De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, y de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que se desechan iniciativas con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de pena de muerte

Honorable Asamblea:

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, y de Seguridad Pública, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 40 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82, 83, 84, 85 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía, el siguiente dictamen:

I. Antecedentes legislativos

1. El 11 de diciembre de 2008, diputados integrantes del Congreso de Coahuila, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

2. El 10 de marzo de 2009, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan, diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en materia de pena de muerte, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, y de Seguridad Pública, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. El 24 de noviembre de 2009, la diputada Adriana Sarur Torre, del Partido Verde Ecologista de México, presentó excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, y de Seguridad Pública, para efecto de que las mismas pronunciaran el dictamen respectivo.

4. El 19 de octubre de 2010, el diputado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pena de muerte, la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

II. Contenido de las iniciativas

La iniciativa presentada por diputados integrantes del Congreso de Coahuila, expone que en México, la pena de muerte surge desde la época precolombina. La Constitución General de 1917 establecía en el artículo 22 la posibilidad de imponer la pena de muerte por delitos políticos y, en cuanto a los demás, sólo podía imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar.

Esta disposición, igual que la mayoría de los artículos que integran la Carta Magna, tomó como punto de partida la Constitución Federal de 1857. El Constituyente de 1917 mantuvo el sentido de la disposición, adecuándola a las circunstancias del momento.

El principio de respeto de los derechos humanos que ha regido a las naciones y, por ende, comparten que el compromiso a que México se ha sumado a lo largo de los años. También entienden que hay distintos tipos de acciones que alteran el orden y la paz social y, de acuerdo con el daño infligido a la sociedad, se toman medidas distintas para subsanar el daño hecho y prevenir, a su vez, el daño futuro.

De esa forma, hay delitos que trastocan al individuo afectándolo en sus bienes, posesiones o derechos, en los que el daño es susceptible de repararse con las sanciones descritas en el ordenamiento penal, es decir, no hay una alteración directa o grave en la esfera de garantías del individuo. Por otro lado, hay crímenes que, debido a su magnitud, atentan directamente contra la salud, seguridad, libertad y tranquilidad del individuo, produciéndose así un trastorno social a tal profundidad, que hace necesaria la imposición de medidas de mayor trascendencia para restablecer los derechos de los habitantes. Contra la ejecución de estos crímenes debe imponerse la pena capital como sanción máxima.

Por todo lo anterior, y a efecto de disminuir los índices de criminalidad en delitos de alta repercusión e impacto social como el secuestro, proponen adicionar al artículo 22 constitucional un párrafo a fin de que las entidades federativas y el Congreso de la Unión puedan incluir en sus ordenamientos penales, y dentro de su ámbito de competencia, la sanción de la pena capital para el delito de secuestro cuando éste culmine con la muerte de la víctima.

La iniciativa presentada por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proponen reformas y adiciones a diversos cuerpos legales para la aplicación de la pena de muerte; en virtud de la inseguridad que actualmente se vive en nuestro país y el índice creciente de las tasas de criminalidad; su aplicación se limita exclusivamente a los delitos que a continuación se enuncian:

• La privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. En razón de que se ha superado la capacidad de las autoridades para hacerle frente, aunado a que las cifras de las víctimas van en aumento. Derivado de lo anterior, la pena de muerte se aplicaría a los servidores o ex servidores públicos de las Corporaciones de Seguridad Pública, Ejército, Marina y Ministerios Públicos Federales; cuando se mutile o prive de la vida a la víctima durante el cautiverio.

• Asimismo, en el delito de terrorismo que por su comisión y los graves daños que produce, atenta contra la seguridad de la nación; creando un estado de incertidumbre, temor, zozobra, miedo; etc.; en la población inocente.

• Y por último, en el delito de homicidio calificado para aquéllos sujetos activos que priven de la vida, valiéndose de la premeditación, alevosía, ventaja o traición.

Por lo anterior, proponen reformas y adiciones a diversos cuerpos legales como sigue:

• Se reforman los artículos 14, 18 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer nuevamente las bases constitucionales que permitan al legislador ordinario federal y local, regular los supuestos en los que podrá aplicar la pena de muerte, estableciendo expresamente en los casos que no se aplicará.

• Se adiciona un párrafo al inciso b) de la fracción III del artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para prever que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sea la instancia que conozca de los juicios de amparo directo, que se promuevan en contra de las sentencias penales que confirmen la pena de muerte.

• Asimismo, adiciona los numerales 2 y 3, al artículo 24, recorriéndose los demás en su orden; un Capítulo II bis que se denomina Pena de Muerte al Título II del Libro Primero y los artículos 57 y 58. Así como se reforman los artículos 25, 51, 63, 64, 85 fracción I, inciso e); 139, 142, 145, 148 Bis, 315 Bis, 320, 366 y 366 Bis del Código Penal Federal, para establecer los supuestos específicos en los que será aplicada la pena de muerte.

• Por otra parte, adiciona un segundo párrafo al artículo 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, para establecer los mecanismos procesales para la aplicación de esta pena capital.

• Y por último, adiciona el artículo 36 bis y se reforman los artículos 43 y 44 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para establecer que en el caso del delito de terrorismo, se conmutará la pena de muerte por la pena de prisión vitalicia, pero en todo caso la autoridad competente tomará en cuenta la gravedad de los delitos cometidos por el colaborador. Asimismo, los sentenciados por los delitos que se establecen en ésta ley, no tendrán los beneficios de la libertad preparatoria o la condena condicional, salvo que se trate de aquellos que colaboren con la investigación y persecución de otros miembros de la delincuencia organizada, esta excepción no será aplicable a los sentenciados por el delito de terrorismo previsto en los artículos 139 y 148 Bis del Código Penal Federal.

La iniciativa presentada por el diputado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre del Partido Revolucionario Institucional, expone que en nuestro país existe el clamor para que el homicida calificado y el secuestrador sean castigados con mayor severidad. Ante ello, resulta oportuno impulsar una nueva reforma al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que este tipo de delincuentes sean condenados a pena de muerte o a cadena perpetua. Su propuesta está encaminada a establecer dicha pena en la comisión de los delitos que atenten contra la vida y la integridad de las personas.

En su iniciativa motiva que en la actualidad la pena de muerte debe implementarse, puesto que es necesaria contra los delincuentes, ya que las víctimas de estos delitos son personas inocentes que se ven sujetas a la más temible saña, debido a que los mismos delincuentes amenazan y degradan con crueldad, no sólo a la víctima sino también a sus familiares.

El secuestro y el homicidio a últimas fechas se han convertido en delitos muy frecuentes en el ámbito nacional. De continuar siendo más redituable que el narcotráfico, y la delincuencia organizada, este delito no será posible parar, si no existe una medida enérgica para combatirlo.

En este sentido, la pena de muerte es un tipo de reacción social para combatir o disminuir un poco este delito, mismo que la mayoría de las víctimas y sus familiares solicitan.

De conformidad con lo anterior, estas Comisiones dictaminadoras, formulan las siguientes:

III. Consideraciones

Estas comisiones unidas, después de hacer un análisis exhaustivo de las Iniciativas señaladas en el apartado respectivo, llegan a la convicción de emitir Dictamen en sentido negativo relativo al Proyecto de decreto por las que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de pena de muerte, mismas que fueron presentadas por el Congreso de Coahuila, así como por integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional, ello en atención a lo siguiente:

Antecedentes de reforma a los artículos 14 y 22 constitucionales (pena de muerte)

Con fecha 9 de diciembre de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma a los artículos 14 y 22 constitucionales, respecto a la eliminación de la pena de muerte y cuyo espíritu legislativo se ve plasmado en los dictámenes del Senado de la República y Cámara de Diputados que a la letra se transcriben.

Dictamen del Senado de la República:

“...ha sido abolida en materia penal federal y en las entidades federativas se ha adoptado este criterio abolicionista, inclusive en el Fuero Militar el 16 de abril del 2004 el Senado de la República aprobó una reforma para derogar la Pena de Muerte del Código de Justicia Militar, cabe precisar que desde el año de 1961 hace más de cuarenta años que la pena de muerte no se aplica en nuestro país, por ser contraria al sentimiento humanitario de la inmensa mayoría del pueblo mexicano, tal y como lo señala el Ejecutivo en su iniciativa de reformas.

”Dentro del contexto internacional existen diversos instrumentos que pugnan por la preservación de la vida, como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) que en su artículo 3º señala: “Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y a la seguridad de su persona...”; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, adoptado por México en 1976 establece en su artículo 6º. “El derecho a la vida es inherente a la persona humana, este derecho estará protegido por la Ley, nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”.

”La Convención Americana sobre Derechos Humanos aprobada en la Conferencia de los Estados Americanos de San José de Costa Rica; “Pacto de San José” del 22 de noviembre de 1969 ratificado por México, en el punto No. 3, del artículo 4º señala: “No se restablecerá la Pena de Muerte en los Estados que la han abolido; en 1994 en la 49era. Sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas, el tema de la abolición de la Pena de Muerte fue presentado por Italia, la resolución 1997/12.

”A este respecto fue adoptada tres años más tarde, con el voto a favor de 45 países entre ellos el de México; 11 votos en contra y 14 abstenciones, por lo que de acuerdo con el artículo 133 Constitucional es Ley Suprema en nuestro país.

A la fecha existen 73 países cuyas Leyes no admiten la Pena de muerte para ningún delito, entre los que podemos citar a: Alemania, Australia, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, España, Finlandia, Francia, Grecia, Haití, Honduras, Hungría, Irlanda, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Uruguay y Venezuela, entre otros más.

”También existen otros 22 países que mantienen la Pena de muerte como sanción para delitos comunes, pero que pueden ser considerados como abolicionistas en la práctica, toda vez que dicha pena no ha sido aplicada cuando menos en los últimos 20 años, o por haber aceptado un compromiso internacional para no aplicar esta pena, entre los que podemos citar a Turquía que no la aplica desde 1984, Bermuda, Granada, Gambia, Madagascar, Maldivas, Mali, Níger, Papúa, Nueva Guinea, Samoa, Senegal, Togo y nuestro país México.

”Cabe destacar que existen múltiples estudios realizados por sociólogos y criminólogos que presentan evidencias de que la aplicación de la Pena de Muerte, no logra disminuir la tasa de criminalidad en aquellos Estados en los que aún subsiste, por lo que no produce ningún efecto benéfico para la sociedad.

”Estas comisiones que dictaminan están de acuerdo con los argumentos hechos valer en las diversas iniciativas, que coinciden en señalar que no existe justificación para la aplicación de la Pena de Muerte, y que nuestra legislación debe ser acorde a los instrumentos y Tratados Internacionales suscritos por México en el sentido de abolir dicha sanción”.

Dictamen de la Cámara de Diputados:

“...en México y en el mundo, el concepto de derechos humanos ha adquirido importancia y profundidad durante los últimos años, como resultado de una visión humanista de la organización social y como consecuencia de múltiples manifestaciones de actos de autoridad, y aún de individuos particulares, que ofenden el sentimiento de integridad y dignidad inherentes a toda persona; la sensibilidad individual y la sensibilidad social han afinado su perfección de necesidad de justicia y protección, ante la complejidad de la vida social moderna.

”La protección de la vida de un ser humano es considerada como la más elemental de las defensas, puesto que de la vida deriva todo el potencial de desarrollo y realización de la persona; múltiples formas de atentados a la vida se consideran, en nuestros días, como claras violaciones a los derechos humanos. La falta de alimentación, de atención a la salud, de preservación de un espacio ambiental y de otros elementos indispensables para la vida, son considerados como claras afectaciones a los derechos humanos.

”La preservación de la vida, pues, resulta indispensable para que el ser humano se desarrolle, evolucione y se reproduzca; para que la persona encuentre satisfacción de sus necesidades y de sus deseos; para que fortalezca su entusiasmo, actividad y fuerza para su propia realización.

”De esta manera, la función del Estado debe ser velar por el funcionamiento armónico de la sociedad, preservando y fomentado sus valores, entre los cuales el respeto a la vida humana y a los derechos que de la propia existencia derivan, así como los derechos humanos, constituyen y deben constituir el objetivo primordial de la organización política de las sociedades modernas.

Abolir la pena de muerte de nuestro máximo ordenamiento, es un tema pendiente más en el terreno de los derechos humanos. Quienes están a favor de la pena máxima parecen olvidar el derecho fundamental a la vida, y no reconocer lo que la historia del hombre ha comprobado reiteradamente: la represión en nuestro país no resuelve la situación perdurable por siglos, la delincuencia.

”Al respecto, sociólogos y criminólogos coinciden en argumentos consistentes que concluyen: cada día hay más evidencias de que la aplicación de la pena de muerte no logra disminuir la tasa de criminalidad; presentan estadísticas de diversos países que acreditan que en aquellos estados en que se aplica la pena de muerte no desciende la tasa de criminalidad, ni en comparación cronológica interna, ni en comparación con estados en los que se prohíbe tal pena. Cada día son más los estudios que acreditan que la disminución de la tasa de criminalidad es y sólo puede ser consecuencia de la atención a sus causas, de múltiple naturaleza, que impulsan al individuo a atentar en contra de sus semejantes y de su convivencia ordenada y pacífica.

”Conforme a nuestra Ley Fundamental, el sistema penal se organiza sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación, como medios para la readaptación social del delincuente, según lo establece su artículo 18. Y si la pena de prisión constituye, casi sin excepción, la especie de castigo con que conmina el derecho penal mexicano, no es arbitrario sostener que en este país la prevención especial, con su contenido readaptatorio, es una exigencia incancelable del sistema punitivo, aun cuando se pueda pretender que también la prevención general concurre a dar fundamento al aludido sistema. Si esto es así, la pena de muerte, que suprime al hombre, en lugar de depositar en él al menos la esperanza de la resocialización, no puede formar parte de tal sistema, por no satisfacer la exigencia de aquel contenido readaptatorio.

”Si entendemos el fin primario de la pena como el restablecimiento del orden externo en la sociedad, y además le agregamos cuatro características fundamentales: ejemplar, intimidatoria, correctiva y justa, la pena de muerte no cumple con ninguna de dichas características.

Se entiende como ejemplar una situación positiva que muestra una virtud. Matar, sin lugar a dudas, no es una virtud, sino que implica una destrucción, interrumpe una evolución y es un acto contrario a la naturaleza. En segundo término, la pena de muerte produce un efecto intimidatorio para la gente ecuánime; empero, a las personas con planes delictuosos no les preocupa en lo absoluto la existencia de la silla eléctrica, el fusilamiento o la inyección letal, como se puede apreciar en aquellos países que la aplican, donde en lugar de disminuir, se mantiene o se incrementa la comisión de los delitos que ameritan la pena máxima.

Por otra parte, no existe cabida para la corrección en la pena capital, porque el individuo acusado es eliminado mas no cumple con el fin readaptatorio de las penas que consagra nuestro máximo ordenamiento. Por último, esta pena es injusta ya que no persigue ningún fin humanista, basado en principios éticos y pedagógicos, básicos del espíritu de nuestra Constitución.

”A nivel internacional la tendencia es claramente abolicionista y en la mayoría de los países donde la pena capital todavía se encuentra vigente, el juzgador suele sustituirla por la cadena perpetua. En México, su aplicación es prácticamente letra muerta, y por ello se considera a nuestro país “abolicionista de hecho”, pues no obstante que se mantiene en nuestra legislación, no se ha llevado a cabo ninguna ejecución en los últimos 43 años, desde el 9 de agosto de 1961.

”Lo anterior, no es suficiente para la Colegisladora. En la actualidad la legislación internacional está avocada a exigir su desaparición. Incluso el propio Estatuto de la Corte Penal Internacional adoptado en 1998, excluye la pena de muerte como castigo aún para los delitos más graves: genocidio, crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra; esto significa que si no debe usarse para los delitos en comento, menos aun para los que son más leves. En otras palabras, no se debe usar nunca.

”La ONU ha jugado en los últimos años un papel central en la promoción de la abolición de la pena de muerte. Siendo el derecho a la vida uno de los pilares del sistema de protección de los derechos humanos, el preámbulo de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas suscrita en 1945 establece como un objetivo básico de la ONU reafirmar “la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y en el valor del ser humano”.

”La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, signada por nuestro país, establece en su artículo tercero que “Todo individuo tiene el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”

”Dentro de este marco del Derecho Internacional resulta importante mencionar que México ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 que señala en su artículo primero:

‘1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.’

”Posteriormente, en 1989 la Organización de la Naciones Unidas redactó el “Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Destinado a Abolir la Pena de Muerte”, dicho instrumento que aún no ha sido ratificado por nuestro país, precisamente por lo que establece el artículo 22 Constitucional, indica en sus primeros dos artículos:

“1.1. No se ejecutará a ninguna persona sometida a la jurisdicción de un Estado Parte en el presente Protocolo.’

“2.1. Cada uno de los Estados Partes adoptará todas las medidas necesarias para abolir la pena de muerte de su jurisdicción.”

”Sin embargo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos aprobada en la Conferencia de los Estados Americanos de San José de Costa Rica “Pacto de San José “ del 22 de noviembre de 1969 ratificado por México, en el punto número 3 del artículo 4º señala: “No se restablecerá la Pena de Muerte en los Estados que la han abolido.”

”Por otra parte, en 1994 en la 49ª Sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas, el tema de la abolición de la pena de muerte fue presentado por Italia, la resolución 1997/12. A este respecto fue adoptada tres años más tarde, con el voto a favor de 45 países entre ellos el de México; 11 votos en contra y 14 abstenciones, por lo que de acuerdo con el artículo 133 Constitucional el tratado es Ley Suprema en nuestro país.

”Como nos podemos percatar, existe en la Comunidad Internacional el principio compartido de protección a los derechos humanos y, por ello, la tendencia a abolir la pena de muerte. En Europa, por ejemplo, prácticamente ha desaparecido de las legislaciones nacionales, ello en gran medida debido al enorme esfuerzo de concientización de organismos regionales como el Consejo de Europa en que se reúnen todos los países europeos.

”El informe del año 2002 de la organización no gubernamental Amnistía Internacional, menciona que al concluir el 2001, 74 países y territorios habían abolido la pena de muerte para todos los delitos y, 15 más la habían abolido para todos los delitos salvo los de carácter excepcional, como los cometidos en tiempos de guerra. Al menos 22 países podían considerarse como abolicionistas de hecho, como es el caso del nuestro, y 84 países seguían aplicando la pena capital, aunque no todos impusieron condenas de muerte ni llevaron a cabo ejecuciones en el 2001.

”El mismo informe señala que en el 2001 fueron ejecutadas al menos 3,048 personas en 31 países y fueron condenadas a muerte al menos 5,265 personas en 68 países. En el mismo año, el 90 % de todas las ejecuciones conocidas tuvieron lugar en los siguientes países: China, donde se ejecutaron aproximadamente 2,468, en Irán donde hubo 139 ejecuciones, en Arabia Saudita 79 personas fueron ejecutadas, y en Estados Unidos de América, a 66 personas les fue aplicada la máxima pena.

”Ahora bien, doctrinariamente, muchos han sido los filósofos, literatos, políticos y pensadores de distintos países y tiempos que se han preocupado por el origen y la necesidad de abolir la pena de muerte, entre ellos, podemos citar los siguientes:

”Francesco Carrara, refiriéndose a la necesidad de que las penas deben contener principios humanistas, puntualizaba “el principio fundamental del derecho punitivo lo encuentro en la necesidad de defender los derechos del hombre, y en la justicia encuentro el límite de su ejercicio, así como en la opinión pública hallo el instrumento moderador de su forma”.

”Bertrand Russell encuentra un testimonio válido en los fundamentos filosófico-jurídicos de la pena en el que ética, educación y derecho convergen de manera extraordinaria al decir que “los gobiernos, desde que empezaron a existir, desempeñaron dos funciones, una negativa y otra positiva. La función negativa ha consistido en evitar la violencia ejercida por particulares, proteger la vida y la propiedad, establecer las leyes penales y ponerlas en vigor las funciones positivas de los gobiernos han aumentado considerablemente. En primer lugar, está la educación, que consiste que no sólo en la adquisición de conocimientos, sino también en inculcar ciertas lealtades y creencias.”

”Ante el argumento de que la pena de muerte es un ejemplo para la sociedad en relación al castigo que se puede sufrir por la violación a las leyes vigentes, Ovidio Casio recalcaba: “Es mayor ejemplo el de un vivo miserablemente criminal, que el de un criminal muerto.”

”El ilustre escritor francés Víctor Hugo manifestó su rechazo a la pena de muerte, muy común en su tiempo, al escribir: “Es una equivocación de la ley humana. La muerte sólo pertenece a Dios.”

”Cesare Bonesana, Marqués de Beccaria, marcó una época que se caracterizó por la lucha constante en la humanización de las penas, entre sus argumentos destaca uno en particular refiriéndose a la pena capital que dice: “Esta inútil prodigalidad de suplicios nunca ha conseguido hacer mejores a los hombres”.

”Coincidimos con la Colegisladora, en que rechazar la pena de muerte no significa negar la pena como tal, ni la responsabilidad por el delito cometido, ni el derecho penal que establece las bases en que se fundan una y otra, sino apuntar a que la afirmación ética del carácter inviolable de la vida humana parece anidar cada día de modo más resuelto en las normas positivas tocantes a los derechos del hombre, y dentro de ellas, en los contenidos y en la voluntad de la vigencia que a ellas ha venido aportando tan eficazmente el derecho moderno internacional.

”Esta Comisión de Puntos Constitucionales está de acuerdo con los argumentos hechos valer por el Senado, que coinciden en señalar que no existe justificación para la aplicación de la pena capital, y que nuestra legislación debe ser acorde a los instrumentos y tratados internacionales suscritos por México en el sentido de abolir dicha sanción.”

Visto lo anterior, entraremos al análisis de las iniciativas sobre la posibilidad jurídica para que sea reincorporada la pena de muerte a la Constitución.

A) Conceptualización de la pena de muerte

La pena de muerte, denominada también pena capital, consiste en la sanción de privar de la vida a un condenado por parte del Estado, por una acción que la ley califica como delito grave y la sanciona con dicha pena.

En la época precolombina se contemplaba la pena de muerte, ya que los castigos entre los pueblos aztecas, mayas y tarascos, utilizaban esta medida como medio de control social.

En la etapa colonial, la pena de muerte era muy semejante a lo que ocurría en Europa, ya que Reyes y demás autoridades Virreinales, empleaban su criterio al momento de aplicar la pena capital.

No debemos olvidar, que en dicha época, la iglesia católica jugaba un papel muy importante en la impartición de justicia, toda vez, que tenía tribunales que servían para perseguir y sancionar a quienes cometían delitos contra la fe católica.

Con la expedición de la Constitución de 1857, el sistema penal tiene un cambio trascendente, ya que se crea el régimen penitenciario como medida para el tratamiento de las penas, esto quedo contemplado en el artículo 23 que decía, textualmente: “Para la abolición de la pena de muerte queda a cargo del poder administrativo el establecer, a la mayor brevedad, el régimen penitenciario. Entre tanto, queda abolida para los delitos políticos, y no podrá extenderse a otros casos más que al traidor a la patria en guerra extranjera, al salteador de caminos, al incendiario, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, a los delitos graves del orden militar y a los de piratería que definiere la Ley”. 1

Con el anterior texto, se condiciona el hecho de no aplicar la pena de muerte, hasta no crear un sistema penitenciario, lo que confirma que el Constituyente Permanente de esa época, contaba con una visión más humanista y realista en cuanto a la pena capital, por lo que se abolió la misma. Sin embargo, consideró su aplicación a acciones delictivas específicas que la propia Constitución preveía.

Posteriormente, con la expedición de la Constitución Federal por parte del Constituyente de 1917, se retoma el espíritu de su homóloga de 1857, y plasma en el párrafo tercero del artículo 22 Constitucional, lo siguiente: “Queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos, y en cuanto a los demás, sólo podrá imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación y ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar.” 2 Cabe mencionar, que el texto antes citado abolía la figura de la pena capital, pero, también la contemplada en delitos específicos.

En cambio, la ley secundaria en materia aplicable, que rigió, hasta el 16 de septiembre de 1931; contempló muchos aspectos del sistema de la Escuela Clásica, sin embargo, tenía orientaciones de la Escuela Positivista, esto se pudo corroborar con los avances dados en materia penal, entre los cuales destacaba la supresión de la pena capital y la elasticidad para la aplicación de las sanciones, también se establecieron mínimos y máximos para cada delito.

Posteriormente y con la expedición del Código Penal para el Distrito Federal, en materia del Fuero Común, y para toda la República en materia del Fuero Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 1931, no se contempló la pena de muerte como sanción, a pesar de estar permitido constitucionalmente.

Lo anterior, originó una incongruencia entre el citado Código y la Carta Magna, la razón es que mientras el código no señalaba ninguna pena privativa de vida, la Constitución en su artículo 22, sí tenía contemplada esta sanción; generando esto un debate entre los doctrinarios, constitucionalistas y los penalistas, tal divergencia nos acercaba al absurdo de admitir que el Constituyente permitía la pena de muerte en la Carta Magna, pero no en la norma secundaria, circunstancia que colocaba a la pena de muerte con el carácter de pena inusitada, tal discrepancia jurídica nos permite recordar el criterio sentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se expresara por medio de la tesis aislada, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Segunda Parte, XX, Página: 151, Sexta Época, Instancia: Primera Sala (No. registro 263081), que a la letra dice:

“Pena inusitada

Pena inusitada es aquella que está fuera de uso porque no se ha aplicado durante algún tiempo. Inusitado, del latín “inusitatus”, significa no usado. Hacer aplicación de una ley Penal que ha caído en desuso o que no lo ha tenido nunca, sería tan inicuo como aplicar una ley retroactiva o no publicada; en primer lugar, porque cuando el pueblo lleva largo tiempo de ver que no se hace lo que la ley previene, debe presumir o que ha sido abrogada, o que su verdadera inteligencia es muy distinta de lo que se creía; en segundo lugar, porque no se puede exigir que el pueblo haga un estudio de las leyes, como lo haría un letrado, para cerciorarse de cuáles son las disposiciones que están vigentes, cuáles abolidas y cuáles modificadas y en tercero, porque el legislador puede y debe dictar una nueva ley para dar vigor a una que lo está perdiendo, si quiere conservarla vigente. Por parte, el derecho penal tiene en sí un elemento esencialmente variable; la medida de las penas, porque éstas deben cambiar según los tiempos, las circunstancias y las costumbres del país, para que permanezcan dentro de los límites de lo justo; y cuando el legislador se desentiende de esto, la opinión pública, que es irresistible, viene a suplir su falta condenando al olvido o modificando las penas que han dejado de ser adecuadas. En vano se esforzará el legislador por evitarlo, en vano será que haga una declaración anticipada previniendo que sus disposiciones no se entenderán abrogadas por el desuso, porque éste hará ineficaz esa misma declaración. La Suprema Corte de Justicia ha dado una correcta connotación a lo que debe entenderse por pena inusitada comprendida en el catálogo de penas prohibidas que el Constituyente de 1917 toma en su integridad en el primer párrafo del artículo 22 estableciendo que el concepto de pena inusitada es relativo, pero que por imperativo legal dichas penas deben declararse prohibidas. Así sucede con la prisión perpetua o la de trabajos forzados, que de acuerdo con el criterio jurídico filosófico que inspira nuestra Carta Fundamental debe considerarse abolida por lo cruel, inhumana, infamante y excesiva, de suerte que la connotación gramatical no es exactamente la que corresponde a la acepción jurídica, porque no es aceptable que la Constitución de la República hubiese pretendido prohibir la aplicación de las penas vulnerando un principio de derecho público que tiende a la protección de la sociedad, ya que ello equivaldría a encontrar un escollo para el adelanto de las ciencias penales, porque cualquier innovación en la forma de sancionar los delitos, significaría la aplicación de una pena inusitada perdiendo ésta sus características de ser moral, personal, divisible, popular, reparable y en cierta forma ejemplar y contraria a la conciencia colectiva nacional. Esto significa que el concepto de inusitado no es un valor absoluto sino relativo que hace referencia a un punto de comparación de lo que no se usa. Así, puede llamarse inusitada a una pena cuando de un modo general fue usada en otros tiempos pero ya no lo es en la actualidad, o cuando usada en determinado sitio no lo es en los demás lugares cuyos habitantes están saturados de la misma cultura. Así, sería inusitado sancionar el adulterio con la lapidación, como era costumbre que se hiciese en las instituciones del pueblo maya, o castigar con la muerte la embriaguez, ya que tales penas, de aplicarse, serían contrarias a la conciencia colectiva y a la mayoría de los pueblos civilizados.”

B) Obligaciones internacionales.

El conflicto entre la norma constitucional y la ley secundaria, prevaleció hasta el 9 de diciembre de 2005, fecha en la que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional en la cual se modifica el cuarto párrafo del artículo 22 de ésta ley, aboliéndose la pena de muerte. Lo que derivó en la congruencia, entre la Carta Magna y la Ley específica.

En ese contexto, la comunidad internacional ha trabajado a favor de la protección a la vida, por lo que nuestro país, no es ajeno a estas políticas; tomando en consideración que el Estado Mexicano, se sustenta a favor de las tesis abolicionistas, con una visión humanista y que se ha adherido a diversos instrumentos jurídicos internacionales, sobre derechos humanos, en contra de la pena de muerte, por mencionar algunos:

1. La Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 1945, establece como objetivo básico de la ONU, reafirmar “el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”. Suscrito por nuestro país el 26 de junio de 1945, aprobado por el senado el 5 de octubre de 1945 y publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 17 de octubre de 1945.

2. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, signada por nuestro país en ese mismo año, establece en su artículo tercero, que “Todo individuo tiene el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

3. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 que cita en su artículo sexto: “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.” Mismo que fue ratificado el 16 de diciembre del mismo año y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 1981.

4. El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. Dado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1989.

5. La Convención Americana sobre Derechos Humanos aprobada en la Conferencia de los Estados Americanos de San José de Costa Rica “Pacto de San José” del 22 de noviembre de 1969 en su artículo 4º señala categóricamente: “No se restablecerá la Pena de Muerte en los Estados que la han abolido.” que fue ratificada y adherida por el Estado Mexicano el 3 de febrero de 1981 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981.

6. El Protocolo a la Segunda Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte. Emitido por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en 1990.

Ahora bien, los descritos instrumentos al ser tratados y convenciones, son de observancia obligatoria, en virtud, de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, la cual cita en su artículo 26: “Pacta Sunt Servanda, Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.”

C) Integración de los tratados Internacionales al derecho interno.

Es preciso iniciar abundando en las teorías que explican la relación entre el derecho internacional público y el derecho interno.

La teoría del dualismo en resumen postula que el derecho interno de los Estados y el derecho internacional público son ordenamientos distintos, siendo que el primero regula relaciones internas y el segundo relaciones externas.

La Teoría del Monismo invoca la unidad de ambos derechos, es decir, forman un solo sistema jurídico.

Los tratadistas no han logrado establecer a qué teoría se ha apegado el Estado Mexicano, la mayoría de ellos señalan a la Monista como la contemporánea.

Inclusive los criterios para determinar la jerarquía de la Constitución y los tratados internacionales son diversos, aunque todos coinciden en que la Constitución siempre se encontrará por encima de los tratados internacionales, cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en la tesis aislada número P.IX/2007, Instancia: Pleno, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, abril 2007, establece lo siguiente:

Tratados internacionales. Son parte integrante de la Ley Suprema de la Unión y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y locales. Interpretación del artículo 133 constitucional.

La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de derecho internacional dispersos en el texto constitucional, así como con las normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el Estado Mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario pacta sunt servanda, contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional.

También es cierto, que por debajo de la Constitución no se puede dejar de observar la obligatoriedad de los tratados en el ámbito internacional. En virtud de lo anterior, surge la pregunta: Si se modifica la Constitución, ¿Un tratado pierde fuerza? Tal cuestionamiento se responde en el sentido de que en México, al ser de corte monista, integra los tratados internacionales como una unidad de orden jurídico, luego entonces, el tratado determina las posibilidades jurídicas de ciertos aspectos de la Constitución, máxime que se tratan de derechos humanos, aunado a que incluso en México existe un órgano político que vigila su cumplimiento.

Es por ello, que por congruencia y coherencia, entre la Legislación Nacional y los ordenamientos jurídicos internacionales que el Estado Mexicano ha suscrito, debe darse una necesaria correspondencia de la suscripción de los mismos, en materia de derechos humanos y de abolición de la pena de muerte. Tal es el caso de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, mejor conocida como “Pacto de San José Costa Rica”, que en su artículo 4º señala categóricamente: “No se restablecerá la Pena de Muerte en los Estados que la han abolido.” Así como, el Protocolo a la Segunda Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte.

El mencionado criterio, confirma lo descrito por la Constitución, en relación con los tratados internacionales, que son Ley Suprema de toda la Unión y, que al momento que el Estado los ratifica y al ser parte de esos tratados, en ese preciso instante pasa a tener la fuerza jurídica de norma, por lo que, el Estado se ve obligado a adecuar, y en su caso, modificar la legislación, a efecto de ser congruentes con los principios que se consagran en estos documentos internacionales.

La pena de muerte en el mundo

En el caso específico de la pena de muerte, es preciso comentar que la Comunidad Internacional, las Instituciones y los Organismos no Gubernamentales, que han trabajado para abolir esta pena en diferentes países, han establecido las siguientes cifras:

• 95 son los países, que han abolido la pena de muerte para todos los delitos, es decir, en sus leyes no se establece esta pena para ningún delito, por nombrar algunos: Alemania, Venezuela, Reino Unido, Suecia, Canadá, entre otros.

• 9 son los países, cuyas leyes establecen la pena de muerte únicamente para delitos excepcionales, como los delitos previstos en el código penal militar o los cometidos en circunstancias excepcionales, como los cometidos en tiempo de guerra, los cuales son: Bolivia, Brasil, Chile, el Salvador, Fiyi, Israel, Kazajistán, Letonia, Perú.

• 35 son los países, que mantienen la pena de muerte para los delitos comunes como el asesinato, pero que pueden ser considerados abolicionistas; de hecho no han ejecutado a nadie durante los últimos diez años y se cree que mantienen una política o una práctica establecida de no llevar a cabo ejecuciones. En esta lista se incluyen también países que se han comprometido internacionalmente a no hacer uso de la pena capital. Como ejemplo, se encuentra la Federación Rusa, Granada, República Centroafricana y Corea del Sur.

• En cambio, es preciso señalar que existen 58 países que mantienen la pena de muerte en delitos comunes, como son Afganistán, Cuba, Egipto, Estados Unidos de América, India, Guatemala, 3 entre otros.

Es por ello que México al legislar en esa materia, hace acorde su normatividad con los instrumentos internacionales, pero cabe destacar la importancia que tiene la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que al ser suscrita por nuestra Nación, se obliga a lo señalado en su artículo 4°, que en su literalidad dice: “no se restablecerá la pena de muerte en los estados que la han abolido”; es decir, que nuestro Estado no solamente se vio obligado a modificar su marco normativo, situación que cumplió, con la reforma constitucional del 9 de diciembre de 2005, sino que está obligado a no restablecerla dentro de su derecho interno.

Con ésta reforma constitucional, el Estado Mexicano, confirma sus postulados de protección a la vida, tomando en cuenta, los principios abolicionistas, que son:

A. “La vida humana, es un bien sagrado sobre el que no es lícito disponer.

B. La aplicación de la pena de muerte, impide toda enmienda del condenado.

C. Es una pena anacrónica, contraria al patrimonio cultural.

D. Es una pena que carece de eficacia intimidatoria que tradicionalmente se le atribuye.

E. Aquella falta de eficacia intimidatoria se manifiesta especialmente con determinados grupos de delincuentes.

F. Los errores judiciales son irreparables cuando han determinado la ejecución de la pena capital.

G. La ejecución pública aún vigente en algunos países, produce un efecto desmoralizador en la sociedad, y en algunos sujetos despierta un morboso atractivo que con ella se sanciona.

H. La existencia de la pena de muerte, determina la existencia de un verdugo; es decir un ser humano profesionalmente dedicado a privar de la vida a sus semejantes.” 4

De los anteriores postulados, nuestro país define su posición respecto a la no aplicación de la pena de muerte.

Dada la naturaleza que tienen los tratados internacionales en su calidad de Ley Suprema, como ha quedado plasmado en el cuerpo de este dictamen. Sería más que imposible, insertar en nuestro marco jurídico la pena de muerte en cualquiera de su naturaleza, por la obligatoriedad que tiene con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Los miembros de la Comisión de Justicia, se pronuncian sobre la improcedencia de las reformas planteadas en la Iniciativa en estudio y consideran conveniente y para mayor abundamiento, adicionar un análisis comparativo entre la Iniciativa que se dictamina y el texto vigente de nuestra Carta Magna: