Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes de los Impuestos al Valor Agregado, sobre la Renta, y a los Depósitos en Efectivo, así como del Código Fiscal de la Federación; y abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, a cargo de la diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Ruth Esperanza Lugo Martínez y diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, 66, 67, 68, 76, 77, 78, 80, 81, 102 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración de esa honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación y abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, la cual se sustenta en la siguiente

Exposición de Motivos

Los diputados firmantes, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados estamos convencidos que nuestra responsabilidad como legisladores es hacia los ciudadanos que nos confiaron la representación que hoy tenemos.

Esa confianza se traduce en la presentación del proyecto que hoy ponemos a consideración de esta H. Soberanía proponemos una serie de medidas de carácter fiscal que pretenden atender los reclamos de la ciudadanía, procurando enfocar la misma a una mayor simplificación fiscal que tenga como prioridad incentivar la economía, y a los ciudadanos a cumplir con sus obligaciones fiscales, así mismo, proponemos esquemas novedosos que permitan la incorporación de un mayor número de contribuyentes.

Si queremos una Hacienda Pública Federal sana para el Estado tenemos que comenzar a fortalecer las finanzas de los ciudadanos que a su vez se traduzca en una mayor actividad económica interna, por lo que es necesario aumentar su capacidad de consumo, el fortalecer la certidumbre jurídica al marco tributario en el cual llevan a cabo sus actividades económicas.

En la medida que fortalezcamos el mercado interno, es en la medida en que podrá existir una captación de mayores recursos fiscales que sustenten la viabilidad del Estado como garante del desarrollo de la nación.

Es en dicho contexto, en que nuestras propuestas de carácter tributario otorgan mayor certeza jurídica a los gobernados y a su vez, fortalecen y dan sostenibilidad a las finanzas públicas de fuentes distintas a los ingresos petroleros que actualmente se obtienen por la venta de hidrocarburos.

Es por ello, que en la presente iniciativa se incluyen propuestas y reformas agrupadas en las siguientes vertientes: certidumbre jurídica; simplificación administrativa tributaria: establecer modalidades de tributación para incrementar la recaudación mediante instrumentos neutrales a la inversión y proporcionalidad en la tributación que den lugar a mayores ingresos.

Nuestra propuesta se ha elaborado tomando en cuenta que la aprobación de instrumentos novedosos en el pasado reciente incorporaron herramientas al Estado para fiscalizar y combatir la evasión fiscal, por lo que decidimos proponer modificaciones que, sin tener un gasto fiscal para el Estado, incentiven a la economía mediante el impulso a los pequeños emprendedores que indudablemente son un motor de la economía y a la vez, dichas modificaciones mejoran los instrumentos tributarios existentes y permiten al Estado el allegarse de información útil para su fiscalización.

Nuestras propuestas de modificación a diversas disposiciones fiscales están orientadas al cumplimiento de los siguientes objetivos:

Certidumbre jurídica

Considerando que es fundamental para el desarrollo y crecimiento económico del país el otorgar certeza jurídica a los gobernados que a su vez se traduzca en un ambiente propicio para el desarrollo de la economía del país, se plantea modificar algunas disposiciones en materia del impuesto sobre la renta (ISR), tendientes a simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Mejorar el control mediante el incentivo a la economía y combate a la evasión fiscal

Se plantean ajustes a diversas disposiciones en materia del ISR orientadas a precisar el alcance de las nuevas herramientas de fiscalización, así como el establecimiento de normas que faciliten y a la vez fortalezcan el marco tributario en favor de los contribuyentes y del Estado e incentiven el desarrollo de la economía mediante la simplificación administrativa.

Simplificación de las disposiciones fiscales

Uno de los principios que debe prevalecer en todo diseño impositivo es la simplicidad y la proporcionalidad al menor costo administrativo relacionado con el pago de los impuestos. Por lo que se proponen reformas en materia del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, Código Fiscal de la Federación así como la abrogación del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

Donativos deducibles

Es también pertinente reconocer la aportación y las acciones que la sociedad civil lleva a cabo para apoyar al Estado en el combate a la desigualdad social y económica que prevalece en gran parte de la población, y cuya expresión visible es la existencia de asociaciones civiles que enfocan sus esfuerzos a subsanar las carencias educativas, alimentarias, de salud, esparcimiento, culturales, readaptación social, entre otras.

Por ello, es necesario revisar y corregir el marco tributario que muchas de las veces es gravoso, complejo y limitativo para la obtención y administración de los magros recursos que obtienen las personas morales o fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos (donatarias autorizadas), por lo que en esta iniciativa se pretende avanzar en propuestas de disposiciones que permitan tanto a los particulares como al Estado, un mejor control y adecuado a la capacidad económica y administrativa de las donatarias o de las asociaciones civiles que también trabajan con recursos del Estado.

Otorgar seguridad jurídica

Finalmente, también se presentan en esta iniciativa otro conjunto de modificaciones que otorgan mayor seguridad jurídica en beneficio de los contribuyentes respecto de la aplicación y alcance del cambio tecnológico que significa el pasar a un esquema de comprobantes digitales.

Por ello quienes suscribimos esta iniciativa lo hacemos con un sentido de responsabilidad hacendaria y hacia los ciudadanos que nos confiaron sus votos, por lo que sometemos a consideración de este Congreso diversas modificaciones a las leyes de los impuestos sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y al Código Fiscal de la Federación, que consisten en lo siguiente:

Impuesto sobre la renta

Los análisis de los sectores público y privados anticipan una disminución en la recaudación de ingresos tributarios la cual ya no podrá ser compensada con ingresos petroleros, toda vez que la reducción en la plataforma de extracción y exportación de petróleo y la volatilidad del precio internacional de este hidrocarburo; por lo que el modelo de financiamiento público sustentado en buena parte sobre la renta petrolera ha llegado a su límite.

Quienes suscribimos la presente iniciativa de manera responsable proponemos modificaciones tributarias que permitan hacer frente al agotamiento del modelo de financiamiento del Estado basado en ingresos petroleros, pensamos que es necesario incentivar el crecimiento económico de los actuales contribuyentes en el Impuesto sobre la Renta, sólo que a diferencia de estimular la economía por medio de Estímulos Fiscales, proponemos una serie de reformas que promuevan el crecimiento de los contribuyentes y su vez fortalecer la recaudación, fiscalización por parte del Estado y adecuación de la Ley al marco Constitucional.

Las medidas que se proponen consisten en lo siguiente:

1. Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas

El artículo 123 de la Constitución señala que para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como base la renta gravable, de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Los actuales artículos 16 y 17 de la Ley del ISR establecen el procedimiento y los conceptos a considerar para calcular la base gravable sobre la cual se determinarán las utilidades de la empresa y, por lo tanto, la participación de los trabajadores en las mismas.

La base así determinada difiere de la utilidad fiscal, principalmente porque no incluye los efectos inflacionarios de ciertas partidas fiscales como lo son la actualización de la depreciación de los activos fijos e incorpora como base de la utilidad los dividendos cobrados por sociedades residentes en México.

Al efecto, la Suprema Corte de la Nación, en el año de 2005, emitió jurisprudencia considerando que los últimos párrafos de los artículos 16 y 17 de la Ley del ISR violan lo dispuesto por el artículo 123 constitucional, ya que, de éste último se desprende que la base para el cálculo de dicha prestación es la utilidad fiscal prevista en el artículo 10 de la Ley del ISR, que se obtiene de restar las deducciones autorizadas del total de ingresos. Lo anterior porque los últimos párrafos de los artículos 16 y 17 señalan lineamientos distintos a los establecidos en el artículo 10 para el cálculo de la utilidad fiscal; esto último origina que exista una base de participación en las utilidades empresariales que contraviene lo dispuesto en la norma constitucional citada, al efecto, en el extracto de la tesis que se acompaña a continuación se expresan las razones que consideró la Corte en su resolución:

“Séptimo. Al tenor de las argumentaciones que anteceden y de conformidad a lo expuesto en el considerando cuarto de esta ejecutoria, se considera de suma importancia precisar con claridad los efectos del juicio de garantías, ya que si bien el Tribunal Colegiado del conocimiento determinó que los efectos de la concesión del amparo consisten en que “... se deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra siguiendo los lineamientos establecidos en la presente ejecutoria”, y al propio tiempo señaló: “De la parte relativa de la ejecutoria de la Segunda Sala antes transcrita, que dio origen a las tesis de jurisprudencia insertas con antelación, se advierte que se resuelve exactamente la cuestión planteada en el único concepto de violación hecho valer por la quejosa, en el sentido de que a fin de obtener la renta gravable para efectos del cálculo de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, debe aplicarse lo establecido en el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y no el diverso 16 que establece un procedimiento y lineamientos diversos y contrarios a las garantías consagradas en el artículo 123, apartado A, fracción IX, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”; es conveniente destacar que al respecto el Pleno de este Alto Tribunal en sesión celebrada el día tres de mayo de dos mil cinco, al resolver el amparo en revisión número 398/2005, bajo la ponencia del señor Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, precisó que dicha renta gravable, misma que constituye la base para determinar la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas es “la utilidad fiscal” que se establece en el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Las consideraciones del precedente antes citado, en esencia, son las siguientes:

“En este orden de ideas, corresponde ahora dilucidar cuál será la base que deberá tomar en cuenta la sociedad mercantil promovente del juicio de garantías para fijar la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es decir, si deberá hacerlo considerando:

“a) La utilidad fiscal; o bien,

“b) El resultado fiscal.

“Por tanto, en esencia, dicha problemática se traduce en precisar si las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores deben o no impactar en la base para el cálculo de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.

“A fin de realizar el análisis relativo, debe tenerse presente que la participación en las utilidades de las empresas es un derecho de los trabajadores para percibir una parte de los resultados del proceso económico de producción y distribución de bienes y servicios, cuyo principio fundamental consiste en regular el justo equilibrio económico y social. Al respecto, este Alto Tribunal al resolver sobre la inconstitucionalidad del artículo 32, fracción XXV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (que prohíbe la deducción de las participaciones en las utilidades), sostuvo que se trata de un deber de justicia social, una directriz que el legislador consideró para la consecución de la igualdad material por medio de la redistribución de la riqueza, basándose en la idea de que toda persona tiene derecho a participar de la utilidad que contribuyó a crear.

“En ese sentido, el artículo 123 constitucional establece que los trabajadores tendrán derecho a una participación ‘en las utilidades de las empresas’ y que para determinar el monto de dichas utilidades deberá tomarse como base la ‘renta gravable’ de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

“Una interpretación literal de dicho precepto constitucional permite fácilmente advertir que la participación a la que tienen derecho los trabajadores es precisamente sobre las utilidades, es decir, sobre el provecho o ganancia obtenido por las empresas, para cuyo cálculo el Constituyente estimó oportuno remitir a la ‘renta gravable’ prevista en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

“Ahora bien, a fin de darle contenido al concepto de ‘renta gravable’ y tomando en cuenta que el propio Texto Constitucional remite a la ley secundaria, el Tribunal Pleno ha recurrido a lo que en mil novecientos sesenta y dos establecía al respecto la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuyo artículo 26 disponía que la base del impuesto era la ‘utilidad gravable’ obtenida de restar al ingreso las deducciones autorizadas por la ley.”

“Como puede observarse, dicho precepto no permitía disminuir las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores para efectos de la determinación de la base del impuesto, lo que lleva a concluir que, originalmente, el Constituyente no previó que las pérdidas de ejercicios anteriores debieran impactar negativamente al monto de las utilidades participables, puesto que la ley a la que remitía, únicamente contemplaba a las utilidades para el cálculo de la base y no a las pérdidas.

“Lo anterior quedó específicamente consignado en el artículo 128 de la Ley Federal del Trabajo de mil novecientos setenta, el cual establece que para efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, no se harán compensaciones de los años de pérdida con los de ganancia. De igual modo, las resoluciones de la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas han sido consistentes en señalar que la utilidad perteneciente a los trabajadores debe tomarse de las ganancias o beneficios de las empresas, sin importar las pérdidas registradas en ejercicios anteriores.

“En este sentido, el hecho de que con posterioridad a mil novecientos sesenta y dos se haya incluido dentro de la base del impuesto sobre la renta, el derecho de las personas morales contribuyentes a amortizar las pérdidas de ejercicios anteriores, no debe impactar la base para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, pues el artículo 123 constitucional remite a la Ley del Impuesto sobre la Renta para determinar el monto de las utilidades de las empresas, pero no establece que dicho monto deba necesariamente identificarse con la base imponible del impuesto sobre la renta; por tanto, si la disminución de las pérdidas de ejercicios anteriores es un concepto que afecta a la base del tributo, pero no así a la determinación, para efectos fiscales de las utilidades percibidas por una empresa durante un determinado ejercicio, debe concluirse que tales pérdidas tampoco deben ser tomadas en cuenta para efectos de la participación de los trabajadores en tales utilidades.

“Lo anterior no entraña contradicción alguna con el criterio sustentado por este Tribunal Pleno en el sentido de que la ‘renta gravable’ a que se refiere el artículo 123 constitucional es aquella que sirve para determinar el impuesto, ya que la utilidad fiscal es el elemento primordial para la determinación del impuesto, al cual se le disminuyen, en su caso, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, no porque estas pérdidas impacten en la utilidad de la empresa para efectos tributarios, sino como un derecho del que gozan las personas morales contribuyentes.

“En efecto, conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta, la forma de determinar las utilidades de una empresa consiste en sumar los ingresos acumulables y restar las deducciones autorizadas y ese es el procedimiento al que remite el artículo 123 constitucional, sin necesidad de incluir elementos de la base gravable ajenos a la utilidad, como son las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, puesto que el mandato contenido en la Constitución es en el sentido de que los trabajadores deben participar de las utilidades de las empresas y no de sus pérdidas.

“En conclusión, los agravios en estudio son infundados y, por ende, es correcta la determinación del Juez de Distrito en el fallo recurrido, respecto de la determinación de los efectos y alcances de la concesión del amparo por lo que hace a la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 16 y 17, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se reclaman, toda vez que la base para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas se identifica, por imperativo constitucional, con la utilidad fiscal a que hace referencia el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sin considerar las pérdidas de ejercicios anteriores, puesto que el artículo 123 constitucional no establece una asimilación indiscriminada entre la base gravable del impuesto sobre la renta y la base para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, sino que contiene una regla consistente en que las utilidades susceptibles de participación deben calcularse exactamente en la misma forma en que se calculan las utilidades para efectos tributarios, esto es, ingresos acumulables menos deducciones autorizadas.”

El criterio sustentado en la anterior resolución fue reiterado en los siguientes asuntos:

• Amparo en revisión 388/2004. Quejosa: Servicios Administrativos Wal-Mart, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Sesión de tres de mayo de dos mil cinco. Ponencia del señor Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo. Mayoría de ocho votos.

• Amparo en revisión 244/2004. Quejosa: Inmobiliaria Taquín, Sociedad Anónima de Capital Variable. Sesión de tres de mayo de dos mil cinco. Ponencia del señor Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo. Mayoría de ocho votos.

• Amparo en revisión 77/2004. Quejosa: Cargill Servicios, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Sesión de tres de mayo de dos mil cinco. Ponencia del señor Ministro Juan N. Silva Meza. Mayoría de ocho votos.

• Amparo en revisión 398/2005. Quejoso: Banco J.P. Morgan, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero. Sesión de tres de mayo de dos mil cinco. Ponencia del señor Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Mayoría de ocho votos.

Los anteriores criterios dieron origen a la tesis aislada número XXXV/2005, que el Tribunal Pleno aprobó el doce de julio de dos mil cinco, determinando a su vez que la votación era idónea para integrar tesis de jurisprudencia, el rubro y texto de aquélla son los siguientes:

“Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Los artículos 16 y 17, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, violan el artículo 123, apartado a, fracción IX, inciso e), de la Constitución Federal (legislación vigente en 2002).Los artículos 16 y 17, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2002, al obligar a la quejosa a determinar y pagar la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas sobre una ‘renta gravable’ que no representa las ganancias o la utilidad fiscal neta que aquélla percibió en el ejercicio fiscal, violan el artículo 123, apartado A, fracción IX, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del que se desprende que la base para el cálculo de dicha prestación es la utilidad fiscal prevista en el artículo 10 de la ley citada, la cual se obtiene de restar las deducciones autorizadas del total de ingresos. Ello, porque los referidos artículos 16 y 17, último párrafo, señalan lineamientos distintos a los establecidos en el artículo 10 para el cálculo de la utilidad fiscal, lo cual origina que exista una base de participación de utilidades empresariales que contraviene lo dispuesto en la norma constitucional citada.”

Atento a lo expuesto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su calidad de máximo intérprete y actuando en el caso como órgano revisor, procede a señalar con precisión que se concede la protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deje insubsistente la sentencia reclamada al carecer esta última de fundamentación y motivación, toda vez que tiene como sustento un precepto legal que ha sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, asimismo, considere en el nuevo fallo que al respecto se dicte, que la base para la determinación de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas es la “utilidad fiscal” que establece el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

En las relatadas condiciones, se impone modificar la concesión del amparo para los efectos precisados en el presente considerando.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

Primero. Se modifica la sentencia recurrida.

Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a Seguros Prodins, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de la resolución de fecha veintiuno de septiembre de dos mil cuatro, dictada por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido.Así lo resolvió el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo, Ortiz Mayagoitia, Valls Hernández, Sánchez Cordero y presidente Azuela Güitrón.

El señor Ministro presidente Mariano Azuela Güitrón declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos.

No asistieron los señores Ministros Juan Díaz Romero, por estar cumpliendo con una comisión de carácter oficial, y Juan N. Silva Meza, por estar disfrutando de vacaciones.

Fue ponente el señor Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.

Nota: La tesis P. XXXV/2005 citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, agosto de 2005, página 18.

Tesis: 1. Registro número 176902. Rubro: participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Los artículos 16 y 17, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, violan el artículo 123, apartado a, fracción IX, inciso e), de la Constitución Federal (legislación vigente en 2002).

Localización: 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXII, Octubre de 2005; Pág. 7; [J];

En la anterior Tesis de Jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha expresado lo que a su juicio es la verdad jurídica, dejando claro que la base para determinar la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas es el resultado que se obtiene de restar a los ingresos acumulables la deducciones autorizadas sin la disminución de pérdidas de ejercicios anteriores.

Por lo anterior, se propone reformar el artículo 16 y 17 de la Ley del ISR para que se apegue a la esencia del texto Constitucional, y a su vez, la propuesta simplifica el cumplimiento de las obligaciones tributarias el eliminar un cálculo innecesario y a la vez controvertido, otorgando de esta manera seguridad jurídica tanto al trabajador como al patrón.

2. Subsidiariedad y responsabilidad del Estado-donativos

Donativos deducibles

Subsidiariedad y responsabilidad del Estado-donativos

A partir del ejercicio fiscal de 2008, se limitó la deducibilidad de los donativos efectuados a favor de las donatarias autorizadas, dependiendo el tipo de contribuyente, ya sea a 7 por ciento de la utilidad fiscal obtenida en el ejercicio anterior, tratándose de personas morales, o bien, de 7 por ciento de los ingresos acumulables del ejercicio anterior, en el caso de personas físicas.

Como parte de las discusiones que dieron lugar a dicha modificación fue que los donativos eran utilizados para evadir el ISR, sin que existieran elementos objetivos respecto del citado argumento.

En contrapartida, estudios recientes sostienen que 81.01 por ciento de los donativos fiscales otorgados en México se destinan a organizaciones de carácter asistencial.

Asimismo, en el año de 2006 los donativos privados fueron por un monto aproximado de 40 mil millones de pesos, cifra superior en cinco mil millones de pesos a los recursos destinados al programa Oportunidades.

La actual limitante desincentiva que los contribuyentes apoyen el gasto social ya que limita la deducibilidad de los donativos efectuados, confundiendo el legislador el verdadero motivo por el que donante realiza un donativo. Si bien es cierto que el donante puede deducir el valor total del donativo, en el caso más beneficioso para el donante únicamente existe una reducción en el monto de impuesto sobre la renta por pagar en una parte del valor total del mismo (30 por ciento) y el resto (70 por ciento) es una verdadera disminución totalmente gratuita en el patrimonio del donante, que a pesar de ello decide llevar a cabo con la única intención de apoyar una causa filantrópica o social. En este sentido el apoyo a organizaciones no lucrativas a través de donativos debe verse como un trabajo en equipo o una alianza, en el que participan en un 30 por ciento el gobierno (al dejar de recibir recursos por medio del cobro del ISR), y en un 70 por ciento el contribuyente que realiza el donativo. Adicionalmente, cabe considerar que el donativo que recibe la donataria autorizada (100 por ciento), equivale a la cantidad que el gobierno deja de erogar para gasto social.

Además es importante considerar que, de acuerdo con la Ley del ISR, los donativos deducibles tienen que ser destinados al objeto social de la donataria no pudiendo repartir beneficio alguno a quienes la constituyeron.

Por ello, es claro que los donativos que aporta el sector privado no persiguen una disminución fiscal, sino apoyar al sector público en el combate a la desigualdad social. No obstante, la limitación contenida en la Ley generó incertidumbre jurídica a quienes otorgan donativos, y repercutió en una disminución del apoyo que se otorga a instituciones asistenciales por el temor fundado de ser sujetos de auditoría por parte del ente fiscalizador para validar si se cumple o no con el límite establecido en la Ley.

En efecto, la reforma para el año 2008 creó incertidumbre entre las donatarias autorizadas y quienes les apoyan, a pesar de que dichas organizaciones están involucradas en actividades que se enfocan a fines asistenciales y, en consecuencia, apoyan al Estado en su combate contra la pobreza y la marginación.

Si bien se estima que la limitante para la deducibilidad de los donativos sí tiene un impacto negativo en la labor que desarrollan las donatarias autorizadas, también es cierto que existen otras disposiciones en la Ley que dificultan la labor de las donatarias autorizadas, por lo que en esta iniciativa nos centraremos en el otorgar certidumbre jurídica y precisar en el marco tributario la naturaleza de los ingresos que reciben las donatarias, dejando para una mejor ocasión la discusión sobre si debiera prevalecer la actual limitante en la deducibilidad de los donativos.

Simplificación administrativa en los gastos administrativos

Actualmente, el artículo 110 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta (RLISR) establece una limitante en cuanto a que las donatarias autorizadas únicamente podrán destinar 5 por ciento de sus ingresos por donativos y, en su caso, los rendimientos que éstos generen, para cubrir sus gastos de administración. Para esos efectos el RLISR enlista, de manera enunciativa más no limitativa, ciertos conceptos que deberán considerarse como gastos administrativos.

La limitante y el listado de gastos administrativos que regula actualmente el RLISR genera en la práctica una labor muy complicada de realizar, toda vez que implica el discernimiento entre los gastos administrativos de los meramente operativos, así como de aquellos que se erogan exclusivamente para desarrollar el objeto social de la organización, por lo que resulta muy complicado llevar a cabo lo anterior para las donatarias autorizadas, ya que no existe un parámetro que delimite o identifique claramente qué conceptos corresponden a cada tipo de gasto, toda vez que el listado que contempla el RLISR consiste en una enumeración enunciativa más no limitativa, lo cual deja un estado de incertidumbre jurídica.

Requisitos para gastos administrativos

No obstante lo anterior, reconocemos que debe existir un control para asegurar que las donatarias destinen correctamente sus recursos, por lo que la propuesta prevé incorporar un segundo párrafo a la fracción III del artículo 97 de la Ley del ISR en el cual se señale que los donativos recibidos y sus rendimientos podrán ser destinados a cubrir gastos administrativos únicamente cuando las donatarias autorizadas cumplan los requisitos a que se refiere el Capítulo II, del Título IV de la Ley del ISR.

Finalmente, en cuanto a sueldos o salarios, se impondrá un límite en el sentido de que el sueldo de mayor importe pagado por la donataria autorizada no pueda exceder de cincuenta veces el sueldo de menor importe, de lo contrario se pagará el ISR por el excedente.

Ampliar supuestos de personas morales con fines no lucrativos

El artículo 95 de la Ley del ISR hace un listado de las personas morales sin fines de lucro a las cuales no se les considera como contribuyentes del ISR, según lo dispuesto por el Título III de la Ley.

Actualmente existen organizaciones que llevan a cabo actividades sin fines de lucro en favor de la sociedad a las cuales se les considera como contribuyentes del ISR, toda vez que no se encuentran previstas en ninguno de los supuestos del Título III de la Ley del ISR. Como consecuencia de lo anterior, todos los ingresos que obtienen dichas organizaciones se encuentran gravados a una tasa de 30 por ciento, además de que no cuentan con la posibilidad de ser autorizadas para recibir donativos deducibles de impuestos.

Consideramos adecuado ampliar los supuestos de personas morales sin fines de lucro incorporando al artículo 95 de la Ley del ISR a las organizaciones que se dediquen a realizar obras o servicios públicos a que se refiere el artículo 31 del RLISR así como a las organizaciones deportivas que no tengan el carácter de profesionales:

(i) Asociaciones, sociedades civiles, instituciones u organizaciones que se constituyan y funcionen exclusivamente para la realización de obras o servicios públicos que efectúen o deban efectuar la Federación, Entidades Federativas o Municipios; y

(ii) Asociaciones o sociedades civiles organizadas para el fomento o realización de actividades deportivas, siempre y cuando no tengan el carácter de actividades profesionales.

Derogar la reforma aprobada para el ejercicio fiscal de 2010, relacionada con los ingresos obtenidos por las donatarias y que se destinan a su objeto social

Con motivo de las modificaciones hechas al artículo 93 de la Ley del ISR, a partir del 1 de mayo de 2010, las donatarias autorizadas que obtengan ingresos por actividades distintas a los fines para los que fueron autorizadas, que excedan del 10 por ciento de sus ingresos totales en el ejercicio, estarán sujetas al pago del ISR por dicho excedente a una tasa de 30 por ciento, tal y como lo hacen regularmente las personas morales.

Para los efectos del párrafo anterior, la Ley del ISR señala aquellos ingresos que no se deberán considerarse como ingresos por actividades no relacionadas a sus fines, tales como donativos, estímulos o apoyos gubernativos, enajenación de su activo fijo, aportaciones de sus integrantes e inversiones pasivas.

En primer lugar la redacción del artículo 93 desconoce la realidad operativa de las donatarias autorizadas, toda vez que resulta imposible fraccionar el objeto social o finalidad de una organización para considerar que la autorización ha sido otorgada únicamente para realizar una parte del mismo; lo anterior se debe a que el objeto social o finalidad con el que se constituye una persona moral o fideicomiso es único e indivisible.

En segundo lugar consideramos que la Ley del ISR no hace una distinción entre fuente de ingresos y destino de recursos. Las personas morales y fideicomisos deben satisfacer ciertos requisitos y obligaciones impuestas por la Ley del ISR para poder ser autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos, tales como: (i) constituirse para lograr un fin expresamente reconocidos por ley, (ii) obligarse de manera irrevocable a destinar sus activos exclusivamente a los fines propios de su objeto social no pudiendo otorgar beneficio alguno a su miembros o integrantes, salvo que se trate de otra donataria autorizada, entre otros supuestos, y (iii) obligarse de manera irrevocable a destinar la totalidad de su patrimonio a otra donataria con motivo de su liquidación, no pudiendo otorgar a sus miembros reembolso alguno por sus aportaciones.

Por las consideraciones anteriores resulta claro que el patrimonio de las donatarias es aislado de forma permanente para ser destinado exclusivamente a alguno de los fines filantrópicos establecidos por la misma ley. Aunado a lo anterior cabe resaltar que la Ley del ISR sanciona a las donatarias autorizadas con el pago del ISR por los recursos que desvíen, cuando se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: (i) omitan ingresos, (ii) indebidamente registren compras no realizadas, (iii) realicen erogaciones no deducibles de conformidad con lo dispuesto por la Ley del ISR, y (iv) otorguen préstamos a sus integrantes, sus cónyuges o sus parientes.

Al imponerse un gravamen a las donatarias sobre los ingresos obtenidos por actividades productivas no relacionadas se ignora la distinción entre fuente de ingresos y destino de recursos, generándose un grave problema de solvencia para dichas entidades, ya que éstas pierden en favor del fisco federal una proporción importante de sus recursos. El gravamen de las actividades productivas no relacionadas obliga a las donatarias a solventar sus gastos primordialmente de donativos, si a este escenario se suma el límite de deducibilidad del 7 por ciento para los donantes, resulta indiscutible el peligro que corren varias donatarias de desaparecer en virtud de la falta de recursos.

Al respecto, cabe considerar que los estudios basados en la información proporcionada por el Portal de Transparencia del SAT muestran que durante 2007 aproximadamente sólo 1/4 de los ingresos que obtuvieron las donatarias autorizadas provenían de donativos, mientras que los 3/4 restantes tuvieron su origen en otras fuentes, proporción que ha aumentado, toda vez que durante 2008 sólo 1/5 se obtuvo de donativos y los 4/5 restantes de fuentes distintas.

Es pertinente mencionar que si las donatarias autorizadas buscan otras fuentes de financiamiento distinto a donativos, es porque los donativos que reciben son ínfimos y como se puede observar, a partir de la entrada en vigor del límite de deducibilidad, los donativos disminuyeron notablemente de $32,977,175 en 2007 a $22,370,084 en 2009.

Unificación de ingresos destinados al objeto social y delimitar el gravamen

Por lo anterior, en primer lugar proponemos modificar la redacción actual del artículo 93 de la Ley del ISR de manera que no se haga una distinción entre ingresos obtenidos por actividades autorizadas e ingresos obtenidos por actividades distintas a las autorizadas, pues como se mencionó anteriormente, consideramos que el objeto social o finalidad es único e indivisible.

En segundo lugar, la propuesta incluye la de permitir a las donatarias autorizadas obtener ingresos por actividades productivas libres del pago del ISR, siempre que destinen directamente la totalidad de los ingresos que obtengan por tales actividades a la realización de su objeto social

En caso de que las donatarias no cumplan con los requisitos anteriormente señalados, las citadas personas morales o fideicomisos deberán determinar y pagar el impuesto que corresponda a dichos ingresos tal y como lo hacen regularmente las personas morales, es decir, mediante la aplicación de una tasa del 30 por ciento sobre las utilidades.

Para efecto de dar cumplimiento se entenderá que las donatarias autorizadas, a excepción de las fundaciones que se constituyan mediante la afectación de bienes de propiedad privada, destinan directamente la totalidad de los ingresos obtenidos por actividades productivas cuando utilicen al menos 75 por ciento de dichos ingresos durante el ejercicio en el que éstos se obtuvieron o en el ejercicio siguiente para solventar exclusivamente los gastos necesarios para el desarrollo de su objeto social.

Con estas medias se pretende regular el destino de los recursos, en lugar de gravar la obtención de los mismos, sin dejar de lado la diferencia entre fundaciones y asociaciones.

Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas

El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de los trabajadores a obtener una participación en las utilidades de las empresas (“PTU”).

Para efectos de obtener dicha participación, el artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo señala que se deberá considerar como “utilidad” la renta gravable a la que se refiere la Ley del ISR. Por consiguiente, el artículo 16 de la Ley del ISR regula el procedimiento que deberán seguir las personas morales para determinar su renta gravable y consecuentemente poder determinar la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa.

Las donatarias autorizadas a las que se refiere el Título III de la Ley del ISR son entidades que no persiguen fines de lucro, consecuentemente las disposiciones relativas a la PTU no le resultan aplicables, toda vez que resultaría una contradicción repartir utilidades donde no existen tales.

No obstante lo anterior, en nuestro ordenamiento jurídico no existe una disposición expresa que señale la no aplicabilidad de las disposiciones relativas a la PTU a las donatarias autorizadas.

Por las consideraciones anteriores, nos parece necesario incorporar una mención expresa en el artículo 16 de la Ley del ISR que señale que en ningún caso lo dispuesto en dicho artículo será aplicable para las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos a que se refiere el Título III de dicha Ley.

Disposiciones para donatarias autorizadas que se liquiden o pierden la autorización

Actualmente, la Ley del ISR pone especial atención en regular las formalidades y requisitos que las personas morales y fideicomisos que deseen constituirse como donatarias autorizadas han de cumplir, sin embargo, no prevé la situación contraria, es decir, un procedimiento a seguir para aquellas donatarias que se liquiden o bien pierdan su autorización para recibir donativos deducibles, por lo que resulta necesario regular dicha situación e incorporar en la Ley un régimen de salida.

En relación a lo anterior, la Ley del ISR únicamente prevé que las donatarias autorizadas que opten por liquidarse destinen la totalidad de su patrimonio a una organización autorizada para recibir donativos deducibles. No obstante lo anterior, no se contempla la forma en que la donataria en liquidación ha de “destinar la totalidad de su patrimonio”, por lo que resulta necesario prever en la Ley dicho supuesto.

Una situación similar ocurre cuando a las donatarias no se les renueva o se les revoca la autorización del SAT para recibir donativos deducibles de impuestos, respecto a lo cual la Ley únicamente contempla para algunos tipos de donatarias (en especifico, las dedicadas a actividades asistenciales, culturales, al apoyo de otras donatarias y a programas de escuela empresa) que éstas “podrán entregar donativos a donatarias autorizadas” si así lo desean sin que les sea aplicable el límite del 7 por ciento de deducibilidad en el ejercicio en que pierdan su autorización.

Por lo anterior, se propone modificar el párrafo 5° del artículo 97 de la Ley del ISR para que las donatarias que se liquiden otorguen forzosamente por medio de la figura jurídica de la donación su haber de liquidación, en favor de otra donataria autorizada, sin que les sea aplicable cualquier clase de límite de deducibilidad. .

En cuanto a las donatarias que pierdan su autorización, se propone hacer extensivo el supuesto que actualmente prevé el párrafo 5° del artículo 97 a todas las donatarias, para que puedan otorgar mediante la figura de la donación la totalidad de sus recursos a otras donatarias autorizadas sin que les sea aplicable cualquier clase de límite de deducibilidad

Procedimiento para acreditar actividades de donatarias autorizadas

Las disposiciones fiscales vigentes obligan a las personas morales con fines no lucrativos a presentar, junto con su solicitud de autorización para recibir donativos deducibles, la documentación que acredite la realización de las actividades por las cuales son susceptibles de ser autorizadas para recibir donativos deducibles de impuestos, por ubicarse en alguno de los supuestos previstos en la Ley del ISR.

Al efecto, la documentación deberá ser expedida por las autoridades federales, estatales o municipales competentes que conforme a las leyes de la materia tengan encomendada la aplicación de las disposiciones legales que regulan las materias dentro de las cuales se ubiquen las citadas actividades, o bien en el caso de organizaciones que se dediquen a apoyar económicamente las actividades realizadas por donatarias autorizadas o a realizar obras o servicios públicos, éstas podrán optar por presentar el convenio de adhesión con sus beneficiarias a fin de acreditar sus actividades

Respecto a la acreditación de actividades se pueden identificar dos problemas, el primero relacionado con el procedimiento para obtener la acreditación y el segundo con la temporalidad.

El problema relativo al procedimiento surge en virtud de que no se encuentra regulada, ni por las disposiciones fiscales ni por las leyes de la materia, la forma en que las organizaciones no lucrativas deben obtener de las autoridades competentes la documentación que sirva para acreditar sus actividades, de manera que las mismas presentan una enorme dificultad para obtener la documentación respectiva.

El segundo problema se identifica con la temporalidad para obtener la acreditación de las actividades, en virtud de que la obtención de recursos para realizar sus actividades previa autorización resulta muy costosa, ya que sin la referida autorización la organización deberá pagar impuestos sobre las utilidades derivadas de actividades productivas, además de que los ingresos por donativos serán muy escasos o nulos ya que no podrán emitir a sus donantes recibos de donativos deducibles de impuestos.

Por ello, quienes suscribimos la presente, proponemos adicionar al artículo 97, fracción II de la Ley del ISR ciertas medidas para subsanar y simplificar la obtención de la autorización para ser donatarias autorizadas, por lo que en primer lugar se propone conceder un plazo de dos años, contados a partir de la fecha en la que se haya notificado la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos, para obtener la documentación que acredite la realización de las actividades por las que han sido autorizadas las persona morales o fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos.

La reforma pretende que sean las autoridades fiscales, es decir el Servicio de Administración Tributaria, quienes deban solicitar durante el plazo referido en el párrafo anterior, ante las autoridades competentes del ramo, la expedición de la constancia que sirva para acreditar las actividades realizadas por las donatarias autorizadas.

Asimismo, se permitirá a las donatarias autorizadas que así lo deseen presentar ante el Servicio de Administración Tributaria el levantamiento de una fe notarial, expedida por notario público, en la que se haga constar la realización de las actividades por las que se haya obtenido la autorización respectiva.

Finalmente, se dejara abierta la posibilidad de que las donatarias autorizadas que así lo deseen presenten ante el Servicio de Administración Tributaria la documentación expedida por la autoridad Federal, Estatal o Municipal competente en la que se acredite la realización de las actividades para las que fueron autorizadas, o bien en el caso organizaciones que se dediquen a apoyar económicamente las actividades realizadas por donatarias autorizadas o a realizar obras o servicios públicos, que presenten el convenio de adhesión con sus beneficiarias a fin de acreditar sus actividades.

Transparencia y dictamen fiscal

Dado que una importante fuente de ingresos que perciben las donatarias autorizadas son precisamente los donativos, tanto de particulares como de gobierno, la regulación del uso y destino que se le den a dichos donativos es indispensable para que los donantes tengan certeza de que los recursos que han otorgado sean realmente destinados a los fines filantrópicos que desean, de manera que no se desincentive el otorgamiento de donativos a este tipo de organizaciones y se siga fomentando el apoyo al gasto social.

Actualmente, el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación obliga a las donatarias autorizadas a dictaminar de forma simplificada sus estados financieros por contador público autorizado.

No obstante lo anterior, y aún cuando consideramos necesario dar una especial atención y regulación al uso y destino de los donativos, también resulta necesario buscar que el cumplimiento de dichas obligaciones no interfiera o complique la realización del objeto social de las donatarias, en cuanto a que el cumplimiento de ciertas obligaciones implique destinar un significativo monto de recursos monetarios, de tiempo y humanos, en lugar de enfocar dichos recursos a la realización de los fines para los cuales las donatarias fueron creadas y autorizadas.

En primer lugar con la reforma se buscará que las donatarias autorizadas que hayan cumplido con la presentación de todas las declaraciones a las que estuviesen obligadas durante el ejercicio no se encuentren obligadas a presentar el dictamen fiscal simplificado, cuando durante el ejercicio no hubieren percibido ingresos o estos sean en una cantidad igual o menor a $400,000.00.

Para efectos de calcular el monto anteriormente señalado, se buscará que no se considere como ingreso percibido el monto de los donativos recibidos en especie.

Asimismo, se propone incentivar a las donatarias a cumplir cabalmente con sus obligaciones fiscales otorgándoles a éstas personas morales o fideicomisos la posibilidad de optar por no presentar el dictamen fiscal señalado en el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación siempre que cumplan cabalmente con la obligación de mantener a disposición del público en general la información relativa a la transparencia y al uso y destino de los donativos recibidos a través del programa electrónico que para tal efecto esté a su disposición en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Lo anterior se traduciría para dichas donatarias en un ahorro de recursos tanto monetarios como de tiempo por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

En este sentido, proponemos reformas al artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación.

3. Actividades empresariales y el régimen intermedio

En los términos actuales de la Ley, el régimen intermedio a las actividades empresariales sólo es para aquellos contribuyentes que obtienen el 90 por ciento de sus ingresos derivados de actividades empresariales.

Es claro que una disposición con estas características limita e inhibe el crecimiento de los pequeños emprendedores y de aquellas personas que, en la búsqueda de mejorar su nivel de vida, deciden iniciar un pequeño negocio en su tiempo libre o de fin de semana, pero que al tener una actividad distinta a la empresarial, como pudiera ser un asalariado o una persona física que presta servicios profesionales o un arrendador, ya no podría tributar en el régimen intermedio de las actividades empresariales.

Es claro que esta disposición es inhibitoria de la realización de actividades económicas en un régimen fiscal que contiene mayores regulaciones que el de pequeños contribuyentes.

Por ello, es que proponemos que las personas físicas puedan tributar en el régimen intermedio aunque lleven a cabo actividades distintas a las actividades empresariales, siempre que la totalidad de sus ingresos en el ejercicio inmediato anterior no sean mayores a cuatro millones de pesos.

4. Pequeños contribuyentes

Las disposiciones actuales contemplan que las personas físicas dedicadas a actividades empresariales podrán tributar en el régimen de pequeños contribuyentes cuando obtengan en el ejercicio inmediato anterior hasta dos millones de pesos.

Dicho régimen para el pago de sus impuestos es muy sencillo y accesible, lo que genera un incentivo a mantenerse “pequeños” al menos oficialmente. Pues en caso contrario, incurrirían en nuevas obligaciones fiscales y su tasa efectiva de impuestos se incrementaría sustancialmente.

Ante ello, se requiere rediseñar un sistema que reoriente los incentivos, lo cual implica mantener un esquema de obligaciones sencillas para los pequeños contribuyentes, pero con una tasa efectiva de impuestos mayor. Y por el contrario, en la medida que el contribuyente crezca se debe incorporar a un esquema generalizado de cumplimiento de obligaciones, pero con una disminución de su tasa efectiva. De esa manera es posible eliminar el efecto perverso que tiene el sistema actual, además de que mejoraría el control por parte de las autoridades.

En este sentido, es que las propuestas que se presentan pretenden eliminar disposiciones que inhiben el crecimiento de los pequeños contribuyentes, como ejemplo de ello, tenemos normas que inhiben a los pequeños contribuyentes en la recepción de pagos por medio del sistema financiero, ya que si recibieran pagos mediante cheque, transferencia bancaria, u otros medios y quien los efectuara pretendiera deducirlos fiscalmente considerando las facilidades existentes para que el Estado de Cuenta Bancario sea el comprobante de la deducción no podrían tributar en el esquema de Pequeños Contribuyentes, sin importar que sus ingresos fueran mínimos derivado de una acción que el Pequeño Contribuyente no puede controlar.

La situación anteriormente descrita implica limitar el crecimiento de los pequeños negocios y a su vez, que el Estado no tenga una herramienta de fiscalización, como lo es los depósitos efectuados en el sistema financiero e inhibe a que las personas físicas no evolucionen hacia los nuevos medios de pagos, acotando así su participación en la Economía.

Por ello, proponemos reformas a los artículos 137 y 139 con el objetivo de que sólo los contribuyentes con baja capacidad administrativa puedan tributar en el régimen de pequeños contribuyentes, así mismo para incentivar el crecimiento económico de dicho sector es que se propone permitir que puedan recibir sus pagos por medio del sistema financiero.

Con estas medidas se atacan dos temas torales, se incentiva economía, y por otra parte, al permitírsele que puedan recibir pagos por medio del sistema financiero, el Estado tiene una herramienta adicional para la fiscalización a dicho sector que le servirá para poder identificar si efectivamente la persona física debe tributar en dicho régimen o no.

Estas medidas indudablemente generaran un mejor ambiente de negocios y a su vez, brinda al Estado herramientas para la fiscalización a dicho sector.

5. Pagos provisionales de arrendadores

El actual esquema de pagos provisionales aplicable a las personas físicas que otorguen el uso o goce de bienes inmuebles obliga a determinar el cálculo del pago provisional considerando exclusivamente los ingresos y deducciones del mes, aplicando una tasa mensual.

Lo anterior, da lugar a un pago de impuestos que puede ser menor o mayor al que le corresponderá pagar al finalizar el ejercicio cuando los ingresos o gastos varíen durante el año, dando lugar a un pago de impuestos desproporcional e inequitativo.

Por lo anterior, se propone reformar el artículo 143 de la Ley del ISR para que los arrendadores personas físicas puedan determinar su pago provisional en forma proporcional.

6. Pagos provisionales trimestrales

De acuerdo con estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dados a conocer durante el año de 2010, se concluye que las empresas invierten en promedio 517 horas en calcular, preparar, presentar y pagar o retener sus impuestos, lo que traducido en aspectos monetarios implica también una importante inversión económica para su cumplimiento dado el complejo marco fiscal del país.

El BID, al hacer un comparativo, concluyó que en promedio las empresas de América Latina invierten 320 horas en elaborar y pagar sus impuestos, por lo que México queda dentro de las naciones en las cuales se requiere una mayor inversión de tiempo para su preparación.

Al efecto, el estudio del BID muestra una preocupación por la reducción en la productividad de las empresas del sector formal, que indudablemente repercutirán en el crecimiento económico a largo plazo del país en el que operan.

En consecuencia, el propio BID concluye que si los gobiernos adoptan regímenes fiscales inteligentes y competitivos pueden aumentar los ingresos del Estado, medidas que necesariamente tienen que pasar por una simplificación, reducción de gravámenes y combate a la informalidad.

Y es precisamente, que en nuestra tarea como legisladores, no solo es analizar los estudios que se elaboran tanto fuera como dentro del país, sino también observar los comentarios que recibimos en el día a día de los ciudadanos a quienes representamos y que sin ser especialistas en temas tributarios, concluyen, como lo hacen los organismos tributarios, que nuestro sistema fiscal aparte de ser complejo, es excesivo en el cumplimiento de declaraciones que mes con mes se deben presentar, lo cual, incide en que un empresario decida incorporarse a la economía formal o arriesgarse a estar en la economía informal o en el peor de los casos, no hacer nada, y este ultimo escenario es en el que todos como sociedad y como nación perdemos.

Al efecto, es que proponemos retomar la alternativa que existía hace años en el marco fiscal mexicano y que era la posibilidad de que las empresas pudieren presentar pagos provisionales en forma trimestral, propuesta que pretende atender los reclamos de los empresarios y de los profesionistas para que estos dediquen más tiempo a la generación de riqueza, trabajo y no al llenado de pantallas en las computadoras que alimentan las bases del Sistema de Administración Tributaria.

Por ello, es que se propone otorgar la posibilidad de que las personas físicas y morales puedan presentar declaraciones trimestrales en el Impuesto sobre la Renta siempre que en el ejercicio inmediato anterior hubieran obtenido ingresos hasta de 8 millones de pesos. El límite de ingresos es para beneficiar a los contribuyentes pequeños y medianos, por lo que las empresas que conformen un grupo empresarial o tengan accionistas comunes y que estén obligados a dictaminarse no podrán ser sujetos de este beneficio, toda vez que se considera que estos contribuyentes tienen una mayor capacidad administrativa.

Esta propuesta pretende sumarse al diseño de un marco tributario competitivo y que elimine el temor de los nuevos contribuyentes hacia el marco fiscal, por ello se propone la reforma a los artículos 14, 127, 136-Bis, 137, 143 de la Ley del ISR.

7. Deducción de colegiaturas para descendientes

El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la educación preescolar, primaria y secundaria es obligatoria y que toda la educación que el Estado imparta deberá ser gratuita, otorgando reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen fuera de las instituciones del Estado, en planteles particulares. Recientemente fue aprobada que los estudios de Bachillerato también sean obligatorios.

En el cumplimiento de este mandato Constitucional el País ha avanzado a grado que actualmente el 98 por ciento de los niños en edad escolar asisten a algún plantel educativo, ya sea público o privado, el 62 por ciento concluye la secundaria y sólo continúan con la educación media superior el 46 por ciento, de estos, sólo el 25 por ciento la concluye. A nivel licenciatura, sólo el 13 por ciento concluye sus estudios.

Es claro que existen diversos factores que influyen en que exista un pequeño porcentaje que concluye estudios universitarios y de bachillerato, entre otros podemos mencionar la falta de recursos económicos para destinarlo al gasto educativo, desintegración familiar, la falta de centros educativos de nivel medio superior y superior entre otros.

Algunos de estos factores son subsanados por becas alimenticias, escolares, incentivos a la educación, más sin embargo, la falta de infraestructura del Estado en los niveles medio, medio superior y superior se ve suplida por instituciones educativas privadas.

Por ello, la educación privada, en todos los niveles complementa, y en algunos casos es la única opción que tienen los jóvenes para continuar sus estudios superiores. Adicionalmente, la construcción de la infraestructura de los planteles privados no requiere el uso de recursos públicos, y sí en cambio, tienen una repercusión social positiva para la Sociedad.

Es por eso que la presente iniciativa pretende apoyar el esfuerzo que llevan a cabo miles de mexicanos cuya única alternativa para continuar estudiando es la educación privada, sobre todo porque el Estado no puede cubrir la demanda en los niveles medio y superior.

Y es precisamente a este sector de la sociedad a quienes va dirigida la presente iniciativa, a aquellas familias de recurso medios o bajos recursos que hacen un esfuerzo por brindar a sus hijos una educación que no sólo enriquezca el nivel cultural de estos, sino que sea un factor que permita su movilidad social, en cuyo caso, la sociedad en su conjunto se ve beneficiada.

Dicho beneficio se materializará al permitir la deducibilidad de colegiaturas, inscripción y reinscripción por cada uno de los hijos que asistan a un plantel educativo del sector privado siempre que la institución cuente con reconocimiento de validez oficial en los niveles preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.

La deducción será anual y no podrá ser mayor al 75 por ciento del monto que por alumno eroga el Estado en el nivel escolar que cursa el descendiente en línea recta de quien efectuará la deducción. El parámetro de comparación será el que corresponda al ejercicio inmediato anterior.

Esta propuesta se suma a las medidas fiscales existentes en el ámbito educativo que consisten en la permanencia de la exención del Impuesto al Valor Agregado de los servicios educativos y la tasa del cero por ciento aplicable a la enajenación de libros; Así como la deducción de transporte escolar para efectos del Impuesto sobre la Renta.

Asimismo, con la presente propuesta no se pretende que los recursos públicos se vean disminuidos por el apoyo fiscal aquí planteado, dado que persigue un fin superior que ésta más allá de las metas recaudatorias de las finanzas públicas y pretende apoyar a quienes en la precariedad de su economía familiar hacen el esfuerzo de cubrir la educación de sus hijos, y a su vez, pretende ser una contribución para que los adolescentes no vean truncados sus deseos de educación al no tener cerca una institución pública o por no haber sido aceptado en éstas, en cuyo caso, su única opción es la educación privada.

Es de destacar que en el tiempo, diversos legisladores de distintos partidos han expresado la preocupación por apoyar a las familias que tienen que hacer uso de los servicios educativos particulares.

Por otra parte, se espera que con esta propuesta también se incentive la apertura de nuevos planteles privados que repercutirán en la inversión del sector privado, así como en la creación de nuevos empleos, pudiéndose dar una mayor recaudación para el Estado que compense a su vez, en parte, el beneficio otorgado a los padres de familia.

Es por ello, que se pretende reformar la fracción VI del artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

8. Responsabilidad hacendaria de las entidades federativas

Arrendamiento de inmuebles

El Estado, por mandato de ley, tiene la obligación de fiscalizar el correcto pago de impuestos de los contribuyentes, dicha obligación a quedado en su mayor parte a cargo de las autoridades federales.

Por ello, para incentivar el apoyo de las autoridades de las entidades federativas para el combate a la evasión fiscal que a su vez tenga un incremento en los impuestos locales, como lo son el impuesto predial relacionado con los inmuebles ubicados en la entidad federativa de que se trate, es que se propone la incorporación de los artículos 143-Bis y 144-Bis a la Ley del Impuesto sobra la Renta para que los estados puedan recaudar hasta el 5 por ciento de la utilidad que se derive de las actividades de uso o goce de inmuebles otorgados por personas físicas, siempre y cuando, la entidad federativa de que se trate celebre convenios con las autoridades federales para fiscalizar los ingresos derivados por el otorgamiento del uso o goce de bienes inmuebles por personas físicas, por sí o por medio de fideicomisos.

Esta medida se encuentra enmarcada en la corresponsabilidad que las entidades federativas deben tener para sí y la federación en el combate a la evasión fiscal.

Pequeños contribuyentes

En diversos foros nacionales se ha concluido la necesidad de un nuevo pacto fiscal para los Estados y Municipios cuyo propósito es el fortalecimiento de las finanzas locales, destacándose al Municipio como el eslabón débil del marco tributario.

Actualmente, el esquema fiscal incluye la posibilidad de que las Entidades Federativas administren y reciban el 100 por ciento de la recaudación de los contribuyentes registrados en el Régimen de Pequeños Contribuyentes.

Este esfuerzo comenzó a partir del año de 2003 y tuvo como finalidad el del fortalecer las Finanzas Públicas de las Entidades Federativas, por ello se realizaron modificaciones fiscales en materia del Impuesto sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado para el año de 2004, con el fin de que la recaudación de dichos impuestos se efectuara por los Estados, siempre que firmaran el Convenio o Anexo respectivo.

A su vez, es claro que la economía informal, como lo destacan diversos análisis, se encuentra en las labores comerciales, de servicios y productivas, como ejemplo, en el año de 2003 se tenían estimaciones de la existencia de 1,635,843 vendedores ambulantes y que el 37 por ciento de la población que se encuentra en el sector informal está integrada por trabajadores que laboran por su cuenta.

Es claro que la existencia de tales indicadores nos muestran que la eficacia de la Federación para detectar a nuevos contribuyentes requiere indudablemente de la participación activa de los municipios, por ello, es necesario fortalecer a su vez a la Hacienda Municipal.

Al efecto el artículo 115 en su Fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresamente señala la libertad que tienen los municipios de administrar su hacienda, la cual, se integra por los rendimientos de bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor.

En consecuencia, la propuesta que se presenta pretende hacer coparticipe a los Municipios en el combate a la economía informal que a su vez se vea recompensada mediante la retribución a la hacienda municipal de los recursos que recaude, ampliando los esfuerzos iniciados desde el año de 2003 para el fortalecimiento de las Finanzas Públicas de las Entidades Federativas.

Por ello, esta propuesta establece que los Estados de la Federación serán los encargados de administrar los impuestos derivados del régimen de pequeños contribuyentes, y que cada entidad federativa tendrá la obligación de celebrar convenios con los municipios que la integran para que dichos municipios sean los que directamente recauden y a su vez reciban como estimulo el 100 por ciento de los recursos que obtengan de los pequeños contribuyentes.

Es por ello que mediante esta propuesta se fortalece el federalismo y descentralización hacia el tercer nivel de gobierno, y a su vez, el Estado incrementa y se sirve del nivel de gobierno que tiene una relación directa con los diversos actores que participan en la economía local.

9. Deducción adicional por arrendamiento de inmuebles y combate a la evasión fiscal

En el combate a la evasión fiscal se requiere de mecanismos novedosos que permitan identificar a aquellos que realizan una actividad económica pero que no contribuyen con el mandato constitucional de contribuir al gasto público.

Por ello, incorporamos una deducción adicional para las personas físicas equivalente al 30 por ciento de los pagos efectuados por el arrendamiento de inmuebles destinados a cada habitación o a usos comerciales, sin que dicha deducción exceda de 100 mil pesos por año, está deducción tendrá una vigencia de tres ejercicios.

El propósito de esta deducción es la de obtener datos que permitan a las autoridades fiscales corroborar y verificar si los dueños que arrendan bienes inmuebles están al corriente de sus obligaciones fiscales, por lo que para tener derecho a la deducción adicional, quienes pretendan aplicarla deberán proporcionar la dirección del bien inmueble arrendado, el período por el que ha sido arrendado, el monto de la renta pagada, así como el nombre del arrendador.

A su vez, se otorga la posibilidad para que aquellos arrendadores que estén en incumplimiento se regularicen espontáneamente, otorgándoseles la posibilidad de celebrar convenio de pago en parcialidades, inclusive en el Impuesto al Valor Agregado, aplicándoseles recargos por prorroga y un coeficiente tanto en el ISR como en el IVA.

Por otro lado, se establece la obligatoriedad de las autoridades fiscales para informar a esta H. Soberanía del resultado de este programa de combate a la evasión fiscal.

Abrogación de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única

1.1 Antecedentes del impuesto empresarial a tasa única (IETU)

El IETU fue incorporado al sistema fiscal mexicano partir del 1 de enero de1998, en sustitución del Impuesto al Activo que, a su vez, había sido incorporado a este sistema en enero de 1999.

La idea del IETU se fundamenta en conceptos económicos, alejados de los tradicionales conceptos de utilidades fiscales y contables que encontramos en el ISR, aunque de una u otra forma, sirven de indicadores para medir su base.

La Exposición de Motivos de la Iniciativa y el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados indican, en forma general, que el IETU es un impuesto de tipo directo a cargo de las empresas, que grava a una tasa uniforme el flujo remanente para retribuir a los factores de la producción, tales como salarios, dividendos, intereses y regalías, entre otros; disminuido por las erogaciones para formar el capital bruto de las mismas.

En virtud de que el IETU grava el flujo remanente, el reconocimiento de ingresos y deducciones se hace sobre la base de cobrado y pagado, respectivamente. Para estos efectos y ciertas situaciones específicas, la ley del IETU remite tanto a las disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, como a las del ISR, de tal forma que se presentan diferencias en tiempo y modo en cuanto a la acumulación de ingresos y toma de deducciones, para determinar la base del IETU y las utilidades de las empresas. Adicionalmente, para fines del IETU no se gravan todos los ingresos ni las deducciones para determinar la utilidad de la empresa, destacando entre otros, las remuneraciones a los factores de la producción por concepto de sueldos y salarios, intereses y regalías con partes relacionadas.

En la referida Iniciativa, el Ejecutivo justificó la introducción del IETU, presentando un diagnóstico sobre la problemática que enfrentan los ingresos públicos, destacándose que durante los últimos 18 años, la recaudación tributaria ha ido a la baja con respecto al del Producto Interno Bruto (PIB): tan solo del 9.5 por ciento y de las más bajas con la de países con grado de desarrollo o ingreso per cápita similar a México, por ejemplo, en la República Checa el nivel de recaudación es de un 21.6 por ciento, en Hungría del 25.7 por ciento, en Chile de un 20.4 por ciento, en Brasil del 17.5 por ciento, Colombia con 13.5 por ciento, Honduras del 13.7 por ciento. La carga tributaria promedio en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la cual pertenece México, es del 24.9 por ciento.

El Ejecutivo señaló que esta baja recaudación obedece, entre otros, a la elusión y evasión fiscales, así como a la existencia de amplios sectores que desarrollan actividades económicas en condiciones de informalidad. También reconoció que la complejidad de la legislación fiscal, la constante introducción de reglas casuísticas para combatir estas situaciones, generan discrecionalidad por parte de las autoridades fiscales, contribuyen a un excesivo formalismo jurídico que, conjuntamente con los tratamientos preferenciales existentes, han fomentado el incumplimiento, la elusión y evasión fiscales.

Y que en años recientes, la baja recaudación se ha visto compensada con importantes ingresos provenientes del petróleo, que representan una tercera parte de los obtenidos por la Federación. Esta situación resulta insostenible, pues ha rezagado la modernización y competitividad de Petróleos Mexicanos, así como la introducción de una reforma sustancial del sistema tributario.

En estas condiciones y considerando las crecientes demandas esenciales de la población, se hace impostergable reformar el sistema tributario, establecer contribuciones no complejas que permitan su oportuno cumplimiento, con el consecuente ahorro de los costos administrativos y de recaudación; que sean correctamente diseñadas y pagadas por todos lo que deben hacerlo; combatiendo la elusión y evasión fiscales; para lo cual propuso el IETU, que, se dijo, adicionalmente fomentaría la inversión y creación de empleos.

El IETU no satisfizo los objetivos del Ejecutivo en materia de simplificación ni específicamente, su diseño cumplió los principios constitucionales de equidad y proporcionalidad. Este gravamen motivó la presentación de numerosas demandas de amparo, aproximadamente treinta y dos mil; las que por vez primera, fueron concentradas en un juzgado específico para su resolución en primera instancia. Aunque tales demandas se resolvieron en el sentido que el impuesto se ajusta a los principios constitucionales, como ha ocurrido en casos similares, la experiencia demuestra que aún queda un largo proceso para alcanzar una resolución definitiva, pues los contribuyentes continúan ejerciendo sus medios de defensa en ulteriores instancias previstas por la ley.

Asimismo, tampoco se eliminó la complejidad, toda vez que durante los años 2008 al 2011, los contribuyentes enfrentarán una creciente carga administrativa, pues durante este período se tendrá un sistema tributario dual al coexistir el IETU con el ISR; será hasta el 2011 cuando, con base en un estudio que efectúe el Sistema de Administración Tributaria, se determinará la conveniencia de derogar los títulos de la ley del ISR aplicables a las actividades empresariales.

Ante un entorno recesivo de la economía, resulta cuestionable este compás de espera. También lo es mantener un gravamen como el IETU, pensado para un entorno económico en crecimiento, pues la incertidumbre que genera la recesión detiene nuevas inversiones y el desempleo se incrementa; por lo que es imprescindible reflexionar sobre la permanencia de un gravamen de esta naturaleza, así como instrumentar acciones efectivas de apoyo a las empresas.

1.2. Características del IETU

Las características del IETU se complementan con lo siguiente:

1. El IETU grava la generación de flujos destinados a la retribución total de los factores de la producción, desconociéndoles a las empresas los costos y gastos que incurren por esos factores y consecuentemente, su capacidad contributiva.

2. La base gravable del IETU no incluye todos los ingresos, costos y gastos de las empresas y se determina sobre la base de flujo de efectivo, de tal forma que los ingresos se acumulan cuando se cobran y las erogaciones se deducen cuando se pagan, lo cual hace que esta base gravable se aparte totalmente de las utilidades contables de las empresas.

3. Los inventarios y las inversiones de las empresas son deducibles del IETU en el ejercicio en que se pagan y esto hace que la base gravable del IETU se aparte aún más de las utilidades contables de las empresas porque estas utilidades se determinan restando de los ingresos el costo de los inventarios hasta que se venden los bienes que los integran y depreciando o amortizando las inversiones en varios ejercicios.

4. La base gravable del IETU se aparta totalmente de las utilidades contables de las empresas y, consecuentemente, el comportamiento de dicha base puede originarles el pago del IETU en algunos ejercicios aunque tengan pérdidas contables o sus utilidades contables sean menores al monto que se deba pagar de dicho impuesto, soslayando la capacidad contributiva de las empresas, situación que pone en duda la aseveración de la Iniciativa y el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en el sentido de que este gravamen sea un impuesto de tipo directo.

5. Al gravamen causado podrán disminuírsele los créditos previstos en la ley, en el orden siguiente: excedente de deducciones sobre ingresos en los diez ejercicios anteriores; por sueldos y salarios gravados y contribuciones de seguridad social; el ISR propio del ejercicio; y otros créditos por inversiones anteriores a 2008 e inventarios.

Este orden en la aplicación de los créditos, puede originar que no se apliquen en su totalidad, perdiendo la posibilidad de hacerlo posteriormente, excepto el derivado por el exceso de deducciones sobre ingresos, que puede acreditarse, actualizado, en los diez ejercicios posteriores.

6. El IETU es un impuesto mínimo complementario del ISR, que se paga cuando el monto de créditos, incluido este último, es inferior al IETU; sin embargo, contrario a lo que sucedía con el Impuesto al Activo, una vez pagado no es recuperable en el futuro cuando el ISR es mayor que el IETU.

En consecuencia, al ser un impuesto que indudablemente ha introducido una gran complejidad al marco tributario mexicano, es que se propone la abrogación de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

2. Impuesto Mínimo

Características de un impuesto mínimo

En adición a la abrogación de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única se propone la incorporación de un impuesto sobre la renta comparativo aplicable a las personas morales en general y también las personas morales y físicas dedicadas a las actividades ganaderas, agrícolas, silvícolas y pesqueras, con el objetivo de garantizar un impuesto mínimo al Estado.

El impuesto mínimo tendrá como función la de asegurar a la hacienda pública una recaudación en lo particular proveniente de las actividades empresariales, partiendo de la base que los contribuyentes utilizan diversas estrategias de planeación o elusión fiscal a fin de reducir o eliminar su carga en el ISR.

Del análisis efectuado a diversas legislaciones fiscales, efectuada por reconocidos peritos en la materia tributaria se ha concluido que no existe un esquema único de impuesto mínimo, siendo diversas las formas en que se establecen impuestos complementarios, ya sea con base en el patrimonio, a los activos, sobre los ingresos o sobre las utilidades.

En este sentido, del análisis efectuado no se observó una tendencia uniforme en la forma de tributar para un impuesto mínimo, aunque sí se apreciaron características básicas para este gravamen como lo son:

1. Su origen trata de resarcir al fisco de una baja recaudación en el impuesto sobre la renta.

2. Generalmente es aplicado a las actividades empresariales, quedando a salvo las actividades de orden civil y los ingresos de tipo personal.

3. Contienen pocas excepciones que, en términos generales, están ligadas a las establecidas para el tributo a las utilidades.

4. Se concede un acreditamiento de ida o regreso del impuesto sobre la renta.

5. Se establece, en la mayoría de los casos, una tasa de impuestos única.

6. El ordenamiento que los contiene suele ser breve, o sea, de poco articulado.

El impuesto mínimo tiene claramente un fin extrafiscal y es la de garantizar al Estado la obtención de recursos públicos que le permitan cumplir con su finalidad.

A manera de ejemplo, en el contexto internacional, los Estados Unidos de América tienen en su legislación el “Alternative Minimum Tax”, esta alternativa para el pago de impuestos surge en el año de 1969 con el propósito de hacer pagar impuestos a las clases privilegiadas norteamericanas que o no pagaban impuesto o era mínimo en relación con la riqueza que se tenían.

Entre otras características, destacan que es un impuesto cuya base es determinada mediante ajustes a la base general del impuesto corporativo o a las personas físicas, elimina la depreciación acelerada de inversiones, ciertos intereses o deducciones personales y la tasa de impuesto es menor a la tasa general.

En el caso de las sociedades, el impuesto general puede ser del 34 por ciento al 39 por ciento de la utilidad, en el Alternative Minimum Tax, la tasa es del 20 por ciento. En este caso, si el Alternative Minimun Tax es mayor al impuesto determinado en el régimen general, es el impuesto que prevalece.

Retomamos la experiencia internacional proponiendo que la base optativa se determine eliminando gran parte de los “privilegios” que a su vez la Ley del IETU limita o prohíbe su deducción como son:

– Pagos por regalías.

– Pagos por intereses.

Por otra parte, a diferencia del IETU, esta propuesta pretende atacar uno de los privilegios fiscales que inclusive se encuentra clasificado como gasto fiscal en el ISR, como lo es, no permitir la deducción inmediata de inversiones ni de terrenos.

Por ello, es necesario que la abrogación de la Ley del IETU este acompañada a su vez del establecimiento de un impuesto mínimo. Quienes suscribimos la presente propuesta concluimos que el concepto para este tipo de impuesto más adecuado para no afectar la competitividad de los contribuyentes, es aquél vinculado con el ISR o sea, ligado a la utilidad o pérdida obtenida por un contribuyente.

Propuesta de un impuesto sobre la renta mínimo

Al efecto, el impuesto mínimo que se propone parte de la utilidad o pérdida fiscal declarada por el contribuyente, eliminando los estímulos o tratamientos preferenciales que él hubiera aplicado en la determinación del primer gravamen y aplicando una tasa menor a la tasa general del ISR, a fin de determinar el impuesto mínimo que sería el mayor entre el calculado en el impuesto sobre la renta y el obtenido bajo el procedimiento del impuesto mínimo.

En consecuencia, la propuesta que se pone a consideración pretende incorporar los artículos 10-A, 10-B; 10-C; 10-D; 10-E; 10-F; 10-G; 10-H; 10-I; 10-J; 10-K; 10-L; 10.LL; y 81-A a la Ley del Impuesto sobre la Renta, mediante la cual se propone lo siguiente elemento:

1. Eliminación de conceptos identificados como gastos fiscales:

a) Reversión de la deducción inmediata, substituyéndola por la deducción de inversiones en línea recta.

b) La eliminación de la deducción de terrenos para desarrolladores inmobiliarios.

c) No deducibilidad de los ingresos pagados por sueldos y salarios que hubieran sido exentos para quien los percibe.

2. Eliminación de privilegios en la base gravable:

a) Disminuir la exención aplicable a las actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas y pesqueras.

b) Disminución de la tasa del impuesto aplicable a las actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas y pesqueras.

3. Eliminación de la deducción de ciertas operaciones efectuadas con partes relacionadas, como son:

a) Regalías pagadas a partes relacionadas residentes en México o en el extranjero por el uso o goce de bienes.

b) Intereses a cargo de partes relacionadas residentes en México o en el extranjero.

4. Disminución del pago de regalías que efectivamente sean necesarias para la producción de un bien o servicio por el otorgamiento del uso o goce temporal de equipos industriales, comerciales o científicos y de aquellas que se hayan erogado por concepto de regalías pagadas por el uso o goce temporal de patentes, certificados de invención o mejora, derechos de autor sobre obras literarias, artística o científicas, incluidas las películas cinematográficas y grabaciones para radio o televisión, así como de dibujos o modelos, planos, fórmulas, o procedimiento, así como las cantidades pagadas por transferencia de tecnología o informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, u otro derecho o propiedad similar

5. Disminución de pérdidas fiscales determinadas en ejercicios anteriores conforme al procedimiento del impuesto mínimo.

6. Que el excedente que se pague como impuesto mínimo sea recuperable cuando la sociedad cause impuesto sobre la renta dentro de un plazo no mayor a 10 ejercicios.

Una vez determinada la base del impuesto mínimo con los conceptos arriba citados, se aplicaría la tasa del 16 por ciento. El impuesto así obtenido, se compararía contra la suma del impuesto sobre la renta del régimen general, adicionado del determinado por los ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes y el pagado con motivo de disposición de fondos de pensiones para un fin distinto, siendo el impuesto causado, el mayor que resulte de la referida comparación.

El excedente del impuesto mínimo, estaría sujeto a un régimen de acreditamiento retroactivo o prospectivo similar al que se aplicaba en la abrogada Ley del Impuesto al Activo.

Deducciones por salarios

El limitar la deducibilidad de ciertas partidas, como lo es la erogación por sueldos y salarios que sean ingresos exentos para quien los recibe persigue un fin extrafiscal que es el de evitar un abuso en un derecho que tienen los trabajadores por parte de los patrones al pagar estos una gran parte de la remuneración a los trabajadores mediante una estructura salarial que atomice la base del impuesto gravable y que se complemente con el subsidio al empleo al que tendrían derecho los trabajadores.

Es claro que esta medida tiene un fin extrafiscal que pretende acotar la afectación económica a las finanzas públicas que como sociedad y país existe por la atomización o segmentación planeada y deliberada para ubicar los ingresos de los trabajadores en estructuras por las que no se causaría impuesto alguno y cuya afectación a las finanzas públicas estimada para el año de 2011 como un gasto fiscal ascenderá a la cantidad de $56,084.50 millones de pesos, cifra obtenida del Presupuesto de Gastos Fiscales a 2010 elaborado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Deducción inmediata de inversiones

Un avance importante que se tuvo en el marco tributario fue la aprobación en el ejercicio de 2005 de la deducción del Costo de lo Vendido, concepto que sustituía a la deducción de compras y que pretendía que la utilidad fiscal de un ejercicio fuera cercana a la utilidad económica del contribuyente.

Este avance importante en el marco tributario fue minimizado por la existencia de tratamientos fiscales que distorsionan la utilidad fiscal de la utilidad económica del contribuyente y es precisamente la deducción inmediata de inversiones uno de los factores que distorsiona la utilidad fiscal de los contribuyentes.

Si bien es cierto que la deducción inmediata de inversiones tiene como propósito el incentivar la reinversión de utilidades, también es cierto que dicha reinversión, en una economía sana se daría de manera natural y sin la necesidad de obtener una ventaja fiscal, toda vez que es claro que la reinversión de utilidades tiene como propósito el maximizar la ganancia de las empresas, de no existir dicha maximización de utilidades y aunque existiera un incentivo fiscal estaría en duda la “reinversión de utilidades” por parte de las empresas.

En esa búsqueda de un punto medio, es que consideramos que para los efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta prevalezca la deducción inmediata de inversiones, más sin embargo, en el impuesto mínimo proponemos que no exista dicho concepto, pero que se pueda tomar la deducción en línea recta, de tal suerte que el fin extrafiscal que se persigue con esta medida es evitar el abuso de la figura de la deducción inmediata de inversiones como un instrumento de elusión fiscal.

De tal manera que con esta propuesta pretendemos limitar el gasto fiscal que se estima sea durante el ejercicio fiscal de 2011 de $29,535.5 millones de pesos.

Regalías

Mediante esta reforma pretendemos acotar la deducción indebida que algunos contribuyentes han pretendido realizar por concepto de pago de regalías por el uso o goce de marcos o nombres comerciales cuyo valor se constituyó en el tiempo de la actividad económica.

Es claro que para darle valor a una marca o nombre comercial se tuvieron que llevar acabo inversiones y gastos que en su oportunidad tuvieron ya un efecto fiscal en los resultados de las empresas.

Por ello, pretender deducir pagos por regalías entre empresas de un mismo grupo económico por el uso de una marca o nombre comercial es pretender deducir de manera encubierta el denominado crédito mercantil de una negociación.

Por ello, quienes proponemos la presente iniciativa tenemos claro que la limitante para deducir este tipo de regalías persigue un fin extrafiscal que es el de disminuir actos elusivos en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Deducción optativa en arrendamiento

En el impuesto mínimo se propone disminuir el beneficio que obtienen las personas físicas que se dedican al otorgamiento por el uso o goce de bienes que tienen al deducir el 35 por ciento del ingreso cobrado sin tener comprobante alguno.

Por ello, al ser la tasa del impuesto mínimo menor a la tasa máxima de la Ley del ISR, es que proponemos que el beneficio de la deducción ciega disminuya al 10 por ciento desde el propio cuerpo de la Ley del ISR.

Con esta propuesta se estaría otorgando una respuesta a los cuestionamientos válidos de los contribuyentes, toda vez que la Ley del IETU afecta la competitividad de los contribuyentes, cuestionamientos entre los que destacan los siguientes:

a. Intereses por financiamientos recibidos

La Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única no permite deducir los intereses pagados por financiamientos obtenidos porque, según el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, es deducible del IETU el valor nominal de las inversiones lo que implica una deducción de la inversión equivalente a la deducción de los intereses pagados en el financiamiento.

Lo afirmado no es del todo preciso porque todos los bienes y servicios pueden deducirse, no sólo las inversiones sujetas a depreciación. Además, todos los contribuyentes pueden efectuar la deducción, independientemente de la fuente de financiamiento. Por último, la deducción permitida es el valor nominal del capital destinado al negocio, falta considerar el margen de utilidad que obtiene el intermediario por otorgar el préstamo y que constituye un gasto necesario para que la empresa opere.

b. Salarios y aportaciones de seguridad social pagados

Los salarios y aportaciones de seguridad social no son deducibles del IETU, en lugar de esto la ley otorga un crédito contra el impuesto por el equivalente al 17.5 por ciento de las erogaciones realizadas por concepto de salarios gravados por el impuesto sobre sueldos y por las aportaciones de seguridad social a cargo del patrón.

El procedimiento previsto por la ley origina la pérdida del crédito cuando las erogaciones realizadas por la empresa son superiores a los ingresos, así como por las erogaciones de previsión social y otras percepciones exentas del impuesto sobre sueldos como son una parte de horas extras, gratificaciones anuales, participación a los trabajadores en las utilidades de las empresas, primas vacacionales, etcétera.

Lo anterior origina una falta de proporcionalidad en el impuesto al no reconocer como deducible un gasto estrictamente indispensable para que la empresa obtenga ingresos gravados por impuesto.

c. Regalías pagadas a partes relacionadas

La Ley del IETU no permite deducir regalías cuando son pagadas a partes relacionadas, excepto las relacionadas con el uso o goce temporal de ciertos equipos, lo cual implica un tratamiento desigual para una erogación, sólo por quién cobra la contraprestación, aunque el gasto sea necesario para realizar la actividad gravada.

d. Acreditamiento del IETU en Estados Unidos de América

Aunque por el momento este impuesto es acreditable en Estados Unidos de América, este tratamiento no es definitivo, se espera que la autoridad de ese país tomé una decisión sobre el particular en 2011. Al respecto, existen serias dudas sobre si el IETU será un impuesto acreditable en Estados Unidos de América ya que existen impuestos similares a éste que no son acreditables en ese país.

Es conveniente precisar que en los recientes Tratados para evitar la doble tributación celebrados por México se ha logrado incorporar al IETU como un impuesto reconocido por ciertos países.

Más sin embargo, si finalmente el IETU no es acreditable en los Estados Unidos de América dicha situación pudiera convertirse en un factor negativo en la toma de decisiones respecto hacia dónde fluirán las inversiones provenientes de dicho país.

e. Los ciclos económicos y el impuesto

El IETU es un impuesto que promueve la inversión ya que propicia que las empresas repongan inventarios y realicen mayores inversiones; sin embargo, cuando la empresa inicia un período de desinversión, como consecuencia de una desaceleración o recesión económica, el impuesto puede resultar una pesada carga para la empresa, impulsando la desaparición de las fuentes de trabajo, por lo que es necesario establecer un procedimiento que permita aligerar la carga en épocas de recesión, como podría ser reconocer excedentes de impuestos pagados en ejercicio anteriores o pérdidas sufridas en períodos posteriores.

Por todo lo anterior, es que los firmantes de la presente iniciativa nos pronunciamos por la Abrogación de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, más sin embargo, incorporamos un procedimiento adicional en la Ley del Impuesto sobre la Renta para garantizar al Estado un impuesto mínimo.

Impuesto al valor agregado

1. Declaración informativa de operaciones con terceros

Uno de los propósitos de la simplificación administrativa es la de proporcionar un ambiente propicio para el desarrollo de la economía, sin que el estado pierda la calidad de la información que recibe. Más sin embargo, en México se pueden presentar hasta 133 declaraciones al año, entre las cuales se encuentran las 12 declaraciones correspondientes a la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT).

Por otro lado, la información contenida en la DIOT, pareciera ser excesiva e insuficiente para los efectos del IVA, como ejemplo se encuentran las solicitudes de devoluciones presentadas por los contribuyentes, al grado tal que, aunque exista la figura de la declaratoria de IVA, generalmente las autoridades fiscales revisan y solicitan la integración del 100 por ciento de la información que tiene el contribuyente para analizar y en su caso, dar respuesta a la devolución.

En consecuencia, los contribuyentes tienen que estar integrando la información relacionada con el IVA acreditable, aun y a pesar de que la información coincidiera con la contenida en la DIOT, por lo que pareciera que dicha herramienta es insuficiente aunque su existencia sí incrementa la carga administrativa de los contribuyentes, por lo que se propone la reforma al artículo 32, en su fracción VIII para que la presentación de la DIOT sea anual.

Código Fiscal de la Federación

Comprobantes Fiscales Digitales

A partir del ejercicio fiscal de 2010 los contribuyentes tendrán la obligación de emitir Comprobantes Fiscales Digitales, coexistiendo transitoriamente el uso de comprobantes fiscales impresos por impresor autorizado durante al menos los próximos dos ejercicios siguientes.

Uno de los motivos que llevó al Congreso de la Unión a aprobar esta medida era el aparente ahorro que tendrían los contribuyentes, así como una poderosa herramienta de fiscalización.

En la práctica, se ha observado que el costo de emitir un Comprobante Fiscal Digital es mayor al que se tendría si se utilizaran comprobantes impresos.

Asimismo, durante el año de 2009 y 2010, el Servicio de Administración Tributaria, por mandato del Congreso de la Unión puso a disposición de los contribuyentes herramientas electrónicas gratuitas para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales cuando dichos contribuyentes hubieran tenido hasta 4 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior y siempre que opten por tributar por medio de lo que se denomina “Microe” y sea aceptado.

Mediante el portal “Microe”, los contribuyentes pueden encontrar, entre otras, herramientas para llevar su contabilidad, calcular el impuesto sobre nómina y sobre todo, emitir Comprobantes Fiscales Digitales.

Estas herramientas han sido desarrolladas con recursos públicos, por ello, los proponentes consideramos que la herramienta relativa a la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales debe estar disponible sin requisito alguno para los contribuyentes con menor capacidad económica y administrativa.

Por eso, esta medida tiene como propósito el poner a disposición de los contribuyentes herramientas que simplifiquen el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, lo que indudablemente tiene un doble beneficio, el Estado amplia la fiscalización y los Ciudadanos pueden cumplir con mayor facilidad con una de las obligaciones que es base para la causación de los impuestos, como lo es la emisión del comprobante por los ingresos recibidos.

Impuesto a los depósitos en efectivo

El IDE es un impuesto de control cuya principal labor es la de fiscalizar los depósitos en efectivo que provengan del sector informal.

Sin embargo, las disposiciones establecidas en la Ley del IDE obligan a que tanto quienes están inscritos al Registro Federal de Causantes como aquellos que no lo están sean sujetos del Impuesto.

Al efecto, de acuerdo con la Ley Monetaria, el efectivo es la moneda de curso legal en el país, de acuerdo con el Segundo reporte de Inclusión Financiera del año de 2010, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores existe cobertura bancaria en el 43 por ciento de los municipios del país, porcentaje que se incrementa a una cobertura del 66 por ciento de municipios si se toma en cuenta a los corresponsales bancarios.

Cabe precisar que este indicador sólo representa que al menos existe una sucursal en el municipio en cuestión, más no que todo el municipio tenga sucursales por su territorio.

Lo anterior es un indicador oficial de que las transacciones en efectivo no se pueden evitar en al menos el 34 por ciento de los municipios del País, toda vez que no existe la infraestructura bancaria que facilite el uso de formas de pago distintas al efectivo.

Por otra parte, el sector agrícola, en particular, los pequeños agricultores por mandato de Ley están exentos del pago del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto Empresarial a Tasa Única, en adición a que los productos agrícolas tienen una tasa del 0 por ciento del IVA, cuando en un año sus ingresos no sean mayores a 680 mil pesos.

Es claro que quienes están familiarizados con el sector agrícola conocen que los pagos de la cosecha se dan o en forma anticipada o cuando la misma se vende, por lo que en un solo pago pueden recibir cantidades mayores a 50 mil pesos, en muchas ocasiones, son operaciones en efectivo, ya sea depositados en una cuenta o entregados en persona.

En consecuencia, al recibir el depósito se causa el IDE, aun y cuando el agricultor este dado de alta, al no ser sujeto de impuesto, tiene que solicitar el IDE en devolución, enfrentándose a constantes trabas burocráticas para su devolución, y que son del conocimiento de los legisladores.

Si bien es cierto, existe un procedimiento para recuperar el IDE pagado, el sólo hecho de iniciar el procedimiento de devolución o el acreditamiento, implica incrementar la carga administrativa de aquellos contribuyentes que se encuentran dados de alta al RFC y que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales.

Por ello, proponemos la adición de una fracción VII al artículo 2° de la Ley del IDE para que los contribuyentes que lleven a cabo preponderantemente actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y de pesca que estén inscritos al RFC no sean sujetos del IDE.

Asimismo, el marco tributario contempla una herramienta de auto fiscalización por parte de los contribuyentes, y es el dictamen que para efectos fiscales deben presentar ciertos contribuyentes de manera obligatoria o de manera optativa. Mediante dicha herramienta el Estado es auxiliado por profesionistas independientes a las empresas que tienen que cumplir con diversos requisitos para que puedan emitir un dictamen para efectos fiscales.

Asimismo, el propio Código Fiscal de la Federación establece lineamientos mínimos y la información que debe analizar el dictaminador para efectos fiscales.

Por ello, consideramos que en el caso de contribuyentes que lleven a cabo actividades distintas a la agricultura, ganadería, silvícola y pesca estén eximidos del IDE siempre que estén obligados a dictaminar sus estados financieros u opten por ello, por lo que se propone incorporar una fracción VIII al artículo 2° de la Ley del IDE.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, para que si se estima conveniente se apruebe en sus términos:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan, derogan diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto al Valor Agregado, del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, Código Fiscal de la Federación y abrogación del Impuesto Empresarial a Tasa Única,

Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Primero. Se reforman los artículos 16; 17, Último párrafo; 31 inciso d) de la fracción primera; 93 sexto párrafo; 95 fracción XVI primer párrafo y segundo ; 97 primer párrafo, fracción II y III del primer párrafo y quinto párrafo; 136-BIS; 134, primer párrafo; 137, primer párrafo; 139 fracción VI; 143; 176 inciso d) de la fracción II y fracción VI; se adicionan los artículos 10-A, 10-B; 10-C; 10-D; 10-E; 10-F; 10-G; 10-H; 10-I; 10-J; 10-K; 10-L; 10.LL; 14 con un segundo párrafo pasando los actuales segundo a séptimo párrafos a ser tercero a octavo párrafos; 81-A; 93 con un séptimo y octavo párrafos; 95 con las fracciones XXI y XXII al párrafo primero; 97 con un sexto párrafo; 127 con un sexto y séptimo párrafos, 143-Bis y 144-Bis; y, se derogan 134, segundo párrafo; 139, último párrafo de la fracción IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 10-A. Para los efectos del primer párrafo del artículo 10 de esta Ley, las personas morales deberán determinar el impuesto aplicando la tasa del 16 por ciento al resultado que se obtenga conforme a lo siguiente:

I. Al resultado obtenido en la fracción II del artículo 10 de la Ley se sumará o en su caso a la pérdida fiscal obtenida de conformidad con el primer párrafo del artículo 61 de la Ley se le restará los siguientes conceptos correspondientes al mismo ejercicio:

a) La deducción inmediata de las inversiones determinada en los términos del artículo 220 y 221 de la Ley.

b) El costo de adquisición de los terrenos deducidos en los términos del artículo 225 de la Ley.

c) Las regalías deducibles a su cargo por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes entre partes relacionadas residentes en México o en el extranjero

d) Los intereses a cargo de partes relacionadas residentes en México o en el extranjero.

e) Cuando se enajenen terrenos a los que se les hubiera aplicado lo dispuesto en el artículo 225 de la Ley, la ganancia a que se refiere el artículo 20, fracción V de esta Ley.

f) Las erogaciones que efectúen los contribuyentes y que a su vez para la persona que las reciba sean ingresos en los términos del artículo 110 de esta Ley.

II. Al resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior se le restará los siguientes conceptos correspondientes al mismo ejercicio:

a) El monto de la deducción de las inversiones a las que se les hubiera aplicado el estímulo establecido en los artículos 220 y 221 de la Ley, determinada en los términos de los artículos 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45 de la Ley.

b) El ingreso a que se refiere el primer párrafo de la fracción III del artículo 225 de la ley.

c) Las regalías deducibles a su cargo con partes relacionadas por el otorgamiento del uso o goce temporal de equipos industriales, comerciales o científicos y de aquellas que se hayan erogado por concepto de regalías pagadas por el uso o goce temporal de patentes, certificados de invención o mejora, derechos de autor sobre obras literarias, artística o científicas, incluidas las películas cinematográficas y grabaciones para radio o televisión, así como de dibujos o modelos, planos, fórmulas, o procedimiento, así como las cantidades pagadas por transferencia de tecnología o informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, u otro derecho o propiedad similar.

d) Los intereses deducibles efectivamente pagados a cargo de partes relacionadas residentes en el extranjero.

e) Los ingresos gravados que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta de cada persona a la que paguen ingresos por los conceptos a que se refiere el Capítulo I del Título IV de la Ley pagadas en el mismo ejercicio.

Las personas morales deberán de comparar el monto determinado conforme al primer párrafo de este artículo con el monto determinado en los términos del primer párrafo del artículo 10 de esta Ley, cuando el monto determinado en el primer párrafo de este artículo sea mayor al monto determinado en los términos del primer párrafo del artículo 10 de la Ley, este monto será el impuesto del ejercicio que se deberá enterar.

Artículo 10-B. Cuando el resultado obtenido al aplicar el procedimiento establecido en el artículo 10-A sea negativo, el mismo se considera como una pérdida sufrida para los efectos del impuesto mínimo, el resultado obtenido se incrementará, en su caso, con la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debiéndose estar a lo siguiente.

El monto a que se refiere el primer párrafo de este artículo ejercicio podrá disminuirse del monto positivo a que se refiere el artículo 10-A de los diez ejercicios siguientes hasta agotarla.

Cuando el contribuyente no disminuya en un ejercicio la pérdida a que se refiere este artículo de ejercicios anteriores, pudiendo haberlo hecho conforme a este artículo, perderá el derecho a hacerlo en los ejercicios posteriores y hasta por la cantidad en la que pudo haberlo efectuado.

Para los efectos de este artículo, el monto a que se refiere el primer párrafo de este artículo ocurrida en un ejercicio, se actualizará multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en el que ocurrió y hasta el último mes del mismo ejercicio. La parte del monto a que se refiere el primer párrafo de ejercicios anteriores ya actualizada pendiente de aplicar contra el monto a que se refiere el primer párrafo del artículo 10-A se actualizará multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se actualizó por última vez y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en el que se aplicará.

Para los efectos del párrafo anterior, cuando sea impar el número de meses del ejercicio en que ocurrió la pérdida, se considerará como primer mes de la segunda mitad, el mes inmediato posterior al que corresponda la mitad del ejercicio.

El derecho a disminuir el monto a que se refiere el primer párrafo de este artículo es personal del contribuyente que las sufra y no podrá ser transmitido a otra persona ni como consecuencia de fusión.

En el caso de escisión de sociedades, las pérdidas pendientes de disminuirse de los montos obtenidos de conformidad con el primer párrafo del artículo 10-A, se deberán dividir entre las sociedades escindente y las escindidas, en la proporción en que se divida la suma del valor total de los inventarios y de las cuentas por cobrar relacionadas con las actividades comerciales de la escindente cuando ésta realizaba preponderantemente dichas actividades, o de los activos fijos cuando la sociedad escindente realizaba preponderantemente otras actividades empresariales. Para determinar la proporción a que se refiere este párrafo, se deberán excluir las inversiones en bienes inmuebles no afectos a la actividad preponderante.

Artículo 10-C. No se disminuirá el monto a que se refiere el primer párrafo del artículo 10-B o la parte de este, que provenga de fusión o de liquidación de sociedades, en las que el contribuyente sea socio o accionista.

Artículo 10-D. En los casos de fusión, la sociedad fusionante sólo podrá disminuir el monto determinado de conformidad con el primer párrafo del artículo 10-B pendiente de disminuir al momento de la fusión, con cargo a los montos determinados de conformidad con el primer párrafo del artículo 10-A correspondiente a la explotación de los mismos giros en los que se produjo la pérdida.

Cuando cambien los socios o accionistas que posean el control de una sociedad que tenga pérdidas de ejercicios anteriores pendientes de disminuir y la suma de sus ingresos en los tres últimos ejercicios hayan sido menores al monto actualizado de esas pérdidas al término del último ejercicio antes del cambio de socios o accionistas, dicha sociedad únicamente podrá disminuir las pérdidas contra los montos determinados en los términos del primer párrafo del artículo 10-A correspondientes a la explotación de los mismos giros en los que se produjeron las pérdidas. Para estos efectos, se considerarán los ingresos mostrados en los estados financieros correspondientes al periodo señalado, aprobados por la asamblea de accionistas.

Para los efectos del párrafo anterior, se considera que existe cambio de socios o accionistas que posean el control de una sociedad, cuando cambian los tenedores, directa o indirectamente, de más del cincuenta por ciento de las acciones o partes sociales con derecho a voto de la sociedad de que se trate, en uno o más actos realizados dentro de un periodo de tres años. Lo dispuesto en este párrafo no aplica en los casos en que el cambio de socios o accionistas se presente como consecuencia de herencia, donación, o con motivo de una reestructura corporativa, fusión o escisión de sociedades que no se consideren enajenación en los términos del Código Fiscal de la Federación, siempre que en el caso de la reestructura, fusión o escisión los socios o accionistas directos o indirectos que mantenían el control previo a dichos actos, lo mantengan con posteridad a los mismos. En el caso de fusión, deberá estarse a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. Para estos efectos, no se incluirán las acciones colocadas entre el gran público inversionista.

Las sociedades a que se refieren los párrafos anteriores para disminuir las pérdidas pendientes de disminuir, deberán llevar sus registros contables en tal forma que el control de sus pérdidas en cada giro se pueda ejercer individualmente respecto de cada ejercicio, así como de cada nuevo giro que se incorpore al negocio. Por lo que se refiere a los gastos no identificables, éstos deberán aplicarse en la parte proporcional que representen en función de los ingresos obtenidos propios de la actividad. Esta aplicación deberá hacerse con los mismos criterios para cada ejercicio.

Para los efectos del artículo 10-LL de la Ley, las pérdidas obtenidas conforme al primer párrafo del artículo 10-B de ejercicios anteriores que se podrán disminuir para determinar el impuesto consolidado consolidado o pérdida consolidada del ejercicio de que se trate, serán únicamente hasta por el monto en el que se hubiesen disminuido en los términos de este artículo.

Artículo 10-E. Los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales, a cuenta del impuesto determinado de conformidad con el primer párrafo del artículo 10-A.

Las personas morales y las personas físicas enterarán el impuesto a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, respectivamente.

El pago provisional mensual se determinará dividendo entre doce el impuesto actualizado que correspondió al ejercicio inmediato anterior, multiplicando el resultado por el número de meses comprendidos desde el inicio del ejercicio hasta el mes al que se refiere el pago, pudiendo acreditarse contra el impuesto a pagar los pagos provisionales del ejercicio por el que se paga el impuesto, efectuados con anterioridad.

El impuesto del ejercicio inmediato anterior se actualizará por el periodo comprendido desde el último mes del penúltimo ejercicio inmediato anterior, hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior a aquél por el cual se calcule el impuesto.

Los contribuyentes que de conformidad con la Ley deban efectuar los pagos de dicho impuesto en forma trimestral, podrán efectuar los pagos provisionales del impuesto a que se refiere este artículo por el mismo periodo y en las mismas fechas de pago que las establecidas para el impuesto sobre la renta determinado en los términos del artículo 10.

Por los meses comprendidos entre la fecha de terminación del ejercicio y el mes en que se presente la declaración del mismo ejercicio, el contribuyente deberá efectuar sus pagos provisionales en la misma cantidad que se hubiera determinado para los pagos provisionales del ejercicio inmediato anterior.

En el primer ejercicio en el que los contribuyentes deban efectuar pagos provisionales, los calcularán considerando el impuesto que les correspondería, si hubieran estado obligados al pago. Los contribuyentes menores pagarán este impuesto como parte de la determinación estimativa para efectos del impuesto sobre la renta, a que se refiere la Ley respectiva.

El contribuyente podrá disminuir el monto de los pagos provisionales, cumpliendo los requisitos que señale el Reglamento de esta Ley.

Las personas físicas que realicen actividades agrícolas o ganaderas, estarán relevadas de efectuar pagos provisionales en los términos de este artículo.

Artículo 10-F . Cuando a través de un fideicomiso o de una asociación en participación se realicen actividades empresariales, la fiduciaria y el asociante, cumplirán por cuenta del conjunto de fideicomisarios o en su caso, del fideicomitente, cuando no hubieran sido designados los primeros, o por cuenta propia y de los asociados, según corresponda, con la obligación de efectuar los pagos provisionales a que se refiere el artículo 10-E. de la misma, por el impuesto correspondiente a las actividades realizadas por el fideicomiso o asociación, considerando para tales efectos el impuesto que correspondió a dichas actividades en el último ejercicio de la fiduciaria o asociante.

Tratándose de los contratos de asociación en participación y de fideicomiso, los fideicomisarios, o en su caso, el fideicomitente cuando no hubieran sido designados los primeros, el asociante y cada uno de los asociados, según se trate, para determinar impuesto del ejercicio estarán a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 10-A y 10-B y podrán acreditar el monto de los pagos provisionales de este impuesto efectuados por la fiduciaria o el asociante, según corresponda a los fideicomisarios, o en su caso, al fideicomitente cuando no hubieran sido designados los primeros, o a los asociados.

Artículo 10-G . Las personas morales podrán efectuar los pagos provisionales de este impuesto y del impuesto sobre la renta, que resulten en los términos de los artículos 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 10-E. de esta Ley, de conformidad con lo siguiente:

I. Compararán el pago provisional del impuesto determinado conforme al artículo 10-E de esta Ley con el pago provisional del impuesto sobre la renta calculado según lo previsto por la fracción III del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sin considerar para efectos de dicha comparación, el acreditamiento de los pagos provisionales señalados en tales preceptos.

II. El pago provisional a que se refiere este artículo se hará por la cantidad que resulte mayor de acuerdo con la fracción anterior, pudiendo acreditar contra el impuesto a pagar, los pagos provisionales efectuados con anterioridad en los términos de este artículo.

Artículo 10-H . Las personas morales, deberán presentar ante las oficinas autorizadas, conjuntamente con la declaración del impuesto sobre la renta, declaración determinando el impuesto del ejercicio dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que éste termine.

Tratándose de personas físicas, la declaración de este impuesto, se presentará durante el período comprendido entre los meses de febrero a abril del año siguiente a aquél por el que se presenta la declaración.

Artículo 10-I . Los contribuyentes a que se refiere el artículo 10-G de esta Ley, acreditarán contra el impuesto sobre la renta del ejercicio que resulte en los términos del artículo 10 de esta Ley, los pagos provisionales enterados conforme a los artículos 10-E de esta Ley, en lugar de lo previsto en el artículo 14 de la Ley.

En los casos en que los pagos provisionales que se acrediten en los términos del párrafo anterior excedan al impuesto sobre la renta del ejercicio, la diferencia se considerará impuesto sobre la renta pagado en exceso y se estará a lo dispuesto por el artículo 10-J. de esta Ley.

Artículo 10-J . Los contribuyentes podrán acreditar contra el impuesto del ejercicio una cantidad equivalente al impuesto sobre la renta que les correspondió en el mismo, en los términos de los Títulos II o II-A, o del Capítulo VI del Título IV de la Ley de la materia.

Adicionalmente, los contribuyentes podrán acreditar contra el impuesto del ejercicio, la diferencia que resulte en cada uno de los tres ejercicios inmediatos anteriores conforme al siguiente procedimiento y hasta por el monto que no se hubiera acreditado con anterioridad. Esta diferencia será la que resulte de disminuir al impuesto sobre la renta causado en los términos de los Títulos II o II-A o del Capítulo VI del Título IV de la Ley de la materia, el impuesto causado de conformidad con el primer párrafo del artículo 10-A, siempre que este último sea menor y ambos sean del mismo ejercicio. Para estos efectos, el impuesto sobre la renta causado en cada uno de los tres ejercicios citados deberá disminuirse con las cantidades que hayan dado lugar a la devolución del impuesto determinado de conformidad con el artículo 10-A conforme al cuarto párrafo de este artículo. Los contribuyentes también podrán efectuar el acreditamiento a que se refiere este párrafo contra los pagos provisionales del impuesto a que se refiere el artículo 10-A.

El impuesto que resulte después de los acreditamientos a que se refieren los párrafos anteriores, será el impuesto a pagar conforme a esta Ley.

Cuando en el ejercicio el impuesto sobre la renta por acreditar en los términos del primer párrafo de este artículo exceda al impuesto del artículo 10-A, los contribuyentes podrán solicitar la devolución de las cantidades actualizadas que hubieran pagado en el artículo 10-A, en los diez ejercicios inmediatos anteriores, siempre que dichas cantidades no se hubieran devuelto con anterioridad. La devolución a que se refiere este párrafo en ningún caso podrá ser mayor a la diferencia entre ambos impuestos.

El impuesto sobre la renta por acreditar a que se refiere esta Ley será el efectivamente pagado.

Las diferencias del impuesto sobre la renta que resulten en los términos del segundo párrafo y el impuesto del artículo 10-A efectivamente pagado en los diez ejercicios inmediatos anteriores a que se refiere el cuarto párrafo de este artículo, se actualizarán por el periodo comprendido desde el sexto mes del ejercicio al que corresponda el pago del impuesto sobre la renta o el impuesto del artículo 10-A, respectivamente, hasta el sexto mes del ejercicio por el que se efectúe el acreditamiento a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, o del ejercicio en el cual el impuesto sobre la renta exceda al impuesto al activo, según se trate.

Los contribuyentes de esta Ley no podrán solicitar la devolución del impuesto sobre la renta pagado en exceso en los siguientes casos:

I. Cuando en el mismo ejercicio, el impuesto establecido en el artículo 10-A de esta Ley sea igual o superior a dicho impuesto. En este caso el impuesto sobre la renta pagado por el que se podría solicitar la devolución por resultar en exceso, se considerará como pago del impuesto del artículo 10-A del mismo ejercicio, hasta por el monto que resulte a su cargo en los términos de esta Ley, después de haber efectuado el acreditamiento del impuesto sobre la renta a que se refieren el primero y segundo párrafos de este artículo. Los contribuyentes podrán solicitar la devolución de la diferencia que no se considere como pago del impuesto del artículo 10-A del mismo ejercicio en los términos de esta fracción.

II. Cuando su acreditamiento dé lugar a la devolución del impuesto establecido en esta Ley, en los términos del cuarto párrafo de este artículo. En este caso, el impuesto sobre la renta pagado en exceso cuya devolución no proceda en los términos de esta fracción se considerará como impuesto del artículo 10-A para efecto de lo dispuesto en el citado cuarto párrafo de este artículo.

Cuando el contribuyente no efectúe el acreditamiento o solicite la devolución en un ejercicio pudiéndolo haber hecho conforme a este artículo, perderá el derecho a hacerlo en ejercicios posteriores.

Los contribuyentes podrán también acreditar contra los pagos provisionales que tengan que efectuar en el impuesto del artículo 10-A, los pagos provisionales del impuesto sobre la renta. Cuando en la declaración de pago provisional el contribuyente no pueda acreditar la totalidad del impuesto sobre la renta efectivamente pagado, el remanente lo podrá acreditar contra los siguientes pagos provisionales.

Las personas morales que tengan en su patrimonio acciones emitidas por sociedades residentes en el extranjero podrán acreditar contra el impuesto del artículo 10-A, el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero por dichas sociedades, hasta por el monto que resulte conforme a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 6o. de la Ley del impuesto mencionado.

Los derechos al acreditamiento y a la devolución previstos en este artículo son personales del contribuyente y no podrán ser transmitidos a otra persona ni como consecuencia de fusión. En el caso de escisión, estos derechos se podrán dividir entre la sociedad escindente y las escindidas, en la proporción en la que se divida el valor del activo de la escindente en el ejercicio en que se efectúa la escisión.

Artículo 10-K . Las sociedades cooperativas de producción, así como las sociedades y asociaciones civiles que distribuyan anticipos o rendimientos a sus miembros en los términos de la fracción XI del artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán considerar el impuesto que hubieren retenido por dichos conceptos conforme a lo dispuesto en el Capítulo I del Título IV de la Ley mencionada, como impuesto sobre la renta correspondiente a la persona moral de que se trate, para los efectos del artículo 10-J. de esta Ley.

Artículo 10-L . En la escisión de sociedades, las sociedades escindentes y las escindidas estarán a lo siguiente:

I. En el ejercicio en el que se efectúe la escisión y el siguiente, para efectos de los párrafos tercero y quinto del artículo 10-E. de esta Ley, determinarán el monto de los pagos provisionales del periodo que corresponda, considerando el impuesto actualizado del último ejercicio de 12 meses de la sociedad antes de la escisión, en la proporción en que, a la fecha de la escisión, participe cada una de ellas del valor de su activo. El impuesto del último ejercicio de 12 meses se actualizará por el periodo comprendido desde el último mes del ejercicio inmediato anterior al de 12 meses, hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior a aquél por el cual se calcula el impuesto.

II. La sociedad escindente acreditará en el ejercicio de que se trate, la totalidad de los pagos provisionales enterados en dicho ejercicio, con anterioridad a la escisión, incluso cuando los pagos provisionales los hubiera efectuado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10-G de esta Ley. En ningún caso las sociedades escindidas podrán acreditar los pagos provisionales realizados por la escindente.

Artículo 10-LL . La controladora que consolide para efectos del impuesto sobre la renta, estará a lo siguiente:

I. Calculará el monto a que se refiere el artículo 10-A y 10-B en el ejercicio, en forma consolidada, sumando o restando los conceptos a que se refieren los citados artículos de cada una de las controladas, en la proporción a la participación accionaria promedio en que la controladora participe, directa o indirectamente, en su capital social.

II. La sociedad controladora efectuará pagos provisionales consolidados en los términos del artículo 10-E de esta Ley, considerando el impuesto consolidado que corresponda al ejercicio inmediato anterior.

III. Presentará declaración del ejercicio dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha en que termine el ejercicio fiscal, en la que determinará el impuesto consolidado. En caso de que en esta declaración resulte diferencia a cargo, la sociedad controladora deberá enterarla con la propia declaración.

IV. En caso de que alguna de las sociedades controladas, presenten declaración complementaria con el fin de subsanar errores u omisiones, y con ello se modifique el impuesto determinado o el impuesto acreditado, a más tardar dentro del mes siguiente a aquél en el que ocurra este hecho, la controladora presentará declaración complementaria de consolidación haciendo las modificaciones a que haya lugar. Si en la declaración complementaria de consolidación resulta diferencia a cargo, la controladora la deberá enterar conjuntamente con la declaración.

Cuando se trate de declaraciones complementarias de las controladas, originadas por el dictamen a sus estados financieros, la controladora podrá presentar una sola declaración complementaria, agrupando las modificaciones a que haya lugar, a más tardar a la fecha de presentación del dictamen relativo a la declaración de consolidación.

V. La controladora deberá tener a disposición de las autoridades fiscales, la información y documentos que comprueben los valores de los activos que se tomaron como base para calcular el impuesto consolidado en el ejercicio.

Las sociedades controladas efectuarán sus pagos provisionales y el impuesto del ejercicio por la parte que no quedó incluida en los pagos provisionales y en la declaración del ejercicio presentados por la controladora.

En el primer ejercicio en que la sociedad controladora deba efectuar pagos provisionales consolidados, los determinará considerando el impuesto que le correspondería como si hubiera consolidado el ejercicio inmediato anterior.

La sociedad controladora y las controladas podrán efectuar sus pagos provisionales y pagos del impuesto del ejercicio, en los términos de los artículos 10-E, 10-G de esta Ley.

Para efectos de este impuesto, la controladora y las controladas estarán a lo dispuesto en la Ley en lo que se refiere a incorporación, desincorporación, acreditamiento y devolución del impuesto sobre la renta, así como para el cálculo de pagos provisionales y del ejercicio.

Artículo 14. Los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, conforme a las bases que a continuación se señalan:

I. a III. ...

Los contribuyentes cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de ocho millones de pesos, efectuarán pagos provisionales en forma trimestral, a más tardar el día 17 de los meses de abril, julio, octubre y enero del año siguiente, a excepción de aquellos que puedan ser considerados como una sola persona moral para efectos del segundo párrafo de la fracción I del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación. Cuando los contribuyentes antes señalados hubieran efectuado pagos provisionales trimestrales en los términos de este párrafo y obtengan en el ejercicio ingresos acumulables que excedan del monto antes indicado, podrán estar a lo previsto en este párrafo en el ejercicio siguiente a aquél en el que excedan de dicha cantidad.

...

...

...

...

...

Artículo 16. Para los efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, la renta gravable a que se refiere el inciso e) de la fracción IX del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo será la utilidad determinada en la fracción I del artículo 10 de esta Ley, sin que contra dicha utilidad puedan restarse las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores.

En ningún caso lo dispuesto en este artículo será aplicable para las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos a que se refiere el Título III de esta Ley.

Artículo 17. Las personas morales residentes en el país, incluida la asociación en participación, acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. El ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas.

...

...

No serán acumulables para los contribuyentes de este Título, los ingresos por dividendos o utilidades que perciban de otras personas morales residentes en México

Artículo 31. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos:

I. Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, salvo que se trate de donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los requisitos previstos en esta Ley y en las reglas generales que para el efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria y que se otorguen en los siguientes casos:

a) a c) ...

d) A las personas morales a las que se refieren las fracciones VI, X, XI, XX, XXI y XXII del artículo 95 de esta Ley y que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 97 de la misma Ley, salvo lo dispuesto en la fracción I del mismo artículo.

e) a f) ...

...

...

...

II. a XXIII . ...

Artículo 81-A. Los contribuyentes que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas deberán de determinar el impuesto a que se refiere la fracción II del artículo 81 de la Ley aplicando la tasa del 16 por ciento al resultado que se obtenga conforme a lo siguiente:

I. En el cálculo del impuesto del ejercicio no aplicarán la disminución del impuesto a que se refiere el octavo párrafo del artículo 81 de esta Ley.

II. Deberán considerar el 100 por ciento de sus ingresos como sujetos al gravamen del Impuesto, por lo no procederá la exención señalada en el noveno párrafo del artículo noveno, en el caso de personas físicas, no procederá la exención estipulada en la fracción XXVII del artículo 109 de la Ley.

Las contribuyentes a que se refiere este artículo deberán comparar el impuesto determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 81 de esta Ley contra el impuesto determinado en los términos del primer párrafo de este artículo, cuando el monto determinado en el primer párrafo de este artículo sea mayor al monto determinado en los términos del artículo 81 de la Ley, este monto será el impuesto del ejercicio que se deberá de enterar en los términos de la fracción II del artículo 81 de la Ley.

Artículo 93. ...

...

...

...

...

En el caso de que las personas morales a que se refiere este Título, a excepción de las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos , enajenen bienes distintos de su activo fijo o presten servicios a personas distintas de sus miembros o socios, deberán determinar el impuesto que corresponda a la utilidad por los ingresos derivados de las actividades mencionadas, en los términos del Título II de esta Ley, a la tasa prevista en el artículo 10 de la misma, siempre que dichos ingresos excedan del 5 por ciento de los ingresos totales de la persona moral en el ejercicio de que se trate.

Las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos también podrán obtener ingresos por actividades productivas, siempre que destinen directamente la totalidad de los ingresos que obtengan por tales actividades a la realización de su objeto social, de lo contrario, las citadas personas morales o fideicomisos deberán determinar y pagar el impuesto que corresponda a los ingresos destinados a fines distintos de su objeto social, de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior.

Para los efectos del párrafo anterior se entenderá que las citadas personas morales o fideicomisos, a excepción de las fundaciones que se constituyan en términos de la ley de la materia mediante la afectación de bienes de propiedad privada, destinan directamente la totalidad de los ingresos obtenidos por actividades productivas cuando utilicen al menos 75 por ciento de dichos ingresos durante el ejercicio en el que éstos se obtuvieron o en el ejercicio siguiente para solventar exclusivamente los gastos necesarios para el desarrollo de su objeto social.

Artículo 95. Para los efectos de esta Ley, se consideran personas morales con fines no lucrativos, además de las señaladas en el artículo 102 de la misma, las siguientes:

I. a XV. ...

XVI. Asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines políticos o religiosos.

XVII. a XX. ...

XXI. Asociaciones o sociedades civiles organizadas para el fomento o realización de actividades deportivas, siempre y cuando no tengan el carácter de actividades deportivas profesionales. Dichas sociedades o asociaciones, deberán cumplir con los requisitos señalados en el artículo 97 de esta Ley, salvo lo dispuesto en la fracción I del mismo artículo, para ser consideradas como instituciones autorizadas para recibir donativos en los términos de la misma Ley.

XXII. Asociaciones, sociedades civiles, instituciones u organizaciones que se constituyan y funcionen exclusivamente para la realización de obras o servicios públicos que efectúen o deban efectuar la Federación, Entidades Federativas o Municipios. Dichas sociedades, asociaciones, instituciones u organizaciones deberán cumplir con los requisitos señalados en el artículo 97 de esta Ley, salvo lo dispuesto en la fracción I del mismo artículo, para ser consideradas como instituciones autorizadas para recibir donativos en los términos de la misma Ley.

Las personas morales a que se refieren las fracciones V, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y XXII de este artículo, así como las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos, y las sociedades de inversión a que se refiere este Título, considerarán remanente distribuible, aun cuando no lo hayan entregado en efectivo o en bienes a sus integrantes o socios, el importe de las omisiones de ingresos o las compras no realizadas e indebidamente registradas; las erogaciones que efectúen y no sean deducibles en los términos del Capítulo II del Título IV de esta Ley, salvo cuando dicha circunstancia se deba a que éstas no reúnen los requisitos de la fracción III del artículo 31 de la misma; los préstamos que hagan a sus socios o integrantes, o a los cónyuges, ascendientes o descendientes en línea recta de dichos socios o integrantes salvo en el caso de préstamos a los socios o integrantes de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a que se refiere la fracción XIII de este artículo. Tratándose de préstamos que en los términos de este párrafo se consideren remanente distribuible, su importe se disminuirá de los remanentes distribuibles que la persona moral distribuya a sus socios o integrantes.

...

Artículo 97. Las personas morales con fines no lucrativos a que se refieren las fracciones VI, X, XI, XII del artículo 95 de esta Ley, deberán cumplir con lo siguiente para ser consideradas como instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de esta Ley.

I. ...

...

...

II. Que las actividades que desarrollen tengan como finalidad primordial el cumplimiento de su objeto social, sin que puedan intervenir en campañas políticas o involucrarse en actividades de propaganda o destinadas a influir en la legislación.

No se considera que influye en la legislación la publicación de un análisis o de una investigación que no tenga carácter proselitista o la asistencia técnica a un órgano gubernamental que lo hubiere solicitado por escrito.

El Servicio de Administración Tributaria contará con un plazo de dos años, contados a partir de la fecha en la que se haya notificado la autorización, para obtener la documentación que acredite la realización de las actividades por las que han sido autorizadas las persona morales o fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos.

Las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos podrán optar por presentar el documento que sirva para acreditar las actividades por las cuales obtuvieron la autorización correspondiente expedido por la autoridad Federal, Estatal o Municipal que conforme a sus atribuciones y competencia, tenga encomendada la aplicación de las disposiciones legales que regulan las materias dentro de las cuales se ubiquen las citadas actividades, en el que se indicará expresamente que le consta que desarrollan las actividades por las cuales se obtuvo la autorización.

Las asociaciones, instituciones y organizaciones que se constituyan y funcionen exclusivamente para la realización de obras o servicios públicos que efectúen o deba efectuar el Estado, o que se constituyan para apoyar económicamente las actividades que realizan otras donatarias autorizadas, podrán optar por presentar el convenio celebrado al efecto con la beneficiaria de sus actividades, para efecto de tener por acreditadas las actividades que llevan a cabo.

En todo caso, para acreditar las actividades por las que se haya obtenido la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos, bastará con el levantamiento de una fe notarial, expedida por notario público, en la que se haga constar la realización de las actividades por las que se haya obtenido la autorización respectiva.

III. Que destinen sus activos exclusivamente a los fines propios de su objeto social, no pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a persona física alguna o a sus integrantes personas físicas o morales, salvo que se trate, en este último caso, de alguna de las personas morales o fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos o se trate de la remuneración de servicios efectivamente recibidos.

Los donativos recibidos y sus rendimientos podrán ser destinados a cubrir gastos administrativos únicamente cuando se cumplan los requisitos a que se refiere el Capítulo II, del Título IV de esta Ley. Tratándose de sueldos o salarios, el sueldo de mayor importe pagado por la persona moral o fideicomiso en ningún caso podrá exceder de cincuenta veces el sueldo de menor importe, de lo contrario se deberá pagar el impuesto que corresponda a dicho excedente de conformidad con lo dispuesto por el párrafo 3° del artículo 95 de esta Ley.

IV. a VII. ...

...

...

...

Las personas morales o fideicomisos a que se refiere el párrafo anterior podrán optar por donar sus recursos a otra donataria autorizada, a partir de que surta efectos la notificación de la resolución por virtud de la cual se les revoque o no se les renueve la autorización sin que les sea aplicable cualquier límite de deducibilidad, durante el ejercicio en el que se les revoque o no se les renueve dicha autorización. Las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuesto, que se ubiquen en el supuesto previsto en el párrafo primero, fracción IV, de éste artículo, deberán otorgar en donativo su haber de liquidación a entidades autorizadas para recibir donativos deducibles, sin que les sea aplicable cualquier límite de deducibilidad.

Para efectos del tercer párrafo de la fracción II, del presente artículo, si al concluir el plazo de dos años a que se refiere dicha fracción el Servicio de Administración Tributario no ha obtenido elementos suficientes para acreditar las actividades por las cuales fue autorizada la persona moral o fideicomiso para recibir donativos deducibles de impuestos, dicho órgano desconcentrado requerirá por escrito a la donataria en cuestión la presentación de la documentación que sirva para acreditar las actividades que realiza, en cuyo caso dicha donataria contará con un plazo de 10 días a partir del día siguiente a la fecha en que surta efectos la notificación para presentar ante el Servicio de Administración Tributaria la documentación que acredite la realización de las actividades por las que fue autorizada.

Artículo 127. Los contribuyentes a que se refiere esta Sección, efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. El pago provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos a que se refiere esta Sección obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponde el pago, las deducciones autorizadas en esta Sección correspondientes al mismo periodo y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, las pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores que no se hubieran disminuido.

...

...

...

...

Los contribuyentes cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de ocho millones de pesos, efectuarán pagos provisionales en forma trimestral, a más tardar el día 17 de los meses de abril, julio, octubre y enero del año siguiente. Cuando los contribuyentes antes señalados hubieran efectuado pagos provisionales trimestrales en los términos de este párrafo y obtengan en el ejercicio ingresos acumulables que excedan del monto antes indicado, podrán estar a lo previsto en este párrafo en el ejercicio siguiente a aquél en el que excedan de dicha cantidad.

Artículo 134. Los contribuyentes personas físicas que realicen actividades empresariales, cuyos ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior por dichas actividades y que sumadas a los ingresos que obtengan en otros capítulos de esta Ley no hubiesen excedido de $4’000,000.00, aplicarán las disposiciones de la Sección I de este Capítulo y podrán estar a lo siguiente:

I. a III. ...

Segundo párrafo se deroga.

...

...

Artículo 136-Bis. Con independencia de lo dispuesto en el artículo 127 de esta Ley, los contribuyentes a que se refiere esta Sección efectuarán pagos trimestrales mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas de la Entidad Federativa en la cual obtengan sus ingresos. El pago trimestral a que se refiere este artículo, se determinará aplicando la tasa del 5 por ciento al resultado que se obtenga de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 127, para el trimestre de que se trate una vez disminuidos los pagos provisionales de los trimestres anteriores correspondientes al mismo ejercicio.

El pago trimestral a que se refiere este artículo se podrá acreditar contra el pago provisional determinado en el mismo bimestre conforme al artículo 127 de esta Ley. En el caso de que el impuesto determinado conforme al citado precepto sea menor al pago trimestral que se determine conforme a este artículo, los contribuyentes únicamente enterarán el impuesto que resulte conforme al citado artículo 127 de esta Ley a la Entidad Federativa de que se trate.

Para los efectos de este artículo, cuando los contribuyentes tengan establecimientos, sucursales o agencias, en dos o más Entidades Federativas, efectuarán los pagos trimestrales a que se refiere este artículo a cada Entidad Federativa en la proporción que representen los ingresos de dicha Entidad Federativa respecto del total de sus ingresos.

Los pagos trimestrales a que se refiere este artículo, se deberán enterar en las mismas fechas de pago establecidas en el último párrafo del artículo 127 de esta Ley.

Los pagos trimestrales efectuados conforme a este artículo, también serán acreditables contra el impuesto del ejercicio.

Artículo 137. Las personas físicas que realicen actividades empresariales, que únicamente enajenen bienes o presten servicios, al público en general, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta Sección, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial y los intereses obtenidos en el año de calendario anterior, no hubieran excedido de la cantidad de $1’000,000.00.

...

Artículo 139 . Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta Sección, tendrán las obligaciones siguientes:

I. a III. ...

IV. Llevar un registro de sus ingresos diarios.

...

Segundo párrafo se deroga

V. a VIII. ...

...

Artículo 143. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este Capítulo por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles, efectuarán los pagos provisionales mensualmente, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda el pago, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas.

El pago provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos a que se refiere este capítulo obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponde el pago, las deducciones autorizadas en esta capítulo, al resultado que se obtenga se le aplicará la tarifa que corresponda conforme a lo previsto en el tercer párrafo del artículo 127 de esta Ley.

Contra el pago provisional determinado conforme a este artículo, se acreditarán los pagos provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad.

Los contribuyentes que únicamente obtengan ingresos de los señalados en este Capítulo, cuyo monto mensual no exceda de diez salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal elevados al mes, no estarán obligados a efectuar pagos provisionales.

Tratándose de subarrendamiento, sólo se considerará la deducción por el importe de las rentas del mes o del trimestre que pague el subarrendador al arrendador.

Cuando los ingresos a que se refiere este Capítulo se obtengan por pagos que efectúen las personas morales, éstas deberán retener como pago provisional el monto que resulte de aplicar la tasa del 10 por ciento sobre el monto de los mismos, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a los contribuyentes constancia de la retención; dichas retenciones deberán enterarse, en su caso, conjuntamente con las señaladas en el artículo 113 de esta Ley. El impuesto retenido en los términos de este párrafo podrá acreditarse contra el que resulte de conformidad con el segundo párrafo de este artículo.

Las personas que efectúen las retenciones a que se refiere el párrafo anterior, deberán presentar declaración ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 15 de febrero de cada año, proporcionando la información correspondiente de las personas a las que les hubieran efectuado retenciones en el año de calendario inmediato anterior.

Los contribuyentes cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de ocho millones de pesos, efectuarán pagos provisionales en forma trimestral, a más tardar el día 17 de los meses de abril, julio, octubre y enero del año siguiente. Cuando los contribuyentes antes señalados hubieran efectuado pagos provisionales trimestrales en los términos de este párrafo y obtengan en el ejercicio ingresos acumulables que excedan del monto antes indicado, podrán estar a lo previsto en este párrafo en el ejercicio siguiente a aquél en el que excedan de dicha cantidad.

Artículo 143-Bis. Con independencia de lo dispuesto en los artículos 127 y 143 de esta Ley, los contribuyentes a que se refiere esta Sección efectuarán pagos mensuales o trimestrales según corresponda mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas de la Entidad Federativa en la cual obtengan sus ingresos, siempre que dicha entidad federativa haya celebrado convenio con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público mediante el cual se comprometa a llevar a cabo programas de fiscalización a las personas físicas que perciban ingresos de los señalados en los términos del artículo 143, relacionando dicho ingreso con el impuesto predial o su equivalente que tenga establecida la entidad de que se trate. El pago mensual a que se refiere este artículo, se determinará aplicando la tasa del 5 por ciento al resultado que se obtenga de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 127 y 143, para el mes de que se trate una vez disminuidos los pagos provisionales de los meses anteriores correspondientes al mismo ejercicio.

El pago mensual a que se refiere este artículo se podrá acreditar contra el pago provisional determinado en el mismo mes o trimestre conforme al artículo 127 y 143 de esta Ley. En el caso de que el impuesto determinado conforme al citado precepto sea menor al pago mensual o trimestral que se determine conforme a este artículo, los contribuyentes únicamente enterarán el impuesto que resulte conforme al citado artículo 127 y 143 de esta Ley a la Entidad Federativa de que se trate.

Para los efectos de este artículo, cuando los contribuyentes tengan establecimientos, sucursales o agencias, en dos o más Entidades Federativas, efectuarán los pagos mensuales o trimestrales a que se refiere este artículo a cada Entidad Federativa en la proporción que representen los ingresos de dicha Entidad Federativa respecto del total de sus ingresos.

Los pagos mensuales o trimestrales a que se refiere este artículo, se deberán enterar en las mismas fechas de pago establecidas en el primer párrafo del artículo 127 de esta Ley o de conformidad con el último párrafo del artículo 143 según corresponda.

Los pagos mensuales o trimestrales efectuados conforme a este artículo, también serán acreditables contra el impuesto del ejercicio.

Artículo 144-Bis. Con independencia de lo dispuesto en el artículo 144 de esta Ley, los contribuyentes a que se refiere dicho artículo efectuarán pagos cuatrimestrales mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas de la Entidad Federativa en la cual obtengan sus ingresos, siempre que dicha entidad federativa haya celebrado convenio con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público mediante el cual se comprometa a llevar a cabo programas de fiscalización a las personas físicas que perciban ingresos de los señalados en los términos del artículo 143. El pago cuatrimestral a que se refiere este artículo, se determinará aplicando la tasa del 5 por ciento al resultado que se obtenga de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del citado artículo 144, para el cuatrimestre de que se trate.

El pago cuatrimestral a que se refiere este artículo se podrá acreditar contra el pago provisional determinado en el mismo cuatrimestre conforme al artículo 144 de esta Ley. En el caso de que el impuesto determinado conforme al citado precepto sea menor al pago cuatrimestral que se determine conforme a este artículo, los contribuyentes únicamente enterarán el impuesto que resulte conforme al citado artículo 144 de esta Ley a la Entidad Federativa de que se trate.

Para los efectos de este artículo, cuando los contribuyentes tengan establecimientos, sucursales o agencias, en dos o más Entidades Federativas, efectuarán los pagos cuatrimestrales a que se refiere este artículo a cada Entidad Federativa en la proporción que representen los ingresos de dicha Entidad Federativa respecto del total de sus ingresos.

Los pagos cuatrimestrales a que se refiere este artículo, se deberán enterar en las mismas fechas de pago establecidas en el segundo párrafo del artículo 144 de esta Ley.

Los pagos mensuales efectuados conforme a este artículo, también serán acreditables contra el impuesto del ejercicio.

Artículo 176. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:

I. a II . ...

III . Los donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los requisitos previstos en esta Ley y en las reglas generales que para el efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria y que se otorguen en los siguientes casos:

a) a c) ...

d) A las personas morales a las que se refieren las fracciones VI, X, XI, XX, XXI y XXII del artículo 95 de esta Ley y que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 97 de la misma Ley, salvo lo dispuesto en la fracción I del mismo artículo.

e) a f)...

...

...

...

IV. a VI ...

VII. Los pagos efectuados por concepto de inscripción, reinscripción y colegiaturas

a planteles o instituciones educativos con reconocimiento de validez oficial en los niveles preescolar, primaria, secundaria y bachillerato por cada uno de sus descendientes en línea recta sin que la suma de estos conceptos sea mayor al 75 por ciento del monto anual que por alumno eroga el Estado en los niveles preescolar, primaria y secundaria correspondientes al ejercicio fiscal inmediato anterior, según corresponda.

Para los efectos del párrafo anterior, la Secretaria de Educación Pública publicará en el Diario Oficial de la Federación los montos que el Estado erogada por alumno en el ejercicio inmediato anterior en los niveles preescolar, primaria, secundaria y bachillerato a más tardar el 15 de febrero de cada año.

En la declaración del ejercicio deberá informar del nombre de su descendiente el registro federal de contribuyentes del plantel o institución escolar que prestó el servicio y el monto anual pagado por los conceptos a que se refiere el primer párrafo de esta fracción.

El contribuyente deberá solicitar y conservar el comprobante fiscal por las erogaciones a que se refiere el primer párrafo de esta fracción.

VIII. ...

...

...

...

Ley del Impuesto al Valor Agregado

Artículo Segundo. Se Reforma el Artículo 32, primer párrafo en su fracción VIII de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 32. Los obligados al pago de este impuesto y las personas que realicen los actos o actividades a que se refiere el artículo 2o.A tienen, además de las obligaciones señaladas en otros artículos de esta Ley, las siguientes:

I. a VII. ...

VIII. Proporcionarán una declaración anual a las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos electrónicos que señale el Servicio de Administración Tributaria, la información correspondiente sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado del impuesto al valor agregado en las operaciones con sus proveedores, desglosando el valor de los actos o actividades por tasa a la cual trasladó o le fue trasladado el impuesto al valor agregado, incluyendo actividades por las que el contribuyente no está obligado al pago, dicha información se presentará, a más tardar el día 15 de febrero de cada ejercicio.

...

...

...

Código Fiscal de la Federación

Artículo Tercero . Se reforma la fracción II del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación para quedar como sigue:

32-A . ...

I. ...

II. Las que estén autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En este caso, el dictamen se realizará en forma simplificada de acuerdo con las reglas generales que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así como las que lleven a cabo programas de redondeo en ventas al público en general con la finalidad de utilizar u otorgar fondos, para sí o con terceros.

Las personas a que se refiere el párrafo anterior que hayan cumplido con la presentación de todas las declaraciones a las que estuviesen obligadas durante el ejercicio, tanto de pago como informativas no estarán obligadas a presentar dictamen fiscal simplificado emitido por contador público autorizado, cuando durante el ejercicio fiscal no hubieren percibido ingresos o estos sean en una cantidad igual o menor a $400,000.00; para efectos de calcular el monto anteriormente señalado, no se considerará ingreso percibido el monto de los donativos recibidos en especie.

Las personas citadas en el párrafo primero de ésta fracción que hayan cumplido con la obligación de mantener a disposición del público en general, a través del programa electrónico que para tal efecto esté a su disposición en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, la información relativa a la transparencia y al uso y destino de los donativos recibidos, no estarán obligadas a presentar el dictamen fiscal simplificado a que se refiere ésta fracción.

II. a IV. ...

...

...

...

...

...

...

...

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Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo

Artículo Cuarto. Se adiciona una fracción VII al artículo 2 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo para quedar como sigue:

Artículo 2. No estarán obligadas al pago del impuesto a los depósitos en efectivo:

I. a VI . ...

VII. Las personas físicas que en el ejercicio inmediato anterior o en el ejercicio en que inicien operaciones lleven a cabo preponderantemente actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras, siempre que se inscriban al Registro Federal de Causantes.

Para efectos de está fracción, se entenderá que una actividad es preponderante cuando más del 80 por ciento de sus ingresos provengan de la realización de actividades ya sea agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras.

VIII . Las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales obligadas dictaminar sus estados financieros por contador público autorizado en los términos del artículo 32-A y 52 del Código Fiscal de la Federación, así como las personas físicas con actividades empresariales y personas morales que opten por dictaminar sus estados financieros por contador público autorizado en los términos del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación.

Artículo Quinto. Se abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única al Activo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1° de octubre de 2007.

A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, quedan sin efecto las resoluciones y disposiciones administrativas de carácter general y las resoluciones a consultas, interpretaciones, autorizaciones o permisos otorgados a título particular, en materia del impuesto establecido en la Ley que se abroga.

Las obligaciones derivadas de la Ley que se abroga conforme a esta fracción, que hubieran nacido por la realización durante su vigencia, de las situaciones jurídicas o de hecho previstas en dicha Ley, deberán ser cumplidas en los montos, formas y plazos establecidos en dicho ordenamiento y conforme a las disposiciones, resoluciones a consultas, interpretaciones, autorizaciones o permisos a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo Sexto. Por los ejercicios de 2012, 2013 y 2014 las personas físicas podrán deducir un monto equivalente al 30 por ciento de las rentas pagadas por concepto de arrendamiento de casas habitación y de locales comerciales en la determinación del Impuesto sobre la Renta anual, siempre que el importe de la deducción no sea mayor a 100 mil pesos por cada ejercicio.

La deducción podrá ser aplicada inclusive en los pagos provisionales del ejercicio, cuando se trate de contribuyentes que tributan en el capítulo de sueldos y salarios, el patrón será el encargado de aplicar dicha disminución.

Para tener derecho a esta deducción los contribuyentes deberán contar con el comprobante fiscal respectivo por el uso o goce temporal de inmuebles del mes de que se trate. En caso de no contar con dicho documento, los contribuyentes deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad ante la Administración Local del Servicio de Administración Tributaria correspondiente en donde informen el domicilio del inmueble arrendado, el nombre del arrendatario, en caso de tenerlo, el registro federal de causantes del arrendador y el monto de la renta mensual pagada, así como el periodo por el cual se pagaron rentas.

Las personas que tributen en el régimen de sueldos y salarios informaran o entregaran a su patrón la información indicada en el párrafo anterior, quienes tendrán la obligación de presentar declaración informativa que incluya la información entregada por sus trabajadores a más tardar el 15 de febrero del ejercicio inmediato siguiente.

El Servicio de Administración Tributaria tendrá la obligación de verificar que las personas que aparezcan como arrendatarios de los inmuebles señalados en la información a que se refiere este párrafo estén inscritos ante el Registro Federal de Contribuyentes, así como que hayan cumplido con el pago de sus contribuciones, debiendo entregar un informe a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del resultado obtenido el día 1 de septiembre de los años de 2013, 2015 y 2017.

Por los ejercicios de 2012, 2013 y 2014, los arrendadores que no estén inscritos ante el Registro Federal de Causantes podrán celebrar convenios de pago en parcialidades por las contribuciones omitidas con motivo del otorgamiento del uso o goce de inmuebles, incluyendo del impuesto al valor agregado, siempre que presenten de manera espontánea autocorrección por los cinco ejercicios inmediatos anteriores, debiendo pagar el impuesto actualizado y aplicando los recargos por prorroga determinada conforme a la Ley de Ingresos de la Federación por el plazo que corresponda. En la celebración del pago en parcialidades, el arrendador dará un pago inicial del 5 por ciento en lugar del 20 por ciento a que se refieren la fracción II de los artículos 66 y 66-A del Código Fiscal de la Federación.

Para efectos del párrafo anterior, las autoridades fiscales deberán estimar los ingresos considerando la información recabada relativa al arrendador de que se trate a la que le aplicaran el coeficiente de utilidad señalado en la Fracción VIII del artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, dicho coeficiente también será aplicable para los efectos del Impuesto al Valor Agregado.

Para efectos del penúltimo párrafo, previo al inicio de las facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales, estás deberán de comunicar al arrendador del monto de rentas que por el uso o goce temporal de inmuebles le fue informado, teniendo el arrendador un plazo de 20 días hábiles para optar por la autocorrección señalada en el penúltimo párrafo de este artículo. Una vez concluido dicho plazo y de no acogerse al programa de regularización, la autoridad fiscal procederá a determinar el crédito fiscal correspondiente. De haberse acogido al esquema de autocorrección, la autoridad fiscal no podrá ejercer facultades de comprobación por los ejercicios que abarque el período que corresponda a la autocorrección.

Artículo Séptimo. El Servicio de Administración Tributaria deberá poner a disposición de los contribuyentes que inicien operaciones o que en el ejercicio inmediato anterior hubieran obtenido ingresos acumulables hasta de 4 millones de pesos herramientas electrónicas gratuitas para la emisión de comprobantes fiscales digitales, incluyendo comprobantes simplificados y factura global diaria. Para el uso de las herramientas electrónicas gratuitas a que hace referencia este artículo tendrán como único requisito el utilizar dicha herramienta desde la primera operación por la que tengan que emitir comprobantes por ejercicio fiscal, debiendo presentar aviso a la autoridad fiscal dentro de los 30 días naturales siguientes.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2011.

Diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica)