De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo sobre el conflicto Armenia-Azerbaiyán respecto a Nagorno Karabaj
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Relaciones Exteriores le fue turnado para su estudio y posterior elaboración de dictamen con punto de acuerdo relativo al conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, presentado por el diputado Marcos Pérez Esquer, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 6 de septiembre de 2011.
La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), n y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 85, 176 y 182, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen.
Antecedentes
1. A finales de 1987 comienza el denominado “periodo reciente” del conflicto Armenia-Azerbaiyán, el cual se identifica con los ataques por parte de los armenios a los azerbaiyanos en Khankandí, también conocido como Stepanakert.
Entre 1988 y 1989, se suscitaron constantes ataques en los que, por lo menos, 216 azerbaiyanos fueron asesinados y mil 154 sufrieron graves heridas; asimismo se originó un proceso de deportación masiva de aproximadamente 200 mil personas.
2. A fines de 1991 y principios de 1992, aprovechando la inestabilidad política ocasionada por la disolución de la Unión Soviética, se intensificó el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán al pasar a una fase militar que inició con operaciones combate por parte de fuerzas armenias en Nagorno-Karabaj.
3. Durante la noche del 25 al 26 de febrero de 1992, tuvo lugar una masacre sin precedentes por parte de fuerzas armadas armenias contra la población de Azerbaiyán en Jodyali; en ella perecieron 613 azerbaiyanos, entre ellos 106 mujeres, 63 niños y 70 ancianos; mil 275 habitantes fueron tomados como rehenes, mientras que el destino de 150 personas aún se desconoce. Además, 487 habitantes de Jodyali fueron mutilados, incluyendo 76 menores de edad. 26 niños quedaron huérfanos y otros 130 perdieron al menos a uno de sus padres. El ataque quedó plenamente documentado por diversos organismos de la República de Azerbaiyán, y numerosas fuentes independientes.
Después del genocidio, las fuerzas armenias ocuparon los 7 distritos circundantes a la región de Nagorno Karabaj: Shushá (centro administrativo de Azerbaiyán); Kalbajar, Aghdám, Fuzulí, Yabraíl, Gubadlí y Zangilán.
4. El 30 de abril y el 29 de julio de 1993, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó las resoluciones números 822 y 853, a través de las cuales:
a) Exigió el cese inmediato de todas las hostilidades, con miras a establecer un cese al fuego duradero, así como el retiro inmediato de todas las fuerzas en los territorios de Kalbajar y Agdám, y otras localidades ocupadas de Azerbaiyán;
b) Instó a las partes interesadas a reanudar las negociaciones para la solución del conflicto, y abstenerse de cualquier acto que obstaculizara el logro de una solución pacífica;
c) Pidió se permitiera el acceso libre del socorro humanitario internacional en la región, a fin de aliviar los sufrimientos de la población civil, reafirmando que todas las partes tienen la obligación de acatar los principios y normas del derecho humanitario internacional; y
d) Pidió al Secretario General que, en consulta, con el Presidente en funciones de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE) y el Presidente del Grupo de Minsk de la Conferencia, evaluara la situación en la región y presentara un nuevo informe al Consejo.
El 14 de octubre del mismo año, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución número 874, mediante la cual, entre otras cuestiones:
a) Hizo un llamamiento a las partes para hacer efectiva y permanente la cesación del fuego;
b) Reiteró su pleno apoyo al proceso de paz pretendido en el marco de la CSCE;
c) Pidió la aplicación inmediata de las medidas recíprocas y urgentes previstas por el Grupo de Minsk de la CSCE, incluyendo el retiro de las fuerzas de los territorios ocupados;
d) Pidió la pronta convocatoria de la Conferencia de Minsk de la CSCE para lograr un arreglo negociado del conflicto;
e) Pidió a todas las partes abstenerse de cometer cualquier violación del derecho humanitario internacional, reiterando el llamamiento a permitir el acceso de los servicios internacionales de socorro humanitario en las zonas afectadas; y
f) Instó a todos los estados de la región a abstenerse de todo acto hostil y de cualquier injerencia o intervención que pudiera llevar al agravamiento del conflicto, socavar la paz y la seguridad en la región.
El 11 de noviembre de 1993, a través de la resolución número 884, el Consejo de Seguridad de la ONU, entre otros aspectos:
a) Condenó la violación al cese al fuego establecido entre las partes, que tuvo como resultado la reanudación de hostilidades y la ocupación de nuevos territorios de la República de Azerbaiyán;
b) Instó al gobierno de Armenia a lograr que sus nacionales establecidos en la región de Nagorno-Karabaj acaten las resoluciones 822,853 y 874 del Consejo de Seguridad;
c) Exigió a las partes interesadas el inmediato cese de hostilidades y el retiro unilateral de fuerzas armadas de los territorios ocupados en Azerbaiyán;
d) Exhortó a las partes interesadas a reanudar y hacer efectiva en forma permanente la cesación al fuego y a continuar buscando un arreglo negociado del conflicto;
e) Exhortó nuevamente a los estados de la región a abstenerse de todo acto hostil y de cualquier injerencia o intervención que pudiera llevar al agravamiento del conflicto, socavar la paz y la seguridad en la región; y
f) Pidió al secretario general y a los organismos internacionales competentes, proporcionar asistencia humanitaria urgente a la población civil afectada y ayudar a los refugiados y personas desplazadas a retornar a sus hogares sin peligro y con dignidad.
Con esas resoluciones, el Consejo de Seguridad de la ONU reafirmó los principios de respeto a la soberanía, integridad territorial e inviolabilidad de las fronteras internacionales.
5. El conflicto armado en los territorios de la República de Azerbaiyán, generó la ocupación ilegal de casi un quinto del territorio de ese estado y que al menos, una de cada ocho personas se convirtieran en desplazados o refugiados. 20 mil personas fueron asesinadas, 50 mil más fueron heridas o quedaron inválidas, y se estima que aproximadamente, 5 mil se encuentran desaparecidos.
Las áreas económicas del país quedaron gravemente afectadas; fueron destruidos hospitales, casas, departamentos, edificios de negocios, auditorios, escuelas, fábricas, sistemas de irrigación, puentes, carreteras, tuberías para abastecimiento de agua y de gas, así como estaciones de suministro. El daño infringido a la República de Azerbaiyán se ha estimado en decenas de miles de millones de dólares.
6. Aunque el 12 de mayo de 1994, mediante acuerdo tomado en la cumbre de la CSCE en Budapest, se determinó el cese al fuego, las fuerzas armenias han violado reiteradamente esa tregua, con mayor frecuencia a partir de 2003.
Consideraciones
El conflicto entre Armenia y Azerbaiyán se basa en la disputa territorial por el enclave del Alto Nagorno Karabaj de Azerbaiyán. El resultado de esta disputa ha sido de 30 mil muertos, 20 por ciento del territorio ázeri ocupado por Armenia, y un millón de refugiados y desplazados internos.
A partir de 1992, ambos países sostienen negociaciones sobre el arreglo negociado del conflicto en el marco del Grupo de Minsk de la OSCE (Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa). El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en 1993 cuatro resoluciones que exigían la retirada inmediata de los soldados armenios de los territorios ocupados y apoyaban la integridad territorial, la soberanía y las fronteras internacionalmente reconocidas de Azerbaiyán. Estas resoluciones aún no se han cumplido.
La “hoja de ruta” establece que, para resolver el conflicto pacíficamente, las fuerzas armenias deben retirarse, según el calendario fijado, de todo el territorio ocupado en torno a Nagorno-Karabaj y que las personas desplazadas dentro del territorio deben poder volver a su tierra. Este plan hace referencia al despliegue de unas fuerzas de paz internacionales y a la aplicación de medidas que generen confianza entre las partes.
México se ha caracterizado por abanderar causas progresistas y pugnar en favor de un orden internacional más justo. La defensa de la autodeterminación de los pueblos, la concesión de refugio y asilo político, la condena internacional del belicismo y del expansionismo, la solidaridad con las naciones en desarrollo, la búsqueda activa de la paz y la aprobación de zonas libres de armas nucleares son ejemplos de ello. Ha sostenido que el respeto al derecho internacional es una condición indispensable para el establecimiento de relaciones solidarias y cooperativas que sean eficaces y justas para la solución de los problemas comunes antes mencionados.
Debe por tanto reiterar su apego a la legalidad internacional, como lo consagró formalmente en 1988 al incorporar los propósitos y principios de las Naciones Unidas a nuestra Constitución.
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:
I. ...
X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;
Estos principios de política exterior se hallan regulados por el derecho internacional y son anteriores a su incorporación a nuestra Constitución en 1988 y deben ser interpretados a la luz de la Carta de la ONU; sin excepción, tales principios constitucionales proceden de principios regulados en primera instancia por el derecho internacional, y su régimen jurídico está vinculado al de otras normas internacionales. Así el principio de no intervención está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, la cual dispone en su artículo 2o., párrafo 7, que: “Ninguna de las disposiciones de esta carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados, ni obligará a los miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente carta, pero esta principio no se opone a la aplicación de medidas coercitivas prescritas en el capítulo VII”.
Nuestro país ha tenido siempre una conciencia plena de la validez del derecho en el ámbito internacional y de la necesidad de que las relaciones entre los estados se rijan por un orden jurídico, fuente de un ambiente de paz y seguridad. Ha tenido y tiene también la conciencia de que en todas las relaciones de convivencia que por su naturaleza sean susceptibles de ser normadas por principios jurídicos, la conducta de los estados debe ser regulada por el derecho y no guiada por conceptos circunstanciales de orden político.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Relaciones Exteriores, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión condena la ocupación del territorio de Nagorno Karabaj de la República Azerbaiyana y las muertes, lesiones y vejaciones causadas a pobladores de la República de Azerbaiyán, particularmente, las que tuvieron lugar en el denominado “Genocidio de Jodyalí”, así como las que se siguen verificando a partir de la violación al pacto de cese al fuego establecido entre las partes, con las cuales reanudaron las hostilidades.
Segundo. Lamenta profundamente que el conflicto entre las Repúblicas de Azerbaiyán y Armenia subsista, y que no haya encontrado solución a través de los distintos mecanismos puestos en marcha por los interesados y organismos internacionales; por lo que se exhorta a los diversos actores a fortalecer el diálogo para la solución del conflicto, considerando a éste como el mecanismo adecuado para el intercambio de opiniones y propuestas que coadyuven al fortalecimiento de las relaciones internacionales; salvaguardando en todo momento los principios fundamentales de la convivencia pacífica entre las naciones, como son la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción del uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los estados; la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacional.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, hace un llamado al titular del Poder Ejecutivo federal a fin de que a través de nuestra representación en la Organización de Naciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, presente una denuncia sobre la crisis humanitaria que prevalece en la República de Azerbaiyán, asimismo, para que con base en sus facultades, permitan proteger con eficacia los derechos humanos de la población civil en dicho país.
Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el ámbito de sus respectivas competencias, solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, a que instruya a la representación de México en la Organización de las Naciones Unidas, para que impulse las acciones que estime pertinentes a fin de exhortar al gobierno de la República de Armenia a acatar las resoluciones 822, 853, 874 y 884 del Consejo de Seguridad y las emitidas por el Consejo de Europa.
Quinto. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a que en el ámbito de su competencia, presente a nombre del Estado mexicano, ante los organismos internacionales competentes, un exhorto a la República de Armenia a llevar a cabo la inmediata cesación de las hostilidades y actos de violencia en contra de civiles azerbaiyanos, el retiro inmediato de las fuerzas armadas en los territorios de la República de Azerbaiyán, y a las partes interesadas a abstenerse de todo acto hostil y de injerencia o intervención que pueda provocar una ampliación del conflicto y socavar la paz y seguridad de la región.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados a los 30 días del mes de noviembre de 2011.
La Comisión de Relaciones Exteriores
Diputados: Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica), presidente; María del Carmen Izaguirre Francos (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), José Luis Jaime Correa, Caritina Sáenz Vargas, Jaime Álvarez Cisneros, Eduardo Bailey Elizondo (rúbrica), Augusta Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Carlos Flores Rico (rúbrica), Martín García Avilés, Arturo García Portillo (rúbrica), Olivia Guillén Padilla (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto, Tereso Medina Ramírez (rúbrica), Beatriz Paredes Rangel, Miguel Ernesto Pompa Corella, Jesús Ramírez Rangel (rúbrica), Omar Rodríguez Cisneros (rúbrica), Wendy Rodríguez Galarza (rúbrica), Éric Rubio Barthell, Ricardo Sánchez Guevara, Norma Sánchez Romero, María del Pilar Torre Canales, Ana Georgina Zapata Lucero.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo para definir nuevos instrumentos de cooperación bilateral y multilateral en el marco de la diplomacia parlamentaria
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Relaciones Exteriores fue turnado para estudio y posterior elaboración de dictamen el punto de acuerdo relativo a la realización de acciones para definir desde el Poder Legislativo federal nuevos instrumentos de cooperación bilateral y multilateral en el marco de la diplomacia parlamentaria que permitan fortalecer las relaciones internacionales y fijar la política exterior del país, presentado por la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 85, 176 y 182, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen:
Antecedentes
La proponente establece que de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, la política exterior de México se fundamenta en la defensa y promoción activa del interés nacional, definido como el interés de todos los mexicanos, tanto de los habitantes del territorio nacional como de quienes residen fuera de él. Por el interés y el bienestar de los mexicanos y porque la realidad internacional exige ser un actor responsable, la política exterior debe asumir los enormes retos que encara la comunidad internacional.
Asimismo, señala que la pertenencia de México a numerosos foros y organismos internacionales le ofrece condiciones propicias para incrementar su participación en la construcción del nuevo orden mundial.
En el mismo sentido, destaca que en un mundo dinámico en el que el mapa económico y político se mueve con relativa rapidez, y con ello también las oportunidades para apoyar el desarrollo de México, resulta vital para la nación ampliar y fortalecer las relaciones diplomáticas, comerciales, económicas y de inversión con otros países y regiones del mundo.
Considera que la política exterior en la teoría es la misma; sin embargo, en la práctica ha cambiado: del legado histórico que dio lugar a nuestros principios de política exterior a la tradición y buena imagen que ésta y nuestra diplomacia guardó durante muchas décadas en el escenario internacional, al análisis y búsqueda incesante de la satisfacción del interés nacional –esencia y fundamento de cualquier política pública–. Somos testigos de que en la actualidad nos encontramos con el desconocimiento total de dicho interés nacional lo que nos ha llevado a mostrar una política exterior completamente pasiva y reactiva ante hechos ya consumados, proceso real y completamente contrario a lo que hoy nuestra canciller ha querido manifestar de manera reiterativa al señalar nuestra política exterior como “activa y cimentada en el respeto de cada uno de nuestros principios históricos”.
Lamenta que una de las características de la política exterior de México sea precisamente su inactividad. El continuismo inherente en reaccionar ante hechos consumados, así como la carencia de estadistas con visión y previsión, refleja la carencia de un proyecto nacional en materia de política exterior y, claro está, la exclusión de ágiles procesos de negociación, lo que nos ha llevado a la presencia de lamentables prácticas diplomáticas.
Debe ser un país de vanguardia en política exterior hacia América Latina. Hoy estamos a la cola en este terreno.
Hoy más que nunca es deber de los legisladores mexicanos identificar los elementos peculiares que han hecho de la conducción de nuestras relaciones internacionales sinónimo de incoherencia y falta de dirección.
Por estas razones, desde el Poder Legislativo debemos buscar la vinculación con nuestros homólogos de otras latitudes a través de la diplomacia parlamentaria, con objeto de construir nuevos mecanismos de cooperación bilateral y multilateral, los cuales permiten fortalecer las relaciones internacionales del país y lograr desde el ámbito de nuestras facultades dotar de un rumbo definido a nuestra política exterior, acorde con nuestros principios rectores.
En los recientes años, el Poder Legislativo ha empezado a despertar del letargo en que estuvo inmerso durante muchos años. Como consecuencia de su fortalecimiento e independencia frente al Poder Ejecutivo, ha desarrollado una serie de actividades que corre por una pista paralela a la política exterior dirigida por el presidente de la República.
La diplomacia parlamentaria tiene tres objetivos centrales vinculados estrechamente con los procesos que le dieron origen y con la finalidad última de construir una política exterior de Estado: 1. Auxiliar en la democratización de la política exterior; 2. Fortalecer la división de poderes en forma de una auténtica colaboración entre autoridades en política internacional; y 3. Trabajar en la transformación conceptual de la globalización hacia una genuina mundialización.
Concluye que el país es dueño de gran tradición legislativa. Debe ser protagonista destacado en la construcción de un nuevo marco jurídico que permita establecer el protocolo parlamentario adecuado que colabore en la construcción de nuevas bases en nuestra política exterior.
Consideraciones
Las relaciones internacionales han cambiado sustancialmente en las últimas décadas. La soberanía se encuentra en una etapa de redefinición, ya que la complejidad y diversidad de la realidad internacional superan actualmente los ámbitos tradicionales, derivado de los procesos de reforma, reorganización, democratización y nuevos equilibrios de los Estados contemporáneos, encontramos que la diplomacia ha dejado de ser una actividad circunscrita al ámbito representado por el Poder Ejecutivo.
Las nuevas formas de interacción diplomática ofrecen una serie de ventajas por su variedad y pluralismo en la construcción de lazos que sobrepasan con mucho los instrumentos oficiales y gubernamentales, imbrican a los diferentes pueblos, sus instituciones y grupos sociales, dinamizan y flexibilizan las relaciones entre las naciones, y complementan las actividades internacionales de los gobernantes.
La fracción X del artículo 89 constitucional circunscribe al Poder Ejecutivo federal la dirección de la política exterior, la diplomacia que desarrolla el Poder Legislativo en sus niveles federal y estatal, le corresponde, en cuanto representante de la nación, al Congreso de la Unión, compuesto por la Cámara de Senadores y la de Diputados, tienen unas atribuciones que se ejercen conjuntamente por ellas, mientras que otras son de ejercicio exclusivo de una u otra.
El Senado y la Cámara de Diputados tienen una responsabilidad compartida que, sin embargo, se expresa de distintas maneras de acuerdo con lo que constitucional y legalmente suponen sus facultades exclusivas: en el caso del Senado de la República, su facultad de analizar la política exterior, aprobar los tratados y convenios que suscriba el Ejecutivo de la Unión y ratificar los nombramientos de embajadores y de cónsules generales que haga el presidente de la República.
De conformidad con el Reglamento de la Cámara de Diputados, en el artículo 269, vigente desde el 1 de enero de 2011, se define la diplomacia parlamentaria como “la actividad desarrollada por la Cámara, por sí o como parte del Congreso de la Unión; que realizan las diputadas y los diputados con sus contrapartes del mundo en el ámbito de las relaciones internacionales. Es un instrumento que se desarrolla mediante el diálogo, el debate, la negociación, el estudio, la confrontación y la conciliación de posiciones y el acuerdo de adoptar resoluciones, declaraciones, posicionamientos, lineamientos de acciones o políticas de manera conjunta o en coordinación, con el apoyo o respaldo de otras instancias gubernamentales”.
El artículo 272 del mismo ordenamiento señala como expresiones de la diplomacia parlamentaria
I. Las que desempeñe el presidente o, en su caso, alguno de los vicepresidentes en representación de la Cámara en el ámbito internacional;
II. Las que desempeñe la Comisión de Relaciones Exteriores;
III. Las que desempeñan las delegaciones permanentes de diputadas y de diputados ante organismos parlamentarios multilaterales mundiales, regionales, temáticos y bilaterales;
IV. Las que consuetudinariamente se han puesto en práctica por las delegaciones de diputadas y de diputados en reuniones interparlamentarias; y
V. Las que llevan a cabo los grupos de amistad.
Mediante la diplomacia parlamentaria, el Poder Legislativo se vincula con los Poderes Legislativos de los Estados del mundo, organismos parlamentarios internacionales, instancias supranacionales, multilaterales mundiales y regionales de carácter parlamentario y organizaciones políticas, sociales, gubernamentales y no gubernamentales del ámbito internacional.
La diplomacia parlamentaria en ese sentido, además de ir consolidándose como espacio de intercambio de experiencias legislativas útiles para la democratización de la política exterior, es también un espacio de diálogo político privilegiado para que, en estrecha coordinación y en aprovechamiento de sus canales no tradicionales de actuación, logre participar en la negociación y obtención de consensos de importancia para nuestra política internacional al incidir sobre los Poderes Legislativos y Ejecutivos de otras naciones.
Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Relaciones Exteriores somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, acuerda realizar reuniones en conferencia entre la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y las Comisiones de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores América del Norte; América Latina y el Caribe; Europa; Asia-Pacífico; África; Organismos Internacionales; y Organizaciones no Gubernamentales, de la Cámara de Senadores con objeto de redefinir y eficientar los mecanismos de cooperación bilateral y multilateral, en el marco de la diplomacia parlamentaria.
Segundo. La Cámara de Diputados acuerda la creación de un área técnica administrativa especializada en asuntos internacionales y relaciones parlamentarias, a fin de dar cabal cumplimiento a lo contenido en el artículo 273 del Reglamento de esta Cámara, la meta de lograr esta área es fundamental para la tarea de la diplomacia parlamentaria.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 30 de noviembre de 2011.
La Comisión de Relaciones Exteriores
Diputados: Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica), presidente; María del Carmen Izaguirre Francos (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), José Luis Jaime Correa, Caritina Sáenz Vargas, Jaime Álvarez Cisneros, secretarios; Eduardo Bailey Elizondo (rúbrica), Augusta Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Carlos Flores Rico (rúbrica), Martín García Avilés, Arturo García Portillo (rúbrica), Olivia Guillén Padilla (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto, Tereso Medina Ramírez (rúbrica), Beatriz Paredes Rangel, Miguel Ernesto Pompa Corella, Jesús Ramírez Rangel (rúbrica), Omar Rodríguez Cisneros (rúbrica), Wendy Rodríguez Galarza (rúbrica), Éric Rubio Barthell, Ricardo Sánchez Guevara, Norma Sánchez Romero, María del Pilar Torre Canales, Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica).
De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revocar el título de concesión otorgado a Fonatur Operadora Portuaria, SA de CV
Honorable Asamblea:
La Comisión de Transportes, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 80, 81, 82, 84, 85, 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea, el siguiente dictamen.
Antecedentes
1. En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el 13 de septiembre de 2011, el diputado Armando Ríos Piter, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revocar por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el título de concesión otorgado en favor de Fonatur Operadora Portuaria, SA de CV.
2. En la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva acordó turnar la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa a la Comisión de Transportes, para su estudio y dictamen, mediante oficio DGPL 61-Il-4-1676.
Derivado de lo anterior, esta comisión realizó diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada proposición con punto de acuerdo, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a ésta e integrar el presente dictamen.
Descripción de la proposición
El diputado Armando Ríos Piter expone –en su proposición– que el 12 de enero de 2011, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó a Fonatur Operadora Portuaria, SA de CV, el título de concesión por 25 años del fondeo de la bahía del puerto yaguas adyacentes, todo el recinto portuario, la Laguna de las Salinas, en Zihuatanejo de Azueta, así como Barra de Potosí y sus colindancias, pertenecientes a Petatlán, Guerrero, despojando a los habitantes de su fuente de sustento.
Agrega que en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario no se menciona nada sobre cómo se pretende incluir a la lugareños en el proceso de modernización y desarrollo del puerto, ni existe un apartado sobre el tema social, ya que no es posible desplazar a la gente de sus actividades económicas sin ofrecer opciones.
Además, menciona el diputado Ríos Piter que en el decreto de concesión no son suficientes las salvaguardas ambientales, ni la presentación de planes de mitigación y conservación de los recursos naturales de la región.
En ese sentido, expone la proposición en análisis que una de las razones para solicitar la revocación de la concesión otorgada a Fonatur Operadora Portuaria, es que no hay un compromiso para limpiar la bahía y se restringe el tráfico marítimo a todos los usuarios y prestadores de servicios, así como el acceso público al muelle fiscal, despoja a los pescadores de sus áreas de varadero y atracadero en la playa principal, Laguna de Salinas y amenaza con la destrucción de la Barra de Potosí, a la vez que despoja los títulos de concesiones ya autorizados.
Derivado de esto, el Diputado Ríos Piter plantea exhorta al titular del Ejecutivo federal a revocar por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el título de concesión otorgado en favor de Fonatur Operadora Portuaria, SA de CV, para la administración portuaria integral tanto del recinto portuario correspondiente al puerto de Zihuatanejo y sus aguas adyacentes, que comprenden la zona de fondeo de la bahía del mismo nombre, en Zihuatanejo de Azueta, como de la Barra de Potosí, en Petatlán, Guerrero.
Consideraciones de la comisión
En efecto, el 12 de enero de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el título de concesión otorgado por el Ejecutivo federal, por conducto del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a favor de la empresa Fonatur Operadora Portuaria, SA de CV, para la administración portuaria integral, tanto del recinto portuario correspondiente al puerto de Zihuatanejo y sus aguas adyacentes, que comprenden la zona de fondeo de la bahía del mismo nombre, ubicado en el municipio de Zihuatanejo de Azueta, así como de la Barra de Potosí localizada en el municipio de Petatlán, ambos en Guerrero.
Dicho título de concesión otorga facultades a la empresa Fonatur para el uso, aprovechamiento y explotación de diversos bienes de dominio público de la Federación, dentro de los cuales se encuentran comprendidos el puerto y el recinto portuario, e inmuebles con superficies de 42 mil 583.14 metros cuadrados, 11 mil 660.57 metros cuadrados,9 mil 808.04 metros cuadrados y 3 mil 980.79 metros cuadrados de terrenos ganados al estero “La Salina”, para promover la construcción de un desarrollo náutico-turístico, todos en el municipio de Zihuatanejo, Guerrero.
Asimismo, forma parte de la concesión un área de zona federal marítima terrestre, cuya superficie total comprende una extensión de casi 16 millones de metros cuadrados, en la que se desarrollará un muelle de cruceros con una superficie total de 7 mil 447.63 metros cuadrados, en la Barra de Potosí, municipio de Petatlán, Guerrero.
Por virtud del título de concesión en cita, la empresa Fonatur está facultada a promover la sustitución de los títulos de concesión, permisos o autorizaciones que se hubiesen otorgado con anterioridad, y que continúen en vigor al momento de la sustitución correspondiente, por contratos de cesión parcial de derechos o de prestación de servicios, y para gestionar ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la legalización de las áreas, obras e instalaciones construidas por terceros de manera irregular en las áreas concesionadas.
Ahora bien, en relación a lo señalado en la proposición del diputado Ríos Piter, el título de concesión en su cláusula vigésima, dispone que la empresa concesionaria sólo será responsable de vigilar, supervisar y denunciar los daños que en materia ecológica y de protección al ambiente, se hubieren causado o se causen en las áreas concesionadas y deberá cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, as! como con los Tratados y Convenios Internacionales celebrados y ratificados por México en materia de equilibrio ecológico y de protección al ambiente.
No obstante, en fechas recientes, diversos grupos de ambientalistas, pescadores, estudiantes, pescadores ribereños y de pesca deportiva, lancheros, taxistas, hoteleros, restauranteros y población en general, manifestaron su oposición a la concesión y empezaron la defensa del espacio, generando protestas en las diferentes vialidades de los municipios de Zihuatanejo y Petatlán, quienes argumentan que el proyecto privatiza los espacios y deja fuera al sector pesquero y al de prestación de servicios turísticos, además de que a su juicio, dañaría la flora y fauna de estos dos espacios.
Asimismo, los grupos inconformes argumentan que existen elementos para solicitar la revocación de la concesión, ya que Fonatur no ha cumplido con la presentación del plan maestro a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; así como tampoco el plan anual operativo.
Por su parte, Fonatur expone que la intención del proyecto consiste en ubicar al puerto de Zihuatanejo en el contexto internacional como un destino turístico relevante para el desarrollo económico regional.
De acuerdo con la propia empresa concesionaria, los objetivos son: aprovechar adecuadamente los atractivos naturales y culturales; ejecutar las acciones necesarias para la promoción, operación, desarrollo y fortalecimiento del puerto, a fin de lograr la mayor eficiencia y productividad, y mantener una relación armoniosa con el entorno urbano y respetuosa con el medio ambiente, a fin de lograr un desarrollo sustentable del conjunto. Asimismo, Fonatur informó que para el transcurso de este año se prevén 48 arribos con 54 mil 420 pasajeros a este puerto.
En ese sentido, la Comisión de Transportes considera imperativo que el desarrollo turístico, entendido como una actividad motriz de la economía, debe influir inmediatamente en el bienestar de los habitantes y en su calidad de vida, por lo que la modernización de un destino tan importante para la región costera de Guerrero, como lo es Zihuatanejo, debe converger con las capacidades de los sectores de su población, en razón de lo cual, los tres niveles de gobierno deben velar por la inclusión de la sociedad con un objeto productivo.
Es necesario garantizar que no haya perjuicios contra de quienes son el motor económico de nuestras comunidades, para lo cual, se debe buscar que los prestadores de servicios turísticos y quienes se dedican a la actividad pesquera en Zihuatanejo de Azueta y Petatlán no queden desamparados, ni sean desplazados de su fuente de trabajo.
Por lo expuesto, los diputados integrantes de esta Comisión de Transportes de la LXI Legislatura, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se revise la situación de los grupos de pescadores y prestadores de servicios inconformes con el desarrollo del proyecto concesionado a Fonatur Operadora Portuaria, SA de CV, para la administración portuaria integral tanto del recinto portuario correspondiente al puerto de Zihuatanejo y sus aguas adyacentes, que comprenden la zona de fondeo de la bahía del mismo nombre, en Zihuatanejo de Azueta, como de la Barra de Potosí, en Petatlán, Guerrero, y se determine su posible incorporación al desarrollo de dicho proyecto portuario.
Sala de Comisiones de la honorable Cámara de Diputados, a 29 de noviembre de 2011.
La Comisión de Transportes
Diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), presidente; Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Silvio Lagos Galindo, José Antonio Arámbula López, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Olga Luz Espinosa Morales (rúbrica), Juan José Guerra Abud, secretarios; Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González, Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González, Ricardo Urzúa Rivera, Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), César Mancillas Amador (rúbrica), Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica en abstención), Ángel Aguirre Herrera.
De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a convocar a mesas de trabajo para informar sobre los detalles del proyecto carretero Arco Sur
Honorable Asamblea:
La Comisión de Transportes, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 81, 82, 84, 85, 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
1. En sesión ordinaria de fecha 13 de septiembre de 2011, el diputado Luis Felipe Eguía Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que suspenda el proceso de licitación del proyecto carretero “Arco Sur”, que comunicará a México-Puebla, Puebla-Cuautla, Circuito Exterior Mexiquense, México-Cuernavaca, México-Toluca y Chamapa-Lechería.
2. En la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva acordó turnar la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa a la Comisión de Transportes, para estudio y dictamen, mediante oficio número DGPL 61-II-3-1787.
Derivado de lo anterior, esta comisión realizó diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada proposición con punto de acuerdo, con objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.
Descripción de la proposición
El diputado Luis Felipe Eguía Pérez indica en su proposición que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene proyectado licitar una carretera que ha denominado proyecto carretero Arco Sur, que comunicará a México-Puebla, Puebla-Cuautla, Circuito Exterior Mexiquense, México-Cuernavaca, México-Toluca y Chamapa-Lechería, el cual rodeará la Ciudad de México, afectando con su construcción a las delegaciones de Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.
La proposición indica también que dicho proyecto carretero perturbará las delegaciones mencionadas, las cuales resultan vitales para el medio ambiente, siendo zonas de una gran riqueza rural, agrícola y boscosa, clasificadas por las leyes u ordenamientos ambientales como “áreas de conservación de la zona metropolitana sur del Distrito Federal”, las cuales se verían afectadas con el trazo del proyecto, ya que alteraría de manera considerable la recarga de los mantos acuíferos del valle de México, el desequilibrio en el desarrollo inmobiliario y la privación de otros servicios ambientales.
Los habitantes de las comunidades rurales, como son los ejidatarios y comuneros, como pueblos originarios de la Ciudad de México, que resultarían afectados con el proyecto carretero Arcos Sur, han manifestado su inconformidad por carecer de la información veraz o falta de la misma, provocando infinidad de especulaciones; sintiéndose violentados en sus derechos sobre sus propiedades y tierras como pueblos originarios, porque el gobierno federal en ningún momento los consultó.
También agrega el diputado Eguía Pérez que el 27 de junio de 1989, en la ciudad de Ginebra, Suiza, la Confederación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió el Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes; el citado convenio fue aprobado por la Cámara de Senadores el 11 de julio de 1990 y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de ese año.
De este convenio se destaca que en los numerales versa:
“Artículo 6. Al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán:
a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;
b)...
c)...
Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.”
“Artículo 7
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe el proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. ”
Es por ello, indica el diputado Eguía Pérez, que los pobladores de las delegaciones se sienten violentados en sus derechos humanos, en virtud que el gobierno federal no cumple con el Convenio 169 de la OIT y violenta lo establecido en el Artículo 1o. constitucional que lo obliga a dar cumplimiento a los convenios internacionales suscritos por el Estado mexicano, en materia de derechos humanos, como lo es consultarlos para obtener su consentimiento para ese tipo de obras.
Derivado de lo anterior, el diputado Eguía Pérez propone exhortar al gobierno federal a suspender el proceso de licitación de la obra hasta, en tanto, los pobladores de las delegaciones políticas del gobierno del Distrito Federal de la zona sur afectadas, sean informados de manera veraz y precisa del proyecto carretero en comento, los beneficios que obtendrán; cuál es el grado de afectaciones en sus tierras y propiedades, grado de afectación en la flora y fauna donde se trazará el proyecto carretero en comento, y demás información, y para esto se les convoque por medio de sus representantes a realizar mesas de trabajo con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, responsable del proyecto Arco Sur.
Consideraciones de la comisión
La Comisión de Transportes considera que el crecimiento económico y las oportunidades de bienestar de las naciones están claramente correlacionados con el grado de desarrollo de su infraestructura. Los países con los que actualmente competimos están dando la más alta prioridad a la modernización de su infraestructura, porque saben que es una condición para triunfar en la economía global.
La infraestructura es un factor esencial para elevar la competitividad de las regiones, toda vez que reduce los costos y tiempos de transporte, facilita el acceso a mercados distantes, fomenta la integración de cadenas productivas e impulsa la generación de empleos que se requiere en nuestro país.
Asimismo, es un instrumento eficiente para igualar las oportunidades de superación de las familias más pobres, porque rompe el aislamiento y la marginación de las comunidades, promueve la educación, salud, vivienda, así como la introducción de servicios básicos, multiplicando las posibilidades de ingreso.
En el caso que se analiza, es importante contribuir a la consolidación de un estado de derecho, haciendo que todo acto de autoridad se encuentre sujeto a las leyes respectivas, por lo que el llevar a cabo el debido cumplimiento de los requisitos técnicos a que deben sujetarse las construcciones en predios y en la vía pública, garantiza las condiciones de habitabilidad, seguridad, higiene, comodidad, accesibilidad y buen aspecto. Así al tratarse de una facultad de la cual está dotada la autoridad, para su ejercicio debe cumplir con el imperativo de fundar y motivar sus determinaciones, en acatamiento al principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, lo cual tiende a eliminar la posibilidad de que establezca arbitrariamente sus actos, ya que al efecto deberá describir claramente los hechos concretos que concurran en cada caso y sus efectos en beneficio o perjuicio de la colectividad, apoyándose en dictámenes técnicos, disposiciones legales o cualquier otro medio idóneo.
En cuanto al proceso de licitación materia del punto de acuerdo que nos ocupa, consistente en la construcción del proyecto carretero Arco Sur, y sobre el cual se solicita la suspensión del proceso, la comisión que suscribe conviene en destacar que a la fecha no hay proceso de licitación en curso, por lo que no se podría establecer que los pobladores de dichas delegaciones han sido violentados de manera concurrente, al no haber tal convocatoria.
No obstante, esta comisión que dictamina considera necesario que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en particular la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que tendrá la responsabilidad del desarrollo del proyecto, convoquen a realizar mesas de trabajo, en donde participen los representantes de los pueblos originarios afectados de las delegaciones políticas del gobierno del Distrito Federal: Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco; diputados federales; diputados locales de la honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para que de manera precisa se dé a conocer el proyecto carretero Arco Sur, sus afectaciones ambientales en la zona y que se lleven a cabo soluciones al citado problema. En ese sentido, la Comisión de Transportes considera adecuado el propósito del punto de acuerdo del diputado Eguía Pérez.
Por lo expuesto, los integrantes de esta Comisión de Transportes consideramos que es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo en análisis y sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente
Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se convoque a realizar mesas de trabajo, en donde participen los representantes de los pueblos originarios de las delegaciones políticas del gobierno del Distrito Federal: Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco; diputados federales, diputados locales de la honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para que de manera precisa se informen los detalles del proyecto carretero Arco Sur, sus afectaciones ambientales en la zona y que se propongan soluciones al citado problema.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de noviembre de 2011.
La Comisión de Transportes
Diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Olga Luz Espinosa Morales (rúbrica), Juan José Guerra Abud, Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González, Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González, Ricardo Urzúa Rivera, Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), César Mancillas Amador (rúbrica), Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica), Ángel Aguirre Herrera.
De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria respecto a la apertura y operación de empresas en el ejercicio de 2012 en México
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión; correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 de su Reglamento, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente
“Proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de la administración pública federal para continuar realizando la medición y evaluación de las acciones de simplificación administrativa de los trámites federales, estatales y municipales relacionados con la apertura y operación de empresas en México en el ejercicio de 2012” , presentada por la diputada Norma Sánchez Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en fecha 6 de octubre de 2011.
La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 66, 68, 157 y 158 inciso 1 fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se abocó al estudio y análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo referida al tenor de los siguientes:
Antecedentes
Primero . En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el día 6 de octubre de 2011, los ciudadanos secretarios de la misma dieron cuenta al pleno de esta soberanía del punto de acuerdo que se mencionó en el exordio del presente dictamen.
Segundo . El ciudadano Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía” .
Tercero . La Legisladora propone en resumen lo siguiente:
“Consideraciones
En el contexto de la globalización de nuestros días, la competitividad surge como un instrumento de suma importancia para lograr el crecimiento y el desarrollo económico. En este sentido, la competitividad de cada país se basa en buena medida en las relaciones y capacidades de los sectores económicos y sociales.
El desarrollo de la competitividad nacional es de suma importancia para mejorar las condiciones de vida de la población. Bajo este contexto, debemos reconocer que nuestro país ha perdido varias posiciones en los índices de competitividad a nivel internacional.
En materia de competitividad el país ha avanzado sin duda, de acuerdo con el informe Doing Business del Banco Mundial, México es el país con mayor facilidad para hacer negocios en América Latina. En el reporte 2011, México avanzó seis posiciones con respecto al año previo al pasar del lugar 41 al 35.
Por su parte en el Anuario de competitividad 2011, del Institute for Management Development, el país avanzó nueve posiciones, del lugar 47 al 38 respecto al año pasado, principalmente por su desempeño económico y la eficiencia de los negocios.
En el índice global de competitividad en manufactura de 2010, publicado por Deloitte y el Consejo de Competitividad de Estados Unidos, México se situó como el séptimo país más competitivo para la producción de manufacturas en el mundo.
Finalmente en el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, nuestro país escaló ocho lugares en el ranking de 142 naciones, al pasar de la posición 66 a la 58. Dicho informe revela que México se encuentra dentro de los 10 países que más posiciones ascendieron. En el continente americano es el que mayores avances reportó en el último año.
Cabe mencionar que el gobierno federal ha instrumentado importantes medidas para impulsar la competitividad del país como es el sistema de apertura rápida de empresas (SARE), la creación del portal tuempresa.gob.mx, para simplificar los trámites federales asociados a la creación de nuevas empresas. Así mismo, se aprobaron importantes reformas a la Ley Federal de Competencia Económica, para fomentar una mayor competencia en la economía nacional.
Analistas internacionales han establecido una relación directamente proporcional entre la calidad del marco regulatorio y el crecimiento económico, por lo que se estima que un incremento del 10 por ciento en la calidad del marco regulatorio, asumiendo que otros factores no cambien, puede tener un efecto positivo de 0.5 por ciento en el crecimiento del PIB.
El gobierno federal ha realizado esfuerzos importantes para incrementar la competitividad del país, no obstante ello, es necesario profundizar en dichas políticas para colocar a nuestras empresas en posición de competir con éxito en el mercado internacional, sobre todo en sectores vulnerables a la competencia.
La Comisión Federal de Mejora Regulatoria ha venido impulsando la instalación de sistemas de apertura de empresas, como un programa de coordinación, entre los diversos niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, mediante el cual se pretende simplificar los trámites para la apertura de empresas, disminuyendo los tiempos de respuesta a la ciudadanía.
De acuerdo con el último estudio nacional 2011 del Banco Mundial, México se encuentra en el lugar 35 es decir, mejoró 6 posiciones con relación al ranking 2010 donde se ubicaba en el lugar 41 a nivel mundial en facilidad para hacer negocios, por lo que a continuación se presenta la tabla elaborada por dicha institución:
Ver tabla completa en la siguiente dirección electrónica: http://www.doingbusiness.org/economyrankings/
Como parte de estos esfuerzos, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (conocida por sus siglas como Cofemer) ha organizado diversas reuniones denominadas Reuniones nacionales de mejora regulatoria, con la participación de los gobiernos estatales y municipales. En dichos foros se han presentado los avances relacionados con los programas de simplificación administrativa y se han compartido las experiencias exitosas, contado con la participación de las organizaciones del sector privado.
Como parte de la evaluación del desempeño de dicho programa, la Cofemer con el apoyo del Banco Mundial ha venido realizando el estudio Doing Business, a nivel subnacional, en dicho estudio se pretende evaluar y comparar los esfuerzos que los diversos niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, han realizado para simplificar y mejorar la regulación en México.
Además en dicho estudio se ha efectuado una análisis del clima general de negocios en las ciudades mexicanas seleccionadas, en donde se han considerado y evaluado los aspectos relativos a los tiempos para obtener el registro de una propiedad, el cumplimiento de un contrato, la apertura de una empresa, así como el procedimiento para obtener la licencia de construcción.
El referido estudio, por su carácter nacional e internacional, permite tener un marco de comparación y evaluación de desempeño de los programas de mejora regulatoria a nivel federal, estatal y municipal con otras regiones del mundo.
En ese sentido, nos parece necesario fortalecer su aplicación, logrando que el estudio de Doing Business, a nivel subnacional, se practique anualmente con la finalidad de tener una evaluación objetiva de los avances en el procesos de simplificación de impacto en la actividad económica, con la finalidad de que los ciudadanos e instituciones de gobierno conozcan con certeza los avances que el tema de simplificación administrativa tiene en México.
En virtud de lo anterior, propongo que esta Cámara exhorte respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de la administración pública federal a continuar realizando la medición y evaluación de las acciones de simplificación administrativa de los trámites federales, estatales y municipales relacionados con la apertura y operación de empresas en México en el ejercicio de 2012
Por lo expuesto, me permito someter a consideración desde esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de la administración pública federal a continuar realizando la medición y evaluación de las acciones de simplificación administrativa de los trámites federales, estatales y municipales relacionados con la apertura y operación de empresas en México en el ejercicio de 2012.”
Consideraciones
Primera . Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer sobre la proposición de Punto de Acuerdo referida en el exordio del presente dictamen.
Segunda . Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 25 lo siguiente:
“ Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución...
... Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.
...La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, en los términos que establece esta Constitución.”
Tercera . Que las fracciones XXIII y XXIV del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que son atribuciones de la Secretaría de Economía:
“...XXIII. Promover, orientar, fomentar y estimular la industria nacional;
XXIV. Promover, orientar, fomentar y estimular el desarrollo de la industria pequeña y mediana y regular la organización de productores industriales;...”
Cuarta . Que el artículo 69-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece que corresponde a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que éstas generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad; y tiene entre otras atribuciones las siguientes:
• Revisar el marco regulatorio nacional, diagnosticar su aplicación y elaborar para su propuesta al Titular del Ejecutivo Federal, proyectos de disposiciones legislativas y administrativas y programas para mejorar la regulación en actividades o sectores económicos específicos.
• Dictaminar los anteproyectos a que se refiere el artículo 69-H y las manifestaciones de impacto regulatorio correspondientes.
• Llevar el Registro Federal de Trámites y Servicios.
• Opinar sobre los programas de mejora regulatoria de las dependencias y los organismos descentralizados de la administración pública federal.
• Brindar asesoría técnica en materia de mejora regulatoria a las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal, así como a los estados y municipios que lo soliciten, y celebrar convenios para tal efecto.
• Celebrar acuerdos interinstitucionales en materia de mejora regulatoria, en los términos de la Ley sobre Celebración de Tratados.
• Expedir, publicar y presentar ante el Congreso de la Unión un informe anual sobre el desempeño de las funciones de la Comisión y los avances de las dependencias y organismos descentralizados en sus programas de mejora regulatoria.
• Las demás que establecen esta Ley y otras disposiciones.
Quinta . Que tal como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en su eje “Economía Competitiva y Generadora de Empleos”, contempla integrar una agenda nacional para la competitividad que involucre a los tres poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno y al sector privado, con objeto de suscitar el compromiso de los diversos actores políticos y sociales con objeto de realizar las reformas necesarias y traducirlas en resultados tangibles a corto y mediano plazo.
Asimismo, contempla disminuir los costos para la apertura y operación de los negocios a través de la mejora regulatoria, así como mejorar la regulación y hacerla más expedita mediante la ampliación de los SARES en los municipios del país, reduciendo trámites y agilizando los tiempos de respuesta en la apertura de negocios.
Sexta . Que de acuerdo al Programa Sectorial de Economía 2007 – 2012 “Impulso de la Competitividad, el Desarrollo Empresarial y el Fomento a la Generación de Empleos”, la Secretaría de Economía ha tenido a bien expedir dicho programa por ser la Institución que promueve e instrumenta políticas públicas y programas orientados a crear más y mejores empleos, más y mejores empresas y más y mejores emprendedores.
Debe decirse, que este programa sectorial ha contemplado en el ámbito de “Competitividad”, diez retos y prioridades para impulsar a México como un país con una economía altamente competitiva a nivel internacional, entre los que destacan:
• Consolidar un Sistema Nacional de Apertura Rápida de Empresas, que propicie la reducción de trámites y agilice los tiempos de respuesta en la apertura de negocios.
• Contar con un sistema para incrementar la competitividad de la economía mexicana, logrando una mejoría de México en relación a los indicadores internacionales. El sistema incluye: el Gabinete de Competitividad del Gobierno Federal, los Comités Técnicos de Competitividad del Senado y la Cámara de Diputados, los Comités de Competitividad en las Entidades Federativas y un Consejo de Competitividad con la participación de los diversos agentes económicos.
• Promover reformas que detonen la atracción de inversiones, mediante instrumentos modernos de promoción y una regulación más eficiente de la actividad económica; facilitación del comercio exterior, la aplicación de nuevas tendencias para la elaboración de normas y el fortalecimiento del registro federal de trámites y servicios; entre otros.
Séptima . Que tal y como lo indica la Diputada Sánchez Romero en la exposición de motivos, México ha tenido avances importantes en materia regulatoria, toda vez que se han instrumentado políticas públicas para impulsar la competitividad del país.
No obstante que la Cofemer ha llevado a cabo diversas reuniones denominadas “Reuniones Nacionales de Mejora Regulatoria” con la participación de los gobiernos estatales y municipales, en las cuales se han mostrado los avances relacionados con los programas de simplificación administrativa, todavía hay mucho por hacer.
Octava . Que por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Economía se pronuncian por aprobar la presente proposición con punto de acuerdo, ya que el desarrollo de la competitividad del país requiere de una política que sea capaz de mejorar el marco regulatorio a nivel nacional que simplifique los trámites para la apertura y operación de empresas en México, por lo que consideran necesario que el estudio “Doing Business” se aplique anualmente y con ello obtener una evaluación objetiva de los avances en los procesos de simplificación administrativa de los trámites Federales, Estatales y Municipales, procurando el máximo beneficio para la sociedad.
Novena . En virtud de lo anterior.
La Comisión de Economía acuerda:
Artículo Único . Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de la Administración Pública Federal, para continuar realizando la mediación y evaluación de las acciones de simplificación administrativa de los trámites Federal, Estatales y Municipales relacionados con la apertura y operación de empresas en México en el ejercicio de 2012.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de noviembre de 2011.
La Comisión de Economía
Diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda, Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva, Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretarios; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, José Antonio Arámbula López, Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Pavel Díaz Juárez (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Ramón Jiménez López, Vidal Llerenas Morales (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Luis Enrique Mercado Sánchez, David Penchyna Grub, Enrique Salomón Rosas Ramírez, Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), David Ricardo Sánchez Guevara, Víctor Roberto Silva Chacón.
De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a explicar por la Secretaría de Economía los motivos que llevaron a aceptar la investigación antidumping sobre las importaciones de pierna y muslo de pollo originarias de Estados Unidos de América
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 de su Reglamento, les fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente:
“Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a explicar por la Secretaría de Economía los motivos que llevaron a aceptar la investigación antidumping sobre las importaciones de pierna y muslo de pollo originarias de Estados Unidos de América, independientemente del país de procedencia” , presentada por la diputada Sofía Castro Ríos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en fecha 11 de octubre de 2011.
La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 66, 68, 157 y 158 inciso 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se abocó al estudio y análisis de la proposición con punto de acuerdo referida al tenor de los siguientes
Antecedentes
Primero . En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 11 de octubre de 2011, los secretarios de la misma dieron cuenta al pleno de esta soberanía del punto de acuerdo que se mencionó en el exordio del presente dictamen.
Segundo . El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía” .
Tercero . La legisladora propone en resumen lo siguiente:
“Considerandos
La canasta básica es un conjunto de bienes y servicios indispensables para que una familia pueda satisfacer sus necesidades básicas de consumo a partir de su ingreso, dentro de los 80 productos que de acuerdo al Banco de México componen la Canasta Básica, se encuentra enlistado en octavo lugar el pollo en piezas.
La inclusión de los productos en esta categoría o lista no puede ser inducida, pues para determinar el contenido final en la canasta básica, se toman en cuenta familias promedio, ingresos y encuestas. Desde luego, la Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares (ENIGH) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) proporciona los gastos asociados de los hogares en 580 bienes y servicios.
En la alimentación del mexicano, el sector avícola juega un papel importante, ya que 6 de cada 10 personas incluyen en su dieta productos avícolas (huevo y pollo); esto se debe a una cuestión cultural y a que ambos son alimentos nutritivos y versátiles en su preparación. Igualmente, en México con datos de la propia Unión Nacional de Avicultores, el consumo per cápita de pollo ha aumentado de 15.83 kilogramos en 1994 a 26 kilogramos durante 2010 y para este 2011, se estima que el consumo de pollo alcance los 26.1 kilogramos.
En cuanto a la producción, en 2010 se produjeron 2 mil 822 millones de toneladas de carne de pollo, muy por encima de los demás cárnicos y, de esta forma, la avicultura mexicana en 2010, aportó 0.7 por ciento en el producto interno bruto (PIB) total, 19.5 por ciento en el PIB agropecuario y 38.1 por ciento en el PIB pecuario.
Las importaciones mexicanas de carne de ave se han incrementado gradualmente. En 2010 se importó 20.2 por ciento más que el año anterior, pero lo doble de los últimos 15 años, lo que significa que la tasa de crecimiento anual de 1996 a 2010 es de 10.2 por ciento.
El pollo con hueso, incluidas las piernas y muslos, representa 20.7 por ciento de los bienes consumidos por los sectores más pobres de la población, sólo después de la tortilla, que representa 27.9 por ciento.
Consecuentemente, el precio de los productos de la canasta básica como el pollo en piezas, es un asunto de trascendencia nacional, puesto que lo que ocurra con este producto, influye en la alimentación del pueblo de México y desde luego en su economía.
Ahora bien, la importación de estos productos se inscribe en la lógica de la apertura de mercados y del libre comercio, que favorecen a los consumidores finales, y en contra del proteccionismo que tanto daño ha causado a la economía nacional.
Bajo el argumento que ha desplazado a la rama de producción nacional y la ha puesto en riesgo porque el producto en cuestión tiene bajo o nulo valor agregado y baja rentabilidad, una vez que las solicitantes obtuvieron el precio de exportación promedio de pierna y muslo de pollo del periodo de abril de 2009 a marzo de 2010, ajustado por concepto de flete, lo compararon con el valor reconstruido y calcularon un margen de dumping alto.
Sin embargo, la empresa Bachoco ha concentrado 92 por ciento del crecimiento de la industria del pollo en México en los últimos cinco años, y esta misma empresa impulsó la demanda por presuntas prácticas de dumping contra la importación de pierna y muslo de pollo; el 2 de julio de 2010 las empresas avícolas Bachoco, SA de CV (Bachoco), Productos Agropecuarios de Tehuacán, SA de CV (PATSA) y Buenaventura Grupo Pecuario, SA de CV (Buenaventura), solicitaron el inicio de una investigación por prácticas desleales de comercio internacional (dumping), en importaciones de pierna y muslo de pollo desde Estados Unidos.
Bachoco representa 89 por ciento de las tres promoventes.
Ante la proximidad de la resolución a esta demanda por dumping, es oportuno señalar lo siguiente:
Lo que en realidad pretenden estas empresas es que se impongan, a la introducción de muslos y piernas de pollo, cuotas compensatorias, lo que favorecería su dominancia en el ramo, pues obligaría a las empresas competidoras a elevar sustancialmente sus precios con la consiguiente repercusión negativa en el gasto familiar.
La Secretaría de Economía está ante la disyuntiva de atender las necesidades de millones de mexicanos, o de dar preferencia a los intereses de una empresa dominante en el mercado, la cual ya de por sí, ha gozado de un ambiente proteccionista ya que a diferencia de otros sectores agropecuarios que hoy son competitivos y que han estado abiertos al mercado internacional durante 25 años, Bachoco gozó de la protección primero de los 8 años entre la entrada de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio (GATT) y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), posteriormente de los 10 años iniciales que otorgó el mismo TLCAN y finalmente por la salvaguarda de 5 años que se aplicó a estos productos, bajo el mismo argumento que utilizan hoy; pero lejos de haberse preparado para la competencia internacional, ahora pretende ampliar las condiciones que le han permitido crecer en valor de ventas 65 por ciento en los últimos 5 años, mientras que el valor de la producción nacional de pollo sólo creció 56 por ciento.
No debemos perder de vista el contexto económico que priva actualmente en el mundo y en nuestro país, el director de la División de Comercio y Mercados de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), David Hallam, ha dicho que “La situación general de los cultivos agrícolas y los productos alimenticios es de tensión, con los precios mundiales en niveles obstinadamente altos, lo que supone una amenaza para muchos países de bajos ingresos y con déficit de alimentos”.
Recientemente, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, al comparecer ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado de la República, dijo que la nula competencia para casi la mitad de los productos de la canasta básica que consumen los mexicanos de menores ingresos, provoca que tengan precios mayores al índice inflacionario, Carstens refirió “Si hubiera competencia en esos productos, los precios serían mucho más bajos”. De acuerdo con la propia Comisión Federal de Competencia, entre 40 y 50 por ciento de los productos de la canasta básica que consumen los mexicanos, no tienen competencia y eso los encarece.
El incremento en los precios de la gasolina, el gas y el diesel, impactan a los bienes de la canasta básica sumados a la elevación de tarifas de los bienes y servicios públicos, está afectando la economía de millones de familias mexicanas, sobre todo en función de que los salarios no suben en la misma proporción de los aumentos, bajando drásticamente el poder adquisitivo de la población.
Por ello, la pertinencia en el tema de esta proposición con punto de acuerdo ya que no podemos permitir que de manera irresponsable se impida a millones de compatriotas el acceso a una alimentación de calidad a precios justos producto de la competencia.
Por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros legisladores, someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a que por conducto del secretario de Economía, Bruno Francisco Ferrari García de Alba, nos explique los motivos que llevaron a esta Secretaría a aceptar la investigación anti dumping (prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios), a las importaciones de pierna y muslo de pollo, originarias de los Estados Unidos de América, independientemente del país de procedencia; solicitadas por las empresas Bachoco, SA de CV (Bachoco), Productos Agropecuarios de Tehuacán, SA de CV, (PATSA) y Buenaventura Grupo Pecuario, SA de CV (Buenaventura); antes de emitir una resolución.”
Consideraciones
Primera . Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer sobre la proposición de punto de acuerdo referida en el exordio del presente dictamen.
Segunda. Que el artículo 131 constitucional dispone lo siguiente:
“Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la república de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia; pero sin que la misma federación pueda establecer, ni dictar, en el Distrito Federal, los impuestos y leyes que expresan las fracciones VI y VII del artículo 117.
El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras; así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito, en beneficio del país. El propio Ejecutivo al enviar al Congreso el Presupuesto Fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida.”
Tercera. Que el Plan Nacional de Desarrollo prevé que para elevar el potencial de crecimiento de la economía mexicana y su productividad, es esencial continuar con el proceso de apertura comercial, sin embargo, en el eje de política exterior responsable, también dispone que es necesario salvaguardar la industria nacional y hacer de ella una economía nacional más competitiva que brindará mejores condiciones para las inversiones y la creación de empleos.
Cuarta. Que con respecto al informe solicitado a la Secretaría de Economía por el proponente, es preciso decir que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 93 la facultad del Congreso para convocar a los secretarios de estado, entre otros funcionarios, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.
Debe decirse que este informe incluye a todo tipo de acciones o actividades de la secretaría tendientes a vigilar y fortalecer la actuación del Ejecutivo con el fin de buscar una mayor eficiencia en la aplicación de las políticas para el desarrollo del país.
Quinta. Que, tomando en cuenta los dispositivos jurídicos apuntados, los diputados integrantes de la Comisión de Economía comparten las preocupaciones y argumentos expuestos por el proponente, ya que con el propósito de conocer y evaluar las razones de la Secretaría de Economía para acceder a la investigación de prácticas desleales de comercio internacional en las importaciones de pierna y muslo de pollo originarias de los Estados Unidos de América, se hace necesario este informe antes de que emita una resolución.
Sexta. Por lo que en virtud de lo anterior.
La Comisión de Economía acuerda:
Artículo Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a que por conducto del secretario de Economía, Bruno Francisco Ferrari García de Alba, nos explique los motivos que llevaron a esta secretaría a aceptar la investigación antidumping (prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios), a las importaciones de pierna y muslo de pollo, originarias de los Estados Unidos de América, independientemente del país de procedencia; solicitadas por las empresas Bachoco, SA de CV (Bachoco), productos Agropecuarios de Tehuacán, SA de CV, (PATSA) y Buenaventura Grupo Pecuario, SA de CV (Buenaventura); antes de emitir una resolución.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de noviembre de 2011.
La Comisión de Economía
Diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda, Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva, Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretarios; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, José Antonio Arámbula López, Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Pável Díaz Juárez (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Ramón Jiménez López, Vidal Llerenas Morales (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Luis Enrique Mercado Sánchez, David Penchyna Grub, Enrique Salomón Rosas Ramírez, Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), David Ricardo Sánchez Guevara, Víctor Roberto Silva Chacón (rúbrica).
De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a defender por las instancias correspondientes los intereses de los productores ganaderos nacionales
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 de su Reglamento, fue turnada para estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las instancias correspondientes realice la defensa de los intereses de los productores ganaderos nacionales. Asimismo, entable la impugnación correspondiente para eliminar las trabas al libre comercio generadas a partir de la entrada en vigor de la Ley de Etiquetado por País de Origen en Estados Unidos de América, presentada por el diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en fecha 11 de octubre de 2011.
La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 66, 68, 157 y 158, inciso 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se abocó al estudio y análisis de la proposición con punto de acuerdo referida al tenor de los siguientes
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 11 de octubre de 2011, los secretarios de ésta dieron cuenta al pleno de esta soberanía del punto de acuerdo que se mencionó en el exordio del presente dictamen.
Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.
Tercero. El legislador propone en resumen lo siguiente:
“Exposición de Motivos
La exportación de becerros para engorda a Estados Unidos de América es una actividad que data de principios del siglo XX. Los principales estados exportadores de ganado se sitúan en el norte del país: Chihuahua, Sonora y Coahuila. Como se ha hecho evidente, la ganadería en esta región se ha convertido en un eslabón para el sistema ganadero de Estados Unidos. La venta de becerros al destete proporciona al ganadero estadounidense un animal en condiciones propicias para lograr su peso comercial en pocos meses, con el ahorro de las etapas previas de preñez, parto y lactancia.
De 1994 al 2005, las exportaciones de ganado en pie registraron un promedio anual de 1.02 millones de cabezas; sin embargo, en los últimos años se ha ubicado en 818 mil 400 cabezas. Es decir, hay una notable disminución en el número de cabezas exportadas; la exportación de becerros de México a Estados Unidos se ha reducido anualmente desde 2004 a una tasa promedio de 19.8 por ciento, como respuesta a la disminución del precio pagado por el ganado en pie importado desde México y a la introducción de la cuota por cabeza, impuesta por la ley norteamericana sobre el etiquetado de país de origen.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la economía del estado de Sonora, específicamente en el sector externo, presenta un decremento en la balanza de pagos, pasando de un máximo de 332 millones de dólares en el 2007, a 277 y 291 millones de dólares en 2009 y 2010, respectivamente. En el caso de Coahuila, las exportaciones de becerros hacia Estados Unidos se han visto afectadas de manera significativa debido a la reducción de precios de este ganado en dicho país. Tan sólo las exportaciones de becerros de Coahuila generan divisas por más de 500 millones de pesos cada año, exportando en condiciones normales 100 mil becerros al año. Sin embargo, la disminución en los precios y la introducción de la cuota, han ocasionado que los ganaderos retengan a sus animales, lo que les genera gastos adicionales de sustento y cuidado, en la espera de que mejore el precio en Estados Unidos.
Lo anterior, ha motivado a los criadores de becerros en nuestro país a aprovechar las oportunidades del mercado interno para conseguir mejores niveles de rentabilidad. Sin embargo, por el otro lado, esta reducción de exportaciones de becerros disminuye el ingreso de divisas al país. Aunque se esperaría en este caso, una reducción en la importación de carne, no se ha logrado este objetivo secundario. En los últimos años, debido a la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte ha existido una desmedida protección por parte del gobierno estadounidense a sus productores en todos los sectores de su economía. Es decir, en el caso de la ganadería, el grado de especialización alcanzado por los productores ganaderos de México es alto, competitivo y eficiente a nivel internacional, por lo que cuando los productores de ambos países compiten en igualdad de condiciones, los productores extranjeros ven afectados sus intereses e inmediatamente solicitan la protección de su gobierno, aún cuando no habría razón legal para hacerlo.
Los argumentos utilizados carecen de sustento técnico y científico para imponer alguna barrera no arancelaria a nuestros productos o servicios. Existen numerosos ejemplos de esta situación: el caso de los transportistas, de los productores de aguacate, de jitomate y de algunas hortalizas.
Recientemente, en Estados Unidos entró en vigor la Ley de Etiquetado por País de Origen (COOL, por sus siglas en inglés), la cual es una clara e injusta barrera no arancelaria que ha afectado de forma muy grave al libre comercio y, en específico, a la exportación de becerros hacia ese país. Aunado a lo anterior, también hay una afectación económica al sector ganadero causada por la referencia que el becerro de exportación genera para el establecimiento de los precios del ganado en pie nacional; en este sentido, se habla de pérdidas estimadas de alrededor de 12 mil 500 millones de pesos al año.
Ante este panorama, el gobierno federal ha sido omiso en la defensa de los productores a nivel internacional, a la fecha, no se ha asumido ningún compromiso a efecto de defender los intereses de este sector fundamental de la economía nacional ante otros gobiernos que de manera unilateral, establecen medidas y barreras injustificadas al acuerdo de libre comercio.
Asimismo, las autoridades administrativas han mostrado complacencia ante productores de otros países y comerciantes nacionales que introducen al país productos alimenticios de muy baja calidad, que incluso no son capaces de vender en sus países de origen, renunciando a su compromiso de protección a los consumidores nacionales.
El gobierno federal no ha realizado las acciones pertinentes para la defensa de los intereses de los productores ganaderos nacionales; ya que las autoridades no han entablado la impugnación correspondiente para eliminar las trabas al libre comercio. Asimismo, diversas organizaciones ganaderas han solicitado a esta honorable Cámara de Diputados, la implementación de mecanismos de apoyo al ingreso objetivo, similares a los que se otorgan a los productores de granos del país.
Por lo expuesto y fundado, acudimos a este honorable pleno para solicitar su respaldo a la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las instancias correspondientes realice la defensa de los intereses de los productores ganaderos nacionales. Asimismo, entable la impugnación correspondiente para eliminar las trabas al libre comercio generadas a partir de la entrada en vigor de la Ley de Etiquetado por País de Origen en Estados Unidos de América.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las instancias correspondientes instrumente un mecanismo similar al ingreso objetivo que se da en apoyo de los productores de granos de nuestro país, para otorgarlo a los productores nacionales de becerros.”
Consideraciones
Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer sobre la proposición con punto de acuerdo referida en el exordio del presente dictamen.
Segunda. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 25 que el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés en el marco de libertades que otorga la Constitución.
Tercera. Que el artículo 131 Constitucional establece que el Congreso podrá facultar al Ejecutivo para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de la tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso y para crear otras; así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente a fin de regular el comercio, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito en beneficio del país.
Cuarta. Que el artículo primero de la Ley de Comercio Exterior tiene como objeto regular y promover el comercio exterior, incrementar la competitividad de la economía nacional y propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país, integrar adecuadamente la economía mexicana con la internacional, defender la planta productiva de prácticas desleales del comercio internacional y contribuir a la elevación del bienestar de la población.
En el mismo sentido, el artículo 4 del mismo cuerpo normativo, estableció que el Ejecutivo federal tendría facultades para crear, aumentar, disminuir o suprimir aranceles; regular, restringir o prohibir la exportación, importación, circulación o tránsito de mercancías, cuando lo estime urgente; establecer medidas para regular o restringir la exportación o importación de mercancías a través de acuerdos expedidos por la Secretaría de Economía, entre otras.
De igual forma, el artículo 5 de la ley referida se confirió a la Secretaría de Economía a estudiar, proyectar y proponer al Ejecutivo federal modificaciones arancelarias; estudiar, proyectar, establecer y modificar medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación, importación, circulación y tránsito de mercancías; establecer los programas y mecanismos de promoción y fomento de las exportaciones , así como las disposiciones que los rijan, escuchando a los sectores productivos e instituciones promotoras del sector público y privado, entre otras.
Quinta. Que las fracciones II, III, V y IX del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señalan como atribuciones de la Secretaría de Economía:
III. Establecer la política de industrialización, distribución y consumo de los productos agrícolas, ganaderos, forestales, minerales y pesqueros, en coordinación con las dependencias competentes; ...
...V. Estudiar, proyectar y determinar los aranceles y fijar los precios oficiales, escuchando la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; estudiar y determinar las restricciones para los artículos de importación y exportación, y participar con la mencionada Secretaría en la fijación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos al comercio exterior; ...
...IX. Participar con las Secretarías de Desarrollo Social, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la distribución y comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos básicos de la población...
Sexta. Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo, en el eje 5 “Democracia efectiva y política exterior responsable”, tiene como objetivo apoyar el desarrollo económico, social y político del país a partir de una efectiva inserción de México en el mundo y entre otras estrategias, contempla salvaguardar la industria nacional y hacer de ella una economía nacional más competitiva que brindará mejores condiciones para las inversiones y la creación de empleos.
Séptima. Tomando en cuenta los dispositivos jurídicos apuntados, los integrantes de la Comisión de Economía comparten las preocupaciones y argumentos expuestos por el proponente con respecto a la reducción en las exportaciones de becerros hacia Estados Unidos y coinciden en que se tomen las medidas necesarias para proteger y defender los intereses a los productores ganaderos nacionales.
En virtud de lo anterior, la Comisión de Economía considera correcto exhortar al titular del Ejecutivo federal para que en el marco de sus atribuciones y a través de la Secretaría de Economía revisen las políticas públicas en materia de comercio exterior, para combatir barreras no arancelarias que restringen el acceso de productos mexicanos en Estados Unidos, a fin de generar esquemas de sana competencia y equidad comercial que garanticen el libre intercambio de bienes y servicios.
Asimismo, se exhorte a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, en el ámbito de su competencia y responsabilidad, instrumente las medidas necesarias para impulsar programas destinados a proteger y compensar a este sector.
Por otra parte, se estima adecuado eliminar del exhorto la referencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues de conformidad con la Ley de Comercio Exterior es sólo a la Secretaría de Economía a la que le compete velar las cuestiones relacionadas con el comercio exterior y tomar las acciones tendientes a incrementar la competitividad de la economía nacional y defender la planta productiva nacional de prácticas desleales de comercio internacional.
Octava. Por lo que en virtud de lo expuesto, los diputados que integran la Comisión de Economía estiman pertinente puntualizar los exhortos en los términos del presente dictamen.
Novena. En virtud de lo anterior,
La Comisión de Economía acuerda:
Primero. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Economía, se realice la defensa de los intereses de los productores ganaderos nacionales. Asimismo, entable la impugnación correspondiente para eliminar las trabas al libre comercio generadas a partir de la entrada en vigor de la Ley de Etiquetado por País de Origen en Estados Unidos de América.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, instrumente un mecanismo similar al ingreso objetivo que se da en apoyo de los productores de granos de nuestro país, para otorgarlo a los productores nacionales de becerros.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2011.
Diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda, Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva, Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretarios; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, José Antonio Arámbula López, Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Pavel Díaz Juárez (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Ramón Jiménez López, Vidal Llerenas Morales (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Luis Enrique Mercado Sánchez, David Penchyna Grub, Enrique Salomón Rosas Ramírez, Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), David Ricardo Sánchez Guevara, Víctor Roberto Silva Chacón (rúbrica).