De la Secretaría de Gobernación, con el que remite los dictámenes de evaluación del desempeño del encargo de los licenciados Heriberto Arriaga Garza y Sergio Agustín Sánchez Martínez en los que se sustenta la propuesta de no ratificarlos como magistrados de los Tribunales Unitarios Agrarios

México, DF, a 23 de diciembre de 2010.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

Por este conducto y con fundamento en el artículo 27, fracción XIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 15 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, corresponde al Titular del Ejecutivo Federal proponer la no ratificación como Magistrados de los CC. Heriberto Arriaga Garza y Sergio Agustín Sánchez Martínez, a efecto de que sean presentados ante esa instancia legislativa, a quien corresponde resolver en definitiva sobre la ratificación de los Magistrados señalados.

Por lo anterior, me permito remitir:

1. Copia certificada del oficio por el que se notificó al Magistrado el inicio del procedimiento del 4 de octubre de 2010 y copia de las constancias de notificación respectivas.

2. Original del expediente profesional del Magistrado que comprende la información y reportes remitidos por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior Agrario, mediante los oficios 131/2010 del 17 de agosto de 2010 y 154/2010 del 6 de septiembre de 2010.

3. Escrito de alegatos y pruebas presentado por el Magistrado ante la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

El Subsecretario

Licenciado Julián Hernández Santillán (rúbrica)

Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión

Presente

Conforme a lo dispuesto por los artículos 27, fracción XIX, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, corresponde al Ejecutivo Federal proponer a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión y en los recesos de ésta a la Comisión Permanente, la designación de los magistrados agrarios.

En ejercicio de dicha facultad y en cumplimiento a lo ordenado por la ejecutoria correspondiente al Amparo en Revisión 452/2009 dictada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el dos de junio de 2010, derivada del Juicio de Amparo 1830/2004, por este conducto se presenta a la consideración de ese órgano legislativo el dictamen y propuesta relativos a la ratificación de Heriberto Arriaga Garza como magistrado de Tribunal Unitario Agrario, conforme a los antecedentes y consideraciones siguientes:

Antecedentes

Mediante comunicación de fecha 1º de noviembre de 2004, y en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 456/2004, relativa al juicio de amparo 1695/2002, el entonces Presidente de la República propuso la no ratificación como Magistrados Agrarios de los quejosos Heriberto Arriaga Garza y Sergio Agustín Sánchez Martínez, fundando dicho planteamiento en los dictámenes de evaluación elaborados con los expedientes que en su momento fueron turnados por el Tribunal Superior Agrario.

Mediante Decreto aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el 14 de diciembre de 2004, la instancia legislativa aprobó los nombramientos de los CC. José Jesús Rodríguez Tovar y José Martín López Zamora como Magistrados de los Tribunales Agrarios por un periodo de 6 años, acto que tuvo por efectos la no ratificación de los CC. Heriberto Arriaga Garza y Sergio Agustín Sánchez Martínez.

Heriberto Arriaga Garza y Sergio Agustín Sánchez Martínez impugnaron esa determinación mediante juicio de garantías. Agotadas las instancias del proceso, el 2 de junio de 2010 el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito emitió sentencia que resolvió el amparo en revisión 452/2009 derivado del juicio de amparo 1830/2004, en la que se ordenó por lo que hace al titular del Ejecutivo Federal, lo siguiente:

“1) El Presidente de la República debe dejar insubsistente la propuesta de no ratificación de los quejosos Heriberto Arriaga Garza y Sergio Agustín Sánchez Martínez, en su cargo de Magistrados del Tribunal Unitario Agrario, de uno de noviembre de 2004.

2) El Presidente de la República debe otorgar a los quejosos Heriberto Arriaga Garza y Sergio Agustín Sánchez Martínez, un término prudente para que puedan ofrecer las pruebas que estimen pertinentes y al mismo tiempo aleguen lo que a su derecho corresponda.

3) Hecho lo anterior, con fundamento en los artículos 27- fracción XIX, segundo párrafo de la Constitución Federal, 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, 121 y 128 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, aplicados supletoriamente a este asunto, el Presidente de la República, en un plazo no mayor de 30 días naturales y siguiendo, los lineamientos de esta ejecutoria, esto es, respetando previamente a los quejosos la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, deberá elaborar, con plenitud de facultades, un dictamen en el cual evalúe la conducta y desempeño de los magistrados Heriberto Arriaga Garza y Sergio Agustín Sánchez Martínez. Hecho lo anterior, formule la propuesta de ratificación o no ratificación de los magistrados citados.”

En este tenor, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria en comento, mediante comunicación del suscrito dirigida al Presidente de la Cámara de Senadores de fecha 26 de agosto de 2010, se dejó sin efectos la propuesta de no ratificación de los servidores públicos en comento, de fecha 1 de noviembre de 2004, al tenor del fallo referido. Asimismo, toda vez que la información relevante para efectos de la adecuada evaluación del desempeño del Magistrado Arriaga Garza se encuentra en poder del Tribunal Agrario, el Ejecutivo Federal a mi cargo instruyó a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal obtener del Tribunal la información relacionada con la función jurisdiccional y ejercicio profesional del magistrado, a efecto de evaluar la conducta y el desempeño de dicho servidor público.

Mediante oficio 131/2010 de fecha 17 de agosto de 2010, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior Agrario remitió a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, información relacionada con la conducta y el desempeño de los CC. Heriberto Arriaga Garza y Sergio Agustín Sánchez Martínez, acompañando a dicha información, el pronunciamiento del Tribunal Superior Agrario sobre la posible ratificación de dichos servidores públicos. Posteriormente, mediante oficio 154/2010 de fecha 6 de septiembre de 2010, suscrito igualmente por el Presidente del Tribunal Superior Agrario, se remitió a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, un alcance que complementa la información consignada en el oficio 131/2010 ya mencionado, respecto a los mismos quejosos.

En cumplimiento a la ejecutoria referida, el Ejecutivo Federal a mi cargo instruyó la notificación formal al Magistrado Heriberto Arriaga Garza del inicio del procedimiento respecto a su ratificación, a efecto de que ofreciera las pruebas que estimara pertinentes, y al mismo tiempo alegara “lo que a su derecho corresponda, en términos de la ejecutoria del amparo en revisión 452/2009, misma que tuvo verificativo el día 10 de noviembre del año 2010, anexando para ello, copia certificada de la documentación que compone su expediente profesional, consistente en información y reportes remitidos por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior Agrario, mediante los oficios 131/2010 del 17 de agosto de 2010 y 154/2010 del 6 de septiembre de 2010.

Con fecha 26 de noviembre de 2010, el C. Heriberto Arriaga Garza presentó ante la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, escrito de alegatos y ofrecimiento de pruebas respecto a su procedimiento de ratificación como Magistrado Agrario, fechado el 22 del mismo mes.

Consideraciones

Evaluación del desempeño y conducta del Magistrado

La ratificación de los funcionarios jurisdiccionales, en aquellos casos en que está prevista, constituye una garantía de la sociedad en el sentido de que debe evaluarse que los juzgadores sean servidores públicos idóneos, que aseguren una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, en los términos indicados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que es menester analizar el desempeño del funcionario de que se trate, para proveer lo conducente respecto de su ratificación.

A este respecto, la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, si bien prevé la figura de la ratificación, es omisa respecto de los criterios que deben orientarla. No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Controversia Constitucional 9/2003, estableció que dada la potestad jurisdiccional de estos Tribunales, la evaluación que se efectúe de los magistrados para efectos de su ratificación debe tomar en consideración su esencia jurisdiccional, por lo que debe analizarse la alta capacidad y honorabilidad que califiquen al servidor jurisdiccional para seguir ocupando el cargo, con base en criterios objetivos y en atención al contenido del artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de aplicación supletoria de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, como se advierte en la tesis de jurisprudencia número P./J.92/2004, de rubro “MAGISTRADOS AGRARIOS. LA EVALUACIÓN PARA EFECTOS DE SU RATIFICACIÓN DEBE PRODUCIRSE Y CONSTAR EN DICTÁMENES ESCRITOS EN LOS CUALES SE PRECISEN LAS RAZONES DE LA DETERMINACIÓN TOMADA.”

En términos de lo dispuesto por el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para la ratificación de magistrados de circuito y jueces de distrito, deberá tomarse en consideración el desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función; los resultados de las visitas de inspección; el grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público, así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente; no haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja de carácter administrativa, y los demás que se estimen pertinentes, siempre que consten en acuerdos generales publicados con seis meses de anticipación a la fecha de ratificación, situación esta última no aplicable a los magistrados agrarios, en tanto que en su procedimiento de ratificación sólo concurren el Ejecutivo Federal, con la facultad de propuesta, y la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, con la facultad de ratificación.

Conforme a lo anterior, del análisis de la documentación remitida por el Tribunal Superior Agrario sobre la actuación del Magistrado Heriberto Arriaga Garza, se desprende lo siguiente:

I. Desempeño en el ejercicio de sus funciones

Congruente con el orden establecido por el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en primer lugar se analizó el desempeño del Magistrado Heriberto Arriaga Garza en el ejercicio de su función jurisdiccional, utilizando la información que proporcionó la Presidencia del Tribunal Superior Agrario, de la que se desprende lo siguiente, con respecto a la emisión de resoluciones, recursos de revisión, juicios de amparos promovidos en contra de las resoluciones de dicho servidor público, productividad, excitativas de justicia y jornadas de justicia itinerante.

El Tribunal Superior Agrario reportó que el licenciado Heriberto Arriaga estuvo en funciones jurisdiccionales del 20 de junio de 1996 al 18 de junio de 2002, y un periodo extraordinario del 18 de octubre de 2004 al 10 de enero de 2005, en un total de 7 adscripciones:

1. Tribunal Unitario Agrario del Distrito 26, Culiacán, Sinaloa, del 20 de junio de 1996 al 30 de septiembre de 1997.

2. Tribunal Unitario Agrario del Distrito 6, Torreón, Coahuila, y su sede alterna en Gómez Palacio, Durango, del 1º de octubre de 1997 al 31 de agosto de 1998.

3. Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44, Gómez Palacio, Durango, del 1º de septiembre de 1998 al 8 de julio de 1999.

4. Tribunal Unitario Agrario del Distrito 26, Culiacán, Sinaloa, del 12 de julio de 1999 al 8 de febrero de 2000.

5. Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44, Gómez Palacio, Durango, del 9 de febrero de 2000 al 15 de abril de 2000.

6. Tribunal Unitario Agrario del Distrito 43, Huejutla de Reyes, Hidalgo, del 16 de abril de 2000 al 18 de junio de 2002.

7. Tribunal Unitario Agrario del Distrito 43, Huejutla de Reyes, Hidalgo, del 8 de octubre de 2004 al 10 de enero de 2005.

a) Recursos de revisión y juicios de amparo

I.1. En el periodo del 20 de junio de 1996 al 30 de septiembre de 1997 en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 26, Culiacán, Sinaloa, el Magistrado evaluado emitió un total de 553 resoluciones, de las que en recurso de revisión fueron impugnadas 3; en los tres casos fue revocada la sentencia revisada.

El Tribunal Superior Agrario reportó que fueron promovidos 155 juicios de amparo en contra de las resoluciones emitidas en el mismo periodo que se evalúa, de los cuales 48 fueron negados, 50 sobreseídos, 5 desechados, en 2 se declaró incompetencia y en 50 se concedió la protección de la justicia Federal. Es decir, del total de los juicios de amparo, casi una tercera parte fueron concedidos en favor de los justiciables por vicios o defectos constitucionales en contra de las garantías de los promoventes.

I.2. En el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 6, Torreón, Coahuila, (y la sede alterna de Gómez Palacio) el Magistrado pronunció un total de 494 resoluciones, de las que en recurso de revisión se controvirtieron 21. Todos los recursos interpuestos tuvieron como resultado la revocación de las sentencias impugnadas.

En el rubro de juicios de amparo promovidos en contra de las resoluciones emitidas en las mismas sedes, se interpusieron 49 juicios de amparo, de los que 19 fueron negados, 15 sobreseídos, 1 desechado, 5 se encontraron pendientes de resolución al término de ese periodo y en 9 se concedió la protección de la justicia Federal.

I.3. El periodo en el que estuvo adscrito en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44, en Gómez Palacio, Durango, el Magistrado emitió 179 resoluciones, de las cuales 4 fueron impugnadas mediante recurso de revisión; los 4 recursos resultaron improcedentes.

En el rubro de juicios de amparo promovidos en contra de las resoluciones emitidas en el Tribunal de Gómez Palacio, se promovieron 31 juicios de amparo, de los cuales 5 fueron negados, 4 sobreseídos, 1 desechado, 19 se encontraban pendientes de resolución a la fecha de término del periodo y en 2 se concedió la protección de la justicia Federal.

I.4. En el periodo del 12 de julio de 1999 al 8 de febrero de 2000 en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 26, Culiacán, Sinaloa, el Magistrado dictó un total de 208 resoluciones; 3 de éstas fueron controvertidas mediante recurso de revisión, de las cuales en un caso se revocó la sentencia, en otro se confirmó y en otro se desechó el recurso. En el tema de amparos se reporta que durante su encargo en esta adscripción, se promovieron 36 juicios de amparo, 2 fueron negados, 2 sobreseídos, 1 desechado, 30 quedaron pendientes de resolución al término de su encargo y en 2 se concedió la protección de la justicia Federal.

I.5. Durante el periodo de adscripción en el Tribunal Unitario del Distrito 44, Gómez Palacio, Durango, el Magistrado Arriaga Garza emitió 49 resoluciones; se interpuso un recurso de revisión y este recurso revocó la sentencia. En el rubro de juicios de amparo, en dicho periodo fueron interpuestos 7, de los cuales en 3 casos se concedió la protección de la justicia Federal.

I.6. Durante el periodo de adscripción en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 43, Huejutla de Reyes, Hidalgo, se emitieron 1255 resoluciones, de las cuales 10 fueron controvertidas en recurso de revisión y sólo uno tuvo por efectos la modificación de la sentencia. En el rubro de juicios de amparo fueron interpuestos 156 juicios, 20 fueron negados, 36 sobreseídos, 19 desechados, en 9 se declaró incompetencia, 78 quedaron pendientes de resolución a la fecha de conclusión del periodo y en 4 se concedió la protección de la justicia Federal.

I.7. Durante el periodo de adscripción en el Tribunal Unitario del Distrito 43, Huejutla de Reyes, Hidalgo, se emitieron 188 resoluciones, se interpuso un recurso de revisión y éste resultó improcedente. En el rubro de juicios de amparo se promovió 1 juicio de amparo, mismo que fue concedido.

Analizados en su conjunto los datos relativos a los recursos de revisión interpuestos en contra de las resoluciones dictadas durante la gestión del Magistrado Arriaga Garza de 1996 a 2002, se desprende que en total se interpusieron 42 recursos de revisión, de los cuales en 26 casos se revocó la sentencia (62%), en uno se modificó (2%), en 8 fueron improcedentes (19%), en 5 se confirmó (12%) y 2 de ellos resultaron extemporáneos (5%).

De lo anterior se desprende que el porcentaje de efectividad de los recursos de revisión presentados es muy alto, pues 6 de cada 10 recursos de revisión interpuestos tuvieron por efecto la revocación del fallo. Como se puede notar, el número de recursos de revisión interpuestos que tuvieron por efecto la revocación del fallo (26) es más de cinco veces el número de aquéllos que tuvieron por efecto su confirmación (5).

Al confrontar las cifras y porcentajes obtenidos por Heriberto Arriaga frente a los obtenidos por los demás Tribunales Unitarios Agrarios de 1996 al año 2002 en el rubro de recursos de revisión, tenemos los siguientes resultados. De 1996 al año 2002 fueron interpuestos contra todos los Tribunales Unitarios Agrarios 2938 recursos de revisión, de los cuales tuvieron resolución revocatoria 926, que representa el 31.51% del total, mientras que para Heriberto Arriaga el porcentaje total de resoluciones revocatorias en revisión fue como ya se mencionó del 62%, prácticamente el doble del porcentaje de todos los Tribunales Unitarios Agrarios en los mismos años de gestión jurisdiccional. En lo que respecta a la cantidad de resoluciones que confirmaron sentencia en recursos de revisión, de los 2938 recursos interpuestos en contra de todos los tribunales, se confirmó la resolución emitida en 806 casos, un 27.43%, mientras que el porcentaje de sentencias confirmadas a Heriberto Arriaga en recurso de revisión fue de sólo el 11.9%, es decir, menos de la mitad del porcentaje de confirmaciones obtenidas por todos los tribunales unitarios.

Lo anterior refleja que, por lo que hace a las resoluciones revisadas mediante el recurso de revisión, las del Magistrado Heriberto Arriaga inciden negativamente en el desempeño general del tribunal.

Por lo que hace a los juicios de amparo interpuestos, del total de 435 juicios sustanciados durante la gestión del Magistrado Arriaga de 1996 al 2002, en 72 casos se concedió la protección de la justicia federal (16.5%), 97 fueron negados (22.3%), 111 sobreseídos (25.5%), 16 desechados (3.6%), en 12 se declaró incompetencia (2.7%), y 132 quedaron pendientes de resolución a la fecha en que concluyeron sus cargos (30%).

b) Productividad

En el rubro de productividad, la información estadística que presentó la Secretaría General de Acuerdos de los Tribunales Agrarios señala que el Magistrado Heriberto Arriaga Garza reflejó un desempeño desfavorable en prácticamente todas las adscripciones que le fueron asignadas.

Como puede observarse, al evaluar en forma general el tema de la productividad y abatimiento de cargas de trabajo, se puede verificar que de las 7 adscripciones que le fueron asignadas, en 6 el Magistrado Arriaga Garza dejó cargas de trabajo mayores a las recibidas. Así, tomando en consideración el inicio y conclusión de cada cargo desempeñado, de un total de 2304 asuntos en trámite al iniciar funciones, entregó 3163 asuntos al concluirlas, es decir, 859 asuntos adicionales sin resolver, lo que significa un 37.28% de incremento en el número de asuntos en trámite y que pone de manifiesto baja productividad en el desempeño.

Sirvan como referencia los resultados obtenidos por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 7 en Durango, Dgo., que en octubre de 1993 inició con 139 asuntos en trámite y en enero de 1996 tenía 95 expedientes en trámite lo que representa un 32% de abatimiento en el rezago de asuntos, en tanto que el magistrado Arriaga durante su gestión en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 43 en Huejutla de Reyes, Hidalgo, por un periodo similar, registró un incremento en las cargas de trabajo del 65%; así, comparativamente se tiene que la productividad del Magistrado Arriaga no es satisfactoria.

c) Excitativas de justicia

En este tema, fueron promovidas en contra del Magistrado Heriberto Arriaga Garza un total de 6 excitativas de justicia, de las cuales 5 resultaron infundadas y una resultó improcedente.

d) Justicia itinerante

Durante su desempeño como magistrado en los Tribunales Unitarios de los Distritos 26 y 43 en Culiacán, Sinaloa, y Huejutla de Reyes, Hidalgo, respectivamente, el Magistrado Arriaga programó un total de 24 jornadas de Justicia Itinerante, sin embargo sólo 15 fueron realmente cumplidas (62.5%).

Adicionalmente se reporta que durante sus funciones jurisdiccionales en los Tribunales Unitarios Agrarios de los Distritos 6 y 44, correspondientes a Torreón, Coahuila, y Gómez Palacio, Durango, no se programó ni desahogó ninguna jornada de justicia itinerante en los más de 23 meses que duró su adscripción en dichos Tribunales Unitarios, incumpliendo con la obligación prevista en el artículo 56 del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios que establece que: “Cada magistrado de los tribunales unitarios deberá presentar un programa trimestral de justicia itinerante, señalando los municipios, poblados y tipo de asuntos a cuyo conocimiento se avocará de conformidad con sus atribuciones y ámbito de su competencia, así como la calendarización de las visitas, las actividades a desarrollar y las circunstancias o particularidades que aquéllas representen... Este programa deberá difundirse con anticipación en los lugares señalados en el mismo, a la vez que notificar el contenido sustancial de dicho programa a los órganos de representación de los poblados correspondientes, con la finalidad de lograr una efectiva, pronta y expedita administración de la justicia agraria... Al término de cada recorrido, el magistrado del tribunal unitario deberá informar al Tribunal Superior sobre sus resultados”

Ese incumplimiento se considera de especial relevancia, ya que el acceso a la justicia en el caso específico de la agraria, puede darse en muchas ocasiones únicamente a través de las itinerancias de los juzgadores, si se toman en cuenta las circunstancias socioeconómicas de los justiciables y las dificultades que enfrentan para trasladarse a la sede del Tribunal.

De hecho, en el acta de visita de inspección del 25 de mayo de 1999, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44 en Gómez Palacio, Durango, el Magistrado Visitador observó que consideraba necesario desarrollar un programa más intenso de itinerancias.

II. Visitas de inspección

De los documentos que obran en el expediente remitido por el Tribunal Superior Agrario, se advierte que durante su adscripción en los distintos Tribunales Unitarios le fueron realizadas 10 visitas de inspección. De éstas, 3 visitas concluyeron sin observaciones ni recomendaciones, en tanto que en las 7 restantes, las visitas arrojaron resultados positivos.

En atención a lo anterior, puede concluirse con base en los resultados de las visitas, que los Tribunales a cargo del magistrado Arriaga Garza, se encontraron en condiciones adecuadas en cuanto a su organización y funcionamiento, resaltando únicamente la recomendación de requerir al Registro Agrario Nacional informe del cumplimiento (inscripción) que haya dado de las sentencias remitidas por el Tribunal (acta de la visita del 29 de septiembre de 1999, Distrito 26, Culiacán, Sinaloa), así como la necesidad de tener una mayor coordinación con otras dependencias que sean de la Procuraduría Agraria y desarrollar un más intenso programa de itinerancias (acta de la visita del 25 de mayo de 1999, Distrito 44, Gómez Palacio, Durango); esto último fue materia de valoración en el presente dictamen en el apartado I, inciso d).

III. Grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público, así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente.

La fracción III del artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece como otro elemento de análisis para determinar la ratificación, el grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público, así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente. La ratio legis de esta disposición se encuentra precisamente en la necesidad de que los juzgadores se mantengan actualizados y adquieran las herramientas necesarias para resolver los diferentes retos y problemas que se le plantean al juzgador cotidianamente, en beneficio de los justiciables. Así, se trata claramente de un requisito aplicable a cualquier profesión, pero especialmente, a quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia.

A este respecto, de la documentación remitida por el Tribunal Superior Agrario, se pudo constatar que el Magistrado Heriberto Arriaga reportó en declaraciones de carácter patrimonial haber cursado tres Diplomados: uno en Estudios Políticos, otro en Organización Judicial y Técnica de Amparo, y uno en Partidos Políticos de México, Estados Unidos de América, Canadá y América Latina. Sin embargo, no fueron acreditados con ninguna constancia oficial dichos estudios.

Como puede apreciarse, no reporta estudios de grado posterior a los de licenciatura en Derecho, que es el requisito mínimo que exige la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios para poder ser Magistrado, ni acredita fehacientemente otros relacionados directamente con la materia agraria, que es precisamente la materia sobre la cual tiene la obligación de impartir justicia, por lo que este aspecto de la evaluación se considera insatisfactoria.

IV. Sanciones por falta grave, quejas administrativas y auditoria.

Respecto al criterio de evaluación que establece el artículo 121, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relativo a que el servidor público que se evalúa no haya sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja de carácter administrativa, el expediente de Heriberto Arriaga menciona que le fueron promovidas 5 quejas y todas ellas se desecharon por improcedentes.

Al no existir constancia alguna que establezca que el Magistrado Arriaga haya sido sancionado por alguna falta grave con motivo de alguna queja o denuncia administrativa, no existen mayores elementos o indicadores que influyan en este rubro de la evaluación.

Sin embargo, el Tribunal Superior Agrario reportó que fueron formulados por los Jueces Séptimo y Octavo de Distrito en Jalapa, Veracruz, 36 apercibimientos severos al Magistrado en cuestión, razón por la que el Tribunal actuando en pleno ejercicio de su potestad jurisdiccional, en sesión de 19 de febrero del 2002 impuso al Magistrado la amonestación contenida en el Acuerdo Plenario de esa misma fecha, consistente en un apercibimiento, como medida disciplinaria en términos del artículo 54 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria.

La corrección disciplinaria de mérito, impugnada por el Magistrado Arriaga quedó firme por unanimidad de votos mediante resolución del recurso de revocación 1/2002, dictada por el Tribunal Superior Agrario el 17 de mayo de 2002, y atendió a que el Magistrado Arriaga incurrió en una conducta ofensiva, hacia los titulares de los órganos de control constitucional mencionados.

En lo que aquí interesa se destaca que el Tribunal al resolver el recurso, consideró que “... el apercibimiento formulado al Magistrado... corresponde a una corrección disciplinaria... como medida de mando y buen gobierno ante la conducta irrespetuosa del Magistrado Heriberto Arriaga Garza, ante los Jueces Federales mencionados, toda vez que aun cuando parece no darse cuenta con algunas expresiones con que se dirige a dicha autoridad federal, si denosta su persona y la propia función de los multicitados Jueces de Distrito, pues en los escritos dirigidos ante esos jueces atribuye .. .improperios...” por lo que en el resolutivo TERCERO lo conminó a abstenerse de reincidir en conductas que se tradujeran en faltas de respeto y consideración debida que debe guardar a los Jueces, Magistrados y Ministros en términos del Código procesal supletorio referido con antelación.

No pasa inadvertido que el Lic. Arriaga posteriormente presentó una queja en contra de los Magistrados del Pleno del Tribunal Superior Agrario ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sin que por ello dejen de subsistir la utilización de expresiones irrespetuosas y desconsideradas que a juicio del Ejecutivo Federal a mi cargo, son un referente negativo de conducta que se ha verificado por el superior jerárquico del aquí evaluado y que no puede pasar desapercibido en la evaluación de la idoneidad de la persona para seguir desempeñando el cargo de impartidor de justicia agraria.

En efecto, como lo ha reconocido el Poder Judicial de la Federación en diversos criterios aplicables por analogía al presente caso, la buena reputación y la buena fama en el concepto público tienen plena vigencia para el acto de ratificación y significa la exigencia de que el presente dictamen debe basarse no sólo en la ausencia de conductas negativas por parte del funcionario cuya actuación se evalúa, sino, en la alta capacidad y honorabilidad que lo califiquen como la persona idónea para seguir ocupando el cargo, ello ante el interés de la sociedad de conocer a ciencia cierta, la actuación ética y profesional del Magistrado evaluado.

El buen comportamiento de todos los servidores públicos es especialmente exigible a aquéllos que tienen la alta responsabilidad de impartir justicia. Es por ello que el artículo 12, fracción IV de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios exige como uno de los requisitos para ocupar el cargo de Magistrado Agrario, el gozar de buena reputación, mismo que debe analizarse al valorar la posible ratificación del magistrado, sobre todo si con ella adquiere la inamovilidad en el cargo.

En tal virtud, la gran cantidad de apercibimientos severos formulados a Heriberto Arriaga (36) por dos juzgadores federales profesionales, evidencian que el comportamiento en funciones de este servidor público, no corresponde a la rectitud, decoro, dignidad y excelente conducta, exigibles a todos los servidores públicos, especialmente a quienes se les ha encomendado la alta y noble tarea de impartir justicia agraria.

En abono a lo anterior, no puede pasar inadvertido para efectos evaluatorios que en opinión expresa del propio Tribunal: “... el Licenciado Heriberto Arriaga Garza, ha demostrado rigorismo en la administración de la Justicia Agraria y que tanto en su desempeño como Magistrado de los Tribunales Unitarios Agrarios, como en el trámite de los amparos que interpuso en contra de su no ratificación como Magistrado de los Tribunales Unitarios Agrarios, ha tenido una actitud protagónica, con ausencia de sensibilidad, respeto y formas ante los Jueces y Tribunales Colegiados del Poder Judicial de la Federación, ya que utiliza un lenguaje rebuscado pero ofensivo en todas sus actuaciones. Se considera que aun cuando su desempeño en la actividad jurisdiccional pudiera ser satisfactorio, la actitud irreverente y prepotente no corresponde a la investidura de Magistrado en una Materia de índole social como lo es la Agraria”.

Es importante señalar a ese órgano legislativo que después de que le fueron impuestos a Heriberto Arriaga los severos apercibimientos por parte de los Jueces de Distrito ofendidos, éste reportó mediante oficio a la Presidencia del Tribunal Superior Agrario dicha situación, en la que expuso que dichos juzgadores asumen una “actitud fundamentalista y represora a una crítica objetiva de su parte”, señalando además que “la epidermis de los apuntados jueces del Poder Judicial de la Federación es sumamente delicada e hipersensible”. Lo que revela del servidor público evaluado, una actitud indispuesta a la sana rectificación o ejercicio autocrítico de la conducta, después de la gran cantidad de medidas correctivas impuestas por los Jueces de Distrito, y posteriormente por la propia institución pública en la que desempeña sus funciones jurisdiccionales.

Del análisis de los anteriores elementos objetivos, el Ejecutivo Federal a mi cargo estima que el C. Heriberto Arriaga no cumple con el requisito de buena reputación exigible para la ratificación.

Audiencia al Magistrado Arriaga Garza

Los elementos conforme a los cuales se ha evaluado el desempeño del Magistrado Arriaga, obran en su expediente personal, cuya copia certificada le fue entregada con la notificación del inicio de su procedimiento de ratificación en términos de la ejecutoria que le otorgó el amparo, concediéndole un término de diez días para que alegara lo que a su derecho conviniera y presentara pruebas.

Otorgada la garantía de audiencia de conformidad con el artículo 14 constitucional, el C. Heriberto Arriaga formuló alegatos y ofreció pruebas, mediante escrito de fecha 22 de noviembre que fue presentado en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal el 26 de noviembre. No obstante que su escrito fue presentado extemporáneamente, su contenido fue debidamente analizado y valorado. En esencia, en el escrito referido se alega lo siguiente:

1) Que para el presente procedimiento era necesario que existieran instrucciones del Ejecutivo Federal y que la información requerida al Tribunal Superior Agrario debió estar comprendida en un Reglamento ad hoc para nombramientos y ratificaciones.

2) Que la solicitud de información hecha al Tribunal sobre el desempeño del magistrado carece de fundamento legal.

3) Que no existe fundamento legal para que el Tribunal recopile y envíe la información solicitada por la Consejería Jurídica en el presente procedimiento.

4) Que no existen reglamentos ni acuerdos específicos con efectos generales que establezcan parámetros o indicadores para los casos de evaluación de magistrados sujetos a ratificación, que los indicadores del Tribunal no han sido generados bajo la supervisión del Instituto Nacional de Información Estadística y Geográfica y que es un hecho público y notorio que las estadísticas del Tribunal Superior Agrario se confeccionan por consigna, a la orden y que son de nula credibilidad.

5) Que las actas de visita jamás revelaron un problema de rezago y que un buen número de años trabajó en condiciones precarias en cuanto a equipamiento, plantilla de personal y presupuesto autorizado.

6) Respecto del alto número de revocaciones de las sentencias dictadas, que supuestamente denota falta de apego a la legalidad, señaló que es falso, y que también lo es que no haya cumplido con los programas de justicia itinerante.

7) Respecto de su actitud hacia jueces de distrito, señala que el único roce que tuvo fue con dos jueces de distrito en el Estado de Veracruz que desencadenaron en su contra una auténtica escalada de terrorismo judicial para amedrentarlo por el hecho de cuestionar sus arbitrarias determinaciones.

8) Manifiesta que no hubo irregularidades en su gestión y sustenta su dicho en las actas de las visitas de inspección que le fueron realizadas, en las que no hubo recomendaciones específicas, salvo algunas menores.

9) Señala que existe la intención de perjudicarlo y que se ha puesto de manifiesto una conspiración política para dejarlo sin derecho a ratificación.

10) Manifiesta bajo protesta de decir verdad que ha cumplido hasta el límite de sus capacidades con el deber de impartir justicia pronta, expedita, completa e imparcial de manera honesta y que no es inepto ni corrupto, y acusa persecución política.

En principio debe señalarse que por lo que hace al procedimiento de ratificación, el Ejecutivo Federal a mi cargo instruyó el inicio del procedimiento siguiendo los lineamientos previstos en la sentencia que resolvió el amparo en revisión 452/2009 derivado del juicio de amparo 1830/2004, conforme a los cuales debe evaluarse la conducta y desempeño del magistrado Arriaga, atendiendo a lo dispuesto, entre otros, por el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. A este respecto, como lo ha reconocido el Poder Judicial de la Federación en múltiples criterios, la evaluación debe realizarse con base en elementos objetivos.

Si bien no se trata de un procedimiento reglado, el cumplimiento cabal de la ejecutoria referida implica necesariamente allegarse de los elementos objetivos que permitan la evaluación de la conducta y desempeño; elementos que sólo se encuentran en poder del Tribunal en el que el magistrado ha desempeñado sus funciones. En atención a ello, dichos elementos fueron solicitados al Tribunal Superior Agrario a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, dependencia de la administración pública federal con la atribución de brindar apoyo técnico jurídico al Ejecutivo Federal y recibir e integrar la información y documentación necesaria para someter a su consideración los proyectos de nombramientos y ratificaciones en los que intervenga.

Así, la evaluación contenida en el presente escrito parte de las constancias proporcionadas por el Tribunal Superior Agrario, elementos objetivos relacionados con el desempeño del magistrado, mismas que fueron valoradas en sus méritos y respecto de las cuales no corresponde al Ejecutivo Federal cuestionar su legalidad.

Ahora bien, frente a dichas constancias, en el escrito de alegatos se hacen afirmaciones en el sentido de que la información contenida en ellas es falsa, sin que se desvirtúe en forma alguna su contenido más allá de dichas afirmaciones, como es el caso específico del alto número de revocaciones a las sentencias pronunciadas por el magistrado y a los incumplimientos relacionados con la justicia itinerante.

En relación con la conducta mostrada por el magistrado frente a los jueces de Distrito que le hicieron merecedor de 36 apercibimientos severos se afirma en el escrito de alegatos que se trató de actos frente a dos jueces de distrito que desencadenaron en su contra una auténtica escalada de terrorismo judicial para amedrentarlo por el hecho de cuestionar sus arbitrarias determinaciones, no obstante que no obra en el expediente, ni se acompañó a los alegatos alguna prueba de ese dicho. Sobre este particular, tampoco se desvirtúa la resolución del Tribunal Superior Agrario en la que se le conminó a abstenerse de reincidir en conductas que se tradujeran en faltas de respeto y consideración debida que debe guardar a los Jueces, Magistrados y Ministros.

Por lo que hace al rezago durante su gestión como magistrado, si bien es cierto como se afirma en el escrito de alegatos que las actas levantadas con motivo de las visitas que se le practicaron no revelaron este problema, no se desvirtúan las documentales que obran en el expediente en las que constan que, salvo durante la gestión en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44 de Gómez Palacio, Durango, en todos los demás cargos desempeñados, siempre se concluyó la gestión con un número de asuntos mucho mayor a aquél con el que se inició, y que dichos incrementos fueron en cinco ocasiones del 60% o más, y en una de ellas, de más del 250%. Por el contrario, se justifica en que un buen número de años se trabajó en condiciones precarias en cuanto a equipamiento, plantilla de personal y presupuesto autorizado; sin embargo, dicho argumento resulta insuficiente si se considera que esta falta de productividad fue una constante en seis de las siete adscripciones que tuvo como magistrado agrario.

Finalmente, a lo largo del escrito de alegatos se vierten afirmaciones dogmáticas que no desvirtúan por sí mismas, ni adminiculadas con lo expuesto en el resto del escrito, las documentales que obran en el expediente remitido por el Tribunal Superior Agrario sobre su desempeño y conducta.

Por lo que se refiere a las pruebas aportadas en el escrito de alegatos, se trata de elementos que no controvierten o desvirtúan la información específica que obra en las documentales que integran el expediente, cuya copia certificada tuvo a la vista el Magistrado Arriaga, ni fueron estrechamente vinculadas a alguno de los elementos objetivos con los que se contó para hacer la evaluación correspondiente.

A mayor abundamiento, es de señalarse que del análisis y valoración de las pruebas que aportó el Magistrado Heriberto Arriaga Garza, éstas carecen de alcance demostrativo que permita invalidar la información remitida por el Tribunal Superior Agrario pues consistieron principalmente en copias simples de diversos documentos, entre los que destacan:

1) Copia simple del oficio TUA/M/2102-01 del 7 de noviembre de 2001, suscrito por Heriberto Arriaga en el que se informa al Director de Centros de Estudios de Justicia Agraria, Humberto Quintana Miranda, sobre las jornadas de educación continua de servidores públicos en temas de Indigenismo y Derecho Agrario, entre los que no se encuentra el servidor público evaluado.

2) Dos ejemplares del Periódico ZU-NOTICIA, de fechas 10 de mayo y 11 de septiembre de 2001.

3) Cinco copias de recortes del periódico ZU-NOTICIA de Huejutla, Hidalgo, de fecha 15 de agosto de 2001, y 10 recortes de los periódicos Reforma, La Jornada, El Universal y ZU-NOTICIA.

4) Copia simple de oficio suscrito por el Presidente Municipal de Platón Sánchez, Veracruz, José Guillermo Sánchez Lugo de fecha 28 de enero de 2002, en el que se hace constar que las comunidades La Crinolina, Tepetatipan, Chiatitla y Apachitempa se encuentran registradas en dicho Municipalidad.

5) Sobre con 15 fotografías de diversos exteriores y personas que no es posible identificar.

6) Ejemplar del Boletín Judicial Agrario correspondiente al mes de diciembre de 2001, emitido por el Tribunal Superior Agrario.

7) Copias simples de escritos dirigidos por Heriberto Arriaga Garza a los Jueces Séptimo y Octavo de Distrito en el estado de Veracruz, relativos a los Juicios de Amparo 856/2001 y 869/2001, respectivamente.

8) Copias de memorándums suscritos por Heriberto Arriaga de fecha 25 y 26 de febrero del año 2002, en los que comunica a los servidores públicos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 43 de Huejutla de Reyes, Hidalgo, instrucciones para el ahorro de papel y tinta.

9) Copia simple de escrito queja dirigido al Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Distrito con relación al Juicio de Amparo 869/2001.

10) Copia del oficio OM/00557/2004, suscrito por el Oficial Mayor del Tribunal Superior Agrario, Alberto Rebora González en los que se comunica el acuerdo de reinstalación de Heriberto Arriaga Garza en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 43 en Huejutla de Reyes, Hidalgo.

11) Copia simple de escrito dirigido por Heriberto Arriaga Garza al Juez Segundo de Distrito en materia Administrativa por el que ofrece pruebas relacionadas con el Juicio de Amparo 1830/2004.

En efecto, al tratarse en su mayoría de copias fotostáticas, éstas carecen de valor probatorio, pues no se apoyan en algún otro medio de prueba, además de que con ellas no se acreditaron en forma efectiva los extremos contenidos en el escrito de alegatos del servidor público evaluado, a que se refieren los numerales 5), 6), 7) 8), 9) y 10) que se citan con anterioridad, respecto de los puntos que se evalúan en el presente dictamen.

Ahora bien, es importante destacar que el Magistrado ofreció la totalidad de las pruebas aportadas en los juicios de amparo 1695/2002, 1830/2004 y 1958/2002, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal; sin embargo, dichas pruebas no fueron acompañadas al escrito de alegatos en el presente procedimiento y no puede inferirse la obligación del Ejecutivo Federal a mi cargo de recabarlas del lugar donde se encuentren, por el sólo hecho de ser parte en dichos juicios.

Por todo lo anterior, se advierte que los elementos probatorios aportados por el Magistrado, a juicio del Ejecutivo Federal, no son aptos para desvirtuar los hechos que constan en las documentales materia de este procedimiento, por no estar vinculados estrechamente a ellos y atendiendo a su propio contenido.

No obstante lo expuesto, al ser ese órgano legislativo el titular de la potestad de designar a los magistrados y ratificarlos, le corresponderá en ejercicio de sus atribuciones constitucionales valorar en sus méritos las documentales que conforman el expediente del magistrado Heriberto Arriaga Garza, así como los alegatos y pruebas presentadas por éste para resolver en definitiva sobre su ratificación o no ratificación en el cargo de magistrado agrario.

Propuesta

El análisis y valoración del expediente del Magistrado expuso resultados negativos, pues su ejercicio jurisdiccional y administrativo no se ha llevado a cabo en apego a los principios de excelencia profesional y diligencia que deben rigen la impartición de justicia en México, acorde a lo expuesto y razonado en los numerales I, II, III y IV del presente. Fundamentalmente por lo que hace a los rubros relativos a los recursos de revisión, productividad, deficiente realización de las jornadas de justicia itinerante, grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público, así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente, así como por su conducta, por las razones expuestas en el presente escrito, que llevan a la conclusión del Ejecutivo Federal de que el Lic. Heriberto Arriaga Garza no es la persona idónea para desempeñar el cargo de magistrado agrario.

La baja productividad en la atención de asuntos y nulo abatimiento del rezago, así como el alto número de resoluciones que fueron modificadas mediante recursos de revisión, han sido elementos medulares para proponer la no ratificación de Heriberto Arriaga Garza.

A este respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Revisión Administrativa 2/97, que dio lugar a la tesis del rubro “JUECES DE DISTRITO Y MAGISTRADOS DE CIRCUITO. SU RATIFICACIÓN. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 121 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN”, señaló que para decidir la no ratificación en el cargo de Magistrado, resulta suficiente que se actualice el aspecto negativo de alguno de los elementos contenidos en las fracciones I a V del artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que ello determinará la estimación de un mal desempeño en la labor encomendada y que se sostenga que el juzgador no respetó alguno de los principios que rigen la carrera judicial, sin que lo anterior implique, desde luego, que en caso de actualizarse el aspecto negativo de diversos elementos, la resolución de no ratificación se apoye en todos ellos a efecto de dar mayores fundamentos al dictamen relativo. En cambio, para la emisión de una decisión de ratificación en el cargo de Magistrado, sí resulta indispensable que se actualicen los aspectos positivos de todos y cada uno de los elementos contenidos en las fracciones I a V del artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que de ello se pueda determinar que el administrador de la Justicia Federal en su actuación diaria respetó los principios que rigen la carrera judicial.

Los criterios contenidos en la resolución referida, aprobada por unanimidad de votos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aplicables por analogía al presente procedimiento, llevan al Ejecutivo Federal a mi cargo a la convicción de que al actualizarse aspectos negativos en los rubros evaluados sobre el desempeño del Magistrado Heriberto Arriaga Garza, como se ha expuesto en el presente, no es la persona idónea para seguir desempeñando el cargo a través de la ratificación, por lo que con fundamento en los artículos 27, fracción XIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6°, 12, 15, 16 y 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, y 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de aplicación supletoria al caso, se propone su no ratificación como Magistrado de Tribunal Unitario Agrario.

Corresponderá a esa instancia legislativa resolver en definitiva sobre la ratificación del Magistrado Arriaga, por lo que para el análisis y valoración respectiva, acompaño toda la documentación que he tenido a la vista, tanto la remitida por el Tribunal Superior Agrario, como la presentada por el propio Magistrado evaluado, y que sirvió de base para el presente, convencido de que la colaboración entre los Poderes de la Unión contribuye de manera decidida a fortalecer y consolidar las instituciones del Estado, entre ellas la de los órganos jurisdiccionales que imparten la justicia agraria.

Reitero a usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a los veintidós días del mes de diciembre de dos mil diez.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (rúbrica)

Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión

Presente

Conforme a lo dispuesto por los artículos 27, fracción XIX, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, corresponde al Ejecutivo federal proponer a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y en los recesos de la Comisión Permanente, la designación de los magistrados agrarios.

En ejercicio de dicha facultad y en cumplimiento a lo ordenado por la ejecutoria correspondiente al Amparo en Revisión 452/2009 dictada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el dos de junio de 2010, derivada del Juicio de Amparo 1830/2004, por este conducto se presenta a la consideración de ese órgano legislativo el dictamen y propuesta relativos a la ratificación de Sergio Agustín Sánchez Martínez como magistrado de Tribunal Unitario Agrario, conforme a los antecedentes y consideraciones siguientes:

Antecedentes

Mediante comunicación de fecha 1 de noviembre de 2004, y en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 456/2004, relativo al juicio de amparo 1695/2002, el entonces Presidente de la República propuso la no ratificación como Magistrados Agrarios de los quejosos Heriberto Arriaga Garza y Sergio Agustín Sánchez Martínez, fundando dicho planteamiento en los dictámenes de evaluación elaborados con los expedientes que en su momento fueron turnados por el Tribunal Superior Agrario.

Mediante Decreto aprobado por la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, el 14 de diciembre de 2004, la instancia legislativa aprobó los nombramientos de los CC. José Jesús Rodríguez Tovar y José Martín López Zamora como Magistrados de los Tribunales Agrarios por un periodo de 6 años, acto que tuvo por efectos la no ratificación de Heriberto Arriaga Garza y Sergio Agustín Sánchez Martínez.

Heriberto Arriaga Garza y Sergio Agustín Sánchez Martínez impugnaron esa determinación mediante juicio de garantías. Agotadas las instancias del proceso, el 2 de junio de 2010 el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito emitió sentencia que resolvió el amparo en revisión 452/2009 derivado del juicio de amparo 1830/2004, en la que se ordenó por lo que hace al titular del Ejecutivo Federal, lo siguiente:

“1) El presidente de la República debe dejar insubsistente la propuesta de no ratificación de los quejosos Heriberto Arriaga Garza y Sergio Agustín Sánchez Martínez, en su cargo de Magistrados del Tribunal Unitario Agrario, de uno de noviembre de 2004.

2) El presidente de la República debe otorgar a los quejosos Heriberto Arriaga Garza y Sergio Agustín Sánchez Martínez, un· término prudente para que puedan ofrecer las pruebas que estimen pertinentes y al mismo tiempo aleguen lo que a su derecho corresponda.

3) Hecho lo anterior, con fundamento en los artículos 27- fracción XIX, segundo párrafo de la Constitución Federal, 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, 121 y 128 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, aplicados supletoriamente a este asunto, el Presidente de la República, en un plazo no mayor a 30 días naturales y siguiendo, los lineamientos de esta ejecutoria, esto es, respetando previamente a los quejosos la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, deberá elaborar, con plenitud de facultades, un dictamen en el cual evalúe la conducta y desempeño de los magistrados Heriberto Arriaga Garza y Sergio Agustín Sánchez Martínez. Hecho lo anterior, formule la propuesta de ratificación o no ratificación de los magistrados citados.”

En este tenor, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria en comento, mediante comunicación del suscrito dirigida al Presidente de la Cámara de Senadores de fecha 26 de agosto de 2010, se dejó sin efectos la propuesta de no ratificación de los servidores públicos en comento, de fecha 1 de noviembre de 2004, al tenor del fallo referido. Asimismo, toda vez que la información relevante para efectos de la adecuada evaluación del desempeño del Magistrado Sergio Agustín Sánchez Martínez se encuentra en poder del Tribunal Agrario, el Ejecutivo Federal a mi cargo instruyó a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal obtener del Tribunal la información relacionada con la función jurisdiccional y ejercicio profesional del magistrado, a efecto de evaluar la conducta y el desempeño de dicho servidor público.

Mediante oficio 131/2010 de fecha 17 de agosto de 2010, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior Agrario remitió a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, información relacionada con la conducta y el desempeño de los CC. Heriberto Arriaga Garza y Sergio Agustín Sánchez Martínez, acompañando a dicha información, el pronunciamiento del Tribunal Superior Agrario sobre la posible ratificación de dichos servidores públicos. Posteriormente, mediante oficio 154/2010 de fecha 6 de septiembre de 2010, suscrito igualmente por el Presidente del Tribunal Superior Agrario, se remitió a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, un alcance que complementa la información consignada en el oficio 131/2010 ya mencionado, respecto a los mismos quejosos.

En cumplimiento a la ejecutoria referida, el Ejecutivo Federal a mi cargo instruyó la notificación formal al Magistrado Sergio Agustín Sánchez Martínez del inicio del procedimiento respecto a su ratificación, a efecto de que ofreciera las pruebas que estimara pertinentes, y al mismo tiempo alegara lo que a su derecho corresponda, en términos de la ejecutoria del amparo en revisión 452/2009, misma que tuvo verificativo el día 10 de noviembre del año 2010, anexando para ello, copia certificada de la documentación que compone su expediente profesional, consistente en información y reportes remitidos por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior Agrario, mediante los oficios 131/201 del 17 de agosto de 2010 y 154/2010 del 6 de septiembre de2010.

Con fecha 24 de noviembre de 2010, el C. Sergio Agustín Sánchez Martínez presentó ante la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, escrito de alegatos y ofrecimiento de pruebas respecto a su procedimiento de ratificación como Magistrado Agrario, fechado el 22 del mismo mes.

Consideraciones

Evaluación del desempeño y conducta del Magistrado

La ratificación de los funcionarios jurisdiccionales, en aquellos casos en que está prevista, constituye una garantía de la sociedad en el sentido de que debe evaluarse que los juzgadores sean servidores públicos idóneos, que aseguren una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, en los términos indicados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que es menester analizar el desempeño del funcionario de que se trate, para proveer lo conducente respecto de su ratificación.

A este respecto, la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, si bien prevé la figura de la ratificación, es omisa respecto de los criterios que deben orientarla. No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Controversia Constitucional 9/2003, estableció que dada la potestad jurisdiccional de estos Tribunales, la evaluación que se efectúe de los magistrados para efectos de su ratificación debe tomar en consideración su esencia jurisdiccional, por lo que debe analizarse la alta capacidad y honorabilidad que califiquen al servidor jurisdiccional para seguir ocupando el cargo, con base en criterios objetivos y en atención al contenido del artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de aplicación supletoria de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, como se advierte en la tesis de jurisprudencia número. P./J.92/2004, de rubro “MAGISTRADOS AGRARIOS. LA EVALUACIÓN PARA EFECTOS DE SU RATIFICACIÓN DEBE PRODUCIRSEY CONSTAR EN DICTÁMENES ESCRITOS EN LOS CUALES SE PRECISEN LAS RAZONES DE LA DETERMINACIÓN TOMADA.”

En términos de lo dispuesto por el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para la ratificación de magistrados de circuito y jueces de distrito, deberá tomarse en consideración el desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función; los resultados de las visitas de inspección; el grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público, así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente; no haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja de carácter administrativa, y los demás que se estimen pertinentes, siempre que consten en acuerdos generales publicados con seis meses de anticipación a la fecha de ratificación, situación esta última no aplicable a los magistrados agrarios, en tanto que en su procedimiento de ratificación sólo concurren el Ejecutivo Federal, con la facultad de propuesta, y la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, con la facultad de ratificación.

Conforme a lo anterior, del análisis de la documentación remitida por el Tribunal Superior Agrario sobre la actuación del Magistrado Sergio Agustín Sánchez Martínez, se desprende lo siguiente:

I. Desempeño en el ejercicio de sus funciones

Congruente con el orden establecido por el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en primer lugar se analizó el desempeño del Magistrado Sergio Agustín Sánchez Martínez en el ejercicio de su función jurisdiccional, utilizando la información que proporcionó la Presidencia del Tribunal Superior Agrario, de la que se desprende lo siguiente, con respecto a la emisión de resoluciones, recursos de revisión, juicios de amparos promovidos en contra de las resoluciones de dicho servidor público, productividad, excitativas de justicia y jornadas de justicia itinerante:

El Tribunal Superior Agrario reportó que el licenciado Sergio Agustín Sánchez estuvo en funciones jurisdiccionales del 20 de junio de 1996 al 20 de junio de 2002, y un periodo extraordinario del 8 de octubre de 2004 al 10 de enero de 2005, en un total de 5 adscripciones:

1. Tribunal Unitario Agrario del Distrito 5, Chihuahua, Chihuahua, del 20 de junio de 1996 al 15de diciembre de 1998.

2. Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22, Tuxtepec, Oaxaca, del 16 de diciembre de 1998 al 22 de octubre de 2001.

3. Tribunal Unitario Agrario del Distrito 30, Crudad Victoria, Tamaulipas, del 23 de octubre de 2001 al 31 de diciembre de 2001.

4. Tribunal Unitario Agrario del Distrito 45, Ciudad Valles, San Luis Potosí, del 10 de enero de 2002 al 20 de junio de 2002.

5. Tribunal Unitario del Distrito 45, Ciudad Valles, San Luis Potosí, del 8 de octubre de 2004 al 10 de enero de 2005.

a) Recursos de revisión y juicios de amparo

I.1. En el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 5, Chihuahua, Chihuahua, el Magistrado Sánchez Martínez emitió un total de 2234 resoluciones; 27 de éstas fueron impugnadas mediante recurso de revisión, de los cuales en 12 casos se revocó la sentencia revisada.

Por lo que hace a los juicios de amparo promovidos en contra de las resoluciones emitidas, el Tribunal Superior Agrario reportó que fueron interpuestos 271 juicios, de los cuales 53 fueron negados, 92 sobreseídos, 14 desechados, en 14 se declaró incompetencia y en 98 se concedió la protección de la Justicia Federal.

I.2. En el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22, Tuxtepec, Oaxaca, pronunció un total de 2089 resoluciones; 23 de éstas fueron controvertidas mediante recurso de revisión, de los cuales en 10 casos se revocaron las sentencias y en uno se modificó.

Por lo que hace a juicios de garantías promovidos en contra de los fallos emitidos, se promovieron 179 juicios de amparo, de los que 75 fueron negados, 56 sobreseídos, 5 desechados, en 7 se declaró la incompetencia, 8 quedaron pendientes de resolución al término del cargo y en 28 casos se concedió la protección de la Justicia Federal.

I.3. Durante el periodo en el que estuvo adscrito en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 30 de Ciudad Victoria, Tamaulipas, el Magistrado emitió 147 resoluciones, de las cuales 8 fueron impugnadas mediante recurso de revisión, mismos que llevaron a la revocación de 3 sentencias.

Asimismo, se promovieron 27 juicios de amparo en contra de sus resoluciones, de los cuales 7 fueron negados, 7 sobreseídos, 7 se encontraron pendientes de resolución al término del encargo, en 3 se declaró incompetencia y en 3 se concedió la protección constitucional.

I.4. En el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 45, de Ciudad Valles, San Luis Potosí, el Magistrado emitió un total de 337 resoluciones; se interpusieron 7 recursos de revisión y sólo 2 revocaron los fallos revisados. En el rubro de juicios constitucionales, se informó que durante su encargo en esta adscripción se promovieron 24 amparos, de los cuales uno fue negado, 4 sobreseídos, uno desechado, 16 quedaron pendientes de resolución y en 2 de ellos se concedió la protección de garantías.

I.5. Durante el periodo de adscripción en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 45, de Ciudad Valles, San Luis Potosí, el Magistrado evaluado emitió 88 sentencias, de las cuales 2 fueron impugnadas mediante revisión y ninguno tuvo por efectos la revocación del fallo. En el mismo periodo fueron interpuestos 25 juicios de amparo; 3 fueron negados, 4 sobreseídos, 2 desechados, 9 quedaron pendientes de resolución y en 7 se concedió la protección constitucional.

Al valorar en forma global los resultados obtenidos respecto la totalidad de recursos de revisión interpuestos, resultó que durante su gestión como magistrado de 1996 a 2002 le fueron interpuestos un total de 65 recursos, de los cuales, en 27 casos se revocó la sentencia (42%), 18 fueron improcedentes (28%), en 14 casos se confirmó la sentencia (22%), en 3 se modificó la sentencia (4%) y 3 fueron extemporáneos (4%).

De lo anterior se desprende que 4 de cada 10 recursos de revisión que le fueron interpuestos tuvieron por efecto la revocación del fallo decisorio y sólo en 2 de cada 10 se confirmaron las resoluciones. Como se puede notar, el número de recursos de revisión interpuestos que tuvieron por efecto la revocación del fallo (27) es prácticamente el doble de aquéllos que tuvieron por efecto su confirmación (14).

Al confrontar las cifras y porcentajes obtenidos por el Magistrado Sánchez frente a los obtenidos por los demás Tribunales Unitarios de 1996 al año 2002, en el rubro de recursos de revisión tenemos los siguientes resultados. De 1996 al año 2002 fueron interpuestos contra todos los Tribunales Unitarios Agrarios 2938 recursos, de los cuales tuvieron resolución revocatoria 926, que representa el 31.51% del total, en tanto que a Sergio Agustín Sánchez Martínez le fueron revocadas el 42% de sus resoluciones, porcentaje claramente mayor al de los Tribunales Agrarios en su conjunto.

En lo que respecta a los recursos de revisión que confirmaron la resolución, de los 2938 recursos interpuestos en contra de todos los Tribunales se confirmó la resolución emitida en 806 casos, un 27.43%, mientras que el porcentaje de sentencias confirmadas a Sergio Agustín Sánchez Martínez en recurso de revisión fue del 22%.

Por lo que hace a los juicios de amparo interpuestos, del total de 526 juicios sustanciados durante la gestión del magistrado Sánchez de 1996 a 2002, en 138 se concedió la protección constitucional (26.2%), 139 fueron negados (26.42%), 163 sobreseídos (30.98%), 22 desechados (4.18%), en 24 se declaró incompetencia (4.56%) y 40 quedaron pendientes de resolver a la fecha de conclusión de sus encargos (7.6%).

b) Productividad

En el rubro de productividad, la información estadística que presentó la Secretaría General de Acuerdos de los Tribunales Agrarios señala que el Magistrado Sergio Agustín Sánchez obtuvo los resultados siguientes:

Como puede observarse, en el rubro de la productividad y abatimiento de cargas de trabajo, se aprecia que en 3 adscripciones de 5, el Magistrado Sergio Sánchez obtuvo resultados positivos en el abatimiento del rezago al concluir su gestión con menor carga de trabajo a la recibida al inicio de la misma. Sin embargo, en las dos adscripciones restantes dejó cargas de trabajo mayores a las recibidas.

En términos generales, tomando en consideración el inicio y conclusión de cada cargo desempeñado, de un total de 2236 asuntos en trámite al iniciar funciones, entregó 2640 asuntos al concluirlas, es decir, 404 asuntos adicionales sin resolver, que significa un 18% de incremento en el número de asuntos en trámite.

e) Excitativas de justicia

En este rubro se tiene que fueron promovidas en contra del Magistrado Sergio Agustín Sánchez tres excitativas de justicia, de las cuales una fue improcedente, otra quedó sin materia y una resultó fundada; esta última en virtud de no haberse practicado notificación de sentencia.

d) Justicia itinerante

En este rubro se reporta que el Magistrado Sánchez programó en los 6 años de gestión 62 jornadas de Justicia Itinerante; sin embargo sólo 30 jornadas fueron realmente atendidas y ejecutadas, lo que representa un 48.3%.

Adicionalmente se reporta que durante sus funciones jurisdiccionales en el Tribunal Unitario Agrario del Distritos 30 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, no se programó ni desahogó ninguna jornada de justicia itinerante incumpliendo con la obligación prevista en el artículo 56 del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios que establece que: “Cada magistrado de los tribunales unitarios deberá presentar un programa trimestral de justicia itinerante, señalando los municipios, poblados y tipo de asuntos a cuyo conocimiento se avocará de conformidad con sus atribuciones y ámbito de su competencia, así como la calendarización de las visitas, las actividades a desarrollar y las circunstancias o particularidades que aquéllas representen. Este programa deberá difundirse con anticipación en los lugares señalados en el mismo, a la vez que notificar el contenido sustancial de dicho programa a los órganos de representación de los poblados correspondientes, con la finalidad de lograr una efectiva, pronta y expedita administración de la justicia agraria... Al término de cada recorrido, el magistrado del tribunal unitario deberá informar al Tribunal Superior sobre sus resultados”.

La no atención de la justicia itinerante se considera de especial relevancia, ya que el acceso a la justicia, en el caso específico de la agraria, puede darse en muchas ocasiones únicamente a través de las itinerancias de los juzgadores, si se toman en cuenta las circunstancias socioeconómicas de los justiciables y las dificultades que enfrentan su traslado a la sede del Tribunal.

II. Visitas de inspección

De los documentos que obran en el expediente remitido por la Presidencia del Tribunal Superior Agrario se advierte que durante su adscripción en los distintos Tribunales Unitarios Agrarios le fueron realizadas 12 visitas de inspección, de las que derivaron las siguientes recomendaciones y observaciones:

1. Visita del 12 de agosto de 1996, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 5, Chihuahua: “Actualizar libro de gobierno. Verificar las razones de por qué es tan alto el número de amparos concedidos (50% aproximadamente), por lo que se requiere dedicarle más tiempo de atención a los informes justificados. Solicitar que se habiliten a los Secretarios de Estudio y Cuenta como Secretarios de Acuerdos B.”

2. Visita del 10 de febrero de 1997, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 5, Chihuahua: “PRIMERA. Se sugiere que tratándose de jurisdicciones voluntarias para el reconocimiento de ejidatarios, además de citar a los integrantes del Comisariado Ejidal y a los colindantes, se fije cédula común notificatoria en los lugares más visibles del poblado, para todos aquellos que se consideren con derechos, en razón de que de existir estos, se variaría la litis por la vía contenciosa. SEGUNDA. Que se actualice el libro de gobierno, para lo cual se sugiere adscribir los más pronto posible al responsable de control de procesos, asimismo se sugiere, motivar más las sentencias que se emitan.”

3. Visita del 17 de julio de 1997, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 5, Chihuahua: “Como consecuencia de la inspección y evaluación que se practicó con motivo de esta visita, se recomienda al Magistrado Titular de Tribunal visitado que en términos de la fracción VII del artículo 41 del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios, se mantenga la eficiencia y calidad del servicio que se ha otorgado a los justiciables en este tribunal, mismas que se desprenden de los datos reportados en el periodo, así como se propicie la buena y cordial relación entre el personal”.

4. Visita del 19 de junio de 1998, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44, Gómez Palacio: “No hay recomendaciones ni observaciones”.

5. Visita del 16 de noviembre de 1998, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 5, Chihuahua: “... El esfuerzo organizativo que se constata es aún insuficiente para subsanar deficiencias en el control de procesos y en el control de los expedientes. Falta una mayor integración como equipo de trabajo con procedimientos internos más supervisados y una dirección más precisa del Magistrado. Recomendaciones: Deberá ponerse más cuidado en integrar la totalidad de registros en el Libro de Gobierno que permita en el plazo de un mes natural, contado a partir de la fecha de visita, actualizar la información en relación con la naturaleza de los asuntos que se encontraban en trámite al momento de la visita anterior... Deberá garantizarse un efectivo registro del control de expedientes...”

6. Visita del 28 de abril de 1999, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22, Tuxtepec: “Con motivo de las ejecuciones pendientes de asuntos relativos al rezago agrario, resueltos tanto por el Tribunal Superior Agrario, como por el Tribunal Unitario Agrario visitado, se requirió a la Brigada de Ejecuciones adscrita al Tribunal, la elaboración de un programa calendarizado de ejecuciones, que permita saber en qué periodos se llevarán a cabo la ejecución de las sentencias correspondientes.”

7. Visita del 3 de marzo de 2000, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22, Tuxtepec: “mantener el clima interno de trabajo, el control de procesos para hacer más ágil el trámite de los expedientes”.

8. Visita del 21 de octubre de 2000, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22, Tuxtepec: “Mantener el clima interno de trabajo, mejorando la eficacia procesal para hacer más ágil el trámite de los expedientes”.

9. Visita del 4 de diciembre de 2000, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22, Tuxtepec: “I.- Otorgar atención preferente a los asuntos de 1992-1997, 58 en total, con el objeto de que en menor tiempo posible sean resueltos, ya que estos constituyen su rezago agrario. II.- Precisar las anotaciones en los libros de control que nos permitan dar la información requerida con mayor agilidad, instrumentando en la computadora el programa adecuado para ello. III.- Diligenciar en el menor tiempo posible los despachos enviados por el Tribunal Superior Agrario, dando atención preferente a los cumplimientos de ejecutoria. IV.- Vigilar que el área de Actuaria realice las notificaciones y emplazamientos dentro de los plazos señalados por la Ley, con el objeto de evitar quejas.”

10. Visita del 20 de junio de 2001, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22, Tuxtepec: “I.- Otorgar atención preferente a los asuntos de 1992-1998, 51 en total, con el objeto de que en menor tiempo posible sean resueltos, ya que estos constituyen su rezago agrario. II.- Diligenciar en el menor tiempo posible los despachos enviados por el Tribunal Superior Agrario, dando atención preferente a los cumplimientos de ejecutoria. III.- Observar las disposiciones que rigen el procedimiento agrario, con el objeto de evitar la interposición de amparos e integrar correctamente los expedientes. IV.- Revisar los expedientes antes de turnarlos a la Secretaria de Estudio y Cuenta, con el objeto de evitar acuerdos para mejor proveer, que retardan la solución de los juicios agrarios; en el periodo se dictaron 56.”

11. Visita del 25 de septiembre de 200, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22, Tuxtepec: “No hubo observaciones ni recomendaciones.”

12. Visita del 29 de noviembre de 2001, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 30, Ciudad Victoria: “1.- Instrumentar un procedimiento entre la Secretaría de Acuerdos, la Unidad de Control de Procesos y de Actuaría a fin de evitar en lo posible el diferimiento o suspensión de audiencias por falta de emplazamientos, inclusive prever el señalamiento de audiencias en tiempos prudentes para que la Unidad de Actuarios esté en posibilidad de realizar su actividad en tiempo. 2.- En los casos en que se presentan al Tribunal demandas por personas diferentes contra el mismo demandado y aparentemente por el mismo acto, se sugiere considerar la posible acumulación de los asuntos. 3.- Evitar en lo posible la reiterativa suspensión de audiencia por la falta de asesoría legal, para ello se sugiere proporcionar el domicilio de la Procuraduría Agraria en los acuerdos de admisión, apercibiendo a la parte demandada que en la audiencia deberá apersonarse acompañado de un asesor legal. 4.- Considerar la posibilidad de entrevistarse con el Delegado de la Procuraduría Agraria, para los efectos anteriores, además de considerar la falta de acuse de recibo en los oficios en los que se solicita designación de abogado. 5.- Agilizar las ejecuciones de sentencias del propio tribunal.”

Del análisis de las actas correspondientes, se desprende que se detectaron deficiencias administrativas y jurisdiccionales advertidas in situ por los Magistrados inspectores, mismas que motivaron diversas observaciones y recomendaciones formuladas al trabajo jurisdiccional y administrativo del Magistrado Sergio Agustín Sánchez Martínez.

Por lo que hace a las funciones jurisdiccionales, resaltan por su importancia las observaciones formuladas en el sentido de dedicar más tiempo a los informes justificados, dado el alto número de amparos concedidos (12 de agosto de 1996); motivar más las sentencias que se emitan (10 de febrero de 1997); mejorar la eficacia procesal para hacer más ágil el trámite de los expedientes (21 de octubre de 2000); observar las disposiciones que rigen el procedimiento agrario, con el objeto de evitar la interposición de amparos e integrar correctamente los expedientes y revisar los expedientes antes de turnarlo a la Secretaria de Estudio y Cuenta, con el objeto de evitar acuerdos para mejor proveer, que retardan la solución de los juicios agrarios (20 de junio de 2001), y agilizar las ejecuciones de sentencias del Tribunal (29 de noviembre de 2001).

Como puede apreciarse, se trata en todos los casos de observaciones sobre la forma de impartir justicia que atañen directamente al responsable del Tribunal, es decir, al Magistrado Sergio Agustín Sánchez Martínez y que revelan deficiencias y falta de diligencia que repercuten directamente en los justiciables.

De entre estas observaciones, se considera especialmente relevante la formulada en el sentido de observar sus disposiciones que rigen el procedimiento agrario, cuyo conocimiento y aplicación son la premisa básica de cualquier juzgador en esta materia. Respecto de este último punto es importante señalar que en el acta de visita correspondiente no consta manifestación alguna del magistrado visitado sobre el particular.

Adicionalmente, de la revisión de las actas derivadas de las visitas de inspección, se desprende que existen recomendaciones reiteradas por lo que hace al rezago agrario. Así, en la visita practicada el 4 de diciembre de 2000, se formuló la de “otorgar atención preferente a los asuntos de 1992-1997, 58 en total, con el objeto de que en menor tiempo posible sean resueltos, ya que estos constituyen su rezago agrario” ; no obstante, seis meses después, en la visita practicada el 20 de junio de 2001 se recomendó al mismo tribunal “otorgar atención preferente a los asuntos de 1992-1998, 51 en total, con el objeto de que en menor tiempo posible sean resueltos, ya que estos constituyen su rezago agrario”.

Lo anterior pone de manifiesto no sólo la falta de diligencia debida en la atención del rezago agrario, sino además, la inobservancia de la recomendación formulada por el magistrado visitador en diciembre de 2000, en perjuicio de la justicia agraria.

Por otra parte, se advierte que se formularon múltiples observaciones relacionadas con la organización y funcionamiento del Tribunal. A este respecto debe tenerse presente que el cargo de magistrado no sólo exige calidad en las funciones jurisdiccionales, lo que sería exigible también a los secretarios, actuarios y demás personal vinculado con estas funciones, sino que además, implica la alta responsabilidad de dirigir la labor de los servidores públicos que integran el Tribunal, velando por el adecuado funcionamiento del mismo, ya que ello impacta necesariamente en la impartición de justicia.

En este sentido, las actas derivadas del las visitas de inspección ponen de manifiesto el impacto negativo en la función jurisdiccional por problemas de funcionamiento del Tribunal, como es el caso de las; recomendaciones formuladas en las visitas del 16 de noviembre de 1998, en la que se indica que el esfuerzo organizativo es insuficiente para subsanar deficiencias en el control de procesos y expedientes; del 4 de diciembre de 2000, en la que se recomienda vigilar que el área de Actuaría realice las notificaciones y emplazamientos dentro de los plazos señalados por la Ley, con el objeto de evitar quejas, y del 29 de noviembre de 2001, en la que se recomendó instrumentar un procedimiento entre la Secretaría de Acuerdos, la Unidad de Control de Procesos y de Actuaría a fin de evitar en lo posible el diferimiento o suspensión de audiencias por falta de emplazamientos, e inclusive, prever el señalamiento de audiencias en tiempos prudentes para que la Unidad de Actuarios esté en posibilidad de realizar su actividad en tiempo.

La naturaleza de las observaciones formuladas en las visitas de inspección revelan deficiencias y la falta de diligencia debida que repercuten negativamente en la impartición de justica agraria, por lo que, a juicio del Ejecutivo Federal, la evaluación de este rubro arroja resultados no satisfactorios.

III. Grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público, así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente.

La fracción III del artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece como otro elemento de análisis para determinar la ratificación, el grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público, así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente. La ratio legis de esta disposición se encuentra precisamente en la necesidad de que los juzgadores se mantengan actualizados y adquieran las herramientas necesarias para resolver los diferentes retos y problemas que se le plantean al juzgador cotidianamente, en beneficio de los justiciables. Así, se trata claramente de un requisito aplicable a cualquier profesión, pero especialmente, a quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia.

En la documentación que obra en el expediente del Magistrado Sergio Agustín Sánchez, no existen constancias que acrediten que haya realizado durante el tiempo de su encargo, cursos de actualización o especialización, lo que además fue confirmado por el propio Magistrado Sánchez en su escrito de alegatos, como se refiere en el apartado correspondiente de este escrito.

Como puede apreciarse, no reporta estudios de grado posterior a los de licenciatura en Derecho, que es el requisito mínimo que exige la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios para poder ser magistrado, ni otros relacionados directamente con la materia agraria, que es precisamente sobre la cual tiene la obligación de impartir de justicia, por lo que este aspecto de la evaluación arroja resultados no satisfactorios.

IV. Sanciones por falta grave, quejas administrativas y auditoría.

Respecto al criterio de evaluación que establece el artículo 121, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relativo a que el servidor público que se evalúa no haya sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja de carácter administrativa, del expediente del Magistrado Sergio Agustín Sánchez Martínez se advierte que le fueron promovidas 2 quejas, una de ellas se archivó por falta de elementos y la otra resultó improcedente.

Por lo que hace a las auditorías practicadas a los Tribunales Unitarios a los que estuvo adscrito, la Contraloría del Tribunal reporta que le fueron practicadas 5 auditorías y en ninguna de ellas le fueron formuladas observaciones que solventar o que hubieren implicado algún tipo de responsabilidad directa para el Magistrado Sergio Sánchez.

Audiencia al Magistrado Sánchez Martínez

Los elementos conforme a las cuales se ha evaluado el desempeño del Magistrado Sánchez, obran en su expediente personal, cuya copia certificada le fue entregada con la notificación del inicio de su procedimiento de ratificación en términos de la ejecutoria que le otorgó el amparo, concediéndole un término de diez días para que alegara lo que a su derecho conviniera y presentara pruebas.

Otorgada la garantía de audiencia de conformidad con el artículo 14 constitucional, el C. Sergio Agustín Sánchez Martínez formuló alegatos, mediante escrito de fecha 22 de noviembre que fue presentado en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal el 24 de noviembre. En esencia, en el escrito referido se alega lo siguiente.

En la primera parte se hacen afirmaciones tendentes a desvirtuar el contenido del dictamen de fecha 1 de noviembre de 2004, que sustentó la propuesta de no ratificación formulada anteriormente respecto del Magistrado Sergio Agustín Sánchez Martínez, no obstante que éste se dejó insubsistente por el Ejecutivo Federal, mediante escrito presentado al Presidente de la Cámara de Senadores de fecha 26 de agosto de 2010, en términos de la ejecutoria que le concedió el amparo, citada en el apartado de antecedentes.

Así, toda vez que los alegatos referidos se encuentran encaminados a desvirtuar el dictamen que ha quedado insubsistente, y no se refieren a las documentales que integran el expediente del presente procedimiento de ratificación, son inoperantes para desvirtuar los elementos objetivos proporcionados por el Tribunal Superior Agrario para la presente evaluación.

Por lo que hace a los demás alegatos, en lo relativo a las cargas de trabajo, se indica que hubo un incremento importante, señalándose el número de asuntos ingresados y atendidos, lo que arrojó el número de asuntos que se encontraban en trámite al momento de la conclusión de los cargos. Respecto de la excitativa de justicia que se declaró fundada, se señala que no correspondió al periodo de actuación del magistrado, dado que su incorporación al Tribunal del Distrito 22 ocurrió el 2 de enero de 1999, en tanto que la excitativa fue resuelta el 23 de enero.

En relación con los resultados de las visitas de inspección, el Magistrado señaló que se refieren a omisiones que acontecen en todo quehacer humano que, sin tratar de minimizarlas, se admiten y se subsanan y se afirma que jamás fueron significativas o trascendentes en la actuación del tribunal y que se debieron las más de las veces a la carencia del personal y se atendieron. No obstante lo alegado, a juicio del Ejecutivo Federal a mi cargo, las recomendaciones y observaciones que le fueron formuladas no pueden considerarse insignificantes o intrascendentes por su impacto directo en la impartición de justicia, por las razones expuestas en el apartado correspondiente de este escrito. Asimismo, la afirmación hecha de que las observaciones se admiten y se subsanan, se contrapone con las actas que derivaron de las actas de visita, en las que consta, por lo que hace al rezago agrario, que le fue reiterada la recomendación de abatirlo seis meses después de habérsele formulado originalmente.

Respecto de las itinerancias, se alega que es falso que las programadas en el Distrito 45 no se hayan realizado, ya que se llevaron a cabo las dos programadas y se acompaña copia simple del libro de gobierno del Tribunal para demostrar su dicho. No obstante, nada se dice respecto de las demás jornadas programadas y no efectuadas, que constan en el expediente proporcionado por el Tribunal Superior Agrario.

Finalmente, se señala en el escrito de alegatos que el magistrado no asistió a cursos de actualización o especialización porque el propio Tribunal no los tiene establecidos y los impartidos por instituciones de enseñanza superior en los lugares en donde le tocó fungir, sólo hubiese sido posible en Chihuahua, aunque no se impartían actualizaciones en materia agraria ni acordes a la función jurisdiccional de los Tribunales agrarios, además de que el trabajo absorbente de los magistrados agrarios impide tener tiempo para esas actividades. Sobre este particular, a juicio del Ejecutivo Federal son insuficientes los argumentos referidos para justificar la falta de cursos de actualización o especialización, ya que al ser uno de los requisitos que deben considerarse en la evaluación para la ratificación, debe entenderse que es deber de cada magistrado procurarse los medios idóneos de actualización o especialización, independientemente de las cargas de trabajo y restricciones de otra índole, máxime, cuando el periodo que se evalúa fue de 6 años.

Por lo que se refiere a las pruebas aportadas en el escrito de alegatos, se trata de elementos que no controvierten o desvirtúan la información especifica que obra en las documentales que integran el expediente, cuya copia certificada tuvo a la vista el Magistrado Sánchez, ni fueron estrechamente vinculadas a alguno de los elementos objetivos con los que se contó para hacer la evaluación correspondiente.

Es de señalarse que del análisis y valoración de las pruebas que aportó el Magistrado Sergio Agustín Sánchez, éstas carecen de alcance demostrativo que permita invalidar la información remitida por el Tribunal Superior Agrario, pues consistieron en copias simples de los siguientes documentos:

1. Copia simple de las fojas 009 y 011 del Libro de Gobierno del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 45 con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí, acompañadas de una certificación presentada en copia simple de fecha 26 de octubre de 2004, suscrita por la Licenciada Argelia Griselda Lío Eng, Secretaria de Acuerdos de dicho tribunal, en las que aparecen registrados 7 asuntos en los rubros de fecha de entrada; número de juicio; antecedentes; promovente/actor; demandado; materia; prevención; auto de radicación, admisión o desechamiento; emplazamiento o notificación; información que con independencia de su veracidad, notoriamente carece de fuerza para demostrar cuestiones adicionales a los hechos ahí consignados y que resulta insuficiente para desvirtuar las documentales que tuvo a la vista el Magistrado evaluado.

2. Cinco fojas presentadas en copias simples . que contienen diversa información respecto a los Tribunales Unitarios en las que ha estado adscrito el magistrado Sergio Sánchez, mismas que registran los siguientes rubros; asuntos ingresados y resueltos, impugnaciones a resoluciones, excitativas de justicia, quejas, itinerancia y juicios de amparo. Del análisis realizado a dicha información, se desprende que las primeras 3 fojas están foliadas de la página 3 a la 5, y las últimas dos páginas no contienen folio numérico alguno. Por otra parte, la totalidad de las documentales presentadas carecen de nombre y firma que permitan identificar al servidor público que expidió dicha información.

Al tratarse de copias fotostáticas, éstas carecen de valor probatorio, pues no se apoyan en algún otro medio de prueba, además de que con ellas no se acreditaron en forma efectiva los extremos contenidos en el escrito de alegatos del servidor público evaluado, respecto de los puntos que se evalúan en el presente dictamen.

Ahora bien, es importante destacar que el Magistrado ofreció también como pruebas, lo actuado en el expediente relativo al juicio de amparo 1830/2004, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y en la página 4 de su escrito de alegatos, hace referencia al diverso 1695/2002, radicado en el mismo Juzgado, sin embargo, dichas pruebas no fueron acompañadas al escrito de alegatos en el presente procedimiento y no puede inferirse la obligación del Ejecutivo Federal de recabarlas del lugar donde se encuentren, por el sólo hecho de ser parte en dichos juicios.

Por todo lo anterior, se advierte que los elementos probatorios aportados por el Magistrado, a juicio del Ejecutivo Federal, no son aptos para desvirtuar los hechos que constan en las documentales materia de este procedimiento, por no estar vinculados estrechamente a ellos y atendiendo a su propio contenido.

No obstante lo expuesto, al ser ese órgano legislativo el titular de la potestad de designar a los magistrados y ratificarlos, le corresponderá en ejercicio de sus atribuciones constitucionales valorar en sus méritos las documentales que conforman el expediente del Magistrado Sergio Agustín Sánchez Martínez, así como los alegatos y pruebas presentadas por éste para resolver en definitiva sobre su ratificación o no ratificación en el cargo de magistrado agrario.

Propuesta

El análisis y valoración del expediente del Magistrado expuso resultados negativos, pues su ejercicio jurisdiccional y administrativo no se ha llevado a cabo en apego a los principios de excelencia profesional y diligencia que deben regir la impartición de justicia en México, acorde a lo expuesto y razonado en los numerales I, II, III y IV del presente. Fundamentalmente por lo que hace a los resultados obtenidos en los rubros concernientes a visitas de inspección y grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público, así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente, recursos de revisión, productividad, deficiente realización de las jornadas de justicia itinerante, como por las razones expuestas en el presente escrito, que llevan a la conclusión del Ejecutivo Federal de que el Lic. Sergio Agustín Sánchez Martínez no es la persona idónea para desempeñar el cargo de magistrado agrario.

A este respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Revisión Administrativa 2/97, que dio lugar a la tesis del rubro “JUECES DE DISTRITO Y MAGISTRADOS DE CIRCUITO. SU RATIFICACIÓN. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 121 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN” , señaló que para decidir la no ratificación en el cargo de Magistrado, resulta suficiente que se actualice el aspecto negativo de alguno de los elementos contenidos en las fracciones I a V del artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que ello determinará la estimación de un mal desempeño en la labor encomendada y que se sostenga que el juzgador no respetó alguno de los principios que rigen la carrera judicial, sin que lo anterior implique, desde luego, que en caso de actualizarse el aspecto negativo de diversos elementos, la resolución de no ratificación se apoye en todos ellos a efecto de dar mayores fundamentos al dictamen relativo. En cambio, para la emisión de una decisión de ratificación en el cargo de Magistrado, sí resulta indispensable que se actualicen los aspectos positivos de todos y cada uno de los elementos contenidos en las fracciones I a V del artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que de ello se pueda determinar que el administrador de la Justicia Federal en su actuación diaria respetó los principios que rigen la carrera judicial.

Los criterios contenidos en la resolución referida, aprobada por unanimidad de votos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aplicables por analogía al presente procedimiento, llevan al Ejecutivo Federal a mi cargo a la convicción de que al actualizarse aspectos negativos en los rubros evaluados sobre el desempeño del Magistrado Sergio Agustín Sánchez Martínez, como se ha expuesto en el presente, no es la persona idónea para seguir desempeñando el cargo a través de la ratificación, por lo que con fundamento en los artículos 27, fracción XIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6°, 15, 16 y 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, y 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de aplicación supletoria al caso, se propone su no ratificación como Magistrado de Tribunal Unitario Agrario.

Corresponderá a esa instancia legislativa resolver en definitiva sobre la ratificación del Magistrado Sánchez Martínez, por lo que para el análisis y valoración respectiva, acompaño toda la documentación que he tenido a la vista, tanto la remitida por el Tribunal Superior Agrario, como la presentada por el propio Magistrado evaluado, y que sirvió de base para el presente, convencido de que la colaboración entre los Poderes de la Unión contribuye de manera decidida a fortalecer y consolidar las instituciones del Estado, entre ellas la de los órganos jurisdiccionales que imparten la justicia agraria.

Reitero a usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a los veintidós días del mes de diciembre de dos mil diez.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (rúbrica)