De la Cámara de Senadores, por el que remite iniciativa, con aval de grupo, con proyecto de decreto que expide la Ley de Fomento al Primer Empleo, en nombre del Grupo Parlamentario del PRI

México, DF, a 28 de septiembre de 2010.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada el pasado 9 de septiembre, el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa, con aval de grupo, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento al Primer Empleo.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, la cual se anexa, se turnara a Cámara de Diputados.

Atentamente

Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)

Vicepresidente

Iniciativa por la que se expide la Ley de Fomento al Primer Empleo

Los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ante la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 164, numerales 1 y 3; 169, numerales 1 y 4; 172, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de la asamblea la siguiente iniciativa, con aval de grupo, que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento al Primer Empleo, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

En los últimos años, la economía mexicana se ha caracterizado por un débil crecimiento que la ha dejado rezagada respecto de otros países en desarrollo. Mientras México ha crecido desde el año 2000 en 1.9 por ciento en promedio anual, Brasil lo ha hecho en 3.3 por ciento, Chile en 3.7 por ciento y China 9.9 por ciento, lo que se ha traducido en que el ingreso por habitante de los mexicanos presente una reducción relativa respecto de los ciudadanos de estas naciones.

Las bajas tasas de crecimiento han coincidido con un importante aumento de la fuerza laboral. En el mismo periodo, la población económicamente activa (PEA) creció en 1.9 por ciento en promedio anual, es decir, el ingreso por habitante activo prácticamente se ha mantenido en los mismos niveles desde hace 10 años. Estas cifras son preocupantes puesto que en este tiempo se ha desperdiciado gran parte del impulso demográfico de millones de jóvenes mexicanos.

Si las cifras de crecimiento económico son insatisfactorias, las de generación de empleo son aun menos positivas. El crecimiento promedio de los empleos formales ha sido de 1.1 por ciento. Del 2000 a la fecha, han ingresado la PEA en promedio 783 mil trabajadores por año, pero sólo se han generado 200 mil empleos anuales a través de los sistemas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, generando un amplio número de trabajadores desempleados, subempleados, informales o que se ven obligados a emigrar.

Con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), para el segundo trimestre de 2010 existían 2 millones 485 mil trabajadores desocupados y 3 millones 978 mil subocupados, lo que representa un incremento, comparado con el año 2000, de 144 por ciento y de 164 por ciento respectivamente. Por su parte, la Secretaría del Trabajo reporta que hay 12 millones 612 mil trabajadores en el sector informal.

La baja creación de empleos formales afecta de forma particular a los jóvenes. La población entre 14 y 29 años representa el 53 por ciento de los desocupados, el 49 por ciento de los eventos de pérdida de empleos y un tercio de los informales.

Asimismo, la Secretaría del Trabajo reporta que la mitad de las solicitudes de trabajo provienen de este sector de la población, mientras las plazas disponibles para ellos tan sólo representan el 9.5 por ciento. Esto ha orillado a millones de jóvenes de todos los niveles de instrucción a buscar mejores oportunidades en otros países. Mientras tanto, la Organización Internacional del Trabajo destaca que el desempleo de los jóvenes a nivel mundial supera el 21 por ciento, tres veces más que el resto de la población, por lo que recomienda impulsar una agenda coherente que combine políticas macroeconómicas de apoyo con transiciones al trabajo consolidadas.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos estima que un 8 por ciento de los profesionistas del país viven en Estados Unidos. Este es un fenómeno sumamente costoso, ya que quienes emigran son jóvenes, muchos de ellos capacitados, con niveles de productividad que bien podrían impulsar el crecimiento de la economía y que no lo hacen debido a la ausencia de oportunidades laborales. Por otra parte, no se puede negar que el crimen organizado se ha vuelto un importante empleador de la juventud mexicana.

En un escenario en el que la recuperación de la economía mundial es aún incierta, en el que cada vez existen mayores restricciones para la entrada de migrantes a los Estados Unidos y en el que los programas prioritarios del gobierno federal generan incentivos para el crecimiento del mercado laboral informal, resulta prioritario tomar medidas para enfrentar el problema del desempleo.

En efecto, las políticas públicas del gobierno federal no han cumplido con el objetivo de crear empleos formales, suficientes y bien remunerados. Independientemente de los ciclos económicos, el porcentaje de la PEA que cotiza en el IMSS es de tan sólo el 30 por ciento sin que se observe ningún incremento en los años recientes. Por su parte, la existencia de programas con un componente solidario muy alto como el Seguro Popular han hecho al empleo formal menos atractivo, tanto para las empresas como para los trabajadores.

En enero de 2007 el ejecutivo federal publicó el Decreto que establece las directrices generales para dar cumplimiento al Programa del Primer Empleo que daba el marco legal para impulsar lo que en ese momento se planteaba como una gran apuesta del gobierno federal para reactivar el empleo.

Sin embargo, el hecho de que se haya manejado como un subsidio de las cuotas obrero patronales, la gran cantidad de requisitos y la falta de flexibilidad a la hora de implementar el programa lo hicieron inoperante, a tal grado de que a la fecha no figura como una prioridad en la agenda del IMSS y su fondo de reserva se ha mantenido en los mismos niveles desde de diciembre de 2007. Con datos al 2 de junio de 2010, se habían inscrito un total de 19 mil 931 empresas con 63 mil 459 trabajadores y el monto total de los subsidios entregados a los patrones ascendía a 113 millones 766 mil 705.48 pesos, cifras muy por debajo de los objetivos planteados por el programa e irrelevantes ante las necesidades del mercado laboral.

Es por ello que se vuelve impostergable crear políticas públicas que fomenten el empleo formal, que favorezcan a los millones de jóvenes que ingresan año con año al mercado laboral y que les presenten mejores alternativas a lo que la migración, y en el peor de los casos, la delincuencia organizada les ofrecen.

Debemos de utilizar la política fiscal de forma inteligente. En las últimas administraciones se ha mostrado que ésta, en lugar de fomentar el crecimiento interno, inhibe el desarrollo de los sectores económicos de producción, distribución y consumo. Se deben aplicar medidas inmediatas para corregir el rumbo y dar prioridad a la generación del empleo, ya que éste es el principal impulsor del combate la pobreza, de la mejora en la distribución del ingreso y del aumento en la productividad de los sectores reales de la economía.

Debemos de considerar la experiencia internacional de aquellos países que están adoptando políticas de promoción con resultados visibles. En Chile, por ejemplo, el año pasado se aprobó un subsidio al empleo de jóvenes que tienen entre 18 y 25 años de edad provenientes de familias pobres. Se estima que este subsidio beneficiara a unos 300 mil jóvenes en el primer año, cifra de gran impacto si se considera la población total de aquel país. Por ello, es urgente adoptar medidas pertinentes antes de que sigamos perdiendo terreno frente a otras economías emergentes.

La presente iniciativa crea la Ley del Fomento al Primer Empleo. En primera instancia habría que señalar que la vigencia de la misma es de3 años por su carácter de emergente, ya que pretende ser una respuesta oportuna ante la situación económica actual, marcada por la incertidumbre internacional, la debilidad del mercado interno y el aumento del desempleo y subempleo. Incluso, se plantea que la deducción adicional sea un 25 por ciento menor en caso de que los nuevos empleos sean creados un año después de la entrada en vigor, con el objetivo de que el impuso en el primer año sea verdaderamente significativo.

Una vez concluidos los 3 años después de publicada la Ley, se regresaría al sistema actual.

El proyecto de ley que se presenta plantea brindar una deducción adicional en el impuesto sobre la renta (ISR) y del impuesto empresarial a tasa única (IETU) a todo patrón que cree un puesto de nueva creación, entendido como todo aquel que incremente el número de trabajadores asegurados en su empresa a partir de que entre en vigor la ley y que sea ocupado por un trabajador de primer empleo, definido como todo el que no tenga registro previo de aseguramiento en el régimen obligatorio del IMSS.

Al ser una deducción adicional, el patrón no tendrá que solicitar el subsidio al gobierno federal, por lo que la operación del estímulo será más expedita, ya que simplemente lo reportará en sus declaraciones, sin que ello limite la capacidad de la autoridad de verificar la información.

El monto de la deducción adicional permitida equivale al 80 por ciento del resultado de disminuirle al salario base el monto que resulte de multiplicar dicho salario por la tasa correspondiente del ISR o el IETU según aplique, y dividirla entre esa misma tasa. Para el caso del ISR dicha deducción no podrá ser mayor a la utilidad fiscal determinada y en el caso del IETU no podrá ser mayor a la diferencia entre el total de los ingresos percibidos y las deducciones que permite dicha ley.

La vigencia de la deducción adicional tiene un máximo de 36 meses por cada puesto de nueva creación, mismo que tiene que ser mantenido por un mínimo de 18 meses, con la finalidad de evitar que sea utilizado con fines de elusión fiscal. Por su parte, la deducción no podrá ser mayor a 8 veces el salario mínimo mensual vigente en la zona geográfica que corresponda. Además, la deducción adicional no se contabilizará para efecto del reparto de utilidades a que hace referencia el artículo 123 constitucional ni para la determinación del coeficiente de utilidad que se emplea en los pagos provisionales.

Los patrones deberán de cumplir ciertos requisitos que, en comparación con los que se solicitaban en el decreto de 2007, son más accesibles. Dentro de ellos, se destaca la obligación de inscribir a los nuevos trabajadores en el IMSS, de enterar sus cuotas obrero-patronales, de no tener adeudos por créditos fiscales firmes y de cumplir con los requisitos de información necesarios.

Finalmente se establecen sanciones ante el incumplimiento de las disposiciones que van desde multas equivalentes al 20, 30, 50 y 70 por ciento, según aplique, de la deducción adicional, hasta la pérdida definitiva del derecho a aplicar la deducción adicional estipulada en esta ley.

Dada la incertidumbre que domina el panorama económico y que el desempeño del país en la generación de empleos es aun más pobre que el crecimiento, la Ley de Fomento al Primer Empelo se presenta como una alternativa viable para impulsar el mercado laboral, particularmente de los jóvenes y de quienes por distintas razones no han cotizado en el IMSS.

Esta iniciativa encaja dentro de un nuevo modelo de política económica, mediante el cual intenta corregir las fallas del mercado y paralelamente promover la formalidad. Un modelo en el cual el Estado retoma su papel como promotor del desarrollo que se contrapone con la pasividad que ha imperado en los últimos años.

Está ley hará que los empleadores tengan incentivos para eliminar el requisito de antigüedad laboral a la hora de otorgar un puesto y con ello beneficiarse de los niveles de productividad de los nuevos trabajadores y, por otra parte, hacerles más atractivo el mercado laboral formal gracias al esquema que plantea incentivos a cambio de la creación de puestos de trabajo que cumplan con todos los requisitos de la ley. Así mismo, fomentará la creación de capital humano que en la actualidad está siendo subutilizado por la falta de oportunidades de empleo productivo.

La propuesta genera incentivos a la formalidad en contraste con las políticas públicas que han sido promovidas en los años recientes. Podemos esperar que con esta ley se regularice un gran número de trabajadores que actualmente se encuentran en la economía informal y que, paralelamente, aquellos que nunca han cotizado en el Seguro Social se integren al mercado laboral formal por primera vez, con los beneficios que ello genera. Asimismo, se crea una motivación para que los empleadores hagan sus contrataciones de forma directa sin recurrir a terceros quienes, generalmente, eluden el pago de las prestaciones de ley.

La aplicación temporal de esta ley dará una mayor liquidez para que las empresas puedan cumplir con algunas de sus obligaciones de seguridad social asociadas a la contratación, como lo son las cuotas del IMSS, el Infonavit y lo correspondiente al Sistema de Ahorro para el Retiro e incluso dejarles un remanente para incrementar sus niveles de inversión o para garantizar su operación.

Además, hay que considerar el efecto multiplicador que genera esta iniciativa, ya que se espera un aumento significativo en la producción acompañado de mayores ingresos para el gobierno y para el IMSS los cuales serán muy superiores a los costos de la deducción adicional. La temporalidad de la ley, por su parte, garantiza que este incentivo no se convierta en un nuevo gasto fiscal perpetuo, sino que simplemente sea una herramienta para reactivar el mercado en épocas de incertidumbre.

México se encuentra atrapado en el estancamiento económico, en un ciclo vicioso que promueve el empleo informal y la migración, y en un momento político en que los acuerdos entre las distintas fuerzas son contados y de poco alcance. Esta iniciativa pretende ser una de las primeras acciones decisivas para alterar la marcha inercial de nuestra economía y retomar el papel del Estado como promotor del desarrollo, a través de medidas específicas entendidas en un contexto determinado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara el siguiente decreto, por el que se expide la

Ley de Fomento al Primer Empleo

Decreto

El congreso de los estados unidos mexicanos, decreta:

Se expide la Ley de Fomento al Primer Empleo

Artículo Primero. Se expide la siguiente

Ley de Fomento al Primer Empleo

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

Lo establecido en esta Ley se aplicará sin perjuicio de lo ordenado en la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y sus respectivos reglamentos, así como cualquier otro ordenamiento en la materia, siempre y cuando no contravengan lo que en ésta se dispone.

Artículo 2. Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto incentivar la creación de nuevos empleos de carácter permanente en territorio nacional.

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá como:

I. Ley: la Ley de Fomento al Primer Empleo;

II. Patrón: la persona física o moral que tenga ese carácter en los términos de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo;

III. Trabajador: la persona física que tenga ese carácter conforme a lo previsto por el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo;

IV. Trabajador de primer empleo: es aquel trabajador que no tenga registro previo de aseguramiento en el régimen obligatorio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por no haber prestado en forma permanente o eventual un servicio remunerado, personal y subordinado a un patrón;

V. Puesto de nueva creación: todo aquel de nueva creación y que incremente el número de trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a partir de la entrada en vigor de esta Ley y en los términos dispuesto en la misma.

VI. Puestos existentes: todos aquéllos creados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, y

VII. Salario base: es el monto del pago hecho en efectivo por cuota diaria sin considerar gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo.

Artículo 4. Para efectos de la aplicación de los beneficios establecidos en esta Ley, puesto de nueva creación será aquél que incremente el número de trabajadores asegurados registrados en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social en cada ejercicio fiscal. Para determinar el número base de los registros cuyo incremento se considerará puesto de nueva creación, no se tomarán en cuenta las bajas en los registros correspondientes de trabajadores pensionados o jubilados durante el ejercicio fiscal de que se trate.

Los puestos de nueva creación deberán permanecer existentes por un periodo de por lo menos 36 meses contados a partir del momento en que sean creados, plazo durante el cual el puesto deberá ser ocupado por un trabajador de primer empleo. Transcurrido dicho periodo, los puestos de nueva creación dejarán de tener los beneficios fiscales que esta Ley otorga.

Capítulo II

Del Beneficio del Primer Empleo y Procedimiento para su Aplicación

Artículo 5. Los patrones que contraten a trabajadores de primer empleo para ocupar puestos de nueva creación, tendrán derecho a una deducción adicional en el impuesto sobre la renta y en el impuesto empresarial a tasa única, que resulte a su cargo en el ejercicio de que se trate, según corresponda.

La determinación de la deducción adicional se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

I. Para los efectos del impuesto sobre la renta:

a. Al salario base a que se refiere la presente Ley, se le disminuirá el monto que resulte de multiplicar dicho salario por la tasa establecida en el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio en que se aplique la deducción.

b. El resultado obtenido conforme al inciso anterior, se dividirá entre la tasa del impuesto sobre la renta vigente en el ejercicio de que se trate.

El 80% del monto obtenido conforme al inciso anterior será el monto máximo de la deducción adicional aplicable en el ejercicio.

La deducción adicional determinada conforme a esta fracción, será aplicable en el ejercicio sin que en ningún caso exceda el monto de la utilidad fiscal del mismo determinada antes de aplicar dicha deducción adicional.

II. Para los efectos del impuesto empresarial a tasa única:

a. Al monto del salario base a que se refiere la presente Ley, se le disminuirá el monto que resulte de multiplicar dicho monto por la tasa establecida en el artículo 1o. de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única vigente en el ejercicio en que se aplique la deducción.

b. El resultado obtenido conforme al inciso anterior, se dividirá entre la tasa del impuesto empresarial a tasa única vigente en el ejercicio de que se trate.

El 80% del monto obtenido conforme al inciso anterior será el monto máximo de la deducción adicional aplicable en el ejercicio.

Para efectos del impuesto empresarial a tasa única, la deducción adicional determinada conforme a la presente fracción aplicable en cada ejercicio no podrá exceder de la diferencia que resulte de restar al total de ingresos percibidos por las actividades gravadas por dicho impuesto las deducciones autorizadas por la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

La deducción adicional a que se refiere el presente artículo no deberá considerarse para efectos de calcular la renta gravable que servirá de base para la determinación de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a que se refiere el artículo 123, Apartado A, fracción IX, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El monto de la deducción adicional sólo será aplicable tratándose de trabajadores que perciban hasta 8 veces el salario mínimo mensual vigente en la zona que corresponda a la ubicación geográfica en que se encuentre.

Tratándose de personas físicas, la deducción adicional a que se refiere esta Ley sólo será aplicable contra los ingresos obtenidos por la realización de actividades empresariales y servicios profesionales.

Artículo 6. Sin perjuicio de que la deducción adicional se aplique en el ejercicio de que se trate, el patrón podrá aplicar la deducción adicional en los pagos provisionales del impuesto sobre la renta o del impuesto empresarial a tasa única, según corresponda.

La determinación de la deducción adicional que se podrá aplicar en los pagos provisionales se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

I. Para efectos del impuesto sobre la renta, el patrón disminuirá de la utilidad fiscal que corresponda al pago provisional de que se trate, el monto que resulte de dividir el salario base pagado al trabajador de primer empleo en el periodo al que corresponda el pago entre la tasa del impuesto sobre la renta vigente.

Para efectos de la determinación del coeficiente de utilidad a que se refiere el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no deberá considerarse la deducción adicional aplicada en el ejercicio inmediato anterior a aquél por el que se calcula el coeficiente.

II. Para efectos del impuesto empresarial a tasa única, los patrones podrán deducir en los pagos provisionales de dicho impuesto, el monto que resulte de dividir el monto de los salarios base pagados en el periodo correspondiente al pago provisional entre la tasa del impuesto empresarial a tasa única vigente.

Cuando los patrones realicen en una sola exhibición pagos por salarios que comprendan a dos o más meses, a efecto de calcular la respectiva deducción adicional dividirán el monto pagado entre el número de meses a que corresponda el mismo para obtener la parte proporcional correspondiente al periodo en que se aplicará la deducción adicional.

Artículo 7. Para tener derecho a la deducción adicional a que se refiere el artículo 5 de la presente Ley, el patrón deberá cumplir con los requisitos siguientes:

I. Sus relaciones laborales se deberán regir por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Crear puestos nuevos y contratar a trabajadores de primer empleo para ocuparlos.

III. Inscribir a los trabajadores de primer empleo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los términos que establece la Ley del Seguro Social.

IV. Determinar y enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social el importe de las cuotas obrero-patronales causadas tanto por los trabajadores de primer empleo, como por el resto de los trabajadores a su servicio, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social.

V. No tener a su cargo adeudos por créditos fiscales firmes determinados tanto por el Servicio de Administración Tributaria, como por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

VI. Presentar ante la Administración Local de Asistencia al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria que le corresponda en razón de su domicilio fiscal, el aviso correspondiente y anexos, que dicha autoridad dará a conocer mediante reglas de carácter general.

VII. Durante el periodo de 36 meses a que se refiere el segundo párrafo del artículo 4 de esta Ley, el patrón deberá mantener ocupado el puesto de nueva creación por un lapso no menor a 18 meses.

VIII. Cumplir con las obligaciones de seguridad social que correspondan según los ordenamientos legales aplicables.

Artículo 8. El patrón no perderá el beneficio que le otorga el presente Capítulo en caso de que al trabajador de primer empleo le sea rescindido su contrato de trabajo en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo y éste sea sustituido por otro trabajador de primer empleo, siempre que el patrón conserve el puesto de nueva creación durante el periodo establecido en la presente Ley.

Artículo 9. El patrón que cumpla con lo previsto en la presente Ley, deberá presentar a más tardar en el mes de febrero de cada año un aviso ante el Servicio de Administración Tributaria en el que informe sobre el número de puestos de nueva creación y ocupados por trabajadores de primer empleo, correspondientes al año anterior y respecto de los cuales vaya a aplicar la deducción adicional a que se refiere el artículo 5 de la Ley en la declaración del impuesto sobre la renta del ejercicio que corresponda.

Para tal efecto, se estará a lo que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

Artículo 10. El Servicio de Administración Tributaria podrá ejercer sus facultades de comprobación respecto a la aplicación de la deducción adicional a que se refiere la presente Ley; si llegará a determinar que existe una diferencia a cargo del patrón derivada de la aplicación de la presente Ley el patrón podrá impugnar la resolución correspondiente en los términos establecidos por el Código Fiscal de la Federación.

Capítulo III

De las Infracciones y Sanciones

Artículo 11. Constituyen infracciones a lo dispuesto en la presente Ley:

I. Efectuar la deducción adicional a que se refiere el artículo 5, sin cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 7 de la presente Ley y en las demás disposiciones fiscales relativas y aplicables a las deducciones de sueldos y salarios;

II. Omitir la entrega de los informes, datos y documentación estando obligado a ello en los términos de esta Ley;

III. No mantener a disposición de las autoridades competentes, la información relativa a la aplicación del beneficio a que se refiere la presente Ley;

IV. Omitir información o incluir datos falsos en los avisos o declaración que se presenten;

V. No mantener ocupados los puestos de nueva creación durante el tiempo establecido en la presente Ley y aplicar la deducción adicional; y

VI. No cumplir con cualquier otra obligación que le corresponda en los términos de la presente Ley.

Artículo 12. Cuando se comenta alguna de las infracciones a que se refiere el artículo 11 de la presente Ley, el Servicio de Administración Tributaria aplicará al patrón responsable las siguientes sanciones:

I. Se le impondrá una multa del 50% al 70% del monto de la deducción adicional aplicada indebidamente, tratándose de las infracciones a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, V y VI del artículo 11 de la presente Ley, cuando las infracciones sean descubiertas por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación.

Si los patrones infractores corrigen la aplicación indebida de la deducción adicional después de iniciadas las facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales y antes de que se les notifique el acta final de la visita domiciliaria o el oficio de observaciones, se les impondrá una multa equivalente al 20% del monto de la deducción adicional aplicada indebidamente.

En caso de que los patrones infractores corrijan la aplicación indebida de la deducción adicional después de que se le notifique el acta final de la visita domiciliaria o el oficio de observaciones, pero antes de la notificación de la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas, se impondrá una multa equivalente al 30% de la deducción adicional aplicada indebidamente.

II. Cuando se trate de las infracciones a que se refieren las fracciones I y V del artículo 11 de la presente Ley, además de la sanción prevista en la fracción inmediata anterior, el patrón perderá de forma definitiva su derecho a aplicar la deducción adicional a que se refiere la presente Ley.

Lo dispuesto en la presente fracción también será aplicable a aquellos patrones que reincidan en la comisión de las infracciones previstas en el artículo 11 de la presente Ley.

III. Sin perjuicio de lo previsto en las fracciones I y II del presente artículo, el patrón infractor deberá presentar su declaración complementaria del ejercicio en que haya aplicado indebidamente la deducción adicional, sin considerar para efectos de la determinación del impuesto a su cargo dicha deducción y pagar el impuesto correspondiente debidamente actualizado y con los recargos que le correspondan.

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La presente ley tendrá una vigencia de 3 años contados a partir de la entrada en vigor de la misma. No obstante lo anterior, quienes durante la vigencia de la presente establezcan puestos de nueva creación para ser ocupados por trabajadores de primer empleo, tendrán el beneficio a que se refiere esta ley hasta por el periodo de 36 meses, conforme a lo previsto por el artículo 4 de la misma, aún cuando la presente ya no se encuentre vigente.

Tercero. El monto máximo de la deducción adicional a que se refiere la presente ley se disminuirá en un 25% a partir del segundo año de vigencia de la presente ley.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 9 de septiembre de 2010.

Senadores: Manlio Fabio Beltrones Rivera, Alfonso Elías Serrano, Renán Cleominio Zoreda Novelo, Adolfo Toledo Infanzón, Heladio Elías Ramírez López, Margarita Villaescusa Rojo, Norma Esparza Herrera, Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (rúbricas).