De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la ratificación de nombramientos en favor de los ciudadanos Gerardo Rodríguez Regordosa, Carlos Montaño Fernández, Alejandro Díaz de León Carrillo y Gerardo Perdomo Sanciprián en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fueron turnadas las propuestas de nombramiento del C. Presidente de la República a favor de los ciudadanos Gerardo Rodríguez Regordosa como Subsecretario de Hacienda y Crédito Público; Carlos Montaño Fernández como Subsecretario de Egresos; Alejandro Díaz de León Carrillo como titular de la Unidad de Crédito Público; y Gerardo Perdomo Sanciprian como administrador general de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, todos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo anterior para los efectos de ratificación de los nombramientos señalados por parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de conformidad con la fracción VII, del artículo 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con fundamento en los artículos 76, fracción II, 78, fracción VII, y 89, fracciones II, IV y XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 127, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Acuerdo del Senado de la República aprobado en sesión celebrada el siete de diciembre de dos mil seis, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente:
Dictamen
Antecedentes
1. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 12 de enero de 2011, se recibió oficio de la Secretaría de Gobernación, por los que comunica que el Presidente de la República nombró a los ciudadanos Gerardo Rodríguez Regordosa como Subsecretario de Hacienda y Crédito Público; Carlos Montaño Fernández como Subsecretario de Egresos; Alejandro Díaz de León Carrillo como titular de la Unidad de Crédito Público; y Gerardo Perdomo Sanciprian como Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, todos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; asimismo, se recibió la propuesta original signada por el Titular del Ejecutivo Federal, así como los datos curriculares respectivos.
Lo anterior para los efectos de ratificación de los nombramientos señalados por parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de conformidad a la fracción VII, del artículo 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Dicho oficio, la propuesta original del Ejecutivo Federal, así como la documentación respectiva fueron turnados por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
3. Esta Comisión que suscribe, se abocó al análisis de la proposición antes señalada y conforme a las deliberaciones y análisis que de la misma realizaron los miembros de esta Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, reunidos en Pleno, integraron el presente dictamen.
Consideraciones de la Comisión
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión es competente para ratificar los nombramientos que el Presidente de la República haga de empleados superiores de Hacienda de conformidad con la fracción VII, del artículo 78, de nuestra Ley Fundamental.
Los cargos para los cuales el Ejecutivo envía propuesta de nombramiento para su ratificación son sujetos de la misma, de acuerdo a la fracción II, del artículo 76, y la fracción VII, del artículo 78, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de conformidad a los numerales 1, 2, y 13 del resolutivo segundo del Acuerdo del Senado de la República, aprobado el siete de diciembre de dos mil seis, publicado el dieciocho de diciembre de ese mismo año.
Recibidas las propuestas de nombramiento del Ejecutivo Federal, en atención a las atribuciones que a ese Poder constitucional le confieren las fracciones IV y XVI, del artículo 89 constitucional, la Cámara de Senadores, o la Comisión Permanente, en su caso, como lo es, deberán resolver sobre el particular en los términos de lo dispuesto por los preceptos legales aplicables.
Esta Comisión Dictaminadora realizó un exhaustivo análisis del expediente personal de los interesados, de los cuales se deprende, lo siguiente:
Primero. El ciudadano Gerardo Rodríguez Regordosa es Licenciado en Economía por la Universidad de las Américas-Puebla, y obtuvo el grado de Maestro en Ingeniería Económica e Investigación de Operaciones con especialización en Mercados Financieros Internacionales, Administración de Riesgos y Análisis de Decisiones por la Universidad de Stanford.
Como se desprende del expediente del C. Gerardo Rodríguez Regordosa, remitido a esta Soberanía por el Titular del Ejecutivo Federal, se evidencia que cuenta con la experiencia y el perfil requeridos para desempeñar el puesto de Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, en virtud de que su trayectoria ha estado encaminada en los asuntos propios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en general y de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público en particular; pues actualmente se desempeña como Titular de la Unidad de Crédito Público y con anterioridad fue Director General Adjunto de Crédito Interno además de haber ocupado la Subdirección de Riesgos Administrativos en la propia Subsecretaría del Ramo. Asimismo, prestó sus servicios a CINTRA SA de CV como gerente de Planeación Financiera.
En este orden de ideas, es claro que el Maestro Gerardo Rodríguez Regordosa cuenta con la formación académica y el perfil adecuados para realizar las funciones que tiene a su cargo el funcionario propuesto por el Titular del Ejecutivo Federal, toda vez que tal como se desprende del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público es el encargado de programar, organizar, dirigir y evaluar las actividades de las unidades administrativas a ellos adscritas, conforme a los lineamientos que determine el Secretario.
Segundo. El ciudadano Carlos Montaño Fernández es egresado de la licenciatura en economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestro en Políticas Públicas por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.
Como se desprende del expediente del C. Carlos Montaño Fernández, remitido a esta Soberanía por el Titular del Ejecutivo Federal, se evidencia que cuenta con la experiencia y el perfil requeridos para desempeñar el puesto de Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en virtud de que cuenta con amplia experiencia en el sector presupuestal y hacendario, pues desde 2007 se desempeña como Jefe de la Unidad de Inversiones de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Unidad encargada de realizar el diagnóstico y en su caso, registro de proyectos de Inversión del Gobierno Federal. Asimismo, ha ocupado los cargos de Director de Política Económica de la Fundación Miguel Estrada Iturbide AC, de la Cámara de Diputados, así como el cargo de Director General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, y Director General de Planeación Energética de la Secretaría de Energía. Adicionalmente fue designado como Sub-coordinador de Presupuesto del Equipo de Transición del C. Presidente Felipe Calderón Hinojosa.
En este orden de ideas, es claro que el Maestro Carlos Montaño Fernández cuenta con la formación académica y el perfil adecuados para realizar las funciones que tiene a su cargo el funcionario propuesto por el Titular del Ejecutivo Federal, toda vez que tal como se desprende del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Subsecretario de Egresos es el encargado de planear, organizar, dirigir, instrumentar y evaluar las actividades correspondientes a la responsable aplicación de recursos públicos, la formulación y evaluación de políticas públicas en programas instrumentados por la administración Pública Federal.
Por lo que dados los conocimientos del Maestro Carlos Montaño Fernández de la evaluación, el diseño y ejecución de la política pública, conjuntando con su experiencia en diversos sectores de dicha actividad, permitirá consolidar un ejercicio del gasto público eficiente y apegado a los mejores parámetros en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Tercero. El ciudadano Alejandro Díaz de León Carrillo es egresado de la Licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y realizó una maestría en Administración Pública y Privada en la Escuela de Administración de la Universidad de Yale.
Como se desprende del expediente del C. Alejandro Díaz de León Carrillo, remitido a esta Soberanía por el Titular del Ejecutivo Federal, se evidencia que cuenta con la experiencia y el perfil requeridos para desempeñar el puesto de Titular de la Unidad de Crédito Público de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, en virtud de que cuenta con amplia experiencia en materia financiera y hacendaria, pues se ha desempeñado como Titular de la subgerencia de Análisis del Sistema Financiero del Banco de México. Asimismo ha ocupado los cargos de Gerente de Análisis Macrofinanciero, Director de Análisis Macroeconómico, y Director de Estudios Económicos, todos del Banco de México. Actualmente se desempeña como Vocal Ejecutivo del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores del Estado “PENSIONISSSTE”.
En este orden de ideas, es claro que el Maestro Alejandro Díaz de León Carrillo cuenta con la formación académica y el perfil adecuados para realizar las funciones que tiene a su cargo el funcionario propuesto por el Titular del Ejecutivo Federal, toda vez que tal como se desprende del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Crédito Público de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito es el encargado de proponer la política del Gobierno Federal en materia de crédito público de la Administración Pública Federal y del Distrito Federal, en coordinación con la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública.
Cuarto. El ciudadano Gerardo Perdomo Sanciprian es egresado de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Nuevo Mundo.
Como se desprende del expediente del C. Gerardo Perdomo Sanciprian, remitido a esta Soberanía por el Titular del Ejecutivo Federal, se evidencia que cuenta con la experiencia y el perfil requeridos para desempeñar el puesto de Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, toda vez que cuenta con amplia experiencia en áreas estratégicas, de carácter normativo, técnico y de análisis, tanto en el sector privado como en el público, pues actualmente se desempeña como Administrador General de Planeación del Servicio de Administración Tributaria, donde atiende tareas estratégicas y de inteligencia relacionadas con la mejora continua, tanto en materia de facilitación como de control del sistema aduanero mexicano. Anteriormente se desempeñó como Director General de Información y Estudios Energéticos en la Subsecretaría de Planeación de la Secretaria de Energía y fue Jefe de Unidad de Coordinación Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Social.
Asimismo, se ha desempeñado como Subdirector Jurídico de Crédito Externo en la Dirección General de Crédito Público, Director de Estudios Económicos en la Unidad de Planeación del Desarrollo y Coordinador Jurídico de Prevención y Protección al Ahorro y Director General Adjunto de Análisis de Legislación Financiera en la Unidad de Banca y Ahorro, todos éstos en la Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Ha sido Coordinador de la Secretaría Ejecutiva del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario; Secretario Técnico, Director General de Órganos de Gobierno y Comités y Secretario Particular del Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, así como Secretario Técnico de las Comisiones Intersecretariales de Gasto Financiamiento y de Desincorporación en la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Adicionalmente, en la Bolsa Mexicana de Valores colaboró como Analista en Nuevos Instrumentos del Mercado de Valores y como Jefe del Departamento Jurídico de la División Internacional de la SD INDEVAL SA de CV, Institución para el Depósito de Valores.
En este orden de ideas, es claro que el Licenciado Gerardo Perdomo Sanciprián cuenta con la formación académica y el perfil adecuados para realizar las funciones que tiene a su cargo el funcionario propuesto por el Titular del Ejecutivo Federal, toda vez que tal como se desprende del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el puesto de Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria es el encargado de establecer la política y los programas que deben seguir las unidades administrativas que le sean adscritas y las Aduanas, en las siguientes materias: normas de operación, reconocimiento aduanero derivado del mecanismo de automatización sistematizado y comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduanales; embargo precautorio de mercancías extranjeras respecto de las cuales no se acredite la legal importación tenencia o estancia en el país, entre otras.
Quinto. Esta Comisión Dictaminadora acordó citar a una reunión a los ciudadanos referidos, el dieciocho de enero del año en curso. Reunión que tuvo como propósito realizar un examen valorativo sobre su idoneidad para el cargo al que fueron propuestos, lo cual incluye su conducta personal, su experiencia profesional, y desde luego, su conocimiento en la materia.
Asimismo, dicha reunión tuvo la finalidad de atender las garantías de audiencia y legalidad previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales.
Sexto. De los resultados del examen valorativo de la conducta personal, de su experiencia profesional, de su vocación y probidad, y de su conocimiento en la materia, se desprende que los CC. Gerardo Rodríguez Regordosa; Carlos Montaño Fernández; Alejandro Díaz de León; y Gerardo Perdomo Sancriprian, son aptos para desempeñarse como Subsecretario de Hacienda y Crédito Público; Subsecretario de Egresos; Jefe de la Unidad de Crédito Público y Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respectivamente.
Séptimo. Como puede apreciarse, los CC. Gerardo Rodríguez Regordosa; Carlos Montaño Fernández; Alejandro Díaz de León; y Gerardo Perdomo Sancriprian cuentan con los elementos suficientes para aportar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en sus respectivos ramos, los conocimientos en la evaluación, el diseño y ejecución de la política pública, conjuntando experiencia en diversos sectores de dicha actividad, por lo que su designación al frente de los cargos citados, permitirá consolidar un ejercicio del gasto público eficiente y apegado a los mejores parámetros en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Octavo. En tal virtud, los integrantes de la Comisión resolvieron que los ciudadanos propuestos por el Ejecutivo Federal, CC. Gerardo Rodríguez Regordosa; Carlos Montaño Fernández; Alejandro Díaz de León; y Gerardo Perdomo Sancriprian, reúnen y satisfacen el perfil personal y profesional adecuado para ser ratificados como Subsecretario de Hacienda y Crédito Público; Subsecretario de Egresos; Jefe de la Unidad de Crédito Público y Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respectivamente.
Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se ratifica el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en favor del ciudadano Gerardo Rodríguez Regordosa, como Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Segundo. Se ratifica el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en favor del ciudadano Carlos Montaño Fernández, como Subsecretario de Egresos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Tercero. Se ratifica el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en favor del ciudadano Alejandro Díaz de León Carrillo, como Titular de la Unidad de Crédito Público, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Cuarto. Se ratifica el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en favor del ciudadano Gerardo Perdomo Sancriprian, como Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Quinto. Cítese a los ciudadanos señalados en los resolutivos primero, segundo, tercero y cuarto para que rindan la debida protesta constitucional ante el Pleno de la Comisión Permanente, a efecto de que estén en aptitud de desempeñar los cargos respectivos.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 18 días de enero de 2011.
Diputado Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente, senadora Minerva Hernández Ramos (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar, senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputada O. Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios, diputado Sebastián Lerdo de Tejada, diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), diputado Arturo García Portillo (rúbrica), diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), senador José de Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), senador Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica), diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.
De la Primera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la libertad de expresión, al derecho a la información y a la transparencia
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncia a favor de la libertad de expresión periodística, del derecho a la información y de la transparencia, y en contra de la asfixia financiera y operativa a que está siendo sometido el sitio web WikiLeaks, a cargo del senador René Arce Círigo, del Grupo Parlamentario del PRD.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 4 de enero de 2011 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de trabajo –de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Consideraciones
I. En el presente caso, los integrantes de la comisión dictaminadora consideraron reproducir literalmente los capítulos relativos a Consideraciones y resolutivos contenidos en la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, por las razones que más adelante se expresan:
“Consideraciones
”WikiLeaks es una página web que nació en 2006 y se autodefinió como un servicio público cuyo propósito es transparentar lo que gobiernos, bancos, organizaciones religiosas, corporativos y multinacionales se esfuerzan en mantener oculto con respecto a acciones y operaciones no necesariamente éticas o lícitas. Esta web funciona a base de filtraciones que surgen desde las entrañas de las propias instituciones y organismos oficiales, quedando a salvo el anonimato de informantes, periodistas y activistas que así logran dar a la luz información sensible que, como queda demostrado por los cientos de miles de documentos que circulan en Internet provenientes de WikiLeaks, son en verdad de interés público. Con ello se ejerce la libertad de expresión periodística, se presta un gran servicio a la transparencia y así también, se da sentido pleno a la palabra democracia y el derecho a la información que ésta presupone.
”El sitio WikiLeaks dispone más de un millón de documentos oficiales y secretos.
”En julio de 2010 se publicaron más de 92 mil documentos sobre la guerra en Afganistán y el sitio recibió una serie de ataques cibernéticos que pretendieron sacarlo de circulación. El 28 de noviembre pasado WikiLeaks sacó a la luz más de 250 mil documentos con información diplomática. Como anteriormente, dicha web fue atacada por medios cibernéticos, pero lo más terrible es que se desató una furiosa ofensiva de diversos gobiernos que busca la asfixia económica y operativa de WikiLeaks.
”Así, al tiempo que se desarrolla un proceso legal contra Julián Assange, fundador de WikiLeaks, diversas corporaciones han dejado de prestar servicios a su web: Paypal, Mastercard, Visa, EveryDNS, Amazon y el banco suizo PostFinance, entre otras. De esta forma, el portal que revolucionó el periodismo financiándose con donaciones diversas, tiene cortadas sus cuentas y ve anuladas sus capacidades operativas.
”En las democracias, el siglo XXI se caracteriza por la transparencia y el acceso a la información. Toda información generada en las esferas gubernamentales es de interés público. Es por ello que resulta sumamente preocupante que se tienda un cerco en acciones orquestadas oficialmente para suprimir el portal WikiLeaks utilizando para ello no la Ley, sino la razón de Estado y la referencia insostenible a una presunta vulneración de la seguridad nacional.
”Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente proposición con
”Punto de Acuerdo
”Único: Al rechazar la asfixia financiera y operativa a la que está siendo sometida la web WikiLeaks, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncia a favor de la libertad de expresión periodística, del derecho a la información y de la transparencia.”
II. Los integrantes de la comisión dictaminadora, coinciden sustancialmente con el autor de la proposición que se dictamina, toda vez que es ampliamente conocido el sitio WikiLeaks y el contenido del mismo, así como las filtraciones de cables secretos y documentos sobre temas importantes en distintos países que realiza a través de su página web.
Como lo señala el autor de la proposición que se dictamina, “en las democracias, el siglo XXI se caracteriza por la transparencia y el acceso a la información. Toda información generada en las esferas gubernamentales es de interés público”, en este sentido esta comisión dictaminadora, coincide plenamente con lo dicho por el autor.
Esta comisión dictaminadora no se pronuncia sobre el contenido del sitio web WikiLeaks o la forma en que se obtuvo dicha información; asimismo, la comisión dictaminadora toma en cuenta que el Gobierno Mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, reprobó de forma categórica la revelación ilegal de documentos.
Por el contrario, esta comisión dictaminadora si se pronuncia, como lo solicita el autor de la proposición que se dictamina, a favor de la libertad de expresión periodística, del derecho a la información y de la transparencia.
En este sentido, los integrantes de la comisión dictaminadora consideran procedente y oportuno que para éste y otros eventos se haga un pronunciamiento general, mediante el cual se reprueba cualquier acto o similar que atente en contra de la libertad de expresión, transparencia o difusión de la información.
En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a la consideración del pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncia a favor de la libertad de expresión periodística, del derecho a la información y de la transparencia; asimismo, reprueba cualquier acto o similar que atente contra los derechos ciudadanos.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 18 de enero de 2011.
La Primera Comisión
Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), senador José Alejandro Zapata Perogordo (rúbrica), diputado Arturo García Portillo (rúbrica p.s.), diputada Florentina Rosario Morales, secretarios; diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), senador Marco Humberto Aguilar Coronado, diputada Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), senador René Arce, diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica), senador Luis Maldonado Venegas.
De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el cual se solicita al Ejecutivo federal que establezca y refuerce medidas para garantizar la seguridad de pacientes, trabajadores e instalaciones en las clínicas y los hospitales públicos
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal que establezca con las autoridades estatales y las municipales correspondientes las medidas necesarias para garantizar la seguridad de pacientes, trabajadores e instalaciones en las clínicas y los hospitales públicos de diversas entidades, suscrita por el diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del PRI.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 12 de enero de 2011 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de trabajo –de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Consideraciones
I. El proponente en su capítulo de antecedentes, se refiere al grave estado de inseguridad pública y violencia delincuencial que padece nuestro país que ha impactado lamentablemente en todos los ámbitos de convivencia social, particularmente en algunas entidades federativas.
También señala el proponente que en el año de 2010 que recién concluyó, ha revelado la lamentable confirmación de casos de profesionistas y trabajadores de la salud que han sido asesinados, secuestrados o amenazados por la delincuencia, así como por situaciones terribles provocadas por la irrupción de criminales en las unidades de atención médica.
Afirma que en ciudades como Monterrey y Ciudad Juárez, han sido asesinados por lo menos cinco médicos en los últimos meses, algunos de ellos secuestrados previamente y privados de su vida a pesar del pago del rescate exigido. Un conjunto mayor de los que todavía permanecen en esos lugares, recibe cotidianamente la exigencia de pago de una cuota para poder preservar la vida, la libertad y el ejercicio de su profesión.
Ante estos hechos y la situación insoportable que generan, han huido hacia otras poblaciones del país o hacia otros países, particularmente del ámbito médico privado. Sin embargo, menciona que los profesionistas de la salud que son públicos, no pueden tomar la decisión de cambiar de residencia porque su condición laboral no se los permite.
Continúa el proponente señalando que el secuestro de profesionales de la salud también se ha venido incrementando, y da el ejemplo del estado de Chihuahua, en donde afirma que datos de la Procuraduría estatal informan de por lo menos 15 sucesos ocurridos contra igual número de médicos, lo que ha provocado que la mitad de los 2 mil galenos registrados en Ciudad Juárez, haya abandonado la ciudad.
Por otra parte afirma, en diversas entidades se han presentado graves sucesos en los cuales, criminales, por lo regular en grupos, han invadido consultorios, clínicas y hospitales, muchos de ellos de carácter público, para culminar el asesinato de rivales heridos o para amenazar al personal de salud por la realización o no de actos médicos que afectan sus intereses.
Asimismo, el proponente señala que debido a los sucesos violentos contra personal, pacientes e instalaciones médicas ocurridos en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, se dispuso un mecanismo especial de vigilancia policiaca entre autoridades federales, estatales y municipales, de determinadas unidades hospitalarias, la cual, a apenas algunos meses de su aplicación, a decir de los propios habitantes de esa ciudad, de la opinión de los propios profesionistas de la salud, no ha cumplido con las expectativas con la cuales se anunció.
Concluye señalando que es necesario que se haga un pronunciamiento de manera urgente con claridad y energía a fin de exigir a las autoridades federales involucradas, particularmente de Salud, de Seguridad Pública y de Gobernación, así como la Procuraduría General de la República, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, dispongan todo lo necesario a fin de que se implementen mecanismos específicos y probados de vigilancia y salvaguarda del personal médico que labora en instituciones públicas de salud, de pacientes y de las propias instalaciones médicas, por lo que formula el siguiente:
“Punto de Acuerdo
”Único. La Comisión Permanente de la Cámara de Diputados solicita firmemente al titular del Poder Ejecutivo federal, establezca las medidas que sean necesarias, a través de las dependencias federales involucradas y en coordinación con las autoridades estatales y municipales correspondientes, para garantizar la seguridad de trabajadores, pacientes e instalaciones de clínicas y hospitales públicos del país, particularmente en situación de vulnerabilidad y riesgo ante la delincuencia.”
II. Los integrantes de la comisión dictaminadora analizaron amplía y cuidadosamente las propuestas y argumentos del autor de la proposición que se dictamina, y se solidarizaron con los propósitos que la inspiran y los objetivos que persigue.
Asimismo, los integrantes de la comisión dictaminadora manifiestan su preocupación por el incremento de la violencia desatada por el crimen organizado en diversos estados de la República Mexicana y en particular en las unidades de atención médica.
Como señala el proponente, es ampliamente conocido casos de profesionistas y trabajadores de la salud que han sido asesinados, secuestrados o amenazados por la delincuencia, así como por situaciones terribles provocadas por la irrupción de criminales en las unidades de atención médica.
La comisión dictaminadora, reafirma el compromiso del Poder Legislativo Federal para apoyar las medidas y acciones necesarias para detener la violencia desatada por el crimen organizado y para buscar una solución integral al problema de la inseguridad.
También, se toma en cuenta que el grupo de apoyo técnico de esta comisión dictaminadora realizó la investigación correspondiente sobre lo dicho por el proponente en relación a los operativos que actualmente se llevan a cabo en instalaciones médicas y se pudo comprobar que efectivamente, el secretario de Salud, José Ángel Córdova, abordó e informó el 6 de enero al término de la ceremonia conmemorativa del Día de la Enfermera, el tema de la vigilancia de los hospitales en Ciudad Juárez, afirmando que la dependencia a su cargo llegó a diversos acuerdos con autoridades de Ciudad Juárez y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal para reforzar la protección de los médicos y personal de salud de esa localidad. Y que entre las medidas acordadas, se encuentra el despliegue de más agentes policiacos para cuidar clínicas y hospitales.
Ahora bien, esta comisión dictaminadora se congratula de las medidas y acciones que se están llevando a cabo por parte de la Administración Pública Federal; sin embargo, independientemente de lo anterior, el problema de la inseguridad en unidades de atención médica no sólo es problema de Ciudad Juárez, sino de diversos estados, por lo que esta comisión dictaminadora considera procedente que la Comisión Permanente exhorte al titular del Ejecutivo Federal a que establezca y refuerce las medidas que sean necesarias, a través de las dependencias federales correspondientes y en coordinación con las autoridades estatales y municipales competentes, para garantizar la seguridad de trabajadores, pacientes e instalaciones de clínicas y hospitales públicos del país, particularmente en situación de vulnerabilidad y riesgo ante la delincuencia organizada.
En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a la consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al titular del Ejecutivo federal a que establezca y refuerce las medidas que sean necesarias, a través de las dependencias federales correspondientes y en coordinación con las autoridades estatales y municipales competentes a las que asimismo se les solicita que garanticen la seguridad de los trabajadores, pacientes e instalaciones de clínicas y hospitales públicos del país, particularmente en situación de vulnerabilidad y riesgo ante la delincuencia organizada.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 18 de enero de 2011.
La Primera Comisión
Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), senador José Alejandro Zapata Perogordo (rúbrica), diputado Arturo García Portillo (rúbrica p.s.), diputada Florentina Rosario Morales, secretarios; diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), senador Marco Humberto Aguilar Coronado, diputada Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), senador René Arce, diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica), senador Luis Maldonado Venegas.
De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública a implantar y reforzar políticas encaminadas a eliminar la participación de menores de edad en la delincuencia organizada
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos federal y estatales a elaborar e implantar políticas tendentes a eliminar la participación de menores en el crimen organizado, suscrita por la diputada Adriana Sarur Torre, del Grupo Parlamentario del PVEM.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 12 de enero de 2011 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de trabajo –de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Consideraciones
I. En el presente caso, los integrantes de la comisión dictaminadora consideraron reproducir literalmente los capítulos relativos a exposición de motivos, antecedentes y resolutivos contenidos en la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, por las razones que más adelante se expresan:
“Exposición de Motivos
”Antecedentes
”La sociedad se encuentra cada día más expuesta a la inseguridad pública, y la delincuencia se ha convertido en uno de los problemas de mayor efecto social. Lo más alarmante es que, de acuerdo con especialistas, ‘1 de cada 90 menores de 18 años pertenece a algún grupo de delincuentes infanto-juveniles y 35 por ciento de los detenidos por narcotráfico es menor de edad’.
”El origen del fenómeno de la implicación e incremento de jóvenes menores de edad en la delincuencia organizada es multifactorial, pero parece haberse potenciado por la evidente falta de oportunidades de empleo, educación, trabajo, cultura y deporte que actualmente viven los jóvenes.
Muestra de ello son los 7.5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, que no tienen futuro y que han visto la delincuencia organizada como una opción de vida. Todo eso, resultado de la incapacidad de los gobiernos para ofrecer oportunidades de educación y de empleo.
”Cuando se presentan casos, lamentablemente cada vez más comunes, como el del Ponchis, casi de inmediato se recurre a la condena, a la implantación de políticas centradas en la represión y al impulso de reformas legales orientadas a incrementar la severidad de las penas, así como a reducir la edad para ser penalmente responsable, a una mayor presencia y apoyo tecnológico de la policía. Sin embargo, se ha dejado de lado concentrar esfuerzos en la prevención.
”Es importante que los gobiernos estatales y el federal diseñen e implanten políticas tendentes a generar oportunidades de desarrollo social y económico. Estas políticas públicas y programas gubernamentales deben atacar las causas verdaderas de la implicación de jóvenes con el crimen. ”Deberán rebasar las posiciones simplistas que aseguran que endureciendo las penas carcelarias o reduciendo la edad penal se resolverá el problema.
”Debemos avanzar como sociedad en la construcción de opciones viables para contrarrestar la barbarie que cada día avanza más desde la delincuencia organizada que copa al país.
”En tal virtud, y por ser un problema que demanda la atención urgente y decidida de la Comisión Permanente, se propone que sea votada a favor la presente proposición con
”Punto de Acuerdo
”Único. Se exhorta al gobierno federal y a los de los estados a elaborar e implantar en el ámbito de sus respectivas competencias políticas públicas dirigidas a eliminar la tendencia delictiva de menores de edad y su participación en bandas de delincuencia organizada.”
II. Los integrantes de la comisión dictaminadora analizaron amplía y cuidadosamente las propuestas y argumentos de la autor de la proposición que se dictamina, y coinciden plenamente con los planteamientos formulados por la autora de la proposición que se dictamina, por considerar de vital importancia que se lleven a cabo políticas públicas dirigidas a eliminar la tendencia delictiva de menores de edad y su participación en bandas de delincuencia organizada, que empieza aquejar de manera grave a nuestro país, en razón de que es de suma importancia que las mismas tengan por objeto el mejoramiento de la juventud, el cual es un sector estratégico de la sociedad.
La comisión dictaminadora considera pertinente reproducir literalmente algunas disposiciones:
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 18 párrafo cuarto, establece el Sistema Integral de Justicia:
Artículo 18. ...
...
...
La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.
En la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito Federal en materia común y para toda la Republica en Materia Federal, se establece lo siguiente:
Artículo 33. La Secretaría de Gobernación contará con una unidad administrativa cuyo objeto será llevar a cabo las funciones de prevención general y especial, así como las conducentes a alcanzar la adaptación social de los menores infractores.
Artículo 34. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por prevención general el conjunto de actividades dirigidas a evitar la realización de conductas constitutivas de infracciones a las leyes penales y, por prevención especial, el tratamiento individualizado que se proporciona a los menores que han infringido dichas disposiciones, para impedir su reiteración.
Artículo 35. La unidad administrativa encargada de la prevención y tratamiento de menores, desempeñará las funciones que a continuación se señalan:
I. La de prevención, que tiene por objeto realizar las actividades normativas y operativas de prevención en materia de menores infractores;
En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se establece:
Artículo 30 Bis. A la Secretaría de Seguridad Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Desarrollar las políticas de seguridad pública y proponer la política criminal en el ámbito federal, que comprenda las normas, instrumentos y acciones para prevenir de manera eficaz la comisión de delitos;
VI. Proponer en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, políticas, acciones y estrategias de coordinación en materia de prevención del delito y política criminal para todo el territorio nacional;
XXV. Administrar el sistema federal para el tratamiento de menores infractores, en términos de la política especial correspondiente y con estricto apego a los derechos humanos;
XXVI. Promover la celebración de convenios entre las autoridades federales, y de éstas, con aquéllas estatales, municipales y del Distrito Federal competentes, en aras de lograr la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el combate a la delincuencia,
De lo anterior podemos señalar que tanto la Secretaría de Gobernación como la de Seguridad Pública, tiene facultades para implementar políticas públicas en materia de prevención del delito y política criminal, para todo el territorio nacional, incluyendo a los menores infractores.
También, la comisión dictaminadora toma en cuenta que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que:
Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad Pública y tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en esta materia.
Artículo 2. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos,...”
El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.
Del Consejo Nacional de Seguridad Pública
Artículo 12. El Consejo Nacional estará integrado por:
I. El Presidente de la República, quien lo presidirá;
II. El Secretario de Gobernación;
III. El Secretario de la Defensa Nacional;
IV. El Secretario de Marina;
V. El Secretario de Seguridad Pública;
VI. El Procurador General de la República;
VII. Los Gobernadores de los Estados;
VIII. El Jefe del Gobierno del Distrito Federal, y
IX. El Secretario Ejecutivo del Sistema.
Artículo 10. El Sistema se integrará por:
I. El Consejo Nacional de Seguridad Pública, que será la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas;
De lo anterior, podemos señalar que el Sistema Nacional de Seguridad Pública, tiene por objeto establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en esta materia.
Que el Consejo de Seguridad Pública es la instancia máxima de coordinación y definición de políticas públicas en la cual se reúnen los poderes federales y estatales.
Que como lo señala la fracción VI del artículo 30 bis, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública “proponer en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, políticas, acciones y estrategias de coordinación en materia de prevención del delito y política criminal para todo el territorio nacional”.
En consecuencia, los integrantes de la comisión dictaminadora, consideran procedente hacer un exhorto al titular del Ejecutivo Federal, para que a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y en el ámbito de sus respectivas competencias, el Gobierno Federal y los gobiernos de los estados, implementen y refuercen políticas públicas dirigidas a eliminar o contrarrestar la participación de menores de edad en bandas de delincuencia organizada, con el objeto de que las acciones destinadas mejoren el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, económicas, culturales y derechos.
En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a la consideración del Pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y en el ámbito de sus respectivas competencias, el gobierno federal y los gobiernos de los estados, implementen y refuercen políticas públicas dirigidas a eliminar o contrarrestar la participación de menores de edad en bandas de delincuencia organizada, con el objeto de que las acciones destinadas mejoren el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, económicas, culturales y derechos.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 18 de enero de 2011.
La Primera Comisión
Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), senador José Alejandro Zapata Perogordo (rúbrica), diputado Arturo García Portillo (rúbrica p.s.), diputada Florentina Rosario Morales, secretarios; diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), senador Marco Humberto Aguilar Coronado, diputada Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), senador René Arce, diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica), senador Luis Maldonado Venegas.
De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los secretarios de Gobernación, y de Comunicaciones y Transportes a resolver la problemática de El Divisadero de Tenacatita, en La Huerta, Jalisco
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo a fin de que los titulares de la Segob y de la SCT informen a esta soberanía sobre el estado que guarda la problemática en el predio El Divisadero de Tenacatita y en la carretera ramal 421, del municipio de La Huerta, Jalisco, suscrito por los diputados David Hernández Pérez y Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 4 de enero de 2011 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de trabajo –de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Consideraciones
I. En el presente caso, los integrantes de la comisión dictaminadora consideraron reproducir literalmente los capítulos relativos a Consideraciones y resolutivos contenidos en la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, por las razones que más adelante se expresan:
“Consideraciones
”El pasado 7 de septiembre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la creación del Grupo Plural de Trabajo para dar seguimiento al desarrollo y solución de la problemática existente en el predio El Divisadero de Tenacatita y de la zona federal de la Bahía de Tenacatita, municipio de La Huerta, ante la urgente necesidad de integrar mesas de trabajo entre las autoridades federales, estatales, ejidatarios, comerciantes, inversionistas y demás involucrados en el conflicto en el municipio de La Huerta, Jalisco.
”A partir de esa fecha, se estableció comunicación con autoridades federales y estatales, con el fin de poder reunirnos con los titulares de las diversas dependencias involucradas en la problemática.
”Desafortunadamente y ante la magnitud que está adquiriendo el conflicto, no hemos tenido respuesta de los principales funcionarios claves en la solución, lo que es muy preocupante.
”Entendemos los graves problemas que han surgido a lo largo y ancho del país, pero insistimos en convocar a una reunión urgente con los responsables que cuentan con el poder de decisión, como son los titulares de las Secretarías de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, así como del gobierno del estado de Jalisco.
”Reconocemos y agradecemos a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y de la Reforma Agraria, su disposición de participar y por sus apoyos en la solución de un problema que está poniendo en riesgo cada vez más la paz social, uno más en Jalisco.
”La Semarnat nos proporcionó copia de la resolución administrativa que emitió por conducto de la Dirección General de Zona Federal Marítima, Terrestre y Ambientes Costeros, mediante la cual revocó la concesión a la empresa Inmobiliaria Rodenas, SA de CV, que abarca una superficie de 266,473.23 m2 de zona federal marítimo terrestre y terrenos de propiedad federal, en el Divisadero de Tenacatita.
”Asimismo, a través de este resolutivo, se apercibió a la Inmobiliaria Rodenas, SA de CV, a no ocupar la zona federal concesionada y de lo contrario, se haría acreedora a las sanciones correspondientes.
”Además de la revocación, la Semarnat no liberó a la empresa en mención de pagar los adeudos por la falta de pago de la concesión, destacando los derechos del municipio de La Huerta de ejercer las acciones legales para el cobro de adeudos.
”Por su parte, la Dirección en Jefe del Registro Agrario Nacional, informó que en relación con la ‘acción de ampliación del ejido El Rebalse de Apazulco’, municipio de La Huerta, concretamente al plano definitivo en la que se representara la exclusión de una superficie de 42.00-00 hectáreas, concedida en el amparo que promovió la presunta afectada, no se localizó en sus archivos documento alguno que sirviese de base para la ubicación física de las hectáreas mencionadas, por lo que solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria, a través de la Dirección General Técnico Operativo, los antecedentes que se tuvieran sobre la zona descrita.
”El 14 de septiembre pasado, se entregó una carpeta del ejido ‘El Rebalse de Apazulco’ a la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales de la Secretaría de Gobernación, así como el plano definitivo de la ampliación, acta de posesión y deslinde de los terrenos concedidos en ampliación al ejido; acta de posesión de las 42.00.00 hectáreas, para cumplimentar el juicio de amparo, así como un plano descriptivo de los trabajos técnicos realizados por la Dirección General de Catastro, en los que se plasman las diversas versiones técnicas sobre la ubicación de las hectáreas citadas.
”El Registro Agrario Nacional agregó que hasta la fecha, no se tiene respuesta de la Reforma Agraria en el sentido de que sólo obran planos proyecto de localización, sin que éstos expresen a detalle los vértices que permitan una localización exacta de la superficie en conflicto.
”En un nuevo intento de reunirnos con los funcionarios federales, el Grupo Plural de Trabajo invitó, mediante oficio, el día 14 de octubre, a una reunión de trabajo, en las oficinas de la Coordinación de Jalisco del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados federal, a funcionarios de las Secretarías de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Reforma Agraria, para encontrar una solución al conflicto.
”A esta reunión, sólo asistieron representantes de Semarnat y de la Reforma Agraria, sin obtener respuesta, o con la molestia de haber sido citados de manera inmediata, por lo que no podían atender la convocatoria, sin importar la urgencia del asunto, de la Segob y de SCT.
”El licenciado José Luis Gutiérrez Miranda, director general de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Semarnat, se refirió a la revocación que hizo esa secretaría a la Inmobiliaria Rodenas, SA de CV; y a que dicha inmobiliaria había solicitado la concesión, independientemente de que estuviera ocupada por ejidatarios.
”Fue enfático al mencionar que con utilizar u ocupar la zona federal no se adquieren derechos. Agregó, que el ayuntamiento de La Huerta inició el proceso de revocación por falta de pago, el cual fue notificado a la inmobiliaria en mayo pasado.
”Dicha inmobiliaria contestó en contra de la revocación, argumentando que no estaba obligada al pago, porque no ocupaban la zona. Sin embargo, exhibieron pagos parciales realizados, por lo que asumieron su responsabilidad.
”Ahora, la inmobiliaria tendrá que impugnar la revocación a través del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
”Un objetivo, es que se le otorgue la concesión al ayuntamiento de La Huerta.
”Por su parte, el licenciado Luis Camacho Mancilla, director general de Ordenamiento y Regularización de la Secretaría de la Reforma Agraria, señaló que será imperativo cerciorarse de quiénes son los verdaderos propietarios, por medio de instancias judiciales, para establecer si están en regla los certificados parcelarios, así como la importancia de haber sido informados los ejidatarios.
”Con esos elementos y seguramente ya de conocimiento de la Delegación Federal de la Semarnat en Jalisco, de la inmobiliaria, de la autoridad municipal y muy posible, de dominio de las autoridades estatales, no se ha actuado para solucionar el conflicto. Por el contrario, aún siguen bloqueados los accesos a las playas de esa localidad y la carretera a Tenacatita.
”Sumado a lo anterior, se ha hecho caso omiso a la determinación de la Semarnat, y se derrumbaron edificios, comercios y casas con total impunidad por parte de las autoridades.
”Se tuvo una reunión el día 7 de diciembre de 2010, con el licenciado Carlos Armando Reynoso Nuño, jefe de unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación con representantes de la cooperativa de pescadores, representantes de los ejidatarios y representantes de los comerciantes, en esta reunión se propuso un convenio, en el que se establece la apertura de la carretera y la playa para este periodo vacacional de fin de año, sin que hasta el momento se haya concretado dicho acuerdo y la empresa Rodenas SA de CV, desconoce que sí exista tal posibilidad de convenio, lo que hace que la desesperación de la gente derive en la realización de actos violentos por parte de los afectados, por ello se hace prioritario se cumpla con lo acordado para dar una solución a cientos de familias afectadas.
”La molestia, incapacidad, abandono, y abuso contra los ejidatarios, pobladores, comerciantes del municipio de La Huerta, puede tomar dimensiones que después lamentaremos.
”Problemas similares se comienzan a presentar en otros ejidos de Jalisco, como Campo Acosta, José María Morelos y Chalacatepec, municipio de Tomatlán, y en el ayuntamiento de Cabo Corrientes.
”Es el momento de iniciar los diálogos con todos los involucrados que tengan la capacidad, autoridad y disposición de solucionar el conflicto.
”Una vez estableciendo los acuerdos políticos y el respeto de los derechos de los afectados, iniciaremos con la solicitud de documentos, a nivel federal y local, que contribuyan a la delimitación y solución del problema y que, en su caso, se solicite realizar los trabajos técnicos que se requieran a quien corresponda.
”La preocupación de los diputados solicitantes, es que se genere un conflicto social que adquiera dimensiones lamentables ante el poco interés de las autoridades federales y estatales.
”Punto de Acuerdo
”Único. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoque a los titulares de las Secretarías de Gobernación y Comunicaciones y Transportes, para que informen, de manera inmediata, a esta soberanía, el estado que guarda la problemática en el predio El Divisadero de Tenacatita, de la zona federal de la Bahía de Tenacatita, y la carretera Ramal 421 municipio de La Huerta, Jalisco, sobre todo después de la resolución administrativa que emitió por conducto de la Dirección General de Zona Federal Marítima, Terrestre y Ambientes Costeros, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante la cual revocó la concesión a la empresa Inmobiliaria Rodenas, SA de CV, de una superficie de 266 mil 473.23 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre y terrenos de propiedad federal, en el Divisadero de Tenacatita.”
II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden y se solidarizan con el planteamiento formulado por los autores de la proposición con punto de acuerdo materia de este dictamen.
La comisión dictaminadora, toma en cuenta que en efecto, como lo señalan los autores de la proposición que se dictamina, el 7 de septiembre de 2010, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y al Estatal de Jalisco y a las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, intervengan en la solución de la problemática existente en el predio El Divisadero de Tenacatita y de la zona federal de la bahía de Tenacatita, municipio de la Huerta, Jalisco, con el fin de evitar la inestabilidad social en la región, así como la integración de un grupo de trabajo plural de diputados que dé seguimiento puntual al desarrollo de la solución de este conflicto y que en su resolutivo quinto, estableció que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados integrará un grupo de trabajo plural de diputados que dé seguimiento puntual al desarrollo de la solución de este conflicto e informe a la Cámara de Diputados del estado que guarda el problema.
El 23 de septiembre de 2010, el pleno de la Cámara de Diputados, constituyó el Grupo Plural del Trabajo para dar seguimiento al desarrollo y solución de la problemática existente en el predio El Divisadero de Tenacatita, de la zona federal de la bahía de Tenacatita, municipio de la Huerta, Jalisco.
Asimismo, en su acuerdo de creación, estableció en el numeral cuarto: “Para el cumplimiento de su objetivo, este Grupo Plural podrá allegarse de la información que considere pertinente y sus integrantes podrán reunirse, cuando lo estimen necesario, con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, así como con organizaciones civiles y desempeñar cualquier otra acción, de conformidad al marco normativo aplicable. Igualmente, podrán solicitar y recibir los archivos de legislaturas anteriores que existan sobre la materia de trabajo que deban atender”.
Ahora bien, en uso de esta facultad otorgada por el pleno de la Cámara de Diputados, dicho grupo plural de trabajo, como lo señalan los proponentes de la proposición que se dictamina, han llevado diversas reuniones con diversos funcionarios federales, “reconocemos y agradecemos a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y de la Reforma Agraria, su disposición de participar y por sus apoyos en la solución de un problema...”
Sin embargo, señalan los proponentes que el “grupo plural de trabajo invitó, mediante oficio, el día 14 de octubre, a una reunión de trabajo, en las oficinas de la coordinación de Jalisco del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados federal, a funcionarios de las Secretarías de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Reforma Agraria, para encontrar una solución al conflicto.
A esta reunión, sólo asistieron representantes de Semarnat y de la Reforma Agraria, sin obtener respuesta, o con la molestia de haber sido citados de manera inmediata, por lo que no podían atender la convocatoria, sin importar la urgencia del asunto, de la Segob y de SCT”.
Derivado de lo anterior, los diputados David Hernández Pérez y Salvador Caro Cabrera, integrantes del Grupo Plural del Trabajo, al ver el nulo interés por parte de las Secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes para resolver el conflicto en el predio El Divisadero de Tenacatita, de la zona federal de la bahía de Tenacatita, municipio de la Huerta, Jalisco, presentaron la proposición que se dictamina, con el objeto de convocar a los titulares de las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes, para que informen, de manera inmediata, el estado que guarda la problemática en el predio El Divisadero de Tenacatita, de la zona federal de la bahía de Tenacatita, municipio de la Huerta.
Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden y se solidarizan con el planteamiento formulado por los autores de la proposición con punto de acuerdo materia de este dictamen; sin embargo, no se considera procedente convocar a los titulares de las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes, sin antes contar con información más específica que puedan proporcionar los titulares de las dependencias involucradas, con el fin de normar debidamente el criterio de los integrantes de esta soberanía.
Independientemente de lo anterior, por los elementos de carácter social y de las dimensiones involucradas en el problema que se plantea, esta comisión dictaminadora considera procedente y oportuno exhortar a los titulares de las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes a efecto de que atiendan a las convocatorias del grupo plural de trabajo, a fin de resolver la problemática en el predio El Divisadero de Tenacatita, de la zona federal de la bahía de Tenacatita, municipio de la Huerta, Jalisco.
Consecuentemente, solicita de los titulares de las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes, informen, a esta soberanía, en un plazo no mayor a 8 días naturales, el estado que guarda la problemática en el predio El Divisadero de Tenacatita, de la zona federal de la Bahía de Tenacatita, y la carretera ramal 421, municipio de La Huerta, Jalisco.
El informe que se reciba se remitirá, también, al Grupo Plural del trabajo para dar seguimiento al desarrollo y solución de la problemática existente en el predio El Divisadero de Tenacatita, de la zona federal de la bahía de Tenacatita, municipio de la Huerta, Jalisco.
En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a la consideración del pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración de los poderes, exhorta a los titulares de las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes a efecto de que atiendan a las convocatorias del Grupo Plural de Trabajo, a fin de resolver la problemática en el predio El Divisadero de Tenacatita, de la zona federal de la bahía de Tenacatita, municipio de la Huerta, Jalisco.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita de los titulares de las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes, informen a esta soberanía, en un plazo no mayor a 8 días naturales, el estado que guarda la problemática en el predio El Divisadero de Tenacatita, de la zona federal de la Bahía de Tenacatita, y la carretera ramal 421 municipio de La Huerta, Jalisco.
Asimismo, remita copia del informe al Grupo Plural del Trabajo para dar seguimiento al desarrollo y solución de la problemática existente en el predio El Divisadero de Tenacatita, de la zona federal de la bahía de Tenacatita, municipio de la Huerta, Jalisco, de la Cámara de Diputados.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 18 de enero de 2011.
La Primera Comisión
Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), senador José Alejandro Zapata Perogordo (rúbrica), diputado Arturo García Portillo (rúbrica p.s.), diputada Florentina Rosario Morales, secretarios; diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), senador Marco Humberto Aguilar Coronado, diputada Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), senador René Arce, diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica), senador Luis Maldonado Venegas.
De la Primera Comisión, con punto de acuerdo sobre los procesos electorales de 2011
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo relacionado con los procesos electorales para 2011, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 4 de enero de 2011 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de trabajo –de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Consideraciones
I. En el capítulo de consideraciones, el autor de la proposición que se dictamina señala que este 2011, en lo político, se llevarán a cabo varios procesos electorales locales en los estados de Guerrero, Baja California Sur, Coahuila, México, Nayarit y Michoacán; que todos ellos son importantes; y son la antesala para el proceso electoral federal de 2012.
Continúa señalando que “debemos vigilar que dichos procesos electorales se realicen con estricto seguimiento de las leyes que los regulan, evitando injerencias indebidas que afecten el resultado final”.
Menciona el proponente que es imprescindible que los órganos electorales se conduzcan con imparcialidad, conforme a derecho y con la premisa de que el voto ciudadano tiene que ser respetado.
Abundando el proponente en la necesidad de vigilar que los procesos electorales de 2011, se realicen con estricto apego a derecho, concluye señalando que es necesario que la Comisión Especial encargada de vigilar el correcto uso de los recursos federales, estatales y municipales en los procesos electorales, creada por la Cámara de Diputados en marzo de 2010, de manera inmediata se aplique en los procesos electorales citados, para garantizar la limpieza de los mismos y que no se desvíen recursos públicos para esos fines, por lo que formula el siguiente:
“Punto de Acuerdo
”Único. Se exhorta a la Comisión Especial encargada de vigilar el correcto uso de los recursos federales, estatales y municipales en los procesos electorales, de la Cámara de Diputados a reiniciar de inmediato los trabajos relativos a vigilar el correcto uso de los recursos públicos en los procesos electorales locales que se llevarán a cabo en el 2011.”
II. Los integrantes de la comisión dictaminadora reconocen la sensibilidad y propósitos de justicia equidad y transparencia que inspiran al autor en la elaboración y presentación de su proposición, pero consideran que este es uno de los casos en los que no se puede resolver conforme a derecho y la práctica parlamentaria, en los términos solicitados por el proponente.
La comisión dictaminadora toma en cuenta, como lo señala el autor de la proposición que ahora se dictamina, se creó la Comisión Especial encargada de vigilar el correcto uso de los recursos federales, estatales y municipales en los procesos electorales y que la misma conforme al acuerdo de su creación, el objeto de la comisión será el que se deriva de su denominación.
Asimismo, conforme al Artículo 42 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el punto Séptimo del Acuerdo por el que se crean las Comisiones Especiales de la Cámara de Diputados que disponen lo siguiente:
“Artículo 42.
1. El pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico. El acuerdo que las establezca señalará su objeto, el número de los integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les hayan encomendado. Cumplido su objeto se extinguirán...
“Séptimo. Las Comisiones Especiales estarán vigentes hasta el 31 de agosto de 2012. ...
También, el Reglamento de la Cámara de Diputados, en vigor, en su artículo 146, numeral 4, señala lo siguiente:
Artículo 146.
1. a 3. ...
4. Las comisiones o comités se reunirán, cuando menos, una vez al mes, aún en los recesos.
De lo anterior, podemos señalar que la Comisión Especial encargada de vigilar el correcto uso de los recursos federales, estatales y municipales en los procesos electorales, como lo señala la Ley Orgánica, su acuerdo de creación y el Reglamento de la Cámara de Diputados, sigue vigente y continúa trabajando en esta LXI Legislatura, aún en los recesos.
Consecuentemente la comisión dictaminadora no considera procedente exhortar a la Comisión Especial encargada de vigilar el correcto uso de los recursos federales, estatales y municipales en los procesos electorales, de la Cámara de Diputados a reiniciar de inmediato los trabajos relativos a vigilar el correcto uso de los recursos públicos en los procesos electorales locales que se llevarán a cabo en el 2011, que solicita el autor de la proposición que se dictamina, en virtud de que dicha comisión no ha interrumpido sus actividades.
Por lo tanto, en el ánimo de darle continuidad al asunto propuesto, que es de la mayor importancia de la vida político-electoral del país, esta comisión dictaminadora considera procedente y oportuno remitir el asunto a la Comisión Especial encargada de vigilar el correcto uso de los recursos federales, estatales y municipales en los procesos electorales, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento y efectos.
En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia–, somete a la consideración del pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Remítase copia del expediente a la Comisión Especial encargada de vigilar el correcto uso de los recursos federales, estatales y municipales en los procesos electorales, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento y efectos.
Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 18 de enero de 2011.
La Primera Comisión
Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), senador José Alejandro Zapata Perogordo (rúbrica), diputado Arturo García Portillo (rúbrica p.s.), diputada Florentina Rosario Morales, secretarios; diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), senador Marco Humberto Aguilar Coronado, diputada Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), senador René Arce, diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica), senador Luis Maldonado Venegas.
De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se convoca a comparecer al secretario de Seguridad Pública federal para que exponga el panorama real de la seguridad pública del país y, de manera especial, la situación del crimen organizado en Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Morelos, Coahuila, Durango y Guerrero
Honorable Asamblea:
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben someten a la consideración del pleno el presente dictamen.
Antecedentes
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fueron turnadas las siguientes proposiciones con punto de acuerdo:
1. Por el que se solicita la comparecencia del Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, doctor Alejandro Poiré Romero, y del secretario de Seguridad Pública, ingeniero Genaro García Luna, para que informen respecto a la situación del crimen organizado en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Morelos, Coahuila, Durango y, especialmente, Guerrero, a cargo de las diputadas Esthela Damián Peralta, Florentina Rosario Morales y Obdulia Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del PRD, presentada el 12 de enero de 2011.
2. Por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Gobernación ante esta soberanía, con el propósito de que expongan el panorama real en materia de seguridad pública, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT, presentada el 12 de enero de 2011.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de las dos proposiciones referidas, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Consideraciones
I. En el contenido de la primera proposición con punto de acuerdo, las diputadas Esthela Damián Peralta, Florentina Rosario Morales y Obdulia Magdalena Torres Abarca, expresan que el pasado fin de semana –segundo del año–, fuimos testigos de hechos de violencia sin límites, en los que perdieron la vida 51 personas, de las cuales sólo 32 encontraron su muerte en la ciudad de Acapulco en el estado de Guerrero. Dicen que, así mismo, información pública señala el incremento exponencial del número de personas que han sido ilegalmente privadas de la libertad por grupos delictivos presuntamente vinculados al crimen organizado, lo cual violenta gravemente el Estado de derecho en esa entidad.
Las legisladoras proponentes, continúan señalando que esta situación, repetida en múltiples ocasiones, ha llevado a México, a ser considerado, en el Barómetro de Conflictos 2010 elaborado por la Universidad de Heildelberg, Alemania, como uno de los seis países más violentos del planeta, junto con Somalia, Sudán, Irak, Afganistán y Pakistán; todos países con guerras declaradas.
Por ello, las proponentes, indican que en las condiciones actuales, debemos realizar un efectivo análisis de las políticas implementadas en materia de seguridad y reconocer que, en este país, el crimen organizado no constituye más un problema de seguridad pública, sino un problema de seguridad nacional que amenaza con la destrucción de las instituciones democráticas que hemos forjado y la integridad de nuestra población, al infiltrar instituciones fundamentales como los gobiernos municipales, estatales e, incluso, el federal, como hemos podido ver en otras ocasiones.
Finalmente manifiestan que un problema de seguridad pública indudablemente afecta a todos los ciudadanos, pero en la actualidad lo que se encuentra en juego es la viabilidad democrática de nuestro país, como queda claramente demostrado en el caso de Guerrero y que por lo anterior, resulta indispensable que el Congreso de la Unión, a través de esta Comisión Permanente, inicie un diálogo corresponsable e informado con el Consejo de Seguridad Nacional, a fin de que éste rinda un informe respecto a la situación del crimen organizado en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Morelos, Coahuila, Durango y, de manera especial, Guerrero, por lo que formulan el siguiente:
“Punto de Acuerdo
”Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión cita a comparecer al secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, doctor Alejandro Poiré Romero, y al Secretario de Seguridad Pública, Ingeniero Genaro García Luna, para que informen respecto a la situación del crimen organizado en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Morelos, Coahuila, Durango y, especialmente, Guerrero”.
II. Por lo que refiere al contenido de la segunda proposición con punto de acuerdo, presentada por el senador Ricardo Monreal Ávila, se establece que el pasado fin de semana dimos cuenta de otra terrible tragedia que involucró el asesinato de 30 personas en Acapulco, Guerrero, sin dejar de mencionar los recientes hechos violentos en Nuevo León; que el Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Alejandro Poiré, justificó la estrategia anticrimen del gobierno federal, al afirmar de manera incongruente e insensible, que se está debilitando como nunca a todas las organizaciones criminales del país; y que, sin embargo, resulta totalmente equivocada la percepción de la realidad propia del gobierno federal, y por tanto, es del mismo modo equivocada la estrategia para combatir el problema de la inseguridad, que a estas instancias más bien podría definirse como anomia, en su acepción más funesta.
El proponente continúa diciendo que para colmo de males, esta serie de medidas represivas, policiacas y militares, no han reportado resultados positivos en modo alguno; no se observan avances ni aun de manera marginal, en la tarea para restablecer el orden, la seguridad y la paz social, en aquellas zonas que han sido azotadas por los efectos relacionados con la llamada guerra contra el narco y que, contradictoriamente, no obstante la total ausencia de resultados, la LXI Legislatura, aprobó en el Presupuesto de Egresos para 2011 la cantidad de 117 mil 555.6 millones de pesos en materia de seguridad pública; 18 mil 576.8 millones de pesos más que el presupuesto aprobado para 2010, lo que representa un cuantioso incremento de 15.8 por ciento. Asimismo, las Secretarías de Seguridad Pública (SSP), de Defensa (Sedena), de Marina (Semar) y la Procuraduría General de la República (PGR) tendrán además acceso a una partida por mil 519 millones de pesos para crear plazas.
Asimismo, indica el proponente que de hecho, no solo no se han reportado avances en materia de seguridad, sino que contrariamente, el año próximo pasado fue el más violento, en lo que va de la actual administración. La mayoría de las fuentes arrojan una cifra de más de 10 mil ejecutados durante el año 2010; y por otro lado, a esto hay que sumarle la igualmente lamentable cifra de 10 mil migrantes secuestrados, tan solo en el periodo que abarca de abril a septiembre de ese mismo año, según lo sostenido por la CNDH; que la delincuencia organizada se ha convertido prácticamente en un Estado paralelo que tiene a su servicio diferentes fuerzas de seguridad, ostenta el control político de varias regiones y hasta cobra sus propios impuestos.
Por último, establece que, en consecuencia, esta situación demanda un compromiso serio, principalmente de parte de los titulares de las Secretarías que integran el gabinete de seguridad de nuestro país y que, derivado de lo anterior, somete a consideración de esta honorable Comisión Permanente el siguiente
“Punto de Acuerdo
”Único. Se cite a comparecer a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Gobernación ante esta soberanía, con el propósito de que expongan el panorama real en materia de seguridad pública”.
III. La comisión dictaminadora considera que por la coincidencia de fondo en la materia, en cuanto a que las dos proposiciones tienen por objeto referirse a los temas de la seguridad pública y la delincuencia organizada, es pertinente por racionalidad práctica y economía procesal parlamentaria, atenderlas en un mismo dictamen.
La comisión dictaminadora coincide con los proponentes en la conveniencia de realizar un efectivo análisis de las políticas implementadas en materia de seguridad pública en el país; en la necesidad de que los distintos órdenes de gobierno brinden una adecuada protección a la integridad personal y patrimonial de nuestra población; en que resulta indispensable restablecer el orden, la seguridad y la paz social, en aquellas zonas que han sido azotadas por los efectos relacionados al combate del narcotráfico; en la urgencia de reducir los altos índices de violencia que se han presentado durante los últimos años, especialmente en el de 2010; y, en la utilidad de establecer compromisos para una eficiente coordinación institucional en materia de seguridad pública.
En tal sentido, la comisión dictaminadora establece que el fundamento constitucional de la seguridad pública se encuentra en el artículo 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que textualmente señala: “La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.
Por ello, esta Primera Comisión de Trabajo considera conveniente que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión conozca de las acciones que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, ha emprendido para mejorar la seguridad pública en el país, para ofrecer debida protección a la integridad personal y patrimonial de quienes nos encontramos en territorio nacional, para disminuir y combatir la violencia provocada por la delincuencia organizada, y, entre otros aspectos, para fortalecer la coordinación institucional en la materia.
La comisión dictaminadora, como en casos análogos precedentes, manifiesta que cada órgano del estado mexicano debe cumplir con las tareas explícitas e implícitas que, en el marco de la colaboración de poderes, señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior, la comisión dictaminadora considera necesario, urgente y procedente, para conocer dicha información, utilizar el mecanismo de colaboración de poderes, que es el de la comparecencia, y convocar al ciudadano secretario de Seguridad Pública del gobierno federal, con el propósito de que informe ante el pleno de esta Primera Comisión de la Comisión Permanente –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– respecto a las acciones antes indicadas, entre otras vertientes de la seguridad pública en el país.
Esta comisión dictaminadora, asimismo, considera suficiente la comparecencia del secretario de Seguridad Pública para alcanzar los objetivos buscados por los legisladores proponentes y los de la propia Comisión Permanente del Congreso de la Unión, toda vez que conforme a los artículos 1o., 26 y 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es este servidor público el encargado, entre otras funciones, de desarrollar las políticas de seguridad pública y proponer la política criminal en el ámbito federal; proponer al Ejecutivo federal las medidas que garanticen la congruencia de la política criminal entre las dependencias de la administración pública federal; presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública; representar al Poder Ejecutivo federal en el Sistema Nacional de Seguridad Pública; proponer en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, políticas, acciones y estrategias de coordinación en materia de prevención del delito y política criminal para todo el territorio nacional; salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos del orden federal, así como preservar la libertad, el orden y la paz públicos; elaborar y difundir estudios multidisciplinarios y estadísticas sobre el fenómeno delictivo; celebrar convenios de colaboración, en el ámbito de su competencia y en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con otras autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, así como establecer acuerdos de colaboración con instituciones similares, en los términos de los tratados internacionales, conforme a la legislación; y, promover la celebración de convenios entre las autoridades federales, y de éstas, con aquéllas estatales, municipales y del Distrito Federal competentes, en aras de lograr la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el combate a la delincuencia.
Los objetivos implícitos en estas propuestas deberán ser considerados por esta comisión de trabajo al proponer el formato de la comparecencia, ante la misma, del Secretario de Seguridad Pública, del gobierno federal.
En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a la consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, convoca al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, del gobierno federal, a que comparezca ante el pleno de la Primera Comisión de trabajo de la Comisión Permanente para que exponga el panorama real de la seguridad pública en el país, y de manera especial la situación del crimen organizado en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Morelos, Coahuila, Durango y Guerrero.
La Primera Comisión de trabajo realizará los actos preparatorios para dicha comparecencia, establecerá el formato de la misma y con la intervención del presidente de la Comisión Permanente determinará la fecha y hará la invitación correspondiente para la realización de la misma.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 18 de enero de 2011.
La Primera Comisión
Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), senador José Alejandro Zapata Perogordo (rúbrica), diputado Arturo García Portillo (rúbrica p.s.), diputada Florentina Rosario Morales, secretarios; diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), senador Marco Humberto Aguilar Coronado, diputada Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), senador René Arce, diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica), senador Luis Maldonado Venegas.
De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la contaminación ambiental y a los estragos en la salud de la población de Apaxco generados por la firma Ecoltec
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo relativo a la contaminación ambiental y los estragos a la salud de la población en el municipio de Apaxco, que genera la firma Ecoltec, SA de CV, suscrito por el senador Ricardo Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del PT.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente:
Dictamen
Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 12 de diciembre de 2011, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Consideraciones
I. En el capítulo de consideraciones el autor del presente punto de acuerdo refieren que, Ecoltec, una sociedad anónima de capital variable, subsidiaria de Holcim Apasco y cuyo social con que se constituyó, hace más de 15 años, era manejar de forma clara los residuos, y así contribuir a reducir la contaminación ambiental y promover el desarrollo sustentable del país; se instaló en 2002 en Apaxco, México, e inició operaciones en mayo de 2003.
Sin embargo, señala el proponente hasta 2005 la sociedad civil organizada y los habitantes de la región no se percataron que dicha empresa, su funcionamiento ocasiona graves daños del ambiente y de la salud, que empiezan a ser una constante.
Así, refiere que entre los estragos de la salud de los habitantes de aquella región, muchos de ellos irreversibles, están dolores de cabeza, irritación faríngea, desmayos, irritación ocular, fatiga, alergias, enfermedades de las vías respiratorias, deterioro del sistema nervioso central, trastornos de la memoria, daños hepáticos y renales, y cáncer; incluso, cierta información refiere que la población más afectada en este último rubro es la niñez.
Por otro lado, advierte que la empresa en comento recibe toda clase de residuos industriales sólidos y líquidos peligrosos, pues son sumamente tóxicos, los cuales tritura y mezcla para producir combustible alterno en sustitución del gas o combustóleo. También procesa aceites y grasas usados, pinturas lacas y acrílicas, solventes, llantas, desechos de artículos de limpieza y belleza, juguetes de plástico contaminados con plomo, aparatos electrodomésticos con componentes electrónicos, residuos derivados del petróleo, medicamentos caducos y basura. En todo el proceso de mezcla de residuos peligrosos se liberan gases y vapores, denominados “compuestos orgánicos volátiles”.
Así, refiere que de acuerdo con el doctor Jorge Arturo de León, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por el manejo de residuos de muy variada composición química, así como por contar con gente no conocedora de estos procesos, y ante la falta de equipos tecnológicos que permitan procesar sin peligro estas sustancias, suceden incidentes donde las emisiones de contaminantes superan lo permitido en la normatividad ambiental.
En base en ello, el proponente señala que se violan las disposiciones legales en la materia, como las Leyes Generales del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, así como sus respectivos reglamentos, señalando que incluso se presume que en un drenaje clandestino la empresa vierte desechos tóxicos, transgrediendo toda norma ambiental y eludiendo el marco de actuación de autoridades municipales, estatales y federales.
Aunado a lo anterior, el proponente menciona que otro suceso sobresaliente es la muerte de 11 personas en El Refugio, perteneciente a Atotonilco de Tula y que está a 3.5 kilómetros de Apaxco: el 21 de marzo de 2009, donde campesinos que realizaban labores de limpieza e inspección en un pozo perdieron la vida por la exposición a sustancias tóxicas en el agua del contenedor.
Por otra parte, el proponente menciona que Ecoltec quema un promedio de 2 millones de llantas y 6 millones de residuos industriales peligrosos, los cuales generan grandes afectaciones en el ambiente, por las emisiones tóxicas que se vierten a la atmósfera. Derivado de ello, puntualiza que la contaminación que la fábrica produce por la incineración de residuos peligrosos se extiende a 4 kilómetros a la redonda, afectando no sólo a Apaxco, México, sino a localidades aledañas en Hidalgo.
Por último, refiere que en lugar de que las autoridades del gobierno, que en teoría deberían proteger y procurar el bienestar de la población, los organismos civiles como Greenpeace México y los mismos vecinos de la colonia, organizados a través del movimiento ambientalista Prosalud, han asumido el papel de defensores de la salud de los pobladores y el cuidado del ambiente.
Por último refiere que el 2 de septiembre de 2009 los vecinos presentaron una denuncia ante la Profepa, con motivo de que el combustible alterno producido por Ecoltec es utilizado por Holcim Apaseo, el cual es incinerado en los hornos cementeros, liberando sustancias tóxicas como dioxina, furano y metales pesados, haciéndose hincapié en las afectaciones de la salud y del ambiente que genera Ecoltec.
Por lo anterior formula la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Primero. Que esta soberanía exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal, al gobierno de Hidalgo, al gobierno del estado de México y al presidente municipal de Apaxco a revisar e informar a la Comisión Permanente sobre la legalidad de las autorizaciones y licencias expedidas en favor de Ecoltec, SA de CV.
Segundo. Que esta soberanía solicite a la Secretaría de Salud que elabore estudios toxicológicos y epidemiológicos para determinar si las enfermedades agudas y crónicas generadas entre la población en Apaxco, México, se relacionan con los desechos tóxicos producidos por Ecoltec, SA de CV.
Tercero. Que esta soberanía exhorte al procurador general de Justicia de Hidalgo, por conducto del gobernador del estado, Miguel Angel Osorio Chong, a revisar minuciosamente el expediente que se refiere a la tragedia donde murieron 11 campesinos el 21 de marzo de 2009 y, en su caso, a reabrir las investigaciones pertinentes a fin de deslindar responsabilidades jurídicas a los responsables de tan siniestro suceso.
II. Esta Comisión Dictaminadora considera de la mayor importancia, el valorar las condiciones medioambientales y de salud de todas las poblaciones del país.
Por ello, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora comparten la preocupación del senador proponente.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión; Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a los gobiernos de Hidalgo y del estado de México y al presidente municipal de Apaxco, a revisar e informar a esta soberanía, sobre las condiciones, términos, fundamentos y justificaciones para las autorizaciones y licencias expedidas en favor de Ecoltec, SA de CV.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita al Ejecutivo federal, para que a través del titular de la Secretaría de Salud elabore estudios toxicológicos y epidemiológicos para determinar si las enfermedades agudas y crónicas generadas entre la población en Apaxco, México, se relacionan con los desechos tóxicos producidos por Ecoltec, SA de CV.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al procurador general de Justicia de Hidalgo, por conducto del gobernador del estado, Miguel Ángel Osorio Chong, a revisar minuciosamente el expediente que se refiere a la tragedia donde murieron 11 campesinos el 21 de marzo de 2009 y, en su caso, deslindar responsabilidades de dicho suceso.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 18 de enero de 2011.
Diputado Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente, senadora Minerva Hernández Ramos (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar, senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputada O. Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios, diputado Sebastián Lerdo de Tejada, diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, senadora María del Socorro García Quiroz, senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), diputado Arturo García Portillo (rúbrica), diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), senador José de Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), senador Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica), diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).
De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se desecha la proposición con punto de acuerdo sobre un convenio para que los ex presidentes se integren como miembros académicos o investigadores de universidades públicas
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir un convenio para que los ex presidentes de la república se integren como miembros académicos o investigadores a cualquier universidad o universidades públicas de México al término de su mandato; a reducir sus pensiones y los apoyos de personal y de seguridad; y a suspender sus seguros de gastos médicos mayores, entre otros, suscrita por el diputado Jaime Sánchez Vélez, del Grupo Parlamentario del PRI.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de diciembre de 2010 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de trabajo –de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Consideraciones
I. En el capítulo de consideraciones, el autor de la proposición que se dictamina señala que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, es el jefe de Estado y de gobierno de México, así como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Que el artículo 80 establece que el ejercicio del supremo Poder Ejecutivo de la Unión lo ejercerá un solo individuo, que se denominará presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Señala que un presidente será siempre y en todo momento de su mandato una razón de la seguridad nacional. La condición de ex presidente de una nación, la seguridad del Estado e interés nacional que representó, la información de toda índole a la que tuvo acceso durante su mandato, las relaciones nacionales e internacionales que construyó, los documentos clasificados y reservados que conoció y que él mismo elaboró, así como otros tantos hechos de gran secrecía, no terminan ni deben terminar al siguiente día de dejar su mandato, así como tampoco termina su pensión y seguridad.
Continúa el proponente afirmando que “comparte” la decisión de que reciban sus percepciones y el apoyo correspondiente al personal de apoyo que tengan asignado, de conformidad con las disposiciones aplicables y con sujeción a los términos de la ley. Sin embargo, señala que no está de acuerdo en que abandonen el país y se contraten en el extranjero, toda vez que no solamente es una fuga de cerebro, sino fuga de información, experiencia y todo lo que ello representa.
De ahí que el proponente considere que “debemos establecer y regular en la ley la responsabilidad y actividades que desempeñará un ex presidente durante los primeros nueve años concluidos sus mandatos. No debemos permitir que trabajen para ninguna institución educativa extranjera, para ninguna empresa, institución, firma, negocio nacionales o internacional privados. Menos aún, residir fuera del país durante los nueve años siguientes al término de su presidencia”.
Menciona que en razón de que los ex mandatarios tienen derecho a una pensión vitalicia equivalente al sueldo de un secretario de Estado, además de seguros de vida y de gastos médicos mayores, estos deberán integrarse como miembros académicos a cualquier universidad pública de México, de preferencia a la que su presencia reditúe el mayor beneficio a la educación, a la sociedad y al desarrollo nacional, y en caso, de no contar con título profesional, se integrarán a alguna institución pública educativa en la que pueda participar como conferencista, panelista o alguna otra actividad que no requiera título profesional, pero que siempre se circunscriba en beneficio de la educación, de la sociedad y del desarrollo nacional.
Considera el proponente, que las actividades anteriormente descritas, las desarrollen los ex presidentes recién terminadas sus administraciones, de tiempo completo por seis años y sin ningún pago, salvo el que se encuentre dentro del rubro de pensiones a ex presidentes. Terminados los siguientes tres años, los ex presidentes podrán trabajar o colaborar para empresas o instituciones extranjeras, dentro y fuera del país. Además, una vez concluidos los nueve años y que los ex presidentes generen recursos propios, se reducirá el apoyo de personal y de seguridad, y se suspenderán sus seguros de gastos médicos mayores.
Concluye, señalando que la intención de su propuesta es hacer cumplir a los ex presidentes su agradecimiento al pueblo mexicano a través de la educación y de la enseñanza durante los primeros nueve años terminada su gestión, además de reducir los recursos económicos, humanos y materiales que se les destinan, respetando sus derechos de seguridad social, por lo que formula el siguiente:
“Punto de Acuerdo
”Primero. Que la Comisión Permanente exhorte al titular del Ejecutivo federal a emitir un acuerdo para que los ex presidentes de los Estados Unidos Mexicanos se integren como miembros académicos o investigadores a cualquier universidad o universidades públicas de México, privilegiando de preferencia a las que su presencia reditúe el mayor beneficio a la educación, a la sociedad y al desarrollo nacional, quedando estrictamente prohibido involucrar su preferencia y militancia partidista con sus labores de enseñanza.
”En caso de no contar con título profesional, se integrarán a alguna institución pública educativa en la que pueda participar como conferencista, panelista o alguna otra actividad que no requiera título profesional, pero que siempre se circunscriba en beneficio a la educación, de la sociedad y del desarrollo nacional.
”Segundo. Que se exhorte al titular del Ejecutivo a considerar que estas actividades las desarrollen los ex presidentes, recién terminadas sus administraciones, de tiempo completo, por seis años y sin ningún pago, salvo el que se encuentre dentro del rubro de pensiones a ex presidentes. Terminados los seis años, deberá continuar con sus actividades en horarios y horas que él decida y que la institución o instituciones, públicas o privadas nacionales, le permitan, por tres años.
”Terminados estos tres años, los ex presidentes podrán trabajar o colaborar para empresas o instituciones privadas mexicanas o extranjeras, dentro y fuera del país.
”Concluidos los nueve años y si los ex presidentes generan recursos propios, se reducirá en un 60 por ciento su pensión.
”Además, al término de este tiempo, también se reducirá en un 60 por ciento el apoyo de personal y de seguridad, y se suspenderán sus seguros de gastos médicos mayores. Sus seguros de vida y sus derechos a la seguridad social continuarán de manera vitalicia.
”El cónyuge gozará de los seguros de vida y de la seguridad social. Los hijos estarán cubiertos con la seguridad social durante todo el tiempo que transcurra hasta cumplir la mayoría de edad. En caso de fallecimiento del ex presidente, su cónyuge recibirá una pensión equivalente al 60 por ciento y se reducirá en 80 por ciento el apoyo de personal y de seguridad. En caso de muerte del cónyuge, la pensión beneficiará en la misma cuantía a los hijos hasta alcanzar la mayoría de edad. La prestación será suspendida si el cónyuge contrae nuevo matrimonio.
”Tercero. Que se exhorte al titular del Ejecutivo a abrogar los acuerdos y todas las demás disposiciones anteriores relativas al otorgamiento de pensión y apoyos a los ciudadanos que hubiesen ocupado el cargo de presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
”Cuarto. Que el acuerdo que emita el titular del Ejecutivo tenga vigencia hasta que sea aprobada una ley que establezca las bases para otorgar pensiones y prestaciones a los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, así como de las obligaciones que deberán cumplir una vez concluidos sus mandatos”.
II. Los integrantes de la comisión dictaminadora reconocen la sensibilidad y propósitos de que inspiran al autor en la elaboración y presentación de su Proposición, pero consideran que este es uno de los casos en los que no se puede resolver conforme a derecho y la práctica parlamentaria, en los términos solicitados por el proponente.
La comisión dictaminadora toma en cuenta y reproduce literalmente lo señalado por el autor de la proposición que ahora se dictamina, en su capítulo de consideraciones:
“debemos establecer y regular en la ley la responsabilidad y actividades que desempeñará un ex presidente durante los primeros nueve años concluidos sus mandatos. No debemos permitir que trabajen para ninguna institución educativa extranjera, para ninguna empresa, institución, firma, negocio nacionales o internacional privados. Menos aún, residir fuera del país durante los nueve años siguientes al término de su presidencia”.
La comisión dictaminadora, considera como el propio proponente lo refiere en su proposición, que las responsabilidades, actividades y derechos que desempeñen los ex presidentes, deben ser establecidos y regulados por una ley, por lo que conforme a los términos solicitados por el proponente, esta comisión dictaminadora no puede emitir una resolución en el sentido de exhortar al Ejecutivo federal a emitir un acuerdo en la materia.
En consecuencia, la comisión dictaminadora, toma en cuenta lo establecido en el artículo 127, fracciones IV y VI, que a la letra dicen:
Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.
Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases:
IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.
VI. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo.
De lo anteriormente transcrito, podemos establecer que conforme a la Constitución, las jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, los mismos se encuentran regulados por el texto constitucional, el cual establece que dichas prestaciones serán asignadas por la ley emitida por el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias,
Asimismo, debemos insistir que las actividades, formas y procedimientos que propone el autor de la proposición que se dictamina, como lo son la reducción de la pensión, del personal y de los seguros de gastos mayores, son materia de una iniciativa de ley, por lo que esta comisión dictaminadora considera que mediante una proposición con punto de acuerdo, se carecería de fundamento para regular los derechos y obligaciones de ciudadanos, o para exhortar al presidente de la república a que proceda en la forma solicitada.
También, el proponente solicita en su resolutivo segundo, que las actividades que desarrollen por seis años los ex presidentes, serán “sin ningún pago”, por lo que esta comisión dictaminadora considera oportuno señalar que conforme al artículo 5o. constitucional, a ninguna persona se le podrá impedir a que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, ni a recibir una justa retribución sin su pleno conocimiento por prestar trabajos personales, de ahí la necesidad de transcribir literalmente lo ya señalado:
Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.
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Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, ...
Sin embargo, los integrantes de la comisión dictaminadora, ven con beneplácito y consideran que la propuesta de que los ex presidentes de los Estados Unidos Mexicanos se integren como miembros académicos o investigadores en cualquier universidad o universidad públicas de México, es y debe ser considerada, toda vez que sus conocimientos y experiencia podrían ser de valiosa importancia en la impartición de conocimientos al pueblo mexicano, pero la misma deberá ser resuelta a través de una nueva y diferente propuesta, por lo que concluyen en que debe presentarse una iniciativa de ley en la materia para dar curso a l proceso legislativo correspondiente.
Consecuentemente la comisión dictaminadora no considera procedente, ni oportuno realizar un exhorto al titular del Ejecutivo federal, en los términos que lo solicita el proponente.
En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a la consideración del Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir un convenio para que los ex presidentes de la república se integren como miembros académicos o investigadores a cualquier universidad o universidades públicas de México al término de su mandato; a reducir sus pensiones y los apoyos de personal y de seguridad; y a suspender sus seguros de gastos médicos mayores, entre otros.
Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 18 de enero de 2011.
La Primera Comisión
Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), senador José Alejandro Zapata Perogordo (rúbrica), diputado Arturo García Portillo (rúbrica p.s.), diputada Florentina Rosario Morales, secretarios; diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), senador Marco Humberto Aguilar Coronado, diputada Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), senador René Arce, diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica), senador Luis Maldonado Venegas.