Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que establezca con las autoridades estatales y las municipales correspondientes las medidas necesarias para garantizar la seguridad de pacientes, trabajadores e instalaciones en las clínicas y los hospitales públicos de diversas entidades, suscrita por el diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Marco Antonio García Ayala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos de los citados ordenamientos, somete a consideración de la Comisión Permanente de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, fundada en los siguientes antecedentes y consideraciones
Antecedentes
El grave estado de inseguridad pública y violencia delincuencial que padece nuestro país ha impactado lamentablemente en todos los ámbitos de convivencia social, particularmente en algunas entidades federativas. A pesar de que algunas autoridades insisten en señalar que el problema no es algo que se halla generalizado o que sus afectaciones, para el grueso de la población civil, en términos de vidas humanas, incertidumbre y temor, sean costos “inevitables” que se deben asumir, como lo ha señalado equivocadamente el propio presidente de la República, los sucesos cotidianos y la acumulación de todos ellos, revelan un estado verdaderamente lamentable, con un horizonte claro, que de seguir las cosas como hasta la fecha, los costos que se revelan son indeseables e injustificables desde cualquier punto de vista.
El combate a la criminalidad, particularmente dedicada al tráfico y comercialización de enervantes, que comenzó, como ha sido diagnosticado por expertos y especialistas, por parte del gobierno federal sin un programa bien definido ni planificado y sin contar con los mejores elementos para la realización adecuada y oportuna de sus acciones, no ha dado resultados en materia de tranquilidad social y de justicia, sino por el contrario, parece ser que el número de delincuentes es infinito, mientras que la paciencia, confianza y tolerancia de la población se derrumban al verse afectada, cada vez más y de forma directa por actos deleznables de violencia, intimidación y terrorismo, llamados, cómoda y absurdamente como “daños colaterales”.
El año de 2010 que recién concluyó, ha revelado el agudizamiento de una faceta de estos daños colaterales con implicaciones muy graves para la población y para la propia existencia de las instituciones nacionales, con la lamentable confirmación de casos de profesionistas y trabajadores de la salud que han sido asesinados, secuestrados o amenazados por la delincuencia, así como por situaciones terribles provocadas por la irrupción de criminales en las unidades de atención médica.
En ciudades como Monterrey y Ciudad Juárez, han sido asesinados por lo menos cinco médicos en los últimos meses, algunos de ellos secuestrados previamente y privados de su vida a pesar del pago del rescate exigido. Un conjunto mayor de los que todavía permanecen en esos lugares, recibe cotidianamente la exigencia de pago de una cuota para poder preservar la vida, la libertad y el ejercicio de su profesión. Otros tantos, particularmente del ámbito médico privado, antes estos hechos y la situación insoportable que generan, literalmente han huido hacia otras poblaciones del país o hacia otros países. Sin embargo, los profesionistas de la salud que son públicos, no pueden tomar la decisión de cambiar de residencia porque su condición laboral no se los permite.
El secuestro de profesionales de la salud también se ha venido incrementando, como se ha señalado, de tal forma que, por ejemplo, en estados como Chihuahua, datos de la Procuraduría estatal informan de por lo menos 15 sucesos ocurridos contra igual número de médicos, lo que ha provocado que la mitad de los 2 mil galenos registrados en Ciudad Juárez, haya abandonado la ciudad. No por menos las propias autoridades de esa entidad del norte del país han declarado como “zonas de alto riesgo” a los lugares de atención médica, situación que se ha comenzando a replicar en diversos puntos del país.
Por otra parte, en diversas entidades se han presentado graves sucesos en los cuales, criminales, por lo regular en grupos, han invadido consultorios, clínicas y hospitales, muchos de ellos de carácter público, para culminar el asesinato de rivales heridos o para amenazar al personal de salud por la realización o no de actos médicos que afectan sus intereses, como el sucedido en la Cruz Roja de Ciudad Juárez, hace unas semanas, durante el cual, un comando terminó de acribillar a una persona herida que se dice pertenecía a una banda rival y con ella a una persona que lo acompañaba. Casos similares han ocurrido en Apatzingán, Michoacán; en Tabasco, Tamaulipas y Baja California.
El hecho es que, en un número creciente de estados, entre los que lamentablemente debemos apuntar, a Tamaulipas, Morelos, Guerrero, Michoacán, Tabasco, Guerrero, Jalisco, Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango y Zacatecas, entre otras, el ejercicio de las más nobles de las profesiones, como son todas aquellas relacionadas al cuidado de la salud se ha convertido en un agudo y adicional riesgo, provocado por sujetos dedicados a la delincuencia, pero también, por la falta de seguridad en clínicas y hospitales, particularmente de carácter público ubicadas en zonas peligrosas, así como del incumplimiento del Estado mexicano de garantizar la vida y la libertad de sus habitantes.
Debido a los sucesos violentos contra personal, pacientes e instalaciones médicas ocurridos en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, se dispuso un mecanismo especial de vigilancia policiaca entre autoridades federales, estatales y municipales, de determinadas unidades hospitalarias, la cual, a apenas algunos meses de su aplicación, a decir de los propios habitantes de esa ciudad, o en nuestro caso, de la opinión de los propios profesionistas de la salud, no ha cumplido con las expectativas con la cuales se anunció, pero mucho menos con las necesidades de seguridad que se reclaman.
El Comité de Médicos y Ciudadanos por la Seguridad de Ciudad Juárez, constituido en 2008 para exigir el retorno de la tranquilidad y la permanencia de niveles adecuados de seguridad, ha declarado recientemente, a principios de este mismo mes que el programa de vigilancia especial ha sido letra muerta, lo que ha provocado que la comunidad médica, pacientes y familiares continúen en situación de riesgo y vulnerabilidad.
Esta propia Cámara de Diputados, particularmente a través de su Comisión de Salud, ha recibido recientemente denuncias y exigencias claras y justas de profesionistas de la salud, así como información relevante sobre los hechos referidos. Las instituciones públicas como Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tienen registros sobre diversos eventos delincuenciales que afectan gravemente la prestación de los servicios, así como de un número creciente de peticiones, de las cuales obviamente los Sindicatos de Trabajadores respectivos han sido enterados, acerca de cambios de adscripción de diversas unidades laborales que se consideran peligrosas a otros sitios más tranquilos.
Sin embargo, las probables consecuencias de la acción criminal sobre el gremio médico no se limitan solamente a aspectos meramente laborales, sino que, las afectaciones pudieran tener visos más graves, como ya ha ocurrido o ha sido planteado en el caso de Ciudad Juárez o de Apatzingán, en donde las unidades de atención cierren sus puertas para la atención de pacientes, que se establezca la posibilidad de dejar sin atención a heridos de bala o que médicos militares atiendan en los sitios de mayor peligrosidad, lo cual, simplemente ante un escenario de demanda de atención con los niveles existentes, se vuelve absurdo por inviable, desde el punto de vista legal y de la disponibilidad de este tipo de galenos.
Ante estos lamentables hechos es necesario que esta Cámara de Diputados se pronuncie de manera urgente con claridad y energía a fin de exigir a las autoridades federales involucradas, particularmente Secretarías de Salud, de Seguridad Pública y de Gobernación, así como la Procuraduría General de la República, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, dispongan todo lo necesario, a fin de que se implementen mecanismos específicos y probados de vigilancia y salvaguarda del personal médico que labora en instituciones públicas de salud, de pacientes y de las propias instalaciones médicas.
En razón de lo anteriormente fundamentado, solicito a esta Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente resolución.
Único. La Comisión Permanente de la Cámara de Diputados solicita firmemente al titular del Poder Ejecutivo federal, establezca las medidas que sean necesarias, a través de las dependencias federales involucradas y en coordinación con las autoridades estatales y municipales correspondientes, para garantizar la seguridad de trabajadores, pacientes e instalaciones de clínicas y hospitales públicos del país, particularmente en situación de vulnerabilidad y riesgo ante la delincuencia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2011.
Diputado Marco Antonio García Ayala (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a cuidar por la Segob que los perfiles de los funcionarios que se nombrarán en el INM sean los idóneos para evitar cualquier tipo de corrupción y mejorar las funciones en el sector migratorio, suscrita por el senador Francisco Herrera León, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito Francisco Herrera León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, 109, 110 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Hace algunos meses cuando desafortunadamente acaeció la matanza de 72 migrantes en el norte del país, el tema migratorio volvió a cobrar la importancia debida y se estipularon nuevas líneas de acción desde la Secretaría de Gobernación.
La matanza, también trajo consigo el cambio de la titular del Instituto Nacional de Migración (INM) y un sinnúmero de expectativas para que los integrantes del mismo instituto actúen de mejor manera para asegurar no sólo que acontecimientos como el mencionado vuelvan a ocurrir, sino que también las violaciones a los derechos de los migrantes cesen y la óptica de que no por ser indocumentados, los migrantes son criminales.
En esta tesitura, la manera de proceder del Poder Ejecutivo federal nos parece atinada. No obstante, la manera en cómo se van a realizar los cambios de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración y el cómo se va a elegir a los nuevos miembros, debe realizarse bajo estricta vigilancia para los que resulten elegidos para ocupar las posiciones en el INM tengan las mayores capacidades y mejores cualidades.
Así pues, el objeto del presente es solicitar que se cuide el perfil de los nuevos funcionarios del INM para que en conjunto con la iniciativa de Ley de Migración y las nuevas directrices en materia migratoria se pueda, efectivamente, mejorar el sector migratorio y salvaguardar los derechos de los migrantes al tiempo que se proteja su integridad; ello, tal y como lo ha venido haciendo el Ejecutivo federal.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta soberanía sea aprobado de urgente resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, se cuide que los perfiles de los funcionarios que serán nombrados en el Instituto Nacional de Migración sean los óptimos, en aras de evitar cualquier tipo de corrupción y mejorar las funciones que se desarrollan en nuestro sector migratorio.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2011.
Senador Francisco Herrera León (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a traducir y difundir en lenguas indígenas, con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, los programas sociales, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Adolfo Toledo Infanzón, senador integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter al pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
En México, el nivel de pobreza y marginación es muy preocupante y en los últimos años se ha incrementado de manera alarmante. Las cifras son de todos conocidas. Hoy, 50.6 millones de mexicanos no cuentan con un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades básicas como son las de salud, vivienda, educación, vestido y transporte. Y peor aún, 19.5 millones de mexicanos no cuentan con ingresos suficientes para adquirir una canasta básica de alimentos.
Esta situación se acentúa en las comunidades aisladas y de población indígena, donde al parecer no hemos podido generar los recursos que requiere un individuo con escasos recursos, para salir exitosamente del círculo “pobreza-desempleo-falta de ingreso y otra vez pobreza”.
La población indígena en México representa cuando menos el 10 por ciento del total del país y alrededor de 80 por ciento está concentrada en los estados del centro-sur-sureste. El 65 por ciento de los hablantes de lengua indígena se ubican en localidades menores de 2,500 habitantes. Sin duda que las condiciones de marginación y pobreza se acentúan mucho más en este sector de la población, basta ver algunas cifras: la esperanza de vida de la población indígena es de 69 años, en comparación con el resto de la población que es de 76; el 43.4 por ciento de la población ocupada lo hace en actividades del sector primario; 25 por ciento de la población ocupada no recibe ingresos y el 56 por ciento gana menos de dos salarios mínimos.
Además muestran los menores índices de desarrollo humano: uno de cada cuatro adultos indígenas no saben leer ni escribir, casi tres veces más que el resto de la población; el promedio de años de escolaridad en los hogares indígenas es de 5.3 años, en el caso de hogares no indígenas es 8.2, sólo 20 por ciento de los indígenas están afiliados al Seguro Popular; 99 por ciento de las localidades indígenas (con más de 70 por ciento de población) tienen niveles de marginación alto o muy alto.
Sin lugar a duda, es en estas regiones del país donde son más necesarios los programas sociales a fin romper con el ciclo generacional de la pobreza extrema. Es indispensable, tomar acciones contundentes que permitan incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país con respeto a sus tradiciones históricas, favoreciendo el desarrollo de las capacidades de educación, salud y nutrición.
Para ello, es imprescindible que las comunidades indígenas tengan acceso a la información necesaria sobre los programas sociales y los apoyos que pueden obtener en su propia lengua. De esto, ya se han hecho algunos ejercicios exitosos, por ejemplo en la Secretaría de la Reforma Agraria, la cual difundió en 23 lenguas indígenas las bases y beneficios de los proyectos productivos impulsados por esta dependencia.
Creemos que este esfuerzo debe extenderse a los principales programas manejados por le Secretaría de Desarrollo Social, con el objetivo de que los pueblos y comunidades indígenas conozcan como puede acceder a los programas, los montos de apoyo que existen, así como sus derechos y obligaciones en su propia lengua.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social para que, en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, realicen la traducción y difusión en lenguas indígenas de los programas sociales, a fin de que las comunidades indígenas más apartadas puedan tener mayor información sobre éstos en su propia lengua.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2011.
Senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que investigue, practique las auditorías necesarias e informe a esta soberanía sobre la transparencia de las licitaciones de medicamentos y equipo médico en las instituciones de salud del sector público realizadas en la presente administración federal; y que, de encontrar presuntos actos de corrupción, efectúe las acciones correspondientes para sancionar a los responsables, suscrita por los senadores Ramiro Hernández García y María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, Ramiro Hernández García y María del Socorro García Quiroz, senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, me permito someter la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con la organización Transparencia Internacional, cada año, se gastan más de 3 billones de dólares en servicios de salud en el mundo, en su mayor parte pagados con nuestros impuestos. Dichas cantidades son un atractivo para cometer abusos y actos de corrupción.
Las dependencias gubernamentales de salud compran medicamentos, adquieren equipos sumamente caros, administran millonarios seguros, millones de pesos en contratos a discreción, licitaciones amañadas, e incluso, invierten en empresas privadas. Como ejemplo de esto último, tenemos el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que durante el presente sexenio ha invertido 13 mil 183 millones de pesos provenientes de los fondos del mismo instituto para invertir en siete empresas privadas, dos de ellas hipotecarias en graves problemas económicos y de liquidez. En fin, todo un catálogo para el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empresarios.
En México, el sector salud no es la instancia más corrupta del país, pero sí son varios los expedientes que engrosan la lista de corruptelas.
El último –al menos en apariencia– lo conocimos hace poco tiempo, cuando en un noticiario se transmitieron grabaciones en las que se escucha a un supuesto funcionario del IMSS, negociar la compra de medicamentos por 80 millones de pesos, con un representante de un laboratorio farmacéutico.
Tuvo alguien que interceptar llamadas telefónicas para que el país supiera que un alto funcionario del IMSS negociaba con un directivo de un laboratorio la compra ilegal de medicamentos. Este, como muchos otros, es un caso que debió detectar la Secretaría de la Función Pública; sin embargo, la dependencia ha sido incapaz de evitar los niveles de impunidad que colocaron a México en el lugar 98 de 180 en el Índice Percepción de la Corrupción 2010 de Transparencia Internacional, por debajo de Ghana y Ruanda.
De igual manera, nada hizo el contralor interno del IMSS para detectar dicha irregularidad antes de que lo hiciera una grabación ilegal. Contralor interno que obedece a la Secretaría de la Función Pública (SFP), como todos los de los órganos internos de control de dependencias y entidades.
Según datos de la Secretaría de Salud, la compra de medicamentos por parte de los hospitales públicos, desde los del IMSS hasta los del ISSSTE pasando por el Militar y el Seguro Popular, llegan a ser compras del orden de los 50 mil millones de pesos. Suma que representa un gran atractivo para cometer ilícitos.
Cabe mencionar que estos temas de escándalo no son recientes, desde 2006, cuando era director del Seguro Social, el hasta hace algunos días, Secretario de Comunicaciones y Transportes, el IMSS junto con la Comisión Federal de Competencia (CFC), llevaron adelante una investigación donde quedó claro que cuatro laboratorios se ponían de acuerdo para ganar las licitaciones: una vez se la llevaba uno, otra vez el otro.
Como podemos observar, el tema de la corrupción continúa y las acciones emprendidas no han sido suficientes.
En nuestro país existen dos instancias públicas encargadas de la fiscalización de los recursos, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ésta última, tiene como tarea revisar la cuenta pública y elaborar un informe que es presentado ante la Cámara de Diputados. Como resultado de esta revisión, la ASF contribuye, a través de la emisión de acciones correctivas y preventivas, a combatir la corrupción en el sentido más amplio del concepto.
La ASF está facultada para efectuar revisiones a los Poderes de la Unión, los entes públicos federales, las entidades federativas y municipios que ejerzan recursos públicos federales y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales.
También, le corresponden atribuciones en materia de sanciones y fincamiento de responsabilidades cuando se determinen daños patrimoniales a la Hacienda Pública Federal.
La ASF puede emitir las acciones correctivas siguientes
1. Promoción de sanciones administrativas ante los órganos de control interno correspondientes.
2. Fincamiento de responsabilidades resarcitorias, que implican la devolución al erario público de los recursos empleados incorrectamente.
3. Presentación de denuncias penales o de hechos ante el Ministerio Público.
Ante estos nuevos hechos de corrupción se requiere que las instancias fiscalizadoras inspeccionen y vigilen que las dependencias y entidades del sector salud, de la Administración Pública Federal, cumplan con las normas y disposiciones en la compra de medicamentos y de equipo médico.
Asimismo, vigilar el cumplimiento de las normas, políticas y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, desincorporación de activos, servicios y obras. Así como, investigar las conductas de los servidores públicos, que puedan constituir responsabilidades administrativas; aplicar las sanciones que correspondan en los términos de ley y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público.
Por lo anteriormente expuesto, ponemos a la consideración de esta asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Auditoria Superior de la Federación (ASF), para que en el ámbito de sus responsabilidades, investigue, realice las auditorias necesarias, e informe a esta soberanía, sobre la transparencia en los procesos de licitación en la compra de medicamentos y equipo médico en las instituciones de salud del sector público, realizados durante la presente administración federal; en el caso de encontrar presuntos actos de corrupción, realice las acciones correspondientes a fin de sancionar a los funcionarios públicos responsables de dichos ilícitos.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2011.
Senadores: Ramiro Hernández García, María del Socorro García Quiroz (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se conmina al titular del Ejecutivo federal a respetar el contenido del artículo 20, fracción VI, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, en materia de comunicación para personas sordas, suscrita por la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe, diputada federal Claudia Edith Anaya Mota, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión conmina al titular del Poder Ejecutivo federal a respetar el contenido del artículo 20, fracción VI, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, con base en las siguientes
Consideraciones
Primera. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el martes 7 de diciembre de 2010. En la fracción VI del artículo 20, el Presupuesto establece:
“VI. Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, así como las dependencias y entidades harán uso de la Lengua de Señas Mexicanas por medio de un intérprete, o en su caso tecnologías que permitan el acceso a los contenidos a las personas con discapacidad auditiva cuando se trate de campañas en televisión.”
Segunda. El artículo primero transitorio del decreto señala que “el presente decreto entrará en vigor el primero de enero del año 2011”. Por lo que la disposición del artículo 20, fracción VI, es vigente, y por lo tanto obligatoria para los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, así como las dependencias y entidades.
Tercera. El actual titular del Poder Ejecutivo federal, el día primero de diciembre de 2006 realizó la toma de protesta juramentando, como lo dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 128, que dispone:
“Artículo 128. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.”
Por ello estimamos que el Presidente está faltando al juramento de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.
Cuarta. La Constitución señala en el artículo 70 que “toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes de ambas Cámaras y por un secretario de cada una de ellas, y se promulgarán en esta forma: ‘El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de la ley o decreto)’. Por lo que el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio fiscal 2011 dimana de la voluntad de la Cámara de Diputados a iniciativa del Presidente de la República.
Quinta. El asunto en cuestión no es la primera vez que se aborda en esta Comisión Permanente, en el inmediato anterior periodo de sesiones de esta representación popular se aprobó un punto de acuerdo que establecía:
“La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, para que a través del Secretario de Gobernación, instruya al Centro de Producción de Programas Informativos Especiales a que en todos los programas especiales, cortes informativos y cadenas nacionales del presidente de la república se incluya un recuadro con un intérprete de lengua de señas mexicanas o el sistema de subtítulos o close caption.”
De dicho asunto aprobado, no se tuvo noticias de su cumplimiento, ya que en los mensajes sucesivos del Presidente no se contó con ningún mecanismo de apoyo para las personas sordas.
Sexta. Esta representación nacional ha establecido el criterio de considerar que las personas sordas tienen derecho a acceder a la información que el Presidente difunda pata todos los mexicanos mediante mensajes en televisión, y que es obligación del Presidente salvaguardar el derecho a la información pública a todos los mexicanos, sin distingo de su condición.
Séptima. El Ejecutivo federal es el “primer mandatario” de la ley, y en consecuencia, de disponer de lo que sea necesario para cumplirla. Como ya se señalo el PEF se publicó en el Diario Oficial de la Federación el martes 7 de diciembre de 2010, es decir hace 27 días; tiempo suficiente para disponer de cualquier tecnología para que se cumpla la ley.
Por lo expuesto, se somete a la honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión conmina al titular del Poder Ejecutivo federal a respetar el contenido del artículo 20, fracción VI, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, en materia de comunicación para personas sordas; asimismo le exhorta a subsanar la falta a la brevedad posible.
Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2011.
Diputada Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a otorgar recursos extraordinarios para el Programa de Fortalecimiento a la Educación Especial y de la Integración Educativa, suscrita por la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita Mary Telma Guajardo Villarreal, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La educación a niños y adolescentes con capacidades diferentes en lo intelectual o motriz, en caso de autismo o en los de déficit de atención, sordera, ceguera representan un sector de cerca de 170 mil 550 personas con necesidades de ser atendidos por el estado.
El artículo 41 de la Ley General de Educación establece la obligación de promover la integración de las niñas y niños con discapacidad a las aulas y escuelas generales, de tal modo que desarrollen al máximo sus potencialidades y satisfagan sus necesidades básicas de aprendizaje, como base para su integración social.
De ahí que la Secretaría de Educación Pública haya implementado desde el año de 1995 el Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, con la finalidad de fortalecer los servicios de educación especial y el proceso de integración para que los alumnos con necesidades educativas especiales reciban la atención que requieran y puedan tener acceso a una mejor calidad de vida.
La integración educativa es el proceso que implica educar a niños con necesidades educativas especiales en el aula regular, con el apoyo diferenciado necesario.
El trabajo educativo con los niños que presentan necesidades educativas especiales implica la realización de adecuaciones en los contenidos, las formas y los recursos de enseñanza para que alcancen los propósitos educativos y desarrollen todas sus potencialidades como seres humanos.
Recientemente la Secretaría de Educación Pública manifestó que cerca de 170 mil 523 entre niños y adolescentes están en riesgo de quedar fuera de las escuelas y de no ser atendidos este año debido al recorte presupuestal de más del 28.3% al Programa de Integración Educativa. Se trata de un recorte de más de 78 millones 523 mil pesos a dicho programa, por lo que resulta urgente canalizar los recursos necesarios para atender a este sector de la población.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Secretario de Educación Pública para que formule a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público una propuesta de partida extraordinaria, con el propósito de aumentar los recursos destinados al Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa.
Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2011.
Diputada Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo al proceso que se sigue a ex policías municipales y estatales de Hidalgo detenidos desde junio y septiembre de 2009, suscrita por los senadores José Luis García Zalvidea y Rubén Fernando Velázquez López, y la diputada Gloria Romero León, del Grupo Parlamentario del PRD
Los senadores José Luis García Zalvidea y Rubén Fernando Velázquez López, y la diputada Gloria Romero León, integrantes de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, presentan ante la honorable asamblea proposición con puntos de acuerdo con relación al proceso que se le sigue a ex policías municipales y estatales de Hidalgo, detenidos desde junio y septiembre de 2009, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
Un grupo de cerca de 140 policías, integrantes de las Policías Municipal de Pachuca de Soto y de Mineral de la Reforma, Estatal Preventiva, y Ministerial del estado de Hidalgo, fueron localizados y detenidos en junio y septiembre de 2009 en operativos realizados por elementos de la Policía Federal Preventiva. Dichos operativos fueron ordenados dentro de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/150/2009 de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
Asimismo, después de 60 y 80 días de arraigo, los ex policías fueron trasladados a diferentes Ceresos, Cepresos y Ceferesos situados en Veracruz, Toluca, Morelos y Tabasco, lo que repercutió severamente en lo económico, emocional y físico de los familiares de los procesados.
Por ejemplo, cabe señalar que para el 4 de septiembre de 2009, el agente del Ministerio Público de la Federación, licenciado Humberto Salmerón Najera, ejerció acción penal en contra de los detenidos, radicándose la causa penal 464/2009 del Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales de Tepic, Nayarit, habiendo solicitado la orden de aprehensión correspondiente, la cual fue librada el 5 de septiembre de 2009 y entregada en manos del referido agente del Ministerio Publico alrededor de las 8:30 de la mañana del mismo día, por lo que debió poner sin demora a los inculpados a disposición del juez, cosa que no aconteció, sino que fue hasta la noche del 14 y la madrugada del martes 15 de septiembre de 2009 cuando los detenidos fueron trasladados de las instalaciones del Distrito Federal al aeropuerto de la Ciudad de México y de ahí al centro federal de readaptación social oriente 5 situado en Villa Aldama, Veracruz, donde llegaron en la madrugada del martes 15 de septiembre, quedando en este momento a disposición del juez, es decir, diez días después de librada y entregada la orden de aprehensión. Esta dilación violó lo dispuesto por el artículo 16 de nuestra Constitución Federal que establece lo siguiente: La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilatación alguna bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionado por la ley penal.
Hay que advertir al respecto que abogados y familiares de los procesados han señalado reiteradamente que desde la detención se han generaron irregularidades, vejaciones, humillaciones y malos tratos que pasan por encima de sus derechos de los detenidos. Se asegura, además, que durante su traslado al aeropuerto, en el traslado aéreo y posteriormente durante la trayectoria al centro de penitenciario de Veracruz, la mayoría de ellos fueron golpeados por parte de los elementos de la Policía Federal y del Ejército, dejando a la mayoría con golpes múltiples en el cuerpo lo que ocasionó que muchos de ellos tuvieran consecuencias notorias.
Asimismo, los abogados y familiares de los detenidos aseveran que cuando arribaron a esta penitenciaria, los ex policías fueron golpeados por los custodios y a partir de ese momento comenzaron violaciones a sus derechos por parte del director del penal federal.
Por otra parte, se afirma que a los detenidos no se les ha brindado adecuadamente la atención médica. Muchos casos mal diagnosticados y, en otros, no se cuentan con el medicamento prescrito y suficiente.
Hasta el momento, los abogados de los procesados han interpuesto diversos recursos legales que se encuentran radicadas en tribunales federales ubicados en entidades del centro y norte del país, lo que dificulta la defensa y la vuelve altamente costosa para los procesados. Asimismo, los abogados han solicitado formalmente la declinación de la jurisdicción del juez de Nayarit a favor de jueces federales en Hidalgo, en aras de garantizar una defensa adecuada y oportuna.
Hay que resaltar que con motivo de la violación de los derechos humanos, el 24 de septiembre de 2009 se inició la queja CNDH/lll/2009/4405/Q ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual se ha comprobado por los visitadores de la CNDH en todo este tiempo.
Por otra parte, los familiares de los detenidos han señalado que para realizar las visitas tienen que hacer largos trayectos y onerosos. Como consecuencia de ello, se han generado infinidad de tragedias, como la muerte de la esposa de un elemento de la coordinación de investigación, quien fue víctima de un accidente automovilístico en el trayecto al Cefereso de Veracruz, así como el aborto espontáneo de dos esposas de los procesados, así como un alumbramiento dentro del centro penitenciario de Tabasco.
No obsta decir que este caso contiene denominadores comunes con el llamado “michoacanazo”, y en cual se pudo comprobar que las imputaciones hechas por testigos protegidos y las demás pruebas circunstanciales que aportó la fiscalía no fueron suficientes para demostrar el cuerpo del delito y la responsabilidad penal de los ex funcionarios. Los informes de las comisiones plurales que se constituyeron al afecto, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, pueden corroborar que las deficiencias en la integración de la averiguación previa, las contradicciones en las declaraciones de los testigos protegidos, así como la falta de elementos probatorios aportados por el fiscal permitieron la exoneración de toda responsabilidad penal de los exfuncionarios michoacanos. Por tal motivo, y ante el evidente modus operandi de las autoridades involucradas, debe examinarse con detenimiento, estudio y cuidado el caso de los ex policías de Hidalgo a luz del derecho y la justicia, así del estricto respeto a sus garantías penales y derechos humanos.
Ante esta situación, los familiares de los ex policías consideran que es fundamental solicitar a las autoridades de los gobiernos de Hidalgo y de la federación para que intervengan con toda prontitud, para que la causa penal sea radicada en juzgados federales en Hidalgo y para que los procesados sean trasladados de inmediato a las instalaciones del centro penitenciario de Pachuca.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, doctor Raúl Plascencia Villanueva, que presente, con la brevedad posible, un informe sobre la situación que guardan los derechos humanos con relación al desarrollo del proceso penal y de las condiciones físicas y psicológicas de los ex policías de Hidalgo detenidos en junio y septiembre de 2009.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un exhorto al titular del Ejecutivo del gobierno del estado de Hidalgo, al Consejo de la Judicatura Federal, al titular del Juzgado Segundo de los Procesos Penales de Tepic, Nayarit, así como a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública, para que con relación al proceso penal federal de los ex policías de Hidalgo, detenidos en junio y septiembre de 2009, y de conformidad a la esfera de su competencia, estimen la procedencia de lo siguiente:
a) La declinación de la jurisdicción de la causa radicada en el Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales de Tepic, Nayarit, a la jurisdicción de jueces penales federales en el estado de Hidalgo; y
b) El traslado de los procesados a centros de readaptación social en el estado de Hidalgo.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al ministro Juan Silva Meza a efecto de que en su calidad de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instruya al titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación para que redoble sus esfuerzos a efecto de orientar, auxiliar o representar a los ex policías de Hidalgo que soliciten o necesiten en el servicio de defensa penal de manera oportuna, profesional y adecuada.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2011.
Senadores: Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica), José Luis García Zalvidea. Diputado Gloria Romero León.
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la intervención de la SFP y de la ASF respecto a la correcta aplicación de los recursos públicos federales en Hidalgo, suscrita por las diputadas Esthela Damián Peralta, Florentina Rosario Morales y Obdulia Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del PRD
Las suscritas legisladoras, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III, del artículo 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten poner a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 5 de enero, un periódico de circulación nacional, publicó parte de un convenio firmado entre Miguel Osorio Chong, gobernador de Hidalgo, y la empresa Televisa, para grabar la telenovela “Soy tu Dueña” en haciendas hidalguenses, con todos los gastos pagados, a cuenta del erario estatal, a cambio de que las autoridades locales aparecieran en la telenovela.
De acuerdo con la publicación, el documento, fue firmado el 23 de febrero de 2010, entre Mirna Cristina López Manilla, directora general de la Secretaría de Turismo de Hidalgo, Alejandro Quintero Íñiguez y Jorge Lutteroth Echegoyen representantes de Televisa y Delia Lozada Romero, propietaria de 50 por ciento de una de las haciendas.
En el convenio, el gobierno y Televisa acordaron llevar a cabo las grabaciones en las haciendas Santiago Tetlapayac y Minthó, que en la novela se llamaron Los Cascabeles y Montesinos, así como la casa de la familia Macotela, la tienda Horacio, el Centro de Salud, el Banco Regional y la presidencia municipal del poblado de Nopala. Televisa, de acuerdo con el texto suscrito, hizo compromisos, incluida la aparición de funcionarios estatales en algunos eventos relacionados con la grabación, que se llevaría a cabo del 1 de marzo al 30 de octubre de 2010.
Dicho contrato establece que el gobierno del estado cubrirá las siguientes erogaciones que se generen por la grabación de la telenovela: gastos para hospedaje, alimentación, transporte y otros , los cuales serán distribuidos de la siguiente manera: a) total de hospedaje; b) total de administración; c) renta de transporte; d) total de otros gastos; e) transportación en vehículos terrestres a completa disposición, incluyendo conductor y combustible. Según el convenio, Televisa se comprometió, a hacer una invitación a las autoridades del estado a la presentación de la telenovela, con presencia de medios nacionales. También a insertar créditos de agradecimiento al gobierno estatal al final de cada capítulo.
Por su parte, Ricardo Negrete Granados, propietario de otro 50 por ciento de la hacienda Santiago Tetlapayac, demandó tanto a Televisa como al gobierno de Hidalgo, alegando que la firma del convenio para grabar Soy tu Dueña, se hizo a sus espaldas. En la demanda, Televisa reconoció haber suscrito el convenio civil con el gobierno de Osorio Chong, pero las autoridades estatales negaron la existencia de ese documento.
Recientemente, otro medio de comunicación hizo un recuento de otras novelas apoyadas por gobiernos estatales entre las que se encuentran Sortilegio, grabada en locaciones de Yucatán, con el apoyo de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco; y de Corazón Salvaje, con el apoyo logístico del, en ese entonces, gobernador de Veracruz, Fidel Herrera.
Otras novelas fueron Mar de Amor, financiada por el gobernador de Campeche; Fernando Ortega Bernés; en tanto que el mandatario chiapaneco Jaime Sabines, apoyó la producción de Pasión Morena, telenovela de TV Azteca. En tanto que La fea más bella, contó con la participación de Natividad González Parás, entonces gobernador de Nuevo León.
Todas las grabaciones de las telenovelas tienen una característica: el apoyo de un gobierno estatal, y la opacidad en el manejo de los recursos del presupuesto público, que no son fiscalizados. Además de que reflejan la impunidad con la que se ejercen dichos recursos públicos.
Por otra parte, cabe recordar que en 2007, el órgano de fiscalización superior del estado de Hidalgo reportó que el Poder Ejecutivo de la entidad no había podido comprobar 267 millones 318 mil 984 pesos, 1.26 por ciento del presupuesto ejercido en ese año, que fue de 21 mil 157 millones 309 mil 812 pesos, 27. 55 por ciento más de lo presupuestado originalmente. No obstante, no hubo sanciones a los funcionarios responsables por el mal manejo del erario, ya que el Congreso del estado aprobó la cuenta respectiva sin observación.
También en un informe denominado Estado que guardan las cuentas públicas municipales ejercicio fiscal 2007, y presentado al Congreso, el órgano de fiscalización superior, dio a conocer 45 ayuntamientos, más de la mitad de los municipios hidalguenses, que no han podido solventar las cuentas públicas de 2007.
Mientras que, entre las anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al gobierno de Hidalgo se encuentran: el subejercicio del presupuesto federal en seguridad y obras públicas; el desvió de recursos en salud y educación, y el mal manejo de los presupuestos municipales y las metas y objetivos sin cumplir.
Asimismo en 2007, el gobierno de Hidalgo recibió recursos adicionales por concepto de excedentes petroleros, los cuales son transferidos a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento, sin embargo, el gobierno de la entidad, no ejerció más de 50 por ciento de los recursos asignados a obras públicas, por lo que de acuerdo a la normatividad existente deberían regresarlos a la Tesorería de la Federación. Situación que no ocurrió.
Es importante señalar que según el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG), del año 2007, el último trabajo verificativo elaborado por Transparencia Mexicana, capítulo México de Transparencia Internacional, el estado de Hidalgo se ubicaba como la cuarta entidad donde mayor corrupción política existe. De manera que en 2007, Hidalgo se ubicó con un índice de 7.1.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo federal a través de la Secretaría de la Función Pública, así como a la Auditoría Superior de la Federación, y de manera respetuosa a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, verifiquen en el marco de sus atribuciones la correcta aplicación de los recursos federales ejercidos en el año 2010 y en su momento los que se ejerzan en el año 2011 por el estado de Hidalgo y de manera directa por el gobernador del mismo.
Segundo. Asimismo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda solicitar a la Secretaría de la Función Pública que proceda a realizar una investigación de las irregularidades detectadas en el estado de Hidalgo, y en su caso proceda a fincar las responsabilidades que a sus atribuciones corresponda. Una vez concluida la investigación, que sus conclusiones se entreguen a las Comisiones de la Función Pública y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.
Tercero. Se acuerda solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que proceda a realizar una auditoría especial sobre aportaciones y participaciones federales transferidas al gobierno del estado de Hidalgo.
Cuarto. También se exhorta respetuosamente a las autoridades competentes del estado para que se apoye en la realización de las auditorías, con lo cual se estaría contribuyendo en la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos federales que recibe la entidad.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2011.
Diputadas. Esthela Damián Peralta, Obdulia Magdalena Torres Abarca, Florentina Rosario Morales (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal y estatales a elaborar e implantar políticas tendentes a eliminar la participación de menores en el crimen organizado, suscrita por la diputada Adriana Sarur Torre, del Grupo Parlamentario del PVEM
Adriana Sarur Torre, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Antecedentes
La sociedad se encuentra cada día más expuesta a la inseguridad pública, y la delincuencia se ha convertido en uno de los problemas de mayor efecto social. Lo más alarmante es que, de acuerdo con especialistas, “1 de cada 90 menores de 18 años pertenece a algún grupo de delincuentes infanto-juveniles y 35 por ciento de los detenidos por narcotráfico es menor de edad”.
El origen del fenómeno de la implicación e incremento de jóvenes menores de edad en la delincuencia organizada es multifactorial, pero parece haberse potenciado por la evidente falta de oportunidades de empleo, educación, trabajo, cultura y deporte que actualmente viven los jóvenes.
Muestra de ello son los 7.5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, que no tienen futuro y que han visto la delincuencia organizada como una opción de vida. Todo eso, resultado de la incapacidad de los gobiernos para ofrecer oportunidades de educación y de empleo.
Cuando se presentan casos, lamentablemente cada vez más comunes, como el del Ponchis, casi de inmediato se recurre a la condena, a la implantación de políticas centradas en la represión y al impulso de reformas legales orientadas a incrementar la severidad de las penas, así como a reducir la edad para ser penalmente responsable, a una mayor presencia y apoyo tecnológico de la policía. Sin embargo, se ha dejado de lado concentrar esfuerzos en la prevención.
Es importante que los gobiernos estatales y el federal diseñen e implanten políticas tendentes a generar oportunidades de desarrollo social y económico. Estas políticas públicas y programas gubernamentales deben atacar las causas verdaderas de la implicación de jóvenes con el crimen. Deberán rebasar las posiciones simplistas que aseguran que endureciendo las penas carcelarias o reduciendo la edad penal se resolverá el problema.
Debemos avanzar como sociedad en la construcción de opciones viables para contrarrestar la barbarie que cada día avanza más desde la delincuencia organizada que copa al país.
En tal virtud, y por ser un problema que demanda la atención urgente y decidida de la Comisión Permanente, se propone que sea votada a favor la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno federal y a los de los estados a elaborar e implantar en el ámbito de sus respectivas competencias políticas públicas dirigidas a eliminar la tendencia delictiva de menores de edad y su participación en bandas de delincuencia organizada.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 12 de enero de 2011.
Diputada Adriana Sarur Torre (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la contaminación ambiental y a los estragos en la salud de la población de Apaxco generados por Ecoltec, SA de CV, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT
Exposición de Motivos
Al parecer, una vez más el “escándalo nuestro de cada día” es que las disposiciones legales se pasan por “el arco del triunfo”. En esta ocasión, el audaz sujeto que se atreve a ello es Ecoltec, una sociedad anónima de capital variable que se presume es subsidiaria de Holcim Apasco –empresa dedicada a la producción e industrialización de cemento.
El objeto social con que se constituyó la empresa, hace más de 15 años, era manejar de forma clara los residuos, y así contribuir a reducir la contaminación ambiental y promover el desarrollo sustentable del país.
En 2002 se instaló en Apaxco, México, e inició operaciones en mayo de 2003, pero hasta 2005 la sociedad civil organizada y los habitantes de la región no se percataron del doble rostro y del siniestro modus operandi de la empresa, pues los graves daños del ambiente y de la salud que ocasiona su funcionamiento empiezan a ser una constante.
Entre los estragos de la salud de los habitantes de aquella región, muchos de ellos irreversibles, están dolores de cabeza, irritación faríngea, desmayos, irritación ocular, fatiga, alergias, enfermedades de las vías respiratorias, deterioro del sistema nervioso central, trastornos de la memoria, daños hepáticos y renales, y cáncer; incluso, cierta información refiere que la población más afectada en este último rubro es la niñez.
La empresa en comento recibe toda clase de residuos industriales sólidos y líquidos peligrosos, pues son sumamente tóxicos, los cuales tritura y mezcla para producir combustible alterno en sustitución del gas o combustóleo. También procesa aceites y grasas usados, pinturas lacas y acrílicas, solventes, llantas, desechos de artículos de limpieza y belleza, juguetes de plástico contaminados con plomo, aparatos electrodomésticos con componentes electrónicos, residuos derivados del petróleo, medicamentos caducos y basura. En todo el proceso de mezcla de residuos peligrosos se liberan gases y vapores, denominados “compuestos orgánicos volátiles”.
De acuerdo con el doctor Jorge Arturo de León, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por el manejo de residuos de muy variada composición química, así como por contar con gente no conocedora de estos procesos, y ante la falta de equipos tecnológicos que permitan procesar sin peligro estas sustancias, suceden incidentes donde las emisiones de contaminantes superan lo permitido en la normatividad ambiental.
Dicho de otro modo, se violan las disposiciones legales en la materia, como las Leyes Generales del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, así como sus respectivos reglamentos.
Por si ello fuera poco, incluso se presume que en un drenaje clandestino la empresa vierte desechos tóxicos, transgrediendo toda norma ambiental y eludiendo el marco de actuación de autoridades municipales, estatales y federales.
Otro suceso sobresaliente por la total indolencia de las autoridades es la muerte de 11 personas en El Refugio, perteneciente a Atotonilco de Tula y que está a 3.5 kilómetros de Apaxco: el 21 de marzo de 2009, campesinos que realizaban labores de limpieza e inspección en un pozo perdieron la vida por la exposición a sustancias tóxicas en el agua del contenedor.
La respuesta fue inmediata; incluso se recibió el apoyo del gobernador de Hidalgo, Miguel Osorio Chong, indemnizando con la mayor brevedad a las familias. Sin embargo, la versión de las autoridades para dar solución respecto a la muerte de estas personas no fue esclarecida. En el dictamen pericial realizado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo se argumenta que las 11 muertes se dieron a causa de asfixia por inmersión.
La gente de Apaxco está cierta de que las muertes fueron producto de los contaminantes vertidos por Ecoltec que, como dije líneas arriba, presumiblemente tiene un drenaje clandestino.
Baste señalar que Ecoltec quema un promedio de 2 millones de llantas y 6 millones de residuos industriales peligrosos, los cuales generan grandes afectaciones en el ambiente, por las emisiones tóxicas que se vierten a la atmósfera.
El doctor Jorge Arturo de León afirma que con base en estudios toxicológicos realizados por él y un grupo de investigadores de la UNAM, se ha detectado la presencia en el ambiente de sustancias tóxicas por demás peligrosas para la salud, como mercurio, acrilato de metilo, plomo, dioxinas, furanos y metales pesados.
La contaminación que la fábrica produce por la incineración de residuos peligrosos se extiende a 4 kilómetros a la redonda: afecta no sólo a Apaxco, México, sino a localidades aledañas en Hidalgo.
En lugar de que las autoridades del gobierno, que en teoría deberían proteger y procurar el bienestar de la población, los organismos civiles como Greenpeace México y los mismos vecinos de la colonia, organizados a través del movimiento ambientalista Prosalud, han asumido el papel de defensores de la salud de los pobladores y el cuidado del ambiente.
Sin embargo, ha salido a relucir la parcialidad hacia el alto capital en el asunto, ¿Por qué? Porque el combustible alterno producido por Ecoltec es utilizado por Holcim Apasco, el cual es incinerado en los hornos cementeros, liberando sustancias tóxicas como dioxina, furano y metales pesados. Es decir, a Ecoltec la protege Holcim Apasco.
Por citar un caso, a fin de sustentar el argumento anterior, menciono que el 2 de septiembre de 2009 los vecinos presentaron una denuncia ante la Profepa, a la cual Greenpeace México dio seguimiento, donde se hizo hincapié en las afectaciones de la salud y del ambiente que genera Ecoltec.
Después de las visitas de inspección a la empresa el 14 y 15 de septiembre de 2009, el dictamen preliminar determinó que no había elementos suficientes para gestionar contra Ecoltec.
Derivado de lo anterior, se someten a consideración de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Que esta soberanía exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal, al gobierno de Hidalgo, al gobierno del estado de México y al presidente municipal de Apaxco a revisar e informar a la Comisión Permanente sobre la legalidad de las autorizaciones y licencias expedidas en favor de Ecoltec, SA de CV.
Segundo. Que esta soberanía solicite a la Secretaría de Salud que elabore estudios toxicológicos y epidemiológicos para determinar si las enfermedades agudas y crónicas generadas entre la población en Apaxco, México, se relacionan con los desechos tóxicos producidos por Ecoltec, SA de CV.
Tercero. Que esta soberanía exhorte al procurador general de Justicia de Hidalgo, por conducto del gobernador del estado, Miguel Ángel Osorio Chong, a revisar minuciosamente el expediente que se refiere a la tragedia donde murieron 11 campesinos el 21 de marzo de 2009 y, en su caso, a reabrir las investigaciones pertinentes a fin de deslindar responsabilidades jurídicas a los responsables de tan siniestro suceso.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2011.
Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del DF a detener la obra del sistema vial de puentes, túneles y distribuidores sur-poniente de la Ciudad de México, conocido como “Supervía Poniente”; y a la CDHDF, a emitir la recomendación correspondiente a dicho servidor público por la violación de los derechos de los habitantes de La Magdalena Contreras, suscrita por la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del PRI
María de la Paz Quiñones Cornejo, diputada federal a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al jefe de gobierno a que detenga la obra del Sistema Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores Sur Poniente de la Ciudad de México, conocido como Supervía Poniente, y exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a emitir la recomendación correspondiente al jefe de gobierno por la violación de los derechos de los habitantes de La Magdalena Contreras.
Exposición de Motivos
La sociedad le confirió al jefe de gobierno la responsabilidad y el poder para defender sus derechos, para vigilar la legalidad y para promover su desarrollo y el de las comunidades, pero siempre con una visión que integre los intereses, preocupaciones y necesidades de toda la población.
Es su obligación velar por la vigencia de los derechos de los habitantes del Distrito Federal, actuar siempre dentro del marco de la ley y promover acciones que consideren siempre la opinión de todos, mayorías y minorías.
Es su deber informar clara, amplia y oportunamente a los ciudadanos de su ejercicio, las obras y los proyectos que su gobierno realice, es su obligación consultar e integrar las opiniones de los ciudadanos y sus comunidades en estos proyectos.
Cuando se utiliza a la fuerza pública para imponer obras y proyectos el gobierno está incumpliendo con sus principales responsabilidades, está violando los derechos básicos de los ciudadanos y está realizando proyectos que no satisfacen las expectativas de todos los habitantes de esta capital, cancelándoles a muchos de ellos la oportunidad de realizar su proyecto de vida.
Para evitar la imposición debe prevalecer el diálogo, el cual debe estar enmarcado dentro del respeto a los derechos de los ciudadanos y con una clara intención de consultar e integrar la opinión y preocupaciones de la comunidad, para definir la viabilidad de los proyectos y su legalidad, y no como una estrategia dilatoria para impulsar proyectos que sólo beneficiarán a unos cuantos.
Como somos testigos, las obras que realiza el jefe de gobierno las ha tenido que imponer con el uso de la fuerza. En el caso del Sistema Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores Sur Poniente, quienes violan la ley son el titular del Ejecutivo local y la empresa concesionaria; la violan al pasar por encima de los derechos que la Constitución, el Estatuto de Gobierno y otras leyes establecen.
La empresa concesionaria Controladora Vía Rápida Poetas, por su parte, incumple desde lo más básico que son los permisos para la demolición, hasta la inejecución de las condicionantes que le fueron establecidas en materia de impacto ambiental. En ello el gobierno del Distrito Federal es omiso, puesto que dicha autorización debió de haber sido revocada ante el incumplimiento de la mayoría de dichas condicionantes por parte de la empresa concesionaria en los tiempos que le señalaron. Por lo demás, y como ha sido mencionado por innumerables personas, expertos en materia ambiental y urbanismo, esta obra afectará gravemente el entorno, el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes de La Magdalena Contreras y Álvaro Obregón.
El uso de la fuerza pública sólo se justifica cuando se viola la Ley, cuando se pone en riesgo la paz pública o cuando se comprometen los derechos ciudadanos.
Esta obra se realiza en la ilegalidad, compromete los derechos de los ciudadanos y pone en riesgo la paz social. Es entonces al gobierno y a la empresa concesionaria a quienes deberían de aplicarle la fuerza pública y no a la comunidad; el mundo al revés.
Por otra parte, si bien es importante buscar los caminos que conduzcan al diálogo entre sociedad y gobierno, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, tiene como función principal la defensa de los derechos de los habitantes del Distrito Federal y para ello cuenta con un elemento institucional que es fundamental, la emisión de recomendaciones, por lo que su función primera es servirse de dicho instrumento para apoyar a los habitantes del Distrito Federal en la defensa y protección de sus derechos, más aún cuando cuenta con los elementos suficientes para cumplir con sus responsabilidades.
Por lo expuesto, se someten a discusión y aprobación por el pleno de esta asamblea los presentes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al jefe de gobierno a detener la obra del Sistema Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores Sur Poniente de la Ciudad de México, conocido como Supervía Poniente, hasta en tanto la empresa no cumpla con la ley, se den por concluidos los procesos jurisdiccionales en proceso de resolución, sean resarcidos los derechos de los ciudadanos de La Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, informando con veracidad, y consultando e integrando su opinión para definir la viabilidad de esta obra.
Segundo. Se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a cumplir con sus atribuciones y emita la recomendación correspondiente al jefe de gobierno por la violación de los derechos de los habitantes de La Magdalena Contreras inconformes con la obra.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2011.
Diputada María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo al endeudamiento excesivo de Coahuila en la administración del gobernador Humberto Moreira, a cargo del diputado Francisco Javier Orduño Valdez, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Francisco Javier Orduño Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se propone a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión condenar el endeudamiento excesivo del estado de Coahuila durante la administración del gobernador priista, Humberto Moreira, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Poco es el tiempo que nos permite la agenda política de la Comisión Permanente para abordar integralmente la cuestión del desorden gubernamental y financiero que dejó en Coahuila el ex gobernador Humberto Moreira Valdés.
Porque hablamos no sólo de manejos irresponsables de las finanzas y de las políticas públicas, hablamos de la violación consciente y constante de la Constitución y de la ley, de la prepotencia convertida en modelo de gobierno, de la compra descarada de los medios de comunicación, de la institucionalización del clientelismo como política pública, del enfrentamiento artificial con el gobierno federal y de la abrogación de facto de la autonomía municipal para someter a las administraciones ajenas a su partido.
Coahuila era uno de los pocos estados del país que siempre había manejado responsablemente sus finanzas públicas. Cuando el señor Moreira llegó al gobierno, el estado prácticamente no tenía deuda pública, presentando un saldo de tan sólo 323.2 millones de pesos; hablamos de una entidad con un nivel de desarrollo por encima de la media nacional y con infraestructura también de calidad arriba del promedio; pero el señor Moreira decidió endeudar al estado.
La deuda estatal pasó de 323.2 millones hace seis años a los actuales 7 mil 636.7 millones. Les pregunto: ¿se merece un gran aplauso el administrador que en menos de seis años elevó la deuda del estado más de 23 veces?
De nada sirvió el saneamiento financiero promovido por la, esa sí administración, de don Enrique Martínez y Martínez que redujo la deuda estatal. Bastó un mandatario listo a despacharse con la cuchara grande para generar un caos en las finanzas públicas, pues Moreira no sólo endeudó a la entidad, sino que dispuso de enormes recursos vía participaciones federales que crecieron como nunca durante el mismo periodo.
Para ser justos, el mayor logro que se le debe reconocer a Humberto Moreira es haber llevado la deuda estatal del equivalente al 4.9 por ciento del valor de las participaciones federales en 2005 hasta el 70.4 por ciento al cierre de 2010. Eso sí es hipotecar el desarrollo del estado y comprometer el bienestar de las futuras generaciones, le pedimos a la bancada del PRI un gran aplauso para saludar la visión de futuro de este señor ex gobernador.
Gracias a todo este derroche debería observarse al menos un mayor dinamismo en la actividad económica de la entidad originada en el gasto público excesivo, pero resulta que durante la administración del gobernador Moreira otro logro fundamental fue la caída de 30 por ciento en el índice de producción manufacturera entre 2007 y 2009 y que se recuperó levemente en 2010 por gracias a los programas contracíclicos aplicados por el gobierno federal que afectaron las tendencias marcadas por las políticas negativas del gobierno estatal.
¿En qué gastó entonces tanto dinero y para qué endeudó tanto a los coahuilenses el profesor Moreira? Gastó en imagen y comunicación social para ocultar la grave situación de inseguridad que se vive en la comarca lagunera; para negar los graves problemas sociales de la entidad; para incrementar la alta burocracia local y los gastos en clientela política destinados a mantener los problemas políticos en bajo perfil. Gastó, también, para comprarse un futuro político; la presidencia nacional del PRI bien vale hipotecar el futuro de los coahuilenses.
Los criterios con los que gastó y endeudó Humberto Moreira también fueron inequitativos y discriminatorios; ahí están los proyectos y las obras que revelan con toda claridad la máxima “Todo para Saltillo, nada para Torreón” o, si lo prefieren, “Todo para los priistas y castigo a las zonas panistas”. Ahí están Saltillo como zoológico repleto de elefantes blancos y Torreón deteriorado y en el abandono como castigo inconcebible a la ciudad más pujante de la entidad cuyo único pecado es no someterse al clientelismo electoral del PRI.
No olvidamos, por ejemplo, el claro desprecio al espíritu federalista y municipalista del señor Moreira, cuando decidió crear la Coordinación de Obras de La Laguna para no entregar recursos a los gobiernos municipales de otro partido y manejar discrecionalmente los proyectos conforme a los intereses de Saltillo. Con estas políticas y decisiones el futuro presidente del PRI dividió a Coahuila y castigó a su población más productiva e independiente; como gobernante el profesor está reprobado y como político ha encabezado un modelo de muy mala política.
Pero sabemos bien que muchos prefieren comprar la imagen que con recursos públicos quiere Moreira vender de sí mismo. Se lo imaginan como un líder cuando es mal administrador y peor político; se lo imaginan como presidente cuando no conoce los caminos del diálogo y la prudencia; se lo imaginan como compañero cuando en su estado hizo a un lado a propios y extraños para ejercer un mando unipersonal y omínmodo. Nosotros cumplimos con describir sus logros y alcances para que después, cuando se quejen de que los pequeños logros y los garrotazos no se extrañen de descubrir el verdadero rostro de este personaje.
El modelo Moreira de la acción política es el pleito de aldea, el pechazo, la bronca lodera, la sinrazón repetida en medios y la amenaza. Así lo fue culpando de todo problema al gobierno federal y creyendo que todas sus acciones fueran positivas.
Seguramente alegará que el Ejecutivo federal lo forzó a endeudarse o a abandonar a Torreón para privilegiar a Saltillo; seguramente la inseguridad y la perdida de empleos en la entidad son asunto de otros, en los que las autoridades locales no tienen ninguna responsabilidad; es tiempo de observar la situación de Coahuila con objetividad y al margen de la manipulación periodística que hace recordar las negras épocas en donde la democracia y la libre expresión no existían. Coahuila está peor ahora que cuando entró Moreira y el gran responsable de ello no es otro que el señor ex gobernador.
Así de clara es la situación, compañeras y compañeros legisladores. Por consiguiente, proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión condena el endeudamiento excesivo del estado de Coahuila durante la administración del gobernador priista Humberto Moreira.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a de 12 de enero de 2011.
Diputado Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional y del secretario de Seguridad Pública para que informen respecto a la situación del crimen organizado en Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Morelos, Coahuila, Durango y Guerrero, suscrita por las diputadas Esthela Damián Peralta, Florentina Rosario Morales y Obdulia Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscritas, legisladoras Esthela Damián Peralta, Florentina Rosario Morales y Obdulia Magdalena Torres Abarca, diputadas a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado fin de semana –segundo del año–, fuimos testigos, una vez más, de hechos de violencia sin límites, en los que perdieron la vida 51 personas, de las cuales sólo 32 encontraron su muerte en la ciudad de Acapulco en el estado de Guerrero. Asimismo, información pública señala el incremento exponencial del número de personas que han sido ilegalmente privados de la libertad por grupos delictivos presuntamente vinculados al crimen organizado, lo cual violenta gravemente el Estado de derecho en esa entidad. En estas condiciones, resulta indispensable hacer explícito nuestro más profundo rechazo y la más grande de las condenas para quienes, a través de la violencia, buscan sustituir a las instituciones democráticas que los mexicanos hemos construido a través de doscientos años de vida independiente.
Lo anterior resulta paradójico después de que el pasado mes de noviembre, el doctor Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, aseguraba que los índices de violencia en el estado de Tamaulipas, se encontraban a la baja y que, en adelante, íbamos a poder observar una disminución en el número de ejecuciones, presuntamente cometidas por el crimen organizado.
Esta situación, repetida en múltiples ocasiones, ha llevado a México, a ser considerado, en el Barómetro de Conflictos 2010 elaborado por la Universidad de Heildelberg, Alemania, como uno de los seis países más violentos del planeta, junto con Somalia, Sudán, Irak, Afganistán y Pakistán; todos países con guerras declaradas.
En las condiciones actuales, debemos realizar un efectivo análisis de las políticas implementadas en materia de seguridad y reconocer que, en este país, el crimen organizado no constituye más un problema de seguridad pública, sino un problema de seguridad nacional que amenaza con la destrucción de las instituciones democráticas que hemos forjado y la integridad de nuestra población, al infiltrar instituciones fundamentales como los gobiernos municipales, estatales e, incluso, el federal, como hemos podido ver en otras ocasiones.
La distinción no resulta banal. Un problema de seguridad pública indudablemente afecta a todos los ciudadanos, pero en la actualidad lo que se encuentra en juego es la viabilidad democrática de nuestro país, como queda claramente demostrado en el caso de Guerrero. Los acontecimientos de los cuales nos ocupamos el día de hoy, se enmarcan dentro de un proceso electoral que culminará dentro de tres semanas y que puede verse seriamente comprometido, de continuar esta oleada de violencia. Por lo anterior, hacemos un respetuoso llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que, en el ámbito de sus propias responsabilidades, garanticen a la población el ejercicio del derecho al libre sufragio en las próximas elecciones, a realizarse el próximo domingo 30 de enero.
Por lo anterior, desde esta tribuna, hacemos un llamado al presidente Felipe Calderón para que, en el marco del diseño e instrumentación de una correcta estrategia, reconozca que lo que vivimos hoy en día, no constituye más una crisis de seguridad pública, sino un problema de seguridad nacional, cuya resolución no corresponde únicamente a los poderes municipales y estatales, sino al Estado en su conjunto, por lo cual, legisladores y gobernantes, debemos actuar conjuntamente.
En este sentido, resulta indispensable que el Congreso de la Unión, a través de esta Comisión Permanente, inicie un diálogo corresponsable e informado con el Consejo de Seguridad Nacional, a fin de que éste rinda un informe respecto a la situación del crimen organizado en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Morelos, Coahuila, Durango y, de manera especial, Guerrero.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión cita a comparecer al secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, doctor Alejandro Poiré Romero, y al secretario de Seguridad Pública, ingeniero Genaro García Luna, para que informe respecto a la situación del crimen organizado en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Morelos, Coahuila, Durango y, especialmente, Guerrero.
Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2011.
Diputadas: Esthela Damián Peralta, Obdulia Magdalena Torres Abarca, Florentina Rosario Morales (rúbricas).
Con punto de acuerdo, relativo a la regasificadora Energía Costa Azul, S de RL de CV, suscrita por el senador Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo Parlamentario del PVEM
El suscrito, senador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:
Exposición de Motivos
Cuando una institución no cumple debidamente con sus atribuciones es lamentable. Cuando ese incumplimiento puede ocasionar perjuicios a la ciudadanía es más lamentable. Cuando la institución no cumple su misión, viola las normas y sus propias disposiciones, permite el daño a la ecología y biodiversidad marina y pone en riesgo vidas humanas, esto es muy grave y debe ser motivo para fincar responsabilidades administrativas y en su caso penales.
Una situación de esta naturaleza está sucediendo en este momento en nuestro país por la colusión existente entre la empresa regasificadora Energía Costa Azul, construida por Sempra Energy en Ensenada Baja California y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La serie “Estudios de caso” de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, publicó en noviembre de 2006, un documento intitulado Caso 4 Terminal de recibo, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado: Energía Costa Azul.
El documento presenta una cronología de hechos, señalando en el punto 6.1.7 Emisión del Resolutivo, con fecha 8 de abril de 2003, lo siguiente:
“Con fundamento en las disposiciones jurídicas aplicables, con sustento en las disposiciones y ordenamientos invocados durante el proceso y dada su aplicación en este caso y para este proyecto, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones, determinó que el proyecto, objeto de la evaluación y que se dictaminó con sustento al procedimiento establecido para el efecto, era ambientalmente viable y, por lo tanto resolvió autorizarlo de manera condicionada por medio del oficio S.G.P.A.-DGIRA.-DIA.-788/03. Esta resolución quedó sujeta a las siguientes condicionantes:
Quinta: Garantizar la seguridad de las zonas residenciales y asentamientos humanos diversos, ubicados al norte del sitio del proyecto, estableciendo una zona intermedia de amortiguamiento, esto se realizará llevando a cabo la compra adicional de terrenos aledaños en igual superficie a la que se verá afectada por la instalación de la terminal y sus equipos auxiliares, los cuales serán destinados y mantenidos para la conservación y protección de las especies de flora y fauna que habitan en los mismos.” Hasta aquí la cita.
Sempra intentó el que se modificara la mencionada condicionante número 5; sin embargo, mediante oficio o resolución identificada como S. G. P. A./DGIRA. DEI. 0120.03 de fecha 13 de agosto de 2003, esta misma autoridad negó la modificación a dicha condicionante, basándose esencialmente en la posibilidad de eventos graves de riesgo y en consecuencia daños irreparables en virtud de su proximidad a los centros de población aledaños, previendo las tendencias de expansión y la creación de nuevos asentamientos en la zona.
En la citada negativa se concluye, textualmente que “... en un radio de 300 metros lineales a partir de los límites del predio en donde se pretende realizar el proyecto, el nivel de riesgo no es aceptable en zonas en donde se pretenden desarrollar actividades no compatibles, como es el caso del área donde se realizará el “proyecto”, la cual está tipificada como turística de baja densidad.
No obstante, es importante señalar que utilizando el criterio de aceptación de riesgos establecidos en los países bajos, el radio de nivel de riesgo denominado como aceptable para las zonas vulnerables (asentamientos humanos, áreas naturales protegidas, servicios, entre otros) se encuentra fuera de los mil 30 metros contados a partir de los limites donde se pretende desarrollar el proyecto, es decir, que no deberán desarrollarse actividades no compatibles en el sitio y área de influencia del proyecto que involucre a dicho radio.”
Ante esta negativa de la Semarnat y con el fin de cumplir con sus disposiciones, la empresa dio inicio, por un lado, a la adquisición de los terrenos aledaños, mientras por otro lado, comenzó una callada, pero efectiva labor para convencer –por medios presumiblemente deshonestos–, a los funcionarios de esa secretaría responsables del establecimiento y cumplimiento de las condicionantes, de que suprimieran u omitieran el cumplimiento de la quinta condicionante previamente citada.
En su desesperación por adquirir los predios circundantes, necesarios como área de amortiguamiento a su planta regasificadora, Sempra se valió de todos los medios, legales e ilegales para obtener los terrenos. Contando con la complicidad de las autoridades estatales, despojó de su propiedad a un ciudadano, simulando una operación de compra-venta de su terreno; sólo que cometió el grave error de haber simulado la adquisición a una persona fallecida dos años antes.
Sin ningún miramiento ni contemplación respaldados en esa supuesta operación de compra-venta, los cuerpos policíacos de Baja California desalojaron del terreno a su legítimo propietario, el ciudadano Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, acusándolo de despojo de su propio terreno, mediante una operación orquestada desde el gobierno del estado por el secretario general del Gobierno anterior, Bernardo Martínez, quien actualmente es empleado de Sempra Energy.
La colusión de Sempra y la administración del entonces gobernador del estado Eugenio Elorduy Walther para perjudicar y emitir una orden de aprehensión en contra de Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, ha sido plenamente asumida por el ex contralor de Sempra empresa, Rodolfo Michelón, quien al ser despedido injustamente por esta empresa manifestó haber entregado en el año 2006, 8 mil 200 dólares al ejecutivo de Sempra México Alex Ríos, para realizar el pago en efectivo y sobornar con ello a funcionarios del gobierno de Baja California, previamente al desalojo de Sánchez Ritchie de su predio.
No obstante el reconocimiento de haber adquirido (ilegalmente) esta área como “zona de amortiguamiento” para cumplir con las normas mexicanas y ante la evidencia y posibilidad real de que el terreno de marras pudiera ser regresado a su dueño legítimo, los directivos de Sempra optan por contratar a la empresa Lloyd Germánico de México S de RL, de CV, catalogada según la Comisión Reguladora de Energía como especialista para la verificación y emisión de dictámenes técnicos relativos a terminales de almacenamiento de gas natural licuado, para que le realice un dictamen a modo, con el propósito de eludir lo ineludible, es decir la insustituible “zona de amortiguamiento”.
Desconocemos cuales sean en realidad el tipo de relaciones que esta empresa tenga con Semarnat, pero de lo que no existe duda es acerca de que para Sempra, el papel que esta empresa desempeña es la de ayudar a violentar la leyes mexicanas, al amparo de relaciones inconfesables con las autoridades mexicanas del medio ambiente.
De esto da cuenta Bill Keller, vicepresidente de Ingeniería y Construcción Mundial de Sempra Energy, cuando en forma apurada le comunica a Mark Fisher lo siguiente:
“Mark, necesitamos hacer pagos a Lloyd Germánico lo antes posible. Aun cuando nosotros pagamos por sus servicios, ellos en realidad se reportan con Semarnat, la agencia responsable de otorgar los permisos para ECA. Ya tenemos el permiso pero apenas empezamos el proyecto de nitrógeno, el cual creo que también Lloyd Germánico proveerá verificación a Semarnat. No creo que sea en nuestro mejor interés molestar a Lloyd Germánico o Semarnat al demorar el pago aún más. Es obvio que no manejamos el contrato con Lloyd Germánico apropiadamente. No sé si comprenda todo lo forense, pero creo que presenta la oportunidad de revisar el proceso de administración de contratos, particularmente como se relacionan a nuestro trabajo en México. Mónica a sugerido trabajemos con Mike Kelsey para hacer esto. John Barta, Mark Bruning y Julio Henao de E&C participaran en el equipo. John trabajara con Mike para poner esto en marcha”.
En este documento queda claro que en lugar de cumplir con las leyes mexicanas, lo que buscan los directivos de Sempra es violentar las leyes mexicanas, por la vía de la intervención de empresas que se prestan a ese tipo de acciones vergonzantes.
Esto se produce tiempo después (30 de julio del 2008) de que con urgencia se le había solicitado al Sr. Fisher el pago de facturas pendientes a la empresa Lloyd Germánico de México S de RL, de CV, por un monto de 641 mil 548.34 dólares de EUA.
Sin embargo para no dejar duda del propósito de evadir la legalidad mexicana, en un texto en uno de los correos, enviado por Melanie Eder, fechado el 5 de febrero de 2009 y considerado como de alta importancia, se presenta un informe en el que se destina la cantidad de 35 mil 306 dólares para remover el área de amortiguamiento. Lo que no indica el correo es a quien o quienes se pagó dicha cantidad, siendo un hecho que se otorgó el permiso a Sempra, aún cuando no cumplió con lo estipulado en la quinta condicionante que mencionamos con anterioridad, relacionada precisamente con la zona de amortiguamiento que debe tener la planta regasificadora, para cumplir con las normas mexicanas relativas a instalaciones de gas natural licuado.
Cabe preguntarse ¿Si el terreno no se requería como área de amortiguamiento para la operación de la planta porqué Sempra cometió un fraude y atropelló los derechos de un ciudadano y su familia para obtenerlo?
Sempra violentó la legalidad no sólo corrompiendo, sino mintiendo, manipulando y ocultando información, y pagando servicios a extranjeros para espiar e investigar a instituciones y a ciudadanos mexicanos, incluyendo a funcionarios del Poder Judicial. De esto existen como pruebas documentales, las relaciones de servicios prestados y los cheques número 132532, 133709 y 137361 mediante los que Sempra Energy paga las labores de espionaje ordenadas por esa empresa extranjera a ciudadanos e instituciones mexicanas.
En su denuncia, Michelón presenta documentos internos de Sempra, en los que intervienen directivos de esa empresa; y en donde consta el día de la entrega del dinero a funcionarios mexicanos. Esa noche, la policía desalojó por la fuerza a Sánchez Ritchie y a su familia de su propiedad. Otros correos internos de Sempra, muestran que se aprobó un bono de 22 mil dólares para financiar las vacaciones de Ríos en los días posteriores al desalojo, seguramente como recompensa. Michelón afirma que su intervención en el caso fue involuntaria, porque se le dijo que el dinero era para pagar una fianza.
En su demanda contra Sempra, Michelón también manifiesta que su despido se debió a que él cuestionaba y realizaba muchas preguntas en relación con las prácticas comerciales de los ejecutivos de la empresa en México, y sobre una mansión de súper lujo, llamada la Casa Azul, construida en un terreno contiguo a la regasificadora y valuada en más de 17 millones de dólares, que cuenta con 14 habitaciones, y para la que se adquirieron un sistema de cine en casa de 56 mil dólares, colchones por 60 mil dólares, juegos de cama por 55 mil dólares, una mesa de comedor de 25 mil dólares y un bar de 55 mil dólares; la casa tiene patios de azulejos, fuentes ornamentales, amplios y bien cuidados jardines, obras de muralistas destacados y una impresionante vista al mar; así como una bodega de vino completamente surtida según los medios de comunicación locales.
El tema de Sempra fue tratado previamente en un punto de acuerdo presentado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por parte del diputado José Narro Céspedes y en otro del Partido Verde Ecologista de México, de los cuales retomamos algunos aspectos considerando el interés nacional, particularmente de quienes viven en Baja California y han resultado afectados por la acción de esa empresa.
La empresa ha venido enfrentando una serie de denuncias en Estados Unidos y es motivo de investigaciones públicas sobre su participación durante la crisis de precios y suministro de gas natural y electricidad de California, como uno de los posibles agentes que manipularon el mercado y limitaron la disponibilidad de gas natural, provocando un alza artificial de los precios de gas natural y electricidad, y una restricción en el suministro de ambos energéticos.
La regulación estadounidense para la instalación de plantas regasificadoras, sobre todo en las costas es muy estricta y compleja; y participan varias agencias y departamentos de Estados Unidos, los cuales se basan, además de especificaciones técnicas en una norma especial de carácter federal, la norma NFPA 59A, “Norma para la Producción, el Almacenamiento y Manejo de Gas Natural Licuado”; en la cual se exige que las instalaciones cuenten con un área de salvaguarda o exclusión.
En todos los países en los que existen plantas regasificadoras existen normas que determinan que haya una o varias zonas de seguridad llamadas con distintas denominaciones, cuyo fin es proteger instalaciones o edificaciones aledañas o centros de población.
Las distancias y áreas de seguridad o salvaguarda varían de país a país; no obstante existen normas internacionales que regulan las distancias y existen fórmulas para determinar las mismas, del centro de las instalaciones al perímetro de la planta y aún más allá. Por ejemplo, en el caso de una planta de Australia, hay una zona de exclusión de 1,000 hectáreas y una zona de amortiguamiento de 3 mil hectáreas a su alrededor.
Algunas de las zonas de exclusión que se tienen actualmente en plantas de gas natural licuado en varios países son las siguientes:
Cacouna Energy (Canadá): Mil metros
Corpus Christy (EUA): 837 metros
Cove Point (EUA): Mil 145 metros
Elba Island (EUA): Mil 40 metros
Freeport (EUA): 500 metros
Irving Canaport (Canadá): 750 metros
McNab Creek (Canadá): 565 metros
Montoir-de-Bretagne (Francia): 550 metros
Estas zonas, vale aclararlo, se establecieron para escenarios de accidentes provocados por fugas de gas natural licuado (GNL) y roturas en tuberías y no consideran derrames mayores provocados por explosiones, acciones terroristas caída de aviones o acciones bélicas en cuyos casos las distancias habrían de ser significativamente mayores
Para determinar la denominada área de exclusión pueden considerarse muchos factores como la velocidad del viento y la cantidad de metros cúbicos de gas almacenado en los tanques. Además de la norma norteamericana previamente citada, existe la norma europea UNE-EN 1473, misma que tiene que ser observada por todos los países integrantes de la Unión Europea.
En todos los países, tan importante como los metros a los que debe establecerse el perímetro de seguridad, es el que exista el cumplimiento de las normas establecidas y se apliquen las fórmulas contenidas en las mismas.
Por lo que se refiere a la Norma Oficial Mexicana (NOM) ésta establece los requisitos mínimos de seguridad relativos al diseño, construcción, operación y mantenimiento de terminales de almacenamiento de Gas Natural Licuado que incluyen sistemas, equipos e instalaciones de recepción, conducción, vaporización y entrega de gas natural.
Dicha NOM señala que la ubicación de la terminal de almacenamiento de GNL deberá sujetarse a las especificaciones generales que resulten del análisis de riesgos del capítulo 106 de la propia NOM y de las obligaciones que establezcan otras normas oficiales mexicanas y disposiciones jurídicas aplicables, competencia de otras autoridades.
Según esta NOM el predio debe tener la configuración y dimensiones adecuadas para cumplir con los requisitos establecidos en el capítulo 107 de la propia Norma Oficial Mexicana. Este capítulo contiene una fórmula que indica la distancia que debe existir entre el borde del área de retención de un tanque de GNL y el límite del predio.
La propia NOM en su capítulo 201.2.1 determina que debe establecerse una zona de exclusión para actividades de terceras personas no relacionadas con las actividades de la terminal de almacenamiento de GNL con una distancia mínima del centro de la instalación de GNL determinada mediante un análisis de riesgo realizado de acuerdo con la metodología del capítulo 106 de esta NOM.
Entre las leyes mexicanas que se violan con la operación de la empresa en estas condiciones se encuentra la Ley General del Equilibrio Ecológico, que en su artículo 2o., fracción IV, establece que se considera de utilidad pública el establecimiento de zonas intermedias de salvaguardia, con motivo de la presencia de actividades consideradas como riesgosas.
Por su parte, el artículo 172 de dicha ley se establece que “cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la autoridad, solicitará a quien los hubiere otorgado, la suspensión, revocación o cancelación de la concesión, permiso, licencia y en general de toda autorización otorgada para la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios, o para el aprovechamiento de recursos naturales que haya dado lugar a la infracción.”
Al ver que en todo el mundo se aplican estas fórmulas y se respetan las normas surgen otras preguntas ¿Qué pasó en México? ¿Cómo logró Sempra evadir el cumplimiento de la ley?
Aquí existe una grave responsabilidad y el funcionario de la Semarnat que permitió la omisión de la condicionante quinta hasta ahora ha quedado impune. Como la regulación estadounidense le impidió instalarse en su país, Sempra Energy buscó y encontró en Baja California, un “santuario regulatorio”, que le permitió instalar una planta regasificadora e introducir gas y electricidad en el mercado del sur de California.
Así, instalándose en México, logró evadir la inamovible legislación estadounidense, que prácticamente le prohibió realizar sus actividades en territorio estadounidense, pero aquí, con una evidente relación de complicidad entre las autoridades federales y estatales del sexenio anterior y algunas del actual logró construir su planta con la justificación de contribuir a la integración y desarrollo económico.
Estas complicidades, compañeras y compañeros, también debieran llamarse crimen organizado y tipificarse como tales, con mayores penas, por tratarse de funcionarios públicos.
Daño medioambiental
La península de Baja California es un lugar privilegiado por la naturaleza. Rodeada por el Golfo de California y el océano Pacífico, alberga una rica biodiversidad y un hábitat de flora y fauna de especies endémicas únicas en el mundo, algunas de las cuales se encuentran seriamente amenazada e incluso en peligro de extinción por el deterioro ambiental y la contaminación de la tierra, del aire, de ríos, lagunas y mares.
En Baja California, la operación de Sempra Energy, está contribuyendo a pasos agigantados a acelerar el daño al medio ambiente, particularmente de las costas y las aguas cercanas a su planta regasificadora.
Dicha empresa, está violando lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, reglamentaria de la Constitución en materia ambiental, al contaminar el mar por verter cantidades industriales de cloro y otros desechos y materias, pero sobre todo, por enfriar sensiblemente las aguas en el proceso de regasificación, lo cual afecta a todas las especies marinas de la zona.
Al respecto, el artículo 170, de dicha ley, menciona que “cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, la Secretaría, fundada y motivadamente, podrá ordenar la clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes”.
Otra pregunta que surge es ¿Por qué las autoridades ambientales, tanto la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) como la Semarnat no han procedido en contra de Sempra aun con el daño que la empresa causó al lecho marino para instalar los diques, muelles y rompeolas y sigue causando con la clorificación y enfriamiento de las aguas?
El artículo 188 de la citada ley determina que “las leyes de las entidades federativas establecerán las sanciones penales y administrativas por violaciones en materia ambiental del orden local”; en tanto que el artículo 203 especifica que “sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda persona que contamine o deteriore el ambiente o afecte los recursos naturales o la biodiversidad, será responsable y estará obligada a reparar los daños causados”.
Cabe hacer notar que previamente a la instalación de Sempra Energy, un estudio denominado: Evaluación de riesgos potenciales asociados con la ubicación de una planta de GNL aledaña a Bajamar y opciones alternas viables, ya había señalado que:
“Las plantas de recepción terrestre de GNL presentan dos importantes motivos de preocupación en el caso de los sitios propuestos en Baja California:
1) La transformación de su prístina costa en una zona de grandes instalaciones industriales pesadas, con la consecuente disminución de su valor ecológico y turístico, y
2) El peligro que representa un accidente catastrófico o el sabotaje en una planta de GNL para los habitantes que residen en áreas adyacentes.”
Es importante que esta soberanía conozca que en la manifestación de impacto ambiental que Sempra Energy sometió a las autoridades para su aprobación, omitió mañosa y dolosamente el hecho de que el proceso de regasificación se haría calentando el gas líquido con el agua de mar, haciendo suponer que su proceso no tendría injerencia con el medio oceánico.
También omitió señalar que su proceso enfriaría el agua los grados suficientes para provocar la alteración mortal del entorno, para los seres vivos que en ella han habitado, e igualmente omitieron señalar que el cloro contenido en el agua que retorna al mar después de su proceso de regasificación, es en realidad un veneno que acabará, por si el frío no lo hace, con las especies de ese hábitat tan rico y tan variado, que constituye un verdadero bastión de la diversidad en esa zona del México y del Mundo.” En otros países en que han operado regasificadoras como ésta, la vida a su alrededor se ha visto severamente afectada.
En síntesis, la actividad de Sempra Energy ha tenido múltiples consecuencias, entre otras:
• Que no se observen las disposiciones constitucionales establecidas para la conservación del medio ambiente.
• Que haya solicitado la ampliación de la Planta y al mismo tiempo la exención de la Manifestación de Impacto Ambiental.
• Que nuestro país incumpla con tratados y convenciones internacionales en materia de protección al ambiente.
• Que se agudice la amenaza y el peligro de extinción para especies únicas en el mundo y que habitan en el entorno terrestre y marino de la planta regasificadoras.
• Que se comprometa, con ello, el futuro de las siguientes generaciones.
• Que se pierda la belleza natural de ese estado en aras de un mal entendido progreso y modernidad.
• Que se afecte el potencial pesquero y turístico de toda la región.
• Que se corrompa a las instituciones a fin de que éstas otorguen permisos y licencias de operación, aún a sabiendas que existe incumplimiento de las normas ambientales.
• Que las leyes y reglamentos tanto federales como estatales en la materia sean letra muerta para el caso específico de Sempra Energy.
• Que se dañe al turismo, disminución del valor de la propiedad y daño económico.
El gobierno de Ernesto Ruffo declaró en su oportunidad la zona de Tijuana-Rosarito-Ensenada como un recurso natural y turístico, según el programa regional de desarrollo “Cocotren” (corredor costero turístico Tijuana-Rosarito-Ensenada).
Se tenían grandes expectativas a este respecto. Sin embargo, al aprobar el siguiente gobierno, el de Eugenio Elorduy la instalación de Sempra Energy, se limitó seriamente el desarrollo turístico futuro y se afectó el patrimonio de quienes habían invertido en desarrollos vacacionales y de retiro, al disminuir el valor de la propiedad en tales desarrollos.
Otro aspecto importante para el presente punto de acuerdo, es el considerar que gracias a las alianzas estratégicas realizadas por Sempra Energy, tiene prácticamente el monopolio de la distribución de gas en Baja California.
Cabría asimismo preguntar ¿porqué si los distintos proyectos autorizados por la Comisión Reguladora de Energía para Baja California pueden generar utilidades de alrededor de 600 millones de dólares al año este negocio tan rentable fue entregado a manos extranjeras y no a Pemex o a la CFE?
Desviación de recursos fiscales
Uno de los mayores daños que se ha hecho a la nación, es la corrupción existente en la asignación y edificación de obras públicas, las cuales, en incontables ocasiones, han representado ganancias millonarias para los responsables de tomar las decisiones en relación con las autorizaciones y contrataciones. Es también común, que las obras se construyan a la medida de personas que tienen intereses económicos, como predios colindantes o cercanos, quienes resultan enormemente beneficiados por el incremento en la plusvalía de sus propiedades.
Independientemente del daño económico, el mal manejo de los recursos públicos disminuye la credibilidad ciudadana en un gobierno y lesiona su legitimidad democrática. El exceso de discrecionalidad, dificulta una clara rendición de cuentas y trastoca la eficacia y eficiencia administrativa y operativa del Estado. Algunos servidores públicos son astutos y conocen los recovecos para obtener recursos para sus proyectos de obra, en los que de antemano, llevan ya ganancia.
Algo que se ha documentado pública y ampliamente, son las violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el abierto tráfico de influencias realizados durante el gobierno de Eugenio Elorduy Walter, ex gobernador de Baja California, para la creación de un proyecto de suministro energético a Estados Unidos desde territorio bajacaliforniano, operado a través de Sempra Energy, pasando por encima de disposiciones constitucionales, legales y financieras de nuestro país.
Independientemente de la evidente corrupción y tráfico de influencias del caso que nos ocupa, una violación más que incluso involucra al Poder Legislativo, es el hecho de que durante sexenio de Eugenio Elorduy Walther, la obra más importante y divulgada es la que se conoció como Corredor 2000, que fue una vía carretera de cuatro carriles, la cual se construyó con recursos públicos federales y estatales.
Sin embargo, lo que nunca se dijo, fue que su propósito oculto, fue cruzar tres municipios (Ensenada, Playas de Rosarito y Tijuana) y cientos de predios de particulares y ejidales, con el propósito –desconocido para el Congreso del estado y para todo mundo– de llevar en medio de la carretera (soterradamente), el ducto de gas de la planta de Sempra Energy, desde la estación de descarga en Ensenada hasta el territorio de Estados Unidos de América.
En una astuta e indebida maniobra para favorecer a Sempra Energy el gobierno del estado expropió, en marzo del año 2004, los terrenos en los cuales se instalaría, en un sitio de alta plusvalía conocido como “El Monumento”, en playas de Tijuana, una planta regasificadora de la empresa Marathon Oil, competidora de Sempra Energy.
El caso incluso, llegó a la Corte de San Diego, en Estados Unidos, a través de la denuncia presentada por un particular de nombre Osvaldo Castillo, ciudadano estadounidense residente de Chula Vista y dos empresas, la empresa tijuanense Construvisión 2000, SA de CV, y la compañía Casas, Departamentos y Oficinas, con sede en la Ciudad de México, quienes declararon haber sido afectados al haber dejado de recibir 33 millones de dólares, en las operaciones de compraventa de los terrenos, al cancelarse el proyecto de Marathon Oil en los terrenos expropiados.
El recurso judicial señala a Sempra Energy como responsable de presuntos sobornos al ex gobernador bajacaliforniano para llevar a cabo la expropiación de terrenos legítimos, de los cuales más de 300 hectáreas habían sido tratadas para el proyecto principal de Marathon Oil, empresa rival de Sempra a la cual aventajaba en los trámites de permisos, habiendo tenido Marathon Oil que desistir debido al claro favoritismo y protección del gobierno estatal para con Sempra, empresa a la cual dio todas las facilidades y con la cual incluso se asoció por medio de su hija Erika Elorduy Blackaller.
Según la denuncia, Francisco Molina Robles, consultor de negocios mexicalenses y socio en muchos negocios del ex gobernador de Baja California, pagó una cantidad no revelada a Eugenio Elorduy Walther, que afirman fue depositada en las Islas Caimán. En ese entonces, el jefe de Prensa del gobierno del estado, declaró que “cualquiera puede ir a una corte para acusar a alguien, pero lo importante es que lo comprueben”; incluso mencionó la posibilidad de presentar una demanda por difamación. Posteriormente las empresas desistirían de la denuncia.
No debe pasarse por alto que dicha obra pública es una clara muestra de abuso de poder; nadie se la solicitó a Elorduy cuando fue candidato y menos ofreció construirla; sin embargo, ya siendo socio –por medio de su hija– la hizo para favorecer los intereses de la citada empresa. Por la prensa nos enteramos que la obra costaría inicialmente 650 millones de pesos; poco tiempo después se informó que había aumentado a 850 millones. Cuando ya se habían erogado más de mil 200 millones de pesos, se dijo que se estaba a un 15 por ciento de su terminación. Sin haberla concluido, se informó que se elevaron los costos a cerca de los 2 mil millones de pesos y posteriormente, cuando la inauguró el presidente Fox, finalmente se aceptó que la carretera había costado 2 mil 400 millones de pesos, casi cuatro veces más de lo programado inicialmente.
La construcción del gasoducto representa una abierta violación a la soberanía nacional, al Congreso del estado y al Poder Judicial de Baja California; es también una afrenta al pueblo de México que demanda una investigación a fondo, por parte de la entidad de fiscalización superior de la federación –por haber sido sufragada con fondos del erario, tanto estatales como federales– la cual está facultada para fiscalizar directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados .
Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación también está facultada, según la fracción III del mencionado artículo 79, a “Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales,”; y según la fracción IV del citado artículo, “Determinar los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades; promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el título cuarto de esta Constitución, y presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la ley.”
El recurso judicial señala a Sempra Energy como responsable de presuntos sobornos al ex gobernador bajacaliforniano para llevar a cabo la expropiación de terrenos legítimos, de los cuales más de 300 hectáreas habían sido tratadas para el proyecto principal de Marathon Oil, empresa rival de Sempra a la cual aventajaba en los trámites de permisos, habiendo tenido Marathon Oil que desistir debido al claro favoritismo y protección del gobierno estatal para con Sempra, empresa a la cual dio todas las facilidades y con la cual incluso se asoció por medio de su hija Erika Elorduy Blackaller.
Dicho sea de paso, la obra se construyó tan torpemente que es, a la fecha, el tramo carretero que más accidentes vehiculares ha tenido, a grado tal, que los automovilistas y transportistas de carga la utilizan muy poco. Tan es así, que ahora se ha convertido en uno de los sitios preferidos por los sicarios para ir a arrojar los cadáveres de sus víctimas.
No es posible que se permita que al amparo del poder y a espaldas de la ley se realicen impunemente toda una serie de turbias maniobras que lesionan el interés nacional y afrentan el imperio de la ley y el estado de derecho.
La lucha contra las plantas regasificadoras de Sempra Energy no es nueva. Durante varios años muy diversos grupos de bajacalifornianos se han opuesto mediante denuncias, foros y marchas a que se instalen plantas regasificadoras en la costa de Baja California. De acuerdo con la investigación que realizamos, desde su inicio se ha cuestionado la presencia de Sempra Energy en ese estado.
Sempra Energy contó con la complicidad y apoyo del gobernador Elorduy, cuya ambición lo impulsó a violentar la probidad y la institucionalidad.
La regasificadora Sempra Energy (Energía Costa Azul) violó la Constitución, pisoteó los derechos del ciudadano mexicano Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, afrentó a los Poderes Judicial y Legislativo y corrompió al Ejecutivo; además de haber realizado acciones de espionaje que caen en el ámbito de seguridad nacional y que deben ser investigados por la dependencia correspondiente.
Sempra Energy desea aprovecharse de nuestra tierra y costas, sin importarles la vida silvestre, marina o la humana. No exagero, créanme, en que la vida marina de la costa bajacaliforniana y de miles de conciudadanos está en riesgo de permitirse que Sempra Energy siga operando impunemente.
No le importó a Sempra afectar a inversionistas en la zona costera e incluso planes estatales para desarrollar la zona, con tal verse favorecida. Sempra logró acaparar la distribución de gas en el estado y cuestionan porqué un negocio tan redituable no lo tienen empresas del estado lo cual produciría enormes beneficios en esta época de crisis.
El que se le hayan dado facilidades a la empresa Energía Costa Azul para no contar con la zona de amortiguamiento que señala la ley y el que en esto esté involucrada una hermana de la ex secretaria de Energía, es un asunto de interés público que debe investigarse por esta soberanía.
Por lo expuesto y fundamentado, quien suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, respetuosamente solicito a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión se analice la presente proposición y se tome los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Que esta Comisión Permanente cite a comparecer al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el fin de que explique porque se autorizó la operación de la empresa Energía Costa Azul en Ensenada. Baja California, aun cuando ésta no cumplió lo dispuesto por la quinta condicionante que le indicó la Semarnat en el oficio S.G.P.A.-DGIRA.-DIA.-788/03 del 8 de abril de 2003, para autorizar su operación; así como tampoco con las disposiciones contempladas en la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SECRE-2002.
Segundo. Que el servidor público mencionado en el punto anterior, explique a la Comisión las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con la operación de la empresa que apliquen e informe si con base en las fórmulas de la misma para calcular las zonas de exclusión, la empresa Energía Costas Azul está cumpliendo éstas.
Tercero. Se solicite se anulen, revoquen, cancelen o en su caso suspendan, por parte de la Semarnat, las autorizaciones en materia de impacto ambiental que se otorgaron a la Empresa Energía Costa Azul S de RL, de CV, para una terminal de recibo, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado, hasta en tanto cumpla con lo dispuesto en las condicionantes que le fijó esa dependencia.
Cuarto. Que el gobierno federal suspenda la operación de Sempra Energy, en Ensenada, Baja California, para investigar, con fundamento en el párrafo sexto del artículo 27 constitucional, y con base en los principios de libre concurrencia establecidos en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los relativos de la Ley Federal de Competencia Económica; si las acciones que realizó para no tener competencia y asociada con una empresa mexicana, sus actividades presuntamente constituyen un monopolio en las distribución del gas en Baja California.
Quinto. Se considere como otro elemento por parte de las autoridades federales para proceder a la clausura y cancelación de la concesión de la planta regasificadora de Sempra Energy mencionada, la importancia y urgente necesidad de detener el visible daño ecológico; hasta en tanto se realizan las verificaciones, estudios e investigaciones a mayor profundidad que determinen si es factible que continúe operando y lo que habría de realizar para tal efecto. Lo anterior, considerando que existen suficientes argumentos legales para ello, entre otros, cuando la solicitud correspondiente contenga datos falsos o presentados de manera que se oculte información necesaria para la correcta apreciación de la solicitud; cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico; o de daño o deterioro grave a los recursos naturales, o casos de contaminación peligrosos para los ecosistemas.
Sexto. Se solicite respetuosamente a la entidad de fiscalización superior de la federación de la Cámara de Diputados, se abra una investigación, con carácter de auditoría, que revise detenidamente todos los aspectos relativos a la obra denominada Boulevard 2000, ubicada en Ensenada y municipios vecinos de Baja California, desde las licitaciones de obra y estimaciones, hasta la entrega recepción de la misma; y particularmente el aspecto financiero; lo anterior considerando que bajo este Boulevard se colocó tubería de Sempra para abastecer a Estados Unidos.
Séptimo. Se investiguen asimismo, todos los aspectos contables, fiscales y financieros, y se determine con precisión el importe de los recursos federales, estatales y de otra índole que hubieran sido erogados en la citada obra. Lo anterior, para identificar el porqué costó casi cuatro veces el costo inicialmente programado y para determinar si existió desvío de fondos federales o estatales o ambos, realizado por diversos servidores públicos y particulares, entre ellos el ex gobernador Eugenio Elorduy Walther.
Octavo. Por tratarse de un asunto de carácter internacional, que involucra la operación de la multicitada empresa en ambos lados de la frontera, se haga llegar el presente punto de acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y a las Comisiones de Relaciones Exteriores de ambas Cámaras, con el fin de que produzcan una nota a sus homólogos del gobierno y del Congreso de Estados Unidos de América, en la que se denuncia que la empresa Sempra Energy presuntamente cometió violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, (Foreign Corrupt Practices Act) para que las autoridades de dicho país, investiguen lo conducente desde el ámbito de su propia soberanía.
Noveno. Se solicite a expertos en la materia, investigadores, biólogos marinos y ambientalistas, una evaluación documentada de las consecuencias que a corto, mediano y largo plazo está teniendo la construcción y tendrá la operación de la regasificadora mencionada sobre el medio ambiente, y la flora y fauna terrestre y marina de su área de influencia y de la región.
Décimo. Se requiera a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales y en su caso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la manifestación de impacto ambiental que se presentó en su oportunidad y su autorización para llevar a cabo la construcción y operación de la planta regasificadora previamente citada.
Undécimo. Se solicite a las autoridades estatales que hayan intervenido, en caso de existir la aprobación de la manifestación del impacto ambiental una copia de la misma, así como las bases, los criterios y documentos, sobre los cuales se otorgaron y obtuvieron las aprobaciones para la operación de citada empresa en el municipio de Ensenada.
Duodécimo. Se haga llegar el presente punto de acuerdo al Poder Judicial de Baja California, al Congreso del Estado y a los órganos de fiscalización de Baja California, solicitándoles respetuosamente, se enteren del caso, a fin de que realicen las acciones que consideren pertinentes.
Decimotercero. Se realice un exhorto al XX ayuntamiento de Ensenada, Baja California, para que en el marco de sus facultades legales, revise y analice los permisos otorgados por los anteriores ayuntamientos de ese municipio a la Empresa Energía Costa Azul para el funcionamiento de la terminal de Gas Natural Licuado, con el propósito de que, conforme a la leyes estatales y a las violaciones a la Norma Oficial Mexicana, se proceda a la clausura de dicha terminal; y se finquen responsabilidades a quienes, haciendo mal uso de sus atribuciones, violentaron la ley y han puesto en riesgo a la población y atropellado los derechos ciudadanos.
Decimocuarto. Se haga llegar el presente punto de acuerdo a la Comisión de Ecología o su equivalente de la Cámara de Representantes del estado de California, en Estados Unidos de América, con el fin de que lo analicen y en su caso realicen las acciones a que haya lugar en el ámbito de su soberanía, considerando la cercanía de la frontera y la afectación medioambiental regional.
Decimoquinto. Se haga llegar el presente punto de acuerdo a la supervisora del segundo distrito de la Mesa de Supervisores del Condado de San Diego, Dianne Jacob, con el fin de que cuente con mayores elementos de información en relación con Sempra Energy y su filial Energía Costa Azul, relativa a la terminal de gas natural licuado que opera en el municipio de Ensenada, Baja California.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2011.
Senador Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sedena a enviar un informe detallado sobre el número, el rango y las causas de la deserción de militares en el periodo 2006-2010, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT
Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, sobre la deserción de miembros del Ejército Nacional, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El Ejército es por excelencia la institución que salvaguarda la Seguridad Nacional, y si se establece como dogma universal que el narcotráfico es un asunto de seguridad nacional por parte de las autoridades mexicanas, pues entonces se deriva el corolario lógico de la presencia militar activa en la erradicación de esta amenaza.
El presidente Ronald Reagan firmó en 1986 la National Security Decision Directive 221, ahí se consignaba por primera vez que el tráfico ilegal de drogas era una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos de América. Desde entonces surgió el interés por intervenir con mayor fuerza en el diseño de la política sobre drogas en otros países y en sus mecanismos de funcionamiento.
A raíz de ello, como si hubiera sido una especie de reacción por parte de las autoridades mexicanas, el presidente Miguel de la Madrid descubre que la tesis de Reagan también es válida para nuestro caso, integrándose así el tráfico de drogas ilegales en la agenda de seguridad nacional, y con ello se reforzó la presencia de militares en estas tareas. De ahí a la fecha ello ha sido una constante, dándose con mayor intensidad en la presente administración federal que preside Felipe Calderón.
La guerra contra las drogas no es una guerra convencional, las operaciones antidrogas están entre las seis áreas principales que forman parte del esquema de “guerra de baja intensidad”, que se diseñó para contrarrestar los brotes de insurgencia revolucionaria, y el tráfico de drogas en el tercer mundo.
El Ejército mexicano es una institución heroica para el país y con un legado histórico popular invaluable; su misión es tutelar la soberanía y la independencia del país. Ninguna otra institución del Estado tiene esa encomienda, por eso su actuación se debe caracterizar por el respeto a la ley y a la contribución de un sentimiento público de seguridad y confianza.
Lamentablemente desde hace más de dos décadas y media los presidentes de la República, en su calidad de comandantes supremos de las fuerzas armadas, han usado al Ejército en tareas de orden civil so pretexto de enfrentar el narcotráfico.
De este modo se ha sometido a esta institución a un desgaste innecesario, ya que por un lado se le pone en una posición de vulnerabilidad al ser expuesto a la violación de los derechos humanos –producto, a su vez, de su preparación para la guerra- y, por el otro lado, a que con los cañonazos de dinero del hampa pueda ser penetrado y corrompido.
Para las autoridades federales un tema que resulta incómodo, pero a la vez de suma trascendencia, es el presunto vínculo que existe entre las organizaciones de traficantes mexicanos y grupos paramilitares privados.
Al respecto conviene recordar que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) alertó, en su momento, sobre el fenómeno del “mercenarismo” que se daría en Centroamérica con la pacificación de Guatemala, ya que este país redujo más de 60 por ciento su ejército. 1 El propio ex secretario de la Defensa Nacional, general Gerardo Clemente Ricardo Vega García, en una reunión con senadores dijo que “No los quería alarmar, pero que parecía ser que un grupo de ex kaibiles querían ser invitados a formar parte de los Zetas y estarían operando en la frontera sur de México, en los límites con Guatemala”. 2
Sabemos que en el sexenio de Vicente Fox desertaron del Ejército mexicano alrededor de 100 mil efectivos 3 con diversos rangos dentro de la institución. Pero en el presente sexenio no se sabe cuántos desertores del Ejército hay, ni qué jerarquía ocupaban, mucho menos los motivos que propiciaron su salida.
Es muy grave que no haya un interés y seguimiento puntual de lo que hacen los desertores. En el mejor de los casos puede que muchos hayan regresado a la vida civil y se dediquen a actividades lícitas, pero también es posible que muchos otros se dediquen a actividades ilícitas.
Es precisamente en ese aspecto donde hay que poner especial atención, porque la preparación militar y el conocimiento y manejo de armas implica una mayor capacidad ofensiva de los grupos de traficantes que cuentan con ellos 4 , y un recrudecimiento de la violencia.
Podría pensarse que la mayor frecuencia en el uso de armas de alto calibre en tiempos recientes tenga que ver con esta hipótesis, y el mejor conocimiento de las fuentes de aprovisionamiento del material bélico, también existe la posibilidad de que los ex militares [de élite] estén formando a más gente con una preparación similar a la que ellos obtuvieron en la filas del Ejército.
Aunque no se puede descartar el hecho de que las armas empleadas últimamente hayan sido adquiridas por los traficantes de drogas de origen civil simplemente, ya que los controles para su venta son cada vez menos eficaces y los traficantes de armas se han vuelto más activos ante el incremento del negocio de las drogas, fenómeno que aumenta la demanda del material bélico.
Por ello es indispensable que la administración federal informe detalladamente cuántos han sido los desertores del Ejército y el puesto o jerarquía que ocupaban dentro de la institución. Puede ser que varios elementos hayan sido militares de élite y que estén entrenando a gente que enfrentará a las fuerzas del orden.
La burocracia gubernamental de la administración de Calderón ha hecho de “la guerra contra el narcotráfico” su razón de ser; hoy más que nunca es necesario desterrar las tentaciones autoritarias desde el poder y cambiar el enfoque punitivo que prevalece en esta cruzada y disminuir los daños colaterales como el que nos ocupa en estas líneas.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea con carácter de urgente resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que esta soberanía exhorte al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, a que envíe un informe detallado sobre el número y rango de la deserción de efectivos del Ejército en el período 2006-2010, así como las causas de las mismas.
Salón Legislativo de Xicoténcatl, a 11 días de enero del 2011.
Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SRE, a la Sener y a Pemex que informen a esta soberanía acerca de la decisión oficial respecto a los compromisos establecidos en el tratado suscrito con el gobierno de Estados Unidos de América sobre la delimitación de la plataforma continental en la región occidental del Golfo de México, más allá de las 200 millas náuticas, a cargo del senador Luis Maldonado Venegas, del Grupo Parlamentario de Convergencia
El que suscribe, senador Luis Maldonado Venegas, coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia, de conformidad al artículo 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo a través de la cual se solicita a las Secretarías de Relaciones Exteriores, y de Energía, y a Petróleos Mexicanos que informen a esta soberanía la decisión del gobierno mexicano respecto a los compromisos establecidos en el tratado entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y de Estados Unidos de América sobre la delimitación de la plataforma continental en la región occidental del Golfo de México, más allá de las 200 millas náuticas, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 9 de junio de 2000, en la ciudad de Washington, el presidente de México firmó ad referéndum el Tratado sobre la Delimitación de la Plataforma Continental en la Región Occidental del Golfo de México más allá de las 200 Millas Náuticas con el gobierno de Estados Unidos de América.
Dicho tratado fue aprobado por la Cámara de Senadores el 28 de noviembre de 2000, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 16 de enero de 2001, efectuándose el canje de instrumentos de ratificación previsto en el artículo IX del tratado en la Ciudad de México el 17 de enero de 2001, promulgándose el respectivo decreto presidencial el 13 de febrero de 2001.
La parte medular del tratado indica que se establecerá una colaboración de ambas partes sobre la información que se obtenga de los posibles yacimientos transfronterizos, mediante reuniones periódicas con el fin de identificar, localizar y determinar las características geológicas y geofísicas de dichos yacimientos.
Aparte de la cooperación y las consultas periódicas indicadas, en el artículo III se dejó establecido que los gobiernos de ambos países “no reclamarán ni ejercerán para ningún propósito derechos de soberanía o jurisdicción sobre el fondo marino y el subsuelo”.
Al propio tiempo, en el artículo IV, numeral 1, se dispuso que “en virtud de la posible existencia de yacimientos de petróleo o gas natural que pueden extenderse a través del límite establecido en el artículo I, las partes, durante un periodo que terminará 10 años después de la entrada en vigor de este tratado, no autorizarán ni permitirán la perforación o la explotación petrolera o de gas natural en la plataforma continental dentro de una milla náutica, cuatro décimas (1.4) del límite establecido en el artículo I.
El 15 de enero de 2011 se cumplirá el término de 10 años establecido en el tratado y, de conformidad a su artículo V, inciso a), una parte deberá informar a la otra parte de sus decisiones para alquilar, otorgar licencias, dar concesiones o, en cualquier otra forma, poner a disposición partes del área para la exploración o explotación de petróleo o de gas natural; asimismo, informará a la otra parte cuando vaya a comenzar la producción de recursos petroleros o de gas natural.
Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Secretarías de Relaciones Exteriores, y de Energía, así como a Petróleos Mexicanos, que informen a esta soberanía la decisión del gobierno mexicano respecto a los compromisos establecidos en el tratado entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, y de Estados Unidos de América sobre la delimitación de la plataforma continental en la región occidental del Golfo de México más allá de las 200 millas náuticas.
Dado en el recinto de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2011.
Senador Luis Maldonado Venegas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a expedir y publicar el Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad, suscrita por la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, María Elena Orantes López, senadora por el estado de Chiapas e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que conferida en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea puntos de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En el 10 por ciento de los hogares mexicanos existe al menos una persona con discapacidad y, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la población con algún tipo de discapacidad en México alcanza los 14 millones de personas.
No cabe duda de que durante los últimos años hemos experimentado transformaciones económicas, políticas y sociales, que nos han permitido alcanzar resultados y avances importantes en materia de desarrollo social y en el combate a la pobreza, atendiendo con prioridad a los grupos sociales más vulnerables, en particular, a las personas con algún tipo de discapacidad.
Sin embargo, resulta necesario hacer viables resultados más notables en lo que se refiere a la atención a las personas con discapacidad. Es momento de que las personas con discapacidad sean consideradas un grupo de atención prioritario que requiere de programas y apoyos que respondan a sus necesidades, a la construcción de espacios y oportunidades que generen su inclusión, formación, participación y disfrute de mejoras en sus condiciones sociales y económicas.
En México mucho hemos avanzado al contar con una legislación para las personas con discapacidad, tal es el caso de la Ley General para las Personas con Discapacidad, con la que el Congreso de la Unión demostró voluntad y compromiso para dar respuesta a un reclamo social que han planteado durante muchos años las personas con discapacidad y las organizaciones de la sociedad civil que las representan.
La Ley General para las Personas con Discapacidad contiene un conjunto de preceptos que de ser adecuadamente aplicados, podrían remediar la enorme brecha de injusticia social que hasta el momento ha privado hacia las personas con discapacidad, expresada en desempleo, pobreza, analfabetismo y una enorme marginación.
El Estado mexicano está obligado a asumir su responsabilidad en esta materia a través de políticas públicas o de impacto social, toda vez que la ley busca promover políticas públicas de Estado y, sobre todo, un cambio en la cultura para atender a la discapacidad desde el ámbito social.
Considerando que la ley en comento fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2005, podemos constatar que ha pasado más de un lustro sin que el Ejecutivo federal expida el reglamento para las personas con discapacidad, cuando la propia ley establecía un plazo de 180 días para su elaboración, contados a partir de la entrada en vigor de ésta.
Los reglamentos que emite el Ejecutivo federal son normas de carácter general, abstractas e impersonales expedidas por el titular del Poder Ejecutivo, con la finalidad de lograr la aplicación de una ley previa. La facultad reglamentaria contenida en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encomienda al presidente de la República proveer en la esfera administrativa la exacta observancia para promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión.
En este contexto, aun y cuando la cultura de respeto y reconocimiento a los derechos humanos de las personas con discapacidad se encuentra en pleno desarrollo, no debemos olvidar que existen aún espacios en el ámbito educativo, laboral, urbano y deportivo, entre otros, en donde la exclusión, la desigualdad y la inequidad, se manifiesta con actitudes de intolerancia, incomprensión, falta de reconocimiento y aceptación a la pluralidad y a la diferencia de de este grupo de la población.
Es por todo ello que resulta indispensable la expedición del Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad, ya que de esta forma se logrará la aplicación plena de la Ley General para las Personas con Discapacidad en la República Mexicana.
En este contexto, creemos que la Comisión Permanente debe exhortar al Poder Ejecutivo Federal a materializar la publicación del Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad en el Diario Oficial de la Federación, pero, además, es indispensable solicitar a los gobiernos de cada una de las entidades federativas, el reconocimiento y aplicación de la Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006, “Accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios construidos de servicio al público-especificaciones de seguridad”, como parte de la regulación para lograr brindar mayor justicia social a las personas con discapacidad, al tiempo de enfrentar con mayor solidaridad una serie de obstáculos tanto físicos como culturales, que les impiden recibir educación, conseguir empleo, obtener atención de salud adecuada y contar con las condiciones de accesibilidad en todos los espacios públicos y privados.
Lo anterior, nos permitirá contar con una mejor infraestructura urbana pública y privada, que tome en cuenta los accesos y las facilidades arquitectónicas y urbanísticas para facilitar el desplazamiento de las personas con discapacidad en los espacios laborales, educativos, comerciales, deportivos y recreativos, entre otros.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al titular del Ejecutivo Federal que, en uso de las facultades que le concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expida y publique, con la brevedad posible, el Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a los gobiernos de cada una de las entidades federativas, el reconocimiento y aplicación de la Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006, “Accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios construidos de servicio al público-especificaciones de seguridad”, como parte de la regulación para brindar mayor justicia social a las personas con discapacidad y enfrentar con una visión solidaria una serie de obstáculos tanto físicos como culturales, que les impiden recibir educación, conseguir empleo, obtener atención de salud adecuada y contar con las condiciones de accesibilidad en todos los espacios públicos y privados.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2011.
Senadora María Elena Orantes López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Ejecutivos de las entidades federativas a presentar informes detallados sobre la situación financiera y el endeudamiento de sus gobiernos; y a los 31 congresos estatales y a la ALDF, a instruir a sus órganos de fiscalización para auditar las haciendas públicas, suscrita por el senador Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Juan Bueno Torio, senador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) ante la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 276 del Reglamento del Senado de la República somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los Ejecutivos de las entidades federativas a presentar informes detallados sobre la situación financiera y el endeudamiento de sus gobiernos; y a los 31 congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a instruir a sus órganos de fiscalización para auditar las haciendas públicas, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En la última década, el gobierno federal ha emprendido importantes reformas en favor de la transparencia y la rendición de cuentas. En este sentido, se fundó el Instituto Federal de Acceso a la Información, se impulsó la adecuación de diversos ordenamientos para dotar al Estado de mejores instrumentos jurídicos y, en general, se mejoró la manera en que las autoridades federales informan y rinden cuentas sobre el uso de los recursos públicos.
Sin embargo, esos indudables avances han sido primordialmente concentrados en el orden federal, sin que se hayan logrado replicar satisfactoriamente en las entidades federativas y los municipios. La falta de transparencia y rendición de cuentas en las finanzas públicas estatales es particularmente grave. En el documento Índice de competitividad estatal 2010. La caja negra del gasto público, el Instituto Mexicano de la Competitividad señala con referencia a la situación imperante en las entidades federativas que en la actualidad “es imposible saber de qué tamaño es la burocracia estatal y cuáles son sus salarios”. En términos generales, el panorama es de una marcada opacidad por la que ciudadanos y autoridades fiscalizadoras desconocen el destino de los recursos públicos, ya sean obtenidos mediante participaciones federales, recaudación propia o endeudamiento.
Que los gobernantes locales no estén obligados jurídicamente a reportar cómo gastan propicia ineficiencia y dispendio, con el resultante incremento irresponsable del gasto público. Eso ha llevado a varias autoridades a contratar mayores montos de deuda. Tal situación de endeudamiento acelerado e insostenible en las entidades federativas es particularmente preocupante. De acuerdo con el reporte Obligaciones financieras de las entidades federativas y municipios, dado a conocer recientemente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se demuestra que en varias entidades federativas el endeudamiento público ha excedido la capacidad de pago de las haciendas públicas, lo cual a la postre las llevaría a un desastre financiero.
Tal situación de irresponsabilidad económica viene acompañada de oportunismo político, pues es notoria la presencia de motivaciones electorales para ciertos actores. Baste observar que de las administraciones estatales que renovaron autoridades en 2010, la gran mayoría legó a los gobiernos entrantes niveles de pasivos que ponen en riesgo la ejecución de proyectos de obra pública y desarrollo social.
Mientras que el gobierno saliente de Tlaxcala es ejemplo de responsabilidad, pues no dejó deuda al sucesor, en el extremo contrario son particularmente notorios los casos de Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. Así, el gobierno saliente de Chihuahua legó al sucesor la mayor deuda en la historia de la entidad: 13 mil 261 millones de pesos en septiembre de 2010, que en términos nominales es 869 por ciento superior a la que se tenía en 2004.
Por otra parte, al cierre de 2009 el actual Ejecutivo de Nuevo León tenía compromisos fiscales por más de 27 mil 70 millones de pesos, monto 193 por ciento superior al que había en 2004. En Veracruz, la situación no es diferente: con datos actualizados a septiembre de 2010, el saliente gobierno estatal habría entregado al sucesor una deuda de 9 mil 289 millones de pesos, 163 por ciento superior en términos nominales a la que había en 2004.
Además, hay desconcierto porque en los últimos días del gobierno se contrató deuda, que no ha sido clarificada. En cuanto a Sonora, el gobierno estatal saliente dejó al sucesor pasivos por 11 mil 258 millones de pesos, lo que implica un incremento de 107 por ciento respecto a la deuda de 2004. En el caso de Tamaulipas, el gobierno local, que el 31 de diciembre pasado dejó las funciones, tenía pasivos financieros por 9 mil 165 millones de pesos en septiembre de 2010, 580 por ciento mayores de los que había al cierre de 2004.
Los datos también muestran que esa preocupante situación se volverá a observar en 2011. Por ejemplo, al cierre de 2009 el gobierno de Coahuila tenía una deuda de mil 561 millones de pesos, cuando en 2004 era de 273 millones; es decir, ha habido un incremento en términos nominales de 472 por ciento.
Los legisladores federales del PAN se han caracterizado por presentar numerosas iniciativas de ley y proposiciones de punto de acuerdo que buscan obligar a los gobiernos de las entidades federativas a transparentar y rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos.
También, en reiteradas ocasiones, los diputados y los senadores del PAN hemos convocado al resto de las fuerzas políticas a aprobar una reforma hacendaria integral que, al tiempo que aumente la recaudación, eficiente el gasto y promueva la competitividad y equidad en el país, considere medidas que impidan a los gobiernos de los estados endeudarse sin control. Sin duda, una reforma en este sentido obligaría a los gobiernos locales a una mayor responsabilidad fiscal y, en consecuencia, a generar recursos propios para cubrir los gastos y pasivos financieros.
Al tenor de lo anterior, la finalidad de estos puntos de acuerdo es exhortar, por una parte, a los Ejecutivos de las entidades federativas a presentar informes sobre la situación que guardan las haciendas públicas a su cargo, con especial atención en la sostenibilidad de las deudas contratadas; y, por la otra, a los congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a instruir a los órganos de fiscalización para auditar la situación de las finanzas públicas de las respectivas entidades federativas.
De igual manera, se propone crear en el Senado de la República, órgano de representación de los estados y del Distrito Federal, un grupo de trabajo que dé seguimiento a la correcta aplicación de los recursos presupuestarios asignados a las entidades federativas del país.
El grupo de trabajo estará integrado de manera plural por senadores de todos los grupos parlamentarios representados en la actual legislatura.
Por lo expuesto, el suscrito somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los gobernadores de los 31 estados de la república y al jefe del Gobierno del Distrito Federal a presentar informes detallados de la situación que guardan las haciendas públicas a su cargo, con especial hincapié en la sostenibilidad financiera de los endeudamientos contratados.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los congresos de los 31 estados de la república y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a instruir a los órganos de fiscalización a su cargo para auditar sobre la situación financiera de las haciendas públicas de los estados y el Distrito Federal.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a formar un grupo de trabajo para dar seguimiento a la correcta aplicación de los recursos presupuestarios asignados a las entidades federativas. Dicho grupo de trabajo estará integrado proporcional y pluralmente por todos los grupos parlamentarios representados en la actual legislatura.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2011.
Senador Juan Bueno Torio (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar de manera urgente a escala nacional medidas de verificación, vigilancia y control para evitar la injustificada alza de los productos de la canasta básica, proteger la economía de las familias y reducir el deterioro del poder adquisitivo de los salarios, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, senadores Rubén Fernando Velázquez López, Francisco Javier Castellón Fonseca, Silvano Aureoles Conejo y José Luis Máximo García Zalvidea, de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implementar de manera urgente a nivel nacional las medidas necesarias de verificación, vigilancia y control para evitar la injustificada alza de precios de los productos de la canasta básica, con el fin de proteger la economía de las familias y reducir el deterioro del poder adquisitivo de los salarios, a tenor de las siguientes
Consideraciones
La realidad económica y social en que viven actualmente las familias mexicanas desmiente el discurso oficial de recuperación económica difundido por el gobierno federal.
En los últimos 12 meses, los niveles de bienestar de la mayoría de los mexicanos se redujeron, se profundizó el desempleo, la pobreza y la brecha de la desigualdad. Además de que el constante aumento en los precios de los productos y servicios de consumo generalizado ha afectado el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y de la población en general.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dio a conocer que la canasta básica 1 de 40 alimentos, que incluye –por ejemplo– leche, tortilla, pan, aceite, jitomate, cebolla, chile, pollo, bistec, atún y salchicha, se encareció 13 por ciento entre la primera y la última quincena de 2010.
A finales del pasado diciembre, la Profeco informó que la canasta básica costaba 818.30 pesos a principio de 2010 y al final del año, los mismos productos, en igual cantidad, presentación y marca, se vendieron en 921 pesos, lo que significa un incremento de 106.70 pesos.
Es importante señalar que dicha canasta básica está compuesta únicamente por alimentos, no incluye todos los artículos que especialistas y autoridades consideran que deben integrar una canasta básica, como los de higiene personal y limpieza del hogar, la renta o gastos de mantenimiento, servicios de gas, electricidad o agua para la casa, así como gastos de transporte.
Sólo en gasolinas y diesel, los ajustes mensuales impuestos por el gobierno federal implicaron un alza de 13.47 por ciento en la gasolina Magna, 5.50 por ciento en la Premium y 12 por ciento en el diesel. 2 En tanto, el alza en el gas LP, que es utilizado en 80 por ciento de los hogares, elevó su precio a más de diez pesos por kilo en el centro del país.
Así entonces, sin tomar en cuenta todo lo que deben gastar los mexicanos en otros productos y servicios, el aumento registrado en la canasta de 40 alimentos cuadriplica la inflación general de 3.8 por ciento, según datos del Banco de México.
Los aumentos más drásticos y alarmantes han sido en productos de amplio consumo popular, como la tortilla, el bolillo, el arroz, el azúcar y el frijol.
A principios del 2010, el kilo de tortilla podía comprarse en 5.90 pesos, por lo que con un salario mínimo (de 57.46 pesos) alcanzaba para 9.7 kilos, pero debido al reciente anuncio del aumento de aproximadamente 50 por ciento, por parte de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías, actualmente en muchas partes del país se vende la tortilla a un precio promedio por kilo de 12 pesos, lo que implica que ahora con un salario mínimo únicamente se podrán comprar 4.8 kilos.
Por su parte, el precio de la harina de trigo ha aumentado alrededor de 40 por ciento en el 2010. No obviamos mencionar que la Tortilla el principal alimento de los mexicanos ha tenido un alza en su precio tan sólo en lo que va de esta administración
Además de que la especulación en los mercados internacionales del trigo amenaza con impactar en los precios del bolillo y del pan dulce, que en los primeros meses de 2011 podrían aumentar 50 centavos al consumidor final, según informes de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora.
Y lo más grave es que las importaciones de maíz suman en promedio 10 millones de toneladas al año y en el caso del trigo, la producción nacional alcanza apenas para satisfacer 40 por ciento de la demanda interna, mientras el 60 por ciento restante se tiene que importar.
Como nos podemos dar cuenta, las constantes alzas de los precios de los alimentos no guardan ninguna proporción con el ínfimo aumento de los salarios mínimos.
En promedio, el salario mínimo para el 2011 será de 58 pesos con 22 centavos al día.
El “aumento” a los salarios mínimos en México, anunciado en diciembre de 2010, de sólo 4.1 por ciento, no compensa, ni fortalece el ingreso real de las familias trabajadoras, ya que este aumento es sólo inercial y pretende, sin lograrlo, sólo compensar el incremento de la inflación general de 2010 que seguramente será mayor a 4.32 por ciento.
El aumento de 4.1 por ciento al salario mínimo (equivalente a 2 pesos con 30 centavos, promedio) no es suficiente para comprar, por ejemplo, un boleto del Metro (que cuesta tres pesos) o para dos bolillos (el costo unitario de este producto es de un peso con 50 centavos).
Tampoco alcanza para un viaje en autobús del transporte público de la ciudad de México –que es de cinco pesos– y mucho menos para un litro de leche que está por encima de los 12 pesos.
De acuerdo con cifras oficiales, 410 mil trabajadores inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social perciben el salario mínimo. Sin embargo, especialistas señalan que son más de un millón los que perciben este magro salario.
En días pasados, la Organización Internacional del Trabajo alertó acerca de la constante pérdida del poder adquisitivo del salario en México, con incrementos menores a países como Nicaragua y Bolivia. México es uno de los países de América Latina que no ha superado el nivel del poder adquisitivo de hace 17 años.
Para frenar el deterioro del poder adquisitivo del salario se requiere un aumento de por lo menos el 13 por ciento, para compensar el aumento de los precios de los alimentos básicos de finales del 2010.
El artículo 123 constitucional señala que el salario mínimo “deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.” En este estado de cosas, el mandato constitucional se convierte en una utopía.
En el país hay al menos 50 millones de personas en condición de pobreza, de las cuales 19 millones sufren “pobreza alimentaria” –que quiere decir que sus ingresos son insuficientes para comprar comida–, aunque especialistas afirman que en realidad son 23 millones.
El Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM indicó que cerca de 18 millones de mexicanos no cuentan con los ingresos suficientes para adquirir la canasta básica; también señala que si una persona antes invertía 13 horas de trabajo, ahora tiene la necesidad de invertir debe ser más de 19 horas para poder adquirir los productos de la canasta básica.
Esta preocupante situación de pobreza seguirá presente durante 2011, con el agravante de que el desempleo sigue creciendo y la dependencia económica del exterior amenaza la soberanía alimentaria.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la tasa de desocupación se ubica por arriba del 5 por ciento de la población económicamente activa. Entre enero del 2007 y 2010 el universo de desocupados se elevó de un millón 600 mil a 2 millones 650 mil personas que buscan infructuosamente empleo.
Los altos niveles de desempleo son consecuencia de los problemas estructurales derivados del modelo económico que tiene abandonado nuestro mercado interno y fomenta la concentración del ingreso en unos cuantos. En este sentido, debe adoptarse una política económica más equilibrada que abone en la justicia social, particularmente, en beneficio de asalariados y trabajadores.
Por tanto, el gobierno federal debe ejercer plenamente las atribuciones que le concede la ley para intervenir y regular el mercado a efecto de garantizar seguridad alimentaria y el bienestar de los mexicanos.
En este sentido, con el objeto de que el alza de precios afecte a las familias mexicanas más vulnerables, es indispensable y urgente que el Estado, y en particular el Ejecutivo federal cumpla con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Recordemos que el párrafo tercero del artículo 28 de la Constitucional Federal señala que:
“Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses.”
Por ello, y ante el cumplimiento del precepto constitucional, resulta necesario que las autoridades competentes ejerzan sus respetivas atribuciones para evitar las alzas indiscriminadas a los artículos de consumo popular.
Así, el Ejecutivo federal, y a través de la Secretaría de Economía, de la Comisión Federal de Competencia y de la Procuraduría Federal del Consumidor, y con base en el en su artículo 7° de la Ley Federal de Competencia Económica, establece el procedimiento para fijar y regular los precios de productos y servicios necesarios para la economía y el consumo popular. El citado artículo precisa:
“Artículo 7o. Para la imposición, en los términos del artículo 28 constitucional, de precios a los productos y servicios que sean necesarios para la economía nacional o el consumo popular, se estará a lo siguiente:
”I. Corresponde exclusivamente al Ejecutivo federal determinar mediante decreto los bienes y servicios que podrán sujetarse a precios, siempre y cuando no haya condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante de que se trate. La Comisión determinará mediante declaratoria si no hay condiciones de competencia efectiva.
”II. La Secretaría, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias y previa opinión de la Comisión, fijará los precios que correspondan a los bienes y servicios determinados conforme a la fracción anterior, con base en criterios que eviten la insuficiencia en el abasto.
”La Secretaría podrá concertar y coordinar con los productores o distribuidores las acciones o modalidades que sean necesarias en esta materia, procurando minimizar los efectos sobre la competencia y la libre concurrencia.
”La Procuraduría Federal del Consumidor, bajo la coordinación de la Secretaría, será responsable de la inspección, vigilancia y sanción, respecto de los precios que se determinen conforme a este artículo, de acuerdo con lo que dispone la Ley Federal de Protección al Consumidor”.
Resulta procedente que el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, debe aplicar un estricto control de precios a los artículos de la canasta básica, porque no hay otra manera de frenar el alza de los precios y la especulación.
De igual manera, la Procuraduría Federal del Consumidor, bajo la coordinación de la Secretaría de Economía, debe cumplir con sus responsabilidades de inspección, vigilancia y sanción, respecto de los precios que se determinen y sancionar los abusos en contra de los consumidores.
En tal sentido, es urgente que el Gobierno Federal proteja el ingreso de los mexicanos y adopte medidas que alienten la generación de empleos con salarios dignos y suficientes que permitan la adquisición de los productos de la canasta básica.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos someten a consideración de esta asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con base en el tercer párrafo del artículo 28 de la Constitución Federal y el artículo 7o. de la Ley Federal de Competencia Económica, solicita al titular del Poder Ejecutivo federal, inicie el procedimiento para fijar y controlar los precios de los productos que integran la Canasta Básica, a efecto de compensar el alza de precios y el incremento de la Inflación.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Economía, la Comisión Nacional de Competencia y la Procuraduría Federal del Consumidor, en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, implementen de manera urgente a nivel nacional las medidas necesarias de verificación, vigilancia y sanción para evitar la injustificada alza de precios de los productos de la canasta básica, con el objeto de proteger la economía de las familias y reducir el deterioro del poder adquisitivo de los salarios.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, así como al Banco de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, un informe pormenorizado sobre el aumento de los precios en los productos de la canasta básica, y su relación con la inflación y la pobreza, correspondiente al periodo diciembre 2006 a enero de 2011.
Notas
1 La canasta básica es un subconjunto de la canasta de bienes y servicios del índice nacional de precios al consumidor (INPC). Los bienes y servicios que conforman la canasta básica fueron seleccionados por los representantes de los sectores firmantes del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico a finales de 1988. El objetivo de conocer el comportamiento de los precios de los bienes y servicios que conformaron la mencionada canasta era garantizar el cumplimiento de los acuerdos que sobre los precios de bienes y servicios del sector público y privado los participantes del pacto iban estableciendo. La canasta básica considera 80 conceptos genéricos del INPC. El Banco de México recibió la encomienda de medir y publicar este indicador. La canasta mencionada está integrada, básicamente, por genéricos de alimentos elaborados, bienes administrados y concertados y medicamentos
2 Datos del Banco de México.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2011.
Senadores: Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica), Francisco Javier Castellón Fonseca, Silvano Aureoles Conejo, José Luis Máximo García Zalvidea.
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia de los titulares del gabinete de seguridad para que expongan el panorama real en la materia, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT
Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, en torno a la inseguridad pública, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado fin de semana dimos cuenta de otra terrible tragedia que involucró el asesinato de 30 personas en Acapulco, Guerrero, sin dejar de mencionar los recientes hechos violentos en Nuevo León.
El secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Alejandro Poiré, justificó la estrategia anticrimen del gobierno federal, al afirmar de manera incongruente e insensible, que se está debilitando como nunca a todas las organizaciones criminales del país.
Sin embargo, resulta totalmente equivocada la percepción de la realidad propia del gobierno federal, y por tanto, es del mismo modo equivocada la estrategia para combatir el problema de la inseguridad, que a estas instancias más bien podría definirse como anomia, en su acepción más funesta.
Para colmo de males, esta serie de medidas represivas, policiacas y militares, no han reportado resultados positivos en modo alguno; no se observan avances ni aun de manera marginal, en la tarea para restablecer el orden, la seguridad y la paz social, en aquellas zonas que han sido azotadas por los efectos relacionados con la llamada guerra contra el narco.
Contradictoriamente, no obstante la total ausencia de resultados, la LXI Legislatura, sin muchos miramientos, aprobó en el Presupuesto de Egresos para 2011 la cantidad de 117 mil 555.6 millones de pesos en materia de seguridad pública; 18 mil 576.8 millones de pesos más que el presupuesto aprobado para 2010, lo que representa un cuantioso incremento de 15.8 por ciento. Asimismo, las Secretarías de Seguridad Pública (SSP), de Defensa (Sedena), de Marina (Semar) y la Procuraduría General de la República (PGR) tendrán además acceso a una partida por mil 519 millones de pesos para crear plazas.
De hecho, no solo no se han reportado avances en materia de seguridad, sino que contrariamente, el año próximo pasado fue el más violento, en lo que va de la actual administración. La mayoría de las fuentes arrojan una cifra de más de 10 mil ejecutados durante el año 2010; y por otro lado, a esto hay que sumarle la igualmente lamentable cifra de 10 mil migrantes secuestrados, tan solo en el periodo que abarca de abril a septiembre de ese mismo año, según lo sostenido por la CNDH. Se cuentan tristemente hasta el momento, más de 30 mil ejecutados, como resultado de la mal llamada guerra contra el narco.
El narcotráfico es un fenómeno que se ha vuelto un problema no sólo de seguridad, sino económico, político y social, y entre muchas otras consecuencias negativas, trae desintegración familiar y destrucción física y mental de los individuos. Además, es uno de los principales participes y generadores de las redes de corrupción, teniendo como principal ventaja el poder económico que mueve a países, autoridades y a ciudadanos.
Este poder económico ha demostrado ser abrumador; cerca del 80 por ciento del sector de la economía formal está infiltrado, por el dinero generado por este fenómeno delincuencial.
La actual administración ha demostrado ser ineficaz en todos los flancos, ya no digamos para combatir a la delincuencia organizada, sino en la tarea misma de defender la gobernabilidad, la institucionalidad, y por la tanto, al Estado mismo. No se ha logrado desactivar o controlar sus redes financieras, no se ha conseguido mermar sus rutas de trasiego y, en consecuencia, no se ha podido evitar que se armen o se empoderen de algún otro modo.
Es tal el nivel de degradación social, que las redes del narcotráfico secuestran y asesinan con total impunidad; las ejecuciones y los “levantones” son cosa de todos los días. No hay lugar de la república que esté exento de sus operaciones y sus atrocidades. El gobierno mismo ha sido víctima de sus tropelías; presidentes municipales, ex gobernadores, diputados, senadores e, incluso, un ex candidato presidencial, han dado cuenta de ello.
La delincuencia organizada se ha convertido prácticamente en un Estado paralelo; tiene a su servicio diferentes fuerzas de seguridad, ostenta el control político de varias regiones y hasta cobra sus propios impuestos.
Intelectuales y artistas, han visto con buenos ojos la campaña “¡Basta de sangre!”, encabezada por el caricaturista Eduardo del Río (Rius) y el periodista Julio Scherer, que protesta contra la violencia en el país, y que evidencia el sesgo cada vez más grande, entre la verdad “oficial” y la que la mayoría de nosotros percibimos.
Se ha mencionado que la crónica desigualdad social auspiciada por la adopción de un modelo económico totalmente inadecuado, y la plutocracia instalada en el Poder Ejecutivo, son algunos de los principales factores de descomposición del tejido social y del fortalecimiento del Estado paralelo. Y en ese sentido, el uso de la fuerza pública para combatir tan solo los efectos de estos factores, no ha servido ni como paliativo; muy por el contrario, ha generado “daños colaterales” que solo han contribuido a agravar la situación.
En consecuencia, esta situación demanda un compromiso serio, principalmente de parte de los titulares de las Secretarías que integran el gabinete de seguridad de nuestro país. Resulta indispensable dejar de lado la política de simulación, encubrimiento, y de parapeto mediático.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Comisión Permanente el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se cite a comparecer a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Gobernación ante esta soberanía, con el propósito de que expongan el panorama real en materia de seguridad pública.
Dado en el salón legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2011.
Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la Conagua y a la Profepa a adoptar medidas y enviar a esta soberanía informes relativos a la contaminación de los ríos en Oaxaca, suscrita por el senador Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo Parlamentario de Convergencia
El suscrito, Ericel Gómez Nucamendi, senador del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a adoptar diversas medidas y enviar informes a esta soberanía en relación con el problema de contaminación de los ríos en Oaxaca, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El uso adecuado y racional de los recursos naturales es un aspecto crucial en el desarrollo económico y social. Por el contrario, la contaminación del ambiente y la sobreexplotación de dichos recursos, además de dañar los ecosistemas, impiden que se potencien las capacidades productivas, se genere bienestar social y oportunidades de progreso para las personas y las comunidades.
De acuerdo con lo anterior, es imprescindible asegurar un desarrollo sustentable, capaz de conciliar los aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales. Para satisfacer las necesidades humanas básicas de la población, es preciso un ambiente saludable.
La contaminación de los mares, ríos y lagos representa una parte considerable del deterioro ambiental, que agudiza distintos problemas, desde el relativo a la insuficiencia en el abasto de agua y el rezago socioeconómico hasta la generación de graves riesgos para la salud de la población.
Una realidad lamentable en el territorio nacional es la gran cantidad de ríos convertidos en sucias cloacas, cargadas de productos químicos, espumas y toda clase de contaminantes. También es común que las empresas inunden las aguas de los ríos con desechos tóxicos. Oaxaca no es ajena a esa situación.
De acuerdo con el Instituto de Naturaleza y Sociedad en Oaxaca (INSO), la mayoría de los ríos del estado tiene un alto grado de contaminación; entre los más afectados figuran el Papaloapan, Atoyac, Salado y Los Perros, en la región del istmo.
Son tres tipos básicos de desechos que se vierten en los ríos: primero, los industriales. Al respecto, el Papaloapan sufre problemas muy serios. Los segundos serían los desechos humanos y jabonosos que se vierten en los cauces, lo cual causa problemas de salud a los habitantes, como el que se encuentra en los ríos Atoyac y Salado. Y el último, los residuos agrícolas que contienen pesticidas y fertilizantes agroindustriales, como es el caso observado en Los Perros, en la región istmeña (entrevista con Juan José Consejo, director del INSO para el diario Despertar de Oaxaca, 6 de diciembre de 2009).
Un caso significativo es del río Salado que, en opinión de algunos especialistas, se ha convertido en uno de los más contaminados del país, ante la indiferencia y la falta de actuación de las autoridades.
La contaminación en este caso ha sido constatada por los integrantes del Consejo de Cuenca de la Costa de Oaxaca, organismo creado por mandato de la Ley de Aguas Nacionales, que sirve como instancia de coordinación entre los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, los usuarios del agua y organizaciones no gubernamentales.
Como muestra de la gravedad del asunto, baste mencionar que durante un recorrido de supervisión que realizara el mencionado Consejo de Cuenca, en el paraje Zompantle, a 10 kilómetros de Mitla, en los límites con San Lorenzo Albarradas, se encontró un basurero en plenas márgenes del río.
Por otro lado, integrantes del organismo dieron cuenta de que la planta tratadora de aguas negras de Mitla, inaugurada en 2007, nunca funcionó, por lo cual como llegan las aguas residuales se vierten al mismo río. Constataron también el grave deterioro de la presa de Xaaga.
Para enfrentar el grave problema de contaminación, en especial el que deriva de la descarga de aguas residuales y la utilización de cauces de arroyos y ríos como depósitos de basura, el grupo de seguimiento y evaluación del Consejo de Cuenca de la Costa de Oaxaca implantó el Programa de Rescate y Manejo de las Cuencas del Río Salado.
De igual forma, se integró un comité de cuenca, especialmente para el río Salado, entre cuyas primeras observaciones se señaló la erosión presente en las partes altas de las microcuencas como consecuencia del uso inadecuado de sistemas de explotación forestal y agropecuarias, infraestructura ociosa de plantas de tratamiento, obras inconclusas y plantas que no operan.
Se detectó que hay insuficiente o deteriorada infraestructura hidroagrícola; deficiente uso del agua en los diferentes usos; abatimiento del nivel freático en acuíferos; alta incidencia de enfermedades gastrointestinales asociadas con el consumo de agua; y crecimiento desordenado de los centros de población e invasión de zonas federales, así como insuficiente cultura ambiental de la población.
Entre otras acciones para el saneamiento del río Salado, el comité ha informado de la construcción del colector de Santa Cruz Amilpas, margen derecha del río; la construcción del colector El Rosario, margen izquierda; la interconexión del cruce Jalatlaco y la construcción de obras complementarias en la cuenca del río.
No obstante las acciones descritas, en el caso del río Salado, como en otros de Oaxaca, el deterioro y la contaminación, la deforestación, el uso incontrolado de plaguicidas y la actuación irresponsable de ciertas empresas, nacionales o transnacionales, han rebasado por mucho a las autoridades locales y a las federales, si se toma en cuenta la trascendencia del problema.
Consideramos que no debe por ningún motivo ponerse en riesgo la salud de la población. De igual forma, en virtud de la grave situación de atraso y de marginación que enfrenta el estado, no debemos permitir que se afecten las actividades que generan empleos, como la agricultura, la pesca, y la producción industrial y de servicios ni, mucho menos, que se destruyan los recursos naturales.
En tal virtud, es preciso contar con un diagnóstico de la calidad del agua en los ríos de la entidad, evaluar la magnitud de la contaminación y tomar medidas urgentes al respecto. Es necesario revisar la regulación existente y vigilar el cumplimiento de las normas por todos los actores involucrados.
La Semarnat, de conformidad con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, tiene a su cargo la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico en el territorio nacional, así como la regulación y el control de las actividades consideradas sumamente riesgosas. Asimismo, tiene entre sus atribuciones la regulación del aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación de las aguas nacionales (artículo 5 fracciones III y XI). Tiene también bajo su responsabilidad realizar la evaluación del impacto ambiental y establecer las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico (artículo 28). Algunas de esas atribuciones se ejercen a través de la Conagua.
De manera específica, a la Conagua corresponde promover en el ámbito nacional el uso eficiente del agua y su conservación en todas las fases del ciclo hidrológico, e impulsar el desarrollo de una cultura del agua que considere el elemento como recurso vital, escaso y de alto valor económico, social y ambiental, y que contribuya a lograr la gestión integrada de los recursos hídricos. Así lo establece la fracción XXVI del artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales.
La Profepa se encarga de cuidar que no se contaminen los ríos, las lagunas, los esteros, los lagos, las playas y los mares con los desechos municipales e industriales.
Todas esas atribuciones deben ser asumidas de manera íntegra.
Detener la contaminación del agua, preservar los recursos naturales y asegurar un desarrollo sustentable para el estado son asuntos de carácter prioritario, que nos atañen a todos, comunidades, gobierno, congreso, empresarios y sociedad civil.
Sin embargo, quienes formamos parte de las instituciones públicas tenemos un mandato que es un compromiso mayor, por el cual habremos de responder ante la sociedad oaxaqueña, por el bien de ésta y el de las futuras generaciones.
Por lo expuesto, se someten a consideración de esta asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que remita a esta soberanía un informe sobre las actividades por realizar en Oaxaca para promover el aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación de las aguas de los ríos y evitar que se dañen los ecosistemas.
Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a determinar la calidad del agua y, en su caso, atender el problema de contaminación de los ríos en Oaxaca.
Tercero. Se solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que remita a esta soberanía un informe sobre el estado que guardan las denuncias presentadas por la contaminación de los ríos de Oaxaca.
Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2011.
Senador Ericel Gómez Nucamendi (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a los acontecimientos ocurridos en Arizona el pasado 8 de enero, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, lamenta profundamente y condena de manera enérgica los hechos criminales acontecidos el pasado 8 de enero en Tucson, Arizona, como resultado de los cuales fue asesinado el juez federal, John M. Roll junto con otras seis personas y resultó gravemente herida la representante del Partido Demócrata, Gabrielle Giffords y otros 18 ciudadanos norteamericanos.
Los diputados federales y los senadores del PRI, expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas y hacemos votos para la pronta y total recuperación de la congresista Gabrielle Giffords y los otros heridos en este lamentable suceso.
Jamás, en el debate de las ideas y de las propuestas políticas, la violencia será el mecanismo para lograr lo que la capacidad de convencimiento y la construcción de consensos sea incapaz de lograr.
Es cierto que el mundo en su conjunto vive severas presiones económicas que llevan al análisis y debate de los fenómenos migratorios, llegando a un punto en el cual las posiciones se radicalizan de manera preocupante, pero ello no justifica actos criminales dirigidos a quienes se esfuerzan de manera destacada en la defensa y promoción de los derechos sociales y humanos.
Nuestro grupo parlamentario ha dado particular seguimiento a los planteamientos que en materia de política migratoria se han realizado en los últimos meses en Estados Unidos de América y es por ello que destacamos la labor de la congresista Gabrielle Giffords a favor de las libertades y derechos sociales y en especial su alta sensibilidad para con el tema de las minorías y los fenómenos migratorios.
Ciertamente su conocimiento y sensibilidad no son ajenos a su estancia académica de varios años en el estado de Chihuahua y de su amplio conocimiento de América Latina.
En consecuencia, acudimos ante esta soberanía para presentar la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión:
I. Expresa al gobierno de Estados Unidos de América, a la Cámara de Representantes y al Poder Judicial de aquella nación, sus más profundas condolencias y solidaridad con las familias de las víctimas del ataque ocurrido en el estado de Arizona el pasado 8 de enero;
II. Lamenta el fallecimiento del juez federal John Roll y otros seis ciudadanos estadounidenses;
III. Manifiesta su más amplia solidaridad y reconocimiento a la representante Gabrielle Giffords, por su labor legislativa y trabajo para con las minorías y migrantes, deseándole una pronta recuperación;
IV. Expresa su más profunda preocupación ante el incremento de actitudes violentas, racistas y xenófobas que afectan los esfuerzos por lograr avances sustanciales en la atención de la agenda binacional entre México y Estados Unidos, particularmente el fenómeno migratorio y que han comenzado a manifestarse de forma violenta en contra de legisladores, funcionarios y ciudadanos estadounidenses que han reconocido las preocupaciones mexicanas sobre el tema.
V. Exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a intensificar los esfuerzos con el gobierno de Estados Unidos a efecto de lograr una mayor comprensión del fenómeno migratorio en la sociedad norteamericana, desde una perspectiva amplia y equilibrada que considere adecuadamente la diversa y compleja realidad económica, social y cultural que la origina, procurando reducir y atemperar las actitudes y visiones racistas, xenófobas e intolerantes de grupos extremistas que dificultan la posibilidad de una solución amplia, comprensiva e integral sobre el tema.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2011.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la gobernadora y al Congreso de Yucatán a reconsiderar el alza de 50 por ciento del impuesto al hospedaje y de 25 del de nóminas aprobada en diciembre pasado a propuesta de la administración estatal, a cargo de la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita Rosa Adriana Díaz Lizama, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco y al Congreso de esa entidad federativa a reconsiderar el alza de 50 por ciento al impuesto al hospedaje y de 25 por ciento al impuesto de nóminas, aprobados el pasado mes de diciembre en Yucatán a propuesta del gobierno del estado, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En uso de sus atribuciones constitucionales, la gobernadora de la entidad, Ivonne Ortega Pacheco, envió al Congreso del estado las Iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos de la entidad para el año 2011; en la Ley de Ingresos propuso un alza a diversos gravámenes locales, específicamente los impuestos locales de hospedaje y de nóminas, el primero de los cuales se elevaría en 50 por ciento, pasando de una tasa de 2 al 3 por ciento general, en tanto que el segundo se incrementaría en 25 por ciento, pasando de una tasa de 2 al 2.5 por ciento.
La actitud de la gobernadora contrasta con el paquete económico 2011 del gobierno federal, en el cual, como recordarán los diputados y senadores, no se propuso incremento alguno en las tasas de los impuestos federales, a pesar de que todos coinciden en la necesidad de obtener recursos adicionales para cubrir programas sociales prioritarios e impulsar el desarrollo del país con el sólido cimiento de tener un esquema de finanzas públicas sanas.
Sabemos bien que este Congreso ha asumido en los últimos años un alto sentido de responsabilidad en materia fiscal, y el propio Ejecutivo sabe que no es posible que transiten en las Cámaras alzas desmedidas de impuestos, sobre todo, aquellos que afectan la situación del país y sus regiones en materia de empleo o que pongan en riesgo la operación de la planta productiva.
Sin embargo, no vemos ese mismo grado de responsabilidad en las decisiones tomadas, ni por la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, ni por la mayoría priísta del Congreso del estado, al haber aprobado las alzas anteriormente apuntadas adoptando un afán claramente recaudatorio y sin importar las exigencias y reclamos que distintos sectores de la sociedad yucateca elevaron al respecto.
Fueron ignorados en todo momento los reclamos de organismos como el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, la Confederación Patronal de la República Mexicana, delegación Yucatán, de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido de Yucatán, así como de diversos prestadores de servicios turísticos al margen del Congreso Empresarial Turístico. Estas voces lo único que pedían era revisar la aplicación del impuesto y que el gobierno trabajara mejor en la ampliación de la base de contribuyentes, sin elevar la carga a los causantes que siempre contribuyen puntualmente y que lejos de ser premiados por su pago, se les aumentan desproporcionadamente las obligaciones fiscales.
Y por si fuera poco, en Yucatán también se elevaron de dos a tres veces las multas y sanciones contenidas en el reglamento de tránsito, las sanciones a los propietarios de lotes baldíos y otras infracciones a reglamentos municipales. La única buena noticia fue la eliminación parcial de la tenencia vehicular, a la cual se opuso siempre la mayoría priísta y que se hizo realidad merced a la exigencia ciudadana y la insistencia de los diputados locales del Partido Acción Nacional.
Por lo anteriormente descrito, los legisladores federales del Partido Acción Nacional nos pronunciamos en contra de las determinaciones tomadas en el estado de Yucatán en las últimas semanas, que elevan injustificadamente diversas cargas fiscales en aquella entidad.
Estamos seguros que este exhorto será respaldado por todos los grupos parlamentarios, porque fue justamente al inicio de la presente legislatura cuando diputados federales del PRI expresaron con la voz en alto la inviabilidad de elevar impuestos en tiempos de crisis, porque lo que se debería hacer para responder a una situación difícil era ofrecer reducciones impositivas e incentivos. Si eso era entonces, con mayor razón se debe revalorar el alza de impuestos en Yucatán que eleva en 25 por ciento la carga a los empleadores creadores de nuevas fuentes de trabajo empleos, que suma un alza de 50 por ciento del impuesto local al ajuste inflacionario de los prestadores de servicios turísticos, que encarecerá el costo del hospedaje o reducirá los márgenes de operación de los hoteleros locales y por tanto el mantenimiento y la reinversión en mejores instalaciones que reducirá la competitividad de la industria turística en Yucatán.
Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco y al honorable Congreso del estado a reconsiderar el alza aprobada de 50 por ciento al impuesto al hospedaje y de 25 por ciento al impuesto de nóminas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2011.
Diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, en Acapulco, Guerrero, a cargo de la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada federal a LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 28 de abril se aprobó en asamblea la construcción de la hidroeléctrica La Parota, que impulsa la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el voto de 1.200 asistentes registrados tras una malla ciclónica y con el resguardo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, negando el acceso a dicha reunión a los opositores del proyecto.
Alrededor de la construcción de la hidroeléctrica ha habido un fuerte bloqueo de la información por parte de las autoridades, acompañado de una ola de represión que ya ha dejado 6 miembros del Cecop asesinados, encarcelamientos y desapariciones forzadas, delitos de lesa humanidad, por parte del Estado y de la CFE, violando los derechos humanos de los comuneros indígenas, además de la autonomía de los núcleos ejidales (artículo 27 constitucional), la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Salud, entre las principales.
Con todo esto La Parota es calificado por la CFE como “una alternativa viable para contribuir a la satisfacción de la demanda de energía eléctrica en el área Central del país”, y estaría ubicado en la cuenca del río Papagayo a 350 kilómetros al sur de la Ciudad de México y a menos de 50 kilómetros del puerto de Acapulco.
La altura de la cortina que represaría el río sería de 162 metros de altura y se uniría a las más de 45 mil represas que se han construido en todo el mundo, según el Informe de la Comisión Mundial de Represas del año 2000, y que han represando más del 60 por ciento de los ríos del planeta. Sus 765 Megavatios de potencia instalable nuevamente se centran en el modelo de desarrollo neoliberal, en el marco del Plan Puebla-Panamá y con el objetivo de proporcionar energía a las maquiladoras, los grandes centros turísticos, a las ciudades y la industria de extracción, entre otras, pero no para el desarrollo y las necesidades de los pueblos.
Los megaproyectos hidroeléctricos pretenden también abastecer la energía eléctrica del sur de los Estados Unidos y unirse a la red eléctrica nacional y centroamericana.
No hay que olvidar que la construcción de represas en el mundo provocó que durante el siglo XX el 50 por ciento de los humedales en el mundo se hayan extinguido, y que al menos el 20 por ciento de los peces están en peligro de extinción. Para la Red Internacional de Ríos hasta el año 2003 se han construido 47 mil grandes represas en todo el mundo y más de 800 mil pequeñas represas. A nivel mundial, el 67 por ciento del agua es usado por la agricultura, sector que más desperdicia el líquido; y el 19 por ciento lo ocupa la industria altamente contaminante.
En el caso específico de la energía que producen las grandes represas, el 36 por ciento han sido construidas para la irrigación; el 20 por ciento para generar energía; el 17 por ciento para abastecimiento de agua; el 12 por ciento para controlar las inundaciones; el 9 por ciento para la recreación y el 6 por ciento para otros usos.
La Parota significará un grave deterioro ambiental con la deforestación además de acelerar la desaparición de los mantos freáticos que abastecen de agua al Puerto de Acapulco. Por ello los pobladores manifestaron que “defenderemos nuestras tierras porque es nuestro patrimonio y no lo entregaremos a la Comisión Federal de Electricidad”.
La CFE oculta información y evita la consulta con la población que será afectada y quienes aseguran que los estudios de impacto ambiental elaborados por la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) parten de parámetros sesgados para hacer el estudio. Con la crisis del campo, con el crecimiento de la población, ¿a dónde irán más de 20 mil personas? ¿A los Estados Unidos?
En ese sentido la opinión internacional ha sido contundente de oposición a dicho proyecto, el Cecop presentó el caso en el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) el 17 de marzo de 2006. Éste falló a favor de la cancelación de la construcción del proyecto de La Parota, debido a que “el costo en materia social y ambiental es muy alto” por lo que exhortó a los gobiernos federales, estatales y municipales que reparen los daños por las violaciones a los derechos humanos.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Amerigó Incalcaterra, antes de su expulsión del país, después de haberse reunido con ambas partes del conflicto, también se pronunció ante el desacato del gobierno estatal y la CFE, por seguir con la construcción aún cuando el poder judicial ya había fallado en su contra.
También el relator sobre la situación de derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, de la Organización de las Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, confirmó los abusos y violaciones contra campesinos. Lo mismo ha hecho el relator especial sobre una vivienda adecuada, centrando su preocupación en los derechos económicos, sociales y culturales violados. Y ambos dijeron al gobierno que era necesario suspender el proyecto.
Ante esto el Estado mexicano debiera cancelar dicho proyecto que va en contra de la determinación de los pueblos de defender sus recursos naturales, y no ignorar la opinión internacional como la ignoro en el caso de San Salvador Atenco, dejando a nuestro país como un Estado Fallido en Materia de Derechos Humanos, es por ello que se lleva a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con total respeto a la división de poderes, exhorta al titular de la CFE Luis Luege Tamargo, con base en la oposición de los pobladores de La Parota y las recomendaciones internacionales en contra de dicho proyecto, a dar por concluido el proyecto de construcción de la presa hidroeléctrica La Parota.
Segundo: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con total respeto a la división de poderes, exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, José Francisco Blake Mora, a atender a una comisión opositora al proyecto La Parota, en el municipio de Acapulco, estado de Guerrero.
Diputada Florentina Rosario Morales (rubrica)
Con punto de acuerdo, relativo al incremento del precio de los energéticos, de los productos de la canasta básica y de los servicios básicos, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT
Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, en torno al incremento del diesel y otros energéticos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Al momento de estar redactando estas líneas los incrementos en los energéticos como la gasolina, el gas y el diesel, está aparejado con el alza en los precios de los bienes y servicios básicos que millones de mexicanos consumen a diario.
Justamente el 10 de enero de este naciente 2011, casi medio millón de transportistas bloquearon algunas de las principales arterias vehiculares de la Ciudad de México, lo que provocó un paro respiratorio vial en la capital del país, y otras zonas del país también corrieron con la misma suerte. Este acto de protesta no es más que la clara muestra del repudio social a la política energética seguida por el gobierno federal, incluso los transportistas enviaron unidades a la residencia oficial de Los Pinos, y a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones y Transportes.
El asunto no es menor, pues no sólo se lesiona a los transportistas sino también a los pequeños y medianos empresarios y agricultores, quienes tienen que mover sus productos usando diesel. Anteriormente el costo por litro de este energético oscilaba los 6 pesos, actualmente ya alcanza casi los 10 pesos, sin considerar que cada mes aumentará su costo.
Esta embestida antipopular de incrementar los energéticos se inició en diciembre de 2009, cuando los círculos oficiales dijeron que ya no era viable el subsidio a éstos porque “la crisis ya había terminado” y si mantenían congelados los precios de los energéticos iría en contra de la regla del libre mercado del “dejar hacer dejar pasar”.
Han argumentado, además, que la gasolina en el país es mucho más barata que en Estados Unidos de América. Lo cual es un argumento tramposo y truculento, veamos por qué:
De diciembre de 2009 a diciembre de 2010 se dieron 12 deslizamientos mensuales para la gasolina premium, la magna y el diesel. La gasolina premium pasó de 9.57 a 10.10 pesos por litro, la gasolina magna de 7.77 a 8.76 pesos por litro, mientras que el diesel de 8.16 a 9.12 pesos por litro. 1
Con estos incrementos la relación de precios entre México y Estados Unidos en materia de gasolinas y diesel sería, con datos de diciembre de 2010, la siguiente: premium es la única que cuesta lo mismo en ambos países, en los otros dos productos hay diferencias que varían en función de los deslizamientos.
Pero el detalle está en que no se puede comparar de tajo las circunstancias entre ambos países. Baste decir que aquí el salario mínimo que puede percibir al día una persona es de entre 56 y 59 pesos, según el área geográfica. Mientras que en Estados Unidos de América el salario mínimo es de 7.25 dólares por hora, si se consideran 8 horas de trabajo al día, se trata de 59.2 dólares diarios.
Es decir, en México el trabajo es escaso, el salario mal pagado y además éste ha perdido poder adquisitivo. Mientras que en EUA el poder adquisitivo de un trabajador es mayor que el de un mexicano, teniendo más capacidad para adquirir los energéticos.
Hay quienes dicen que los aumentos son mínimos, sin embargo, hemos visto incrementarse de manera sustanciosa productos de la canasta básica, la luz y los combustibles. Todo ello en su conjunto es una dura carga que se dejará sentir con crudeza también en los hogares. Las amas de casa vivirán momentos angustiantes, ya que con el poco ingreso familiar no podrán hacer frente al aumento durante los próximos meses.
Haciendo un comparativo de los precios, a manera de ejemplificar las alzas, en el caso del diesel supongamos que tenemos un tanque de 50 galones (equivalente a 189.2 litros) y el precio de este energético en 2009 fue de 7.33 pesos por litro, por lo tanto se requería de mil 387.2 pesos para llenarlo, pero ahora en 2011 el precio del diesel es de 9.20 pesos por litro, por lo que para llenar el mismo tanque se requiere la cantidad de mil 740.64 pesos, una diferencia de casi 400 pesos.
Por lo anterior, proponemos la intervención del Congreso General ante las instancias competentes para lograr las siguientes medidas económicas de emergencia:
1. Congelamiento de la tarifa de combustibles, así como de los productos que integran la canasta básica;
2. Aumento salarial de emergencia para compensar los incrementos de inicio de año, más los que se registrarán a lo largo del 2011;
3. Que se otorgue un subsidio a pequeños y medianos productores agrícolas;
4. Que se convoque urgentemente a un periodo extraordinario del Congreso General para tratar el tema del aumento de los energéticos, de los productos de la canasta básica, así como en los servicios básicos.
Por otro lado, quisiera no dejar pasar otro tema que se está descuidando y, precisamente, está en función de los incrementos de los energéticos es el que tiene que ver con la refinería “bicentenario” de Tula, Hidalgo.
Se ha repetido hasta el cansancio que nuestra economía se encuentra petrolizada, que 1 de cada 3 pesos de las finanzas públicas proviene del petróleo. Este régimen fiscal arbitrario que se le impuso a la paraestatal no sólo ha privado a Pemex de recursos propios que bien le podrían servir para su modernización, sino que también nos ha llevado a ser cada vez más vulnerables a los embates de los volátiles precios del crudo a nivel internacional.
Felipe Calderón anunció con bombo y platillo la construcción de una refinería en Tula, Hidalgo, que incluso se le denominó en los círculos oficiales como “refinería bicentenario” porque se argumentó que estaría en el 2010 para conmemorar los 200 años de la Independencia y los 100 años de la Revolución.
Ahora nos enteramos que eso no fue más que una tomada de pelo y una farsa, pues los retrasos de la obra no se han hecho esperar y han estado a la orden del día; en el Cuarto Informe de Gobierno la administración federal decía que estaría lista en 2015.
Sin embargo, a través de un informe de Pemex nos enteramos que la primera licitación para construirla se emitirá el primer trimestre de 2012, y entrará en operación en 2016, puesto que el proyecto está en la fase de planeación, en la que su prioridad reside en garantizar que los propósitos comerciales y de negocio de la nueva refinería se traduzcan, en el medio plazo, en rentabilidad. (Excélsior 11-enero- 2011).
Si insistimos en el tema de la refinería es porque urge que el país sea autosuficiente en la producción de energéticos con mayor valor agregado, como la gasolina y el diesel, y no meramente un exportador de crudo.
Por ende el secretario de Energía y el director general de Pemex deben dar una explicación detallada del estado que guarda la construcción de la refinería bicentenario en Tula, Hidalgo, a su vez deben explicar con lujo de detalle el porqué de los retrasos de esta obra.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea con carácter de urgente y obvia resolución los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Que esta soberanía exhorte al Ejecutivo federal para que congele la tarifa de combustibles, así como de los productos que integran la canasta básica.
Segundo. Que esta soberanía exhorte al Ejecutivo federal para que decrete un aumento salarial de emergencia, para compensar los incrementos de inicio de año, más los que se registrarán a lo largo del 2011.
Tercero. Que esta soberanía exhorte al Ejecutivo federal a que otorgue un subsidio a pequeños y medianos productores agrícolas.
Cuarto. Que esta soberanía convoque urgentemente a un periodo extraordinario de Congreso General, para tratar el tema del aumento a los energéticos y a los productos de la canasta básica, así como en los servicios básicos.
Notas
1. Ver http://www.laexplosiva.com/principal/index.php/2011/01/estimacion-de-pr ecios-de-gasolinas-y-diesel-en-mexico-para-2011/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero del 2011.
Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a destinar los recursos necesarios para llevar a cabo un programa urgente de saneamiento de la bahía de Acapulco y apoyar la ampliación del maxitúnel de la Autopista del Sol, a cargo del senador Fernando Jorge Castro Trenti y suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, Fernando Castro Trenti, María del Socoro García Quiroz, Adolfo Toledo Infanzón, Renán Cleominio Zoreda Novelo y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos al pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Exposición de Motivos
Acapulco es una de las playas más cercanas a la capital del país, lo que la convierte en uno de los atractivos turísticos más importantes de México. Es innegable que en los últimos años la bahía de Acapulco es visitada por cantidades exorbitantes de turistas, tanto nacionales como internacionales. Este importante destino turístico cuenta con innumerables hoteles ubicados a las orillas de la bahía, generando contaminación. El lanzamiento de aguas residuales o negras a la bahía de Acapulco representa un grave riesgo para la salud y la industria turística del país, por mermar la calidad de las mismas generando descontento entre turistas y residentes.
Es de suma importancia darle una verdadera sustentabilidad a la actividad turística del puerto de Acapulco, pues de esta actividad depende la mayoría de la sociedad acapulqueña y de seguir así, acabaremos con tan importante recurso del que dependen tantas familias.
La experiencia de los países desarrollados nos habla del gran esfuerzo económico que se requiere para lograr preservar la calidad del agua que utilizamos. El reto es mayor para nosotros, enfrentados al dilema del desarrollo y de la preservación del medio ambiente con escasos recursos. La situación no es difícil de entender; las soluciones, sí. Nos enfrentamos a una situación con recursos económicos limitados y con restricciones técnicas, sociales y políticas. Es una situación muy conocida y estudiada por la investigación y sabemos que la solución consiste en infraestructura óptima para hacerle frente a este problema.
Así pues, resultan necesarios recursos federales para la puesta en marcha de un programa emergente para el saneamiento de la bahía de Acapulco y así como una detección oportuna para evitar las descargas clandestinas de residuos hacia la bahía.
Otro de los problemas derivados del creciente flujo de turistas, sobre todo nacionales, así como del constante crecimiento poblacional de la ciudad de Acapulco, es el intenso tránsito que residentes y turistas generan. Este problema si bien ha sido atendido por autoridades locales, también necesita de la oportuna intervención del gobierno federal.
Cada periodo vacacional, ya sea corto o largo, miles de turistas provenientes de diferentes estados de la república y en especial del Distrito Federal, abarrotan las calles de la ciudad con sus automóviles haciendo imposible un eficiente flujo vial, haciendo que los traslados a los diferentes atractivos turísticos sean largos y fastidiosos, tanto para los automovilistas residentes, como para los turistas. Esto no sólo genera tedio y fastidio entre los usuarios de las vialidades, sino que también se traduce en una deficiencia clara para los servicios de salud y de seguridad, puesto que dificulta el tránsito para unidades como ambulancias, seguridad pública estatal y municipal, protección civil, etcétera. Servicios que son aún más necesarios durante la temporada alta.
El Maxitunel de Acapulco fue inaugurado en 1996 siendo el más largo de América Latina. Su trayecto es desde la glorieta de las Cruces a Farallón y calle Rancho Acapulco. El túnel interurbano tiene una longitud de 2953 metros por una altura de 09,60 metros y un ancho de 13,60 metros. Conecta con la autopista del Sol, reduciendo el tiempo de viaje entre Acapulco y la Ciudad de México 25 minutos.
El túnel libera y desfoga el acceso al puerto de Acapulco. Con esta obra se busca relanzar al puerto, regresándolo al estatus de ser uno de los destinos turísticos nacionales e internacionales más importantes del país. Además, este túnel puede liberar el tráfico, que en horas pico altera la vida del puerto, causa accidentes fatales e inhibe la vida turística.
Dada la importancia y magnitud de esta obra y que el costo excede las capacidades del municipio, resulta necesario la participación del gobierno federal, mediante la liberación de los recursos necesarios que permitan la ampliación del túnel, no sólo por los beneficios a los residentes, sino también el beneficio que traerá a la industria turística de la ciudad.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta soberanía sea aprobado de urgente resolución los siguientes
Acuerdos
Primero. Se exhorta al gobierno federal a destinar los recursos necesarios para llevar a cabo un programa de saneamiento de la bahía de Acapulco y así evitar que aguas residuales sean lanzadas a la bahía sin el tratamiento adecuado, así como para detectar de manera oportuna descargas clandestinas de las mismas.
Segundo. Se exhorta al gobierno federal a destinar recursos económicos para apoyar la ampliación del Maxi Túnel de la Autopista del Sol, para mejorar la circulación hacia y desde el centro, aumentando la afluencia de turistas y mejorando la calidad vial del puerto de Acapulco.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2011.
Senadores. Fernando Castro Trenti, María del Socoro García Quiroz, Adolfo Toledo Infanzón, Renán Cleominio Zoreda Novelo, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbricas)
Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena enérgicamente el lamentable incidente acaecido el 8 de enero en Tucson, Arizona, Estados Unidos de América, en el cual 19 personas fueron alcanzadas por disparos y 6 fallecieron, entre ellas el juez federal John M. Roll; expresa condolencias a los familiares de las víctimas, y al Congreso y al pueblo estadounidenses; y desea la pronta recuperación de los heridos y de la congresista Gabrielle Giffords, a cargo del senador Luis Alberto Villarreal García y suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PAN
Luis Alberto Villarreal García, Jaime Rafael Díaz Ochoa y Lázara Nelly González Aguilar, senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena enérgicamente el lamentable incidente acaecido el 8 de enero en Tucson, Arizona, Estados Unidos, en el cual 19 personas fueron alcanzadas por disparos y 6 fallecieron, entre ellas el juez federal John M. Roll; expresa condolencias a los familiares de las víctimas, y al Congreso y al pueblo estadounidenses; y desea la pronta recuperación de los heridos y de la congresista Gabrielle Giffords, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
El 8 de enero, en Tucson, Arizona, Estados Unidos, poco después de las 10:00 horas locales, en el marco del acto público denominado El Congreso en tu esquina se suscitó un tiroteo, en el cual 19 personas fueron heridas y 6 perdieron la vida.
Entre los fallecidos se encuentran una niña de 9 años y el juez federal John Roll. En el lamentable incidente resultó herida la congresista Gabrielle Giffords.
El mismo 8 de enero, el presidente y el vicepresidente de Estados Unidos, Barack Obama y Joe Biden, condenaron los hechos y los calificaron como una tragedia para Arizona y el país. Señalaron que hasta ese momento se desconocía la motivación de los tiros. Afirmaron que no hay justificación ni razones para un acto de violencia sin sentido y atroz.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión reafirma el compromiso del Poder Legislativo mexicano de combatir la intolerancia y los actos de violencia en todas sus formas y manifestaciones, independientemente del lugar en que se produzcan y de quién los cometa.
Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena enérgicamente el lamentable incidente acaecido el 8 de enero en Tucson, Arizona, Estados Unidos, en el cual 19 personas fueron alcanzadas por disparos y 6 fallecieron, entre ellas el juez federal John M. Roll; expresa condolencias a los familiares de las víctimas, y al Congreso y al pueblo estadounidenses; y desea la pronta recuperación de los heridos y de la congresista Gabrielle Giffords.
Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2011.
Senadores: Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Jaime Rafael Díaz Ochoa, Lázara Nelly González Aguilar.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a liberar, en apoyo de las policías estatal y municipales de Guerrero, los recursos extraordinarios requeridos a fin de aumentar sustancialmente las prestaciones y los sueldos del personal, modernizar el equipamiento con que cuenta y capacitarlo adecuadamente para que pueda enfrentar el crimen organizado, a cargo de la senadora María del Socorro García Quiroz y suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, Fernando Castro Trenti, María del Socoro García Quiroz, Adolfo Toledo Infanzón, Renán Cleominio Zoreda Novelo y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, integrantes de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten al pleno de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La inseguridad en el estado de Guerrero es crítica y se encuentra en una situación de emergencia. La violencia es incontenible, las ejecuciones por ajustes de cuentas del crimen organizado están a la orden del día. Tan sólo durante el fin de semana pasado se contabilizan 29 homicidios relacionados con el crimen organizado en la entidad.
Los delincuentes sin hacer distingo alguno, lo mismo ejecutan a policías municipales que estatales, a jefes policíacos, funcionarios públicos y civiles.
La mayoría de los ataques y crímenes se dan en contra de policías de todos los rangos y resulta preocupante que se registren atentados con granadas de fragmentación en contra de módulos de la policía estatal.
La relación de crímenes y ataques violentos es larga y no se ve que las acciones tomadas por los gobiernos municipales se vean reforzadas de manera efectiva por el gobierno federal y, por ende, que se recuperen la tranquilidad y la seguridad en el estado es un objetivo que se ve cada vez más lejos de alcanzar.
En el índice de inseguridad ciudadana y violencia 2010 publicado por México Evalúa se clasificó a los estados en los que existe intensa violencia vinculada con la presencia del crimen organizado, y la consiguiente percepción de inseguridad; Guerrero se sitúa en el octavo sitio entre las entidades más inseguras y violentas del país.
En Guerrero, los homicidios se incrementaron 50 por ciento en un lapso de doce meses, llegando a 45 por cada 100 mil habitantes. Lamentablemente, parece que las tendencias de la violencia en 2010 superaran sus alarmantes precedentes y desafiarán nuestra capacidad de asombro.
De acuerdo con datos del citado índice, durante 2010, en Guerrero hubo 4 mil 100 víctimas por cada 100 mil habitantes; 25.25 homicidios intencionales (sin ejecuciones) por cada 100 mil habitantes; 20.32 ejecuciones por cada 100 mil habitantes; y 2 mil 112 delitos a mano armada por cada 100 mil habitantes.
Actualmente, uno de los factores de mayor incidencia en la cantidad de homicidios intencionales es la presencia del crimen organizado. Hace más de un lustro que la violencia rural (afortunadamente en descenso) asociada con al menos uno de cada cinco homicidios intencionales en el país (el mayor número de homicidios per cápita lo tenían en 2000 Oaxaca, Guerrero y Chiapas), ha sido eclipsada por la violencia de la delincuencia organizada.
Ante esta escalada de la violencia que se vive en Guerrero, el gran esfuerzo realizado por autoridades de los 81 municipios del estado se han visto superadas por el crimen organizado y, lamentablemente, el gobierno federal no ha brindado un apoyo efectivo para revertir esta situación.
El trabajo hecho por los 81 ediles, apoyados mayormente por la heroica intervención ejército mexicano, se ve eclipsado por la falta de capacidad para continuar con las mediadas requeridas para enfrentar y prevenir la criminalidad que se vive en el estado.
La inseguridad es un problema que envenena a la sociedad mexicana y la de Guerrero no es la excepción.
Es bien sabido que desde que el titular del Ejecutivo federal rindió protesta, la lucha frontal contra el crimen organizado ha sido su lema y plataforma política, sin embargo, y a pesar de que hemos sido testigos de la implantación de planes, acciones y estrategias en todos los niveles de gobierno, la ola de violencia causada por el crimen organizado, lejos de aminorar o desaparecer, se ha ido acrecentando de manera alarmante.
Es por esto que resulta imperativo exhortar al gobierno federal a que, en solidaridad con los guerrerenses, brinde el apoyo efectivo que se requiere para hacer frente a la inseguridad que se vive en esta entidad federativa, a través de la liberación de recursos extraordinarios a fin de apoyar a la policía estatal y a las municipales, mejorando el sueldo de estos hombres que arriesgan su vida para proteger al ciudadano común, además de otorgarles mejores herramientas para realizar su importante labor.
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a que, en apoyo a las policías estatal y municipales del estado de Guerrero, libere los recursos extraordinarios necesarios para aumentar sustancialmente las prestaciones y sueldos de los policías, modernizar el equipamiento con el que cuentan y capacitarlos adecuadamente para que puedan hacer frente al crimen organizado.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2011.
Senadores: Fernando Castro Trenti, María del Socoro García Quiroz, Adolfo Toledo Infanzón, Renán Cleominio Zoreda Novelo, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbricas).
Con punto de acuerdo, relativo a la realización de una investigación para conocer el destino de los recursos que Coahuila obtiene por el carbón que se vende a la CFE, suscrita por los diputados Arturo García Portillo y Jesús Ramírez Rangel, del Grupo Parlamentario del PAN
Los suscritos, diputados Arturo García Portillo y Jesús Ramírez Rangel, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita se haga una investigación a fondo para conocer el destino de los recursos que el estado de Coahuila obtiene por el carbón que se vende a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al tenor de las siguientes
Consideraciones
La región carbonífera de Coahuila es sin duda la región carbonífera de México. Ahí se produce la mayoría del carbón de nuestro país, que es utilizado para la generación de energía eléctrica y la industria del acero. Tal como se establece en la Constitución y las leyes secundarias que rigen la minería, el Estado mexicano a través del gobierno federal otorga concesiones mineras a particulares y estos a su vez se encargan de la producción y comercialización del mineral respectivo. Es la Secretaría de Economía, a través de la Coordinación General de Minas, la autoridad responsable de dar seguimiento a las concesiones mineras.
En México existen grandes productores de carbón entre los cuales se encuentran el Grupo Acerero del Norte y el Grupo México, así como los micro, pequeños y medianos productores de carbón. Independientemente del tamaño del productor, todos venden su producto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien compra más de 95% del carbón que se produce en México, generando sin lugar a dudas un monopolio de la compra. Anteriormente todos los productores vendían directamente a la CFE y se generaban condiciones de desigualdad entre ellos mismos y la CFE amparada en la ley se veía obligada a licitar todas y cada una de las compras, dejando a los micro, pequeños y medianos productores en condiciones de desventaja con los grandes productores nacionales y extranjeros.
Para evitar la clara afectación que sufrían los pequeños productores de carbón y después de meses de presión social, en marzo de 2003, mediante un acuerdo entre productores, el gobierno estatal y el gobierno federal, se tomó la decisión de crear la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila, organismo descentralizado del gobierno del estado de Coahuila (Prodemi). El objetivo de esta entidad era que los micro, pequeños y medianos productores vendieran el carbón a CFE a través de este organismo intermedio con la finalidad de evitar las licitaciones y dar mayor orden y certeza a las compras de CFE y las ventas de los productores (se evita la licitación en tanto un contrato entre dos entidades de gobierno). La CFE haría un contrato con la Prodemi por X número de toneladas, por X número de años y los productores surtirían el carbón dependiendo de su capacidad. La Prodemi definía estos montos en acuerdo con la Unión Nacional y la Unión Mexicana de Productores de Carbón, representantes de todos los micro, pequeños y medianos productores. Es importante mencionar que los micro, pequeños y medianos productores de carbón del estado de Coahuila, generan cerca de 30 mil empleos directos e indirectos.
Un problema que quedó pendiente después de la creación de la Prodemi, fue el precio que CFE pagaría por el carbón. Teniendo el monopsonio era complicado que los productores se negarán a cualquier tipo de precio que fijara CFE aun y cuando éste fuera inferior al que se pagaba a los grandes productores nacionales e internacionales. Es decir, se pagaba un precio diferenciado por el mismo producto (valga mencionar que el pago era por toneladas, cuando lo normal en estas transacciones es por unidad de calor o BTU que es la medida útil para la industria eléctrica). Nuevamente se dio una serie de consultas, cabildeo y presión ante el gobierno federal a fin de lograr un mejor precio de pago por parte de CFE. En 2008 y en 2009 el gobierno federal acordó con la intermediación del gobierno estatal, dar dos aumentos al precio del carbón, aumentos nunca antes vistos, lo cual muestra el apoyo de los gobiernos de Acción Nacional a los productores de carbón de Coahuila. En el primer aumento se equiparó el precio de carbón con el que CFE pagaba a los grandes productores y posteriormente se dio un segundo aumento que nos acercaba, aunque lejos, a los productores internacionales. Estos aumentos significarían un gran beneficio para la región carbonífera de Coahuila y se preveía la generación de 3 mil nuevos empleos.
Todo cambió cuando los productores firmaron sus contratos con la Prodemi, después de estos aumentos. Como nunca antes, tendrían que ceder parte importante de sus ingresos, la otrora intermediaria se convertía en socia y patrona. Aunado al pago de impuestos que están obligados a cubrir como cualquier empresa, a los productores de carbón se les recorta hoy un porcentaje por parte de la Prodemi-gobierno del estado, cerca de 265 millones de pesos al año de los cuales no se da explicación alguna sobre el destino y aplicación. Ante esta acusación hecha de manera anónima por parte de los productores, por temor a represalias del gobierno estatal, Javier Villarreal, responsable del Servicio de Administración Tributaria de Estado de Coahuila (SATEC), informa que se utilizó en obras de infraestructura y otros proyectos que se tienen previstos y enfocados a la industria minera. Es decir, el titular del SATEC nos esta diciendo que las únicas obras nuevas que hay en la región carbonífera son gracias a los productores de carbón, porque las obras que detalla son sin duda las únicas que se han llevado a cabo durante el llamado “gobierno de la gente”, obras sobre las que no se informa ni el precio, ni las empresas ni los tiempos de ejecución.
Es fundamental recordar que Javier Villarreal era secretario de Finanzas que orilló y presionó a los productores a firmar estos contratos con amenazas, mismas que hoy hacen que los productores hablen a medios nacionales desde el anonimato. Ahora desde el anonimato dicen que los están obligando a firmar minutas con fechas anteriores para justificar lo dicho por Villarreal, hoy titular de esta nueva entidad que creo el hobierno de Humberto Moreira, que dijo a el periódico El Norte/Reforma que tenía las minutas de los acuerdos con los productores. Villarreal es el estratega financiero de los hermanos Moreira. Además de esto se tiene opacidad en la construcción de puentes y mega plazas, en donde los terrenos se pagan en efectivo y no se reportan los gastos, particularmente esta la gran plaza de Piedras Negras y de Torreón.
La opacidad es hermana de la corrupción y en Coahuila no hay transparencia ni rendición de cuentas. Los productores de carbón claman justicia desde el anonimato por temor a represalias, como las amenazas del SATEC de hacerles auditorías al estilo del viejo PRI, que hoy es lo más nuevo que hay.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente solicita la creación de un grupo de trabajo que se aboque a investigar el destino de los recursos que descuenta la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila, organismo descentralizado del gobierno del estado de Coahuila (Prodemi), en perjuicio de los pequeños productores de carbón del estado de Coahuila.
Segundo. La Comisión Permanente, solicita que se investigue si el descuento que se hace a los productores de carbón del estado de Coahuila se encuentra apegado a derecho.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2011.
Diputados. Arturo García Portillo, Jesús Ramírez Rangel (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por la Sagarpa políticas destinadas a evitar los estragos que pueda provocar en la población más vulnerable el incremento de precios de los alimentos en el mundo y desarrollar la autosuficiencia alimentaria, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito Adolfo Toledo Infanzón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración urgente del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, sustentado en las siguientes
Consideraciones
Las perspectivas en la producción de alimentos en el mundo a corto plazo no son halagüeñas; la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, señala en el documento denominado Perspectivas Alimentarias, Análisis de los mercados mundiales de noviembre del 2010, que con respecto a los cereales
1. Los fenómenos meteorológicos influyeron negativamente en las perspectivas para el suministro mundial de cereales en los primeros meses (julio-octubre) de la campaña comercial 2010/11
2. La producción mundial de cereales de este año, cifrada actualmente en 2 216 millones de toneladas, es 2 por ciento inferior al volumen del año anterior.
3. La mayor parte de la revisión a la baja involucra el trigo y los cereales secundarios, debido a las mermas registradas en la producción de los principales países productores de granos de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y a los rendimientos decepcionantes obtenidos en la UE, el Canadá y los Estados Unidos.
4. También contribuyeron a generar ansiedad en los mercados mundiales algunas medidas políticas, como las restricciones a la exportación, que algunos países adoptaron en respuesta al ajuste de los números relativos a la producción
Ante esto, los precios internacionales aumentaron rápidamente. Como señala el documento, rara vez los mercados mundiales tienen cambios tan repentinos a corto plazo
Esto ha sido motivo de preocupación para la organización que ha convocado a reuniones urgentes para valorar la situación. Como punto de comparación, y utilizando las estadísticas de la propia organización, en diciembre del 2009, el promedio del índice de precios de los cereales, (los cuales contienen 9 variedades diferentes, arroz y maíz de exportación) era de 171.1 dólares por tonelada, en diciembre del 2010 es de 237.6.
Algunos países están desarrollando iniciativas para hacer frente a la crisis alimentaria. Los países del Golfo Pérsico, que son grandes productores del petróleo, han empezado a arrendar y comprar tierras de cultivo en otros países para asegurar sus suministros.
Nuestro país es deficitario en la producción de cereales, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del 2009 al 2010 la importación de cereales se incrementó en 6.7 por ciento, de 2 563 030 miles de dólares a 2 735 944.
Aunque el gobierno federal festina en el cuarto informe de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que en el primer semestre del año, la dependencia alimentaria del extranjero se redujo en 4.9 por ciento con respecto a la observada en el mismo periodo de 2009 y se espera que la meta para el 2010, ubicaría el índice en 8 por ciento, lo cual de acuerdo a los datos del Inegi no sólo no sucedió, sino se incremento la dependencia al exterior.
La estrategia del gobierno de fomentar exportaciones de productos agrícolas caros e importarlos baratos es fallida, porque nuestro país se hizo más vulnerable a la volatilidad de los precios en los mercados mundiales. Se importa 76 por ciento de arroz; 96 de soya, 30 de trigo y 32 por ciento de maíz amarillo.
Es preocupante por qué no se ha analizado con seriedad la problemática mundial y cómo va a afectar a nuestro país, que es importador neto de cereales.
El fomento del autoconsumo es una solución para millones de habitantes vulnerables al incremento indiscriminado de los precios de los alimentos; por ejemplo 45 por ciento de la producción nacional de maíz lo aportaron los campesinos que tienen hasta cinco hectáreas y que están en el rango del autoconsumo.
Además, debemos considerar que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) tuvo un subejercicio del presupuesto de 2010, de cerca de 30 mil millones de pesos, los cuales se pueden destinar para aminorar los efectos del incremento de precios.
Es tiempo para actuar, el peligro es real y las organizaciones internacionales han empezado a implementar políticas. La crisis alimentaria actual puede afectar a millones de habitantes que están en condiciones precarias. Por este conducto propongo el presente punto de acuerdo, para que la Sagarpa implemente políticas para hacer frente a la crisis alimentaria.
En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se implementen políticas públicas destinadas a evitar los estragos que puedan provocar en la población más vulnerable el incremento de precios de los alimentos en el mundo y se desarrolle la autosuficiencia alimentaria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero del 2011.
Senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su preocupación y total rechazo al reciente anuncio que un grupo de legisladores estadounidenses llevó a cabo sobre el inicio de una campaña legislativa contra indocumentados, y a la aprobación de iniciativas que atenten contra los derechos de los migrantes, independientemente de su condición migratoria y su situación jurídica, a cargo del senador Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del PAN
Luis Alberto Villarreal García, senador de la república por el estado de Guanajuato, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa su preocupación y total rechazo al reciente anunció que llevó a cabo un grupo de legisladores estadounidenses sobre el inicio de una campaña legislativa en contra de los migrantes indocumentados, así como a la aprobación de iniciativas que atenten en contra de los derechos de los migrantes, independientemente de su condición migratoria y su situación jurídica, de conformidad con la siguiente:
Exposición de Motivos
Con el inicio de la 112 Legislatura estadounidense, un grupo de legisladores republicanos ha dado a conocer el inicio de una campaña en contra de la inmigración ilegal, misma que atenta en contra de los derechos de los migrantes indocumentados.
Al menos siete estados (Carolina del Sur, Georgia, Mississippi, Nebraska, Oklahoma y Pennsylvania) seguirán la campaña iniciada el año pasado en Arizona para detener la inmigración ilegal. Por otra parte, legisladores de 14 estados (Arizona, Alabama, Delaware, Idaho, Indiana, Michigan, Mississippi, Montana, Nebraska, New Hampshire, Oklahoma, Pennsylvania, Texas y Utah) están uniendo esfuerzos para promover que sus respectivas asambleas o congresos debatan y cancelen el derecho de ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados que nazcan en territorio estadounidense.
Los legisladores republicanos que apoyan esas medidas han declarado que esta cooperación responde al fracaso de Washington en sus esfuerzos por asegurar la frontera con México. El representante Randy Terrill (R-Oklahoma) señaló que: “el gobierno federal ha fracasado absoluta, total y completamente en su responsabilidad de proteger las fronteras de nuestra nación”.
Al respecto, el Consejo Nacional de la Raza (NCLR), la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) y diversas organizaciones a favor de los derechos de los migrantes expresaron su preocupación y rechazo a estas medidas por considerarlas inconstitucionales. Expusieron que ese tipo de iniciativas y acciones no contribuyen a solucionar el problema de los 11 millones de indocumentados que residen en Estados Unidos.
Los legisladores estatales promotores de las iniciativas señalaron que no buscan eliminar la 14 enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que otorga la ciudadanía de manera automática a toda persona nacida en territorio estadounidense, sino que buscan interpretarla de tal forma que cada estado de la federación decida su aplicación.
Por lo expuesto, me permito someter a la presente soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa su preocupación y total rechazo al reciente anunció que llevó a cabo un grupo de legisladores estadounidenses sobre el inicio de una campaña legislativa en contra de los migrantes indocumentados, así como a la aprobación de iniciativas que atenten en contra de los derechos de los migrantes, independientemente de su condición migratoria y su situación jurídica.
Dado en el salón Legisladores de la República, a 12 de enero de 2011.
Senador Luis Alberto Villarreal García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades estatales a coordinarse con los esfuerzos de las federales para proteger a los migrantes que se trasladan por la república, a cargo de la diputada Paz Gutiérrez Cortina, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía propuesta con punto de acuerdo basándose en las siguientes
Consideraciones
1. Que en los últimos meses ha recibido amplia difusión en los medios, tanto a nivel nacional como internacional, el tema relacionado con los inaceptables abusos e injusticias de que han sido víctimas los migrantes que atraviesan nuestro país.
2. En el marco de esta lamentable atención mediática, el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, remarcó, en la coyuntura del Día Internacional de los Migrantes, los abusos a los que se enfrentan los cientos de miles de migrantes que cada año atraviesan el país. En sus declaraciones destaca que todavía deben emprenderse acciones determinantes para garantizar un adecuado nivel de protección a los migrantes.
Amnistía Internacional presentó un informe titulado Víctimas invisibles: Migrantes en movimiento en México, publicado por esa organización el pasado abril. Dicho informe destacó la necesidad de dirigir acciones concretas para garantizar la implementación efectiva de medidas que tiendan a combatir todo tipo de vejaciones, ya sean estas cometidas por grupos de la delincuencia organizada o por los propios funcionarios públicos. Finalmente, el informe recomendó que se recolecten y publiquen todos los datos que sirvan para tener conocimiento sobre los abusos cometidos y las acciones realizadas para impedirlos o castigarlos.
3. Que el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración ha emprendido una serie de acciones dirigidas a mejorar los procedimientos y esquemas de protección a migrantes a raíz de esta penosa situación, que demuestran su compromiso con la protección de los derechos humanos y la integridad de la persona humana.
4. Que los gobiernos de los 31 estados de la república y el Distrito Federal tienen pocas o nulas políticas encaminadas a proteger los derechos humanos a los migrantes que se dirigen hacia los Estados Unidos de América en su paso por dichas demarcaciones.
5. Que las policías municipales y estatales no sólo no garantizan el paso seguro de estos migrantes, sino que en algunos casos incluso son parte de la red de extorsión y plagio de esas personas.
6. Que de forma paralela a lo anterior, diversos sectores de la sociedad civil se han organizado ya de distintas formas con la finalidad de llamar la atención de las autoridades sobre estos intolerables abusos, e incluso algunas de estas agrupaciones han procedido a tomar cartas en el asunto de motu proprio, y han solicitado el apoyo y protección de las autoridades para poder tratar de evitar que los migrantes sigan siendo vejados y maltratados por los distintos grupos de poder fácticos.
7. En lo particular, han sido denunciados ciertos acontecimientos acaecidos el día 16 de diciembre en la comunidad de Chahuites, en el estado de Oaxaca. Desafortunadamente, como única respuesta, los denunciantes han encontrado, en la escala local, una cascada de amenazas por parte de grupos de delincuentes que han participado en las acciones criminales que han afectado a los migrantes.
8. Ante esta cadena de acontecimientos, los miembros de la sociedad civil que han levantado la voz han pedido se actúe de forma inmediata para proteger ya no sólo a los migrantes, sino también a todos aquellos que se han organizado para ayudarlos.
Por todo lo expuesto, la suscrita somete a consideración de esta soberanía, a fin de que se atienda urgente e inmediatamente, la siguiente propuesta con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las autoridades estatales a coordinarse con los esfuerzos que ya emprende la autoridad federal para proteger a los migrantes, articulando los distintos servicios y programas de apoyo, a fin de que éstos, o cualquier persona que se entere de abusos cometidos en contra de aquéllos, puedan acceder a las herramientas indispensables para su protección, en función de las distintas necesidades que requieran los agraviados, a través de la sistematización de la información correspondiente.
En tenor de lo anterior, se creará una Red de Atención al Migrante que será dada a conocer a través de los principales medios masivos de comunicación y que contará con una página de Internet, así como un número 01-800 de atención telefónica que permita el fácil acceso a las protecciones y garantías que se pondrá a disposición de los migrantes víctimas de abusos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2011.
Diputada Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica)
A la Comisión de Justicia, a solicitud de la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada federal Florentina Rosario Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido por el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicita respetuosamente, formule excitativa a la Comisión de Justicia para que presente el dictamen correspondiente con base a las siguientes
Consideraciones
1. El 29 de abril de 2010, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática por mi conducto, presentó ante el pleno una iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal para prevenir y erradicar la Desaparición Forzada de Personas, que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley de Amparo.
2. Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen correspondiente, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública.
3. Que ha transcurrido en demasía el término previsto en la ley para que dicha comisión emitan el dictamen correspondiente.
Por lo expuesto, solicito a usted, ciudadano presidente de la Mesa Directiva, lo siguiente:
Único. Formule excitativa a la Comisión de Justicia para que presente el dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para prevenir y erradicar la Desaparición Forzada de Personas; que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley de Amparo.
Salón Legisladores de la República, sede de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2011.
Diputada Florentina Rosario Morales (rúbrica)