la Secretaría de Marina se tomaran las medidas necesarias para reparar los daños, indemnizar a los familiares de las víctimas y proporcionarles apoyo médico, psicológico y de rehabilitación y que se colaborara en la presentación y trámite de la queja y denuncia de hechos que este organismo nacional promoverá ante la Unidad de Inspección y Contraloría General de la Marina, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia Militar, a fin de que los hechos no queden impunes.
Asimismo, exhortó a esa dependencia a proporcionar a la CNDH informes completos y precisos, a efecto de que cuente con evidencias que permitan conocer la verdad histórica y jurídica de los hechos, ya que durante la integración de los expedientes, esa secretaría omitió responder de manera puntual y completa a las solicitudes de informes que le envió ese organismo protector de derechos humanos.
El cuerpo de asistencia técnica de esta comisión dictaminadora realizó la investigación pertinente y pudo constatar en medios impresos y electrónicos de comunicación, El Universal , Radio Fórmula , esmas.com , La Jornada , El Economista y mediante una comunicación de la propia CNDH, que la Secretaría de Marina, se negó a aceptar las recomendaciones 72/2010 y 83/2010, emitidas en el mes de diciembre de 2010.
La comisión dictaminadora toma en cuenta que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es absolutamente respetuosa de las instituciones, sin embargo, cumple su misión constitucional de señalar a servidores públicos que se apartan de sus deberes y exigir la responsabilidad institucional que esta situación conlleva.
Es por ello que los integrantes de la comisión dictaminadora estiman prudente que en lugar de exhorto, se solicite al titular de la Secretaría de Marina informe a esta soberanía, sobre las medidas y mecanismos que ha o pretende implementar para dar cumplimiento a las recomendaciones número 72/2010 y 83/2010, emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el mes de diciembre de 2010, lo anterior, en razón de que se trata de la protección de derechos fundamentales.
En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita del titular de la Secretaría de Marina, se sirva informar a esta soberanía, sobre las medidas y mecanismos que ha o pretende implementar para dar cumplimiento a las recomendaciones número 72/2010 y 83/2010, emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el mes de diciembre de 2010.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2011.
La Primera Comisión
Diputados: Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), presidente; Arturo García Portillo, Florentina Rosario Morales (rúbrica), secretarios; Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Alberto Cinta Martínez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica).
Senadores: Renán Cleominio Zoreda Novelo, Alejandro Zapata Perogordo, secretarios; Fernando Castro Trenti, Humberto Aguilar Coronado, René Arce Islas (rúbrica), Luis Maldonado Venegas.
De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita información sobre campañas y programas de promoción, prevención y control de los efectos y usos asociados con el consumo de drogas, alcohol y tabaco
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con puntos de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar sobre el número de mexicanos afectados por el consumo de drogas, alcohol y tabaco, el de muertos por el uso de éstas de 2005 a la fecha, y las medidas de prevención y atención aplicadas para disminuir la tendencia, a cargo de la senadora María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRI.
Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben someten a consideración del pleno el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición con puntos de acuerdo que se cita en el proemio fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de enero de 2011 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Consideraciones
I. La autora de la proposición que se dictamina manifiesta sustancialmente lo siguiente: que la atención que el Estado, la familia y sociedad, en general, proporcionen a la niñez y juventud mexicana será fundamental para lograr una estabilidad económica, política y social en nuestro país en los próximos años.
Señala que de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, el consumo de drogas ilegales y médicas en la población rural y urbana de entre 12 y 65 años de edad ha aumentado de un 5 por ciento, observado en 2002, a un 5.7 por ciento en este periodo. Las drogas ilegales (mariguana, cocaína y sus derivados, heroína, metanfetaminas, alucinógenos, inhalables y otras drogas) aumentaron de 4.6 a 5.2 por ciento. Los datos de la encuesta indican que los adolescentes de entre 12 y 17 años tienen más probabilidad de usar drogas cuando están expuestos a la oportunidad de hacerlo. Asimismo, el inicio en el consumo de tabaco y de alcohol anterior a los 18 años incrementa la probabilidad de usar otras drogas.
Afirma que resulta importante mencionar que por parte del gobierno federal existe una nula atención a los programas enfocados a los jóvenes y en particular la prevención del consumo de drogas, según cifras de la Secretaría de Gobernación respecto a los gastos ejercidos en materia de publicidad gubernamental, se han dejado de privilegiar la promoción a este tipo de programas.
Continua la proponente señalando que sin incluir las necesidades de tratamiento para tabaco y alcohol, existen 428 mil 819 personas que requieren de atención especializada y 3 millones 869 mil 93 que requieren de intervenciones breves.
Finalmente, concluye que resulta de la mayor relevancia que el gobierno federal y el sistema nacional de salud den a conocer información completa sobre la situación que enfrenta México en este rubro, así como las acciones y resultados que se han registrado para el combate del abuso de drogas y alcohol, por lo que formula los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud remita un informe detallado sobre las medidas y resultados de los programas prevención y atención que se han aplicado para disminuir el consumo de drogas, así como el número de muertes por sobredosis, exhortándola a fortalecer y actualizar éstos a las necesidades de los distintos sectores de la población.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Secretaria de Salud, se realicen campañas constantes de prevención, promoción y atención al consumo de drogas en los distintos medios de comunicación.
II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden plenamente y hacen suyos los planteamientos de la autora de la proposición, en razón de que es público y notorio el crecimiento en el consumo de drogas en el país, en especial entre la población infantil y juvenil.
Esta comisión considera conveniente invocar y reproducir las disposiciones normativas aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Salud:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 4o. ...
...
...
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.
Ley General de Salud
Artículo 3o. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:
XIV. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, enfermedades respiratorias , enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo;
XXI. El programa contra el alcoholismo;
XXII. El programa contra el tabaquismo;
XXIII. La prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos y el programa contra la farmacodependencia;
Artículo 5o. El sistema nacional de salud está constituido por las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud.
Artículo 6o. El sistema nacional de salud tiene los siguientes objetivos:
I. Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de éstos, atendiendo los problemas sanitarios prioritarios y los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en las acciones preventivas;
Artículo 7o. La coordinación del sistema nacional de salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:
I. Establecer y conducir la política nacional en materia de salud, en los términos de las leyes aplicables y de conformidad con lo dispuesto por el Ejecutivo federal;
II. Coordinar los programas de servicios de salud de las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como los agrupamientos por funciones y programas afines que, en su caso, se determinen;
Artículo 9o. Los gobiernos de las entidades federativas coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con la Secretaría de Salud, a la consolidación y funcionamiento del sistema nacional de salud. Con tal propósito, los gobiernos de las entidades federativas planearán, organizarán y desarrollarán en sus respectivas circunscripciones territoriales, sistemas estatales de salud, procurando su participación programática en el sistema nacional de salud.
En razón de lo expuesto y de los preceptos legales citados, la comisión dictaminadora considera procedente solicitar del titular de la Secretaría de Salud información relativa a las actividades, campañas y programas de promoción, prevención y control de los efectos y usos asociados con el consumo de substancias psicotrópicas, estupefacientes, inhalantes y otras substancias que puedan causar alteraciones mentales o dependencia, alcohol y tabaco, que se estén llevando a cabo o vayan a implementarse, y exhortarlo a reforzar las medidas y acciones que se están llevando a cabo para prevenir el uso y consumo de dichas substancias, en beneficio de la sociedad mexicana.
Asimismo, esta comisión considera procedente solicitar del titular de la Secretaría de Salud información sobre los estudios, medidas y resultados que se hayan realizado de los programas de prevención y atención que se han aplicado para disminuir el consumo de dichas substancias.
En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a consideración del pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45, y 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al titular de la Secretaría de Salud que se sirva informar a esta soberanía sobre las actividades, campañas y programas de promoción, prevención y control de los efectos y usos asociados con el consumo de alcohol, tabaco y substancias psicotrópicas, estupefacientes, inhalantes y otras substancias que puedan causar alteraciones mentales o dependencia, que se estén llevando a cabo o vayan a implementarse, y exhortarlo a reforzar las medidas y acciones que se estén llevando a cabo para prevenir el uso y consumo de dichas substancias, en beneficio de la sociedad mexicana.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45, y 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al titular de la Secretaría de Salud que se sirva informar a esta soberanía sobre los estudios, medidas y resultados que se hayan realizado de los programas de prevención y atención que se han aplicado para disminuir el consumo de dichas substancias.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2011.
La Primera Comisión
Diputados: Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), presidente; Arturo García Portillo, Florentina Rosario Morales (rúbrica), secretarios; Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Alberto Cinta Martínez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica).
Senadores: Renán Cleominio Zoreda Novelo, Alejandro Zapata Perogordo, secretarios; Fernando Castro Trenti, Humberto Aguilar Coronado, René Arce Islas (rúbrica), Luis Maldonado Venegas.
De la Primera Comisión, con punto de acuerdo relativo al gran acuerdo que permita llevar a cabo el rescate social que el país necesita
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión a establecer un gran acuerdo que permita llevar a cabo el urgente rescate social del país, haciendo eco de la propuesta formulada por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), suscrita por el diputado José María Valencia Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Los integrantes de la comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica; y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Primera Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno el presente dictamen:
Antecedentes
La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de enero de 2011 y turnada para el estudio y dictamen correspondientes a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Consideraciones
I. En el capítulo de consideraciones, el autor de la proposición que se dictamina señala que la esencia de una nación es su gente, y el grado de desarrollo de toda nación está dado igualmente por el desarrollo alcanzado por su pueblo, en especial los más humildes.
Continúa el proponente citando al rector de la UNAM, doctor José Narro Robles, quien en sesión solemne de Congreso General, conmemorativa del centenario de la universidad, celebrada el 22 de septiembre de 2010, rescata los siguientes párrafos:
Tenemos que dar el gran salto del México desigual a un México con equidad, solidaridad y justicia social, donde la opulencia y la miseria se moderen como planteó Morelos hace 200 años.
Los derechos sociales para todos los mexicanos son hoy por hoy condición básica para avanzar hacia el país que todos anhelamos, pero no basta que dichos derechos se enuncien en el texto constitucional: debemos avanzar y hacerlos exigibles.
La agenda de México en el siglo XXI debe partir de ese reconocimiento. El nuevo curso de desarrollo debe poner en el centro de su eje a la lucha contra la desigualdad, la pobreza, la exclusión, la ignorancia y la enfermedad.
Debemos reconocer que ningún proyecto vale la pena si no sirve para mejorar las condiciones de vida de la población.
Es necesario retomar los valores intrínsecos de la política, el diálogo, la negociación, el respeto de las opiniones ajenas y la voluntad de alcanzar acuerdos.
Ha sido posible establecer pactos políticos que en principio parecían improbables. Hoy quiero pedir respetuosamente a esta soberanía que las fuerzas políticas representadas en el Congreso establezcan un gran acuerdo en favor del rescate social que México demanda, el que se requiere para pagar la deuda histórica, el que necesitamos para solucionar los problemas que a Morelos, Juárez o Zapata perturbaban; de esos que a muchos hoy nos agobian en particular.
Concluye el proponente “convocando” a todas las fuerzas políticas que integran el Congreso de la Unión a hacer realidad el rescate social que exige el país para que tenga futuro en la felicidad y justicia, por lo que formula los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente exhorta a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión a establecer un gran acuerdo que permita llevar a cabo el rescate social que el país exige con urgencia, haciendo así eco de la relevante propuesta hecha por el rector de la UNAM, doctor José Narro Robles, en sesión solemne de Congreso General, conmemorativa del centenario de la UNAM, celebrada el 22 de septiembre de 2010.
Segundo. La Comisión Permanente exhorta a ambas Cámaras del Congreso de la Unión a crear un grupo de trabajo que trabaje en conferencia, e integrado por senadores y diputados de todos los grupos parlamentarios, para concretar con la mayor brevedad este gran acuerdo para el rescate social del país.
II. Los integrantes de la comisión dictaminadora reconocen la sensibilidad y los propósitos de justicia y equidad que inspiran al autor en la elaboración y presentación de su proposición, pero consideran que éste es uno de los casos en que no se puede resolver conforme a derecho y la práctica parlamentaria, en los términos solicitados por el proponente, en razón de lo siguiente:
La comisión dictaminadora toma en cuenta las siguientes disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 33.
1. La Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara; por tanto, es el órgano colegiado en que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y los órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.
Artículo 34.
1. A la Junta corresponden las atribuciones siguientes:
b) Presentar a la Mesa Directiva y al pleno proyectos de puntos de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones de la Cámara que entrañen una posición política del órgano colegiado;
Artículo 80.
1. La Junta de Coordinación Política expresa la pluralidad de la Cámara y, en tal carácter, es el órgano colegiado en que se impulsan entendimientos y convergencias para alcanzar acuerdos que permitan el cumplimiento de las facultades que la Constitución asigna a la Cámara.
Artículo 82.
1. La Junta de Coordinación Política tiene a su cargo las siguientes atribuciones:
b) Presentar al pleno, por conducto de la Mesa Directiva, propuestas de puntos de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones de la Cámara que signifiquen una posición política de la misma;
En razón de lo anterior, la comisión dictaminadora toma en cuenta que tanto la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados como la del Senado son la expresión de la pluralidad de la Cámara y el órgano colegiado en que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias necesarias a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.
Los artículos 34, numeral 1, inciso b), y 82, numeral 1, inciso b), del citado ordenamiento establecen que la Junta de Coordinación Política tiene la atribución de presentar a la Mesa Directiva y al pleno proyectos de acuerdo.
Por ello, la comisión dictaminadora no considera procedente exhortar a ambas Cámaras del Congreso de la Unión a crear un grupo de trabajo que trabaje en conferencia, e integrado por senadores y diputados de todos los grupos parlamentarios, para concretar con la mayor brevedad el gran acuerdo para el rescate social del país ni a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, en razón de que hay los medios idóneos, a través de las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras, para que se solicite la formación de dicho grupo de trabajo.
Por ello, la comisión dictaminadora considera procedente y oportuno remitir el asunto a las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras para su conocimiento y efectos, en el ámbito de sus respectivas competencias.
En mérito de lo expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a consideración del pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Remítase copia del expediente a las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y de la de Senadores, para su conocimiento y efectos, en el ámbito de sus respectivas competencias, tomando en cuenta la propuesta de crear un grupo de trabajo que trabaje en conferencia.
Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2011.
La Primera Comisión
Diputados: Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), presidente; Arturo García Portillo, Florentina Rosario Morales (rúbrica), secretarios; Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Alberto Cinta Martínez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica).
Senadores: Renán Cleominio Zoreda Novelo, Alejandro Zapata Perogordo, secretarios; Fernando Castro Trenti, Humberto Aguilar Coronado, René Arce Círigo (rúbrica), Luis Maldonado Venegas.
De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a cuidar la designación de funcionarios del Instituto Nacional de Migración
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a cuidar por la Secretaría de Gobernación que los perfiles de los funcionarios que se nombrarán en el Instituto Nacional de Migración sean los idóneos para evitar cualquier tipo de corrupción y mejorar las funciones en el sector migratorio, suscrita por el senador Francisco Herrera León, del Grupo Parlamentario del PRI.
Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben someten a consideración del pleno el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 12 de enero de 2011 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Consideraciones
I. Por lo sucinto que resulta la exposición de motivos de la proposición que ahora se dictamina, los integrantes de la comisión dictaminadora consideraron pertinente transcribir literalmente éstos, al tenor de lo siguiente:
Exposición de Motivos
Hace algunos meses cuando desafortunadamente acaeció la matanza de 72 migrantes en el norte del país, el tema migratorio volvió a cobrar la importancia debida y se estipularon nuevas líneas de acción desde la Secretaría de Gobernación.
La matanza también trajo consigo el cambio de la titular del Instituto Nacional de Migración (INM) y un sinnúmero de expectativas para que los integrantes del mismo instituto actúen de mejor manera para asegurar no sólo que acontecimientos como el mencionado vuelvan a ocurrir, sino que también las violaciones a los derechos de los migrantes cesen y la óptica de que no por ser indocumentados, los migrantes son criminales.
En esta tesitura, la manera de proceder del Poder Ejecutivo federal nos parece atinada. No obstante, la manera en cómo se van a realizar los cambios de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración y el cómo se va a elegir a los nuevos miembros, debe realizarse bajo estricta vigilancia para los que resulten elegidos para ocupar las posiciones en el INM tengan las mayores capacidades y mejores cualidades.
Así pues, el objeto del presente es solicitar que se cuide el perfil de los nuevos funcionarios del INM para que en conjunto con la iniciativa de Ley de Migración y las nuevas directrices en materia migratoria se pueda, efectivamente, mejorar el sector migratorio y salvaguardar los derechos de los migrantes al tiempo que se proteja su integridad; ello, tal y como lo ha venido haciendo el Ejecutivo federal.
Por lo expuesto, solicito a esta soberanía que sea aprobado de urgente resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Gobernación se cuide que los perfiles de los funcionarios que serán nombrados en el Instituto Nacional de Migración sean los óptimos, en aras de evitar cualquier tipo de corrupción y mejorar las funciones que se desarrollan en nuestro sector migratorio.
II. Los integrantes de la comisión dictaminadora analizaron la propuesta y argumentos del autor de la proposición que se dictamina, y coinciden con ésta, toda vez que es de suma importancia que los funcionarios encargados de salvaguardar los derechos de los migrantes, deben tener conocimiento amplio sobre los temas en la materia, a efecto de contrarrestar la difícil situación en la que se encuentran los migrantes nacionales y extranjeros que transitan por territorio mexicano.
La comisión dictaminadora toma en cuenta disposiciones contenidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación que, por su importancia, se reproducen literalmente:
Capítulo VIDe los Órganos Administrativos Desconcentrados
Artículo 35. Para la más eficaz atención y el eficiente despacho de los asuntos de su competencia, la secretaría contará con órganos administrativos desconcentrados que le estarán jerárquicamente subordinados.
Los órganos administrativos desconcentrados y sus titulares tendrán las competencias y facultades que este reglamento les confiere y, en su caso, las específicas que les señale el instrumento jurídico que los cree o regule o los acuerdos de delegación de facultades del secretario.
El secretario establecerá la estructura orgánica y funciones complementarias de los órganos administrativos desconcentrados, mediante acuerdos que serán publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 36. La secretaría tendrá los siguientes órganos administrativos desconcentrados:
V. Instituto Nacional de Migración;
Artículo 37. Los titulares de los órganos administrativos desconcentrados tendrán las siguientes atribuciones genéricas:
XIV. Aprobar la contratación y adscripción del personal a su cargo y los programas de desarrollo y capacitación, de acuerdo con las necesidades del servicio, así como resolver los casos de sanción, remoción, cese, rescisión de contratos y terminación de los efectos del nombramiento, según corresponda, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y en los términos de las políticas y lineamientos que determine el oficial mayor;
XV. Proponer al secretario directamente, tratándose de órganos administrativos desconcentrados que estén adscritos a este último o por conducto del subsecretario de la materia o del servidor público superior que el propio secretario determine, la designación de los servidores públicos de los dos niveles inferiores al del titular del órgano administrativo desconcentrado, así como la delegación de atribuciones en servidores públicos subalternos;
Artículo 62. Son atribuciones del comisionado del Instituto Nacional de Migración:
XI. Contratar y administrar los recursos humanos del Instituto, de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables:
De los citados preceptos, esta comisión dictaminadora toma en cuenta que es facultad del comisionado del Instituto Nacional de Migración proponer al secretario directamente, tratándose de órganos administrativos desconcentrados que estén adscritos a este último o por conducto del subsecretario de la materia o del servidor público superior que el propio secretario determine, la designación de los servidores públicos de los dos niveles inferiores al del titular del órgano administrativo desconcentrado, así como la delegación de atribuciones en servidores públicos subalternos; así como contratar y administrar los recursos humanos del Instituto.
Por ello, esta comisión dictaminadora coincide con el proponente y considera pertinente y oportuno solicitar respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación, a que cuide el perfil en la designación de funcionarios del Instituto Nacional de Migración, a efecto de que se combata y evite actos de corrupción y se mejoren las funciones que desarrolla el Instituto Nacional de Migración.
En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación a cuidar el perfil en la designación de funcionarios del Instituto Nacional de Migración, a efecto de que se combata y evite actos de corrupción y se mejoren las funciones que desarrolla el Instituto Nacional de Migración.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2011.
La Primera Comisión
Diputados: Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), presidente; Arturo García Portillo, Florentina Rosario Morales (rúbrica), secretarios; Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Alberto Cinta Martínez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica).
Senadores: Renán Cleominio Zoreda Novelo, Alejandro Zapata Perogordo, secretarios; Fernando Castro Trenti, Humberto Aguilar Coronado, René Arce Islas (rúbrica), Luis Maldonado Venegas.
De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se considera atendida la proposición relativa al proceso electoral en el estado de Guerrero
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las fuerzas políticas de Guerrero a preservar un ambiente que garantice la libre manifestación de ideas, y el respeto y la integridad de los ciudadanos y del proceso electoral, suscrita por los senadores Julio César Aguirre Méndez y Rubén Fernando Velázquez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Los legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno el presente dictamen
Antecedentes
La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de enero de 2011 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Consideraciones
I. Los autores de la proposición que ahora se dictamina, manifiestan: que desde hace años la entidad de Guerrero ha sufrido el incremento de la violencia, y con ella la muerte relacionadas con la lucha contra el crimen organizado, asesinatos y hostigamiento contra compañeros de los medios de comunicación. Que a este clima de violencia se suma la mayor presencia de corporaciones policíacas y fuerzas armadas.
Señalan los proponentes que en la madrugada del 12 de enero, en la ciudad de Chilpancingo el ciudadano Guillermo Sánchez Nava, representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el Instituto Estatal Electoral de Guerrero (IEEG), fue brutalmente golpeado y que aparentemente, la escena del crimen fue alterada y se borraron evidencias del carro de la víctima. En este sentido, manifiestan los proponentes que la agresión es un acto contra la libertad política.
Continúan los proponentes exigiendo a las autoridades estatales y municipales, así como a los partidos que forman parte de la contienda electoral, conducirse en el marco de una competencia electoral que respete la integridad física de los ciudadanos, garantizar la libre expresión de las ideas y dejar a un lado aquellas actitudes que exacerban el clima de violencia días previos a la elección en el estado de Guerrero, por lo que formulan los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los partidos políticos que participan en el proceso electoral por la renovación del gobernador del estado de Guerrero a conducir las campañas en el marco de respeto y libertad de expresión que garanticen un proceso electoral democrático en paz.
Segundo. La Comisión Permanente exhorta al Partido Revolucionario Institucional del estado de Guerrero a coadyuvar con las autoridades para localizar a los individuos que cometieron el ataque y sean presentados ante las autoridades ministeriales.
Tercero. La Comisión Permanente exhorta al gobierno del estado, a las autoridades municipales y demás autoridades responsables a priorizar las investigaciones para consignar a los responsables del ataque contra Guillermo Sánchez Nava, a fin de contener los efectos de un ambiente de confrontación electoral en el municipio de Chilpancingo, Guerrero.
II. Los integrantes de la comisión dictaminadora analizaron la propuesta y argumentos de los autores de la proposición que se dictamina, y coinciden con la misma, toda vez que es ampliamente conocido la difícil situación en la que se encuentra el ciudadano Guillermo Sánchez Nava; asimismo, manifiestan su apoyo y solidaridad.
En este mismo sentido, la comisión dictaminadora toma en cuenta que en la sesión de la Comisión Permanente del 19 de enero del 2011, la diputada Florentina Rosario Morales del Grupo Parlamentario del PRD, presentó la proposición con punto de acuerdo relativo a la agresión perpetrada en contra de Guillermo Sánchez Nava, representante ante el IEEG de la Coalición Guerrero nos Une, misma que se consideró de urgente resolución y se aprobó el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con total respeto de la división de poderes, exhorta al procurador general de Justicia del estado de Guerrero, David Augusto Sotelo Rosas, a enviar un informe sobre las investigaciones y acciones en torno del caso de Guillermo Sánchez Nava.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con total respeto de la división de poderes, exhorta a los partidos políticos que contienden en Guerrero a conducirse conforme a derecho en la jornada electoral del 30 de enero de 2011.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con total respeto de la división de poderes, exhorta al gobernador constitucional de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo, a dar garantías de seguridad durante lo que queda del proceso electoral, hasta la conclusión de éste, a los involucrados en él.
Asimismo, esta comisión dictaminadora toma en cuenta que en la misma sesión de la Comisión Permanente del 19 de enero de 2001, el senador Renán Cleominio Zoreda Novelo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se crea un grupo de trabajo para dar seguimiento al proceso electoral en el estado de Guerrero, misma que se consideró de urgente resolución y se aprobó el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se crea la Comisión Especial encargado de dar seguimiento al proceso electoral local de 2011 en el estado de Guerrero, a fin de salvaguardar la legalidad de dichas elecciones y verificar que no se cometan atropellos en contra de los ciudadanos que participen en las mismas.
El grupo de trabajo deberá estar conformado pluralmente, con un integrante de cada grupo parlamentario representados en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión: diputada Florentina Rosario Morales, senador Julio Cesar Aguirre Méndez, senador Fernando Castro Trenti, senadora María del Socorro García Quiroz, diputado Francisco Javier Orduño Valdez, diputado Arturo García Portillo, diputado Rafael Pacchiano Alemán, senador Ricardo Monreal Ávila.
Los integrantes de la comisión dictaminadora, en un ejercicio de congruencia y seguimiento con los resolutivos antes referidos, consideran procedente dar por atendida la proposición que se dictamina.
En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se considera atendida la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las fuerzas políticas de Guerrero a preservar un ambiente que garantice la libre manifestación de ideas, y el respeto y la integridad de los ciudadanos y del proceso electoral, suscrita por los senadores Julio César Aguirre Méndez y Rubén Fernando Velázquez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en razón de los puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente en la sesión del 19 de enero de 2011.
Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2011.
La Primera Comisión
Diputados: Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), presidente; Arturo García Portillo, Florentina Rosario Morales (rúbrica), secretarios; Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Alberto Cinta Martínez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica).
Senadores: Renán Cleominio Zoreda Novelo, Alejandro Zapata Perogordo, secretarios; Fernando Castro Trenti, Humberto Aguilar Coronado, René Arce Islas (rúbrica), Luis Maldonado Venegas.
De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se considera atendida la proposición relativa a migrantes nacionales y extranjeros
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del INM, de la Policía Federal y de la PGR a investigar los secuestros y las desapariciones de migrantes nacionales y extranjeros indocumentados en el país de abril de 2010 a la fecha, suscrita por el senador Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del PRD.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de enero de 2011 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Consideraciones .
I. El autor de la proposición que ahora se dictamina, manifiesta: que la migración de mexicanos hacia territorio norteamericano data de hace más de cien años, con o sin política migratoria; sin embargo, no siempre la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos fue considerada como un problema, al contrario, la mano de obra mexicana fue necesaria precisamente para el óptimo desarrollo de la sociedad norteamericana, quien se encontraba en vías de desarrollo pero sin la cantidad requerida de hombres trabajadores. Así es como se inicia el fenómeno migratorio de nacionales mexicanos hacia territorio norteamericano; y de la necesidad de implementar medidas que permitieran un control de esa migración, surgen ahora normas para lograr dicho objetivo.
Que esas normas que en lo general surgieron en los Estados Unidos resultaron perjudiciales en muchas ocasiones para los emigrantes mexicanos hacia el país del norte.
Afirma el proponente que en la frontera sur de nuestro país siempre se han llevado a cabo vejaciones en contra de los migrantes indocumentados centroamericanos, acciones que son efectuadas tanto por ciudadanos mexicanos que se valen de la necesidad de los migrantes y los asaltan.
Asimismo, señala que el pasado 7 de enero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mencionó que de abril a septiembre de 2010, se han presentado 10 mil secuestros de migrantes en territorio nacional, esto ya no resulta normal para la aventura y riesgo que los migrantes tanto nacionales como extranjeros debían correr en su trayecto hacia el norte del país.
Finalmente, señala el proponente que es necesario que las autoridades correspondientes investiguen sobre las desapariciones y secuestros de migrantes nacionales y extranjeros que han ocurrido en los últimos meses en territorio nacional, para no dejar nuevamente al olvido un problema que tiene años de presentarse en nuestro país, el cual padece de una bipolaridad ante el problema migratorio, por lo que formula el siguiente:
“Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Poder ejecutivo para que a través del Instituto Nacional de Migración, de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República realicen una investigación exhaustiva acerca de los secuestros y desapariciones de migrantes nacionales y migrantes extranjeros indocumentados en el país, de abril de 2010 a la fecha y que han ascendido a un total de 10 mil secuestros en territorio nacional, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y rindan, con oportunidad, un informe a esta soberanía en los términos que resulten necesarios para no trasgredir los derechos de las víctimas y de los denunciantes.
Segundo. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que asista a una reunión de trabajo con la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a fin de que se analicen los casos de secuestros de migrantes de los cuales han tenido conocimiento a través de las visitas que dicho organismo ha realizado a las diferentes estaciones migratorias ubicadas en el país, en las que se tomaron testimonios de las víctimas.
Tercero. Se exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración que autorice ingresar a una comisión integrada por senadores y diputados a las estaciones migratorias ubicadas en el país, así como a permitir que algún legislador visite las garitas de entrada a territorio nacional por la frontera sur del país”.
II. Los integrantes de la comisión dictaminadora analizaron la propuesta y argumentos de los autores de la proposición que se dictamina, y coinciden con la misma, toda vez que es ampliamente conocido la difícil situación en la que se encuentran los migrantes nacionales y extranjeros que transitan por territorio mexicano; asimismo, manifiestan su apoyo y solidaridad.
La comisión dictaminadora coincide en la urgente necesidad que el estado tiene en dar una debida protección a los derechos humanos y garantías individuales de toda persona que se encuentre en nuestro territorio, entre ellas a los migrantes extranjeros y ofrecer resultados concretos y palpables en el combate a la delincuencia organizada que socaba la seguridad pública y daña a instituciones y personas, mejorando la eficacia con políticas públicas integrales en esas materias.
Asimismo, la comisión dictaminadora coincide con el proponente en el sentido que es necesario que tanto el Instituto Nacional de Migración, como la Policía Federal y la Procuraduría General de la República realicen una investigación exhaustiva acerca de los secuestros y desapariciones de migrantes nacionales y migrantes extranjeros indocumentados en el país.
En este mismo sentido, la comisión dictaminadora toma en cuenta que esta comisión en su sesión del 11 de enero de 2011, aprobó un punto de acuerdo por el que se convoca a comparecer al titular del Instituto Nacional de Migración, así como al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en relación a la protección de los derechos humanos de los migrantes extranjeros que transitan por territorio mexicano, mismo que fue presentado y aprobado por el pleno de la Comisión Permanente en la sesión del 12 de enero del 2011, y el cual señala lo siguiente:
“Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, convoca al titular del Instituto Nacional de Migración, así como al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a que comparezcan ante el pleno de la Primera Comisión de trabajo de la Comisión Permanente para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, informen sobre las acciones que el gobierno federal realiza para proteger los derechos humanos de los migrantes extranjeros que transitan por territorio mexicano y para prevenir la comisión de delitos en contra de estos.
Asimismo, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá informar sobre el avance en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales, en lo que se refiere a prevención del delito, incidencia de éste e índices de violencia, certificación y acreditación de los integrantes de las instancias federales, estatales y municipales de seguridad pública, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y temas vinculados con la seguridad pública, así como lo referente a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública.
La Primera Comisión realizará los actos preparatorios para dicha comparecencia, entre los que estará la instalación y operación de mesas de trabajo antes del veinte de enero de 2011, en las que participen legisladores integrantes de este órgano de apoyo legislativo y los titulares de las subsecretarías de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, al Comisionado del Instituto Nacional de Migración y al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para abordar detalles relativos al presunto secuestro de alrededor de cuarenta migrantes centroamericanos en Chahuites, Oaxaca; infraestructura migratoria; iniciativas de ley sobre población y migración presentadas por el Ejecutivo; coordinación institucional en seguridad pública; controles de confianza sobre agentes migratorios y policías; y planes y programas de protección a migrantes; entre otros aspecto establecerá el formato de la misma y con la intervención del Presidente de la Comisión Permanente determinará la fecha y hará la invitación correspondiente para la realización de ésta.
Una vez realizadas las reuniones de trabajo con los anteriores servidores públicos, el pleno de la Primera Comisión, valorará la pertinencia de invitar a una reunión al secretario de Gobernación, analizando previamente el formato y términos de la misma”.
En relación con lo anterior, esta Comisión Dictaminadora toma en cuenta que en cumplimiento con el punto de acuerdo aprobado, el pasado jueves 20 de enero de 2011, se llevaron a cabo las comparecencias del titular del Instituto Nacional de Migración y del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de informar lo relativo a las acciones que el gobierno federal realiza para proteger los derechos humanos de los migrantes extranjeros que transitan por territorio mexicano y para prevenir la comisión de delitos en contra de estos.
En este sentido, los integrantes de la comisión dictaminadora consideran que los planteamientos propuestos por el autor de la proposición que se dictamina, fueron atendidos por el titular del Instituto Nacional de Migración, así como por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante las comparecencias llevadas a cabo.
Los integrantes de la comisión dictaminadora, en un ejercicio de congruencia y seguimiento con los resolutivos antes referidos, así como con la comparecencia de los funcionarios ante el pleno de esta Primera Comisión, consideran procedente dar por atendido la proposición que se dictamina.
En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a la consideración del pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se considera atendida la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del INM, de la Policía Federal y de la PGR a investigar los secuestros y las desapariciones de migrantes nacionales y extranjeros indocumentados en el país de abril de 2010 a la fecha, suscrita por el senador Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2011.
La Primera Comisión
Diputados: Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), presidente; Arturo García Portillo, Florentina Rosario Morales (rúbrica), secretarios; Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Alberto Cinta Martínez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica).
Senadores: Renán Cleominio Zoreda Novelo, Alejandro Zapata Perogordo, secretarios; Fernando Castro Trenti, Humberto Aguilar Coronado, René Arce Círigo (rúbrica), Luis Maldonado Venegas.
De la Primera Comisión, con punto de acuerdo sobre los cambios en materia de seguridad pública para 2011
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a rendir por las Secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de Gobernación (Segob) un informe detallado de los cambios que se realizarán en materia de seguridad respecto a 2010, a cargo del senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica; y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Primera Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno el presente dictamen:
Antecedentes
La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de enero de 2011 y turnada para estudio y dictamen correspondientes a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Consideraciones
I. En el presente caso, los integrantes de la comisión dictaminadora consideraron reproducir literalmente los capítulos relativos a exposición de motivos y resolutivos contenidos en la proposición con punto de acuerdo que se dictamina por las razones que más adelante se expresan:
Exposición de Motivos
No es una solución lanzarnos a criticar la política que se ha estado llevando en materia de seguridad, ante la gravedad de la situación nacional, debemos replantearnos qué podemos hacer para que la cruenta violencia por la que atravesamos cese.
Es alarmante que a raíz de los 12 mil 905 ejecutados en 2010, México ya sea considerado en el grupo de los seis países más inseguros. Ello se traduce en que actualmente se tienen niveles de inseguridad comparables con Somalia, Sudán, Irak, Afganistán y Pakistán.
Según los parámetros internacionales, en México se libra una guerra, en virtud de que en el país se vive un conflicto en el cual la fuerza violenta es organizada y sistemática, además de que las partes involucradas emprenden medidas amplias donde la destrucción es masiva y de amplia duración.
De conformidad con un estudio realizado por la Universidad de Heidelberg, Alemania, en México murieron más personas el año pasado incluso que las que fenecieron debido a los conflictos contra los talibanes que ocurren en Afganistán y Pakistán.
Sin duda, el énfasis que debemos hacer se centra en el hecho de que el estudio augura que la tasa de asesinatos continuará incrementándose durante años lo cual, no sólo como legisladores sino como mexicanos, no podemos permitirnos.
Al respecto, aun cuando se ha solicitado la comparecencia del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria, para que presente un informe sobre el avance en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales por lo que se refiere a prevención del delito, incidencia delictiva e índices de violencia, certificación y acreditación de los integrantes de las instancias federales, estatales y municipales de seguridad pública, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, y otros temas en materia de seguridad pública, también es necesario que la Segob y la SSP, en tanto integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, precisen las expectativas que se tienen en cuanto a la posibilidad de disminuir el número de muertos. En suma, se pedirá a dichos funcionarios un pronóstico de seguridad para el año que comienza.
No obstante lo anterior, es de vital importancia saber al menos en un aproximado qué debemos esperar los mexicanos para 2011, pues parece que lo único que se ha conseguido es aumentar el número de muertos, a la par del número de declaraciones provenientes del Poder Ejecutivo federal.
Así pues, en suma, lo que pretendemos a través de esta solicitud es que se replanteen las políticas en seguridad y se estudien nuevas posibilidades para frenar la violencia, que llegó el año pasado a un nivel sin precedente en el país. Es claro que esperamos cambios en la manera de proceder del Ejecutivo federal en consecuencia de todos los muertos que se cuentan para que otros ciudadanos dejen de sufrir y se haga justicia a los que ya han padecido los efectos de esta “guerra”.
Por lo expuesto, solicito a esta soberanía que sea aprobado, de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a rendir por las Secretarías de Seguridad Pública, y de Gobernación un informe detallado de los cambios que se realizarán en materia de seguridad respecto a 2010, el año más violento en nuestra historia, y de lo que los mexicanos debemos esperar en 2011 en cuanto a la tasa de asesinatos.
II. La comisión dictaminadora considera que la proposición que se dictamina tiene por objeto referirse a los temas de la seguridad pública y la delincuencia organizada.
Los integrantes de la comisión dictaminadora toman en cuenta que el pleno de la Permanente, el pasado 19 de enero de 2011, aprobó un punto de acuerdo por el que se convoca al titular de la SSP federal a comparecer ante el pleno de la Primera Comisión para que exponga el panorama real de la seguridad pública en el país y, de manera especial, la situación del crimen organizado en Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Morelos, Coahuila, Durango y Guerrero.
Para dictaminar dicho punto de acuerdo consideraron las dos proposiciones siguientes:
1. Por el que se solicita la comparecencia del secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, doctor Alejandro Poiré Romero, y del titular de la SSP, ingeniero Genaro García Luna, para que informen respecto a la situación del crimen organizado en Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Morelos, Coahuila, Durango y, especialmente, Guerrero, a cargo de las diputadas Esthela Damián Peralta, Florentina Rosario Morales y Obdulia Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentada el 12 de enero de 2011.
2. Por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la SSP, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Procuraduría General de la República y de la Segob ante esta soberanía con el propósito de que expongan el panorama real en materia de seguridad pública, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentada el 12 de enero de 2011.
Por lo anterior, la comisión dictaminadora estima conveniente reproducir la parte del capítulo de consideraciones en que se sustentó el dictamen respectivo:
La comisión dictaminadora considera que por la coincidencia de fondo en la materia, en cuanto a que las dos proposiciones tienen por objeto referirse a los temas de la seguridad pública y la delincuencia organizada, es pertinente por racionalidad práctica y economía procesal parlamentaria atenderlas en un mismo dictamen.
La comisión dictaminadora coincide con los proponentes en la conveniencia de realizar un efectivo análisis de las políticas implantadas en materia de seguridad pública en el país; en la necesidad de que los distintos órdenes de gobierno brinden adecuada protección a la integridad personal y patrimonial de la población; en que resulta indispensable restablecer el orden, la seguridad y la paz social en las zonas que han sido azotadas por los efectos relacionados con el combate del narcotráfico; en la urgencia de reducir los altos índices de violencia que se han presentado durante los últimos años, especialmente en 2010; y en la utilidad de establecer compromisos para una eficiente coordinación institucional en materia de seguridad pública.
En tal sentido, la comisión dictaminadora establece que el fundamento constitucional de la seguridad pública se encuentra en el artículo 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que textualmente señala: “La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, y la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.
Por ello, la Primera Comisión considera conveniente que la Permanente del Congreso de la Unión conozca de las acciones que el gobierno federal, a través de la SSP, ha emprendido para mejorar la seguridad pública en el país para ofrecer debida protección a la integridad personal y patrimonial de quienes nos encontramos en territorio nacional, para disminuir y combatir la violencia provocada por la delincuencia organizada y, entre otros aspectos, para fortalecer la coordinación institucional en la materia.
La comisión dictaminadora, como en casos análogos precedentes, manifiesta que cada órgano del Estado mexicano debe cumplir las tareas explícitas e implícitas que, en el marco de la colaboración de poderes, señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior, la comisión dictaminadora considera necesario, urgente y procedente para conocer dicha información utilizar la comparecencia, el procedimiento de colaboración de poderes, y convocar al titular de la SSP federal con el propósito de que informe ante el pleno de la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Permanente respecto a las acciones indicadas, entre otras vertientes de la seguridad pública en el país.
La comisión dictaminadora, asimismo, considera suficiente la comparecencia del secretario de Seguridad Pública para alcanzar los objetivos buscados por los legisladores proponentes y los de la propia Comisión Permanente del Congreso de la Unión, toda vez que conforme a los artículos 1o., 26 y 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, este servidor público es el encargado, entre otras funciones, de desarrollar las políticas de seguridad pública y proponer la política criminal en el ámbito federal; proponer al Ejecutivo federal medidas que garanticen la congruencia de la política criminal entre las dependencias de la administración pública federal; presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública; representar al Poder Ejecutivo federal en el Sistema Nacional de Seguridad Pública; proponer en el Consejo Nacional de Seguridad Pública políticas, acciones y estrategias de coordinación en materia de prevención del delito y política criminal para todo el territorio nacional; salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas; prevenir la comisión de delitos del orden federal y preservar la libertad, el orden y la paz públicos; elaborar y difundir estudios multidisciplinarios y estadísticas sobre el fenómeno delictivo; celebrar convenios de colaboración, en el ámbito de su competencia y en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con otras autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, así como establecer acuerdos de colaboración con instituciones similares, en los términos de los tratados internacionales, conforme a la legislación; y promover la celebración de convenios entre las autoridades federales y de éstas con las estatales, las municipales y las del Distrito Federal competentes, en aras de lograr la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el combate de la delincuencia.
Los objetivos implícitos en las propuestas deberán ser considerados por esta comisión al proponer el formato de la comparecencia ante ella del secretario de Seguridad Pública federal.
III. La comisión dictaminadora estima que la comparecencia del titular de la SSP será ocasión propicia para que se ventilen las preguntas parlamentarias que prácticamente se formulan en la proposición materia de este dictamen, así como las posiciones de los integrantes de la comisión.
Por ello se considera procedente estar a lo dispuesto en el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente en la sesión de 19 de enero de 2011 relativo a que el titular de la SSP exponga el panorama real de la seguridad pública en el país; y en complemento, es conducente hacer del conocimiento del secretario de Seguridad Pública los planteamientos y las solicitudes específicas de información contenidos en la proposición que ahora se dictamina, con la solicitud respetuosa de que la considere al momento de su respectiva exposición en la comparecencia referida.
En consecuencia, se reproduce el punto de acuerdo planteado en la proposición que se dictamina:
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a rendir por las Secretarías de Seguridad Pública, y de Gobernación un informe detallado de los cambios que se realizarán en materia de seguridad respecto a 2010, el año más violento en nuestra historia, y a lo que los mexicanos debemos esperar en 2011 en cuanto a la tasa de asesinatos.
En mérito de lo expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a consideración del pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se considera atendida la proposición motivo del presente dictamen, por el punto de acuerdo por el que se convoca a comparecer al secretario de Seguridad Pública federal para que exponga el panorama real de la seguridad pública en el país y, de manera especial, la situación del crimen organizado en Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Morelos, Coahuila, Durango y Guerrero, aprobado por la Comisión Permanente en sesión de fecha 19 de enero de 2011.
Segundo. Remítase copia del presente dictamen al secretario de Seguridad Pública federal, con la solicitud respetuosa sustentada en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de que considere el planteamiento y la solicitud de información contenidos en los resolutivos de la proposición con punto de acuerdo que se reproduce en el apartado III, relativo a las consideraciones de este instrumento, al momento de su respectiva exposición en la comparecencia referida.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2011.
La Primera Comisión
Diputados: Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), presidente; Arturo García Portillo, Florentina Rosario Morales (rúbrica), secretarios; Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Alberto Cinta Martínez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica).
Senadores: Renán Cleominio Zoreda Novelo, Alejandro Zapata Perogordo, secretarios; Fernando Castro Trenti, Humberto Aguilar Coronado, René Arce Círigo (rúbrica), Luis Maldonado Venegas.
De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que reconozca la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de la Permanente, correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reconocer la competencia del Comité de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada y la postulación de un experto, a cargo de la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del PRD.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de enero de 2011 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Consideraciones
I. En el presente caso, los integrantes de la comisión dictaminadora consideraron reproducir literalmente los capítulos relativos a consideraciones contenidos en la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, por las razones que más adelante se expresan:
“Consideraciones
En virtud de la accesión de Irak a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, ésta entró en vigor el pasado 23 de noviembre de 2010.
Dicho instrumento internacional establece en su artículo 26 la constitución de un comité integrado por diez expertos de gran integridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos e independientes, que ejercerán sus funciones a título personal, los cuales serán propuestos y elegidos por los Estados parte en votación secreta de una lista de candidatos.
Cabe señalar que hasta el momento, de los 21 países que son partes en la Convención, solamente 3 de América latina (Argentina, Chile y Uruguay) han reconocido la competencia de dicho comité. México es uno de estos países que no han reconocido la competencia del comité.
Sin embargo, dado el historial de desapariciones forzadas en nuestro país durante el periodo denominado de la guerra sucia, y las que se vienen dando a raíz de la lucha en contra del crimen organizado, es necesario que Estado mexicano participe activamente en dicho proceso, mediante la propuesta y postulación de un experto mexicano, que sea el resultado de un proceso transparente, en el que se invite a los organismos defensores de los derechos humanos a que propongan a los candidatos o candidatas que, en su opinión, resulten idóneos para ocupar dichos cargos, en atención a criterios de conocimientos, honorabilidad, experiencia y compromiso.
Por lo expuesto, someto a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en los términos del artículo 31 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, reconozca la competencia del comité que establece dicho instrumento internacional y al hacerlo participe con la postulación de un experto mexicano, previa opinión y consulta de los organismos defensores de los derechos humanos.”
II. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora analizaron la propuesta y argumentos de la autora de la proposición que se dictamina, y reconocen la importancia de los Derechos Humanos, desde su creación institucional y normativa, a partir del año 1945 con la carta de San Francisco, en la que se incluyen principios y valores universales de respeto a todos los derechos y libertades del ser humano, para acceder a una vida de calidad, donde impere la justicia, la igualdad, el respeto, la paz y con ello el desarrollo de un Estado democrático.
Por ello, la comisión dictaminadora coincide en que el Estado mexicano debe respetar y difundir los Derechos Humanos mediante mecanismos institucionales y con plena sujeción a las leyes nacionales, y documentos internacionales que sean ratificados y aprobados por las instituciones del poder público que corresponden.
En este sentido, la comisión dictaminadora señala que la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, es un instrumento de protección y difusión de derechos humanos, que siguió el debido proceso interno para que formara parte del orden jurídico mexicano, fue suscrita el 6 de febrero de 2007 y siendo el 18 de marzo de 2008 cuando México ratifica y aprueba la adhesión a la Convención.
Que la Comisión Dictaminadora considera los artículos constitucionales que son fundamento para ratificar y aprobar instrumentos internacionales, como los siguientes:
Artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala:
Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:
X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;”
Artículo 133 Constitucional, que a la letra dice:
“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.”
El artículo 76 constitucional, fracción I párrafo segundo que señala:
I. ...
Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;”
De tal forma que los tratados internacionales celebrados por el presidente de la República, con aprobación del Senado, son la ley suprema de toda la Unión.
La comisión dictaminadora toma en cuenta que como lo señala la proponente, la convención en su artículo 26, que a la letra señala que:
“Artículo 26
1. Para la aplicación de las disposiciones de la presente Convención, se constituirá un Comité contra la Desaparición Forzada (denominado en lo sucesivo “el comité”) integrado por diez expertos de gran integridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, independientes, que ejercerán sus funciones a título personal y actuarán con total imparcialidad. Los miembros del comité serán elegidos por los Estados parte, teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa. Se tendrá en cuenta el interés que representa la participación en los trabajos del comité de personas que tengan experiencia jurídica pertinente y de una representación equilibrada de los géneros”.
Asimismo, la Convención en su artículo 31 establece lo siguiente:
“Artículo 31
1. Cada Estado parte podrá declarar, en el momento de la ratificación o con posterioridad a ésta, que reconoce la competencia del comité para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, que alegaren ser víctima de violaciones por este Estado parte de las disposiciones de la presente Convención. El comité no admitirá ninguna comunicación relativa a un Estado Parte que no haya hecho tal declaración”.
De lo anterior, se desprende que las disposiciones de la Convención se aplicarán a través del Comité contra la Desaparición Forzada y que éste deberá ser reconocido mediante una declaración de ratificación del Estado parte de la Convención.
En razón a lo anterior, el Estado mexicano, al momento de ratificar la Convención, se abstuvo de ratificar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada y hasta el día de hoy, no lo ha hecho.
Esta comisión dictaminadora, toma en cuenta que México ha reconocido la competencia de todos los órganos convencionales de vigilancia de los tratados sobre derechos humanos de los que es parte, por lo que no vemos motivo alguno por el que éste no sea ratificado.
La comisión dictaminadora concluye que los instrumentos internacionales de derechos humanos forman parte de la legislación mexicana, y que las convenciones al tener una naturaleza jurídica vinculante, el Gobierno mexicano debe reconocer en su totalidad las disposiciones que las mismas establecen, así como los órganos competentes para llevar a cabo la aplicación de sus disposiciones.
En consecuencia, esta comisión dictaminadora considera procedente y pertinente exhortar al titular del Ejecutivo federal, para que pondere la posibilidad de hacer la declaratoria de reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Convención para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada.
En mérito de lo expuesto, la Primera Comisión, –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que pondere la posibilidad de hacer la declaratoria de reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Convención para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2011.
La Primera Comisión
Diputados: Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), presidente; Arturo García Portillo, Florentina Rosario Morales (rúbrica), secretarios; Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Alberto Cinta Martínez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica).
Senadores: Renán Cleominio Zoreda Novelo, Alejandro Zapata Perogordo, secretarios; Fernando Castro Trenti, Humberto Aguilar Coronado, René Arce Círigo (rúbrica), Luis Maldonado Venegas.
De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un informe detallado sobre los más de 34 mil homicidios ocurridos de 2006 a la fecha en el país
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a enviar por la Procuraduría General de la República (PGR) al Congreso de la Unión un informe detallado sobre los más de 34 mil homicidios ocurridos de 2006 a la fecha en el país, suscrita por la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica; y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Primera Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno el presente dictamen:
Antecedentes
La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de enero de 2011 y turnada para el estudio y dictamen correspondientes a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Consideraciones
I. En el presente caso, los integrantes de la comisión dictaminadora consideraron reproducir literalmente los capítulos relativos a exposición de motivos y resolutivos de la proposición con punto de acuerdo, por las razones que más adelante se expresan:
Exposición de Motivos
El pasado 12 de enero, en el marco de los Diálogos por la Seguridad, Alejandro Poiré, vocero del gabinete de seguridad nacional, informó que tan sólo en 2010 hubo en el país 15 mil 273 crímenes relacionados con el crimen organizado.
La mayor parte de esos crímenes ha permanecido en la impunidad. Por ello cabe preguntarse por qué a más de cuatro años de que el gobierno federal iniciara la batalla contra el crimen organizado, el Ministerio Público de la Federación no ha presentado un avance de las investigaciones sobre los homicidios presuntamente relacionados con la delincuencia organizada.
Informó que de 2006 a 2010, 85 municipios concentraron 70 por ciento de los homicidios de ese tipo. En 2007 fueron 90 municipios; en 2008, 59; en 2009, 70; y en 2010, 73.
Subrayó que los datos presentados no sustituyen la estadística oficial de homicidios totales ni de homicidios dolosos que recopila de manera sistemática el Instituto Nacional de Estadística y Geografía: se refieren sólo a los casos presumiblemente relacionados con el crimen organizado.
Esos datos hacen evidente que la PGR ha fallado en la investigación y resolución de los delitos vinculados con el crimen organizado.
Las autoridades han menospreciado una y otra vez los miles de muertes mediante declaraciones superficiales a los medios de comunicación para justificar su inoperancia.
Se han encargado sistemáticamente de decir que las muertes fueron resultado de enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes o ajuste de cuentas de grupos delictivos, sin contar con referencias documentales obtenidas de las averiguaciones previas correspondientes.
El Estado mexicano tiene la obligación de perseguir el delito y esclarecer los asesinatos para, en el marco de un estado de derecho, detener, juzgar y encarcelar conforme a la ley a todo responsable de una muerte.
La incapacidad de los ministerios públicos y jueces para integrar y enjuiciar a los criminales raya en la desesperación ciudadana y contribuye a la descomposición social.
Las más de 34 mil muertes registradas de 2006 a la fecha en todo el país a causa de la estrategia gubernamental para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada son muestra clara del fracaso y el descrédito de la política contra la inseguridad que mantiene el gobierno del país.
Víctimas inocentes como migrantes y transmigrantes, niños, jóvenes y mujeres han muerto por ser confundidos o por encontrarse en zonas de combate al ser alcanzados por las balas, ya sea por integrantes del crimen organizado o por la propia policía o miembros de las Fuerzas Armadas.
Aun así, más de 95 por ciento de esas muertes no se han investigado y sólo 1 por ciento de los crímenes llega a ser procesado penalmente ante un juzgado.
Creemos necesario solicitar un informe detallado sobre el trabajo de la PGR con relación a los más de 34 mil homicidios ocurridos en el país de 2006 a la fecha.
El Congreso de la Unión debe contar con información detallada que explique por qué no se ha avanzado en las investigaciones para aclarar los miles de muertes en el marco de la estrategia gubernamental de combate del narcotráfico y del crimen organizado.
Por todo lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal que a través de la Procuraduría General de la República envíe al Congreso de la Unión un informe detallado en relación con los más de 34 mil homicidios ocurridos de 2006 a la fecha en el país, al tiempo de explicar el porqué de los escasos resultados de las autoridades federales en la investigación de los homicidios ocurridos en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en el país de inicios de 2006 a la fecha.
II. Los integrantes de la comisión dictaminadora reconocen los propósitos de justicia que inspiran a la autora en la elaboración y presentación de su proposición. Señalan que ésta tiene por objeto referirse además a los temas de la seguridad pública y la delincuencia organizada.
La comisión dictaminadora toma en cuenta que, conforme lo señala la proponente, el pasado 12 de enero, en el marco de los Diálogos por la Seguridad, Alejandro Poiré, vocero del gabinete de seguridad nacional, informó que tan sólo en 2010 hubo 15 mil 273 crímenes relacionados con el crimen organizado.
Los integrantes de la comisión dictaminadora expresan su preocupación por el incremento de asesinatos y crímenes relacionados con el crimen organizado a lo largo del país.
La comisión dictaminadora toma en cuenta que el gobierno ha emprendido una lucha contra la delincuencia organizada y, en particular, contra integrantes del narcotráfico. A raíz de tales hechos ha habido más de 34 mil muertes de 2006 a la fecha en todo el país.
Los integrantes de la comisión dictaminadora toman en cuenta que, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, corresponde al Ministerio Público de la Federación investigar y perseguir los delitos del orden federal.
Por ello, la comisión dictaminadora considera prudente recabar mayor información de las dependencias de la administración pública federal involucradas, en particular de la PGR, sobre las estadísticas relativas a la investigación y persecución de dichos delitos, con objeto de conocer el estado que guardan las investigaciones, así como las medidas o acciones que se han llevado a cabo para esclarecer los delitos vinculados con el crimen organizado.
La comisión dictaminadora considera necesario solicitar un informe detallado para conocer el trabajo de la PGR en relación con los más de 34 mil homicidios ocurridos de 2006 a la fecha en el país.
En mérito de lo expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al procurador general de la República que se sirva informar a esta soberanía sobre el trabajo que realiza la dependencia a su cargo en relación con los más de 34 mil homicidios ocurridos de 2006 a la fecha en el país.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2011.
La Primera Comisión
Diputados: Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), presidente; Arturo García Portillo, Florentina Rosario Morales (rúbrica), secretarios; Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Alberto Cinta Martínez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica).
Senadores: Renán Cleominio Zoreda Novelo, Alejandro Zapata Perogordo, secretarios; Fernando Castro Trenti, Humberto Aguilar Coronado, René Arce Círigo (rúbrica), Luis Maldonado Venegas.
De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por la que se exhorta al titular de la PGR agilice la investigación de los hechos en que perdieron la vida los jóvenes Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Román
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR a agilizar las investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos el pasado 14 de noviembre en Jalpa de Méndez, Tabasco, donde perdieron la vida los jóvenes Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Román, a efecto de que se proceda al deslinde de responsabilidades, a la aplicación de las sanciones correspondientes y a la indemnización de las familias afectadas, suscrita por la senadora Rosalinda López Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD.
Los ciudadanos legisladores integrantes de la comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar el contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de enero de 2011 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Consideraciones
I. La autora de la proposición que se dictamina, manifiesta sustancialmente lo siguiente: que a cuatro años de que el gobierno federal decidiera poner en marcha la llamada guerra contra el narcotráfico, los efectos sobre el tejido social han sido desastrosos, porque no sólo ha traído consigo detenciones de criminales o decomisos de dinero, drogas y armas a la delincuencia organizada, sino también grados de violencia e inseguridad sin precedentes de cuyo saldo hoy se reportan más 34 mil asesinatos, y que la torpe estrategia que emprendió el gobierno federal supuestamente para disminuir la inseguridad ha impuesto la restricción de los derechos humanos de la sociedad, la violación de éstos y el establecimiento de un régimen de excepción en donde en muchas ocasiones las fuerzas de seguridad encargadas de combatir el hampa no parecen distinguir entre delincuentes y civiles inocentes.
Afirma la legisladora proponente que si aceptamos las afirmaciones oficiales de que del total de los muertos relacionados con el plan antinarco, sólo el 10 por ciento eran personas inocentes, entonces estaríamos hablando de que más de 3 mil 400 civiles tendrían tal condición.
Continúa señalando la proponente que un caso emblemático es el de los dos jóvenes tabasqueños Víctor Manuel Chan Javier, de 21 años de edad, y Ramón Pérez Román, de 23 años, quienes el pasado 14 de noviembre perdieran la vida en el municipio de Jalpa de Méndez en una equívoca acción conjunta de policías y militares que les acribillaron sin justificación alguna.
La proponente finaliza indicando que el presente caso fue atraído para su investigación por la Procuraduría General de la República, sin embargo, a más de dos meses de esta tragedia la investigación parece estancada, no existen detenidos por los hechos y los familiares de las víctimas no han recibido por parte del Ministerio Público federal una versión medianamente creíble de cómo ocurrieron los hechos y de la posibilidad de la consignación, lo que hace pensar que este caso se sumará a la larga lista de los casos de impunidad que aqueja al país, por lo que formula el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Procurador General de la República a efecto de que en el marco de sus atribuciones constitucionales agilice las acciones de investigación que lleva a cabo para esclarecer los hechos ocurridos el pasado 14 de noviembre en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, en que perdieran la vida los jóvenes Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Román. Lo anterior para que se proceda con la mayor celeridad al deslinde de responsabilidades y la aplicación de las sanciones correspondientes, así como a la indemnización de las familias afectadas.
II. Los integrantes de la comisión dictaminadora analizaron amplía y cuidadosamente la propuesta y argumentos de la autora de la proposición que se dictamina, y coinciden plenamente con los planteamientos formulados por ella, por estimar conveniente y procedente que la Procuraduría General de la República; que atrajo el caso indicado en la consideración anterior y en atención al principio de oportunidad de la acción penal consagrado por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; agilice las acciones de investigación relativas a los hechos ocurridos el 14 de noviembre de 2010, en Jalpa de Méndez, Tabasco, en que perdieron la vida los jóvenes Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Román.
Los integrantes de la comisión dictaminadora, toman en cuenta que entre más tiempo transcurra sin que la averiguación relativa sea concluida y los presuntos autores de los hechos sean puestos a disposición de un juez, más difícil será lograr se haga justicia en el asunto materia de la proposición que se dictamina, provocándose, en caso contrario, impunidad, denegación de justicia, conculcación de los derechos de las víctimas directas e indirectas del ilícito y frustración social.
Al respecto, esta comisión dictaminadora considera pertinente reproducir literalmente y en lo relativo algunas disposiciones constitucionales y legales, que se consideran aplicables:
De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial...
Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.....
El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.
Del Código Federal de Procedimientos Penales:
Artículo 1o. El presente Código comprende los siguientes procedimientos:
I. El de averiguación previa a la consignación a los tribunales, que establece las diligencias legalmente necesarias para que el Ministerio Público pueda resolver si ejercita o no la acción penal;
Artículo 2o. Compete al Ministerio Público federal llevar a cabo la averiguación previa y ejercer, en su caso, la acción penal ante los tribunales...
En la averiguación previa corresponderá al Ministerio Público:
II. Practicar y ordenar la realización de todos los actos conducentes a la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, así como a la reparación del daño;
...
Artículo 113. El Ministerio Público y sus auxiliares, de acuerdo con las órdenes que reciban de aquél, están obligados a proceder de oficio a la investigación de los delitos de que tengan noticia. Tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio, bastará para el inicio de la averiguación la comunicación o parte informativo que rinda la policía, en el que se hagan del conocimiento de la autoridad investigadora hechos que pudieran ser delictivos, sin que deban reunirse los requisitos a que aluden los artículos 118, 119 y 120 de este ordenamiento. A la comunicación o parte informativo se acompañarán los elementos de que se dispongan y que sean conducentes para la investigación...
Artículo 123. Inmediatamente que el Ministerio Público, las policías o los funcionarios encargados de practicar en su auxilio diligencias de averiguación previa tengan conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, dictarán todas las medidas y providencias necesarias para: proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas y testigos; impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito; saber qué personas fueron testigos; evitar que el delito se siga cometiendo y, en general, impedir que se dificulte la averiguación, procediendo a la detención de los que intervinieron en su comisión en los casos de delito flagrante y su registro inmediato.
Artículo 141. La víctima o el ofendido por algún delito tendrán los derechos siguientes:
...
III. Ser informado del desarrollo de la averiguación previa y de las consecuencias legales de sus actuaciones;
...
VII. Acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de sus denuncias o querellas;
De la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República:
Artículo 4. Corresponde al Ministerio Público de la federación:
En la averiguación previa:
d) Ejercer sus facultades de investigación respecto de los delitos en materias concurrentes cuando las leyes otorguen competencia a las autoridades del fuero común, siempre que prevenga en el conocimiento del asunto, le solicite al Ministerio Público local la remisión de la investigación o se actualicen las hipótesis que para tal efecto se contemplen en ley;
En consecuencia, los integrantes de la comisión dictaminadora, consideran procedente hacer un exhorto al titular de la Procuraduría General de la República a efecto de que en el marco de sus atribuciones constitucionales agilice las acciones de investigación que esa institución lleva a cabo para esclarecer los hechos ocurridos el pasado 14 de noviembre en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, en que perdieran la vida los jóvenes Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Román.
En mérito de lo expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al procurador general de la República a efecto de que en el marco de sus atribuciones constitucionales agilice las acciones de investigación que lleva a cabo para esclarecer los hechos ocurridos el pasado 14 de noviembre en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, en que perdieran la vida los jóvenes Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Román. Lo anterior para que se proceda con la mayor celeridad al deslinde de responsabilidades y la aplicación de las sanciones correspondientes, así como a la indemnización de las familias afectadas.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2011.
La Primera Comisión
Diputados: Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), presidente; Arturo García Portillo, Florentina Rosario Morales (rúbrica), secretarios; Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Alberto Cinta Martínez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica).
Senadores: Renán Cleominio Zoreda Novelo, Alejandro Zapata Perogordo, secretarios; Fernando Castro Trenti, Humberto Aguilar Coronado, René Arce Círigo (rúbrica), Luis Maldonado Venegas.
De la Primera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la seguridad pública y protección de las mujeres en el estado de Colima
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de la Permanente, correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Colima a promover y fortalecer las medidas de seguridad pública para proteger a las mujeres y a trabajar en la erradicación de la violencia de género en el estado, suscrita por la senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del PAN.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de enero de 2011 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Consideraciones
I. En el presente caso, los integrantes de la comisión dictaminadora consideraron reproducir literalmente los capítulos relativos a consideraciones y resolutivos contenidos en la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, por las razones que más adelante se expresan:
“Considerandos
La seguridad jurídica, que el texto constitucional ha consagrado en su parte dogmática, es la expresión del máximo valor que la sociedad presta a la procuración del respeto y la equidad de los seres humanos sin distinción. La violación de ella, a través de los atentados a la integridad y dignidad humanas, representa la más humillante forma de corrupción del contrato social.
Esa violación se materializa por la violencia, que se desarrolla de forma física, a través de lesiones de diversa magnitud y que pueden conducir a la muerte, así como psicológica, la cual se dirige a coartar la libertad de conciencia de sus receptores. Si bien la Carta Magna, en unión con las leyes penales emanadas de ella, prohíbe esas conductas, hechos lamentables ocurridos en últimas fechas en el país señalan a la mujer como la mayor de sus víctimas.
El esfuerzo legislativo por prevenir y, sobre todo, erradicar de la sociedad la práctica de esas conductas, contrarias a la dignidad de la mujer, se ha hecho notar con todo vigor a través de la adopción de tratados internacionales que consideran y condenan tales circunstancias y que, a su vez, han servido como marco para el desarrollo de una ley de gran avanzada en la actual generación de los derechos humanos: la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada hace poco más de tres años y que se ha centrado en las acciones en favor de las mujeres en un ámbito de certidumbre jurídica y social, independientemente de cuáles sean sus condiciones de vida o a qué estamento social pertenezcan.
La mujer es víctima de la violencia no sólo en el hogar, toda vez que los mayores índices contra su dignidad son cometidos en los hogares, centros educativos y actividades laborales por personas directamente relacionadas con ellas y en la vía pública y por agresores desconocidos.
La mayor proporción de personas receptoras de violencia física en México son las mujeres, con 61.4 por ciento de los casos, en un margen de edad comprendido entre 5 y 44 años, especialmente por conducto de los padres y las parejas sentimentales, según reportó la Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo para 2007. Destacan entre los tipos de violencia más comunes la emocional, con 34.8 por ciento; la económica, con 29.3; la física, con 9.3; y la sexual, con 7.8.
Datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares permiten confirmar que además de los recurrentes episodios de violencia, no hay clara conciencia de la magnitud del problema por sus víctimas. Basta mencionar que sólo 35 por ciento de las entrevistadas se atrevió a recurrir a alguna autoridad para denunciar la agresión; mientras que para 34.2 por ciento de ellas, estos actos violatorios de su dignidad humana representaron sucesos sin importancia, 31.8 no denunció cuando sufrió violencia sexual por conducto de sus hijos, y 12 por ciento omitió expresar lo acaecido por desconfianza hacia las autoridades y el sistema de justicia penal.
La encuesta mencionada demuestra que Colima se mantiene entre los cinco primeros lugares de violencia. Es el caso de la emocional, donde Jalisco, estado de México y Colima reflejan los más altos porcentajes, con 47.3, 47.1 y 45.0, respectivamente, frente a la media nacional de 37.5. En violencia económica, Jalisco arroja 30.5 por ciento, estado de México 29.6 y Colima 27.2, frente a la media nacional de 23.4. En violencia sexual, nuevamente Jalisco, Colima y el estado de México se disparan con los más altos porcentajes: 11.6, 11.1 y 11.0, en ese orden, cuando la media nacional es de 9.0.
En Colima, en 2010 fueron detectados 106 casos de mujeres violentadas, según datos de la Dirección Jurídica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia ha reportado el incremento de estos actos violentos en todo el territorio estatal, pero con mayor número en Manzanillo, Colima y Villa de Álvarez.
A los hechos que componen estas cifras se suman los dos ataques de índole sexual cometidos cerca de la capital del estado en la primera quincena del presente mes, en el que los medios de comunicación han dado cuenta no sólo de estas denuncias presentadas, sino que hacen referencia a un número mayor de estos ilícitos que no han sido denunciados y, por tanto, se mantienen en el anonimato y sin protección jurídica.
Lo anterior conduce a manifestar preocupación porque podemos encontramos en la antesala de una alerta de feticidio. Por ello, esas agresiones y sus circunstancias deben atenderse con políticas eficaces y eficientes para frenar cualquier posible escalada como la que viven Ciudad Juárez, Chihuahua, y el estado de México. El llamado por mí realizado como colimense consternada y ocupada en garantizar el respeto de la dignidad de los habitantes de esta entidad federativa, busca hacer eco para conducir a un control exhaustivo no sólo visible en el incremento de efectivos de fuerzas policiales en las calles para la vigilancia de la ciudadanía, sino en la instauración de una sostenible y permanente campaña de alerta y concienciación contra la violencia hacia las mujeres, siendo esta obligación de carácter primordial del gobierno estatal en primer lugar, así como de los ayuntamientos constitucionales de los municipios que integran Colima.
No basta la habilitación de supuestas áreas recreativas con vigilancia policiaca, donde se permita el ingreso a los jóvenes con bebidas embriagantes para protegerlos de nuevos ataques de encapuchados contra hombres y especialmente mujeres, tal como el gobernador del estado ha procedido a ordenar. Ante esto, la primera y más importante medida que el gobernador debe ejecutar, el arranque y mantenimiento de una intensa campaña de concienciación ciudadana, paralelamente al ordenamiento a la Policía Estatal Preventiva, a fin de procurar y fortalecer la protección de los espacios públicos, al mismo tiempo que la Procuraduría de Justicia del Estado proceda al cumplimiento de sus obligación como protectora de la ciudadanía y perseguidora de los delitos que se presentan, resolviendo de manera clara, contundente y ajustada a derecho.
Con estas urgentes demandas, reitero mi compromiso asumido con la ciudadanía colimense de trabajar a su favor, al mismo tiempo que reconozco y me sumo a la manifestación realizada por el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, licenciado Roberto Chapula de la Mora, solicitando a la administración pública estatal la emisión de una alerta general para frenar esta serie de violaciones de mujeres.
Olvidémonos de flaquezas e indecisiones; debemos reconocer con urgencia que la seguridad pública de los ciudadanos de Colima y la dinámica social libre de violencia para hombres y mujeres es necesaria para el desarrollo integral de la entidad federativa y, por ende, del país en su conjunto. Debemos preocuparnos de trabajar para castigar a quienes han cometido los ilícitos expresados de viva voz y proceder a erradicar toda señal de agresión y violaciones contra la mujer. No esperemos ver elevada la cifra de mujeres víctimas para dictar una alerta de feminicidios.
Por las consideraciones expuestas, se someten a consideración del pleno de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al gobernador constitucional de Colima a promover y fortalecer las medidas de seguridad pública para la protección de las mujeres y trabajar en la erradicación de la violencia de género en el territorio estatal.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al gobernador constitucional de Colima a informar a esta soberanía acerca de las acciones y políticas implantadas en la atención de este punto de acuerdo, así como de los avances en la procuración de justicia para las recientes víctimas de violencia sexual.”
II. Los integrantes de la comisión dictaminadora estiman que este es uno de los casos en que aún y cuando se comparten los planteamientos propuestos por la autora de la proposición que ahora se dictamina, por considerar de la mayor importancia la salvaguarda y protección de las mujeres y no únicamente a las mujeres colimenses, como lo solicita la proponente, sino a todas las mujeres del país, esta Comisión Dictaminadora en reiteradas ocasiones ha señalado que la Comisión Permanente no puede pronunciarse en razón de los siguientes planteamientos:
El Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras o de la Comisión Permanente, se ha manifestado siempre respetuoso de los principios y normas que rigen el federalismo que impera en el sistema jurídico y político nacional. En este sentido, el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:
“Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”
En el caso, como lo reconoce expresamente la autora de la proposición que se dictamina, se trata de un asunto de la competencia directa del gobierno del estado de Colima, consecuentemente, tomando en cuenta exclusivamente los ámbitos territoriales en los que se reseña acontecieron los hechos, la Comisión Permanente considera que, en el caso, con el propósito de dar atención y seguimiento a la proposición que se dictamina, se estima prudente que en lugar de exhorto, se remita el asunto al gobernador de Colima, para su conocimiento y efectos, en el ámbito de su respectiva competencia.
En mérito de lo expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia–somete a la consideración del pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Remítase el expediente al C. Gobernador del Estado de Colima, para su conocimiento y efectos en el ámbito de su respectiva competencia.
Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2011.
La Primera Comisión
Diputados: Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), presidente; Arturo García Portillo, Florentina Rosario Morales (rúbrica), secretarios; Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Alberto Cinta Martínez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica).
Senadores: Renán Cleominio Zoreda Novelo, Alejandro Zapata Perogordo, secretarios; Fernando Castro Trenti, Humberto Aguilar Coronado, René Arce Círigo (rúbrica), Luis Maldonado Venegas.
De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a colaborar en las investigaciones de los asesinatos y ataques contra presidentes municipales y servidores públicos de los ayuntamientos
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo para que se exhorte al Ejecutivo federal a colaborar en las investigaciones de los asesinatos y ataques contra presidentes municipales y servidores públicos de los ayuntamientos; a destinar de inmediato mayores recursos económicos, logísticos y de seguridad a los municipios y a las localidades que lo requieren urgentemente; a establecer en coordinación con las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales rutas de vigilancia en los municipios y en las localidades que presentan mayor índice de delincuencia e inseguridad y brindar mayor seguridad y protección a los servidores públicos municipales; y para que se exhorte al gobernador de Morelos a solicitar el apoyo de las fuerzas militares y federales para garantizar la seguridad en la entidad, así como intensificar las investigaciones del asesinato del presidente municipal de Temoac, suscrita por el diputado Jaime Sánchez Vélez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica; y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Primera Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno el presente dictamen:
Antecedentes
La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de enero de 2011 y turnada para el estudio y dictamen correspondientes a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Consideraciones
I. En el capítulo de consideraciones de la proposición que se dictamina, el autor señala que el aumento considerable de los índices de criminalidad en todo el país ha provocado una polémica sobre el verdadero nivel del problema de inseguridad pública que enfrentamos, y que las cifras oficiales confirman el importante aumento de la delincuencia en México durante los últimos años, además de la falta de un sistema de administración de justicia confiable, que inhibe que la sociedad denuncie los delitos ante las autoridades.
Señala el proponente que la seguridad pública debe ser suministrada por el Estado para proteger a todos los ciudadanos y garantizar un estado de derecho; que la existencia de éste permite desarrollar las actividades productivas de la sociedad y las empresas, fomentar su adecuado funcionamiento y asegurar mayor bienestar social; que, desafortunadamente, cada año grandes cantidades de recursos son destinadas a prevenir y combatir los efectos negativos de la delincuencia, en lugar de ser canalizadas a actividades productivas, lo cual obstaculiza el desarrollo y el crecimiento económicos; y que sumado a lo anterior, muchos de los policías que combaten a la delincuencia, esencialmente los municipales y los estatales, lo hacen con recursos limitados y armas inapropiadas.
Indica el autor de la proposición que el nivel de gobierno más cercano a la población, el municipio, cuenta con menos recursos y menos atribuciones, en contrapartida con el estatal y el federal (este último tiene más recursos y atribuciones), por lo cual han sido presa fácil para las operaciones de narcomenudeo, para construir infraestructura y conseguir apoyo político y complicidad de integrantes de los cárteles y que, según un estudio de la Secretaría de Seguridad Pública federal, más de 400 municipios carecen de policías, y en mil 29 trabajan no más de 15 agentes en cada uno. En términos generales, 88.5 por ciento de los municipios tiene menos de 100 policías.
El proponente señala también que esa situación es difícil para las autoridades municipales, pues la sociedad demuestra una lealtad a la delincuencia organizada generada principalmente por cuestiones de supervivencia y temor y que muchos ediles o integrantes de cabildos se han visto forzados a aceptar las reglas de los capos o, en caso contrario, han sido objetos de atentados en su contra o de su familia.
Establece el proponente que en los últimos tres años han sido asesinados más de 40 funcionarios municipales, entre alcaldes, ex ediles, regidores, secretarios de ayuntamientos y candidatos a alcaldes, además de varias decenas de policías locales y federales y militares. Indica que algunos alcaldes fueron muertos por sus propios policías, quienes fueron despedidos o cambiados de sus tareas. Precisa que en el caso particular de Morelos, ésta ha sido afectada por diversos acontecimientos de gran preocupación, reseñando diversos enfrentamientos ocurridos a partir del 16 de diciembre de 2009, en que resultó muerto Arturo Beltrán Leyva y hasta el 6 de diciembre de 2010, en que se entregó a las autoridades judiciales de Morelos al menor Edgard Jiménez Lugo, alias El Ponchis, acusado de homicidio y de vínculos con la delincuencia organizada.
Finalmente, el legislador proponente señala que el pasado 10 de enero el alcalde de Temoac, Abraham Ortiz Rosales, fue asesinado por un grupo armado que le disparó cuando viajaba con su esposa, sus tres hijos y su escolta, en el ingreso de la comunidad de Amilcingo, por lo que es urgente diseñar y adecuar políticas y acciones que fortalezcan la administración de las alcaldías no solamente de Morelos sino de todo el país, a fin de contrarrestar los efectos de la delincuencia organizada y cumplir así el compromiso del Estado de garantizar seguridad en todo sentido a la población, por lo que formula los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al Ejecutivo federal a colaborar en las investigaciones con las autoridades locales de las entidades federativas donde se han perpetrado asesinatos y ataques contra presidentes municipales y servidores públicos de los ayuntamientos para encontrar a los responsables y juzgarlos.
Segundo. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al Ejecutivo federal a destinar de inmediato mayores recursos económicos, logísticos y de seguridad a los municipios y a las localidades que requieren atención urgente por encontrarse en situación de riesgo de ingobernabilidad.
Tercero. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al Ejecutivo federal a establecer en coordinación con las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales rutas de vigilancia en los municipios y en las localidades que representan mayor índice de delincuencia e inseguridad para la población, así como brindar mayor seguridad y protección a los servidores públicos municipales.
Cuarto. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al gobernador de Morelos a solicitar al titular del Ejecutivo federal el apoyo de las fuerzas militares y federales de seguridad pública para garantizar la seguridad en la entidad, así como intensificar las investigaciones del asesinato del presidente municipal de Temoac, Morelos.
II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden en lo esencial con el autor de la proposición que se dictamina, toda vez que consideran que el fenómeno de la inseguridad en el país y los efectos del combate de la delincuencia organizada se ha exacerbado en los últimos años, según acreditan cifras emitidas por las dependencias del gobierno federal competentes en la materia, principalmente por lo que refiere a secuestros, homicidios, extorsiones y delitos contra la salud; y personas que por su posición de poder político o investidura pública formal antes era impensable que fueran sujetos de agresiones físicas ahora lo son, como demuestra el elevado número de asesinatos sufridos, en su conjunto y durante los últimos meses, por presidentes municipales, ex gobernadores, candidatos a cargos de elección popular y algunos legisladores o ex legisladores. Esta dictaminadora estima, en concordancia con el proponente, que debido a la inmediatez de las funciones que desarrollan los miembros de los cabildos, particularmente por lo que refiere a la seguridad pública, se ha incrementado la vulnerabilidad de éstos ante los ataques a su integridad personal por la delincuencia o por cualquier otra causa o agente que, ante la subcultura de la violencia y la impunidad, se desbordan en la criminalidad y en el uso sin razón ni justificación de las armas.
Esta comisión considera que en lo posible, deben canalizarse más recursos a los municipios para que puedan enfrentar con mayor eficiencia la inseguridad y la violencia en sus territorios y brindar mayor protección a los miembros de sus ayuntamientos y servidores públicos, mejorando al mismo tiempo la coordinación institucional entre federación, los estados y los municipios para los efectos descritos.
La comisión dictaminadora considera pertinente reproducir las disposiciones relativas del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
...
La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.
Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y formarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:
a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y el desarrollo de estas acciones serán competencia de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar en las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificada y registrada en el sistema.
c) La formulación de políticas públicas tendentes a prevenir la comisión de delitos.
d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública.
e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.
En consecuencia, los integrantes de la comisión dictaminadora consideran procedente hacer un atento exhorto al titular del Ejecutivo federal a colaborar, en el marco de la coordinación institucional en materia de seguridad pública o, en su caso, de la facultad de atracción que tiene la Procuraduría General de la República, en las investigaciones de los asesinatos y ataques contra presidentes municipales y servidores públicos de los ayuntamientos; a destinar, conforme lo permitan el Presupuesto de Egresos de la Federación y las fórmulas de distribución correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, mayores recursos económicos, logísticos y de seguridad a los municipios y a las localidades que lo requieren urgentemente; a establecer en coordinación con las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales rutas de vigilancia en los municipios y en las localidades que presentan mayor índice de delincuencia e inseguridad y brindar mayor seguridad y protección a los servidores públicos municipales.
Esta dictaminadora considera conveniente y procedente solicitar al gobernador de Morelos que informe del avance de las investigaciones relativas al asesinato de Abraham Ortiz Rosales, quien fuera presidente municipal de Temoac.
En mérito de lo expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a colaborar, en el marco de la coordinación institucional en materia de seguridad pública o, en su caso, de la facultad de atracción que tiene la Procuraduría General de la República, en las investigaciones de los asesinatos y ataques contra presidentes municipales y servidores públicos de los ayuntamientos; a destinar, conforme lo permitan el Presupuesto de Egresos de la Federación y las fórmulas de distribución correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, mayores recursos económicos, logísticos y de seguridad a los municipios y a las localidades que lo requieran; y establecer, en coordinación con las fuerzas de seguridad estatales y municipales, rutas de vigilancia en los municipios y en las localidades que presentan mayor índice de delincuencia e inseguridad y brindar mayor seguridad y protección a los servidores públicos municipales.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al gobernador de Morelos que informe del avance de las investigaciones relativas al asesinato de Abraham Ortiz Rosales, quien fuera presidente municipal de Temoac.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2011.
La Primera Comisión
Diputados: Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), presidente; Arturo García Portillo, Florentina Rosario Morales (rúbrica), secretarios; Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Alberto Cinta Martínez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica).
Senadores: Renán Cleominio Zoreda Novelo, Alejandro Zapata Perogordo, secretarios; Fernando Castro Trenti, Humberto Aguilar Coronado, René Arce Círigo (rúbrica), Luis Maldonado Venegas.