Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a realizar, antes de la implantación de la cédula de identidad ciudadana para menores de edad, una campaña nacional de regularización de la situación de identidad en colaboración con los ayuntamientos y las entidades federativas, suscrita por el diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI
Arturo Zamora Jiménez, diputado a la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59, 60, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que tome previsiones a fin de garantizar el derecho a la identidad de los menores de edad mexicanos que no cuentan con acta de nacimiento, y por consiguiente no podrán solicitar su cédula de identidad, que está por entrar en vigor, y que los marginará de diversos derechos que les corresponden como mexicanos.
Antecedentes
El gobierno federal informó que a partir del 24 de enero y para lo que resta del sexenio, inicia la expedición de 25.7 millones de cédulas de identidad a menores de edad, con un costo aproximado de 305 millones 830 mil pesos y anunció que “muy pronto”, comenzará el registro para mayores de 18 años de edad para cumplir con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Considero que antes de pensar en emitir cédulas de identidad, el gobierno federal debe realizar una campaña nacional para inscribir en el Registro Civil a los casi 7 millones de menores mexicanos que carecen de acta de nacimiento, lo que refleja, además, que no están en condiciones de ir a tramitar su alta al IMSS o al ISSSTE, ni solicitar un pasaporte.
Desde el 10 de noviembre del 2009 presenté un punto de acuerdo a efecto de que se plantee a la Secretaría de Gobernación que tome previsiones para garantizar el derecho a la identidad de todos los mexicanos que no cuentan con acta de nacimiento y que, por consiguiente, no podrán solicitar la cédula de identidad ciudadana, documento que se pretendía entrara en vigor en esas fechas, y que los marginará de diversos derechos que les son inherentes.
Como parte del trabajo a favor de los mexicanos que carecen de acta de nacimiento, el 20 de julio de 2010, la Cámara de Diputados realizó el foro El Derecho a la Identidad en México: Situación actual, retos y desafíos. De los resultados obtenidos, el Congreso de la Unión y el gobierno federal acordaron y se comprometieron a ir construyendo un marco jurídico y un programa de gasto que permita fomentar el respeto y la promoción del derecho a la identidad de todas y todos los mexicanos.
El gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación se comprometió, en específico, a “emprender campañas de difusión masiva para concientizar a la población sobre la importancia del derecho a la identidad y de contar con su acta de nacimiento”.
Problemática nacional
El registro de nacimiento es fundamental para garantizar el derecho a la educación, a servicios sociales, a servicios médicos; el derecho a no ser sometido a explotación y malos tratos, tráfico de niñas y niños; el derecho a gozar de medidas especiales de protección o el derecho de las y los niños a no ser tratados como personas adultas durante un proceso personal seguido en su contra; y el derecho a la participación democrática.
Por la carencia de acta de nacimiento de las personas, debe ser de mayor interés la protección de los derechos de las distintas comunidades indígenas existentes en México.
En nuestro país hemos sido capaces de llevar acuerdos para regularizar la tenencia de la tierra. Hemos acordado también regularizar la tenencia vehicular. En las entidades federativas y los municipios se aplican programas para la regularización de fraccionamientos irregulares. Desafortunadamente a la fecha no se ha emprendido una campaña entre los 3 niveles de gobierno para regularizar la situación de los mexicanos indocumentados en México.
En tal sentido, el gobierno de la república a través de la Secretaría de Gobernación debe tomar como un reto garantizar la identidad a cada uno de los mexicanos.
El derecho a la identidad es un derecho fundamental para el desarrollo de las personas y su incorporación a todas las actividades de la sociedad.
El derecho al nombre, como el derecho a la personalidad, constituyen los elementos por los que el sujeto adquiere individualidad para ser reconocido por el Estado y la sociedad.
Los preceptos jurídicos nacionales e internacionales establecen claramente el derecho al nombre como uno de los primeros a los que deben acceder las personas al nacer. Éste, además de dotarles de existencia legal y permitirles el ejercicio del resto de los derechos que les otorga el Estado entre los que destacan las garantías individuales, permite a las autoridades de un país conocer en términos reales cuantas personas lo integran y por tanto podrán planificar e implementar adecuadamente sus políticas públicas y de desarrollo.
En México existen personas de bajos recursos económicos en situación de indocumentación, lo que los coloca en desventaja respecto a sus pares y los mantiene en el círculo de pobreza y discriminación por la falta de un documento que garantice su identidad, lo cual incrementa para ellos el riesgo de sufrir diversas situaciones de vulneración a sus derechos y los expone aún más a la negligencia, el abuso y la explotación.
Datos jurídicos importantes
El acta de nacimiento es el documento que permite probar la existencia legal de un niño, niña, adolescente o adulto.
La inscripción del nacimiento no sólo hace posible el reconocimiento legal de la existencia de una persona; sino que además, indica que esta persona pertenece a una familia, a una comunidad y a una nación.
De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el hecho de que las niñas y los niños no sean registrados al nacer tiene consecuencias diversas para el disfrute de la vida.
En un caso en el que se denegó la inscripción tardía en el registro civil del nacimiento de dos niñas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que el Estado violó, entre otros, el derecho de las niñas a la nacionalidad. Como consecuencia, se lesionó su derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y al nombre.
Respecto a ese caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que “la falta de reconocimiento de la personalidad jurídica lesiona la dignidad humana, ya que niega de forma absoluta su condición de sujeto de derechos y hace al individuo vulnerable frente a la no observancia de sus derechos por el Estado o por particulares”.
Además, sobre el derecho al nombre, estableció que los Estados “tienen la obligación no sólo de proteger el derecho al nombre, sino también de brindar las medidas necesarias para facilitar el registro de la persona, inmediatamente después de su nacimiento”.
Sustento legal
El artículo 37 constitucional establece puntualmente que ningún mexicano podrá ser privado de su nacionalidad. Dentro del artículo tercero de la Ley Reglamentaria del citado artículo, se establece que los documentos probatorios de la nacionalidad son:
I. El acta de nacimiento;
II. El certificado de nacionalidad mexicana;
III. La carta de naturalización;
IV. El pasaporte;
V. La cédula de identidad ciudadana; y
VI. La matrícula consular;
VII. A falta de los documentos probatorios mencionados en las fracciones anteriores, se podrá acreditar la nacionalidad mediante cualquier elemento que, de conformidad con la ley, lleve a la autoridad a la convicción de que se cumplieron los supuestos de atribución de la nacionalidad mexicana.
De lo cual se desprende que quienes no se encuentren registrados se encuentran imposibilitados de ostentar y ejercer los derechos que como mexicanos son titulares.
El artículo 3o. constitucional, reconoce el derecho de todos los mexicanos a recibir educación, mas en el citado supuesto de los mexicanos indocumentados el ejercicio de éste se vuelve de imposible ejecución toda vez que para el ingreso a las escuelas públicas se requiere de la plena individualidad que otorga el acta de nacimiento.
Los derechos políticos consagrados por nuestra Constitución específicamente en el artículo 35, son para los indocumentados mexicanos ineficaces, toda vez que el Instituto Federal Electoral requiere para la expedición de la credencial para votar de la exacta identificación del ciudadano requirente.
El Estado mexicano ratificó su adhesión a la Convención sobre los Derechos de los Niños de la Organización de las Naciones Unidas.
En el artículo séptimo de dicha Convención se establece que:
1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.
2. Los Estados parte velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida.
A su vez, el artículo octavo de dicha Convención establece:
1. Los Estados parte se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.
2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados parte deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.
Conclusión
En tal sentido, el gobierno de México debe de tomar como un reto el darle identidad jurídica a cada uno de los mexicanos.
Dicho reto exige que todas las instituciones que se encuentran directa o indirectamente involucradas en el tema, aporten con medidas de solución teniendo en cuenta sus competencias. Si bien la identificación de mexicanos y mexicanas es una función exclusiva del Registro Nacional de Población, la promoción y defensa de los derechos de las personas es competencia de diversas instituciones y servicios que atendiendo a su mandato, vienen ejecutando acciones que contribuyen a garantizar el derecho al nombre y a la identidad a través de acciones de información a la población y el desarrollo de campañas de documentación.
En este sentido y aprovechando la oportunidad que nos brinda la implantación de la cédula de identidad ciudadana para menores de edad se pone a consideración de ésta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, previo a la implantación de la cédula de identidad ciudadana para menores de edad, realice una campaña nacional de regularización de la situación de identidad en colaboración con los ayuntamientos y entidades federativas del país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2011.
Diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reconocer la competencia del Comité de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada y la postulación de un experto, a cargo de la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita diputada federal a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Durante el 2010, la Comisión Nacional de los Derecho Humanos (CNDH) recibió 198 quejas en contra de servidores públicos de la Secretaría de Marina, principalmente por cateos ilegales, detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, tortura y privación de la vida.
La CNDH dirigió a la Secretaría de Marina seis recomendaciones, cifra que supera las dirigidas a esa autoridad del año 2006 al 2009, lo que muestra que el personal de esa dependencia ha multiplicado exponencialmente el número casos en que ha incurrido en hechos violatorios a derechos humanos.
De las recomendaciones emitidas en el año 2010, la Secretaría de Marina únicamente ha aceptado dos, quedando pendiente una de contestar.
En la recomendación 72/2010, la CNDH observó que la noche del 16 de diciembre de 2009, elementos de la Secretaría de Marina dispararon sus armas de fuego en la colonia Del Empleado, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y varios proyectiles alcanzaron la camioneta en que viajaba una persona, quien falleció a causa de las lesiones provocadas.
Por lo que respecta a la recomendación 83/2010, menciona que la madrugada del 11 de diciembre de 2009, servidores públicos de la Secretaría de Marina realizaron disparos de arma de fuego en contra del vehículo que conducía una mujer que salía de su domicilio en el fraccionamiento Los Limoneros, en Cuernavaca, Morelos, quien perdió la vida en ese lugar.
En ambos casos, la CNDH concluyó que los elementos de la Marina “incurrieron en uso arbitrario de la fuerza pública y vulneraron en perjuicio de los agraviados los derechos a la integridad personal y al trato digno, así como a la legalidad y seguridad jurídica”.
En ambos casos ha quedado demostrado que las fuerzas armadas no respetan las garantías individuales, y que la legislación en materia de procuración de justicia militar es un obstáculo para alcanzar la verdad material e histórica, y el obvio castigo a los responsables.
Cuenta de ello son las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que en tres ocasiones ha solicitado a México se modifique el fuero militar, dejando el claro que los delitos cometidos por militares sean enfrentados en tribunales civiles.
La negación explícita de la Secretaría de Marina Armada de México, de recibir dichas recomendaciones deja en claro su nulo compromiso con la protección de los derechos humanos, y su sujeción al sistema autoritario del uso de la fuerza con la población civil.
Es por ello que sometemos a la consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con total respeto a la división de poderes, exhorta al titular de la Secretaría de Marina, almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, a que dentro de sus facultades constitucionales acepte y acate las recomendaciones 72/2010 y 83/2010 emitidas por la CNDH.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2011.
Diputada Florentina Rosario Morales (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la STPS a sancionar a los patrones que emplean niños en las labores del campo y a hacer cumplir las disposiciones en materia de seguridad e higiene en este sector de la economía, suscrita por el diputado Rodolfo Lara Lagunas, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Rodolfo Lara Lagunas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), declaró en días pasados, que no ha podido sancionar a los patrones del sector rural, ya que, supuestamente, el campo está excluido de la competencia federal.
Esto no es más que una calumnia para dejar la puerta abierta a la violación sistemática de los derechos de los trabajadores del campo, especialmente de las niñas y niños, lo que representa una actitud indebida, calculadora y timorata, para evitar los costos políticos entre este sector empresarial. Es decir, se sacrifican los derechos humanos, en aras de los intereses económicos inmediatos de unos cuantos, sin enfocar el verdadero desarrollo económico del país con una visión más amplia y a largo plazo.
Sin embargo, contrario a lo que señala la STPS, el sector rural es de competencia federal, en materia de seguridad e higiene. A este respecto, la Ley Federal del Trabajo señala, terminantemente
Artículo 527-A. En la aplicación de las normas de trabajo referentes...a seguridad e higiene en el trabajo, las autoridades de la federación serán auxiliadas por las locales, tratándose de empresas o establecimientos que, en los demás aspectos derivados de las relaciones laborales, estén sujetos a la jurisdicción de estas últimas.
Artículo 529. En los casos no previstos por los artículos 527 y 528, la aplicación de las normas de trabajo corresponde a las autoridades de las entidades federativas. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 527-A, las autoridades de las entidades federativas deberán
IV. Reportar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social las violaciones que cometan los patrones en materia de seguridad e higiene y de capacitación y adiestramiento e intervenir en la ejecución de las medidas que se adopten para sancionar tales violaciones y para corregir las irregularidades en las empresas o establecimientos sujetos a jurisdicción local;
VII. Previa determinación general o solicitud específica de las autoridades federales, adoptar aquellas otras medidas que resulten necesarias para auxiliarlas en los aspectos concernientes a tal determinación o solicitud.
Artículo 539-C. Las autoridades laborales estatales auxiliarán a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para el desempeño de sus funciones, de acuerdo a lo que establecen los artículos 527-A y 529.
Por lo que hace al Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio ambiente de Trabajo, señala expresamente, que su aplicación corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Por su parte, el Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral, establece que La Secretaría del Trabajo, los gobiernos de los estados y el del Distrito Federal, podrán celebrar convenios para establecer la coordinación, auxilio y unificación de criterios, programas, sistemas y procedimientos de inspección y aplicación de sanciones que permitan la adecuada vigilancia y cumplimiento de los preceptos jurídicos en materia de trabajo (artículo 3o. Párrafo primero).
La persistencia de niñas y niños en el sector rural, es una violación abierta a la normativa en materia de seguridad e higiene, que es competencia expresa de la Secretaría del Trabajo, y por lo que hace a la inspección, la federación debe hacer los convenios necesarios con las autoridades de las entidades federativas, de manera que se respeten los derechos de los trabajadores. Luego, la Secretaría del Trabajo, no sólo puede, sino debe sancionar a los patrones del campo que violentan las medidas de seguridad e higiene, comenzando por el indebido empleo de las niñas y niños.
El auxilio de las autoridades locales, no suprime la competencia originaria de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en materia de seguridad e higiene. Auxiliar, no quiere decir, sustituir.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Esta Comisión Permanente, exhorta al Secretario del Trabajo y Previsión Social, para que en estricto cumplimiento a lo preceptuado por la Ley Federal del Trabajo y sus disposiciones reglamentarias, sancione a los patrones que empleen niñas y niños en las labores del campo, en general, haga cumplir las disposiciones en materia de seguridad e higiene en este sector de la economía. Celebrando con las autoridades de las entidades federativas los convenios de coordinación necesarios en materia de inspección que permitan vigilar debidamente en bien de los trabajadores del campo el debido cumplimiento de los preceptos jurídicos en materia de trabajo.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2011.
Diputado Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para que Juan Francisco Molinar Horcasitas, ex titular de la SCT, responda ante la ley por sus actos violatorios del estado de derecho, suscrita por el diputado Rodolfo Lara Lagunas, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Rodolfo Lara Lagunas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con puntos de acuerdo:
Consideraciones
Los puestos públicos no debieran ser medio de corrupción; en general, instrumento privilegiado para la comisión de delitos, con el respaldo de la impunidad.
La actuación de Juan Francisco Molinar Horcasitas no debe quedar en una simple remoción, sino que ésta lleva al centro de las preocupaciones y reclamos nacionales, el que este funcionario público responda ante la ley, por sus múltiples actos violatorios a nuestro estado de derecho. Destacadamente, es llegado el momento de que la Procuraduría General de la República, atraiga el asunto relativo al incendio en la Guardería ABC y proceda a consignarlo ante las autoridades judiciales por la irresponsabilidad que se condujo al frente del instituto.
Ninguno de los hechos turbios de este funcionario deben quedar sin sanción, mucho menos la muerte de 49 niñas y niños en la Guardería ABC; y las lesiones sufridas por cientos de niños, trabajadoras y miembros de la comunidad, víctimas de este hecho.
La reparación de la violencia que azota al país exige justicia en un doble sentido, justicia social, redistribución de la riqueza, inclusión de los más al desarrollo del país; pero también justicia, como antípoda de la impunidad. La comisión de delitos debe pasar de un acto de cinismo de los que tienen poder; para ser decisión de que se repare la dignidad y derechos de los ofendidos, incluidos la nación mexicana.
Los familiares de estas niñas y niños siguen exigiendo que se sancione con firmeza a Molinar Horcasitas, que en abierta violación a la letra y espíritu de la Ley del Seguro Social se dedicó a firmar contratos de subrogación de servicios de guarderías, sin cubrir los requisitos mínimos para la seguridad de las niñas y niños derechohabientes, dentro de un marco de anarquía y menosprecio a los derechos humanos a la vida y salud, privilegiando en todo momento el negocio, el lucro, el tráfico de influencias; manejando al IMSS, como si se tratara de una empresa de su propiedad, perdiendo la perspectiva de legalidad y servicio social.
No basta con que Molinar Horcasitas se vaya del gabinete, debe, como cualquier otro ciudadano, responder por sus corruptelas y demás delitos (licitaciones 20 y 21, inversión ilegal de las reservas del IMSS; irregularidades en torno a Mexicana de Aviación, entre otros), lo que será uno de los medios indispensables para que hechos como el crimen de la Guardería ABC no se repitan. Será un medio para atender la dignidad y la memoria de los fallecidos y la ruta para que México vea con fuerza moral al resto de los países de la comunidad internacional.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Esta Comisión Permanente exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer, con la brevedad posible, la investigación del incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, a efecto de que el señor Juan Francisco Molinar Horcasitas y demás implicados en este hecho sean consignados ante las autoridades judiciales y sean sancionados con todo el peso de la ley.
Segundo. Esta Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a efecto de que en el marco de sus respectivas atribuciones investiguen la gestión de Molinar Horcasitas como director general del IMSS, procediendo al deslinde de responsabilidades.
Sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2011.
Diputado Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión a establecer un gran acuerdo que permita llevar a cabo el urgente rescate social del país, haciendo eco de la propuesta formulada por el rector de la UNAM, suscrita por el diputado José María Valencia Barajas, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Consideraciones
La esencia de una nación es su gente y el grado de desarrollo de toda nación está dado igualmente por el desarrollo alcanzado por su pueblo, especialmente los más humildes.
Luego es un contrasentido, aplicar una política social y económica, que se funda en arrancar el bienestar a las mayorías, para crear una plutocracia hasta el exceso más funesto, hasta un grado inadmisible hasta para los mismos ricos, que amenaza con desintegrar a la nación misma, de manera que la justa inconformidad sólo se detiene, mientras sea posible, con un uso excesivo e indebido de la fuerza.
Es de las grandes personas, y concretamente de los grandes estadistas, atreverse a ver las terribles consecuencias de una política errónea, y con moderación y objetividad, corregir; esto no provocará debilitación del principio de autoridad, sino su afianzamiento dentro del sentido de justicia.
Y hablando de justicia, la deuda social que el Estado mexicano tiene hacia la mayoría de la población, se nos presenta como una acumulación terrible de pobreza, desempleo, enfermedad, precaria educación, falta de recreación, muerte de la esperanza y las ilusiones. Lo que necesariamente se traduce en que el grado de libertad y felicidad de nuestro pueblo ha llegado a un mínimo.
Es indignante vernos en los primeros lugares de los listados internacionales de la ignominia:
• Tenemos la ciudad donde más se asesina, la más peligrosa del mundo, Ciudad Juárez; no se necesita pensar mucho para comprender el dolor de las niñas, de las mujeres, de los ancianos, de los varones que la habitan. En general, somos unos de los países más violentos del mundo.
• Ocupamos el segundo lugar en corrupción.
• Estamos a la cola de los países de la OCDE en materia educativa.
• Somos primer lugar en obesidad infantil y segundo en la obesidad adulta, a lo que el secretario de la OCDE ha puesto la alerta, ya que pone en peligro la esperanza de vida, el futuro del país y la estabilidad de sus finanzas públicas.
• El desempleo que oficialmente representa más de dos y medio millones, se eleva exponencialmente, si tomamos en cuenta a los millones que se encuentran disponibles, los que no reciben remuneración, los empleos de ficción de la informalidad, los subempleados; más aún, si vamos a los empleados, estos son otra ficción, ya que en ellos dominan los salarios precarios, la inestabilidad de los empleos, su falta de acceso a la seguridad social, o a una seguridad social sin calidad.
• Al ocuparnos de los jubilados, vemos a personas de la tercera edad con pensiones mínimas, pero sobre todo, sin que éstas se complementen con todo el bienestar físico, mental, cultural, de recreación y social, que estas personas se merecen, por lo que la jubilación, pasa de júbilo a un verdadero infierno.
• Pero hay una mayoría, que no accede ni a tales precarias pensiones, lo que es sinónimo no sólo de absoluta pobreza, sino de despojo, de abandono, de tristeza y abusos de todo tipo.
• Nuestros jóvenes, que son el verdadero oro de una sociedad, abandonados, entre el suicidio y la delincuencia, para muchos de ellos, 7 millones se dice, son mucho más, sin respeto a su derecho a estudiar, trabajar, a la cultura, a una indispensable participación en los problemas sociales y políticos de nuestra nación.
• Los jóvenes, que tienen el privilegio de acceder a una institución educativa, o trabajar, no siempre reciben la educación con la calidad y elevación moral que se merecen.
• Los recursos para la investigación científica se mantiene dentro de un enanismo apenas creíble, cuando ésta es palanca no sólo del conocimiento sino del desarrollo económico y social de los pueblos.
• El campo, le duele a toda la nación en su retraso, en su abandono; del que manan millones que buscan en otros países, si antes no los alcanza la muerte, el trabajo y la ilusión que su nación les niega.
• La salud, como derecho, sufre exclusiones y desigualdades inaceptables. Urge crear un sistema nacional de salud.
• Como si nuestro país fuera un campo sin autoridad, parece coto de caza de niñas y niños y adolescentes para la trata de personas, prisioneros de la comida chatarra, padecen hambre, y son víctimas de las más variadas y encarnizadas formas de violencia.
• Nuestros bosques van a la cabeza mundial en devastación, en general, nuestro entorno, nuestra agua, está en una emergencia ecológica, que niega todo futuro si seguimos por esta ruta.
• Según la fuente, 47 (Coneval) u 82 (algunos especialistas) millones de mexicanos, vive en la pobreza, sin que las medidas asistencialistas, puedan ser su solución.
• En materia de productividad hemos caído al lugar 60, y seguimos en picada.
• La vivienda digna, que sigue siendo privilegio y no derecho, sigue como rehén del tráfico de influencias, el lucro de constructoras y financieras, y de despachos de cobranza.
En este dramático panorama, nuestro mapa se va llenando de hechos trágicos, que han conllevado la muerte inocente y grupal de mexicanos: explosión en Pasta de Conchos, incendio en la Guardería ABC, muerte por esclavitud de las trabajadoras de Coppel, muerte en San Juan Texmelucan. Muertes inmersas en el menosprecio a la vida y a la aplicación de las medidas preventivas, para evitarlas.
Por todo lo dicho, no deben quedar como palabras bonitas, sino como un programa de acción de todas las fuerzas políticas, la propuesta hecha por el Rector de la UNAM, doctor José Narro Robles, el 22 de septiembre de 2010, en sesión solemne de Congreso General, conmemorativa del centenario de la UNAM, celebrada el 22 de septiembre de 2010, de cuya trascendente intervención rescatamos los siguientes párrafos:
“Tenemos que dar el gran salto del México desigual, a un México con equidad, solidaridad y justicia social, donde la opulencia y la miseria se moderen como lo planteó Morelos hace 200 años.
”Los derechos sociales para todos los mexicanos son, hoy por hoy, una condición básica para avanzar hacia el país que todos anhelamos, pero no basta con que dichos derechos se enuncien en el texto constitucional, debemos avanzar y hacerlos exigibles.
”La agenda de México en el siglo XXI debe partir de ese reconocimiento. El nuevo curso de desarrollo debe poner en el centro de su eje a la lucha contra la desigualdad, la pobreza, la exclusión, la ignorancia y la enfermedad.
”Debemos reconocer que ningún proyecto vale la pena si no sirve para mejorar las condiciones de vida de la población.
”Es necesario retomar los valores intrínsecos de la política, el diálogo, la negociación, el respeto a las opiniones ajenas y la voluntad de alcanzar acuerdos.
”Ha sido posible establecer pactos políticos que en principio parecían improbables. Hoy quiero, respetuosamente, pedir a esta soberanía que las fuerzas políticas representadas en el Congreso establezcan un gran acuerdo a favor del rescate social que México demanda, del que se requiere para pagar la deuda histórica, del que necesitamos para solucionar los problemas que a Morelos, Juárez o Zapata perturbaban; de ésos que a muchos hoy nos agobian en particular.”
Así, en mi carácter de representante popular, convoco a todos las fuerzas políticas que integran el Congreso de la Unión a que hagamos realidad el rescate social que exige nuestra nación, para que tenga futuro, dentro de la felicidad y justicia, a lo que todos los mexicanos tienen derecho y que todos anhelamos.
Como se ha repetido, si en su momento se han llevado a cabo rescates financieros, carreteros, de los ingenios, de empresas privadas con las reservas del IMSS, urge en equidad que se haga un Rescate Social, que ponga fin al actual desconocimiento de la justicia social; con lo cual además daremos cabal cumplimiento a lo ordenado por nuestra Constitución y diversos instrumentos internacionales signados por México.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Esta Comisión Permanente exhorta a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión a establecer un gran acuerdo que permita llevar a cabo el rescate social que nuestro país exige con urgencia. Haciéndonos así eco de la relevante propuesta hecha por el rector de la UNAM, doctor José Narro Robles, en sesión solemne de Congreso General, conmemorativa del centenario de la UNAM, celebrada el 22 de septiembre de 2010.
Segundo. Esta Comisión Permanente exhorta a ambas Cámaras del Congreso de la Unión a crear un grupo de trabajo que trabaje en conferencia, e integrado por senadores y diputados de todos los grupos parlamentarios, para concretizar con la brevedad posible este gran acuerdo para el rescate social de nuestro país.
Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2011.
Diputado José María Valencia Barajas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a las recomendaciones números 72/2010 y 83/2010, emitidas en diciembre de 2010 por la CNDH, a cargo de la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Florentina Rosario Morales, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En virtud de la accesión de Irak a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, ésta entró en vigor el pasado 23 de noviembre de 2010.
Dicho instrumento internacional establece en su artículo 26 la constitución de un comité integrado por diez expertos de gran integridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos e independientes, que ejercerán sus funciones a título personal, los cuales serán propuestos y elegidos por los Estados parte en votación secreta de una lista de candidatos.
Cabe señalar que hasta el momento, de los 21 países que son partes en la Convención, solamente 3 de América latina (Argentina, Chile y Uruguay) han reconocido la competencia de dicho comité. México es uno de estos países que no han reconocido la competencia del comité.
Sin embargo, dado el historial de desapariciones forzadas en nuestro país durante el periodo denominado de la guerra sucia, y las que se vienen dando a raíz de la lucha en contra del crimen organizado, es necesario que Estado mexicano participe activamente en dicho proceso, mediante la propuesta y postulación de un experto mexicano, que sea el resultado de un proceso transparente, en el que se invite a los organismos defensores de los derechos humanos a que propongan a los candidatos o candidatas que, en su opinión, resulten idóneos para ocupar dichos cargos, en atención a criterios de conocimientos, honorabilidad, experiencia y compromiso.
Por lo expuesto, someto a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en los términos del artículo 31 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, reconozca la competencia del comité que establece dicho instrumento internacional y al hacerlo participe con la postulación de un experto mexicano, previa opinión y consulta de los organismos defensores de los derechos humanos.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 19 de enero de 2011.
Diputada Florentina Rosario Morales (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del INM, de la Policía Federal y de la PGR a investigar los secuestros y las desapariciones de migrantes nacionales y extranjeros indocumentados en el país de abril de 2010 a la fecha, suscrita por el senador Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del PRD
Silvano Aureoles Conejo, senador de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II del numeral 1; 76, fracción IX del numeral 1, 276 y 277 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración, al titular de la Policía Federal y al titular de la Procuraduría General de la República que investiguen acerca de los secuestros y desapariciones de migrantes nacionales y migrantes extranjeros indocumentados en el país, de abril de 2010 a la fecha y que han ascendido a un total de 10 mil secuestros en territorio nacional de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Consideraciones
La migración de mexicanos hacia territorio norteamericano data de hace más de cien años, con o sin política migratoria, pues los lazos de sangre han resultado más fuertes que cualquier frontera material que sea instaurada.
Sin embargo, no siempre la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos fue considerada como un problema, al contrario, la mano de obra mexicana fue necesaria precisamente para el óptimo desarrollo de la sociedad norteamericana, quien se encontraba en vías de desarrollo pero sin la cantidad requerida de hombres trabajadores.
Así es como se inicia el fenómeno migratorio de nacionales mexicanos hacia territorio norteamericano, sin embargo, dada la necesidad de implementar medidas que permitieran un control de esa migración, surgen normas para lograr dicho objetivo.
Esas normas que en lo general surgieron en los Estados Unidos resultaron perjudiciales en muchas ocasiones para los emigrantes mexicanos hacia el país del norte, sin embargo, el Estado mexicano ha dejado mucho que desear por la insipiente, por no decir nula, regulación de la emigración tanto de nacionales mexicanos que se ubican en el sureste del territorio nacional y que migran hacia el norte para cruzar la frontera y llegar a los Estados Unidos, como de los miles de centroamericanos que salen de su país y cruzan la frontera con México para alcanzar el mismo sueño.
Es así como en la frontera sur de nuestro país siempre se han llevado a cabo vejaciones en contra de los migrantes indocumentados centroamericanos, acciones que son efectuadas tanto por ciudadanos mexicanos que se valen de la necesidad de los migrantes y los asaltan.
Estos asaltos, hasta hace unos años, es lo que se presentaba por lo regular en el recorrido de los migrantes hacia el norte de México, junto con la violación a mujeres y niños, sin embargo, la indiferencia tanto de las autoridades como de la propia sociedad, dio pie a que estos delitos se consideraran normales; para muchos era el riesgo que debían de correr para alcanzar su sueño de estar del otro lado , es decir en los Estados Unidos.
El 7 de enero de este año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mencionó que de abril a septiembre de 2010, se han presentado 10 mil secuestros de migrantes en territorio nacional, esto ya no resulta normal para la aventura y riesgo que los migrantes tanto nacionales como extranjeros debían correr en su trayecto hacia el norte del país.
Esta cifra fue dada a conocer después de los continuos casos de violación a los derechos humanos de los migrantes tanto nacionales como extranjeros que cruzan el territorio nacional con la finalidad de llegar a territorio norteamericano.
“El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, informó que la institución que encabeza tiene registrados 214 casos de secuestros colectivos de migrantes perpetrados en México durante 2010”. 1 En cada caso fueron privadas de su libertad alrededor de 50 personas, de ahí que se hable de 10 mil casos de secuestro.
Estos casos tal y como lo señaló el ombudsman nacional deben ser investigados para conocer la identidad de las personas que les causaron daño a cada una de las personas privadas de su libertad.
Aún cuando las cifras antes mencionadas han sido negadas por la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, es menester que ambas partes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por un lado, y la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública, por medio de los titulares del Instituto Nacional de Migración y de la Policía Federal, informen acerca de la situación que se vive en el recorrido del tren que va de Chiapas a Oaxaca y en el cual se ha mencionado que sufren violaciones los migrantes nacionales y extranjeros.
Ello a fin de ser coherentes con un estado de derecho que debe velar en todo momento por la seguridad de todos y cada uno de sus habitantes sea cual fuere su nacionalidad o condición migratoria.
Pero además porque es nuestra obligación como legisladores y más aun como voceros de los ciudadanos, actuar frente a estos hechos y pedir su investigación correspondiente, lo cual es no sólo facultad de la autoridad sino también su obligación.
Es necesario conocer el estado en que se encuentran los extranjeros en las estaciones migratorias y con ello verificar que su detención se haya dado conforme a derecho.
Presenciar el actuar de las autoridades migratorias en las garitas de acceso a territorio nacional vía la frontera sur del país, y denunciar cualquier acto de corrupción que pudiera presentarse en las mismas o cualquier tipo de anomalía.
Por ello, es indiscutible que México necesita de una reforma integral más allá de una ley migratoria, no debemos ser el reflejo de aquello que repudiamos de los Estados Unidos en cuanto al trato a nuestros connacionales.
¿Cuánto tiempo más nos mantendremos inertes ante esta situación? ¿Cuántas personas más tendrán que desaparecer o incluso morir para que se actúe? ¿Cuándo vamos a quitarnos la venda de los ojos de que en nuestro país, todos somos iguales, y se respeta a toda persona sin importar su origen, condición social ni situación migratoria, cuando miles de personas son discriminadas? ¿Cuándo nos vamos a comprometer como sociedad para realmente tener una conciencia de grupo frente a lo que como país nos ocurre? ¿Cuándo vamos a dejar de soñar en que vivimos en el país de no pasa nada? ¿Con qué cara nuestros embajadores acreditados en el exterior, podrán cambiar la imagen de México en otros países si aquí mismo escondemos lo que ocurre en contra de nacionales y extranjeros?
Con base en lo anterior es necesario que las autoridades correspondientes investiguen sobre las desapariciones y secuestros de migrantes nacionales y extranjeros que han ocurrido en los últimos meses en territorio nacional, para no dejar nuevamente al olvido un problema que tiene años de presentarse en nuestro país, el cual padece de una bipolaridad ante el problema migratorio.
Bipolaridad que se presenta por un lado ante el rechazo de varios sectores de la sociedad mexicana, gobernantes, funcionarios públicos, legisladores y opinión pública que nos desgarramos las vestiduras ante las vejaciones que sufren nuestros connacionales indocumentados en los Estados Unidos y la discriminación atroz de la que son objeto en su estancia en aquél país; y por otro lado somos el país de “no pasa nada” en la frontera sur de México en el que se respetan los derechos de los migrantes nacionales y extranjeros, y queremos maquillar cifras o bien, esconder la realidad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que a través del Instituto Nacional de Migración, de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República realicen una investigación exhaustiva acerca de los secuestros y desapariciones de migrantes nacionales y migrantes extranjeros indocumentados en el país, de abril de 2010 a la fecha y que han ascendido a un total de 10 mil secuestros en territorio nacional, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y rindan, con oportunidad, un informe a esta soberanía en los términos que resulten necesarios para no trasgredir los derechos de las víctimas y de los denunciantes.
Segundo. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que asista a una reunión de trabajo con la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a fin de que se analicen los casos de secuestros de migrantes de los cuales han tenido conocimiento a través de las visitas que dicho organismo ha realizado a las diferentes estaciones migratorias ubicadas en el país, en las que se tomaron testimonios de las víctimas.
Tercero. Se exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración que autorice ingresar a una comisión integrada por senadores y diputados a las estaciones migratorias ubicadas en el país, así como a permitir que algún legislador visite las garitas de entrada a territorio nacional por la frontera sur del país.
Notas
1. http://www.eluniversal.com.mx/nacion/182927.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2011.
Senador Silvano Aureoles Conejo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente reitera la naturaleza laica de la educación pública que imparte el Estado mexicano, consagrada en la Constitución Política, y la sujeción obligatoria a sus preceptos por las autoridades de gobierno en todo ámbito y nivel, a cargo del senador René Arce Círigo, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, senador René Arce Círigo, integrante del Grupo Parlamentario del PRD ante la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recoge principios, reglas y valores que marcan la pauta de conducta y el modelo de organización del estado mexicano.
Entre los principios históricos que se encuentra el contenido en el artículo 130 constitucional, que se identifica como “Separación del Estado y las Iglesias ” y que fue sin duda un triunfo histórico del modelo liberal impulsado por Benito Juárez y otros grandes pensadores del siglo XIX. Ellos nos legaron su determinación por una sociedad libre de dogmas religiosos y de cualquier otra índole.
Se trató de una cuestión vital que determinaba el permanecer en el atraso decimonónico o acceder a la modernidad. En efecto, mientras que en Norteamérica y en Europa la separación de los asuntos religiosos con respecto a los de gestión de Estado se habían completado, incluso desde hacía décadas posibilitando el progreso de aquellas naciones; México se ahogaba en el peso sofocante de una iglesia que no aceptaba perder fueros, privilegios e influencia política. Por ello, con las Leyes de Reforma y con la promulgación de la Constitución federal de 1857, el país se dio un marco jurídico en el cual sentaron las bases para culminar su acceso a la modernidad y las luces del pensamiento ilustrado y finalmente, científico.
Uno de los elementos más poderosos de este modelo fue el establecimiento de la educación pública laica y libre de toda influencia religiosa, tal como está hoy en día normado por el artículo 3o. constitucional. Se trata de una de las conquistas más valiosas del movimiento liberal mexicano y de la propia revolución que hace unos meses cumplió un siglo de iniciada.
Y se trata también de una decisión que superó la prueba de la historia pues en este marco se consolidó el Estado laico mexicano como un baluarte del desarrollo económico, político y cultural y sin cuyo eje sería imposible entender el tránsito de México, ciertamente difícil y asimétrico, pero tránsito al fin, hacia la democracia.
Y contra toda esta tradición y logros, el gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez –a propuesta del arzobispo de León, José Guadalupe Martín Rábago– instruyó al secretario de Educación de la entidad, Alberto Diosdado, para que revise el tema de incluir la enseñanza de la religión en las escuelas públicas, pues se dijo convencido de que “los padres deben elegir la educación que quieren para sus hijos”.
Al hacerse eco de la exigencia del arzobispado de León de incluir a la religión en la educación pública, el gobernador de la entidad está reabriendo peligrosamente una cuestión que ya fue zanjada por la historia a un gran costo político, económico, social, y que además de significó la pérdida de muchas vidas ante la insensatez de conservadores y jerarquía eclesiástica que, en la oportunidad, se aferraron a posesiones y poder terrenal.
La justificación de que los padres deben elegir la educación que quieren para sus hijos está mal dirigida pues el artículo 24 de la Constitución fija que:
Artículo 24. Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.
Lo que quiere decir que, bajo la tutela de sus padres, estos pueden brindar la educación religiosa “que más les agrade”.
Por otra parte, lo que el artículo 3o. prevé es simple y directo:
Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación...
...
I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;
La pretensión de incorporar a la religión en la educación pública, tal como lo declaró el gobernador Oliva Ramírez, es además de un contrasentido histórico, una grave falta al deber que juró el gobernador constitucional de Guanajuato de respetar y hacer respetar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ésta emanen y es, a todas luces, un rumbo condenable que no deben tolerar las autoridades y, no desde luego, el Poder Legislativo que tiene el ineludible deber de pronunciarse categóricamente al respecto.
Por lo expuesto, someto a su consideración la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión reitera la naturaleza laica de la educación pública que imparte el Estado mexicano, consagrada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la sujeción obligatoria a sus preceptos por parte de todas las autoridades de gobierno en todo ámbito y nivel.
Segundo: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechaza sin rodeos la pretensión manifestada por el gobernador constitucional de Guanajuato de revisar la posible inclusión de la religión en la enseñanza pública de la entidad por ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero : la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a Juan Manuel Oliva Ramírez, gobernador constitucional de Guanajuato, para que desista de llevar a cabo cualquier acción, particularmente en el ámbito de la educación pública, que debilite la naturaleza laica del Estado mexicano y le recuerda que al inicio de su mandato él juró respetar y hacer respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ésta emanen.
Dado a los 19 días del mes de enero de dos mil once, salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Senador René Arce Círigo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR a agilizar las investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos el pasado 14 de noviembre en Jalpa de Méndez, Tabasco, donde perdieron la vida los jóvenes Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Román, a efecto de que se proceda al deslinde de responsabilidades, a la aplicación de las sanciones correspondientes y a la indemnización de las familias afectadas, suscrita por la senadora Rosalinda López Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, Rosalinda López Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 67, numeral 1, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
A cuatro años de que el gobierno federal decidiera poner en marcha la llamada guerra contra el narcotráfico, los efectos sobre el tejido social han sido desastrosos, porque no sólo ha traído consigo detenciones de criminales o decomisos de dinero, drogas y armas a la delincuencia organizada, sino también grados de violencia e inseguridad sin precedentes de cuyo saldo hoy se reportan más 34 mil asesinatos.
La torpe estrategia que emprendió el gobierno federal supuestamente para disminuir la inseguridad ha impuesto la restricción de los derechos humanos de la sociedad, la violación de éstos y el establecimiento de un régimen de excepción en donde en muchas ocasiones las fuerzas de seguridad encargadas de combatir el hampa no parecen distinguir entre delincuentes y civiles inocentes.
Ante ello, el Congreso del Unión se ha pronunciado sobre la necesidad de llevar un registro puntual de los decesos de civiles donde se indique la edad, sexo y situación legal respecto a la comisión de delitos, a fin de que la población conozca la dimensión real de lo que tristemente el gobierno federal denominó como “daños colaterales”.
A pesar de que esta solicitud no ha sido atendida, extraoficialmente hemos podido conocer por diversos medios de información o derivado de trabajos de investigación, que las cifras de civiles muertos, ya sea en fuego cruzado, retenes u otras acciones policíacas y militares, así como actos deliberados de las bandas delictivas, se ha incrementado de forma alarmante, lo cual para el gobierno federal no parece ser razón suficiente para optar por un cambio en la estrategia que aplica en la lucha contra la criminalidad.
Si aceptamos las afirmaciones oficiales de que del total de los muertos relacionados con el plan antinarco, sólo el 10 por ciento eran personas inocentes, entonces estaríamos hablando de que más de 3 mil 400 civiles tendrían tal condición.
Seguramente el dato real sobre los civiles asesinados nunca lo conoceremos, porque además ha sido práctica común de las autoridades presentar a las víctimas inocentes como personas involucradas en la delincuencia, con objeto de cubrir los errores o abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, es decir, los familiares de las víctimas no sólo tienen que enfrentar el dolor de perder a un ser querido sino también deben soportar la calumnia de las autoridades que califican de sicarios a sus familiares muertos.
Un caso emblemático es el de los dos jóvenes tabasqueños Víctor Manuel Chan Javier, de 21 años de edad, y Ramón Pérez Román, de 23 años, quienes el pasado 14 de noviembre perdieran la vida en el municipio de Jalpa de Méndez en una equívoca acción conjunta de policías y militares que les acribillaron sin justificación alguna. A decir de la autoridad, los jóvenes intentaron evadir un retén de seguridad, pero otra versión, que ante la evidencia resulta más certera, asegura que se trató de un operativo de patrullaje que realizaban elementos del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Marina, así como de fuerzas de seguridad pública federal y del Estado.
Como ha ocurrido en casos recientes, los dos jóvenes fueron criminalizados en una primera instancia. Incluso, el propio gobernador del estado en forma aventurada relacionó a los jóvenes con el narcotráfico, cuando todo señala que eran ciudadanos dedicados al trabajo, el primero de ellos comerciante de ropa y el segundo, trabajador de Pemex, por lo cual se cree que los hoy occisos fueron asesinados sin motivo alguno.
El presente caso fue atraído para su investigación por la Procuraduría General de la República, sin embargo, a más de dos meses de esta tragedia la investigación parece estancada, no existen detenidos por los hechos y los familiares de las víctimas no han recibido por parte del Ministerio Público Federal una versión medianamente creíble de cómo ocurrieron los hechos y de la posibilidad de la consignación, lo que hace pensar que este caso se sumará a la larga lista de los casos de impunidad que aqueja al país.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de la Comisión Permanente, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al procurador general de la República a efecto de que en el marco de sus atribuciones constitucionales agilice las acciones de investigación que lleva a cabo para esclarecer los hechos ocurridos el pasado 14 de noviembre en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, en que perdieran la vida los jóvenes Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Román. Lo anterior para que se proceda con la mayor celeridad al deslinde de responsabilidades y la aplicación de las sanciones correspondientes, así como a la indemnización de las familias afectadas.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2011.
Senadora Rosalinda López Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que envíe al Congreso de la Unión sus propuestas para ocupar la vacante de la Junta de Gobierno del Banco de México y de dos vocales de la del IPAB, suscrita por la senadora Rosalinda López Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, senadora Rosalinda López Hernández, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, así como 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, por la que se solicita al Ejecutivo federal envíe al Congreso de la Unión las propuesta para ocupar puestos claves del Banco de México y del IPAB, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La reforma constitucional de 1994 separó al Banco de México de la administración pública federal y lo convirtió en un organismo con autonomía relativa y con un mandato muy específico, de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 constitucional, que a letra dice
“El estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento.”
En correspondencia a lo que dispone el mandato constitucional, la ley otorga al Banco de México diversas funciones, entre las que destacan las siguientes: regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y los servicios financieros, así como los sistemas de pagos; operar con las instituciones de crédito como banco de reserva y acreditante de última instancia; y, fungir como asesor del gobierno federal en materia económica y, particularmente, financiera.
Según el artículo 38 de su ley reglamentaria, el funcionamiento y la administración del Banco de México, está a cargo de una junta de gobierno integrada por cuatro subgobernadores y un gobernador.
No obstante la relevancia de las tareas encomendadas al Banco de México, actualmente está pendiente la designación de uno de sus miembros, en virtud de que el 31 de diciembre de 2010 se abrió una vacante en su junta de gobierno, al concluir el periodo respectivo para el que fue designado el entonces subgobernador Guillermo Güemez García, quien ocupara dicho cargo desde 1995.
Dada la importancia de dicha institución monetaria para el funcionamiento del sistema financiero y para los mercados financieros, y de conformidad con lo establecido en el artículo 28 constitucional, párrafo séptimo, la Comisión Permanente está en su derecho de exhortar al Ejecutivo federal para que, a la brevedad, envíe a esta soberanía la propuesta para ocupar la vacante en la junta de gobierno del Banco de México, a fin de estar en condiciones de evaluar el perfil y capacidades de quien podría formar parte de la mencionada institución en los próximos años que seguramente serán de grandes desafíos sobre todo en materia de crecimiento económico, inflación y crisis sistémicas.
En este mismo tenor de salvaguardar el funcionamiento de los entes reguladores, tenemos el caso del IPAB, organismo creado para proteger el ahorro bancario, y que entre otras funciones tiene a su cargo establecer los requerimientos de capital de los bancos para evitar problemas de liquidez, administrar y enajenar los bienes asociados a programas de resoluciones bancarias, así como la administración financiera de la deuda derivada de los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca.
Actualmente el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cuenta con dos vocales en funciones: Benito Solís Mendoza y Jorge Eduardo Chávez, esto debido a que Ernesto Zamarripa Morones, quien concluyó su último periodo de cuatro años el 31 de diciembre de 2009, y no ha sido sustituido. Por su parte, el vocal Jorge Chávez Presa terminó su periodo el 31 de diciembre de 2010. En este caso, el Ejecutivo lo puede proponer para un segundo periodo o proponer un candidato diferente.
El procedimiento de designación de las vacantes mencionadas, se encuentra establecido en el artículo 75 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que a la letra dice
“Artículo 75.- La junta de gobierno estará integrada por siete vocales: el secretario de Hacienda y Crédito Público, el gobernador del Banco de México, el presidente de la comisión y cuatro vocales designados por el Ejecutivo federal y aprobados por las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Senadores y en sus recesos, por la misma proporción de integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.”
Dada la importancia de estas instituciones reguladoras para el sistema financiero y sobre todo el bancario, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 28, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 75 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, exhorta al Poder Ejecutivo federal a enviar, a la brevedad, las propuestas para ocupar la vacante de la junta de gobierno del Banco de México y de dos vocales de la junta de gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a fin de que esta soberanía evalúe y, en su caso, ratifique a dichos funcionarios con el fin de preservar el buen funcionamiento y la legalidad de las resoluciones de las mencionadas instituciones.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2011.
Senadora Rosalinda López Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se propone el establecimiento de una mesa bicamaral de reforma del sistema educativo nacional, suscrita por el senador Julio César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, Julio Aguirre Méndez, senador de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta ante esta asamblea la siguiente proposición con puntos de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, por los que se propone el establecimiento de una mesa bicamaral de reforma del sistema nacional de educación:
Consideraciones
Uno de los mayores orgullos para la familia mexicana durante lo que se conoce como “desarrollo estabilizador” fue la posibilidad de superación a partir de la educación pública. La posibilidad de terminar la universidad era garantía de superación personal, orgullo y progreso para la nación.
Sin embargo, hoy el sector educativo vive los embates de fuertes críticas sobre la calidad educativa, infraestructura, enfermedades como la obesidad, falta de agua, una planta docente que carece de instrumentos y materiales para atender grupos de 40 estudiantes, bajos ingresos... La situación de las universidades no es diferente: los continuos recortes, la elevación de costos de la investigación, la falta de oferta educativa y la contracción de mercado laboral nacional en un mundo global donde se requiere el desarrollo de las matemáticas, las ingenierías, donde nuestros egresados emigran a Estados Unidos, China, Europa, India, debe ser una advertencia clara junto con las observaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de que nuestro sistema educativo en su conjunto muestra signos de debilidad estructural que requieren cirugía mayor.
Esta reforma no sólo debe considerar la discusión del presupuesto. Debe antes que nada rediscutir el papel de la educación para la sociedad mexicana, para la integración social del Estado y el desarrollo de la capacidad de los ciudadanos. No podemos seguir con un modelo educativo donde
• 4 de cada 10 personas mayores de 15 años están en situación de “rezago educativo”. Personas que no concluyeron estudios de educación básica son analfabetas, no terminaron la primaria o la secundaria y esa situación las hace enfrentarse en condiciones de desventaja en el mercado laboral, con ingresos promedios de entre seis y ocho pesos por hora laborada, mientras que una persona que alcanza estudios universitarios logra ingresos de 56 pesos la hora, según estimaciones de la Secretaría de Educación Pública.
• El número de mexicanos con capacidades mínimas de educación se incrementó más de 3.6 millones de personas en las últimas dos décadas, al pasar de 29.7 millones a 33.4 millones, informó el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.
• De acuerdo con la OCDE, la calidad educativa en México retrocede de forma constante, en detrimento de la competitividad, la productividad y el bienestar de la población en el tiempo. El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, pidió a senadores continuar las reformas pendientes, donde sobresale la educativa.
• De acuerdo con datos proporcionados por la SEP, en México 1 de cada 100 estudiantes termina los estudios universitarios, y está directamente ligada esta tasa de éxito al nivel de ingresos del estudiante. En otras palabras, nuestro sistema educativo ha dejado de cumplir su función social con las familias de menores recursos que quieren estudiar, pero que no pueden financiarlo.
Por ésas y otras razones es fundamental que el Congreso de la Unión establezca con la mayor brevedad una mesa de trabajo para refundar el sistema educativo, con énfasis en su papel social y las necesidad del mercado de trabajo mundial, una mesa convocada desde el Congreso con todos los actores que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sectores público y privado, para alcanzar una reforma de Estado en la materia.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a cada una de las Cámaras a impulsar la creación de una comisión bicamaral para el establecimiento de una mesa de reforma del sistema educativo nacional.
Segundo. A través de esta comisión bicamaral, el Congreso de la Unión establecerá prioritariamente una agenda de acercamiento con gobierno, universidades, sociedad civil, intelectuales, sindicatos, representantes de gobiernos extranjeros y organismos internacionales, a fin de establecer una reforma integral del sistema educativo.
Tercero. La comisión bicamaral se establecerá para la reforma del sistema educativo conforme al siguiente procedimiento:
I. Diagnóstico del sistema educativo nacional.
II. Presentación de propuestas.
III. Consulta pública.
IV. Negociación y construcción de acuerdos.
V. Redacción del proyecto.
VI. Aprobación, firma y presentación de iniciativa.
Los temas por tratar serán los siguientes:
I. Calidad educativa.
II. Descentralización.
III. Financiamiento de la educación en México.
IV. Transparencia y resultados del gasto público.
V. Infraestructura educativa.
VI. Desarrollo e investigación.
VII. Programas de estudio.
VIII. Becas y apoyos económicos.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2011.
Senador Julio César Aguirre Méndez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que instruya a la SHCP, a la PGR y a la ASF para que realicen las investigaciones necesarias que expliquen la desaparición del Fideicomiso Ferrocarrilero de Empalme, Sonora, suscrita por el senador Julio César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, senador Julio Aguirre Méndez, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, así como el 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, por la que se solicita al Ejecutivo Federal gire instrucciones a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República, así como a la Auditoria Superior de la Federación para realizar las investigaciones que expliquen la desaparición del Fideicomiso Ferrocarrilero de empalme, Sonora.
Consideraciones
Como parte de la reforma en 1995, al cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tuvo por objeto sustituir el régimen de participación exclusiva del Estado en el servicio ferroviario, por otro que permite la participación de los particulares, se estableció la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. Por la cual se privatizó al sector ferroviario nacional a través de concesiones a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. En esta ley se determinó que el proceso de reestructuración del Sistema Ferroviario Mexicano, el 19 de diciembre de 1997 se constituyó ante Nacional Financiera, SNC, un fideicomiso, que se denominó Ferronalesjub 5012-6 con una aportación inicial de 13 mil 529.75 millones de pesos. El objetivo del fideicomiso que tiene como finalidad, garantizar el pago de las rentas vitalicias de los trabajadores jubilados.
El 4 de junio de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su ley orgánica, en el que se establecen una serie de disposiciones, a través de las cuales se llevará a cabo la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México.
El artículo 4o., y el Segundo Transitorio de dicho decreto, se establecen claramente los derechos laborales de los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México:
Artículo 4o. Los derechos laborales de los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, generados conforme al Contrato Colectivo de Trabajo aplicable y a la ley, serán respetados. En toda época, el gobierno federal garantizará complementariamente el pago vitalicio de las pensiones otorgadas a los trabajadores jubilados y pensionados, de Ferrocarriles Nacionales de México, en el caso de que el fondo de jubilaciones sea insuficiente.
Segundo. El pago de las pensiones no podrá ser retenido por ninguna circunstancia, salvo por decisión judicial.
Sin embargo, dos hechos muestran una preocupante situación para los pensionados de la Ferrocarriles Nacionales de México. De acuerdo a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación de 2003-2004, al término del sexenio de Felipe Calderón, en 2012, alrededor de 37 mil 65 ferrocarrileros jubilados se quedarán sin pensión. Para entonces, los millonarios fondos del fideicomiso Ferronalesjub -destinado al pago de sus pensiones- se habrán agotado.
De acuerdo con las proyecciones de elaboradas por la ASF, con base en las tablas de mortalidad de los jubilados, la administración federal tendrá que cubrir las pensiones hasta 2042. Así, las finanzas públicas erogarán 31 mil 180 millones 700 mil pesos de 2012 y hasta que fallezca el último pensionado de Ferrocarriles Nacionales de México.
Y es que de conformidad con el artículo cuarto del decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferronales, y de la cláusula décima octava del convenio modificatorio, este adeudo será transferido al gobierno.
De acuerdo a los estudios de la ASF de 2007 advierte que para el año 2012 el universo de jubilados por atender sería aún considerable, ya que las estimaciones basadas en tablas de mortalidad indican una población de 37 mil 65 jubilados en ese año. Esta cifra representa el 64.4 por ciento de la población existente en 2000.
Añade que:
“el valor estimado de las erogaciones por nómina que quedarían pendientes de pago a partir de 2012 y hasta 2042, y que en las circunstancias descritas representarían una obligación solidaria del gobierno federal, ascenderían en términos nominales a 31 mil 180 millones 700 mil pesos y a 7 mil 715 millones 400 mil pesos a precios de 2004, descontados a una tasa del 10 por ciento. Esta última cantidad es equivalente al 59.9 por ciento de las disponibilidades al cierre de 2004”.
El Informe de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2004 y 2007, elaborado por la ASF refiere que la gran mayoría de la población tiene entre 46 y 85 años, que representa el 94.9 por ciento del universo y a quienes se cubre el 95.7 por ciento del valor de la nómina mensual. Además las finanzas de dicha figura fiduciaria detallan que en el periodo 2001-2004, “mientras el fideicomiso eroga recursos que en promedio significaron 19 centavos de cada peso de patrimonio, sus respectivos ingresos solamente representaron 12 centavos”. Al 31 de diciembre de 2006, el Ferronalesjub resguarda 9 mil 728 millones 333 mil pesos, mientras que los pronósticos de la ASF toman como saldo 12 mil 875 millones 778 mil pesos, cantidad correspondiente a lo fideicomitido hasta el 31 de diciembre de 2004.
Una parte de la explicación del déficit se debe a que los ingresos evolucionaron a una tasa media de crecimiento negativo de 10.9 por ciento, correspondiente a la disminución de los rendimientos por intereses al aplicarse a un patrimonio cada vez menor. Además, por las nulas aportaciones del gobierno federal y la disminución de la valorización de cuentas en UDIS, como efecto del descenso en la inflación del periodo.
De acuerdo al informe de la Auditoría Superior de la Federación “la distribución de las pensiones pagadas es sumamente inequitativa, en lo que se refiere al monto. Y es que 71 por ciento de la población percibe menos de 4 mil pesos mensuales, cifra inferior a la media general de 4 mil pesos. El monto conjunto de estas pensiones representa el 57.7 por ciento del total pagado”.
La disparidad en las pensiones del Ferronalesjub es tal, que mientras 34 mil 290 ferrocarriles perciben menos de 4 mil pesos, 96 reciben más de 20 mil cada mes.
La ASF concluyó que cuando se elaboró el padrón de beneficiarios del fideicomiso no se estableció un tope razonable para aquellos que percibían salarios elevados, que les hubiese garantizado un nivel confortable de vida sin que ello implicara una carga para los fondos fideicomitidos.
A nivel particular, la otra historia del incumplimiento de las obligaciones del Estado con los trabajadores de Ferronales, son las miles de quejas de pensionados por la corrupción en el manejo del fideicomiso, tal es el ejemplo que publica el diario Reforma el lunes 3 de enero de 2011 donde pone en evidencia como mientras los pensionados de Ferronales de Empalme, Sonora, técnicamente ha desaparecido su pensión, los lideres y administradores del fideicomiso viven más allá de los posibles ingresos que les otorga su cargo.
Los funcionarios y líderes sindica les involucrados en un presunto fraude por 400 millones de pesos del fondo ferrocarrilero de Empalme Sonora se enriquecieron inexplicablemente denunciaron los ex trabajadores Alejandro Barrientos ex representante de Ferrocarriles Nacionales en Sonora, Miguel Ángel Rodríguez Ochoa ex abogado representante del sindicato ferrocarrilero, Vicente Ríos Ulloa abogado de Ferrocarriles, y Juventino César Jiménez López ex funcionario de la Junta Federal número 23 de Conciliación y Arbitraje, todos fueron denunciados penalmente por la adquisición de autos de lujo y varias propiedades tras la desaparición del dinero del fideicomiso.
De acuerdo con la averiguación previa AP PGR SON HER 1 1180 2006, que está en manos de la fuente citada, que menciona que al desaparecer Ferronales en 1999 y crearse un fideicomiso el año siguiente se otorgó un fondo de 416 millones de pesos para los jubilados de ese municipio. Sin embargo los funcionarios encargados del fondo sólo entregaron 16 millones de pesos y a partir de 2001 comenzaron a acumular casas negocios y vehículos de lujo.
De acuerdo a la Secretaría de Hacienda de Hermosillo, Alejandro Barrientos adquirió una propiedad en el fraccionamiento Villa Bonita, con valor de 1 millón 234 mil 76 pesos, Juventino Jiménez compró un inmueble con valor de 1 millón 880 mil y uno más valuado en 327 mil 600 en el fraccionamiento residencial Bretaña mientras que Miguel Rodríguez Ochoa adquirió dos inmuebles con valor total de un millón 645 mil, Juventino Jiménez posee un BMW Sedan valuado en 395 mil 801 pesos, Miguel Rodríguez Ochoa quien incluso libró una orden de aprehensión girada en su contra por el delito de fraude, posee una camioneta Jeep Patriot con valor de 203 mil pesos, además de un Civic Honda modelo 2007, una camioneta Explorer y un automóvil Pointer.
Los privilegios no son muy distintos en el caso de Alejandro Barrientos posee una camioneta Ford Escape valuada en 269 mil 500 pesos. La denuncia ante la PGR que fue ampliada en 2008 señala que además que Miguel Rodríguez Ochoa es dueño de un restaurante mientras que Alejandro Barrientos es dueño de un despacho de abogados.
Liliana González Arce representante legal de los ferrocarrileros explicó que los funcionarios adquirieron las propiedades en 2001 de acuerdo con la documentación de la propia Tesorería municipal de Hermosillo apenas un año después de que se signara el fideicomiso ferrocarrilero.
El otro lado de esta tragedia está en los casos de los trabajadores que destinaron toda su vida a las vías de los trenes nacionales, hoy viven condenados a vivir con ingresos entre 3 a 4 mil pesos al mes.
Es prioritario establecer en la agenda nacional atender no solo el caso de los pensionados de Ferrocarriles Nacionales, sino de todos aquellos casos donde se realizaron privatizaciones, tal como es el caso de los jubilados de Banrural, donde el Estado reivindiqué su papel en la protección de los derechos de los trabajadores, es inevitable que el Congreso de la Unión realice inyecciones de capital al fideicomiso, pero debe ser a condición de transparentar su administración y castigar a los responsables, y en la medida de lo posible recuperar, si así de demuestra, los desvíos de recursos para uso distintos del fondo de pensiones de Ferronales.
El Congreso de la Unión debe construir su autoridad moral en este caso haciendo suya la denuncia de los pensionarios de Empalme, Sonora y solicitando a las autoridades hacendarias, y a nuestro propio órgano de investigación sancionar y resarcir los daños causados al patrimonio de los ex trabajadores ferrocarrileros.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal gire instrucciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República, así como que la Auditoria Superior de la Federación para realizar las investigaciones necesarias para explicar la denuncia de actos de corrupción que han llevado a la desaparición del Fideicomiso Ferrocarrilero de Empalme, Sonora.
Segundo. En concordancia con las recomendaciones de la Auditoria Superior de la Federación de la honorable Cámara de Diputados, a la Cuenta Pública de los ejercicios 2004-2007. Esta Cámara exhorta al Ejecutivo federal realizar una inyección de capital al Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 de Nacional Financiera, SNC, destinado al Fondo de Jubilaciones de los trabajadores ferrocarrileros jubilados del organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, a fin de cubrir el déficit financiero cumplir con las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos laborales que garantizan el pago vitalicio de las jubilaciones y prestaciones de los pensionados en comento.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2011.
Senador Julio César Aguirre Méndez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicitan la evaluación del Atlas de Riesgo de Pemex y la implantación de un programa técnico nacional contra el robo de combustible que incorpore tecnología de punta y asesoría científica, suscrita por los senadores Rubén Fernando Velázquez López y José Luis García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, senadores Rubén Fernando Velázquez López y José Luis García Zalvidea, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, correspondiente a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la evaluación del Atlas de Riesgo de Pemex, así como la implantación de un programa técnico nacional contra el robo de combustible que incorpore tecnología de punta y asesoría científica, a tenor de las siguientes
Consideraciones
Durante la pasada comparecencia del director de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, se señaló que el número de tomas clandestinas en los ductos de la paraestatal aumentó de 462 en 2009 a 712 en 2010, aunque el robo de hidrocarburos se redujo de 3 millones a un millón 700 mil barriles en ese mismo periodo. Con esto, el robo de combustibles representa 0.4 por ciento del total de la producción de Pemex y 0.8 por ciento del total de ventas de la paraestatal.
Además de ello, se precisó que 69 por ciento de la toma clandestina se concentró en sólo seis entidades federativas: Veracruz, Sinaloa, estado de México, Tamaulipas, Nuevo León y Puebla.
Desde 2009 trascendió en los medios de comunicación, que ha sido la delincuencia organizada quien se ha hecho del robo de combustibles en varias entidades del país. 1 Y al ser el mercado negro de hidrocarburos generador de cuantiosas ganancias, por lo que es posible que muchos funcionarios puedan estar involucrados en el ilícito.
Cabe destacar que en los tres primeros años de la presente administración, ha perdido más de 20 mil millones de pesos por este ilícito. Por ejemplo, la información dada a conocer por Pemex en el boletín de prensa 149/2009 destaca que, “en 2008, el robo de combustibles ascendió a 9 mil 300 millones de pesos”.
La injerencia de delincuencia organizada en el robo de combustibles está creciendo de manera desmesurada por su rentabilidad. Sin duda, hubo un cambio significativo cuando el pequeño robo de algún trabajador o ex trabajador pasó a la delincuencia organizada. Las consecuencias del actual fenómeno tienen implicaciones mucho más graves que requieren de una enorme coordinación de la paraestatal con las fuerzas armadas, la Policía federal, el Ministerio Público federal y los gobiernos locales.
Ahora comandos armados protegen la toma clandestina y utilizan cada vez más recursos para la ordeña de combustible, tales como la clonación de pipas autorizadas, estanques con mayor capacidad para almacenar y mejores equipos para el bombeo.
Hay que resaltar que el asunto del robo de combustible no es nuevo. El robo de combustibles en la paraestatal más importante de México es considerado una de las más importantes fallas en seguridad industrial, según se desprende del acta de sesión 780.
Para mediados de 2007, el consejo de administración de Pemex tenía como principal preocupación la Cuenca de Burgos, el yacimiento de gas no asociado más grande de México que se ubica entre los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y que se divide en bloques concesionados a las trasnacionales Repsol, Petrobras, Teikoku Oil, Techint, Tecpetro y D&S Petroleum. En este sentido, de acuerdo con lo dicho por Jesús Reyes Heroles en aquella sesión del consejo, el robo de combustibles en esa zona es un “fenómeno de mucha preocupación para el consejo”, pues a diario se extraían ilícitamente 8 mil barriles de condensado de gas, con un valor anual estimado entonces en 1 mil 600 millones de pesos.
De acuerdo con la copia del acta 780, Georgina Kessel solicitó entonces al director de la paraestatal le explicara por qué “no había ninguna persona o auto particular involucrados”. 1
Al respecto debo señalar que para a finales de 2010 –y después de la tragedia en San Martín Texmelucan, Puebla– el titular del Ejecutivo federal señaló en entrevista que “se han planteado tres alternativas para acabar con el robo de combustibles a Petróleos Mexicanos: una técnica, una legislativa y una administrativa”. En materia técnica “se está colocando un sistema automático en ductos de la paraestatal que ya está en las instalaciones de gas y se hace en las de gasolina y que al detectar una presión baja se bloqueará”. 3 De este modo, resulta imprescindible la instauración de un programa técnico, con tecnología de punta y asesoría científica, que permita detectar oportunamente la toma clandestina, y evitar y reducir así, el robo de combustibles a la paraestatal.
Por otra parte, recordemos que el 9 de diciembre de 2010, el Senado de la República aprobó reformas penales para tipificar este tipo de sustracciones como grave y en ese sentido aumentar las penas, por tratarse de un elemento de propiedad federal. Además de ello, las personas que sean acusadas de robo de hidrocarburos serán considerados como miembros de la delincuencia organizada. Igualmente, a quien altere los instrumentos de medición utilizados para enajenar o suministrar hidrocarburos refinados, proceso o sus derivados, será castigado de 3 a 10 años de prisión y de 200 a mil días multa, aumentando la multa al doble cuando se trate de un trabajador o servidor público.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita al director de Petróleos Mexicanos para que presente a esta soberanía, en un plazo no mayor a ocho días naturales, para que con base en el Atlas de Riesgo del Sistema Nacional de Gasoductos y en el Sistema de Identificación de Instalaciones y Activos, presente un informe sobre el proceso de evaluación y administración de riesgo, para conocer
a) Los tramos con niveles de riesgo intolerable;
b) Las tendencias de riesgo de falla;
c) Los factores de riesgo críticos de acuerdo a estadísticas de incidentes;
d) El mantenimiento y la atención en tramos de riesgo;
e) Las áreas de población y ambientales altamente vulnerables, y
f) La evaluación en la toma de decisiones por parte de la paraestatal con relación a los riesgos.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular de la Secretaría de Energía y al director general de Petróleos Mexicanos, para que de conformidad a la esfera de sus competencias, y con auxilio de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, se proceda urgentemente al diseño, constitución e implementación de un programa técnico nacional contra el robo de combustible que incorpore tecnología de punta y asesoría científica.
Notas
1. Entrevista con Fortuna el ahora exadministrador corporativo de Pemex, Rosendo Villarreal, septiembre de 2009.
2. http://www.petroleumworldmexico.com/extramx09081001.htm
3. Entrevista con Ezra Shabot del 21 de diciembre de 2010, en elhttp://www.terra.com.mx/noticias/articulo/1014304/Robo+de+combustible +causo+la+explosion+afirma+Calderon.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2011.
Senadores. Rubén Fernando Velázquez López, José Luis García Zalvidea (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las fuerzas políticas de Guerrero a preservar un ambiente que garantice la libre manifestación de ideas, y el respeto y la integridad de los ciudadanos y del proceso electoral, suscrita por los senadores Julio César Aguirre Méndez y Rubén Fernando Velázquez López, del Grupo Parlamentario del PRD
Los que suscriben, senadores Julio César Aguirre Méndez y Fernando Velázquez López, integrantes de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, por la que se exhorta a las fuerzas políticas del estado de Guerrero a preservar un ambiente de respeto que garantice la libre manifestación de las ideas políticas a fin se de garantizar el respeto y la integridad de los ciudadanos y el proceso electoral.
Consideraciones
Desde hace años la entidad de Guerrero ha sufrido el incremento de la violencia, y con ella la muerte relacionadas con la lucha contra el crimen organizado, asesinatos y hostigamiento contra compañeros de los medios de comunicación, este clima de violencia que vive la familia guerrerense, no es ajena para la clase política, el asesinato de prominentes líderes del PRD y del PT, activistas sociales, entre otros casos ensombrecieron mucho antes de la campaña electoral el emergente espíritu de la democracia en la región.
A este clima de violencia se suma la mayor presencia de corporaciones policíacas y fuerzas armadas que generan un clima de confrontación y de guerra sucia. La semana pasada no fue la excepción en el campo electoral, en la madrugada del 12 de enero, en la ciudad de Chilpancingo nuestro compañero Guillermo Sánchez Nava –representante del PRD ante el Instituto Estatal Electoral de Guerrero– fue brutalmente golpeado por integrantes del Comité de Campaña del candidato a la gubernatura Manuel Añorve Baños. De acuerdo con la versión de testigos Sánchez Nava los ubicó en las inmediaciones del palacio de gobierno en Chilpancingo, comenzó a tomarles fotografías y en respuesta los priístas respondieron con golpes, pedradas, patadas y garrotazos, por un grupo de aproximadamente 20 jóvenes enfundados en playeras verdes y negras, con la M de Manuel Añorve, candidato de la coalición PRI, PVEM y el PANAL “Tiempos Mejores para Guerrero”.
No fue suficiente con este acto contra la integridad física de uno de los líderes históricos de la izquierda en Guerrero la escena del crimen fue alterada y se borraron evidencias del carro de la víctima con el aval de las autoridades locales.
La agresión contra nuestro compañero de partido no es un hecho aislado, mucho menos un accidente, fue un acto deliberado contra quien en uso de las facultades que le otorga su representación ante el órgano electoral intentó demostrar la campaña sucia de integrantes del Revolucionario Institucional en contra de la propaganda de la coalición Guerrero nos Une. La agresión es un acto deliberado de un partido contra la libertad política, y que recuerda los años negros en nuestro estado, un acto que sumando a la contracampaña contra el candidato de la coalición Guerrero nos Une genera un clima de animadversión social.
Como representantes populares ante el Congreso de la Unión exigimos a las autoridades estatales y municipales, así como a los partidos que forman parte de la contienda electoral, conducirse en el marco de una competencia electoral que respete la integridad física de los ciudadanos, garantizar la libre expresión de las ideas y dejar a un lado aquellas actitudes que exacerban el clima de violencia días previos a la elección en el estado de Guerrero.
El Partido de la Revolución Democrática y quienes somos amigos de la victima manifestamos nuestra mayor indignación por esta agresión contra el vida de Guillermo Sánchez Nava, expresamos desde la máxima tribuna de la nación nuestra solidaridad con la familia, y exigiremos justicia; bajo ninguna circunstancia callaremos nuestra voz, ni dejáramos en la arbitrariedad de las autoridades locales otro acto de impunidad.
Aunque se han presentado las respectivas quejas ante la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales y el Instituto Electoral del Estado de Guerrero por la destrucción de la propaganda de nuestro candidato, solicitamos que esta Comisión Permanente se pronuncie por exhortar al gobierno del estado, a las autoridades municipales, autoridades electorales, fuerzas políticas y las autoridades investigadoras desahogar las pesquisas correspondientes a fin de encontrar a los responsables que atentaron contra Guillermo Sánchez Nava, que en este momento lucha entre la vida y la muerte, así como todas aquellas acciones que atentan contra el buen desarrollo del proceso electoral del estado de guerrero.
Por lo expuesto y fundado sometemos a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los partidos políticos que participan en el proceso electoral por la renovación del gobernador del estado de Guerrero a conducir las campañas en el marco de respeto y libertad de expresión que garanticen un proceso electoral democrático en paz.
Segundo. La Comisión Permanente exhorta al Partido Revolucionario Institucional del estado de Guerrero a coadyuvar con las autoridades para localizar a los individuos que cometieron el ataque y sean presentados ante las autoridades ministeriales.
Tercero. La Comisión Permanente exhorta al gobierno del estado, a las autoridades municipales y demás autoridades responsables a priorizar las investigaciones para consignar a los responsables del ataque contra Guillermo Sánchez Nava, a fin de contener los efectos de un ambiente de confrontación electoral en el municipio de Chilpancingo, Guerrero.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2011.
Senadores: Julio César Aguirre Méndez, Rubén Fernando Velázquez López (rúbricas).
Con punto de acuerdo, para inhibir la actividad minera tóxica en Baja California Sur, suscrita por el diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del PVEM
Eduardo Ledesma Romo, diputado integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Cuando se habla de minería se involucra en todo momento a diversos impactos ambientales, puesto que esta actividad implica la extracción física de materiales de la corteza terrestre, con frecuencia en grandes cantidades para recuperar sólo pequeños volúmenes del producto deseado.
La minería puede realizarse por cuatro métodos, minas de superficie, que son aquellas a cielo abierto u otras excavaciones abiertas, y que incluyen la gran mayoría de las minas a nivel mundial; las minas subterráneas, aquellas a través de túneles; las de pozos de perforación, para la recuperación de minerales y combustibles y las submarina o dragado, las que aproximadamente podría extenderse a la minería profunda de océanos
La minería a cielo abierto, es una actividad de alto impacto ambiental, debido a que se remueve la capa superficial o sobrecarga de la tierra para hacer accesibles los extensos yacimientos de mineral.
Las actividades para una mina superficial o de cielo abierto son:
• Desmonte: remoción total de la vegetación en la zona a minar
• Despalme, se distingue como la operación de retirar el suelo, con frecuencia el suelo se retira junto con las rocas.
• Barrenación: Es una operación de perforación de las rocas.
• Voladura: La operación utilizada para fragmentar las rocas mediante explosivos.
• Rompimiento: Operación de fragmentación de las rocas poco o no consolidadas sin el uso de explosivos.
• Carga o excavación: Las rocas fragmentadas son excavadas y cargadas al medio de transporte.
• Acarreo: Cuando se trata de la mena, es el transporte de las rocas cargadas hacia la planta de beneficio o de procesamiento; cuando se trata de las rocas del descapote, es el trasporte hacia el área de terreros.
Cada una de estas actividades genera un impacto ambiental específico que pueden incrementarse de acuerdo con la extensión de la zona a minar, del material a utilizar y del mineral a extraer.
En el desmonte y despalme se habla de la eliminación de las capas más externas: la vegetación y el suelo, por lo cual se pierden áreas de alimentación, anidación y refugio de la fauna, lo que origina el desplazamiento de especies hacia otras zonas. Si el proyecto es de gran dimensión, la biodiversidad puede verse afectada puesto que puede eliminarse ecosistemas completos.
Con la barrenación, en caso de utilizar explosivos, se producen impactos por ruido, polvo, vibraciones en el suelo que dañan estructuras cercanas y la contaminación del aire ocasionada por los vapores de las voladuras. Dependiendo de la profundidad, tipo de roca a detonar, la cantidad y frecuencia del explosivo, es la magnitud de los impactos.
Derivado de la voladura y la extracción de rocas, existen afectaciones al agua subterránea en su calidad y cantidad. En muchos casos se hace necesario bajar el nivel de las aguas subterráneas para evitar que éstas penetren en la mina. Esto se logra mediante pozos abiertos, ubicados dentro y alrededor de la explotación, los cuales hacen descender el nivel de agua por debajo del piso inferior de la mina; ello permite explotar la mina en seco. Por lo general, el agua de los pozos no está contaminada y puede evacuarse directamente en las aguas superficiales, no obstante las consecuencias de la reducción del nivel freático son significativas: desecación de pozos en los alrededores, hundimientos del terreno, alteración parcial o total de la vegetación en el área adyacente por cambios en el nivel freático.
En el caso de la minería como de otras industrias, se reconoce que el desarrollo de sus actividades impacta al ambiente; sin embargo, pocas veces se admiten las repercusiones económicas y sociales que se derivan de los impactos ambientales.
La degradación en conjunto provoca la pérdida de la productividad real o potencial en la zona de extracción minera y repercute en el aspecto económico de la población afectada. Ejemplo de ello, son los cambios en la cantidad y calidad del agua se reflejan en una menor disponibilidad para riego de cultivos o para el consumo humano y del ganado. La consecuencia económica es un incremento en los costos debidos a las obras necesarias para obtener agua, y/ o pérdidas agropecuarios debidas a la escasez.
Otro ejemplo es la afectación sobre la calidad del agua superficial y subterránea. Esta se puede alterar principalmente por la contaminación proveniente de las sustancias empleadas en la voladura (nitratos y amonio), por el uso de sustancias peligrosas durante el beneficio (mercurio, cianuro, ácidos orgánicos entre otros) o por la liberación del drenaje ácido. La manifestación más desfavorable de la contaminación es sobre la salud humana y es una expresión clara de cómo la modificación del ambiente repercute en la sociedad.
Al igual que los acuíferos y aguas superficiales contaminadas no son adecuados para uso doméstico y agropecuario, el suelo contaminado por metales pesados queda inhabilitado para la siembra de cultivos, y puede bajar el rendimiento de las cosechas. La contaminación del suelo significa la pérdida de recursos naturales básicos para el desarrollo de la sociedad, principalmente para las localidades. El tratamiento del suelo y agua puede ser muy costoso o difícil de implementar.
Todos estos impactos, pueden ser minimizados o revertidos, si se realiza una evaluación de los mismos, con detenimiento y profundidad.
El desarrollo económico del estado de Baja California Sur, se ha basado entre otros en la explotación de los recursos mineros, actividad que ha representado por muchos años una fuente de vida para diversas comunidades de Baja California Sur como Guerrero Negro, Santa Rosalía e Isla de San Marcos, situación que ha permitido el desarrollo de las comunidades que ahí habitan, sin embargo, en el estado han existido diversos proyectos para la generación de nuevas mineras a cielo abierto para la extracción de oro, mismas que utilizan de manera intensiva, grandes cantidades de cianuro, una sustancia muy tóxica, que permite recuperar el oro del resto del material removido. Para desarrollar todo este proceso, se requiere que el yacimiento abarque grandes extensiones y que se encuentre cerca de la superficie. Como parte del proceso, se cavan cráteres gigantescos, que pueden llegar a tener más de 150 hectáreas de extensión y más de 500 metros de profundidad.
Asimismo, los nuevos proyectos mineros en el Estado, han buscado iniciarse en áreas naturales, en donde afortunadamente el Gobierno Federal ha logrado frenar su instalación, tal es el caso de proyecto minero Concordia, el cual no se considero viable su operación por la cercanía a la costa, además de la afectación que tendría a la biodiversidad de la zona. De manera adicional, destaco que la zona en donde se pretendía ubicar este proyecto, será dedicada única y exclusivamente a la conservación.
Es por ello, que este tipo de extracción minera no se considera por ningún motivo viable, por lo cual, no se debe permitir la instalación de cualquier tipo de minería tóxica que atente contra el medio ambiente y contra la calidad de vida de los ciudadanos.
Por lo anterior, es necesario que los tres niveles de gobierno apoyen la actividad económica minera, sin poner en riesgo la calidad de vida de los habitantes a través de las autorizaciones de extracción minera de proyectos de alta peligrosidad tóxica, que pudieran contaminar entre otros, los mantos acuíferos.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al gobierno federal y al del estado de Baja California Sur, a celebrar convenios de coordinación o colaboración, para que se establezca bases que permitan regular la actividad minera y prohibir toda extracción toxica para las comunidades de la entidad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 19 de enero de 2011.
Diputado Eduardo Ledesma Romo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a implantar medidas que garanticen el cumplimiento de los lineamientos generales para el expendio o la distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT
El pasado lunes 10 de enero, regresaron a clases poco más de 27 millones de niños y jóvenes a continuar con sus estudios de educación básica. El asunto novedoso en este regreso a clases es que se empezaron a aplicar los lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar y cooperativas de los planteles de educación básica.
Es decir, a partir de esta fecha, los planteles escolares deberán contar con alimentos y bebidas con alto valor nutricional y no el contenido exhibido en los empaques que sustituyen los nutrimentos necesarios para complementar la dieta diaria de nuestros infantes.
Debemos recordar que esta ha sido una lucha que distintos sectores de la sociedad han emprendido, que viene de la alarma provocada por el incremento de la obesidad infantil y enfermedades crónico-degenerativas a muy corta edad, como la diabetes infantil y los cada vez más numerosos problemas de hipertensión.
En este sentido, ambas Cámaras del Congreso de la Unión aprobaron reformas a la ley General de Salud y a la Ley General de Educación para prever en ellas una serie de disposiciones para fomentar una vida sana partiendo del entorno escolar, entre las niñas y los niños mexicanos.
Este tipo de acciones provocaron que las empresas productoras mostraran una férrea resistencia a que los productos que elaboran y venden fueran regulados y prohibido su consumo dentro de los planteles escolares. Presiones a las que fuimos sometidos legisladores y funcionarios del gobierno federal.
Los poderes fácticos iniciaron una campaña para denostando al Congreso pretendiendo obstaculizar la aprobación de los cambios en las leyes y después para que se aprobaran unos lineamientos a modo para dichas industrias.
Es por ello que el Ejecutivo Federal tuvo que doblar las manos y permitir que las reformas originalmente planteadas, fueran sólo el matiz de este grave problema y así seguir sirviendo a los intereses económicos de los empresarios.
El negocio del que estamos hablando no es menor. La estimación que se hace que se obtienen utilidades por 40 mil millones derivada de la venta de los productos en las cooperativas escolares.
Vemos con mucha preocupación que los lineamientos dados a conocer por la SEP el año pasado y que están publicados en el Diario Oficial de la Federación desde el 23 de agosto de 2010, son sólo un paliativo, una medida parcial al problema de fondo, que es modificar los hábitos alimenticios de la niñez mexicana.
A pesar de ello, los funcionarios de la SEP se ufanan en señalar que, gracias a sus esfuerzos las empresas productores de alimentos y bebidas que se venden en las escuelas mostraron voluntad y disposición para modificar sus productos, que incluso estuvieran abiertas a instrumentar convenios para implementar programas de vida saludable en las escuelas.
Empresas como Grupo Bimbo, Coca-Cola y Pepsico, señalan en su publicidad que los productos que ahora comercializan en las escuelas están avalados por la Secretaría de Educación Pública y son los recomendados para su consumo en la población infantil.
Como medida, ahora las empresas comercializan sus productos no necesariamente con una modificación a los contenidos nutrimentales de lo que ofrecen, sino sencillamente, surten para su venta productos con menores cantidades de envasado.
No comprendemos como los lineamientos aun permiten la venta de galletas, pastelitos, confites y postres de hasta 140 kilocalorías y bebidas con edulcorantes, cuando se ha demostrado que este tipo de productos son los que provocan obesidad y sobrepeso en los niños.
No se trata de ahora poner a disposición de los alumnos porciones pequeñas de los mismos productos que les pueden provocar obesidad. ¿Qué va a suceder si consumen varias de estas porciones? El resultado será el mismo, las niñas y los niños estarán consumiendo la misma comida basura.
Compañeras y compañeros legisladores: los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos de que se deben tomar medidas de fondo para atender el problema del sobrepeso y la obesidad infantil.
Nuestro grupo parlamentario ha hecho una serie de propuestas que permitirían ir resolviendo este problema de salud pública.
Una de las propuestas que hemos realizado es la relativa a instaurar en los planteles escolares públicos, las áreas de comedores, donde los alumnos puedan recibir una alimentación lo mejor balanceada posible y que sea garantía de proporcionar en los niños, los micro y neuronutrientes necesarios para el desarrollo físico y mental de ellos.
Una segunda propuesta, radica en que en dichos comedores escolares, puedan intervenir directamente los padres en la elaboración, el control y la supervisión del suministro de los alimentos para los educandos, además de ser los encargados de coordinar las mesas de trabajo para complementar la composición alimentaria de las comidas, con personal profesional y especializado en el área nutricional.
Finalmente, hemos de decir que esta propuesta es noble, toda vez que no tratamos de desproteger a las industrias productoras de los alimentos procesados, sino de garantizar que la alimentación de los niños sea lo más completa y balanceada posible, donde pueda incluir la posibilidad de ofrecer desde uno de estos alimentos, hasta complementos alimenticos de origen naturista.
Por las consideraciones expuestas y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a implementar las medidas correspondientes para garantizar el efectivo cumplimiento de los Lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica.
Dado en el Salón de Sesiones de la honorable Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los diecinueve días del mes de enero de dos mil once.
Diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex a cumplir el pago justo y oportuno de las indemnizaciones para los afectados por el incendio que provocó el derrame de un ducto de la paraestatal en San Martín Texmelucan, Puebla, suscrita por los senadores Leticia Jasso Valencia y Luis Maldonado Venegas, del Grupo Parlamentario de Convergencia
Leticia Jasso Valencia y Luis Maldonado Venegas, senadores de la república por Nueva Alianza y Convergencia, respectivamente, en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a cumplir con el pago justo y oportuno de las indemnizaciones para las personas afectadas debido al incendio provocado por el derrame ocurrido en el ducto de la paraestatal localizado en San Martín Texmelucan, Puebla, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 19 de diciembre de 2010, el municipio de San Martín Texmelucan, estado de Puebla, fue escenario de un lamentable incidente en el ducto de la paraestatal, lo que causó un incendio provocando la pérdida de cuando menos 30 vidas, 52 personas heridas o lesionadas, así como la destrucción y afectación de construcciones destinadas para casa habitación y dañando gravemente parte de la zona agrícola.
Las primeras investigaciones sobre este suceso indican que la tragedia fue ocasionada por la llamada “ordeña ilegal” en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), pesquisa que está en curso y que tendrá que llegarse al fondo para señalar a los responsables.
Las consecuencias de este caso rebasaron el lucro ilícito para convertirse en un crimen atroz que cobró la vida de hombres, mujeres y niños totalmente ajenos a la actividad de Pemex.
No obstante lo anterior y aceptando la responsabilidad que pudiera corresponderle, las autoridades de Pemex asumieron su compromiso para atender el siniestro de manera conjunta con el gobierno municipal y estatal que ya se encontraban en el lugar de los hechos con acciones que evitaron la propagación del incendio, realizando las maniobras necesarias para mantener el control de la situación
Asimismo, los representantes de la empresa petrolera, en conferencia de prensa realizada el miércoles 22 de diciembre de 2010, con la participación de su director general, doctor Juan José Suárez Coppel, expreso lo siguiente: “Desde el punto de vista presupuestal, Pemex ha hecho ya las reservas pertinentes para poder enfrentar esta contingencia [...] Originalmente habíamos destinado para los primeros gastos, 30 millones de pesos, al día de hoy hemos crecido ese monto a 85 millones de pesos [...] Ya contabilizando los bienes públicos, que también están ahí, la reconstrucción de los puentes, de la calle y demás, se puede llegar probablemente a más de 200 millones de pesos, probablemente cerca de 300, que con el seguro y las pólizas que tenemos, más la reserva que estamos haciendo, tenemos suficiente capacidad de liquidez para enfrentar esta contingencia”.
Sin embargo, se hace necesario que esta soberanía cuente con los elementos fidedignos para vigilar el cabal cumplimento a los compromisos contraídos por los representantes de Pemex y se restituya de manera justa y oportuna a los habitantes de San Martin correspondiente a los deudos por la pérdida irreparable de sus familiares, así como aquellos que sufrieron daño patrimonial y quienes perdieron su actividad laboral a causa de las afectaciones en las áreas destinadas al sector agrícola.
De la misma manera, a este Poder Legislativo se le tendrá que rendir un informe pormenorizado del resultado de las investigaciones realizadas y las medidas adoptadas para que no vuelva a ocurrir una tragedia de esas dimensiones.
En mérito de lo expuesto, y debido a la comparecencia que presentó el director general de Petróleos Mexicanos ante la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se concluyó que a la fecha existen reportes parciales del peritaje ofrecido por la paraestatal, en la que se insiste que aparentemente se debió a una toma clandestina, sin embargo, y de acuerdo a sus propias conclusiones, faltan por realizar el estudio metalográfico, mecánico, y fractográfico para entonces presentar la conclusión final de la causa del origen del siniestro.
Por otra parte, es necesario que se tenga un reporte pormenorizado y sustentado de los ciudadanos a quienes se hayan indemnizado debidamente en lo particular o a sus beneficiarios, así como a quienes aún no han recibido lo correspondiente, igualmente aquellos que perdieron bienes muebles e inmuebles y precisar el mecanismo implementado para resarcir los daños.
Por lo expuesto con antelación, se somete a consideración del pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al director general de Petróleos Mexicanos un informe detallado y sustentado sobre el pago de las indemnizaciones para los ciudadanos afectados en la pérdida irreparable de sus familiares, así como aquellos quienes fueron dañados en sus bienes muebles e inmuebles por el incendio en un ducto de Pemex en San Martín Texmelucan, en el estado de Puebla.
Segundo. Se informe sobre la totalidad de terrenos de cultivo siniestrados, las reclamaciones de los afectados, el monto de las indemnizaciones a sus poseedores o propietarios y los pendientes de cubrir especificando la fecha en que se reparará el daño en su totalidad de igual forma exponer las acciones programadas para aquellos, quienes a razón de esta desgracia perdieron su actividad laboral en la zona agrícola y las medidas para que esta recupere su productividad.
Tercero. Se informe a esta soberanía las acciones emergentes tomadas para realizar una verificación y control total de los ductos en toda la República Mexicana para prevenir y evitar accidentes propios de su funcionamiento o causados por factores externos.
Cuarto. Presentar por escrito las acciones programadas para rendir el informe respectivo de los avances en el estudio metalográfico, mecánico y fractográfico por periodos de quince días hasta la conclusión del dictamen.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2011.
Senadores: Luis Maldonado Venegas, Leticia Jasso Valencia (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar un programa nacional de prevención y detección temprana de la insuficiencia renal crónica, y a estimular la formación de especialistas en nefrología, suscrita por el senador Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo Parlamentario de Convergencia
El suscrito, senador Ericel Gómez Nucamendi, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que implemente un programa nacional de prevención y detención temprana de la insuficiencia renal crónica, asimismo a que se incentive la formación de especialistas en nefrología, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Con la evolución del conocimiento científico y los enormes avances tecnológicos las expectativas de vida de los seres humanos se han incrementado considerablemente. Por ejemplo, la longevidad de la población latinoamericana pasó de 70.5 años en el 2000 a 75.7 en el 2006.
Los mexicanos, en las dos últimas décadas han aumentado el promedio de vida en 5 años, llegando a 78 años para las mujeres y 73 para los hombres.
Sin duda, estas cifras son indicativas del envejecimiento de la población mundial, tendencia que continuará en ascenso en los próximos años.
Sin embargo, más años de vida no necesariamente significa mayor calidad y mucho menos, salud plena.
En los últimos tiempos hemos sido testigos del incremento de padecimientos y enfermedades que generalmente acompañan al envejecimiento de los individuos, pero que también se presentan en etapas tempranas derivadas no sólo de la genética o males congénitos, sino de los hábitos alimenticios y el sedentarismo característico de la época actual.
La diabetes, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, entre otras, son algunas de las enfermedades crónico degenerativas que están tomando proporciones pandémicas a nivel mundial.
Estas enfermedades representan una grave carga para los sistemas de salud nacionales, pues demanda mayores recursos y capacidad de infraestructura para atenerlas.
Sin embargo la atención de estas enfermedades presenta grandes diferencias entre los países desarrollados y los no desarrollados, pues mientras los primeros centran sus esfuerzos en la prevención y detención temprana, en los segundos apenas se está concretando la transición epidemiológica y por ende atender las etapas terminales.
La insuficiencia renal crónica es una enfermedad silenciosa que por ser asintomática tienen una alta influencia sobre la morbilidad y mortalidad de la población mundial. Existe un gran número de personas que sin saberlo presentan algún deterioro en los riñones y que generalmente se detecta en etapas avanzadas, cuando las únicas opciones de tratamiento son la diálisis peritoneal o el trasplante.
A diferencia de lo que ocurre con otras enfermedades crónicas, se ha minimizado su potencialidad epidemiológica entre la comunidad médica, las autoridades y sobre todo a la población en general.
Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad renal crónica provoca alrededor de 60 por ciento de las muertes a nivel mundial.
México no es ajeno a esta situación. La enfermedad renal crónica representa la tercera causa de muerte hospitalaria en el país, por lo que debe ser considerada como un problema de salud pública.
Esta enfermedad causa grandes cambios en la vida de los pacientes y de sus familias, pues requiere de tratamientos permanentes que en gran mayoría de los casos incapacita a los enfermos afectando severamente el núcleo familiar y las finanzas personales.
La insuficiencia renal crónica afecta alrededor de 128 mil mexicanos, de los cuales 50 por ciento son atendidos por el sistema de seguridad social, sin embargo el restante 50 por ciento no tienen servicios médicos.
Estos últimos, se ven forzados a recurrir a los servicios de salud pública o acudir a médicos particulares.
El gobierno federal ha tenido como objetivos fundamentales en materia de salud, lograr una cobertura universal hacia el 2012, hasta el momento ha afiliado alrededor de 35 millones de mexicanos sin embargo, desde el año 2003 en que se puso en marcha el programa, el catálogo de las enfermedades ha incrementado gradualmente su cobertura, sobre todo de aquellas que representan altos costos en su tratamiento.
Pese a que el Seguro Popular, cubre 266 enfermedades, deja afuera aquellas que han incrementado su incidencia en la población mexicana, tales como cánceres de próstata y pulmón, hepatitis C, e insuficiencia renal crónica, entre otras que representan un fuerte desembolso para las familias.
Además de que los afiliados se enfrentan a una pésima atención medica, deficiente estructura, falta de medicamentos y de especialistas, así como condiciones insalubres para realizar las diálisis. Todo ello representa para el enfermo invertir más de 32 horas a la semana, pues tiene que realizarse la diálisis tres veces a la semana, y enormes desembolsos monetarios.
Por lo que es necesario que el Sistema de Protección Social en Salud fortalezca la calidad de atención en los afiliados, así como que se amplíe el catálogo de enfermedades que cubre.
Otro aspecto que debemos tomar en cuenta es la reducida plantilla de especialistas que hay en el país. Tan sólo hay 500 nefrólogos para atender a los 128 mil enfermos renales crónicos. Por lo que para asegurar la óptima atención de los pacientes se debe incentivar el incremento en el número de médicos especializados.
Aunado a ello está la falta de una cultura de donación de órganos. En México se realizan tan sólo dos mil trasplantes anuales.
Por todo ello es necesario que se implemente una campaña permanente para prevenir y alertar a la población sobre la enfermedad renal y las formas de prevención a fin de que sean detectadas y atendidas a tiempo.
Sólo así se promoverá el auto cuidado de la salud, incidiendo en la prevención y detección oportuna de la enfermedad renal crónica y los problemas de salud asociados a estos.
Asimismo, es menester hacer una revisión de las políticas públicas de salud preventiva y educación en la materia, pues permitiría ahorrar hasta 500 veces en gastos por intervenciones médicas.
En suma, la insuficiencia renal crónica debe ser considerada un problema de salud pública que requiere de un plan de acción de prevención y control por parte de las autoridades de salud.
Lo cierto es que la insuficiencia renal crónica es de rápido desenlace, por lo que el tratamiento debe iniciarse de inmediato una vez detectada.
No olvidemos que una población saludable representa un potencial de desarrollo para los países.
Por lo expuesto con antelación, se somete a consideración del pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que instruya al titular de la Secretaría de Salud a revisar las políticas públicas destinadas a prevenir las enfermedades crónicodegenerativas, asimismo a que se implemente un programa nacional de prevención y detección temprana de la insuficiencia renal crónica; en donde se contemplen estrategias para incentivar la formación de especialistas en nefrología.
Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud que incluya en el catalogo de cobertura de enfermedades catastróficas del Seguro Popular, la atención de la insuficiencia renal.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2011.
Senador Ericel Gómez Nucamendi (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a abstenerse por la Segob de implantar cualquier medida relativa a la activación del proyecto de cédula de identidad hasta en tanto el Congreso de la Unión no defina medidas legislativas en torno del tema, suscrita por los diputados Mercedes del Carmen Guillén Vicente y Canek Vázquez Góngora, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, diputados Mercedes del Carmen Guillen Vicente y Canek Vázquez Góngora, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Gobernación a detener la implementación del proyecto de la cédula de identidad ciudadana.
A raíz del anuncio del Presidente Calderón, en junio de 2009, mediante el cual planteó la activación del proyecto de la cédula de identidad ciudadana, se expresaron diversas inquietudes por parte del Poder Legislativo, Órganos Autónomos, Partidos Políticos y Sociedad Civil en razón de que la medida desconocía la nueva realidad política del país, implicando una innecesaria e inexplicable duplicidad de esfuerzos, recursos y experiencia, además de hacerse evidente una discrecional urgencia por agilizar el proyecto.
En este contexto, el Congreso de la Unión, siendo sensible a la expresión de estas inquietudes y entendiendo su responsabilidad en la construcción del marco jurídico que permite encuadrar la nueva realidad política que garantiza el desarrollo y fortalecimiento de la democracia en nuestro país, generó sendos exhortos para que el gobierno federal detuviera la implementación del referido proyecto.
Con estos antecedentes, el Pleno de la Cámara de Diputados, reconociendo que estas discrepancias eran políticas y jurídicas y que un proyecto de esta magnitud e implicaciones debía ser promovido y consensado como un propósito de Estado, más que de un gobierno en turno, decidió la constitución de un Grupo Plural de trabajo para revisar el desarrollo del proyecto de la cédula de identidad ciudadana, a efecto de escuchar todas las posturas sobre el tema y, de esta forma, impulsar los cambios legislativos pertinentes.
De esta forma, hace unos días, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), fiel a su funcionamiento coyuntural-mediático e ilusionadamente convencido de la eficacia de su gestión, ha desechado las dinámicas y recomendaciones generadas por otras instituciones del Estado mexicano como el Poder Legislativo y órganos como el Instituto Federal Electoral y el Instituto Federal de Acceso a la Información, entre otros, al anunciar la reactivación del proyecto de la cédula para menores de 18 años, refiriendo que, en cuanto a los mayores de 18 años, se estaría implementando lo más pronto posible.
La Segob deja de nueva cuenta serias dudas sobre aspectos centrales que deben ser observados. Por ejemplo, la activación del registro de menores de 18 años puede implicar una medida encubierta para crear la infraestructura necesaria para su registro, no solo en la circunstancia durante la minoría de edad sino también, en la mayoría de esta. Contando con esta plataforma, que va a impedir a la Segob dar inicio con el registro de los mayores de 18 años. Que va a pasar entonces con la credencial para votar con fotografía. Se debe concluir entonces que la Segob insiste en una inexplicable e innecesaria duplicidad de esfuerzos y recursos al omitir deliberadamente la experiencia y efectividad del Instituto Federal Electoral, que ha permitido a la sociedad mexicana contar con el documento que no solo garantiza la certeza de la participación ciudadana en los comicios sino que, en razón de su seguridad, es el principal documento de identificación para los mexicanos.
En este contexto, el gobierno federal estaría trasgrediendo claramente lo que establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que obliga a los servidores públicos a administrar los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
Por otro lado, la Segob no precisa como se va a garantizar el blindaje de los datos a efecto de evitar su filtración. Qué medidas se estarían adoptando para evitar el acceso de la delincuencia como ocurrió en abril del año pasado cuando se descubrió que por cierta cantidad se podían obtener diversas bases de datos. De la misma forma es necesario cuestionar como decidió el gobierno federal que es necesario registrar las 10 huellas digitales y el iris de los ojos. Cuáles serán los controles de confianza para el personal que realice los registros y administre la información. Como se va a garantizar lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto al derecho a la protección de datos personales, a su acceso, rectificación y cancelación, así como al derecho de manifestar la oposición respectiva. Estas son preocupaciones planteadas no solo por los legisladores sino también por el Instituto Federal de Acceso a la Información.
Asimismo, la Segob anuncia que el costo aproximado de la expedición de la cédula para menores de edad será de poco más de 300 millones de pesos. En este sentido, en el marco del análisis, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, los diputados reasignamos los recursos que, durante 2010, el gobierno federal proponía para el proyecto de la cédula. Para 2011 los diputados mantuvimos nuestra decisión y no aprobamos recursos específicos para el referido proyecto. Esta disposición se enmarca en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que plantea que los diputados federales deberán aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo y se inserta en una dinámica que genera arduas negociaciones que derivaron en una decisión colegiada que la Segob no reparó en anular.
En este contexto el Congreso de la Unión, a través de la Comisión Permanente reitera que este tema debe pasar por una integral, profunda, razonada y responsable deliberación, centrada en los aspectos vinculados con el ejercicio de las funciones del Estado y la distribución competencial que hace la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de ellas. La protección de datos personales de los ciudadanos, el uso y confluencia de las bases de datos en poder de diferentes órganos del Estado, los pretendidos elementos exigibles para acreditar la identidad de los ciudadanos y la construcción el registro correspondiente.
En este sentido, reiteramos nuestra coincidencia plena con la necesidad de fortalecer los documentos de identificación sin embargo, insistimos en la necesidad de no incurrir en conductas unilaterales que conduzcan a la improvisación y que arrastren a una implementación irresponsable y arbitraria de uno de los proyectos más importantes para el Estado mexicano, por lo que nos permitimos proponer, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente exhorta al Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, se abstenga de implementar cualquier medida relativa a la activación del proyecto de la cédula de identidad, hasta en tanto el Congreso de la Unión no defina las medidas legislativas pertinentes, en torno al tema, que precisen certeza jurídica y reconozcan las condiciones políticas enmarcadas en la realidad y desarrollo democráticos en nuestro país.
Comisión Permanente, a 19 de enero de 2011.
Diputados: Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Canek Vázquez Góngora (rúbricas).
Con punto de acuerdo, relativo a la agresión perpetrada contra Guillermo Sánchez Nava, representante ante el IEEG de la Coalición Guerrero nos Une, a cargo de la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Si bien el país está sumergido en una espiral de violencia, y en ese sentido los comicios ya han sido empapados de sangre, como en el caso de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y demás, no debe seguir siendo esto un hecho que para muchos puedan ser montajes con fines políticos.
La agresión proferida a Sánchez Nava en Guerrero abre la puerta a que el día de la elección se puedan suscitar actos de violencia contra los militantes de todos los partidos políticos que contienden por la gubernatura, y de la misma forma a la población civil.
Y en ese estado, donde los índices de delincuencia e impunidad están por los cielos desde hace más de 50 años, esto seguiría siendo la mayor muestra del estado fallido en procuración de justicia, y respeto de los derechos humanos.
Las declaraciones del senador Castro, del PRI, de que dicha agresión es un montaje con fines políticos genera un encono y un rencor hacia ese instituto, ya que consta en la averiguación previa y en los documentos de ingreso del ciudadano su estado delicado de salud. Por ello, dichas declaraciones faltan a la verdad y a la objetividad en un asunto tan delicado como la vida de un ciudadano.
Si bien no quiero también ser irresponsable y culpar a alguien en específico de dicha acción, sería necesario que todos los involucrados buscáramos el esclarecimiento y que las investigaciones se lleven conforme a derecho, pues la vida de un ser humano está en juego, y eso es más grande que cualquier elección.
Por ello creemos firmemente que deben caber la cordura y la mesura en dicho acto, pero hay una preocupación fundada ante la inacción de la procuraduría estatal en resolver e investigar el caso.
Por lo expuesto solicito respetuosamente al pleno de la Comisión Permanente que se aprueben, de urgente u obvia resolución, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con total respeto de la división de poderes, exhorta al procurador general de Justicia del Estado de Guerrero, David Augusto Sotelo Rosas, a enviar un informe sobre las investigaciones y acciones en torno del caso de Guillermo Sánchez Nava.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con total respeto de la división de poderes, exhorta a los partidos políticos que contienden en Guerrero a conducirse conforme a derecho en la jornada electoral del 30 de enero de 2011.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con total respeto de la división de poderes, exhorta al gobernador constitucional de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo, a dar garantías de seguridad durante lo que queda del proceso electoral, hasta la conclusión de éste, a los involucrados en él.
Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2011.
Diputada Florentina Rosario Morales (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo al rezago del país en investigación científica y tecnológica, a cargo del senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del PVEM
El suscrito, senador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Según el Estado de la Ciencia 2010, que la UNESCO elabora cada cinco años, nuestro país es uno de los que menos invierten en este rubro, lo cual se ha traducido en una baja producción científica y escasa formación de investigadores, además de la expulsión de profesionistas con nivel de doctorado a otros países.
En contraste, según el diagnóstico, naciones emergentes como Brasil, India, China y Rusia han tenido avances significativos en esta materia.
Mientras Brasil y Rusia destinan uno por ciento de su producto interno bruto (PIB) en investigación y desarrollo, México dedica a ello 0.4 por ciento, aún y cuando la Ley de Ciencia y Tecnología determina desde 2006 que se le debe otorgar un porcentaje mayor (1 por ciento).
La inversión del País está incluso por debajo de India que destina 0.8 por ciento de su PIB. Mientras que China invierte 1.4 e Israel 5 por ciento.
Del total de investigadores en el mundo, apenas 0.5 por ciento son mexicanos, Brasil e India aportan 2 por ciento, cada uno; Rusia, 7; China 14, y Estados Unidos, 20. Además, en Brasil y Argentina, de cada 100 doctores, 3 y 5 respectivamente, emigran a otros países, mientras que de México se van 14 por año.
La investigación científica en México está totalmente desatendida, sobre todo la ciencia básica, con lo que se ha convertido en una nación “científicamente analfabeta”.
El sistema científico mexicano se encuentra en una situación alarmante ante la falta de inversión, proyección e inoperatividad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Tenemos un Conacyt que no cubre las expectativas del país, es inoperante, únicamente mantiene los centros públicos de investigación y otorga becas, pero no fomenta una política científica.
Otros países como Brasil con el ex presidente Luiz Inácio Lula establecieron una política de Estado para los biocombustibles, y el día de hoy se han convertido en una potencia en materia aeronáutica.
En México la política de Estado sobre la ciencia es que no hay una política de Estado y nos hemos convertido en una nación que no invierte en esta área, destinando a las futuras generaciones a buscar empleo en otros países.
El Conacyt ha tenido retrasos en la publicación de las convocatorias para financiar los proyectos de ciencia básica, ejemplo de ello, fueron las convocatorias del 2008, las cuales se dieron a conocer 20 meses después y los de la convocatoria ciencia básica SEP-Conacyt 2009 fueron publicados 13 meses después, es decir el pasado 18 de diciembre.
Es una pena que no atendamos el rubro de la investigación. Es inaceptable que organismos internacionales como la UNESCO nos lo hagan saber.
Debemos apostar a una mayor inversión en los rubros de: ciencia, tecnología y educación; y a partir de ellos podremos solucionar otros problemas que tanto nos aquejan en nuestro país.
En México reprobaron casi el 90 por ciento de los docentes de educación básica en las áreas de Ciencias; esto es un indicador que nos invita a tomar decisiones urgentes.
Por todo lo anteriormente aquí expuesto y fundamentado, quien suscribe integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México respetuosamente solicito a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión se analice la presente proposición y se tome los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, en uso de sus atribuciones y funciones, gire instrucciones a la Dirección General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a fin de que rinda un informe detallado respecto a los programas que se otorgan para el apoyo del desarrollo de la ciencia y la tecnología.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que en el uso de sus atribuciones y funciones gire instrucciones a la Dirección General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a fin de que rinda un informe detallado sobre los retrasos en las publicaciones de las convocatorias para financiar los proyectos de ciencia básica.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente en el primer receso del segundo año de la LXI legislatura del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos.
Senador Javier Orozco Gómez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a implantar medidas para vigilar y sancionar a los proveedores de bienes y de servicios que incurran en prácticas abusivas, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT
El suscrito, diputado federal a la Sexagésima Primera Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo atendiendo a las siguientes
Consideraciones
La política económica impuesta por la tecnocracia neoliberal desde hace casi 30 años ha sido profundamente lesiva para las familias mexicanas.
Muestra de lo anterior es la más reciente escalada de precios que se ha dado a lo largo de 2010 y que seguirá vigente para el presente año.
Desde finales del año pasado fueron anunciados incrementos en productos y servicios que tienen un alto impacto en la canasta básica como son la gasolina, la electricidad y el gas. Dicho incremento se tiene proyectado entre un 2 y 3 por ciento.
Para la población este tipo de aumentos no son nuevos. A lo largo de 2010 vivimos una política de incremento de los precios en diversos artículos de consumo diario, lo que provocó que el índice nacional de precios al consumidor (INPC) se incrementará en 4.40 por ciento, el índice especifico de la canasta básica de 4.19 por ciento, y el índice nacional de precios al productor (INPP) aumentó 3.70 por ciento, de acuerdo a cifras oficiales.
La carestía ha afectado a productos de consumo básico, que son parte fundamental de la dieta de los mexicanos. Por ejemplo, la tortilla ha acumulado un incremento en su precio del 46.7 por ciento de 2006 a 2010, lo que quiere decir que su precio prácticamente se ha duplicado. El pan de caja ha sufrido un incremento similar, es decir, de 53.3 por ciento; el huevo, de 57.1 por ciento; el pollo entero, 52 por ciento; y el arroz, 61por ciento.
Empresas de consultoría señalan que la principal presión a los precios provendrá de los bienes y servicios públicos proporcionados por el gobierno federal. El Ejecutivo sigue empecinado en una política de precios que distorsiona el mercado interno en su afán de equilibrar los precios de estos bienes y servicios a los de referencia de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos de América.
El incremento en los combustibles genera que el transporte busque ajustar sus tarifas al alza para no absorber dicho costo de su margen de utilidad, lo que termina impactando en el bolsillo del consumidor final.
El precio de los alimentos se ha convertido en un dolor de cabeza para las amas de casa de nuestro país. El incremento sostenido de los principales granos en el mercado mundial ha afectado negativamente el nivel de precios en México. La Organización de las Naciones Unidad para la Agricultura y la Alimentación calcula que a nivel mundial el precio de los alimentos se incremento durante 2010 en 21.8 por ciento con relación a los niveles de 2009.
El panorama en este tema para 2011 no es positivo, ya que se estima que habrá una reducción en la oferta de 1.4 por ciento y países emergentes como China demandarán mayor cantidad de insumos agrícolas.
Pero no sólo factores externos han incidido en el precio de los alimentos y lo granos en nuestro país. Situaciones de contingencia climatológica y la especulación también han presionado a la alza los precios.
A pesar de todos estos aumentos en los precios de bienes y servicios a la largo de 2010, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos decretó a finales del año pasado un incremento general al salario mínimo de 4.1 por ciento, una decima abajo del incremento de la canasta básica (4.2 por ciento) y tres decimas abajo del INPC (4.4 por ciento). Con ello, entre 2000 y 2010 los precios de la canasta básica acumulan un incremento de 76.1por ciento y el salario mínimo de 65.3 por ciento, esto es, una pérdida adquisitiva de 10.8 puntos o de 14.2 por ciento.
Los datos que hemos señalado no admiten debate alguno.
La política económica de la presenta administración es totalmente ineficaz para garantizar el nivel de vida de los mexicanos y ya está poniendo en riesgo la estabilidad social y política de nuestro país.
Es preciso que el Poder Legislativo tome cartas en el asunto y modifiquemos las leyes necesarias para dar un nuevo rumbo a México y a los mexicanos.
La proposición que sometemos a la consideración de esta honorable Comisión Permanente para que exhortar de manera urgente a la Secretaría de Economía a que tome medidas urgentes para impedir abusos con los precios de la canasta básica.
Por las consideraciones expuestas, sometemos a su consideración, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Economía a implantar las medidas correspondientes para vigilar y sancionar a los proveedores de bienes y servicios que realicen prácticas abusivas en perjuicio de los consumidores.
Dado en el salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente, a 19 de enero de 2011.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP, de la Secretaría de Economía, de la STPS, de la Comisión Federal de Competencia y de la Profeco a instaurar medidas para proteger el creciente deterioro de los salarios mínimos recién aprobados, suscrita por la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Cora Cecilia Pinedo Alonso, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que la Cámara de Diputados, exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Comisión Federal de Competencia y a la Procuraduría Federal del Consumidor, con el fin de que instrumenten todas las medidas necesarias y suficientes para proteger el creciente deterioro de los salarios mínimos recientemente aprobados.
Consideraciones
El Banco de México reporta a través del Índice Nacional de Precios, que la inflación del mes de diciembre de 2010 fue de 0.5 por ciento, por lo que la inflación anual fue de 4.4 por ciento.
Esto, según el Banco de México, es consecuencia de importantes aumentos en los precios de energía, electricidad, así como de diversos productos básicos importantes en la dieta de la mayoría de la población, así como de frutas y verduras que en promedio aumentaron durante el periodo más de 30 por ciento.
Adicionalmente, se han autorizado aumentos de 8 centavos al precio del diesel y la gasolina magna y 4 centavos a la gasolina premium, estos aumentos entraron en vigor el sábado 8 de enero. Con estos nuevos precios, la gasolina magna cuesta 8.84 pesos el litro, la premium 10.14 y el diesel 9.20.
De mantenerse estos aumentos a lo largo del año, el precio de la gasolina premium aumentará 4.75 por ciento respecto a diciembre, la magna 10.9 por ciento y el diesel 10.5 por ciento.
También es muy posible que aumenten las tarifas eléctricas, de acuerdo al secretario de Hacienda, estos aumentos, son para dar continuidad a algunos ajustes que van del 2.8 por ciento al 6.6 por ciento.
Adicionalmente se han incrementado el precio del gas, peajes carreteros y pago de derechos como agua, predial y transporte.
Este incremento de los precios, es resultado del incremento sobre todo de los bienes y servicios administrados y concertados, lo que implica necesariamente pérdida del poder de compra del Salario Mínimo General, situación que vulnera a la mayoría de la población ocupada ya que al tercer trimestre de 2010, el 56.72 por ciento de la población ocupada ganaba hasta tres salarios mínimos.
El efecto de la inflación sobre los salarios mínimos es devastador. Esto lo reconoce la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Canasami), en el informe anual de la comisión técnica.
Este efecto inflacionario, deteriora el poder adquisitivo del salario. Recordemos que la inflación opera como un impuesto muy costoso para la clase trabajadora al pulverizar sus bajos salarios.
Esta realidad debe reconocerse y compensarse, no sólo porque afecta seriamente el nivel de ingreso de la población, sino porque deteriora el consumo y debilita el mercado interno.
Como se puede ver, México no cuenta con una política de empleo, ni salarial que compense el creciente deterioro del ingreso de los trabajadores, proceso que se hace evidente desde hace años y que ahora se profundiza de manera preocupante por el creciente incremento de los precios.
En adelante, las expectativas no son mejores, el incremento de los precios continuarán repercutiendo negativamente en los bolsillos de los mexicanos.
El incremento de 4.1 por ciento a los salarios mínimos para 2011, dado a conocer el 23 de diciembre pasado en el Diario Oficial de la Federación, es absolutamente insuficiente para atender las necesidades de una familia. A partir del 1 de enero de 2011 el salario mínimo para el área geográfica A será de 59.82 pesos diarios; para la área geográfica B, 58.13 pesos por día y para el área geográfica C, 56.70 pesos diarios.
A pesar de esto, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, dice que con este incremento de 4.1 por ciento a los salarios, se pretende reparar la pérdida del poder adquisitivo en los salarios, dar certeza y seguridad en el empleo, ofrecer confianza a la inversión y evitar que los trabajadores sigan perdiendo capacidad de compra.
Lo más grave y contradictorio es que por un lado el gobierno federal pretende alcanzar una baja inflación y por otro, toma medidas que atentan contra este objetivo, como son la instrumentación de aumentos administrados de los precios de algunos energéticos producidos y distribuidos por empresas públicas, como son las gasolinas, el diesel, y la electricidad, productos y precios clave, que necesariamente impactan todas las cadenas productivas y de distribución de la economía nacional.
Estas contradicciones de la política pública deben corregirse urgentemente. Las instituciones responsables deben hacer algo para compensar el impacto negativo que estas alzas tienen en el ingreso de la gente.
Todas estas medidas impactan seriamente la dinámica de los precios, generando inflación real e inercial, afectando y deteriorando severamente el nivel de ingreso de los trabajadores.
Adicionalmente a esto, debemos de admitir que el aumento a los salarios mínimos en México, de sólo 4.1 por ciento, no compensa, ni fortalece el ingreso real de las familias de la clase trabajadora, ya que este aumento es sólo inercial y pretende, sin lograrlo, sólo compensar el incremento de la inflación de 2010. Recordemos que el incremento nominal fue de sólo 2.36 pesos.
Diferentes estudios demuestran que los salarios mínimos han caído sistemáticamente, en especial en los últimos quince años han caído 75 por ciento.
Esta política salarial tan regresiva, es reconocida por organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, cuando argumenta que México es uno de los países de América Latina que no ha superado el nivel del poder adquisitivo de hace 17 años. Por lo que podemos afirmar que nuestro país presenta una tasa de crecimiento negativo de los salarios.
En este contexto el Estado mexicano está obligado a compensar, proteger y sobre todo, detener el deterioro del ingreso de los trabajadores, creando expectativas económicas que le den estabilidad, mejorando el perfil de distribución de la renta hacia un esquema más equitativo y favorable a los trabajadores.
Esperando siempre una respuesta pronta y positiva de las Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaria de Economía y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y tomando en cuenta las consideraciones expuestas con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Comisión Federal de Competencia y a la Procuraduría Federal del Consumidor, con el fin de que instrumenten todas las medidas necesarias y suficientes para evitar y/o detener el creciente deterioro de los salarios mínimos recientemente aprobados.
Segundo. Se informe a esta soberanía de los resultados obtenidos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2011.
Diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión especial encargada de dar seguimiento a los procesos electorales en Guerrero y Baja California Sur, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, Fernando Castro Trenti, María del Socorro García Quiroz, Adolfo Toledo Infanzón, Renán Cleominio Zoreda Novelo y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Este año se llevarán a cabo varios procesos electorales locales en Guerrero, Baja California Sur, Coahuila, estado de México, Nayarit y Michoacán.
Derivado de los resultados en los procesos del 2010, el clima político en el que se desarrollarán las elecciones locales este año se ha visto enrarecido por diversas circunstancias, lo que repercutirá, sin duda, en el sano ejercicio de la democracia en dichos estados.
Es importante vigilar que dichos procesos electorales se realicen con estricto apego a las leyes, evitando cualquier posibilidad de que se afecten los resultados finales.
Los órganos electorales deben conducirse con imparcialidad, conforme a derecho y con la premisa de que el voto ciudadano tiene que ser respetado.
De la misma manera, es menester que esta soberanía lleve a cabo un seguimiento puntual de estos procesos, para revisar que dichas elecciones se lleven a cabo dentro del marco legal, así como para verificar la actividad de las autoridades electorales locales.
Las primeras elecciones del calendario son las de Guerrero, que se llevarán a cabo el próximo 30 de enero, y las de Baja California Sur, a realizarse el 6 de febrero, por lo que la acción pronta por parte del Congreso de la Unión es necesaria, para revertir el enrarecimiento del ambiente político electoral de la entidad y lograr que las elecciones se lleven a cabo en paz y garantizar al guerrerense que sus derechos serán respetados.
Nosotros, como legisladores, tenemos la obligación de velar por el respeto a los derechos político electorales de la sociedad y no podemos quedar impasibles ante la posibilidad de que se trasgredan estos derechos.
Hoy se propone que la Comisión Permanente tome un papel activo en el calendario electoral de 2011 y, mediante una comisión especial formada pluralmente considerando a todos los grupos parlamentarios que participan en el Congreso de la Unión, le dé seguimiento al proceso electoral que se desarrolla en Guerrero y Baja California Sur, buscando en todo momento salvaguardar la legalidad de dichas elecciones y verificando que no se cometan atropellos en contra de los ciudadanos que participen en éstas.
Por lo expuesto, solicito a esta soberanía que sea aprobado de urgente resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se crea la Comisión Especial encargada de dar seguimiento a los procesos electorales locales de 2011 en Guerrero y Baja California Sur, a fin de salvaguardar la legalidad de dichas elecciones y verificar que no se cometan atropellos en contra de los ciudadanos que participen en éstas.
Dicha comisión especial deberá estar formada pluralmente, con un integrante de cada grupo parlamentario que participan en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2011.
Senadores: Fernando Castro Trenti, María del Socorro García Quiroz, Adolfo Toledo Infanzón, Renán Cleominio Zoreda Novelo, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbricas).
Con punto de acuerdo, relativo a la renovación de la flota de Petróleos Mexicanos, suscrita por el senador Sebastián Calderón Centeno, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Sebastián Calderón Centeno, senador de la República del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 276 del Reglamento del Senado de la República, pone a consideración del pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:
Consideraciones
Mucho se ha comentado sobre la situación por la que atraviesa la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos y que la misma enfrenta una serie de restricciones derivadas del marco jurídico que le aplica, en especial en materia de adquisiciones y contratación de obra pública.
Se ha señalado asimismo, la ingente necesidad de modificar las disposiciones legales correspondientes, así como la de realizar acciones efectivas para actualizar su esquema de fiscalización y control que permita reforzar la lucha contra la corrupción, con el fin de otorgarle viabilidad a la renta petrolera.
A este respecto, considero que uno de los temas urgentes que no debemos soslayar es el de proporcionarle a Pemex instrumentos de operación que le permitan fortalecer sus actividades. Este tema lo es el del transporte marítimo de hidrocarburo, toda vez que es en el mar donde nuestro país realiza fundamentalmente las actividades de exploración, extracción y transporte del mismo.
En la sonda de Campeche se genera la mayor producción de hidrocarburo, ya que aporta más del 80 por ciento del total de la producción nacional; no obstante que Cantarell ha ido decayendo en su producción, continúa siendo un área importante para la extracción del petróleo crudo del país.
Es indudable que para su transportación la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) requiere de buques con el tonelaje necesario para almacenar y transportar el producto petrolífero.
Al respecto cabe señalar que la flota actual de Pemex es la siguiente:
Ocho barcos propios: Chicontepec, Burgos, Bicentenario, Tampico, Nuevo Pemex I, Nuevo Pemex II, Nuevo Pemex III y Nuevo Pemex IV.
Los 4 Nuevo Pemex saldrán de circulación del 2012 al 2014
Siete arrendados a casco desnudo: Faja de Oro II, Potrero del Llano II, Choapas II, Amatlán II, Tajín, El Pípila e Insurgentes. Los 4 primeros terminaron su contrato en diciembre de 2010.
Cuatro buques tanque fletados: Angimar, Tulum, Tula y Overseas Sifnos.
Diez buques tanque estuvieron fuera de servicio por la regla 13 G de Marpol25: Vicente Guerrero, F.J. Mújica, Chac, 18 de Marzo, Sebastián Lerdo de Tejada, Independencia, Tolteca, Quetzalcóatl, Bacab y Lázaro Cárdenas II, retirado este último en el segundo semestre del año. Los 7 primeros están en proceso de análisis y actualización de documentación a fin de celebrar las licitaciones correspondientes para su desincorporación.
Para solucionar la falta de buques tanque, el 6 de junio de 2010, Pemex Refinación presentó a la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo la necesidad de adquirir de 5 a 6 buques tanque con el fin de almacenar y transportar el hidrocarburo y sus derivados.
Con fecha 29 de julio del 2010, Pemex Refinación realizó la licitación pública internacional abierta a la participación de cualquier interesado y bajo la cobertura de los capítulos o títulos de compras del sector público contemplados por los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, consistente en:
Adquisición de hasta 5 buques tanque de doble casco con año de terminación de construcción de 2007 o 2008 o 2009 o 2010, de un porte mínimo de 40,000 toneladas de peso muerto, a precio fijo.
Dicha licitación se declaró desierta debido al exceso de requisitos técnicos y a que las condiciones de la licitación eran diferentes a las utilizadas a nivel internacional.
Respecto al movimiento de petrolíferos en las costas del país, la capacidad de transporte marítimo se constituye de una flota fija y una variable. La fija está dada por lo buques propios que aún se encuentran en servicio, los buques en adquisición por arrendamiento financiero y los contratos a largo plazo en casco desnudo. La capacidad variable la representan las contrataciones en el fletamento por tiempo para cubrir requerimientos estacionales de corto plazo.
Dado que Pemex Refinación transporta alrededor de 450 mil barriles diarios y que la tendencia del consumo de petrolíferos tiende a la alza, estimamos que la necesidad de transporte no va a disminuir, por lo que el requerimiento de 20 buques tanque va a persistir.
Esta situación es preocupante, porque en el año 2014 concluye el período de contratación del segundo paquete de buques tanque rentados a casco desnudo, además de que Pemex Refinación va a retirar paulatinamente del año 2011 al 2014 cuatro buques tanque: Nuevo Pemex I, Nuevo Pemex II, Nuevo Pemex III y Nuevo Pemex IV.
Por lo tanto, Pemex Refinación sólo contará a largo plazo con los cuatro buques tanque de arrendamiento financiero: Burgos, Bicentenario, Tampico y Chicontepec, y a mediano plazo con los tres buques de arrendamiento a casco desnudo –bare boats– Tajín, El Pípila e Insurgentes, por lo que necesitará sustituir o rentar por lo menos 13 buques en un futuro.
Como solución a largo plazo para esta problemática, está la posibilidad de adquirir barcos de nueva construcción, cuyos precios están en un promedio de 37 millones de dólares, de acuerdo a reportes del mercado internacional, con las ventajas que enseguida se mencionan:
a) Los buques serán de propiedad mexicana, enarbolando el pabellón mexicano.
b) Las características de los buques se podrán construir de acuerdo a las necesidades específicas de Pemex Refinación.
c) El mantenimiento se facilita y es más económico, debido a la economía en escala y la flexibilidad de la logística.
d) Los buques modernos actualmente tienen menor consumo de combustibles y lo reflejan en una operación más económica y eficiente.
e) Su prolonga el periodo de vida promedio de los buques que le prestan servicio a Pemex.
f) La adquisición de buques de nueva construcción representaría un ahorro a largo plazo y mayor eficiencia en un corto plazo.
g) Al ser el transporte de hidrocarburos, una actividad de suministro de energéticos, el contar con una flota propia y eficiente, se cubriría un aspecto de soberanía nacional.
En el caso de una empresa como Pemex Refinación la cual utilizaría un nuevo buque para el transporte de sus productos, un primer enfoque de análisis debe considerar el ahorro total que implicaría adquirir un buque versus la opción de rentarlo en tiempo. Por otro lado, hoy en día la gestión náutica es un factor importante en el análisis económico pertinente a la adquisición/renta en tiempo de un buque.
Las principales compañías petroleras del mundo delegan la gestión náutica de sus buques a empresas especializadas para evitar responsabilidades financieras.
De acuerdo con la fracción primera del artículo 113 de la ley de Navegación y Comercio Marítimos Vigente, la gestión náutica se define como “...todas las actividades necesarias para garantizar la navegación segura, para el buen gobierno y funcionamiento técnico de la embarcación”.
La estructura de costos de dicha gestión es por lo general de la siguiente forma:
• 40 por ciento Tripulación
• 35 por ciento Mantenimiento
• 12 por ciento Lubricantes / Vituallas
• 7 por ciento Seguros
• 6 por ciento Certificación / Administración
Es necesario notar que históricamente el componente de más peso en los incrementos de los costos de gestión ha sido el aumento en los costos de tripulación.
Debido a la incertidumbre en la estabilidad de los costos de tripulación, los armadores de buques no suelen ofrecer una tarifa de largo plazo para un buque en tiempo (Time Charter) y de hacerlo suelen requerir del fletador niveles mucho más altos que los ofrecidos para buques rentados por periodos más cortos.
Pemex Refinación tiene la obligación de pagar salarios a su tripulación independientemente de si ésta se encuentra en activo u ociosa, la contratación de un buque en tiempo (time charter) en la práctica estaría duplicando el pago de los costos de tripulación. Por un lado sería necesario pagar salarios de trabajadores no ocupados y por otro se pagaría una renta por buque en tiempo que incluiría un costo por tripulación muy probablemente por arriba de la referencia de mercado.
Por lo anterior, un contrato de gestión náutica que permitiera utilizar la tripulación de Pemex Refinación podría beneficiarse de la eficacia de la administración realizada por una empresa especializada sin tener que sustituir a los trabajadores Mexicanos por tripulación extranjera.
Cabe mencionar que los marinos mexicanos cuentan con el reconocimiento internacional como marinos altamente preparados.
Es conveniente mencionar que Pemex cuenta con un centro de reparaciones navales en Tampico, por lo tanto es necesario aprovechar la infraestructura con que se cuenta actualmente y así generar mayores divisas para el país.
Asimismo, la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, mediante la Dirección General de Marina Mercante; dependientes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuentan con el personal profesionista, técnico y capacitado para proporcionar asesoría en construcción naval, navegación y puertos, como apoyo permanente a la flota naval de Petróleos Mexicanos.
En virtud de lo anterior, consideramos que Pemex Refinación debe ordenar la construcción de 10 buques a 12 buques tanque, previo estudio de los astilleros de mayor reputación y con las mejores condiciones.
En virtud de los comentarios vertidos, se somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al director de Petróleos Mexicanos a realizar un estudio que deberá presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde señale cuáles son los astilleros que ofrecen las mejores condiciones, tanto técnicas como financieras para la construcción de buques con los requerimientos de la paraestatal.
Una vez liberados los recursos, deberá realizar los trámites necesarios ante las dependencias correspondientes para ordenar la construcción ante el astillero que apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y posteriormente abanderar como mexicanos los buques.
Segundo. Se formula atento exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a liberar los recursos necesarios para ordenar la construcción de 10 buques con los requerimientos específicos que señale Pemex, en el astillero que apruebe esa dependencia.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 19 de enero de 2011.
Senador Sebastián Calderón Centeno (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFE y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a actuar en el ámbito de sus competencias a efecto de fincar responsabilidades y dar pronta solución respecto a los actos de proselitismo político-electoral de Nueva Alianza en Baja California Sur, a cargo de la diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD
Las suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por en lo previsto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Federal Electoral, así como a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, actúen en el ámbito de sus competencias a fin de fincar responsabilidades y dar pronta solución respecto a los actos de proselitismo político-electoral en Baja California Sur por parte del partido político nacional Nueva Alianza, toda vez que son flagrantemente violatorios de diversos ordenamientos legales en la materia, al emplear la infraestructura y el personal adscrito a la Secretaría de Educación Pública, a través de la estructura sindical del magisterio para hacer proselitismo electoral con los alumnos de las instituciones de educación pública de la entidad.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a los 19 días del mes de enero de 2011.
Diputada Esthela Damián Peralta (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para proponer que se nombre una plaza pública o una calle en honor de don Gilberto Bosques Saldívar, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT
Ricardo Monreal Ávila y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 2 de septiembre del año 2010, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República emitió un acuerdo que establece “que el Senado de la República celebrará el día 27 de enero de cada año, a partir del año 2011, una ceremonia conmemorativa con motivo del Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto, y en recuerdo de don Gilberto Bosques Saldívar...”
Don Gilberto Bosques Saldívar nació en 1892 en Chiautla de Tapia, Puebla. Vivió 103 años. Fue revolucionario, congresista, educador, periodista, escritor, diplomático y, sobre todo, humanista y patriota. Participó en la rebelión de Aquiles Serdán en 1910. Tras el triunfo de la revolución se hizo político. En 1934, como diputado y presidente del Congreso de la Unión respondió el primer informe de gobierno del presidente Lázaro Cárdenas.
En 1939, cuando la República Española caía ante el embate franquista y la guerra se cernía sobre el resto de Europa, el presidente Cárdenas lo nombró cónsul general en París. Su misión real era convertirse en un enviado personal del presidente de México en Europa.
Bosques salió de París cuando la ciudad estaba a punto de ser tomada por los alemanes. Con amplias instrucciones para establecer el consulado donde le conviniera, viajó primero al sur y después a la costa norte. Restableció el consulado general primero en Bayonne, pero cuando los alemanes ocuparon la zona se trasladó con su familia y el consulado entero a Marsella, en el Mediterráneo, dentro de la zona del gobierno francés de Vichy, nominalmente independiente de los alemanes.
Su primera preocupación fue defender a los mexicanos residentes en la Francia no ocupada, pero pronto protegió también a otros grupos. Apoyó a libaneses con pasaporte mexicano y a refugiados españoles que buscaban huir de los nazis. De hecho, se cree que fue él quien convenció al presidente Lázaro Cárdenas de abrir las puertas de México a los republicanos españoles. Era tan grande la afluencia de refugiados que buscaban una visa mexicana que Bosques alquiló dos castillos (el de Reynarde y el de Montgrand) para convertirlos en centros de asilo mientras se arreglaba su salida hacia México. Entre 800 u 850 fueron alojados en uno de los castillos, mientras que en el otro quedaron 500 niños y mujeres. Poco a poco fueron saliendo los exiliados, a los cuales el gobierno mexicano les ofreció la nacionalidad mexicana de inmediato en caso de que quisieran adoptarla.
Desde Marsella el embajador mexicano también tuvo que hacer frente al hostigamiento de las autoridades pro alemanas francesas, al espionaje de la Gestapo, del gobierno de Franco y de la representación diplomática japonesa, que tenía sus oficinas en el mismo edificio de la delegación mexicana.
El cónsul no quedó satisfecho, sin embargo, y amplió su apoyo a los refugiados anti nazis y antifascistas. Al concedérseles visas mexicanas, las autoridades francesas los dejaban salir del país porque consideraban que ya no serían un problema político para ellas. Más complicado fue el caso de los judíos. El consulado ocultó, documentó y les dio visas a numerosos judíos, pero era mucho más difícil sacarlos de Francia.
Finalmente México rompió las relaciones diplomáticas con el gobierno de Vichy. Gilberto Bosques presentó la nota de ruptura. Poco después el consulado fue tomado por tropas de la Gestapo, que confiscaron ilegalmente el dinero que la oficina mantenía para su operación. Bosques, su familia (su esposa María Luisa Manjarrez y sus tres hijos: Laura María, María Teresa y Gilberto Froylán; entonces de 17, 16 y 14 años, respectivamente) y el personal del consulado, 43 personas en total, fueron trasladados hasta la comunidad de Amélie-les-Bains. Después, violando las normas diplomáticas, se les llevó a Alemania, al pueblo Bad Godesberg, y se les recluyó en un hotel-prisión. Allí destacó la actitud de Bosques ante un funcionario alemán:
Le manifesté que todo el personal mexicano se sometería al reglamento que acababa de leernos, porque México estaba en guerra con Alemania y por ello éramos prisioneros de guerra. Que podía estar seguro de que no pediríamos ninguna excepción, ninguna gracia sobre esas disposiciones, pero que tampoco aceptaríamos ningún trato vejatorio, como acostumbraban ellos con los prisioneros.
Bosques llegaría a organizar conferencias e incluso una ceremonia del Grito de Independencia el 15 de septiembre. Después de poco más de un año, los mexicanos de Bad Godesberg serían canjeados por prisioneros alemanes.
Bosques regresó a México en abril de 1944. Miles de refugiados españoles lo esperaban en la estación de ferrocarril de la capital para recibirlo, una crónica periodística de la época narró estos hechos.
La historia de Bosques es poco conocida, incluso en México.
En 1939 fue designado representante diplomático en Francia, cuando la guerra civil en España había concluido.
Cientos de españoles que apoyaban a la República huyeron de su país, y uno de los principales destinos fue Francia. Así, la instrucción del gobierno mexicano fue ayudar a estos refugiados a salir de Europa.
Pero, al estallar la guerra mundial, aumentaron los exiliados y con ello las tareas de Bosques, según documentó en sus memorias que fueron divulgadas por la cancillería mexicana.
“La asistencia para los perseguidos israelitas tomó la dimensión de un deber de carácter humano. No había tomado México una actitud franca, pero el drama estaba ahí. Nuestra ayuda consistió en la ocultación de ciertas personas, en documentar otras, darles facilidades, llevarlas a la posibilidad de una salida de Francia, que era muy difícil”.
Para transportar a los exiliados, el consulado mexicano fletó varios buques, y consiguió espacio en otros.
La mayoría escapó por el puerto de Marsella, a donde se trasladó el consulado mexicano tras la ocupación de Francia.
Uno de los momentos más difíciles fue sacar del país a los combatientes de la Brigada Internacional que combatió en España.
Prisioneros de guerra
México mantuvo un estado de guerra contra los países que formaron el Eje durante la Segunda Guerra Mundial.
Incluso un escuadrón de pilotos combatió en Japón, como parte de las fuerzas multinacionales que participaron en el conflicto.
Por esa razón, Gilberto Bosques, su familia y colaboradores fueron detenidos por el ejército alemán, que los trasladó a Bad Godesberg, una población cercana a Bonn. Allí permanecieron un año. En algunos lugares ha recibido homenajes; una calle de Viena lleva su nombre y la Casa Phillipe Ollé-Laprune estableció la Cátedra Gilberto Bosques.
El Congreso mexicano no puede ser menos en el rendimiento de un justo homenaje a un mexicano cuya conducta nacional, en los tiempos de las grandes transformaciones sociales de México, y su conducta como diplomático en el ámbito internacional, no sólo ha sido digna y ejemplar, sino que significó la protección de la integridad física y la vida de más de cuarenta mil hombres, mujeres y niños de muy diversas nacionalidades, credos políticos y religiosos que huían de la persecución y la amenaza de muerte durante la Segunda Guerra Mundial.
Cabe destacar, al respecto, que don Gilberto Bosques Saldívar llevó sus esfuerzos y su compromiso con la protección de las personas más allá de lo que su responsabilidad profesional estrictamente le exigía, con lo que dio a la institución del asilo político una connotación humanista que se adelantó por algunos años, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos emitida por las Naciones Unidas.
Con base en lo anteriormente expuesto, nos permitimos poner a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al Ejecutivo federal, así como al jefe de gobierno del Distrito Federal, para que el nombre de don Gilberto Bosques Saldívar, quede inscrito en una plaza pública y/o en una calle de la Ciudad de México, en su honor por la valiosa labor que desempeñó durante el Holocausto.
Salón Legislativo de Xicoténcatl, a 19 de enero del 2011.
Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobierno de Oaxaca que informe a la Comisión Permanente de las acciones que ejecuta a fin de investigar, perseguir y sancionar a los autores de diversos delitos ocurridos recientemente en la entidad, y que reciba en audiencia a diputados integrantes del grupo plural de trabajo para dar seguimiento a los conflictos suscitados en la región triqui de Oaxaca y sobre el incremento de la violencia en Guerrero, a cargo del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de ustedes la proposición con punto de acuerdo siguiente:
Consideraciones
Durante el mes y medio que lleva de ejercicio el gobierno del licenciado Gabino Cué Monteagudo, en el estado de Oaxaca, han ocurrido varios hechos delictivos de alto impacto social.
Uno de estos, el secuestro de migrantes centroamericanos, en Chahuites, tiene, posiblemente, su origen en la delincuencia organizada que opera en la zona del istmo de Tehuantepec.
Otros, como los homicidios de Miguel Cruz José, dirigente de Antorcha Campesina en la Mixteca, ocurrido el 24 diciembre de 2010, y el de Luis Jiménez Mata, presidente municipal de Santiago Amoltepec, el 13 de enero de este año, tienen su probable causa en cuestiones de carácter político.
La elevada tasa de impunidad que se presenta en Oaxaca, similar a la de todo el país, invita a personas que en otras épocas no resolverían sus diferencias mediante el delito, y muchos menos a través del asesinato, a correr el riesgo.
Saben que sus posibilidades de ser sancionados son ínfimas.
Consciente o inconscientemente, perciben un Estado minado en sus capacidades para el combate a la ilegalidad en general y a la delincuencia en particular.
Organizados o no, los delincuentes actúan a sus anchas socavando los andamiajes de la ley y el estado de derecho.
La falta de políticas públicas para prevenir, evitar, perseguir y castigar la violencia, anima el desorden, fomenta el crimen, alienta la autocomposición de los conflictos.
En Oaxaca, hasta ahora nada se sabe, y tal vez nunca se sabrá, de investigaciones y menos de detenciones o consignaciones de los autores materiales e intelectuales de los delitos antes descritos.
Por ello, la violencia, antítesis de la política, sienta sus reales en el estado.
La civilidad, el respeto a la ley y a la autoridad, la tolerancia, la discusión serena y objetiva de las ideas, se pierden gradualmente en la entidad.
No hay día en que la gente de la capital oaxaqueña y de otras ciudades pueda transitar libremente, llegar puntualmente a su trabajo, educarse cómo es debido.
Unas pocas personas son suficientes para bloquear vialidades, impedir el acceso a oficinas y escuelas, hacerse de palacios municipales, dañar propiedades.
Cuarenta y un municipios oaxaqueños iniciaron el año sin gobierno. A la fecha, la mayoría de ellos permanecen así. Las posturas de los grupos inconformes se radicalizan. El gobierno estatal no logra conciliar, aplicar la ley, poner orden, restablecer la paz y tranquilidad públicas.
El deterioro político y social de Oaxaca avanza.
Los oaxaqueños entendemos que la actual administración es de transición; que tiene diferentes posiciones políticas y partidistas respecto a los problemas que la entidad enfrenta; y que resolver rezagos y subculturas, como la del desorden y el delito, no es simple ni puede lograrse de la noche a la mañana.
Sin embargo, algo tiene que hacer para detener la escalada de violencia e ingobernabilidad. Es necesario revierta las tendencias que atentan contra la armonía social y el desarrollo económico que requiere Oaxaca.
Sería hora de mitigar diferendos y no, como lamentablemente ocurre, de multiplicarlos y exacerbarlos. Por ejemplo: Los conflictos internos entre maestros de la Sección XXII del SNTE y de los que se dicen de la Sección LIX, han transitado de las agresiones verbales a los balazos; hasta hoy no se reportan avances en el esclarecimiento del homicidio del dirigente del MULT, Heriberto Pazos, acaecido el 23 de octubre de 2010; los señalamientos del MULT en el sentido de que el gobierno no aplica medidas cautelares que protejan a sus miembros y permitan su retorno a su lugar de origen, siguen sin respuesta; la policía, echando leña al fuego, detiene a comerciantes que militan en la APPO; delincuentes se tirotean en calles del centro de la capital, mientras los cuerpos policiales del Estado y Municipio cuidan bodas de alcurnia en el templo de Santo Domingo; etcétera.
Así, los delincuentes gozan, tranquilos, de una libertad que no merecen, y quienes desestabilizan y afectan con sus actos arbitrarios al conjunto de la sociedad, negocian y toman la medida a unas autoridades, que no informan ni transparentan sus acciones para resolver delitos y conflictos políticos.
En razón de ello, someto a consideración de esta Comisión Permanente los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita al gobierno del estado de Oaxaca que informe a esta Comisión Permanente sobre las acciones que está ejecutando para investigar, perseguir y sancionar a los autores del secuestro de migrantes centroamericanos, ocurrido en Chahuites, Oaxaca, el 16 de diciembre de 2010, y a los de los homicidios cometidos en contra de Miguel Cruz José, dirigente de Antorcha Campesina en la Mixteca, ocurrido el 24 diciembre de 2010 y el Luis Jiménez Mata, presidente municipal de Santiago Amoltepec, el 13 de enero de este año.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al gobierno del estado de Oaxaca que reciba en audiencia a diputados integrantes del Grupo Plural de trabajo para dar seguimiento a los conflictos suscitados en la región triqui de Oaxaca y Sobre el incremento de la violencia en el estado de Guerrero, creado por el Pleno de la Cámara de Diputados, para actualizar información respecto a los avances que reporte la negociación política que el gobierno del estado sostiene con organizaciones, autoridades y ciudadanos de la región y las prospectivas que se tengan sobre el arreglo de los conflictos más relevantes existentes entre organizaciones y comunidades, como mecanismo para prevenir actos de violencia entre ellas.
Palacio Legislativo, a 19 de enero de 2011.
Diputado Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Colima a promover y fortalecer las medidas de seguridad pública para proteger a las mujeres y a trabajar en la erradicación de la violencia de género en el estado, suscrita por la senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Martha Leticia Sosa Govea, senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o., numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta respetuosamente al gobernador constitucional de Colima a promover y fortalecer las medidas de seguridad pública para la protección de las mujeres y trabajar en la erradicación de la violencia de género en el territorio estatal, al tenor de los siguientes
Considerandos
La seguridad jurídica, que el texto constitucional ha consagrado en su parte dogmática, es la expresión del máximo valor que la sociedad presta a la procuración del respeto y la equidad de los seres humanos sin distinción. La violación de ella, a través de los atentados a la integridad y dignidad humanas, representa la más humillante forma de corrupción del contrato social.
Esa violación se materializa por la violencia, que se desarrolla de forma física, a través de lesiones de diversa magnitud y que pueden conducir a la muerte, así como psicológica, la cual se dirige a coartar la libertad de conciencia de sus receptores. Si bien la Carta Magna, en unión con las leyes penales emanadas de ella, prohíbe esas conductas, hechos lamentables ocurridos en últimas fechas en el país señalan a la mujer como la mayor de sus víctimas.
El esfuerzo legislativo por prevenir y, sobre todo, erradicar de la sociedad la práctica de esas conductas, contrarias a la dignidad de la mujer, se ha hecho notar con todo vigor a través de la adopción de tratados internacionales que consideran y condenan tales circunstancias y que, a su vez, han servido como marco para el desarrollo de una ley de gran avanzada en la actual generación de los derechos humanos: la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada hace poco más de tres años y que se ha centrado en las acciones en favor de las mujeres en un ámbito de certidumbre jurídica y social, independientemente de cuáles sean sus condiciones de vida o a qué estamento social pertenezcan.
La mujer es víctima de la violencia no sólo en el hogar, toda vez que los mayores índices contra su dignidad son cometidos en los hogares, centros educativos y actividades laborales por personas directamente relacionadas con ellas y en la vía pública y por agresores desconocidos.
La mayor proporción de personas receptoras de violencia física en México son las mujeres, con 61.4 por ciento de los casos, en un margen de edad comprendido entre 5 y 44 años, especialmente por conducto de los padres y las parejas sentimentales, según reportó la Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo para 2007. Destacan entre los tipos de violencia más comunes la emocional, con 34.8 por ciento; la económica, con 29.3; la física, con 9.3; y la sexual, con 7.8.
Datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares permiten confirmar que además de los recurrentes episodios de violencia, no hay clara conciencia de la magnitud del problema por sus víctimas. Basta mencionar que sólo 35 por ciento de las entrevistadas se atrevió a recurrir a alguna autoridad para denunciar la agresión; mientras que para 34.2 por ciento de ellas, estos actos violatorios de su dignidad humana representaron sucesos sin importancia, 31.8 no denunció cuando sufrió violencia sexual por conducto de sus hijos, y 12 por ciento omitió expresar lo acaecido por desconfianza hacia las autoridades y el sistema de justicia penal.
La encuesta mencionada demuestra que Colima se mantiene entre los cinco primeros lugares de violencia. Es el caso de la emocional, donde Jalisco, estado de México y Colima reflejan los más altos porcentajes, con 47.3, 47.1 y 45.0, respectivamente, frente a la media nacional de 37.5. En violencia económica, Jalisco arroja 30.5 por ciento, estado de México 29.6 y Colima 27.2, frente a la media nacional de 23.4. En violencia sexual, nuevamente Jalisco, Colima y el estado de México se disparan con los más altos porcentajes: 11.6, 11.1 y 11.0, en ese orden, cuando la media nacional es de 9.0.
En Colima, en 2010 fueron detectados 106 casos de mujeres violentadas, según datos de la Dirección Jurídica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia ha reportado el incremento de estos actos violentos en todo el territorio estatal, pero con mayor número en Manzanillo, Colima y Villa de Álvarez.
A los hechos que componen estas cifras se suman los dos ataques de índole sexual cometidos cerca de la capital del estado en la primera quincena del presente mes, en el que los medios de comunicación han dado cuenta no sólo de estas denuncias presentadas, sino que hacen referencia a un número mayor de estos ilícitos que no han sido denunciados y, por tanto, se mantienen en el anonimato y sin protección jurídica.
Lo anterior nos conduce a manifestar preocupación porque podemos encontramos en la antesala de una alerta de feticidio. Por ello, esas agresiones y sus circunstancias deben atenderse con políticas eficaces y eficientes para frenar cualquier posible escalada como la que viven Ciudad Juárez, Chihuahua, y el estado de México. El llamado por mí realizado como colimense consternada y ocupada en garantizar el respeto de la dignidad de los habitantes de esta entidad federativa, busca hacer eco para conducir a un control exhaustivo no sólo visible en el incremento de efectivos de fuerzas policiales en las calles para la vigilancia de la ciudadanía, sino en la instauración de una sostenible y permanente campaña de alerta y concienciación contra la violencia hacia las mujeres, siendo esta obligación de carácter primordial del gobierno estatal en primer lugar, así como de los ayuntamientos constitucionales de los municipios que integran Colima.
No basta la habilitación de supuestas áreas recreativas con vigilancia policiaca, donde se permita el ingreso a los jóvenes con bebidas embriagantes para protegerlos de nuevos ataques de encapuchados contra hombres y especialmente mujeres, tal como el gobernador del estado ha procedido a ordenar. Ante esto, la primera y más importante medida que el gobernador debe ejecutar, el arranque y mantenimiento de una intensa campaña de concienciación ciudadana, paralelamente al ordenamiento a la Policía Estatal Preventiva, a fin de procurar y fortalecer la protección de los espacios públicos, al mismo tiempo que la Procuraduría de Justicia del Estado proceda al cumplimiento de sus obligación como protectora de la ciudadanía y perseguidora de los delitos que se presentan, resolviendo de manera clara, contundente y ajustada a derecho.
Con estas urgentes demandas, reitero mi compromiso asumido con la ciudadanía colimense de trabajar a su favor, al mismo tiempo que reconozco y me sumo a la manifestación realizada por el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, licenciado Roberto Chapula de la Mora, solicitando a la administración pública estatal la emisión de una alerta general para frenar esta serie de violaciones de mujeres.
Olvidémonos de flaquezas e indecisiones; debemos reconocer con urgencia que la seguridad pública de los ciudadanos de Colima y la dinámica social libre de violencia para hombres y mujeres es necesaria para el desarrollo integral de la entidad federativa y, por ende, del país en su conjunto. Debemos preocuparnos de trabajar para castigar a quienes han cometido los ilícitos expresados de viva voz y proceder a erradicar toda señal de agresión y violaciones contra la mujer. No esperemos ver elevada la cifra de mujeres víctimas para dictar una alerta de feminicidios.
Por las consideraciones expuestas, se someten a consideración del pleno de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al gobernador constitucional de Colima a promover y fortalecer las medidas de seguridad pública para la protección de las mujeres y trabajar en la erradicación de la violencia de género en el territorio estatal.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al gobernador constitucional de Colima a informar a esta soberanía acerca de las acciones y políticas implantadas en la atención de este punto de acuerdo, así como de los avances en la procuración de justicia para las recientes víctimas de violencia sexual.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2011.
Senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se requiere información sobre los acuerdos y las resoluciones aprobados por el Consejo de Administración de Pemex el 24 de noviembre de 2010, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez y suscrita por la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del PT
Laura Itzel Castillo Juárez, diputada federal de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo, que se sustenta en los siguientes antecedentes y consideraciones:
1. El pasado 24 de noviembre el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos tomó acuerdos relacionados con el modelo de contratos que entre otras cosas plantea como remuneración de los contratistas una tarifa por barril.
2. La defensa del patrimonio nacional contiene antecedentes histórico-jurídicos que surgen desde la Constitución de 1917 con la propiedad nacional de los hidrocarburos, la expropiación petrolera de 1938 y la reforma constitucional de 1960 que prohibió los contratos y concesiones en la materia.
3. Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió sobre una controversia planteada por esta soberanía en contra del Reglamento de la Ley de Pemex. En su resolución fijó algunos criterios, tales como:
a) Aclaró durante la discusión de la sentencia correspondiente, que si el Consejo de Administración va más allá de las prohibiciones legales en sus contratos o disposiciones administrativas, eso sería un problema de aplicación indebida del reglamento, que podía ser litigado por separado;
b) la Corte dejó asentado que el Reglamento impugnado por los diputados es constitucional siempre que al celebrarse contratos "se pague en efectivo, no conlleve un porcentaje de producción, no conlleve un valor de la venta de hidrocarburos o no esté amarrado a la utilidad de la entidad contratada".
4. Es necesario conocer con claridad qué aprobó el Consejo de Administración de Pemex el pasado 24 de noviembre de 2010.
5. Del sitio de Internet de la paraestatal se desprende que lo aprobado por el Consejo de Administración son los documentos ejecutivos de los contratos de los campos de Magallanes, Santuario y Carrizo.
6. Los “términos y condiciones (que) no podrán ser modificados”, que conforme al propio artículo 10 de las disposiciones administrativas de contratación una vez aprobados por el Consejo de Administración ya no podrían sufrir cambios ni en la licitación ni en la firma del contrato.
7. Los términos y condiciones que no pueden modificarse, así como los contratos aprobados, que constan en los anexos I, II y III de acuerdo del Consejo de Administración del corporativo de Pemex, CA-131/2010, no fueron publicados en el sitio de Internet de Pemex, debido a que fueron considerados como información reservada. Toda vez que esta Comisión Permanente tiene facultades constitucionales como la de promover controversias constitucionales, procede requerir esta información para que este órgano legislativo pueda resolver si impugna la constitucionalidad de dicho acuerdo.
8. Cabe señalar que el modelo de contrato no es un documento aprobado por el Consejo de Administración conforme al artículo 10 de las disposiciones administrativas de contratación, puede o no acompañarse a la convocatoria para la licitación que se realice, conforme al 57, fracción II, del Reglamento de la Ley de Pemex.
9. Igualmente se desconoce si las reglas de las licitaciones fueron sometidas a la aprobación del Consejo de Administración, y/o si son obligatorias.
Por lo anterior y con fundamento en los artículos 93 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presento el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se requiere información amplia y detallada sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos el 24 de noviembre de 2010, en particular lo siguiente:
A. Los términos y condiciones que no pueden modificarse, así como los contratos aprobados, que constan en los anexos I, II y III de acuerdo del Consejo de Administración del corporativo de Pemex, con número CA-131/2010,
B. La naturaleza jurídica las reglas de las licitaciones, así como el documento oficial que las contiene.
Dado en el salón Legisladores de la República, sede de la Comisión Permanente, el 19 de enero de 2011.
Diputada Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Segob ante el pleno de la Comisión Permanente para que informe de todo lo relativo al programa de expedición de la cédula de identidad, a cargo del senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Considerandos
1. Que el titular del Poder Ejecutivo federal, en el marco del evento Diálogo por la Seguridad. Hacia una política de Estado, celebrado el 12 de enero del año en curso, anunció el inicio de la expedición de la cédula de identidad, en los términos siguientes
“La cédula de identidad, se comentó ampliamente. El gobierno federal está empeñado en hacerla avanzar rápido. Hubo ahí un atorón, yo no le vería ni siquiera un malentendido con el IFE, de que había cierta tensión en cuanto a eso, pero por lo pronto vamos avanzando, primero con los menores de 18 y ojalá lleguemos, el secretario de Gobernación está trabajando para que vayamos de la mano y que sea un solo documento de identificación personal, como marca la Constitución, el que nos rija.”
2. Que el secretario de Gobernación, licenciado Francisco Blake Mora, afirmó, el mismo día y en el mismo evento, lo siguiente
“Y si me permite, señor presidente, comentar, que en efecto, estamos impulsando este proyecto de cédula de identidad que es fundamental para nuestro país. En una primera etapa, como lo ha expresado la arquitecta, vamos a iniciar con estos estados que mencionó. Vamos a iniciar una etapa con los menores de edad, de 18 años.”
“Este es un ejemplar de la cédula de identidad, lo voy a pasar para que lo puedan revisar, que tiene medida de seguridad, y que son, en esta condición, también fundamentales para nuestro país. Así lo dispone la Constitución y la Ley de Población, de que los mexicanos deben contar con una cédula de identidad, y en eso nos hemos propuesto, es la instrucción del señor presidente de la república, por ello, nos hemos abocado en la Secretaría de Gobernación.
La paso para que puedan observar parte de ella.
Vamos a apoyar todo este proyecto, toda la integración que requiera, recursos humanos, económicos para poder impulsar. Y, por supuesto, que la cédula de identidad también tendrá otros beneficios.”
“Ya habrá la oportunidad, seguramente en otra ocasión, de hacer una presentación en una mesa especializada, señor presidente, con quienes deseen. Y les haré llegar la invitación formal para que conozcan un poco más de este proyecto trascendente.”
3. Que el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, René Zenteno Quintero, precisó que la cédula de identidad se expedirá, en lo inmediato, a menores de edad, entre los 4 y los 17 años, estimando que en lo que resta a la presente administración federal, se expedirán un total de 25.7 millones de cédulas de identidad. (Fuente: periódico Reforma, 14 de enero de 2011, sección nacional, p.2)
4. Que el Congreso de la Unión y esta Comisión Permanente han expresado, en ocasiones previas, su preocupación por el programa de emisión de la cédula de identidad, que la Secretaría de Gobernación, a través del Registro Nacional de Población, dio a conocer hace más de un año, sin que hasta el momento esta soberanía haya recibido la información que permita evaluar la constitucionalidad y apego a la ley de dicho programa, ni tampoco las razones y fundamentos por los cuales se pretende obtener de cada persona a la que se expida la cédula de identidad información biométrica que desborda con exceso la que en otros países se pide a personas y ciudadanos con igual finalidad. En efecto, es el caso de que la Secretaría de Gobernación, sin contar con base legal alguna, ha decidido obtener las huellas del iris de ambos ojos; las diez huellas digitales y la fotografía en alta resolución de cada persona.
5. Que la emisión de la cédula de identidad a menores de edad, desde los cuatro años, es una medida que debe ser fundamentada legalmente y explicada en sus propósitos a la sociedad; en particular, nos preocupa la ausencia de información gubernamental sobre el manejo y protección de la base de datos con la información personal y biométrica que se planea obtener de cada persona. La experiencia internacional comprueba que la obligación de obtener la cédula de identidad, o equivalente, es a partir de los 12 años en Bélgica, de los 14 años en España o de 16 años en Alemania.
6. Nos preocupa de manera especial la coexistencia de la cédula de identidad y de la credencial para votar que el Instituto Federal Electoral expide a todos los ciudadanos, que ha venido sirviendo como documento de identidad, además de ser el instrumento obligatorio para ejercer el derecho al sufragio. La expedición de la cédula de identidad a las personas que hoy tienen 17 años puede ocasionar un efecto negativo sobre su inscripción al padrón electoral y la obtención de la credencial para votar, con vistas a los comicios locales y federales que tendrán lugar en el periodo 2011-2012.
7. Nos preocupa igualmente la ausencia de un marco jurídico, constitucional y legal, que otorgue fundamento a las acciones que el gobierno decidió emprender, de manera inconsulta y unilateral, en este delicado asunto. La misma preocupación ha sido expresada por el consejo general del Instituto Federal Electoral.
8. Cabe tener presente la disposición contenida en el artículo segundo transitorio (que sigue vigente) del decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de abril de 1990, que a la letra establece
“Segundo. En tanto no se establezca el servicio del Registro Nacional Ciudadano, los ciudadanos deberán inscribirse en los padrones electorales.”
En el diseño e instrumentación del programa para la expedición de la cédula de identidad, la Secretaría de Gobernación ha ignorado una y otra vez la citada norma constitucional, misma que constituye el fundamento del Registro Federal de Electores y de los instrumentos electorales a cargo del Instituto Federal Electoral, como lo son el padrón electoral, los listados nominales de electores y la credencial para votar. Es necesario y urgente adecuar y armonizar el marco constitucional y reglamentario a fin de evitar conflictos legales y operativos entre el Instituto Federal Electoral y el Registro Nacional de Población, así como definir si en el futuro habrán de coexistir dos documentos de identidad, uno expedido por el Registro Nacional de Población y otro por el Instituto Federal Electoral, o si el primero habrá de sustituir al segundo.
9. La Secretaría de Gobernación decidió reservar la información relativa a los contratos otorgados a las diversas empresas que tienen a su cargo la obtención y procesamiento de los datos personales y biométricos de las personas a las que se emitirá la cédula de identidad; tal conducta es contraria a la transparencia y rendición de cuentas a que está obligado el gobierno, más aún tratándose de un proyecto que afectará en lo inmediato a la población de entre 4 a 17 años, que representa , según las cifras oficiales, casi una cuarta parte de la población total de México.
10. Es conocido que con el pretexto de la actualización de la firma electrónica de los contribuyentes personas físicas, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) está obteniendo la misma información biométrica que se pretende requerir cuando inicie la emisión de las cedulas de identidad ciudadana; el SAT explica tal conducta con base en un “acuerdo” emitido por el Registro Nacional de Población, organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que carece de atribuciones en materia hacendaria.
Por lo antes expuesto, es necesario y urgente que el Congreso de la Unión reciba la información completa, sin reserva alguna, sobre el programa de expedición de cédulas de identidad que el Ejecutivo federal ha decidió poner en marcha, con la finalidad de, en su caso, proceder al ejercicio de las facultades que la Constitución y las leyes otorgan al Poder Legislativo Federal.
En consecuencia, propongo a esta soberanía, con carácter de urgente resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se cita al secretario de Gobernación, licenciado Francisco Blake Mora, a comparecer ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el miércoles 26 de enero del año en curso, a efecto de que informe a esta soberanía todo lo relativo al Programa de Expedición de la Cédula de Identidad.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2011.
Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno de Durango a informar sobre las medidas implantadas para ayudar a los indígenas tepehuanos de Tierras Coloradas, en El Mezquital, tras el ataque perpetrado por un grupo de delincuentes, así como el curso de las investigaciones para esclarecer el caso, suscrita por el senador Andrés Galván Rivas, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, senador Andrés Galván Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 276 del Reglamento del Senado de la República somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Durango para que informen sobre las medidas que se han implantado para ayudar a los indígenas tepehuanos del poblado de Tierras Coloradas del Municipio Del Mezquital en Durango, tras el ataque perpetrado por un grupo de delincuentes, así como el curso de las investigaciones para esclarecer el caso, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los indígenas tepehuanos del poblado de Tierras Coloradas, en el municipio de El Mezquital, Durango, fueron víctimas de una terrible agresión que tuvo origen el 26 de diciembre, cuando una decena de hombres encapuchados quemaron prácticamente todo el pueblo. Las autoridades reportaron entre 30 y 40 casas incendiadas, una veintena de autos, la escuela, una tienda de Diconsa y algunos otros inmuebles. Por fortuna los pobladores habían abandonado horas antes el pueblo y se refugiaron en la sierra, pues unos días antes hubo un ataque en el que murió un delincuente, por lo que los indígenas temían por sus vidas y huyeron.
Es indignante conocer que todo un poblado sea víctima de la delincuencia organizada, pero más indignante aún que no se haga lo necesario para brindarles seguridad, protección y sobre todo justicia.
Por ello, es indispensable conocer oficialmente qué medidas están implantando tanto el gobierno federal como el gobierno del estado, en sus respectivas competencias para ayudar a los habitantes del poblado de Tierras Coloradas pero sobre todo para esclarecer el terrible hecho.
No podemos permitir que el ataque a estos indígenas tepehuanos quede impune y que además de lo vivido puedan ser víctimas de un desplazamiento forzado por miedo o por falta de apoyo y protección, pero sobre todo no podemos permitir que no se haga lo correspondiente para esclarecer el caso.
Ya todos conocemos la larga lista de acontecimientos violentos perpetrados contra indígenas, recordemos la matanza Acteal, la de aguas blancas, entre muchas otras, que han dejado terribles secuelas en la sociedad, pues son hechos infames en los que mueren personas inocentes y que han forzado a muchos de los pobladores de dichos lugares a huir y dejar atrás sus comunidades, sus familias, su cultura.
Si bien el ataque a los pobladores de Tierras Coloradas no dejo víctimas mortales que lamentar, si ha dejado a un sin número de personas que perdieron todo lo que tenían, pero lo más lamentable es que hayan perdido la tranquilidad y que vivan con el miedo constante de ser atacados nuevamente o de caer en mayor pobreza pues se siente a merced de delincuentes.
Por eso hoy el Senado de la República repudia los hechos ocurridos en el municipio de El Mezquital en Durango por el ataque perpetrado contra indígenas tepehuanos, pero sobre todo, como representantes populares queremos conocer las acciones de las autoridades ante tan lamentable hecho.
Es por los argumentos anteriores que el suscrito somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Durango para que –dentro sus facultades correspondientes– informen sobre las acciones implantadas para proteger y apoyar a las familias afectadas evitando su desplazamiento, así como las medidas y el curso de las investigaciones que correspondan a efecto de esclarecer el caso y encontrar a los culpables.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2011.
Senador Andrés Galván Rivas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la necesidad de atender las peticiones de la comunidad Lacanjá Chansayab, de Ocosingo, Chiapas, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT
Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable asamblea proposición con puntos de acuerdo sobre la necesidad de atender las peticiones de la comunidad chiapaneca de Lacanja Chansayab.
Exposición de Motivos
México es un país compuesto de diferentes culturas que conviven diariamente dentro del territorio nacional; por ello se le puede denominar como multicultural, pues alberga diferentes cosmologías y maneras de ver el mundo; por tal motivo, es necesario que el Poder Legislativo tenga la voluntad de velar por el bienestar de todas y cada una de estas culturas.
En México la existencia de una multiculturalidad se debe fundamentalmente a los restos de sociedades precolombinas que lograron sobrevivir al exterminio que tuvo lugar durante la colonización y la época virreinal en nuestro país. Estas sociedades precolombinas sobrevivieron a partir de la apropiación de elementos culturales, así como de la nueva significación de elementos tanto propios como ajenos, dando paso a la conformación de las sociedades que tenemos actualmente.
Lo anterior se puede apreciar en la existencia de las diferentes comunidades indígenas que hay a lo largo y ancho de todo el territorio que aún conservan su lengua original, que tienen una organización social propia, la cual les permite contar con mecanismos políticos, económicos y sociales autónomos, para tomar las decisiones más viables según sus propios criterios, que deriven en el bienestar social de la comunidad.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 2 del capítulo I, “De las Garantías Individuales”, párrafo VII del inciso B, dice lo siguiente:
“Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos [...] La incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización...” (consultado en http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/3.htm?s= el 16 de diciembre de 2010).
La Carta Magna promueve, al mismo tiempo que protege, el desarrollo igualitario de las poblaciones indígenas para que entre otras cosas cuenten con las mismas oportunidades ofertadas en las grandes urbes del país, así como en las demás poblaciones cosmopolitas.
Esto implica que el Estado está obligado a proveer de los medios necesarios para que las poblaciones indígenas cuenten con todos los servicios básicos –agua, luz, drenaje, salud, educación, etcétera–, los cuales son necesarios para el desarrollo pleno y competitivo de estas comunidades, en el contexto económico, político y social que estamos viviendo en el inicio de este siglo XXI.
Sin la oportuna intervención del Estado en materia de conflictos y desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, se estaría condenando a estos grupos que componen el conglomerado social de México, al atraso y a la marginación. Es obligación de quienes ocupamos puestos de elección popular atender de manera oportuna y eficaz a los problemas sociales que surjan, para darles una pronta solución que sea benéfica y equitativa, que es una de las razones fundamentales para ocupar estos cargos.
En días pasados, su servidor recibió una petición de ayuda por parte de una comunidad situada en el estado de Chiapas. La comunidad de nombre Lacanja Chansayab, situada en el municipio de Ocosingo, está solicitando ayuda al Poder Legislativo, debido a que los cobros que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) efectúa para brindar el servicio de energía eléctrica, a la comunidad mencionada, resultan excesivos y difíciles de pagar.
Debido a esta situación se han presentado ya, conflictos entre los habitantes de la comunidad y empleados de la paraestatal. El 28 y el 29 de noviembre del año próximo pasado, los roces entre las partes derivaron en la supuesta privación ilegal de la libertad de 4 empleados de la CFE, según expresó la mencionada paraestatal, en un oficio enviado el 1 de diciembre de 2010 al comisariado de Bienes Comunales de dicha comunidad.
Por su parte, en un oficio dirigido al gobernador de Chiapas, licenciado Juan Sabines Guerrero, el 29 de noviembre, los miembros de la comunidad dieron cuenta de la prepotencia con la que trabajadores de la CFE –los cuales operaban sin la debida identificación– se dirigieron a los miembros de la comunidad. Esto, aunado a las leoninas y extenuantes tarifas, derivó en los incidentes relacionados con los 4 trabajadores ya mencionados, el 28 y el 29 de noviembre.
De conformidad a lo expuesto en el artículo constitucional citado anteriormente, es que se plantea una rápida y eficaz intervención por parte de este órgano legislativo, a fin de poder atender y dar solución a la petición hecha por parte de la comunidad, consistente en que las tarifas de la CFE por otorgar el servicio de energía eléctrica tengan un tope de por recibo.
De esta manera se resguardaría la economía de las familias indígenas que habitan en esta zona de Chiapas, se fomentaría la productividad de estos núcleos poblacionales y se estaría velando por el respeto del orden constitucional de forma práctica. Por otra parte, se considera indispensable la intervención de este órgano legislativo, para prevenir futuros altercados entre la comunidad y los empleados de la CFE que a la postre, producirían consecuencias aún más lamentables.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita atentamente a la Comisión Federal de Electricidad que lleve a cabo un reajuste de la tarifa por el servicio de luz eléctrica proporcionado en la comunidad Lacanja Chansayab, de modo que no se cobre más allá de 20 pesos por recibo.
Segundo. Se solicita la intervención directa de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Secretaría de Desarrollo Social a fin de que realicen las acciones pertinentes para que se garantice el desarrollo integral de la comunidad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2011.
Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Segob para que informe respecto a los avances y las proyecciones de la emisión de la cédula de identificación personal, suscrita por la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada Yolanda de la Torre Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el carácter de urgente y obvia resolución, se permite presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar al presidente de la Comisión Permanente que cite a comparecer al titular de la Secretaría de Gobernación, a fin de informar sobre los avances y proyecciones del proyecto de emisión de la “cédula de identidad personal”, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Secretaría de Gobernación, por conducto de su titular, ha anunciado, en días recientes que el proyecto de emisión de la cédula de identidad personal es un proyecto autorizado, en proceso de ejecución y que en el plazo más breve iniciará a emitir los primeros ejemplares, para lo que la secretaría cuenta con un presupuesto autorizado, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2011, que le habrá de permitir la emisión, en una primera etapa, la cédula de identidad para los menores de entre cuatro y diecisiete años.
Es importante recordar que el proyecto de la emisión de la cédula de identidad personal efectivamente era una propuesta contenida en la iniciativa que el titular del Ejecutivo federal envió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y que, después de una intensa discusión y debate, se decidió la cancelación de dicho programa, por lo que evidentemente no se le asignó partida presupuestal específica.
El proyecto de cédula de identidad personal es en efecto, una atribución que la Ley General de Población, desde sus reformas de 1994, encomendó a la Secretaría de Gobernación y que esta atribución no se ha podido ejercer, ante la problemática social que representa el garantizar el manejo confidencial de la información de este registro que, sin duda será el más importante en el país.
Este proyecto ha enfrentado, cada vez que se retoma, férreas, solidas y fundadas críticas de amplios sectores de la sociedad civil que han manifestado su preocupación porque, con él se abran las puertas para la posibilidad de violentar, de diversas y graves maneras, las garantías individuales.
Los instrumentos de identificación personal, con los que, hasta el momento cuenta ahora el país son múltiples y se han generado y evolucionado de una manera desorganizada y carentes de instrumentos de coordinación y unicidad de metas y objetivos, por lo que iniciar un nuevo registro poblacional debe considerar los avances y problemas que enfrentan otros registros de similar naturaleza, objetivos y efectos, como son los registros civiles, de competencia local, los registros de vacunación, los registros de extranjeros, el Registro Único de Población, los registros de la cancillería y el Registro Federal de Electores, entre otros.
Esta soberanía aprobó las reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, publicadas el pasado 5 de julio de 2010, a fin de facultar al instituto del ramo para proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades y, es justamente este instituto el que, con fundamento en sus atribuciones legales, ha llamado la atención respecto a la necesidad de que en los trabajos, en curso, se ofrezcan las garantías y mecanismos, suficientes y necesarios, a fin de asegurar que la información que se recabe, con motivo de la expedición de la cédula de identidad personal, a que se refiere el artículo 87 de la Ley General de Población, reúna los elementos de transparencia, confidencialidad, buen uso y seguridad que se requieren a fin de no generar posibles violaciones a las garantías individuales que consagra nuestra Constitución.
El referido artículo 87 de la Ley de Población, mandata al Registro Nacional de Población para inscribir a los menores de edad, sin distinción alguna, mientras que el anuncio hecho por la dependencia del Ejecutivo federal, se refiere exclusivamente a un sector de este grupo de población –al de entre cuatro y diecisiete años– cuando la mayor urgencia y necesidad de contar con una identificación nacional se ubica entre la población de los recién nacidos, que carece de un instrumento de las características anunciadas y que la falta de identificación propicia la comisión de innúmeros y graves delitos en agravio de la población de menor edad, que ahora se ve excluida de este programa.
El manejo de la cédula y en particular, con los elementos con que se ha anunciado que contará, no solamente representa un serio riesgo para los derechos ciudadanos, en materia de protección a los datos personales. De igual manera, un mal manejo de esta información, como ya se ha observado en otros registros, con rasgos comunes, abre la posibilidad de exponer al ciudadano al ataque de sus derechos, por las más diversas vías, sectores y momentos de la actividad social. Baste señalar, a manera de ejemplos meramente enunciativos y no limitativos, los ámbitos de la salud, la seguridad personal, actividades bancarias, el control político, el ejercicio de derechos políticos y muchos más.
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos ha hecho pública una serie de argumentos que subrayan los riesgos de avanzar en la línea propuesta en este programa gubernamental, por lo que resulta, de la mayor urgencia e importancia, convocar al titular de la Secretaría de Gobernación a fin de que informe sobre los avances de este proyecto y las respuestas institucionales que esa dependencia del Ejecutivo federal ha dado al Instituto Federal de Acceso a la Información, a fin de asegurar que sus preocupaciones, queden a salvo.
Debe tenerse una gran claridad de la trascendencia de garantizar la confidencialidad en el manejo de los datos personales, pues su exposición a persona y empresas no autorizadas, afecta la esfera privada de las personas, tanto en actividades de derecho privado, como en gestiones de derecho público.
Por lo que se refiere al Instituto Federal Electoral, su situación es similar con respecto a la cédula de identidad personal. A este Instituto le preocupan varios temas, que no pueden dejarse de lado, como son: la duplicidad de ésa cédula, con la credencial de elector, para votar, con fotografía; el doble gasto que implicaría la emisión de una nueva herramienta de identificación personal, pero más de fondo se encuentra su preocupación por que la nueva cédula pueda desplazar la importancia de la credencial de elector, afectar el padrón de nacional de electores y, desde luego, el impacto que, en materia de ejercicio de sus derechos políticos, pueda tener la cédula, para los ciudadanos.
Por otra parte, no se omite referir que el manejo que se ha dado, alrededor de la información relativa a los procesos de adjudicación de contratos y asignación de montos presupuestales, relacionados con la expedición de la cédula de identidad personal, están rodeados de un velo de opacidad que hace necesario, desde ahora transparentar el uso de recursos públicos destinados a este proyecto, como una primera medida de seguridad en el manejo de la información personal, asociada a este proyecto.
Por lo anteriormente expuesto, quien suscribe; someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición. de urgente y obvia resolución, con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión citará, en la fecha y hora que determine, al secretario de Gobernación a comparecer ante esta soberanía, a fin de que rinda un informe pormenorizado, fundamentado y motivado, sobre los avances y fuentes de financiamiento del proyecto de emisión de una nueva cédula de identidad personal, los procedimientos de asignación de contratos a particulares, detallando las respuestas institucionales que ha dado a las diversas autoridades que han manifestado su preocupación y hasta oposición al mismo, algunas de las cuales se han referido, de manera no exhaustiva en el presente proyecto de punto de acuerdo y, explique cuál es el origen y autorización de los recursos presupuestales con los que se ha venido financiando, hasta el momento este proyecto y de donde se espera obtener el resto hasta su culminación.
Segundo. El secretario de Gobernación, en su comparecencia a que se refiere el punto anterior, deberá acreditar, ante esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión cuáles son las medidas de seguridad y protección de los datos personales que se habrían de incluir, para el caso de que el proyecto de cédula de identidad personal, efectivamente se instrumente, garantizando la adopción de las medidas de salvaguarda que ha formulado y, las que en su momento, llegue a formular, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, a fin de entregar a la ciudadanía un instrumento de identificación que no represente su exposición al mal uso de dicha información y que pueda poner en riesgo el goce y disfrute de sus garantías individuales.
Tercero. El secretario de Gobernación, deberá presentar, ante esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el universo de medidas de seguridad para proteger la confidencialidad de datos de los ciudadanos y de menores de edad, a fin de garantizar que, en ningún momento, la información sobre los datos personales que se asocien a la emisión de la cédula de identidad personal, puedan exponer la salvaguarda de la confidencialidad de dicha información.
De igual manera se pedirá al secretario de Gobernación explique las razones por las que, el sector de población que, más evidentemente se encuentra urgido de contar con una identificación nacional única, ha sido excluida de esta fase inicial del proyecto.
Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que, en el ámbito de su competencia y atribuciones, valore la posibilidad de suspender el proceso de emisión de la cédula de identidad personal, hasta en tanto no se disponga de las garantías y respaldos suficientes que brinden la seguridad más absoluta en el manejo confidencial y protección de la información que se maneje en la elaboración de esta Cédula y de respuesta satisfactoria a las inquietudes que los legisladores manifiesten, durante su comparecencia.
Dado en la sede de la honorable Comisión Permanente, a 19 de enero de 2011.
Diputada Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a desistirse de instaurar y aplicar la cédula de identidad personal o ciudadana, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez y suscrita por la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Grupo Parlamentario del PT
Los suscritos, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, diputados federales a la Sexagésima Primera Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la honorable Comisión Permanente, proposición con punto de acuerdo, atendiendo a las siguientes
Consideraciones
Que a lo largo de los meses más recientes, el Congreso mexicano debatió sobre la impertinente expedición de una cédula de identificación ciudadana frente a un escenario de crisis económica, violencia e inseguridad, así como en torno a una lamentable, pero en mucha ocasiones bien ganada desconfianza de los ciudadanos frente a las instituciones del Estado.
Que en respuesta a los argumentos esgrimidos por representantes populares de distintos partidos políticos con representación en el Congreso, mismos que hemos coincidido en la falta de viabilidad del proyecto de emisión de una cédula de identidad personal o ciudadana, exhortando al Ejecutivo federal a suspender su expedición, así como evitando destinar presupuesto público para la irracional tarea que pretende duplicar esfuerzo y extralimitarse en los elementos de identificación de las personas, el gobierno federal actúa de espaldas al mandato de esta soberanía, relanzando con nuevos matices y sin recursos públicos autorizados para tal efecto, un instrumento de identificación enfocado a menores de edad.
Que este proyecto recoge los mismos elementos tan cuestionados una y otra vez por los representantes populares, organismos públicos, integrantes de la sociedad civil y especialistas en materia de seguridad y confidencialidad de datos personales, como lo son la inclusión de un registro del iris ocular, elemento que no sólo carece de antecedentes en cualquier parte del mundo.
Que en el proyecto presentado por la Secretaría de Gobernación, ante la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se exponen elementos de seguridad que no se ajustan a los estándares internacionales de cédulas de identificación ciudadana al contener elementos propios de un mecanismo de sujeción estatal desde la perspectiva de la seguridad nacional, más que a los de un documento de identificación y acreditación de la personalidad.
Que la inclusión de la impresión del iris ocular de cada uno de las mexicanas y los mexicanas, extralimita cualquier mandato de ley e, incluso, cualquier parámetro mundial en materia de identificación ciudadana, lo que además representaría un gasto innecesario en materia de tecnología y una banalidad en materia de seguridad pública.
Que lo más preocupante es que este proyecto va dirigido a menores de edad y está anunciado para arrancar el próximo 24 de enero, esto es, dentro de unos pocos días, sin que exista la información y difusión debida a la población en general, y aún cuando existe el posicionamiento del Congreso para suspender esta medida.
Que por lo que hace al presupuesto público, es importante hacer notar que el Ejecutivo federal solicitó más de 700 millones de pesos para el Ramo 04, “Registro e Identificación de Población”, suma que se opone a cualquier criterio de racionalidad y austeridad en el ejercicio del gasto público y los diputados y las diputadas de la LXI Legislatura nos opusimos a la aprobación de semejante despropósito.
Que el Estado mexicano cuenta con un instrumento de identificación que goza de la aceptación y confianza mayoritaria de la ciudadanía, como lo es la credencial de elector emitida por el Instituto Federal Electoral, así como la carencia de recursos que obligan a reconsiderar la pertinencia en generar gastos para emitir una nueva credencial de identificación y además se cuenta también con la clave única de registro de población (CURP) con la cual se acredita la identidad de todos los mexicanos, incluidos los menores de edad. Vemos inviable la puesta en marcha de dicho proyecto y;
Que la Cámara de Diputados, determinó no autorizar la asignación presupuestal solicitado por el Ejecutivo federal para el proyecto que se discute, razón por la que no es posible el destinar recursos públicos para la emisión de una cédula de identificación personal o ciudadana.
Por las consideraciones antes expuestas sometemos a consideración de la honorable Comisión Permanente, con carácter de urgente y obvia resolución los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, no avala el proyecto de emisión de cédula de identidad personal que indebidamente ha anunciado el Ejecutivo federal.
Segundo. Se exhorta al secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, a que acate lo decidido por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, a saber, la falta de autorización de recursos del erario público para emitir una cédula de identidad personal.
Dado en el salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente, a los 19 días del mes de enero de dos mil once.
Diputados: Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a los titulares de la SCT, de la Sedena y de la SSP para que tomen el control de la seguridad interna en las instalaciones del AICM, y organizar una estrategia integral de seguridad en la red aeroportuaria nacional, suscrita por la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, María Elena Orantes López, senadora por el estado de Chiapas e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado 7 de diciembre, la Policía Nacional de España decomisó 140 kilos de cocaína contenida en el equipaje de tres sobrecargos de Aeroméxico en el aeropuerto de Barajas en Madrid.
Los empleados de la aerolínea mexicana arribaron al aeropuerto de Barajas en el vuelo 001 que procedía de nuestro país. El Ministerio del Interior de España informó que se trató de la mayor cantidad de cocaína decomisada en el aeropuerto de Madrid.
Ante la gravedad de los hechos, el ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Francisco Molinar Horcasitas, reconoció en conferencia de prensa que los aeropuertos pudieran estar convirtiéndose en una puerta abierta al tráfico de drogas, y que el hecho de la introducción de drogas por parte de empleados de Aeroméxico se debió a actos de complicidad humana.
Asimismo, mostró su preocupación y aseguró que las redes del narcotráfico operan de manera permanente tratando de encontrar la manera de burlar la seguridad del aeropuerto de la Ciudad de México.
Por otra parte, al realizarse las primeras investigaciones sobre lo ocurridos el pasado 6 de diciembre en el aeropuerto de la Ciudad de México, se encontró que varios empleados de la empresa encargada de la seguridad en las instalaciones del aeropuerto estaban involucrados, uno de ellos declaró que al menos cinco compañeros suyos recibieron un soborno de 10 mil pesos.
Lo anterior nos habla de la inadecuada decisión de contratar a una empresa privada de seguridad, ya que bajo este esquema no se garantiza una vigilancia estricta en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México como punto nodal de la seguridad en el combate al narcotráfico.
Ahora bien, según información de algunos diarios nacionales publicada el pasado 6 de enero, la Procuraduría General de la República dio a conocer que la red delictiva encargada de introducir cocaína a España en complicidad con personal de Aeroméxico, se denomina “Cártel de Galis”, y estaría integrada por personal de seguridad de la empresa Eulen, pilotos, sobrecargos, algunas personas responsables de asignar vuelos y agentes de la policía federal. Asimismo, se considera que esta estructura delictiva tenía operando aproximadamente tres años desde la terminal 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
Informaron también que entre sobrecargos y civiles hacían una o dos entregas al mes y que podrían haber realizado hasta 36 viajes, mientras que cada uno de los integrantes del grupo criminal era recompensado con cerca de 600 mil pesos por cada cargamento entregado.
Se indica asimismo, que las maletas viajaban llenas de cocaína a España y regresaban a México con el pago del cargamento, por lo que habrían sido elementos de la policía federal quienes les dieran rutas de salida para evadir la revisión aduanal.
Ahora bien, sabemos que es muy probable que haya más personal de las áreas administrativas, de aduanas o de migración en el aeropuerto, que pudieran estar coludidos o, incluso, presionados por bandas del narcotráfico.
Lo anterior no se descarta, pues en los alrededores de la terminal aérea de la Ciudad de México, se han suscitado hechos que muy probablemente tienen que ver con la operación de bandas del narcotráfico.
Cabe mencionar lo ocurrido entre diciembre de 2007 y enero de 2008, cuando aparecieron abandonadas 4 cabezas humanas pertenecientes a personal de una empresa de aduanas, presuntamente ultimados en venganza por el decomiso de media tonelada de cocaína en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México el 12 de diciembre de 2007.
Por ello, y debido a la magnitud de los graves hechos ocurridos en la periferia del aeropuerto y el que tiene que ver con bandas bien organizadas dentro de sus instalaciones, consideramos que resulta irresponsable dejar la vigilancia del aeropuerto en manos de empresas de seguridad privada, ya que éstas, no cuentan con la infraestructura y la capacidad organizativa y operativa como ocurre con aquellas corporaciones policiacas encargadas de la seguridad pública.
Para ello, se propone que todo aquel personal que labora en áreas estratégicas en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pase por un Centro de Control de Confianza con base a las políticas y medidas que decida la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de que pueda servir como una instancia para certificar a dicho personal en la realización de sus labores cotidianas y como un requisito para ser contratados por los concesionarios que operan en dicha terminal aérea, haciéndose extensivo de manera paulatina a aquellos aeropuertos con vuelos internacionales que así lo requieran.
En este mismo sentido, los legisladores sabemos, pues así nos lo han informado las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en reuniones de trabajo sostenidas en el Senado de la República, que la seguridad aeronáutica tiene como tarea fundamental vigilar el espacio aéreo para evitar el transporte de inmigrantes ilegales, drogas y dinero, entre otras tareas no menos importantes en los 84 aeropuertos comerciales y en los mil 600 aeródromos que controla la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública.
Es por ello, que consideramos que la seguridad en los aeropuertos debe ser diseñada a partir de una mejor estrategia de coordinación en sus instalaciones tomando en cuenta aspectos de seguridad nacional, para ello, es fundamental que el operador del aeropuerto y que los concesionarios de los diversos servicios que se brindan en las terminales aéreas, mantengan una coordinación permanente en la contratación de personal y en la administración del inmueble y las pistas, pero donde la seguridad esté a cargo en todo momento del Estado mexicano y no así de empresas de seguridad privadas.
La seguridad nacional no puede verse vulnerada por la presencia de bandas de narcotráfico, ladrones y secuestradores operando en el interior y los alrededores de los complejos aeroportuarios.
Por todo lo anterior, y ante los hechos que demuestran la irresponsabilidad con que se maneja la seguridad en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México (AICM), consideramos necesario solicitar al gobierno federal que tome el control de la seguridad interna en el aeropuerto y coloque de inmediato destacamentos de efectivos federales en las áreas estratégicas de la terminal aérea que tengan injerencia sobre los efectivos de seguridad privada, así como la operación inmediata de un centro de control de confianza manejado por la Secretaría de Seguridad Pública, que sea capaz de emitir periódicamente certificaciones al personal que labora en dicha terminal, toda vez que al tratarse de una zona federal, el asunto debe ser considerado como un tema de seguridad nacional.
Asimismo, para que paulatinamente se reestructure de forma similar la seguridad en todos los aeropuertos del país comenzando por los más importantes, con el propósito de evitar que, en el futuro, se vulnere nuevamente la capacidad operativa de la seguridad aeronáutica que debe hacer prevalecer el Estado en el territorio nacional.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que instruya a los secretarios de Comunicaciones y Transportes, de Defensa Nacional, y de Seguridad Pública, a tomar el control de la seguridad interna en las instalaciones del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, así como organizar una estrategia integral de seguridad en la red aeroportuaria en la República Mexicana, en virtud de tratarse de un tema de seguridad nacional.
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Defensa Nacional, y de Seguridad Pública, se implementen las acciones necesarias para que todo aquel empleado que trabaja en aéreas estratégicas y de seguridad en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México pase por un centro de control de confianza con base a las políticas y medidas que decidan las autoridades encargadas de la seguridad pública, con el objeto de que pueda servir como una instancia para certificar a dicho personal en la realización de sus labores cotidianas y como un requisito para ser contratados por los concesionarios que operan en dicha terminal aérea, haciéndose extensivo de manera paulatina a aquellos aeropuertos con vuelos internacionales que así lo requieran.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2011.
Senadora María Elena Orantes López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a coadyuvar en las investigaciones de los asesinatos y ataques contra alcaldes y servidores públicos de los ayuntamientos, y a destinar mayores recursos económicos, logísticos y de seguridad a las localidades que lo requieren urgentemente; y al gobernador de Morelos, a solicitar el apoyo de las fuerzas militares y federales para garantizar la seguridad en la entidad, e intensificar las investigaciones del homicidio del presidente municipal de Temoac, suscrita por el diputado Jaime Sánchez Vélez, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado Jaime Sánchez Vélez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y; 58, 59 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al Ejecutivo federal coadyuvar en las investigaciones de los asesinatos y ataques en contra de presidentes municipales y funcionarios públicos de los ayuntamientos; para que destine mayores recursos económicos, logísticos, de seguridad, de manera inmediata, a los municipios y localidades que lo requieren urgentemente; para que, en coordinación con las distintas fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales, se establezcan rutas de vigilancia en los municipios y localidades que representan mayor índice de delincuencia e inseguridad y se les brinde mayor seguridad y protección a sus funcionarios públicos municipales y; para que se exhorte al gobernador del estado de Morelos, solicite el apoyo de las fuerzas militares y federales para garantizar la seguridad en la entidad, así como intensificar las investigaciones del asesinato del presidente municipal de Temoac, Morelos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El aumento considerable de los índices de criminalidad en todo el país ha provocado una polémica sobre el verdadero nivel del problema de inseguridad pública que enfrentamos.
Las cifras oficiales confirman el importante aumento de la delincuencia en México durante los últimos años, además de la falta de un sistema de administración de justicia confiable que desinhibe a la sociedad a denunciar los delitos ante las autoridades.
El alarmante grado de delincuencia, junto con las pérdidas económicas que conlleva, nos debe obligar a reflexionar sobre su impacto en el bienestar social y en el desarrollo económico. La delincuencia deteriora el progreso del país y, por consiguiente, impide el mejoramiento de la calidad de vida de la población, además de atentar en contra del estado de derecho.
Las actividades delictivas han crecido rápidamente porque son una opción muy rentable. La impunidad ha permitido que éstas sean sustitutas de actividades legales como fuentes de ingreso. De no controlarse la delincuencia y criminalidad, sus efectos afectarán gravemente el crecimiento económico y el combate a la pobreza, al generarse un ambiente desfavorable para la inversión y la generación de empleos.
La seguridad pública debe ser suministrada por el estado para proteger a todos sus ciudadanos, y garantizar un estado de derecho. La existencia de éste permite desarrollar las actividades productivas de la sociedad y las empresas, fomentar su adecuado funcionamiento y asegurar un mayor bienestar social.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), mediante su análisis semanal, señaló que el costo de la inseguridad en México sobrepasa 15 por ciento del PIB, gasto equivalente a más del doble de lo que el país gasta en educación en un año.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2008 el gasto público en educación alcanzó 6.3 por ciento del PIB, mientras que en 2009 las participaciones federales a estados y municipios apenas alcanzaron 3.2 por ciento del producto.
Desafortunadamente, cada año grandes cantidades de recursos son destinados a prevenir y combatir los efectos negativos de la delincuencia, en lugar de ser canalizados a actividades productivas, obstaculizando de esta forma el desarrollo y el crecimiento económico.
Según estimaciones de la Secretaría de Seguridad Pública realizadas con base en el déficit salarial con que operan las corporaciones, los recursos derramados a las mafias policiacas involucradas en el negocio del narcotráfico, es de mil 277.27 millones de pesos, déficit salarial que no se paga y, por tanto, se convierte en corrupción, ya que es financiado por el crimen organizado.
En general, la policía trabaja ganando alrededor de dos a tres mil pesos mensuales. Asimismo, alrededor de 40 por ciento de los más de 165 mil policías municipales del país gana entre mil y cuatro mil pesos; el 20 por ciento se ve en la necesidad de trabajar hasta por mil pesos de salario.
Sumado a lo anterior, muchos de los policías que combaten a la delincuencia, esencialmente los municipales y estatales, lo hacen con recursos limitados y armas inapropiadas. 91.3 por ciento de las instituciones policiales del país, estatales y municipales, apenas han adquirido armamento suficiente para dotar a 20 por ciento de sus más de 390 mil elementos. Sin armas, con bajos salarios, con preparación mínima, las policías del país están en serios problemas.
En agosto del año pasado, la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Senadores presentó un estudio sobre el narcotráfico en México intitulado Ayuntamientos y crimen organizado, en el que se destacó que las principales organizaciones dedicadas al tráfico de drogas mantienen bajo su control 71 por ciento del territorio nacional.
Según este estudio, los cárteles de la droga tienen absoluta presencia y control en aproximadamente 195 municipios e influyen de alguna forma en otros mil quinientos, a través del narcomenudeo, cultivo y tráfico de drogas, secuestro y extorsión, entre otros; esto es, controlan ocho por ciento de las 2,440 alcaldías del país.
El nivel de gobierno más cercano a la población, el municipio, es el que cuenta con menos recursos y menos atribuciones, en contrapartida con el estatal y el federal (este último es el que tiene más recursos y más atribuciones), motivo por el cual han sido presa fácil para las operaciones de narcomenudeo, para construir infraestructura y conseguir apoyo político y complicidad por parte de integrantes de los cárteles.
Es cierto lo expresado en el estudio, en el sentido de que a gran parte de los ayuntamientos les falta presupuesto, no cuentan con políticas económicas y sociales sostenibles y en muchas ocasiones son abandonados por los gobiernos estatales y federal.
Es claro que el gobierno federal, con toda la estructura y recursos humanos, materiales, de inteligencia que tiene, no ha podido contrarrestar las acciones de la delincuencia, entonces, ¿qué esperamos de los municipios que en muchas ocasiones, no tienen siquiera para pagar las nóminas de sus empleados y menos, para la obtención de armamento, patrullas y equipo de seguridad para enfrentar al crimen organizado?
El gobierno federal, con todo el Ejército y la Marina y con más de 35 mil policías federales, no ha logrado frenar al crimen organizado.
Desafortunadamente, las señales que dan las autoridades en todos sus niveles son que los cárteles han entendido que los ayuntamientos son el nivel de gobierno más cercano a la gente, por lo que es necesario estar presentes y tener a la sociedad de su lado.
Un estudio de la Secretaría de Seguridad Pública federal, dio a conocer que más de 400 municipios carecen de policías, y en 1029 sólo trabajan no más de 15 agentes en cada uno. En términos generales, 88.5 por ciento de los municipios tienen menos de 100 policías. Donde hay más, se llega a 30 elementos máximo por turno; por el contrario, en donde menos existe personal de seguridad, hay hasta uno, quien cubre los tres turnos, los días de descanso y las vacaciones.
A lo anterior, habría que añadir que 93 por ciento de los delitos son del fuero común, y que de estos, casi 80 por ciento son de algún tipo de robo. Esto da una percepción nacional de inseguridad, acompañada por el abandono político de los municipios, lo que ha abierto la puerta para crear círculos corrompidos.
Ni la federación, ni los estados destinan los suficientes recursos a los municipios, cuyos alcaldes en muchas ocasiones son rebasados por los narcotraficantes del área, que son quienes construyen los espacios públicos y hasta crean empleos indirectos a la comunidad.
Esta situación es difícil para las autoridades municipales, ya que la sociedad demuestra una lealtad a la delincuencia organizada generada principalmente por cuestiones de sobrevivencia y temor. Además, muchos ediles o integrantes de cabildos se han visto forzados a aceptar las reglas de los capos o en caso contrario, han sido objetos de atentados en su contra o de su familia.
En los últimos tres años han sido asesinados más de cuarenta funcionarios municipales, entre alcaldes, ex ediles, regidores, secretarios de ayuntamientos y candidatos a alcaldes, además de varias decenas de policías locales y federales y militares.
El asesinato de alcaldes se ha realizado en ocho estados, algunos con problemas de disputa entre grupos delictivos, como Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, y otros donde la presencia del narcotráfico se suma a la descomposición social, como Guerrero, Michoacán y Oaxaca.
Los presidentes municipales en funciones o electos asesinados de 2008 a 2011, han sido 23; tres en lo que va de 2011.
1. Junio de 2008. Marcelo Ibarra Villa, Villa Madero, Michoacán.
2. Septiembre de 2008. Homero Lorenzo Ríos, Ayutla, Guerrero.
3. Octubre de 2008. Salvador Vergara Cruz, Ixtapan de la Sal, Estado de México.
4. Febrero de 2009. Claudio Reyes Núñez, Otáez, Durango
5. Febrero de 2009. Octavio Manuel Carrillo, Vistahermosa, Michoacán.
6. Junio de 2009. Luis Carlos Ramírez López, Ocampo, Durango.
7. Junio de 2009. Héctor Manuel Meixuerio, Nimiquipa, Chihuahua.
8. Febrero de 2010. Ramón Mendívil Sotelo, Guadalupe y Calvo, Chihuahua.
9. Febrero de 2010. Manuel Estrada Escalante, Mezquital, Durango.
10. Abril de 2010. José Santiago Agustino, Zapotitlán Tablas, Guerrero.
11. Junio de 2010. Jesús Manuel Lara Rodríguez, Guadalupe Distrito Bravos, Chihuahua.
12. Junio de 2010. Óscar Venancio Rivera, San José del Progreso, Oaxaca.
13. Junio de 2010. Nicolás García Ambrosio, Santo Domingo, Oaxaca
14. Agosto de 2010. Edelmiro Cavazos Leal, Santiago, Nuevo León.
15. Agosto de 2010. Marco Antonio Leal García, Hidalgo, Tamaulipas.
16. Septiembre de 2010. Alexander López García, El Naranjo, San Luis Potosí.
17. Septiembre de 2010. Prisciliano Rodríguez Salinas, Doctor González, Nuevo León.
18. Octubre de 2010. Antonio Jiménez Baños, alcalde electo de Mártires de Tacubaya, Oaxaca.
19. Noviembre de 2010. Gregorio Barradas Miravete, alcalde electo de Juan Rodríguez Clara, Veracruz.
20. Noviembre de 2010. Gustavo Sánchez Cervantes, Tancítaro, Michoacán.
21. Enero de 2011. Saúl Vara Rivera, Zaragoza, Coahuila.
22. Enero de 2011. Abraham Ortiz Rosales, Temoac, Morelos.
23. Enero de 2011. Luis Jiménez Mata Santiago, Santiago Amoltepec, Oaxaca.
Asimismo, en mayo de 2010, José Mario Guajardo Varela, candidato del Partido Acción Nacional a la alcaldía de Valle Hermoso, Tamaulipas, fue atacado con armas de fuego, después de que su partido denunciara amenazas del narcotráfico contra sus candidatos.
A menos de una semana de los comicios locales, el 28 de junio, el candidato del Partido Revolucionario Institucional al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, murió acribillado en la carretera a Soto La Marina en Ciudad Victoria.
Del mismo modo, fue acribillado el ex gobernador de Colima, Silverio Cavazos Ceballos, el 21 de noviembre, en las afueras de su residencia.
Algunos alcaldes asesinados fueron muertos por sus propios policías, quienes fueron despedidos o cambiados de sus tareas.
Cuestionado sobre las acciones adoptadas para proteger a las potenciales víctimas del crimen organizado, tras los asesinatos de presidentes municipales y otros servidores públicos y actores políticos, Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, reconoció la preocupación del gobierno federal por estos hechos, y afirmó que se trabaja en una estrategia sobre el tema. Sin embargo, ya fueron asesinados tres alcaldes en menos de 15 días y los actos delictivos no parecen disminuir, por el contrario, todos los días son de asesinatos y atentados.
En el caso particular de Morelos, esta entidad se ha visto afectada por diversos acontecimientos de gran preocupación. Recordemos que el 16 de diciembre de 2009, durante un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina, resultó muerto el jefe del cártel de los Beltrán Leyva, Arturo Beltrán Leyva, alias “El Barbas” o “El Botas Blancas”.
Asimismo, el día 11 del mismo mes, autoridades federales detuvieron a los músicos Ramón Ayala y sus Bravos del Norte, los Cadetes de Linares y Torrente Musical, quienes fueron investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En Morelos la temporada vacacional de semana santa de 2010 fue muy violenta, ya que dejó como saldo nueve decapitados y diez asesinatos relacionados con la delincuencia organizada y el narcotráfico.
Asimismo, fueron colocados en diversos puntos de la ciudad de Cuernavaca los llamados “narcomensajes”, lo que generó gran alerta y preocupación entre la sociedad.
Al expresar su amplio reconocimiento a las instituciones federales que intervinieron en el operativo realizado el pasado 30 de agosto de 2010, que tuvo como resultado la captura de Edgar Valdéz Villarreal, alias la “Barbie”, el gobernador Marco Antonio Adame subrayó que Morelos, junto con otras entidades de la región centro del país, participaron en el establecimiento de cercos perimetrales definidos por la Procuraduría General de la República, lo que demuestra que en la entidad operan con libertad los integrantes de bandas delictivas.
El 6 de diciembre de 2010, el Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría de Investigación especializada en Delitos Federales (Siedo), entregó a las autoridades judiciales de Morelos al menor Edgard Jiménez Lugo, alias “El Ponchis”, acusado de homicidio y de vínculos con la delincuencia organizada.
La Procuraduría General de la República expuso que al no existir leyes federales para procesarlo y al haber cometido sus delitos en Morelos, el presunto delincuente quedó a disposición de la autoridad local, donde sí existen esos procedimientos penales. El vocero de la PGR, Ricardo Nájera, precisó que el adolescente de 14 años está acusado de delitos tipificados como graves, por lo que la Siedo determinó consignarlo ante una autoridad competente en el caso.
El presunto sicario fue puesto a disposición de un tribunal unitario del fuero común para justicia de adolescentes de Morelos, que le dictó vinculación a juicio por delincuencia organizada y homicidio.
Según la Ley de Justicia Penal para Adolescentes de Morelos, “El Ponchis” puede ser procesado, por lo que un magistrado le dictó auto de vinculación a proceso, lo que en el sistema de justicia tradicional, aún a nivel federal, sería el auto de formal prisión.
Aunque las leyes de Morelos señalan que la pena máxima para menores de edad sea del nivel que sea el delito que hayan cometido, es de cinco años de prisión; en este caso, el detenido no podrá obtener la libertad bajo caución ni por otras figuras de libertad anticipada.
El ahora procesado está acusado de delincuencia organizada y se le vincula con decenas de homicidios, desde una célula de sicarios vinculados con la organización de los hermanos Beltrán Leyva en Morelos.
Ante todos estos hechos, el estado de Morelos se ha convertido en el principal centro de operación de esta organización, además de presentarse otros actos que han puesto en riesgo incluso, la estabilidad de la entidad, al grado de acusar a gobernadores de estar relacionados con actividades ilícitas.
Recordemos que en marzo de 2008, en Temixco, el presidente de la república inauguró el edificio de seguridad pública del estado de Morelos, y anunció el inicio del programa “Limpiemos México, Zona en Recuperación”, de carácter social y vinculado a la seguridad.
Los objetivos que señaló el primer mandatario sobre la estrategia de su gobierno para hacer frente a la delincuencia organizada, son
• Garantizar la seguridad pública es la función esencial de todo gobierno, es uno de los deberes más altos de cualquier autoridad y también es uno de los retos mayores de la nación; es, a su vez, en este momento, la mayor exigencia de los ciudadanos.
• Uno de mis mayores compromisos como presidente de la república, es impulsar el progreso del país por la vía de la paz, de la legalidad y del orden.
• La estrategia nacional de seguridad tiene, básicamente, dos grandes grupos de componentes.
• Para ganar la guerra contra la delincuencia se requiere la acción coordinada de los tres órdenes de gobierno. Sin la participación responsable de las autoridades federales, estatales y municipales, no será posible tener un completo éxito.
Asimismo, se informó de la existencia de programas para fortalecer las capacidades policiacas, de armamento, tecnología y de control de confianza de los municipios mayores y más críticos en materia de seguridad en el estado de Morelos, a través del mencionado programa y del Fondo de Seguridad Municipal.
Sin embargo, las estrategias y las acciones no han sido suficientes o adecuadas, ya que el estado de Morelos sigue siendo una zona insegura y de operaciones del crimen organizado.
Como ya se mencionó, el pasado 10 de enero el alcalde de Temoac, Abraham Ortiz Rosales, fue interceptado por un grupo armado que le disparó cuando viajaba con su esposa, sus tres hijos y su escolta, en el ingreso a la comunidad de Amilcingo, a las 19:30 hrs.
El municipio de Temoac es una de las localidades más apartadas de la capital del estado; se localiza en la zona oriente de Morelos, cerca de la división con Puebla. El gobierno municipal se elige y gobierna mediante el método de usos y costumbres.
En el resto de la entidad se vive y se percibe un ambiente de inseguridad, de desconfianza, de incertidumbre, de desprotección por parte de las autoridades. Es el momento de poner mayor atención al clima que se presenta en Morelos, sobre todo por la posición geográfica que representa.
Es urgente diseñar y adecuar políticas y acciones que fortalezcan la administración de las alcaldías no solamente de Morelos, sino de todo el país, con el fin de contrarrestar los efectos de la delincuencia organizada y así, cumplir con el compromiso del estado de garantizar seguridad en todo sentido a la población, como se establece en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
“Artículo 25. Corresponde al estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.”
Mientras no se incluya una estrategia de desarrollo social y económico de mediano y largo plazos, no se logrará avanzar hacia un mejor bienestar de la sociedad.
Participemos con las autoridades para no permitir la destrucción del capital o tejido social que hace posible la convivencia ciudadana y el desarrollo económico del país.
Hemos visto cómo se comienzan a cerrar empresas o se cancelan inversiones debido a la inseguridad, trayendo consigo importantes costos sociales para el país. Es necesario redoblar esfuerzos para proteger la integridad física de las personas y la propiedad de sus bienes, para alcanzar los beneficios sociales de un ambiente de seguridad que permita la realización de un mayor desarrollo económico y social.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta soberanía sea aprobado los siguientes
Puntos de acuerdo
Primero. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al Ejecutivo federal a coadyuvar en las investigaciones con las autoridades locales de las entidades federativas en donde se han perpetrado asesinatos y ataques en contra de presidentes municipales y funcionarios públicos de los ayuntamientos, para encontrar a los responsables y ser juzgados.
Segundo. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al Ejecutivo federal para que destine mayores recursos económicos, logísticos, de seguridad, de manera inmediata, a los municipios y localidades que requieren atención urgente por encontrarse en situación de riesgo de ingobernabilidad.
Tercero. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al Ejecutivo federal para que, en coordinación con las distintas fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales, se establezcan rutas de vigilancia en los municipios y localidades que representan mayor índice de delincuencia e inseguridad para la población, así como brindar mayor seguridad y protección a sus funcionarios públicos municipales.
Cuarto. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al gobernador del estado de Morelos, solicite al titular del Ejecutivo federal el apoyo de las fuerzas militares y federales de seguridad pública para garantizar la seguridad en la entidad, así como intensificar las investigaciones del asesinato del presidente municipal de Temoac, Morelos.
Se somete este punto de acuerdo a consideración de esta soberanía para su aprobación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2011.
Diputado Jaime Sánchez Vélez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a enviar por la PGR un informe detallado al Congreso de la Unión sobre los más de 34 mil homicidios ocurridos en el país, suscrita por la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, María Elena Orantes López, senadora por Chiapas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado 12 de enero, en el marco de los Diálogos por la Seguridad, Alejandro Poiré, vocero del gabinete de seguridad nacional, informó que tan solo en el año 2010, hubo 15 mil 273 crímenes relacionados con el crimen organizado en el país.
La mayor parte de estos crímenes han permanecido en la impunidad, es por ello que cabe preguntarse por qué a más de cuatro años de que el gobierno federal iniciara la batalla contra el crimen organizado, el Ministerio Público federal no ha presentado un avance de las investigaciones sobre los presuntos homicidios relacionados con la delincuencia organizada.
Asimismo, informó que de 2006 a 2010 son 85 municipios los que concentran el 70 por ciento de los homicidios de este tipo. En 2007 fueron 90 municipios; en 2008 fueron 59 municipios; en 2009 un total de 70 municipios y, en el 2010, sumaron 73 municipios.
Subrayó también que los datos presentados no sustituyen a la estadística oficial de homicidios totales ni de homicidios dolosos que recopila de manera sistemática el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sino solamente se refiere a aquellos casos presumiblemente relacionados con el crimen organizado.
Estos datos hacen evidente que la Procuraduría General de la República ha fallado en la investigación y resolución de los delitos vinculados con el crimen organizado.
Las autoridades, una y otra vez, han menospreciado las miles de muertes mediante declaraciones superficiales a los medios de comunicación para justificar su inoperancia. Se han encargado sistemáticamente de decir que estas muertes fueron resultado de enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes o ajuste de cuentas de grupos delictivos, sin contar con referencias documentales obtenidas de las averiguaciones previas correspondientes.
El Estado mexicano tiene la obligación de perseguir el delito y esclarecer los asesinatos para poder, en el marco de un Estado de derecho, detener, juzgar y encarcelar conforme a la ley, a todo aquel responsable de una muerte.
La incapacidad de los ministerios públicos y jueces para integrar y enjuiciar a los criminales raya en la desesperación ciudadana y contribuye a la descomposición social.
Las más de 34 mil muertes registradas en todo el país a causa de la estrategia gubernamental para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada, son muestra clara del fracaso y el descrédito de la política contra la inseguridad que mantiene el gobierno del país.
Víctimas inocentes como migrantes y transmigrantes, niños, jóvenes y mujeres, han muerto por ser confundidos o por encontrarse en zonas de combate al ser alcanzados por las balas, ya sea por integrantes del crimen organizado o por la propia policía o miembros de las fuerzas armadas.
Aun así, más del 95 por ciento de esas muertes no se han investigado y sólo el 1 por ciento de los crímenes llegan a ser procesados penalmente ante un juzgado.
Es en este sentido, creemos necesario solicitar un informe detallado sobre el trabajo de la Procuraduría General de la República en relación a los más de 34 mil homicidios ocurridos en el país desde el 2006 a la fecha.
El Congreso de la Unión debe contar con información detallada que explique las causas por las cuales, no se ha avanzado en las investigaciones para aclarar las miles de muertes en el marco de la estrategia gubernamental de combate al narcotráfico y el crimen organizado.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal que –a través de la Procuraduría General de la República– envíe un informe detallado al Congreso de la Unión en relación con los más de 34 mil homicidios ocurridos en el país, al tiempo de explicar el por qué de los escasos resultados de las autoridades federales en la investigación de los homicidios ocurridos en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en el país, desde inicios de 2006 a la fecha.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2011.
Senadora María Elena Orantes López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a congelar los precios de las gasolinas y del diesel en lo que resta de 2011 para atenuar la crisis que provoca el excesivo costo del transporte en los sectores agrícola, ganadero, pesquero, industrial, comercial y del público en general, suscrita por el diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI
Arturo Zamora Jiménez, diputado a la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política; y 58 a 60, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a congelar los precios de las gasolinas y del diesel en lo que resta de 2011 para atenuar la crisis que provoca el excesivo costo del transporte en los sectores agrícola, ganadero, pesquero, industrial, comercial y del público en general por el uso de sus automotores, evitando confrontaciones que pongan en riesgo la economía del país.
Ante las múltiples manifestaciones de rechazo y repudio de la sociedad en su conjunto por los constantes incrementos de los precios de las gasolinas y del diesel, es necesario conocer el comportamiento que éstos han tenido desde el 1 de diciembre de 2006. Con el Ejecutivo federal, Felipe Calderón, a cuatro años de distancia, se refleja una anarquía en los métodos y procedimientos para fijar estos precios oficiales al consumidor, de acuerdo con los siguientes
Antecedentes
Marco jurídico
Precios de combustibles
En México, los precios al público de las gasolinas y del diesel los regula y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) porque el Ejecutivo federal tiene la facultad de establecer dichos precios, con fundamento en el artículo 31, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece que dicha dependencia se la encarga de tales funciones atendiendo los criterios de eficiencia económica y condiciones del mercado.
Lamentablemente, por no estar regulada la metodología de fijación de los precios de energéticos en el país, se ha caído en excesos y abusos en perjuicio del público consumidor, que es urgente rectificar en beneficio de la economía del país y de las clases populares.
La SHCP mensual o semanalmente autoriza a Petróleos Mexicanos (Pemex) los precios al público de las gasolinas Magna y Prémium, así como del diesel comercializado por Pemex Refinación, que a través de la Gerencia de Políticas y Desarrollo Comercial, Subgerencia de Estrategia de Precios, se transmitan para su comercialización.
Precios de gasolinas y de diesel en 2007
El 1 de diciembre de 2006, cuando el presidente Calderón asumió el encargo, el precio de la gasolina Magna era de 6.74 pesos. La Prémium costaba 8.29 y el diesel 5.70, por litro. La política de incrementos consistía en incrementar de 2 a 4 centavos por litro, cada primero de mes, buscando equiparar el impacto inflacionario decretado por el Banco de México (Banxico), equilibrando los factores económicos por el uso de los energéticos.
En septiembre de 2007, el presidente Calderón anunció la congelación de precios de la gasolina Magna y el diesel, medida populista “para evitar daños a la economía de las familias con menores ingresos”. No subieron la Magna ni el diesel, pero la Prémium continuó con aumentos mensuales.
En resumen, en 2007 la Magna de 6.74 pesos el litro, subió 27 centavos para quedar en 7.01, incremento de 4 por ciento. Mientras, la Prémium, de 8.29 el litro, subió 44 centavos y quedó en 8.73, lo que representó 5.3 por ciento de incremento. El diesel, con precio de 5.70 el litro, subió 23 centavos y quedó en 5.93, un aumento de 4 por ciento.
Si comparamos esos incrementos con la inflación general de que informó el Banxico en 2007, que fue de 3.76 por ciento., se observa una política aceptable en ese primer año de gestión del presidente Calderón.
Precios de gasolinas y de diesel en 2008
Para 2008, la metodología aplicada por la SHCP en la fijación de los precios de las gasolinas y el diesel fue de excesos: 33 incrementos en el año, los primeros 6 meses continuaron subiendo los precios de estos combustibles cada día primero.
Para julio, los aumentos fueron semanales, con la única idea de desorientar al público consumidor, con incrementos de 2 a 5 centavos por litro semana a semana.
El diesel inició con un precio de 5.93 pesos por litro, se incrementó en 1.40 para quedar en 7.33. El efecto inflacionario fue brutal para los automotores que mueven la economía del país, la carga pesada de comestibles, bienes y personas. El incremento fue de 23.61 por ciento en un solo año, con módicos 33 incrementos programados por el Ejecutivo federal.
Pese a que la inflación de 2008 anunciada por el Banxico fue de 6.53 por ciento, la más alta en 8 años, los incrementos del precio del diesel representaron 3 veces más que ésta, un exceso de 17 por ciento que afectó negativamente la economía del país, pues el transporte público, entre otras actividades que tienen precios oficiales, no pudo asimilar el aumento de sus costos de operación con las consecuencias ya conocidas de paros escalonados, incendio de automotores y camiones en las carreteras de todo el país, como protesta por los incrementos del diesel.
La gasolina Magna inició 2008 con un precio de 7.01 pesos, subió 69 centavos para quedar en 7.70. El incremento significó 9.84 por ciento, muy por encima de la inflación anual anunciada por el Banxico.
En la misma proporción, la gasolina Prémium, que arrancó con un precio de 8.73 pesos, subió 84 centavos para quedar en 9.57; es decir, casi 10 por ciento de incremento.
En 2008 entró en vigor la modificación de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007. La fracción II del artículo 2o.-A de dicho ordenamiento estableció cuotas para la gasolina Magna de 36 centavos por litro, gasolina Prémium de 43.92 centavos por litro y del diesel de 29.88 centavos por litro, para que Pemex y sus organismos subsidiarios, las estaciones de servicio y demás distribuidores autorizados que realicen ventas de combustibles al público en general trasladen dicha cuota en el precio final al público.
El aumento fue gradual de 2 centavos por mes, durante 18 meses, hasta llegar a la cuota arriba mencionada para cada producto. Lo negativo de los incrementos de los precios de las gasolinas y del diesel es que los aumentos fueron hasta de 25 centavos mensuales, 10 veces más de la cuota del IEPS autorizada por la Cámara de Diputados. Es decir, hubo un libertinaje al amparo de la autorización de esta cuota que se entrega mensualmente a los gobiernos estatales y que representan una aportación de 22 mil millones de pesos anuales.
Precios de gasolinas y de diesel en 2009
Ante el rechazo generalizado de los sectores productivos del país por los 33 incrementos de los precios de los combustibles líquidos tenidos en el año anterior, el presidente Calderón dio un cambio en sus decisiones, al anunciar el Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo, ya cuando el daño estaba hecho, aumentando hasta la cuarta parte del precio de los combustibles, como fue el caso del diesel, rebasando toda proporción económica entre los factores de producción y consumo del país.
Los precios de las gasolinas Magna y Prémium se congelaron hasta el 18 de diciembre de 2009. No respetó su palabra y pacto, y volvió a haber incrementos semanales en estos combustibles. La Magna inició en 7.70 el litro, subió 10 centavos para quedar en 7.80, tuvo un efecto de sólo 1.3 por ciento, mientras que la Prémium se congeló en 9.57 todo el año.
En el caso del diesel no se respetó ese acuerdo y el presidente Calderón autorizó 18 incrementos: inició con un costo de 7.33 el litro, subió 83 centavos para finalizar en 8.16. El incremento representó 11.32 por ciento en un combustible que mueve al país, que utilizan los automotores pesados con la carga de bienes, comestibles y de personas. Si se compara con la inflación decretada por el Banxico para 2009, de 3.57 por ciento, el aumento del diesel fue 3 veces mayor.
Precios de gasolinas y de diesel en 2010
En 2010, los precios de la Magna, de la Prémium y del diesel fueron incrementados en 12 ocasiones, el segundo sábado de cada mes, sin oficio, sin metodología y con el único afán de desorientar al público consumidor. La Magna arrancó con 7.80, subió 96 centavos para quedar en 8.76. El efecto fue de 12.3 por ciento, muy superior a la inflación anual, de 4.40, reportada por el Banxico.
La gasolina Prémium inició con un precio de 9.57 el litro, subió 53 centavos para terminar en 10.10, un efecto de 5.5 por ciento, mientras que el diesel costó al arranque del 2010 8.16 el litro, subió 96 centavos para finalizar en 9.12, lo cual refleja 11.8 por ciento de incremento.
En el caso de la gasolina Magna y del diesel, que representan 95 por ciento de los combustibles que se consumen en el país, el efecto inflacionario fue de 12 por ciento en números cerrados, 3 veces más que la inflación oficial del Banxico. Los precios fueron desfasados respecto a la realidad económica de los sectores de la producción y el servicio del país.
Conclusiones
La gestión del presidente Calderón en materia de fijación de precios de energéticos en las gasolinas y el diesel ha sido errónea, pues ha provocado desigualdades entre los sectores productivos del país: hasta los particulares que sin tener la posibilidad usar automóvil propio pagan excesivo costo de los combustibles en todo lo que se consuma por efecto del pago en transporte que llega a niveles muy superiores a la realidad de la economía del país.
71 aumentos en 4 años
La arbitrariedad con que se dieron estos aumentos se refleja en los 9 incrementos de 2007, 33 en 2008, 17 en 2009 y 12 en 2010. Las gasolinas en México han subido en 71 ocasiones en los 4 años de gobierno de Felipe Calderón.
El diesel inició el 1 de diciembre de 2006 con un precio de 5.70 el litro, y al 31 de diciembre de 2010 su precio era de 9.12. Se ha incrementado 3.42 pesos cada litro, lo que representa un aumento de 60 por ciento.
La gasolina Magna inició el 1 de diciembre de 2006 con 6.74, al 31 de diciembre de 2010 el precio por litro era de 8.76. En cuatro años ha subido 2 pesos con 2 centavos, que significa un aumento de 30 por ciento.
La gasolina más cara es la Prémium, que representa sólo 5 por ciento de los combustibles vendidos en el país, con precios prohibitivos, en varias ocasiones, superiores a los que rigen en Estados Unidos, como marco de referencia del mercado internacional de los combustibles. Inició la gestión del presidente Calderón con un precio de 8.29, subió 1.81 pesos para quedar el 31 de diciembre de 2010 en 10.10, teniendo el efecto de 22 por ciento.
Todos estos aumentos, muy superiores a los referenciados a los índices de inflación anualizada reportada por el Banxico y que predicen efectos inflacionarios serios en la economía del país.
La política señalada por la SHCP no sólo rebasa los factores económicos de la economía, en materia de costos energéticos, sino pretende homologar los precios internos con los internacionales de los combustibles, referenciados a los que rigen en el mercado de Estados Unidos de América.
Hay iniquidades sustantivas por señalar en esta equívoca pretensión de la SHCP:
a) La capacidad de compra de los ciudadanos estadounidenses es muy superior a la que rige aquí: mientras que un trabajador en México gana 59.82 pesos de salario por día, en el país del norte un trabajador los gana en una hora. Por tanto, puede adquirir sin problema los combustibles a esos precios.
b) La calidad de las gasolinas y del diesel en el país no es la misma con que se vende en Estados Unidos de América: la gasolina regular equiparada con la Magna de México, de 87 octanos, ni la Prémium, con el mismo nombre en el país del norte, que tiene las características de 92 octanos, son de distinta especificación técnica en cuanto a las partes por millón de azufre, que rigen las normas internacionales y la aplicable en México, que es la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, “Especificaciones de los combustibles fósiles para la protección ambiental”.
c) Sólo la gasolina Prémium en México cumple las 15 partes por millón de azufre, que establece como parámetro internacional en calidad de gasolinas.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a congelar los precios de las gasolinas y del diesel en lo que resta de 2011 para atenuar la crisis que provoca el excesivo costo del transporte en los sectores agrícola, ganadero, pesquero, industrial, comercial y del público en general por el uso de sus automotores, evitando confrontaciones que pongan en riesgo la economía del país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2011.
Diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la Conagua que informe a esta soberanía respecto a las acciones y obras programadas para 2011 en materia de prevención y control ante fenómenos meteorológicos que se presenten en el país, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Adolfo Toledo Infanzón, senador de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter al pleno de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
El agua reviste una significativa importancia al ser un recurso estratégico para las personas y para las actividades que ellas realizan, en todos los ámbitos.
De ser un recurso abundante y puro, ha pasado en los últimos años a ser un recurso escaso y contaminado, convirtiéndose en un tema de seguridad nacional para todas las naciones, México no es la excepción.
Hoy de los 653 acuíferos existentes en el país, 101 se encuentran sobreexplotados y 69 cercanos a la sobreexplotación. Además, 36 por ciento de los ríos y lagos del país se encuentran contaminados.
Como resultado del crecimiento demográfico y la expansión y diversificación productiva, los recursos hídricos se han visto seriamente afectados, tanto en su cantidad como en su calidad. En casi 60 años, la disponibilidad del agua por habitante disminuyó en 4 veces.
A todo ello, se suman las consecuencias del cambio climático que han hecho que las ciudades y poblaciones se vuelvan cada vez más vulnerables ante los fenómenos hidrometereológicos. Siendo esto, una de nuestras principales preocupaciones, particularmente por las intensas lluvias que se han presentado en los últimos años en diversas regiones del país, y que han ocasionado severos daños a la población.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha reportado que las lluvias atípicas y los huracanes del año pasado evidenciaron la vulnerabilidad nacional ante los fenómenos hidrometereológicos extremos, que además se ven agravados año con año por el cambio climático y afectan particularmente a las poblaciones ubicadas en sitios de riesgo que, en muchas ocasiones, también son las más pobres.
Consecuencia de lo anterior, reportaron que el número de municipios el año pasado con declaratorias de emergencias se incrementó más del doble, pasando de 110 en 2009 a 367 en 2010. De igual forma, los municipios con declaratoria de desastre natural casi se cuadruplicaron, pasando de 118 en 2009 a 586 en 2010.
En este sentido, y dado que se prevé que los fenómenos meteorológicos atípicos derivados del cambio climático se sigan presentando, es indispensable tomar previsiones y acciones con oportunidad para evitar los cuantiosos daños sociales y económicos que año con año se repiten.
Por ello, consideramos que este es el momento oportuno para hacer un llamado a la Comisión Nacional del Agua para que informe cuáles son las medidas de prevención y control que pondrán en marcha este año, las zonas de riesgos que tienen ubicadas, obras de infraestructura en marcha, a fin de evitar, nos enfrentemos nuevamente a acciones tardías, improvisadas y que sólo reaccionan ante hechos consumados en la materia.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular de la Comisión Nacional del Agua que informe a esta soberanía cuáles son las acciones y obras programadas para este 2011 en materia de prevención y control ante fenómenos meteorológicos que año con año se presentan en el país.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2011.
Senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar sobre el número de mexicanos afectados por el consumo de drogas, alcohol y tabaco, el de muertos por el uso de éstas de 2005 a la fecha, y las medidas de prevención y atención aplicadas para disminuir la tendencia, a cargo de la senadora María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, María del Socorro García Quiroz, senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, 109, 110 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La atención que el Estado, la familia y sociedad, en general, proporcionen a la niñez y juventud mexicana será fundamental para lograr una estabilidad económica, política y social en nuestro país en los próximos años.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, el consumo de drogas ilegales y médicas en la población rural y urbana de entre 12 y 65 años de edad ha aumentado de un 5 por ciento observado en 2002 a un 5.7 por ciento en este periodo. Las drogas ilegales (mariguana, cocaína y sus derivados, heroína, metanfetaminas, alucinógenos, inhalables y otras drogas) aumentaron de 4.6 a 5.2 por ciento.
Los datos de la encuesta indican que los adolescentes de entre 12 y 17 años tienen más probabilidad de usar drogas cuando están expuestos a la oportunidad de hacerlo. Asimismo, el inicio en el consumo de tabaco y de alcohol anterior de los 18 años incrementa la probabilidad de usar otras drogas.
De igual forma, existe la probabilidad de que una persona se involucre en el consumo de drogas, tabaco o alcohol si algún miembro del núcleo familiar lo hace, y la probabilidad es aún mayor cuando se trata de un amigo.
Dada la importante relación entre el consumo de alcohol y el de drogas, es importante realizar programas de prevención integrados, que incluyan todos los tipos de sustancias, ya que el consumo es considerado uno de los factores que exacerba las conductas suicidas.
En este sentido, resulta importante mencionar que por parte del gobierno federal existe una nula atención a los programas enfocados a los jóvenes y en particular la prevención del consumo de drogas, según cifras de la secretaría de gobernación respecto a los gastos ejercidos en materia de publicidad gubernamental, se han dejado de privilegiar la promoción a este tipo de programas, por ejemplo los Centros de Integración Juvenil, AC, asociación incorporada a la Secretaría de Salud, desde 1969, que tiene como objetivo atender y prevenir el consumo de drogas entre los jóvenes, del 2006 al 2010 la publicidad gubernamental ejercida para este programa es de 0.00, solamente en el 2008 se ejerció 114 mil 54 pesos.
Estas cifras contrastan con los discursos de combate al narcotráfico, utilizados por el Ejecutivo federal, que inicio bajo el argumento “para que las drogas no se acerquen a tus hijos”, pero paradójicamente hoy el miedo invade a nuestros hijos que han sido víctimas de la violencia, debido a una mala estrategia por parte del gobierno federal en el combate al narcotráfico.
Siendo así, el panorama para nuestros jóvenes y niños hoy es desolador, un gobierno que no se preocupa por generar fuentes de empleos, por privilegiar la educación y por prevenir el consumo de drogas, con lo cual hacen incrementar el índice de suicidios. La Organización Mundial de la Salud estima que la tasa mundial de mortalidad por suicidio es de aproximadamente un millón al año, por lo que hizo un llamado para incrementar las redes de apoyo social y las relaciones sociales, especialmente en aquellas personas que presentan un mayor aislamiento social.
Sin incluir las necesidades de tratamiento para tabaco y alcohol, existen 428 mil 819 personas que requieren de atención especializada y 3 millones 869 mil 93 que requieren de intervenciones breves.
No obstante, sólo el 16 por ciento de la población acude a tratamiento y no se tiene información referente al porcentaje de personas que lo terminan satisfactoriamente.
Por otro lado, es importante mencionar que el suicidio se ha convertido en un problema de salud pública en México, según lo señala Guilherme Borjes, investigador del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente”, quien explicó que de 1970 a 2007 el suicidio creció de manera alarmante en 275 por ciento y se incremento de manera vertiginosa en el grupo de edad de 15 a los 29 años. Este porcentaje ubica a nuestro país con una problemática aguda por arriba de naciones como Japón, Estados Unidos, Brasil y la India.
El estudio “Conducta suicida en adolescentes y adultos jóvenes en la Encuesta Nacional de Adicciones 2008” realizado por varias instituciones entre ellas el Instituto Nacional de Pediatría y el Instituto Mexicano de la Juventud, el suicidio es la tercera causa de muerte en jóvenes menores de 15 años. En más de la mitad de los casos se detectó que el suicida había ingerido algún tipo de sustancia tóxica.
En este contexto, resulta de la mayor relevancia que el gobierno federal y el Sistema Nacional de Salud, den a conocer información completa sobre la situación que enfrenta México en este rubro, así como las acciones y resultados que se han registrado para el combate del abuso de drogas y alcohol.
En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de que ninguna lucha contra el narcotráfico puede tener resultados exitosos, si no se atiende el grave problema del consumo y las adicciones, que se generan por fenómenos sociales complejos; dando pie al constante incremento de la demanda, que fortalece a los criminales a costa de las familias mexicanas.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud, remita un informe detallado sobre las medidas y resultados de los programas prevención y atención que se han aplicado para disminuir el consumo de drogas así como el número de muertes por sobredosis; exhortándola a fortalecer y actualizar los mismos a las necesidades de los distintos sectores de la población.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación en colaboración con la Secretaria de Salud, se realicen campañas constantes de prevención, promoción y atención, al consumo de drogas en los distintos medios de comunicación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, DF, a 19 de enero de 2011.
Senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a rendir por la SSP y la Segob un informe detallado de los cambios que se realizarán en materia de seguridad respecto a 2010, a cargo del senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108 y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
No es una solución lanzarnos a criticar la política que se ha estado llevando en materia de seguridad, ante la gravedad de la situación nacional, debemos replantearnos qué podemos hacer para que la cruenta violencia por la que atravesamos cese.
Es alarmante que a raíz de los 12 mil 905 ejecutados en 2010, México ya sea considerado dentro del grupo de los seis países más inseguros en el mundo. Ello se traduce en que actualmente se tienen niveles de inseguridad comparables con Somalia, Sudán, Irak, Afganistán y Pakistán.
Según los parámetros internacionales, en México se libra una guerra, en virtud de que en nuestro país se vive un conflicto en el cual la fuerza violenta es organizada y sistemática, además de que las partes involucradas emprenden medidas amplias en donde la destrucción es masiva y de amplia duración.
De conformidad con un estudio realizado por la Universidad de Heidelberg en Alemania, en México murieron más personas el año pasado, incluso, que las que fenecieron debido a los conflictos contra los talibanes que ocurren en Afganistán y Pakistán.
Pero sin duda, el énfasis que debemos hacer se enfoca al hecho de que el estudio augura que la tasa de asesinatos continuará incrementándose durante años, lo cual, no sólo como legisladores, sino como mexicanos, no podemos permitirnos.
Al respecto, aun cuando ya se ha solicitado la comparecencia del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria, para que presente un informe sobre el avance en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales, en lo que se refiere a prevención del delito, incidencia delictiva e índices de violencia, certificación y acreditación de los integrantes de las instancias federales, estatales y municipales de seguridad pública, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, y otros temas vinculados en materia de seguridad pública, también es necesario que las Secretarías de Gobernación, y de Seguridad Pública, en tanto integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública precisen las expectativas que se tienen en cuanto a la posibilidad de disminuir el número de muertos. En suma, se le pedirá a dichos funcionarios un pronóstico de seguridad para este año que comienza.
No obstante lo anterior, es de vital importancia saber, al menos en un aproximado, qué es lo que debemos esperar los mexicanos para 2011, ya que tal parece que lo único que se ha conseguido es aumentar el número de muertos a la par del número de declaraciones provenientes del Poder Ejecutivo federal.
Así pues, en suma, lo que pretendemos a través de esta solicitud es que se replanteen las políticas en seguridad y se estudien nuevas posibilidades para frenar la violencia, misma que llegó el año pasado a un nivel sin precedente en nuestro país. De esta manera es claro que esperamos cambios en la manera de proceder del Ejecutivo federal en consecuencia de todos los muertos que se cuentan, para que otros ciudadanos dejen de sufrir y se haga justicia a los que ya han padecido los efectos de esta “guerra”.
Por lo expuesto, solicito a esta soberanía sea aprobado, de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que a través de la Secretarías de Seguridad Pública, y de Gobernación se rinda un informe detallado de los cambios que se realizarán en materia de seguridad respecto de 2010, el año más violento en nuestra historia, y de lo que los mexicanos debemos esperar en 2011 en cuanto a la tasa de asesinatos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, DF, a 19 de enero de 2011.
Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica)