- De la Junta de Coordinación Política, relativo a la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público para que dé cuenta de las iniciativas que comprenden el paquete económico del ejercicio fiscal de 2011
- De la Junta de Coordinación Política, relativo a las comparecencias en comisiones de funcionarios del Ejecutivo federal para el análisis del cuarto Informe de Gobierno del presidente de la República, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
- De la Secretaría de Gobernación, con el que remite respuesta a las observaciones del Congreso de la Unión respecto al decreto por el que se ratifica la Estrategia Nacional de Energía
- De la Secretaría de Gobernación, siete con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados
- De la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el inciso b) de la fracción IV del artículo 22 de la Ley Federal de Derechos, presentada por Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del PRD
- De la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por Jorge Andrés Ocejo Moreno, del Grupo Parlamentario del PAN
- De la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona uno quinto al artículo 4o. B de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PRD
- De la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a considerar y etiquetar en el marco del análisis, la discusión, la modificación y la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 la cantidad de 550 millones de pesos para construir y equipar el hospital general de Campeche, presentada por Sebastián Calderón Centeno, del Grupo Parlamentario del PAN
- De la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 el otorgamiento de mayores recursos a la educación náutica, presentada por Sebastián Calderón Centeno, del Grupo Parlamentario del PAN
- De la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 asignaciones suficientes para que el Servicio Meteorológico Nacional corrija las fallas detectadas por la Organización Meteorológica Mundial, presentada por Sergio Álvarez Mata, del Grupo Parlamentario del PAN
- De la Cámara de Senadores, con el que remite acuerdo aprobado por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que considere en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 una partida de 375 millones de pesos destinada al organismo de cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua para realizar obras que permitan mitigar los daños por inundaciones en municipios y comunidades de la cuenca del río Papaloapan, en Veracruz
- De la Cámara de Senadores, con el que remite acuerdo aprobado por el que esa soberanía exhorta a la Cámara de Diputados, reiterando la excitativa a la Comisión de Gobernación, a fin de que emita el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley General de Protección Civil
De la Secretaría de Cultura del Distrito Federal
Diputados Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados
PresentesLa Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, ha programado la ceremonia cívica de izamiento de Bandera a media asta en honor a los caídos en los sismos ocurridos en el Distrito Federal el 19 de septiembre de 1985, el domingo 19 de septiembre a las 7:19 horas, en el asta ubicada en la Plaza de la Solidaridad, avenida Juárez y Balderas, centro histórico, delegación Cuauhtémoc.
Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes, los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Licenciada Guadalupe Lozada León
Coordinadora
De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
México, DF, a 10 de septiembre de 2010.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
PresenteHago referencia al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, entregado a la Cámara de Diputados el ocho de septiembre del presente año. Al respecto, le informo que resulta necesario realizar las precisiones siguientes, habida cuenta que de conformidad con la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y con los criterios generales de política económica presentados a esa soberanía con el paquete de referencia, el déficit público presupuestario propuesto para el ejercicio fiscal de 2011 es de $42,176,000,000.00. Lo anterior, para los efectos del artículo 2, párrafo segundo, del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011.
Asimismo, en los numerales 4.4 y 6.2. de la Exposición de Motivos, las cifras que aparecen en los cuadros denominados “Gasto Programable en Clasificación Económica, 2006-2010” y “Gasto Programable en Clasificación Económica”, respectivamente, se encuentran expresadas exclusivamente en “millones de pesos”.
Tomando en cuenta lo anterior, respetuosamente me permito hacerle llegar las precisiones antes referidas, a efecto de que por su amable conducto sean remitidas a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de esa honorable Cámara de Diputados, con el propósito de que sean consideradas en el proceso de análisis y aprobación del proyecto de que se trata.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Ernesto Javier Cordero Arroyo (rúbrica)
Secretario de Hacienda y Crédito Público
De la Junta de Coordinación Política, relativo a la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público para que dé cuenta de las iniciativas que comprenden el paquete económico del ejercicio fiscal de 2011
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y para dar cumplimiento a lo señalado en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes
Considerandos
I. Que el día 8 de septiembre del presente año el Ejecutivo federal remitió a la Cámara de Diputados el paquete económico que incluye la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, con las que se dio cuenta al pleno en su sesión del 9 de septiembre, mismas que habrán de ser objeto de estudio y dictamen durante el actual periodo de sesiones.
II. Que el 8 de septiembre de 2010 la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos determinó, en el marco de las atribuciones que le confiere el artículo 38, numeral 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer el programa legislativo de los períodos de sesiones, que la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, con objeto de dar cuenta del paquete económico para el ejercicio fiscal de 2011, se celebre el día 14 de septiembre del año en curso, a las 11:00 horas.
III. Que la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara; por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar los acuerdos, para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le competen.
IV. Que en términos de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el secretario de despacho correspondiente debe comparecer a dar cuenta de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011.
Por lo anteriormente expuesto, la Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno el siguiente
Acuerdo
Primero. Con la finalidad de dar cumplimiento a la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se cita a comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados, al Secretario de Hacienda y Crédito Público, maestro Ernesto Cordero Arroyo, el 14 de septiembre de 2010, a las 11:00 horas.
Segundo . El funcionario compareciente rendirá ante el pleno protesta de decir verdad, como señala el artículo 69 de la Constitución Política.
Tercero. El formato de la comparecencia será el siguiente:
I. Presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, por parte del Secretario de Hacienda y Crédito Público, hasta por 15 minutos.
II. Posicionamiento de los grupos parlamentarios hasta por 10 minutos cada uno en orden ascendente.
III. Habrá dos rondas de preguntas-respuesta-comentario, con el siguiente orden de intervenciones de los grupos parlamentarios:
Primera ronda: GP Convergencia, GP Nueva Alianza, GPPT, GPPVEM, GPPRD, GPPAN, GPPRI.
Segunda ronda: GP Convergencia, GP Nueva Alianza, GPPT, GPPVEM, GPPRD, GPPAN, GPPRI.
IV. Las intervenciones se desarrollarán de la forma siguiente:
• Pregunta de cada grupo parlamentario, hasta por 7 minutos.
• Respuesta del secretario del ramo, hasta por 7 minutos.
• Comentario del grupo parlamentario, hasta por 3 minutos.
Cuarto. En términos del artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva que realice la notificación correspondiente al Ejecutivo federal.
Quinto. Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2010.
Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica)
Presidenta y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Diputado Reyes Tamez Guerra (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
De la Junta de Coordinación Política, relativo a las comparecencias en comisiones de funcionarios del Ejecutivo federal para el análisis del cuarto Informe de Gobierno del presidente de la República, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 7, numeral 4, 33 y 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes
Considerandos
I. Que el pasado 1 de septiembre de 2010 el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos entregó al Congreso de la Unión su IV Informe de Gobierno, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
II. Que el numeral 4 del artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que las Cámaras analizarán el informe presentado por el Presidente de la República, clasificándose por materias: en política interior, política económica, política social y política exterior.
III. Que en el marco de lo dispuesto por los artículos 69 y 93 Constitucionales, para efectos del análisis del Informe de Gobierno, cada Cámara podrá citar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República y a los directores de las entidades paraestatales, así como para que den cuenta del estado que guardan sus respectivos ramos.
IV. Que de acuerdo con los artículos 33 y 34 de la propia Ley Orgánica, la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara de Diputados y el órgano en el que se impulsan los entendimientos y convergencias políticas a fin de alcanzar los acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. De igual manera, tiene la atribución de presentar puntos de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones.
V. Que la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, en su reunión celebrada el día 8 de septiembre de 2010, acordó que las comparecencias de los servidores públicos del Ejecutivo federal, con motivo del análisis del IV Informe de Gobierno, se llevarán a cabo en el seno de las comisiones.
VI. Que la Cámara de Diputados ha iniciado en su sesión del 9 de septiembre de 2010, el análisis del IV Informe de Gobierno del Presidente de la República.
Sin embargo, con el ánimo de profundizarlo y establecer un diálogo constructivo entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, esta Junta de Coordinación Política ha considerado pertinente citar a comparecer a los titulares de diversas dependencias de la administración pública, para conocer del estado de sus respectivos ramos.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 7 numeral 4, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del pleno el siguiente
Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados acuerda celebrar en el seno de sus comisiones, las comparecencias de los servidores públicos del Ejecutivo federal, a efecto de realizar el análisis del IV Informe de Gobierno del Presidente de la República, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 4 del artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y dentro del marco regulado por los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. Las comparecencias que deberán celebrarse son las siguientes:
Tercero. Para los efectos de estas comparecencias se deberán cumplir las formalidades establecidas en la Constitución con objeto de que los funcionarios rindan la protesta respectiva.
Cuarto. Las comparecencias se desarrollarán conforme al siguiente formato:
I. Intervención inicial por parte del funcionario compareciente hasta por 10 minutos.
II. Habrá rondas de preguntas y respuestas sucesivas por parte de los grupos parlamentarios.
III. En la primera ronda, la intervención de los grupos parlamentarios será de hasta por diez minutos cada una, las sucesivas serán hasta por cinco minutos.
El secretario contará con cinco minutos para sus respuestas.
Los grupos parlamentarios, contarán con cinco minutos para hacer comentarios sobre las respuestas a las preguntas realizadas.
IV. La mesa directiva o mesas directivas involucradas, al final de las rondas establecidas consultarán si el objeto motivo de la comparecencia se encuentra suficientemente desahogado. De ser así, se dará por concluida la comparecencia.
V. El presidente de la comisión o comisiones podrá llamar al orden, y exhortar a los diputados a avocarse al tema motivo de la comparecencia.
Quinto. Se determina que podrán participar en las comparecencias con derecho de voz, los diputados que designe cada grupo parlamentario aun cuando no formen parte de los órganos legislativos involucrados, en cuyo caso, deberá notificarse con la debida anticipación a la presidencia de la o de las comisiones respectivas, los nombres de los participantes, y éstos se sujeten a los procedimientos e intervenciones establecidos.
Sexto. En los casos en los que se presenten solicitudes de preguntas por escrito en los términos de los artículos 69 y 93 constitucionales, las comisiones deberán informarlo a la Junta de Coordinación Política, a efecto de que dicho órgano defina lo conducente.
Séptimo. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que haga del conocimiento del Ejecutivo federal los términos del presente acuerdo, a efecto de que se notifique a los secretarios correspondientes.
Octavo. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.
Transitorio
Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2010.
Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica)
Presidenta y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Diputado Reyes Tamez Guerra (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
De la Secretaría de Gobernación, con el que remite respuesta a las observaciones del Congreso de la Unión respecto al decreto por el que se ratifica la Estrategia Nacional de Energía*
México, DF, a 8 de septiembre de 2010.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente
Por este conducto hago de su conocimiento que mediante oficio número SPEDT/200.425.10, el licenciado Carlos Petersen y vom Bauer, subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía, envía respuesta a las observaciones del honorable Congreso de la Unión al decreto por el que se ratifica la estrategia nacional de energía.
Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le acompaño para los fines procedentes copia del oficio al que me he referido y de su anexo, en forma impresa y medio magnético.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rubrica)
* 
Estrategia Nacional de Energía 2010-2024
México, DF, a 8 de septiembre de 2010.
Maestro Julián Hernández Santillán
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
PresenteHago referencia al atento oficio número SEL/300/238/10, de esa Subsecretaría a su digno cargo, dirigido a la secretaria de Energía, mediante el cual hace de su conocimiento la aprobación del honorable Congreso de la Unión del decreto por el que se ratifica la estrategia nacional de energía y remite copia del documento antes mencionado, así como de las observaciones del Poder Legislativo y su expediente, a efecto de dar cumplimiento a lo solicitado en éste.
Sobre el particular, tomando en consideración que el decreto de mérito fue publicado con esta fecha en el Diario Oficial de la Federación, y con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, adjunto al presente me permito enviarle las respuestas de la Secretaría de Energía a dichas observaciones, a fin de que, de considerarlo pertinente, se sirva enviarlas a los presidentes de las Mesas Directivas de ambas Cámaras. Asimismo, me permito solicitarle sea el amable conducto para informarles que la estrategia nacional de energía, las observaciones del honorable Congreso de la Unión y las respuestas adjuntas están disponibles en la página de Internet de esta secretaría.
Agradeciendo de antemano las atenciones que se sirva brindar al presente, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Carlos Petersen y vom Bauer (rubrica)
Subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico
De la Secretaría de Gobernación, siete con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados
México, DF, a 9 de septiembre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
PresentesEn respuesta del oficio número DGPL 61-II-1-0461, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Carlos Samuel Moreno Terán, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número DEP-1385/10, suscrito por Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al trámite de visa estadounidense.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rubrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 6 de septiembre de 2010.
Julián Hernández Santillán
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Por instrucciones de la secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, y con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y con arreglo a las facultades de la subsecretaría a su digno cargo, me permito hacerle llegar los elementos de respuesta a los puntos de acuerdo aprobados en sesiones celebradas el 6 y el 20 de abril, los cuales remitió para nuestra atención con los oficios número SEL/ UEL/ 311/ 1046/ 10 y SEL/ UEL/ 311/ 1514/ 10, relativos a la devolución de pago de derechos de quienes no aplicaron la visa estadounidense, que a continuación se describen:
• Cámara de Diputados
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar las negociaciones necesarias con las autoridades competentes del gobierno de Estados Unidos de América para que sea reembolsable el monto que se paga por la visa cuando ésta no se otorgue.
Segundo. Se solicita a la delegación que asistirá a la XLIX Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, por celebrarse en junio de 2010, que realice las gestiones necesarias a fin de que este tema sea incluido en la agenda de la reunión.
• Congreso de Hidalgo
Primero. Los diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo exhortamos al titular del Poder Ejecutivo federal y al Senado de la República a gestionar, mediante los conductos legales correspondientes, ante las autoridades consulares estadounidenses la devolución del pago de derechos de quienes no aplicaron y, por tanto, no obtuvieron el documento visa láser.
Segundo. A efecto de lo anterior, envíese oficio al titular del Poder Ejecutivo federal, anexando copia del presente acuerdo para los efectos precisados.
Tercero. Asimismo, envíese oficio al Senado de la República, anexando copia del presente acuerdo para los efectos mencionados.
Lo anterior, para que por su atento y gentil conducto se haga llegar a la Cámara de Diputados y al Congreso de Hidalgo, y cuando así lo estime pertinente, el envío de las notas adjuntas que contienen los elementos de respuesta.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi más alta consideración.
Atentamente
Betina Claudia Chávez Soriano (rubrica)
Directora General de Coordinación Política
Respuesta a proposición con punto de acuerdo
Cámara de Diputados
La Secretaría de Relaciones Exteriores ha tomado nota con interés del punto de acuerdo citado en antecedentes y ha sostenido consultas con la Embajada de Estados Unidos de América sobre el particular.
Al respecto, la embajada ha señalado que los derechos impuestos al trámite de solicitud de visa están previstos en las leyes de ese país y no responde a una decisión administrativa de la propia embajada. Toda persona que solicita una visa para Estados Unidos de América, en cualquier parte del mundo, está obligada a pagar dichos derechos, salvo las excepciones previstas en la propia ley.
El cobro de esos derechos no es reembolsable en tanto que, de conformidad con las leyes de Estados Unidos de América, corresponde a la realización del trámite, independientemente de su resultado. Es decir, si la solicitud de visa fuera denegada y el peticionario decidiera iniciar nuevamente el trámite, sería necesario que pagase de nuevo los derechos, toda vez que se trataría de un nuevo trámite.
La autoridad estadounidense puntualiza que cualquier modificación de la estructura de cobro por derechos y de los procedimientos de emisión de visa requeriría cambios del marco regulatorio aplicable, sin descartar modificaciones de leyes federales en materia de presupuesto e inmigración.
La secretaría seguirá insistiendo a la embajada sobre la posibilidad de revisar los criterios aplicables a los derechos cobrados por la emisión de visas.
México, DF, a 8 de septiembre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
PresentesEn respuesta del oficio número DGPL 61-II-9-0895, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Jaime Arturo Vázquez Aguilar, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número DEP-1385/ 10, suscrito por Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cual responde el punto de acuerdo relativo a la ayuda humanitaria brindada por el gobierno de México a Chile.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 2 de septiembre de 2010.
Licenciado Julián Hernández Santillán
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría De Gobernación
PresentePor instrucciones de la secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, y con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de la SRE y con arreglo a las facultades de la subsecretaría a su digno cargo, me permito hacerle llegar los elementos de respuesta al punto de acuerdo, aprobado en sesión del 2 y de marzo del año en curso, relativo a la ayuda humanitaria brindada por el gobierno de México a Chile con motivo del terremoto ocurrido el pasado 27 de abril, que a continuación se describe:
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se solidariza con el pueblo y el gobierno de Chile ante los trágicos acontecimientos causados por el reciente terremoto y expresa sus condolencias por la pérdida de vidas humanas.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos hace un llamado a la comunidad internacional para prestar ayuda humanitaria a Chile.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta al gobierno mexicano para que, a través de las instituciones nacionales de salud, asistencia social y demás que sean necesarias en esta situación de urgencia, acudan en auxilio de la población chilena.
Lo anterior, para someter a su atenta consideración y cuando así lo estime pertinente el envío de la información adjunta a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por dicho conducto.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi más alta consideración.
Atentamente
Betina Claudia Chávez Soriano (rúbrica)
Directora General de Coordinación Política
Ayuda humanitaria brindada por el gobierno de México al de Chile
El 27 de febrero del año en curso, por motivo de la ocurrencia de un terremoto de magnitud de 8.8 grados Ríchter en Chile, el gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó solidaridad y condolencias, al tiempo que indicó que estaba en la disposición de brindar apoyo al gobierno y al pueblo de Chile que vive en situación de urgencia.
El 1 de marzo, el gobierno de Chile solicitó formalmente el apoyo de la comunidad internacional. En el caso de México, envió una nota diplomática a la Secretaría de Relaciones Exteriores formalizando una petición de ayuda con la siguiente lista de necesidades de urgencia:
• Puentes mecánicos
• Hospitales de campaña con capacidad quirúrgica
• Teléfonos satelitales
• Equipos electrógenos
• Sistema de evaluación de daños estructurales
• Sistema de purificación de aguas salinas
• Albergues de campaña
• Centros de diálisis autónomos
• Comedores mecánicos
Ante esa petición, el Sistema Nacional de Protección Civil acordó que el gobierno de México haría un primer envío de ayuda humanitaria el 3 de marzo mediante el envío de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, el cual transportó a una misión, formada por 8 técnicos con sus equipos en evaluación de estructuras, 1 persona de apoyo de la Sedena, 1 funcionario de la Secretaría de Gobernación encargados de la logística de la misión y 1 persona de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dicho vuelo transportó una carga de 3 toneladas, consistentes en 20 cunetas de cloro. 100 cajas de plata coloidal y 600 pruebas para calidad del agua.
El 10 de marzo, en la visita a Chile de la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa entregó en donación 15 teléfonos satelitales, requeridos por el gobierno chileno.
La cancillería ha propuesto que un equipo de especialistas mexicanos colabore en el rescate del patrimonio cultural chileno afectado por el movimiento telúrico, a través del Fondo de Cooperación México-Chile.
Una misión del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, formado por 8 ingenieros, viajó el 10 de marzo a Santiago a fin de realizar una visita de apoyo, observación y estudio en la zona de daños provocados por el sismo.
Se prevé que una segunda misión de especialistas mexicanos expertos en evaluación de estructuras viaje a Chile, en el transcurso de la tercera semana de marzo, en respuesta de la petición de apoyo formulada por el alcalde de Santiago a la canciller Patricia Espinosa durante su estancia en esa nación sudamericana.
El gobierno de Chile ha expresado su agradecimiento al de México por la ayuda humanitaria proporcionada ante la urgencia ocasionada por el terremoto.
México, DF, a 8 de septiembre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
PresentesEn respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-11-3-499 signado por los diputados José de Jesús Zambrano Grijalva y Jaime Arturo Vázquez Aguilar, vicepresidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 1121/ 00003952 suscrito por el licenciado Wilehaldo Cruz Bressant, Titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en el se menciona, mediante los cual responde el punto de acuerdo relativo al Programa de Desarrollo Institucional Ambiental.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)
Titular de la Unidad
México, DF, a 7 de septiembre de 2010.
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
PresenteDoy respuesta a su oficio SEL/UEL/ 311/1269/10, mediante el cual se hace del conocimiento para la atención de esta secretaría, el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en sesión celebrada el día 27 de abril del presente año, en el que solicita:
“Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que analice los estudios externos realizados para evaluar el Programa de Desarrollo Institucional Ambiental y determine si para 2009, se están cumpliendo las metas para tal efecto se hayan establecido en su plan estratégico, así como, para que publique los avances de gestión financiera faltantes, referentes a los subsidios autorizados”.
Sobre el particular sírvase encontrar anexo al presente copia del oficio número DFID/21/2010 de fecha 1 de septiembre del presente, signado por la maestra Carmina Contreras Morett, directora de Fortalecimiento Institucional y Descentralización está dependencia mediante el cual remite la información en respuesta al punto de acuerdo referido.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.
Atentamente
Licenciado Wilehaldo Cruz Bressant
Titular de la Unidad
México, DF, a 1 de septiembre de 2010.
Para: Licenciado Wilehaldo Cruz Bressant
Titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos
De: Maestra Carmina Contreras Morett
Directora de Fortalecimiento Institucional
Asunto: Información sobre el Programa de Desarrollo Institucional Ambiental
Con relación a su solicitud, del pasado 23 de agosto, referente al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respecto del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental, envío en forma anexa los indicadores con lo que cuenta el citado programa, mismos que se encuentran disponibles en la página de la SemarnaT, cuya dirección electrónica actual es: http://www.semarnat.gob.mx/programassubsidios/ programas/pdia/Paginas/iniciopdia.aspx
Atentamente
Maestra Carmina Contreras Morett (rúbrica)
Programa de Desarrollo Institucional Ambiental
Indicadores
Índice de la capacidad institucional
Este elemento fue utilizado para conocer en qué medida se alcanzaron los objetivos del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PDIA), para el cual se consideró indispensable contar con los siguientes componentes:
a) Un marco normativo adecuado para el ejercicio de las atribuciones en materia ambiental
b) Recursos humanos calificados y en la cantidad adecuada, para atender la demanda de trámites ambientales;
c) Una estructura administrativa adecuada para’ lograr una gestión ambiental de calidad;
d) Procedimientos documentados adecuados para la atención y desahogo de los trámites ambientales;
e) Una infraestructura operativa para acercar la atención a la ciudadanía;
f) Información tecnológica suficiente para la ejecución de las tareas de análisis propias de la gestión ambiental.
Índice global de aprovechamiento del subsidio
Su objetivo ha sido medir en qué grado se ha aprovechado el subsidio federal en conceptos que’ contribuyeran a fortalecerla capacidad institucional de las autoridades ambientales estatales.
Conforme se avanzó en el proceso de conocimiento de los diferentes aspectos la estimación del índice global de aprovechamiento del subsidio (IGAS) se redefinió hacia la revisión y análisis de los expedientes que contienen la información del ejercicio del gasto del PDIA y la contra parte estatal durante los distintos periodos y se encontró que los diferentes conceptos de gasto podían agregarse en cuatro grupos.
Grupo 1. Conceptos de gasto que contribuyen a fortalecer la capacidad institucional de las, autoridades ambientales estatales: estudios legislativos; estudios administrativos; capacitación especializada; y estudios técnicos.
Grupo 2. Conceptos de, gasto que constituyen herramientas básicas para la .gestión ambiental: equipo especializado; y software especializado.
Grupo 3. Conceptos de gasto que constituyen herramientas de productividad: desarrollo de aplicaciones informáticas; equipo informático; equipo de radiocomunicación; capacitación informática; y equipo audiovisual.
Grupo 4. Conceptos de gasto complementario: equipo de oficina; vehículos; y remodelación o ampliación de oficinas.
Dada la naturaleza de cada uno de estos grupos de gasto, a cada uno de ellos se le asigna un nivel de prioridad o jerarquía diferente.
México, DF, a 6 de septiembre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
PresentesEn respuesta del oficio número DGPL 61-II-9-1375, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Georgina Trujillo Zentella, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número DEP-1381 110, suscrito por Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a las medidas antiinmigrantes.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 2 de septiembre de 2010.
Julián Hernández Santillán
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Por instrucciones de la secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, y con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y con arreglo a las facultades de la subsecretaría a su digno cargo, me permito hacerle llegar los elementos de respuesta al punto de acuerdo aprobado en sesión celebrada el 28 de abril, el cual remitió para nuestra atención con el oficio número SEL/ UEL/ 311/ 1296/ 10, de fecha 29 de abril, relativo a diversas medidas antiinmigrantes incluidas en el proyecto presupuestal para 2011, que a continuación se describe:
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a expresar a su similar del gobierno de Estados Unidos de América un enérgico rechazo y sentida preocupación ante las diversas medidas antiinmigrantes incluidas en el proyecto presupuestal para 2011, enviado por la Casa Blanca en fechas recientes al Congreso de aquella nación.
Segundo. La Cámara de Diputados ratifica su intención de ampliar los mecanismos de diálogo parlamentario entre México y Estados Unidos de América, con la finalidad de intercambiar opiniones acerca de la situación que vive nuestra población indocumentada radicada en aquel país, así como los efectos que podría tener la aprobación del plan presupuestal referido, así como de otras disposiciones de claro perfil antiinmigrante aprobada en Estados Unidos de América sobre nuestros paisanos.
Lo anterior, para que por su atento y gentil conducto se haga llegar a la Cámara de Diputados, y cuando así lo estime pertinente, el envío de la nota adjunta que contiene los elementos de respuesta.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi más alta consideración.
Atentamente
Betina Claudia Chávez Soriano (rúbrica)
Directora General de Coordinación Política
Respuesta a proposición con punto de acuerdo
Cámara de Diputados
La Secretaría de Relaciones Exteriores comparte con la Cámara de Diputados la preocupación por la eventual adopción en Estados Unidos de medidas que pudieran ir en detrimento de los derechos y legítimos intereses de los mexicanos que ahí radican.
En ese sentido, reitera a esa soberanía su disposición a seguir defendiendo los intereses nacionales de México y de nuestros connacionales, a la vez que continuará desplegando toda su capacidad y mejores esfuerzos para ofrecerles los apoyos institucionales y la protección consular que requieran.
Asimismo, esta secretaría transmitirá por los conductos diplomáticos apropiados la preocupación expresada en el punto de acuerdo de referencia.
México, DF, a 6 de septiembre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
PresentesEn respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-11-9-1175 signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Jaime Arturo Vázquez, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DEP-1377/10 suscrito por Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como el anexo que en el se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a las remesas de los trabajadores migrantes mexicanos.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Licenciada José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)
Titular de la Unidad
México, DF, a 1 de septiembre de 2010.
Licenciado Julián Hernández Santillán
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
PresentePor instrucciones de la secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, y con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de la SRE, y en cumplimiento de las facultades de la subsecretaría bajo su digno cargo, me permito hacerle llegar los elementos de respuesta al punto de acuerdo aprobado en la sesión del 8 de abril del año en curso, relativo a las remesas de los trabajadores migrantes mexicanos, que a continuación se describe:
“Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal a fin de que, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presente ante el gobierno de Estados Unidos de América, una queja formal y enérgica por el gravamen que algunos estados de esa nación, pretenden imponer a las remesas de los migrantes mexicanos a nuestro país; solicite al gobernador del estado de Oklahoma que intervenga para que se eliminen las comisiones aplicadas a dichas remesas desde el año pasado en aquella entidad; asimismo promueva una suspensión de compras gubernamentales de cualquier producto proveniente de aquel Estado y de los que pretendieran promover la referida medida”.
Lo anterior, para someter a su atenta consideración y cuando así lo estime pertinente, el envío de la información adjunta a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por dicho conducto.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi más alta consideración.
Atentamente
Betina Claudia Chávez Soriano
Directora General
Elementos de respuesta al punto de acuerdo relativo a las remesas de los trabajadores migrantes mexicanos
• La Ley Drug Money Laundering and Wire Transmitter Act (HB2250) fue propuesta por el representante Randy Terrill y respaldada por el senador Anthony Sykes, como una acción dirigida al combate al narcotráfico y al crimen organizado.
• La sección de la ley que contiene las provisiones que afectan el envío de dinero en efectivo, representa sólo una parte menor del texto.
• Si bien esta ley generaría un aumento a las comisiones que cobren las compañías de envío de dinero a México, la Comisión Estatal de Recaudación Fiscal de Oklahoma ha confirmado que los envíos a través de cuentas bancarias están exentos de pagar estas cuotas.
Cabe señalar que los bancos de Oklahoma aceptan la matrícula consular como identificación válida para la apertura de una cuenta.
• Nuestro Consulado en Little Rock, Arkansas, cuya circunscripción abarca al estado de Oklahoma, realizará las acciones de difusión pertinentes, a fin de mantener informada a la población mexicana residente en esa entidad sobre la mejor opción para enviar sus remesas a México.
• Asimismo, esta cancillería ha instruido al cónsul de México en Little Rock, para que realice gestiones ante las autoridades estatales competentes, a fin de dar cumplimiento al punto de acuerdo anteriormente mencionado.
• Respecto del planteamiento de promover una suspensión de compras gubernamentales provenientes de Oklahoma, la Subsecretaría para América del Norte ha transmitido la solicitud a las autoridades competentes en las Secretarías de Economía y Hacienda y Crédito Público.
• Finalmente, la Cancillería ha transmitido al gobierno de Estados Unidos de América, por medio de la Embajada estadounidense, la preocupación del Congreso del Estado de Zacatecas en torno a la ley que nos ocupa.
México, DF, a 6 de septiembre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
PresentesEn respuesta del oficio número DGPL 61-II-9-0896, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y María Dolores del Río Sánchez, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 1.3.- 293/ 2010, suscrito por el doctor Amado Crotte Alvarado, encargado del despacho de la Coordinación de Asesores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los recursos necesarios para los 30 municipios afectados en Guerrero.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 20 de agosto de 2010.
José Alfredo Labastida Cuadra
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
PresenteMe refiero a su oficio número SEL/ UEL/ 311/ 636/ 10, de fecha 3 de marzo de 2010, mediante el cual remite a esta secretaría copia del punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 2 de marzo del presente año, en el cual exhorta al presidente de la República a efecto de que, a través de las Secretarías de Desarrollo Social, de Comunicaciones y Transportes, y de Salud, en coordinación con las autoridades estatales y las municipales de Guerrero, se facilite la entrega inmediata y transparente de los recursos necesarios para la rehabilitación de los caminos afectados y dañados en 30 municipios de esa entidad federativa.
Sobre el particular, hago de su conocimiento que el gobierno de Guerrero solicitó la autorización de recursos del Fonden, por lo que una vez que se liberó la inversión correspondiente, el gobierno de Guerrero, a través de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero, rehabilita los caminos afectados en 30 municipios.
En virtud de lo anterior, le comento que en este caso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no tiene participación en el ejercicio de los recursos del Fonden, ni la ejecución de los trabajos de rehabilitación de los caminos afectados en dichos municipios.
Aprovecho la oportunidad de enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Doctor Amado Crotte Alvarado (rúbrica)
Encargado del Despacho de la
Coordinación de Asesores
México, D.F., a 6 de septiembre de 2010
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-0818, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y María Dolores del Río Sánchez, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 1.3.-292/2010, suscrito por el doctor Amado Crotte Alvarado, encargado del despacho de la Coordinación de Asesores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al registro de los caminos rurales y de las carreteras alimentadoras de las entidades federativas.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 20 de agosto de 2010.
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Presente
Me refiero a su atento oficio SEL/UEL/31l/600/10, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el día 25 de febrero de 2010, que a continuación se transcribe:
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a ampliar el plazo establecido en el artículo transitorio decimo quinto del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes den ingreso y trámite a las solicitudes de registro ya presentadas por los Estados a los Centros SCT, y a su vez informen cuántos proyectos han sido validados e ingresados formalmente al proceso de registro.
Sobre el particular, adjunto al presente se envía la información proporcionada por la Subsecretaría de Infraestructura la cual contiene las obras tramitadas a solicitud de los gobiernos estatales.
Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Doctor Amado Crotte Alvarado (rúbrica)
Encargado del Despacho de la
Coordinación de Asesores de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes
De la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el inciso b) de la fracción IV del artículo 22 de la Ley Federal de Derechos, presentada por Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del PRD
México, D. F., a 7 de septiembre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el inciso b) de la fracción IV del artículo 22 de la Ley Federal de Derechos.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, la cual se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
El suscrito, Tomás Torres Mercado, senador a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el inciso b) de la fracción IV del artículo 22 de la Ley Federal de Derechos, con la siguiente:
Exposición de Motivos
Millones de hermanos mexicanos que viven hoy en Estados Unidos en busca de las oportunidades de empleo y desarrollo que les fueron negadas en nuestro país, enfrentan una de las embestidas anti inmigrantes más obscurantistas de las que se tenga memoria.
El incremento de los ataques xenófobos contra connacionales; el fortalecimiento de iniciativas de grupos paramilitares en la frontera como el proyecto Minuteman y la aprobación de leyes racistas como la tristemente célebre Ley Arizona SB 1070 o Support Our Law Enforcement and Safe Neighborhoods Act, dan testimonio de ello.
Ante este escenario, el gobierno mexicano está obligado a desplegar una estrategia integral para salvaguardar los derechos de los mexicanos en el exterior. Sobre todo, resulta urgente robustecer los mecanismos de protección consular y facilitar el acceso de nuestros connacionales a servicios como el de la matrícula consular.
La matrícula consular es un documento oficial emitido por el gobierno mexicano para registrar a sus ciudadanos en el exterior y la historia de este certificado se remonta a 1871. Además de servir como registro oficial, la matrícula consular mexicana se utiliza como documento de identificación para los mexicanos en el exterior, por ejemplo, ante oficinas de gobiernos estatales y departamentos de policía; para abrir cuentas bancarias e inscribirse en bibliotecas públicas; y en algunos estados, para tramitar la licencia de manejo. De hecho, permite el acceso a un sinnúmero de trámites comunes en países como Estados Unidos. También constituye un mecanismo útil para mantener la comunicación entre el mexicano que vive en el exterior y su familia que reside en México, a través del consulado.
Es evidente que la matrícula consular no regulariza el estatus migratorio de una persona o impide la aplicación de leyes migratorias específicas, pero al ser un documento de identidad reconocido en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares representa una herramienta fundamental para la vida cotidiana de los migrantes mexicanos y para el ejercicio de sus derechos.
Quizá más importante aún es que la matrícula es el único documento de identificación con el que pueden contar millones de mexicanos residentes en el extranjero al regresar a sus comunidades de origen en México.
El problema con el que se enfrentan muchos de nuestros paisanos que viven en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, es que el certificado de matrícula consular tiene un costo, que en situaciones de crisis como la actual puede resultar oneroso.
En nuestra opinión, la expedición de este certificado debe ser parte de los servicios gratuitos que prestan nuestros consulados y debe estar financiado vía presupuesto ordinario. En este contexto, a través de la presente iniciativa proponemos derogar el inciso b) de la fracción IV del artículo 22 de la Ley Federal de Derechos para eliminar el pago correspondiente.
Estamos seguros que una acción de este tipo redundará en enormes beneficios para nuestros migrantes.
Finalmente, es importante señalar que ningún esfuerzo en pro del respeto de los derechos de nuestros connacionales en Estados Unidos será efectivo si antes no garantizamos esos derechos a los hermanos migrantes de centro y Sudamérica que se ven forzados a atravesar nuestro país para llegar al norte.
Recordemos: toda lucha justa es, ante todo, una lucha moral. Y si somos capaces de evitar sucesos como la bestial masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, estaremos condenados a la derrota.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta asamblea el siguiente
Proyecto de Decreto
Único. Se deroga el inciso b) de la fracción IV del artículo 22 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:
Artículo 22. Los derechos por la prestación de servicios consulares se pagarán como sigue:
I. a III. ...
IV. Expedición de certificados de:
a) ...
b) Se deroga
V. ...
...
...
Transitorios
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones del Senado de la República, a los 7 días del mes de septiembre de 2010.
Senadores: Tomás Torres Mercado, Adriana González Carrillo, María Rojo e Incháustegui, Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbricas).
De la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por Jorge Andrés Ocejo Moreno, del Grupo Parlamentario del PAN
México, DF, a 9 de septiembre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jorge Andrés Ocejo Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
La Presidencia dispuso que dicha Iniciativa, la cual se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Exposición de Motivos
Antecedentes
A partir del 1 de febrero de 2010, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comenzó a retener el impuesto sobre la renta a las pensiones cuyo monto diario excede de nueve veces el salario mínimo general del área geográfica de donde vive el pensionado.
Esta disposición está contenida en la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y está vigente a partir del año de 1979, es decir, que desde hace más de treinta años, el Instituto Mexicano del Seguro Social no efectuó la retención del impuesto sino hasta el presente año, arguyendo razones técnicas para su aplicación..
Debemos señalar, según datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que la medida afecta a más de 220 mil pensionados, pues son aquéllos que perciben por este concepto un monto superior a nueve veces el salario mínimo.
De acuerdo a la tarifa señalada en el artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las pensiones están gravadas entre 1.92 y poco menos de 30 por ciento, lo cual evidentemente causa un efecto negativo en la economía de un importante número de ciudadanos que habiendo terminado su vida laboral y cumplido con sus cotizaciones en los Institutos de Seguro Social, ya no perciben ningún salario y tienen acreditado su derecho a la pensión.
El inicio de la aplicación de esta disposición, fue aún más doloroso para los pensionados, pues las instituciones de seguridad social, intentaron implementarla desde el primer día del año 2010, pero al no estar listo operativamente pospuso su aplicación hasta el primer día de febrero, razón por lo cual la retención del impuesto en esta primera ocasión correspondió a los meses de enero y febrero, ocasionando que el descuento a las pensiones fuera aún mayor.
Este hecho desató un justificado malestar y reclamo generalizado de todos los pensionados afectados, pues nunca habían sido objeto de dicha retención, además de que no recibieron ningún aviso previo, ni justificación alguna de las razones por las cuales se debería de aplicar dicho descuento a partir de esa fecha.
Atendiendo la demanda de los pensionados, al día de hoy, diversos senadores y diputados federales integrantes de las respectivas Cámaras de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión, han presentado un total de diez iniciativas relacionadas con el tema, a las que se suma la presentada por el Congreso del estado de Nuevo León. Sin embargo, todas ellas se encuentran pendientes de ser dictaminadas en las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
La mayoría de las Iniciativas referidas, coinciden en reformar la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta con el propósito de exentar a todas las jubilaciones y pensiones que son pagadas por el IMSS e ISSSTE. Algunas de éstas, proponen ampliar el beneficio de esta exención al régimen de pensiones de las fuerzas armadas, así como de las propias entidades federativas.
La presente Iniciativa, sin dejar de coincidir en varios de los aspectos que señalan, complementa la propuesta de dichas iniciativas con otras consideraciones que fundamentan la exención del pago del impuesto sobre la renta a todo tipo de jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro previstas en las siguientes disposiciones legales:
a. Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social
b. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;
c. Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas;
d. Las leyes de seguridad social de las entidades federativas, y
e. Ley General de Sociedades Cooperativas en su artículo 57, es decir, las pensiones y haberes de retiro provenientes de los fondos de previsión social de las sociedades cooperativas constituidos en términos de dicho artículo.
Consideraciones
Al respecto, cabe mencionar que la pensión por invalidez, por causa de muerte, jubilación y edad avanzada que contempla nuestra legislación en materia de seguridad social es una forma de previsión social, es decir, es una prestación que tiene por objeto elevar el nivel de vida económico, social, cultural e integral de los trabajadores y de sus familiares o beneficiarios.
La pensión es un derecho del trabajador y es producto de las aportaciones que realizó el hoy pensionado durante toda su vida laboral activa como trabajador y fueron complementadas por las respectivas aportaciones de los patrones y del gobierno federal. Éstas, al haber formado parte de su salario ya fueron tasadas fiscalmente, por lo cual, el impuesto sobre la renta ya fue retenido al trabajador hoy pensionado.
Las aportaciones constituyen un seguro que tiene derecho a recibir el trabajador de forma íntegra, para garantizarle a él y a su familia, una subsistencia digna, prever su incapacidad por vejez o invalidez, así como un ingreso de al menos una parte de lo que percibía por su salario.
La base jurídica de esta prestación está establecida en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece:
“XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares”.
Por otro lado, en el artículo 123, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que los salarios de los trabajadores sólo pueden ser objeto de “retenciones, descuentos, deducciones o embargos” en los casos previstos en las leyes, en los términos que a la letra dicen:
“VI. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario, en los casos previstos en las leyes.”
Es así que la disposición Constitucional citada es explícita y puntual al referirse al salario, y no se refiere a las pensiones y jubilaciones. En consecuencia, éstas no pueden ser objeto de gravámenes de ningún tipo, por lo cual la retención del impuesto sobre la renta resulta inconstitucional.
Además, debe considerarse que el cobro del impuesto sobre la renta a pensiones y jubilaciones, puede resultar desproporcionado e inequitativo, además de oneroso para los pensionados, en contravención a lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala lo siguiente:
“Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:
I a III...
IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.”
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala en la Tesis 2a. CLVII/2001, sobre los criterios que el legislador puede tomar en consideración para analizar la proporcionalidad y equidad de las contribuciones, señala en lo particular al tema del impuesto sobre la renta, que el legislador debe tomar en cuenta “la capacidad contributiva de los gobernados”.
Además, se indica que no es criterio suficiente para determinarlo “la cuantía de la renta obtenida”, sino también ha de tomar en consideración “la fuente de la que proviene ésta (capital o trabajo) o, incluso, (...) las especiales circunstancias que rodean su obtención”.
Tesis aislada, 2a. CLVII/2001, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIV, Agosto de 2001, p. 247. Materia: Constitucional-administrativa.
Renta, para abordar el estudio de la proporcionalidad y equidad de las disposiciones de la ley del impuesto relativo, debe tenerse presente que la capacidad contributiva de los gobernados no se determina únicamente por la cuantía en que aquélla se obtiene, sino también por la fuente de la que proviene o, incluso, por las circunstancias que rodean su generación.
“Conforme a la Jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para analizar la proporcionalidad y equidad de un impuesto debe verificarse, en principio, en qué términos se realiza el respectivo hecho imponible, tomando en cuenta su naturaleza, es decir, si grava una manifestación general de la riqueza de los gobernados, o bien, si recae sobre una manifestación aislada de ésta; asimismo, si los respectivos contribuyentes, al ubicarse en la hipótesis de hecho que genera la obligación tributaria, lo hacen en las mismas circunstancias o en diversas que ameriten un trato desigual. En ese contexto, tratándose del impuesto sobre la renta, que recae sobre una manifestación general de riqueza, debe tenerse presente que la capacidad contributiva de los gobernados no se determina únicamente por la cuantía de la renta obtenida, sino también por la fuente de la que proviene ésta (capital o trabajo) o, incluso, por las especiales circunstancias que rodean su obtención; de ahí que el legislador puede válidamente establecer diversas categorías de causantes, a los que conferirá un tratamiento diverso atendiendo a las circunstancias objetivas que reflejen una diferente capacidad contributiva, por lo que para determinar si el trato desigual, que se da a las diferentes categorías de contribuyentes del citado impuesto es proporcional y equitativo, debe verificarse si las circunstancias que distinguen a un grupo de otros reflejan una diversa capacidad contributiva y si con tal distinción se grava en mayor medida a los que, por esas situaciones de hecho, manifiestan en mayor grado esa capacidad.”
De esta manera, considerando lo siguiente:
• Que los pensionados ya no reciben ingresos por trabajo remunerado y no pueden considerarse asalariados;
• Que la naturaleza de una pensión es totalmente distinta a la de un salario;
• Que para un ex trabajador su pensión, corresponde a un ingreso que se calcula en base al salario que percibió en su vida laboral y tal fuente de ingreso se acredita por dichas características y no se le puede considerar como un trabajador activo, y
• Que las pensiones son también resultado de las aportaciones que hizo el trabajador durante su vida laboral activa, sobre las que se le cobró el impuesto sobre la renta, mismo que le fue descontado en su momento, de conformidad con las disposiciones legales correspondientes.
Resulta totalmente aplicable el criterio de esta tesis, que recomienda a los legisladores dar un tratamiento diverso en este caso, a los pensionados con respecto a un asalariado, atendiendo sus circunstancias objetivas, por lo que no cae en lo previsto para el resto de los contribuyentes.
Asimismo, existe un antecedente jurisprudencial sobre el tema en la tesis de jurisprudencia: I.2o.T J/21, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación No. 68, del mes de Agosto de 1993, y que fue dictada con relación al artículo 77, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta del 30 de diciembre de 1980, abrogada el 1o de enero de 2002, que se refiere a la misma disposición objeto de esta iniciativa, y que se cita a continuación:
Tesis de Jurisprudencia: I.2o.T.J/21, Tribunales Colegiados de Circuito. Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 68, Agosto de 1993, p. 54. Materia(s): laboral.
“ Seguro Social, jubilación de los trabajadores del. I naplicabilidad de la fracción III del artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en la fijación de la cuantía básica de la pensión.
Si bien la Ley del Impuesto sobre la Renta en su artículo 77, fracción III, preceptúa que no causan el impuesto respectivo las percepciones en dinero provenientes de la jubilación, pensiones y haberes de retiro cuando se trata de invalidez, cesantía, vejez, retiro y muerte, siempre y cuando no excedan de nueve veces el salario mínimo general de la zona geográfica del contribuyente, tal disposición no es aplicable al caso, toda vez que a la pensión jubilatoria ya otorgada no se descuenta cantidad alguna en forma periódica, pues el descuento se hizo por una sola vez al salario base con el fin de obtener el monto de la cuantía básica de la pensión respectiva, tal como lo establece el propio régimen de jubilaciones y pensiones y no a las percepciones derivadas del otorgamiento de la jubilación.”
Esta tesis de jurisprudencia señala claramente que “toda vez que a la pensión jubilatoria ya otorgada no se descuenta cantidad alguna en forma periódica, pues el descuento se hizo por una sola vez al salario base con el fin de obtener el monto de la cuantía básica de la pensión respectiva” la disposición no es aplicable, por lo que las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro deben quedar exentas del pago del impuesto sobre la renta.
Por otra parte, en años anteriores quedaba a criterio del pensionado realizar su declaración anual. Y en la práctica no se realizaba. Hoy con esta nueva disposición los pensionados con ingresos superiores a nueve veces el salario mínimo deberán realizarla, situación que para la mayoría resulta complicado y oneroso, pues tendrían que pagar los servicios de un contador, esto aún cuando no hubiese impuesto que pagar
Como se mencionó anteriormente, el cobro del impuesto sobre la renta en las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro que otorgan el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuyo monto diario exceda de nueve veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, no obstante que estableció su vigencia desde el año de 1979, es decir, hace más de treinta años, la autoridad no sólo fue omisa, sino ineficiente al no cumplir con dicha disposición.
Es así, que al no ser acatada por los órganos jurídicos a los que correspondía, ni aplicada a los sujetos a los que estaba dirigida esta norma jurídica, es una disposición que no cumplió con uno de los principios de validez de toda norma jurídica, entre los cuales se establece que debe ser eficaz.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente
Decreto que reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta
Artículo Único. Se reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:
Artículo 109. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:
I. a II. ...
III. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, previstas en las siguientes leyes:
a . Ley del Seguro Social, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez;
b . Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte;
c. Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas;
d . Leyes de seguridad social de las entidades federativas, y
e . Ley General de Sociedades Cooperativas en su artículo 57, para el caso de las pensiones y haberes de retiro provenientes de los fondos de previsión social de las sociedades cooperativas constituidos en términos de dicho artículo.
IV. a XXVIII. ...
...
...
...
...
...
...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores, a 2 de septiembre de 2010.
Senadores: Jorge Andrés Ocejo Moreno, Adrián Rivera Pérez, José Guillermo Anaya Llamas, Jaime Rafael Díaz Ochoa, María Teresa Ortuño Gurza, Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, Rafael Ochoa Guzmán, Augusto César Leal Angulo, María del Socorro García Quiroz, Carlos Aceves del Olmo, María Rojo e Incháustegui, Jesús Dueñas Llerenas, Rubén Fernando Velázquez López, Antonio Mejía Haro, Rosalía Peredo Aguilar, Héctor Pérez Plazola, María del Rosario Leticia Jasso, Valencia Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbricas).
De la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona uno quinto al artículo 4o. B de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PRD
México, DF, a 9 de septiembre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un quinto párrafo al artículo 4-B de la Ley de Coordinación Fiscal.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, la cual se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 164, numeral 1, 169, numerales 1 y 4, y 172 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un quinto párrafo al artículo 4o.-B de la Ley de Coordinación Fiscal al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Al nuevo federalismo lo debemos entender como la alternativa de cambio gradual que nos oriente a un país más justo y equitativo en cuyo contexto las entidades federativas reclaman mayor participación política, fiscal y financiera, con el objeto de que la distribución del poder y la riqueza del país permitan un crecimiento económico más homogéneo y una atención de las necesidades ciudadanas con mayor justicia social.
En México, constitucionalmente los recursos naturales son propiedad de la nación, en calidad de propiedad pública. Por tanto, el sector energético es administrado por el Gobierno Federal a través de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), con diferentes grados menores de inversión privada limitada.
Actualmente, el marco legal que le rige es la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos de 1992 y los siete decretos sobre la Reforma Energética publicados el 28 de noviembre de 2008 en el Diario Oficial. Así, Pemex opera con un órgano corporativo y cuatro organismos subsidiarios:
• Pemex Exploración y Producción
• Pemex Refinación
• Pemex Gas y Petroquímica Básica
• Pemex Petroquímica
De acuerdo a información publicada por Pemex y el Sistema de Información Energética (SIE) a través de sus páginas de Internet, los principales estados donde se lleva a cabo la explotación de petróleo y gas, ordenados según sus respectivas producciones son Campeche, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas y Chiapas. La producción total a nivel de país se estima en 2 560 millones de barriles diarios de petróleo y 8 000 millones de pies cúbicos de gas natural. Existen 400 campos en producción con 8,500 pozos en explotación y 243 plataformas marinas, así como 4 246 oleoductos y 7 500 gasoductos. Las reservas probadas ascienden a 10 500 millones de barriles, lo que le asigna a México el decimosexto lugar a nivel mundial, así como el undécimo en materia de producción corriente de petróleo.
En este ámbito, los ingresos petroleros son federales sin que exista alguna contribución estatal o resarcimiento participable, lo que se ha traducido en el transcurso de los años en una inequidad tributaria, debido a que los Estados donde se lleva a cabo la explotación del crudo y gas no recibían participación alguna hasta el ejercicio 2007, ya que la denominada “Reforma Fiscal” que entró en vigor a partir del 2008, contempló en la Ley de Coordinación Fiscal un Fondo de Extracción de Hidrocarburos que se distribuye a los estados petroleros con base en la última información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y se calcula a partir de la recaudación del derecho ordinario sobre hidrocarburos, con una tasa del 0.46 por ciento y que se incrementó a partir del 2009 al 0.60 por ciento, la cual se encuentra vigente.
Cabe señalar que la última información del producto interno bruto por entidad federativa (PIBE) publicada por el Inegi correspondiente al ejercicio 2008, en la que por ejemplo ubica a estados como Campeche y Tabasco con un PIBE per cápita de 1 millón 13 mil pesos y 211.1 mil pesos respectivamente, debido a la inclusión del sector minero de unidades económicas dedicadas principalmente a la extracción de petróleo, gas y de minerales metálicos y no metálicos; colocándolas por arriba de estados como México, Jalisco y Nuevo León, situación que resulta inverosímil debido a las condiciones actuales en las que viven los ciudadanos de estos Estados y en especial donde se realiza la explotación de petróleo y gas.
Ante estas circunstancias y apoyando la tesis de que en materia federalista ha prevalecido una inequidad tributaria, resulta sustantivo comparar lo que ocurre en los Estado Unidos de América, país donde se observa que los derechos sobre el petróleo y el gas correspondientes a una determinada parcela de tierra pertenecen principalmente a su propietario, sea éste una persona física, una corporación privada o tribus indígenas, así como autoridades locales, estatales o el propio gobierno federal. Por tanto, su propietario podrá venderlo o transferirlo como cualquier otro derecho sobre propiedades inmuebles. En el caso de petróleo y gas extraído en áreas “offshore”, los derechos pertenecen al gobierno federal, quién otorga permisos a compañías privadas para su explotación, recibiendo como contrapartida los correspondientes royalties.
Si bien las leyes sobre petróleo y gas varían de estado a estado, el marco legal sobre la prospección, extracción y explotación son casi universales: el propietario del inmueble también tendrá la propiedad de los minerales que existan en el subsuelo, salvo acuerdo previo en contrario.
Las empresas privadas productoras de petróleo y gas generalmente no son las propietarias de las tierras donde se encuentran los pozos petrolíferos. Habitualmente estas compañías arriendan los derechos para la explotación de los minerales a los propietarios de los inmuebles, mediante contratos que establecen desde la descripción de la propiedad, hasta la duración y los correspondientes pagos acordados.
En una breve descripción, generalmente los acuerdos entre propietarios y compañías de explotación petrolífera se establecen con base a tres formas de contratos y consecuentes pagos:
a) El bonus, básicamente un pago adelantado para obtener el derecho a la prospección;
b) La renta, correspondiente a la compensación recibida por el propietario durante el tiempo previo al comienzo de la explotación comercial de los yacimientos; y
c) El royalty o porción del petróleo extraído que corresponderá a los propietarios privados, estados o gobierno federal del inmueble, abonable en efectivo, en dólares al momento de hacer el pago (in dollars base on the value) o en especie (in kind).
En el caso de propiedades federales, los reglamentos establecen que las compañías que explotan cada yacimiento deberán pagar al Departamento del Interior de los EUA –concretamente al Minerals Management Service (MMS)– los correspondientes royalties, según el valor del petróleo y gas realmente producido. Con respecto a tierras federales (onshore), la reglamentación (Minerals Lands Leasing Act) prescribe un pago por 1/8 del valor de la producción; por su parte, de tratarse de aguas territoriales (offshore leases), el Outer Continental Shelf Lands Act determina un royalty de 1/6 de lo producido.
De acuerdo con información del MMS, los ingresos provenientes del petróleo constituyen una de las principales fuentes de recursos no impositivos del gobierno federal, alcanzando en el año 2000 a un total de 5 billones de dólares por concepto de royalties recaudados, de los cuales el 80 por ciento correspondían a explotaciones offshore. A todo ello se adicionó otro billón de dólares por concepto de derechos de prospección, según las correspondientes colocaciones en oferta pública de bonus.
Transcurridos ocho años, en el 2008 dicha cifra se elevó a 23 billones de dólares por concepto de royalties y bonus, 13 y 10 billones respectivamente. En el año 2009, el 51 por ciento de los royalties recaudados provinieron del petróleo, en tanto que el 36 por ciento se vincularon al gas. El reparto de dichos fondos tiene como principal y mayoritario destinatario a la Tesorería Nacional, siguiendo en orden de importancia el Fondo de Conservación del Agua (Water Conservation Fund) y los propios Estados; y dentro de estos últimos, fundamentalmente los vinculados a la extracción de petróleo y gas.
Asimismo, se distribuyeron más de 2 billones de dólares de recursos recaudados por royalties entre 35 estados, en particular priorizando aquellos que mayor aporte realizan a través de la extracción en sus territorios o aguas territoriales próximas. Al respecto, Wyoming recibió 900 millones, a New México le correspondió 390 millones, a Colorado 190 millones, a Utah 130 millones, a North Dakota 61 millones, a California 58 millones, a Montana 46 millones y a Alaska le correspondieron 42 millones; siendo los ocho estados que recibieron los mayores volúmenes en el año referenciado.
La mayoría de los Estados productores de petróleo y gas en los EUA recaudan directamente impuestos de indemnización (severance taxes) en los casos de extracción en sus respectivos territorios.
Generalmente es un porcentaje del precio de venta y consecuentemente varía entre los diversos mercados. En los últimos años del siglo pasado ya se recaudaban por estos conceptos más de 3 billones de dólares. Si bien no todos los estados recaudan los mismos impuestos y tampoco lo hacen en base a similares parámetros, los 10 mayores estados productores de petróleo y gas aplicaban y recaudaban en beneficio directo un impuesto de indemnización (severance taxes) o similar.
En suma, a pesar de las diferencias detectadas entre ellos, todos mantienen en común la independencia financiera, recaudando, además de los fondos por royalties recibidos del gobierno federal, sus propios impuestos generados por la extracción de petróleo y gas en sus respectivas áreas de responsabilidad.
En este sentido y al tenor de la exitosa experiencia de los Estados Unidos, la presente iniciativa tiene por objeto incrementar gradualmente el porcentaje de distribución del Fondo de Extracción de Hidrocarburos pasando de 0.6 a 2.0 por ciento lo que representaría un aumento nominal del orden de los 3 mil millones de pesos aproximadamente, obteniéndose así mayor equidad en la distribución de las contribuciones que originan los ingresos petroleros.
Asimismo y en el ánimo de abonar a la transparencia, se establece que estos estados deberán presentar ante el Órgano de Fiscalización o su similar de cada Estado, un informe trimestral detallado sobre la aplicación y avance de gestión del ejercicio de estos recursos a más tardar 15 días naturales después de terminado el trimestre, poniéndolo a disposición del público en general a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet.
Por otro lado, se establece que los recursos adicionales que reciban las entidades federativas y municipios, que resulten de la aplicación de la tasa vigente en el ejercicio 2010 con relación a la entrada en vigor de este incremento porcentual, deberán destinarse exclusivamente a infraestructura vial, sea rural o urbana; infraestructura hidráulica; movilidad urbana, y por lo menos 10 por ciento a programas para la protección y conservación ambiental.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un quinto párrafo al artículo 4o.-B de la Ley de Coordinación Fiscal
Artículo Único. Se reforma el primer párrafo y se adiciona un quinto párrafo al artículo 4o.-B de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
Artículo 4o.-B. El Fondo de Extracción de Hidrocarburos estará conformado con el 2.0 por ciento del importe obtenido por el derecho ordinario sobre hidrocarburos pagado por Pemex Exploración y Producción, en términos de lo previsto en el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos.
...
...
...
Los estados y sus municipios deberán presentar ante el órgano de fiscalización o su similar de cada uno de ellos, un informe trimestral detallado sobre la aplicación y avance de gestión del ejercicio de los recursos establecidos en este artículo a más tardar 15 días naturales después de terminado el trimestre. Asimismo, el citado informe será puesto a disposición del público en general a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet o de otros medios locales de difusión a más tardar 5 días posteriores a la entrega del citado informe.
Transitorios
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. La tasa establecida en el primer párrafo del artículo 4o.-B se aplicará de la forma siguiente:
Año Tasa
2011 1.0 %
2012 1.5 %
2013 y subsecuentes 2.0 %
Artículo Tercero. Los recursos adicionales para las entidades federativas y municipios, que resulten de la aplicación de las tasa vigente en el ejercicio 2010 con relación a la establecida en el artículo anterior deberán destinarse exclusivamente a infraestructura vial, sea rural o urbana; infraestructura hidráulica; movilidad urbana, y por lo menos 10 por ciento a programas para la protección y conservación ambiental.
Senadora Minerva Hernández Ramos (rúbrica)
De la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a considerar y etiquetar en el marco del análisis, la discusión, la modificación y la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 la cantidad de 550 millones de pesos para construir y equipar el hospital general de Campeche, presentada por Sebastián Calderón Centeno, del Grupo Parlamentario del PAN
México, DF, a 8 de septiembre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que se recibió del senador Sebastián Calderón Centeno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a considerar y etiquetar en el marco del análisis, la discusión, la modificación y la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 la cantidad de 550 millones de pesos para construir y equipar el hospital general de Campeche.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
El que suscribe, Sebastián Calderón Centeno, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II del numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se formula un respetuoso exhorto a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a considerar y etiquetar en el marco del análisis, la discusión, la modificación y la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 la cantidad de 550 millones de pesos para construir y equipar el hospital general de Campeche, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
El artículo 4o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece para todos los individuos el derecho a la protección de la salud.
El mismo párrafo dispone que la ley establecerá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como la concurrencia entre los distintos órdenes de gobierno en materia de salubridad.
La salud, como objeto de protección constitucional, de acuerdo con lo definido por la Organización Mundial de la Salud, es “una estado de bienestar físico, psíquico y social, tanto del individuo como de la colectividad”.
La protección de la salud y el desarrollo de los sistemas asistenciales son tareas fundamentales de un Estado democrático que trae consigo una política social orientada a garantizar el ejercicio de todos los derechos sociales de las personas.
Así, mediante el sector salud, el Estado mexicano ha generado beneficios en las condiciones de salud de la población. Como consecuencia, se ha incrementado la esperanza de vida de los mexicanos, lo cual no podría explicarse sin tomar en cuenta el esfuerzo que realizan las instituciones en la materia.
Para cumplir el mandato constitucional que los eleva a rango de garantía social, los servicios de salud son clasificados, según la naturaleza de quienes los prestan, en servicios públicos a la población en general, servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social y servicios sociales, y conforme a las características de universalidad, equidad y calidad en la prestación del servicio.
En materia de salud pública, el Estado tiene el deber de respetar el derecho a la salud, el que hoy más mexicanos y familias afortunadamente pueden recibir, deber que se traduce en recibir la atención médica y hospitalaria que necesitan todos los ciudadanos por igual para tratar las enfermedades más difíciles, más costosas, y que obtengan todas las medicinas necesarias para el restablecimiento de la salud.
Para el Estado mexicano, la salud y seguridad social se convierten en componentes primordiales en la cimentación de la obra social, “únicamente las sociedades saludables tienen capacidad para lograr desarrollo y progreso”.
El titular del Ejecutivo federal las sitúa, junto con la educación, el trabajo, la nutrición y una vivienda digna, como los insumos indispensables para el bienestar familiar.
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) contribuye a satisfacer niveles de bienestar integral de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados, jubilados y familiares derechohabientes, con el otorgamiento eficaz y eficiente de los seguros, de las prestaciones y de los servicios.
En Campeche, la prestación de servicios del ISSSTE ha sido fundamental en el cuidado de la salud de mis conciudadanos, con una historia de más de 30 años en la entidad.
En efecto, el 1 de agosto de 1960 se creó la primera unidad médica en Ciudad del Carmen, para proporcionar atención a la salud de sus derechohabientes; en 1964, la unidad médica de Carmen se convirtió en clínica hospital D.
El 1 de febrero de 1996 se creó en Campeche la agencia del ISSSTE, que gestionaba ante la delegación de Yucatán el otorgamiento de algunas prestaciones, sobre todo en cuanto a créditos para los derechohabientes campechanos.
El 1 de octubre de 1975 se inauguró la primera clínica hospital tipo C, Doctor Patricio Trueba Regil, en la capital del estado. En 1979, la agencia pasó a ser delegación estatal; inició labores con 20 personas, y se integraron a ella todas las áreas con funciones de manera independiente y relacionada directamente con oficinas centrales. Más tarde fueron creadas las otras subdelegaciones y unidades administrativas que hoy forman la delegación.
Actualmente, el ISSSTE en Campeche cuenta con cinco unidades de medicina familiar, cuatro consultorios subrogados y dos clínicas hospital.
La clínica hospital Doctor Patricio Trueba Regil presenta una plantilla de personal médico que cumple lo establecido normativamente para este tipo de unidades, como medicina interna, cirugía, ginecoobstetricia y pediatría. Su capacidad instalada se forma por 38 camas censables y 25 especialidades, servicios como hemodiálisis y diálisis peritoneal, terapia intermedia y atención de pacientes con patologías complejas.
Como clínica hospital, incluye el servicio de consulta externa de primer y segundo niveles de atención.
La actual clínica hospital es una construcción de 35 años de antigüedad, que respondía a las necesidades en aquel entonces, pero que hoy, ante el crecimiento poblacional, resulta insuficiente para atender los requerimientos de los derechohabientes. Adicionalmente, se halla en una zona de riesgo en temporada de lluvias y huracanes por encontrarse en las faldas de un cerro, lo que ha ocasionado daños durante contingencias.
Esta unidad hospitalaria no cubre las actuales políticas sobre el compromiso adquirido de hospital seguro, lo que representa una desventaja con relación a otras instituciones por la inadecuada ubicación y el riesgo que representa. Basta mencionar los eventos catastróficos por desastres naturales ocurridos en 1995, cuando los huracanes Opal y, posteriormente, Roxana inundaron la unidad, con cuantiosos daños en la infraestructura y riesgos potenciales para los pacientes.
Para 2002, nuevamente la unidad fue castigada por el huracán Isidoro que, debido a la fuerza de sus precipitaciones y un establecimiento en terrenos arriba del nosocomio, originó un desbordamiento, y el paso de gran cantidad de agua destruyó la planta baja del hospital e inutilizó la unidad médica durante cinco meses, debiendo establecer los servicios médicos en áreas de la delegación y a subrogar los servicios hospitalarios en instituciones locales.
Adicionalmente, implican en su capacidad resolutiva las limitaciones que tiene la actual infraestructura ya que, como se señaló, la clínica hospital Doctor Patricio Trueba Regil ha venido aumentando los servicios de especialidad y de estudios diagnósticos, teniendo que compartir espacios, y disminuyendo productividad, atención oportuna y calidad en los servicios.
Esta situación impide el crecimiento físico de la actual unidad médica, pues no hay superficie aprovechable que permita un crecimiento planificando y que responda a las actuales normas que en materia de infraestructura deben tener las clínicas hospital.
En materia operativa, la mayoría de los servicios de especialidad se requiere que sean referidos a tercer nivel al hospital regional Mérida, en Yucatán, con las consabidas molestias de traslado para los pacientes, además de que la unidad de tercer nivel de referencia, situada aproximadamente a 156 kilómetros de la ciudad de Campeche, dejó sin atender a 51 por ciento de los pacientes referidos en 2009; esto es, no atendió a mil 392 pacientes de los 2 mil 524 que fueron enviados para ser atendidos en ese centro hospitalario.
Este hospital regional no es capaz de satisfacer siquiera la mitad de la demanda de los servicios requeridos por los hospitales de segundo nivel en consulta, estudios, cirugías, hospitalización y urgencias. Lo anterior repercute en prolongados diferimientos, atención inadecuada, altos costos por traslados y subrogación de servicios con un presupuesto muy limitado, e inconformidad de la derechohabiencia y que afecta el número de solicitudes de reembolso que se refieren a la atención otorgada en esa unidad de referencia.
Esta situación ha originado que la clínica hospital Doctor Patricio Trueba Regil utilice recursos que no corresponden a su nivel de atención para resolver las necesidades en materia de salud de los derechohabientes. Es decir, de los 6 mil 376 pacientes que fueron referidos en 2008 al hospital regional Mérida, de Yucatán, sólo fueron referidos mil 132 en 2009, esto refleja una disminución de 600 por ciento, debido a que todos estos derechohabientes fueron atendidos en Campeche, pese a que no se cuenta con el nivel ni con el presupuesto correspondientes.
La pirámide poblacional de los derechohabientes del ISSSTE en Campeche, igual que en muchas otras poblaciones en la república, ha sufrido un proceso de transformación en los últimos 20 años. Se ha invertido la distribución: hasta antes del tiempo señalado, la base de la pirámide era la parte más amplia y la de 40 años en adelante se iba adelgazando paulatinamente; al día de hoy a los 20 años empieza a sufrir un engrosamiento, que se hace más constante a partir de los 49 años.
Todo ello es resultado de una reducción de las tasas de natalidad, una mejor expectativa con relación a los años de vida y una transición epidemiológica que ha sufrido un traslape entre las enfermedades infecciosas y las crónico-degenerativas.
Eso explica la distribución poblacional de ésta y el perfil epidemiológico que presenta hoy la derechohabiencia, lo que implica tratamientos más costosos, mayor demanda de atención y una respuesta oportuna del sistema.
Para atender las demandas de servicios de salud de los derechohabientes, en la delegación del ISSSTE en Campeche se estableció como estrategia local ampliar la capacidad resolutiva de la clínica hospital, por lo que de 2002 a la fecha se incrementaron los servicios de 15 a 25.
El crecimiento ha sido progresivo en el servicio médico especializado, pero también en medicina familiar o general. Hoy, el área médica del ISSSTE en Campeche cuenta con 25 especialidades, y 20 consultorios de medicina familiar y general, que laboran en los turnos matutino y vespertino.
La apertura de los servicios de cirugía de mínima invasión, cirugía de corta estancia, servicio de terapia intermedia, servicio de urgencias ginecológicas, clínica de displasia, sala de choque de urgencias, apertura de un segundo quirófano, hemodiálisis, recientemente de diálisis peritoneal, y el nuevo servicio de telemedicina y tomografía axial computarizada han obligado a realizar adecuaciones internas en el área hospitalaria y en la de consulta externa, ocasionando problemas en la operatividad por las adecuaciones de los espacios físicos.
Todas esas acciones de salud se han realizado con el personal médico que tiene el ISSSTE en la entidad: 45 médicos generales y familiares, 10 ginecólogos, 10 cirujanos generales, 9 traumatólogos, 3 radiólogos, 1 epidemiólogo, 2 urólogos, 1 oncólogo quirúrgico, 1 alergólogo, 1 cardiólogo, 1 urgenciólogo, 10 médicos internistas, 7 pediatras, 1 neurólogo, 10 anestesiólogos, 1 psiquiatra, 1 patólogo, 1 nefrólogo y 2 otorrinolaringólogos. De 2006 a 2009, el número de médicos especialistas se incrementó de 62 a 76.
La clínica hospital Doctor Patricio Trueba Regil presenta en materia de espacio un grave problema para la atención de los derechohabientes, dado que la consulta externa aglutina tanto a los que acuden a la medicina familiar como a los de especialidad, lo que ocasiona la saturación en especial de la consulta externa de especialidad.
Todo esto resulta porque gerontología, nefrología, medicina interna, cirugía, pediatría, ginecología, urología, psiquiatría, traumatología y ortopedia, neurología, angiología, cardiología, otorrinolaringología y oncológica quirúrgica tienen un horario restringido, pues deben compartir consultorios en un mismo turno.
Adicionalmente, se subrogan otras especialidades fuera del edificio: dermatología y cirugía maxilofacial. Los pacientes de todas estas especialidades y de medicina familiar acuden a los servicios complementarios que ofrece la clínica hospital, como los de laboratorio y gabinete, para completar los estudios diagnóstico necesarios que, a juicio de estos médicos y especialistas, deban realizarse.
Todas las acciones en la clínica hospital Doctor Patricio Trueba Regil se llevan a cabo con la infraestructura instalada, que a la fecha resulta insuficiente, debido a que responde a una realidad de hace más de 30 años, el nosocomio cuenta con 7 consultorios de medicina familiar, 9 de medicina especializada, 2 de urgencias, 1 de odontología, 1 de medicina preventiva y 1 de curaciones; tiene 1 sala de cuidados intensivos, 1 de recuperación, 1 de expulsión, 1 de hemodiálisis y 1 de medicina física y rehabilitación, demás de 2 quirófanos, 1 sala de rayos X, 1 de tomografía, 1 de urgencias y 1 de ultrasonido. También tiene 38 camas censables, 25 no censables y 3 peines de laboratorio.
Pese a todas estas limitaciones, en 2009 se proporcionaron 2 mil 235 consultas de alergología, mil 190 de angiología, 320 de cardiología, mil 61 de medicina interna, mil 758 de nefrología, 4 mil 345 de otorrinolaringología, 2 mil 943 de pediatría, 2 mil 72 de psiquiatría y 2 mil 543 de urología, que suman 38 mil 59 consultas de especialidad. También se otorgaron 153 mil 153 consultas de medicina general y familiar y 10 mil 737 de odontología. En total, se concedieron 201 mil 727 consultas médicas, en una unidad hospitalaria que no cuenta con los espacios necesarios y suficientes para que estos servicios sean prestados con la calidad requerida.
De 2005 a 2009, los egresos hospitalarios de la clínica hospital Doctor Patricio Trueba Regil se incrementaron en 18 por ciento, pese a que la capacidad en camas censables no se ha incrementado desde su apertura, en 1975.
En materia de auxiliares de diagnóstico y tratamiento, la productividad de la clínica hospital Doctor Patricio Trueba Regil fue de 182 mil 87 estudios de laboratorio clínico, 16 mil 306 de rayos X, 4 mil 580 ultrasonidos, mil 228 tomografías, 2 mil 420 electrocardiogramas, 2 mil 824 citologías exfoliativas, 640 mastografías y 18 mil 163 sesiones de rehabilitación.
En 2009 se realizaron 870 cirugías generales, 135 de mínima invasión, 440 de ginecología, 348 de traumatología, 387 de oftalmología, 122 de urología, 58 de angiología, 32 de otorrinolaringología, 141 de oncología, 38 de neurocirugía y 2 del módulo de columna.
Las 10 principales causas de morbilidad son la diabetes mellitus, con 310 casos; y cálculo vesicular, con 225 pacientes atendidos. Además, 219 casos de insuficiencia renal crónica, 210 de hipertensión, 183 de cataratas, 256 de diarrea y gastroenteritis, 152 de hernia inguinal, 145 de lumbago con ciática, 138 de insuficiencia hepática y 126 de apendicitis.
La construcción de un hospital general en Campeche se encuentra autorizada por las Direcciones General y Médica del ISSSTE, y cuenta con todas las justificaciones de los recursos. Se encuentra en lista de espera para ser realizada esta obra, que beneficiará a más de 80 mil campechanos, la población amparada por el instituto en la entidad.
Por la problemática expuesta, consideramos necesaria la construcción de una unidad hospitalaria clasificada como hospital general en la capital del estado para recibir a los pacientes de todas las localidades de clínicas hospitales y de clínicas hospital de ciudades circunvecinas, lo que daría solución definitiva a las carencias que hoy presenta la infraestructura de consulta externa y hospitalaria de la clínica hospital Doctor Patricio Trueba Regil.
En mérito de lo expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Publica, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a considerar y etiquetar en el marco del análisis, la discusión, la modificación y la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 la cantidad de 550 millones de pesos para construir y equipar el hospital general de Campeche.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 8 de septiembre de 2010.
Senador Sebastián Calderón Centeno (rúbrica)
De la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 el otorgamiento de mayores recursos a la educación náutica, presentada por Sebastián Calderón Centeno, del Grupo Parlamentario del PAN
México, DF, a 8 de septiembre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presente
Me permito comunicar a ustedes que se recibió del senador Sebastián Calderón Centeno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011 el otorgamiento de mayores recursos a la educación náutica.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
El que suscribe, Sebastián Calderón Centeno, senador de la república, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, del numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se formula respetuoso exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a considerar dentro del proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 otorgar mayores recursos a la educación náutica, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
La comunicación mediante los transportes aéreo y marítimo, producto de la revolución científico-tecnológica, han modificado el concepto de las relaciones internacionales. Cada día, los países más industrializados concentran cada vez más las decisiones y los ritmos del mercado.
Factores como la globalización de la economía, que han modificado el transporte de mercancías en relación con sus ámbitos geográficos de origen y destino de éstas, junto con la mayor demanda de los servicios, han traído como consecuencia la potenciación del sector marítimo como el medio más económico y eficiente.
La importancia del transporte marítimo es evidente por el hecho de que más de 90 por ciento del comercio internacional tiene lugar por este medio, ya que siempre ha sido el único método verdaderamente rentable para el traslado de cargas a granel a grandes distancias.
En el caso de nuestro país, vale la pena insistir que el sector marítimo sigue siendo muy importante en términos absolutos, ya que el transporte marítimo representa un medio para unir a nuestra nación con los diferentes países del mundo. Además de las cargas comerciales que se intercambian, es de señalar que también ha sido posible establecer relaciones culturales a través de muchos años gracias a este tipo de transporte.
La apertura actual de la economía, el modelo económico del país y las decisiones del Estado en la materia, exige que en el ámbito marítimo contemos con gente preparada, con capacidad de respuesta para realizar los cambios y transformaciones que se requieren en el sector. Pero no sólo debemos destacar la importancia y contribución del sector marítimo a la economía, sino también la de los hombres y las mujeres que tienen a su cargo la exigente tarea de hacer funcionar los buques para el traslado de personas, bienes y mercancías.
En ese sentido, el Sistema Nacional de Educación Náutica, a cargo del Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (Fidena) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuenta con tres escuelas náuticas mercantes en el país, Capitán Almirante Antonio Gómez Maqueo, situada en Mazatlán; Capitán Almirante Luis Gonzaga Priego González, situada en Tampico; y Capitán Almirante Fernando Siliceo y Torres, en Veracruz, así como un centro de educación náutica en Campeche.
Estas instituciones educativas especializadas en la formación a nivel licenciatura de los oficiales de la Marina Mercante como líderes del transporte marítimo y que enfrentan los desafíos que impone la industria marítima, a pesar de las limitaciones, siguen teniendo el reconocimiento internacional.
Compañeras y compañeros senadores, hemos sido reiterativos respecto a la ingente necesidad de apoyar la educación náutica, con objeto de que el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional cuente con un buque escuela para la formación de los marinos mercantes mexicanos.
Hemos hecho referencia al artículo 31 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, que dispone expresamente que para las actividades educativas se deberá contar con un buque escuela con la tecnología didáctica necesaria y actualizada para el cumplimiento de sus objetivos, sin que tengamos una respuesta satisfactoria.
Por ello, estamos de nueva cuenta ante esta tribuna, a fin de hacer un respetuoso exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que en cumplimiento a lo ordenado por el artículo anteriormente referido, se considere dentro del proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 otorgar mayores recursos a la educación náutica dirigida por el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional.
Sobre el particular hacemos hincapié en la necesidad de apoyar al Sistema Nacional de Educación Náutica en los rubros y cantidades siguientes:
a) 750 millones de pesos para la adquisición de un buque tanque escuela;
b) 400 millones de pesos para la adquisición de un buque escuela que cuente con la tecnología didáctica necesaria y actualizada para el cumplimiento de sus objetivos; y
c) 49 millones 615 mil 872 pesos para subvencionar la colegiatura de los alumnos de las escuelas náuticas de Mazatlán, Sinaloa; Veracruz, Veracruz; y Tampico, Tamaulipas;
Lo anterior tiene sustento en los siguientes datos:
I. Las escuelas náuticas cuentan con una matrícula de
a) 372 alumnos en la escuela náutica mercante Capitán Almirante Antonio Gómez Maqueo, de Mazatlán, Sinaloa.
b) 302 alumnos en la escuela náutica mercante Capitán Almirante Luis Gonzaga Priego González, de Tampico, Tamaulipas.
c) 318 alumnos en la escuela náutica mercante Capitán Almirante Fernando Siliceo y Torres, de Veracruz, Veracruz.
II. Cada alumno paga una colegiatura mensual de 4 mil 168.50 pesos, lo cual equivale a 50 mil 16 pesos anuales; ello, sin tomar en cuenta otros gastos que tiene que cubrir, cantidad sólo equiparable a las colegiaturas que se cubren en las instituciones educativas de carácter privado, lo que propicia que muchos jóvenes prefieran canalizar sus inquietudes a otras áreas acordes a sus posibilidades económicas y no conforme a su vocación marítima.
III. Asimismo es de resaltarse el gran impacto favorable para el desarrollo de la marina mercante de nuestro país, toda vez que por la gran calidad con la que son preparados los profesionales del mar cuando egresan:
a) El 100 por ciento de nuestros egresados son contratados después de haber obtenido su certificación correspondiente.
b) El 80 por ciento son contratados en la zona de Campeche por diversas compañías.
c) El 5 por ciento son contratados por Pemex.
d) El 10 por ciento son contratados en otras compañías para cabotaje en México.
e) El 5 por ciento son contratados por empresas extranjeras.
No obstante la calidad con la que cuenta la educación náutica en nuestro país, se presentan una serie de problemas, a saber:
1. No se cuenta con buque escuela para complementar el sistema de enseñanza-aprendizaje.
2. El alumno que ingresa al sistema de educación náutica tiene que pagar por los servicios educativos fuertes cantidades para su formación, no obstante que las escuelas náuticas son públicas.
3. Los profesores que imparten las cátedras en las escuelas náuticas perciben una cantidad que no corresponde a la calidad de su formación profesional, siendo que en otras instituciones educativas del país los maestros de este nivel perciben mejores remuneraciones.
Por cuanto hace a la adquisición del buque, cabe mencionar que el artículo 31 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos vigente, establece claramente que “la educación náutica es de interés público, por lo que la secretaría organizará e impartirá directamente la formación y capacitación del personal de la Marina Mercante, con planes y programas de estudios registrados ante la Secretaría de Educación Pública, deberá contar con un buque escuela con la tecnología didáctica necesaria y actualizada para el cumplimiento de sus objetivos.
“Las instituciones educativas de estudios superiores que autorice la Secretaría y la de Educación Pública podrán ofrecer estudios de posgrado a los oficiales de la Marina Mercante Nacional, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Educación, para lo cual deberán contar con los bienes muebles, equipos y sistemas adecuados para la enseñanza práctica y con planes y programas de estudios que ambas secretarías determinen.”
En ese sentido, resulta preocupante que los egresados de las escuelas náuticas tengan el riesgo de que la Secretaría de Educación Pública no les reconozca su grado de estudios, por carecer de un buque escuela como una obligación ineludible para su formación integral, de acuerdo a lo dispuesto por la ley en cita. En mérito de lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se formula respetuoso exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que en el ejercicio fiscal de 2011, se otorguen mayores recursos a la educación náutica dirigida por el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional, con objeto de mejorar globalmente el sistema de educación y formación marítimas que requiere nuestro país, que se enmarcan en 49 millones 615 mil 872 pesos para subvencionar la colegiatura de los alumnos de las escuelas náuticas de Mazatlán, Sinaloa; Veracruz, Veracruz; y Tampico, Tamaulipas, y para mejorar las percepciones económicas de los maestros, profesores, catedráticos, instructores y personal administrativo y de servicios de dichas instituciones educativas, así como la cantidad de 400 millones de pesos para la adquisición de un buque escuela que cuente con la tecnología didáctica necesaria y actualizada para el cumplimiento de sus objetivos; y de 750 millones de pesos para la adquisición de un buque tanque escuela.
Salón de sesiones del Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 1 de septiembre de 2010.
Senador Sebastián Calderón Centeno (rúbrica)
De la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 asignaciones suficientes para que el Servicio Meteorológico Nacional corrija las fallas detectadas por la Organización Meteorológica Mundial, presentada por Sergio Álvarez Mata, del Grupo Parlamentario del PAN
México, DF, a 8 de septiembre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que se recibió del senador Sergio Álvarez Mata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011 se consideren asignaciones suficientes para que el Servicio Meteorológico Nacional de México corrija las fallas detectadas por la Organización Meteorológica Mundial.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
El que suscribe, senador Sergio Álvarez Mata, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 8, fracción II del numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo al tenor de lo siguiente:
I. Antecedentes
En el marco del Acuerdo de Cooperación Internacional, suscrito en septiembre de 2005 entre la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) –Proyecto Premia–, y del programa de Cooperación de los Servicios Meteorológicos Iberoamericanos, la Conagua solicitó el apoyo y asistencia técnica de la OMM para la realización de un diagnóstico institucional del Servicio Meteorológico Nacional de México (SMN) y diseño de un plan estratégico de desarrollo para su fortalecimiento y modernización.
En consecuencia se constituyó una misión de la OMM con la Dirección de la Oficina para las Américas, la Gerencia de la Oficina de Movilización de Recursos y un equipo de consultores expertos procedentes de la Agencia Estatal de Meteorología de España, Instituto de Meteorología de Finlandia y la Universidad Autónoma de México.
Los componentes del proyecto y los consultores de la OMM, de acuerdo con los términos de referencia, fueron los siguientes:
1. Desarrollo Institucional y estructura operacional;
2. Redes de observación y telecomunicaciones meteorológicas;
3. Desarrollo de productos y servicios meteorología; y
4. Desarrollo de infraestructura para los temas de clima y cambio climático.
De modo preliminar, el 21 de octubre de 2009 se presentó a la Dirección General de la Conagua y a la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional un primer avance de los resultados más relevantes obtenidos (diagnóstico de la situación actual del SMN y algunas sugerencias inmediatas y a mediano plazo).
II. Algunos aspectos del diagnóstico realizado por la OMM
• El Servicio Meteorológico Nacional, en su estado actual, está muy por debajo de lo que le correspondería de acuerdo a los cánones de la OMM y los parámetros del país (extensión geográfica, población, vulnerabilidad climática, producto interno bruto y desarrollo tecnológico, entre otros.).
• La observación meteorológica está dispersa en diferentes instituciones y gestionada con diferentes criterios. La cobertura espacial con las estaciones de superficie gestionadas por el SMN (sinópticas y automáticas) es insuficiente para la extensión y características geográficas y climáticas de México.
• La falta de mantenimiento, refacciones y consumibles para los sistemas de observación conlleva una importante pérdida de información. Además de la falta de calibración de los sensores de las estaciones meteorológicas hace que sus datos sean cuestionables.
• La estructura organizativa y operacional del SMN es poco adecuada para generar productos y servicios para sectores específicos. Los métodos de elaboración y producción de información meteorológica son fundamentalmente manuales sin que se haya avanzado suficientemente en una automatización que optimice su eficiencia.
• Tiene una notable insuficiencia de personal para poder llevar a cabo las tareas propias de un SMN. Aunque este personal en su mayoría tiene una indudable vocación meteorológica, carece, en muchos casos, de la formación académica y capacitación profesional para aprovechar las modernas técnicas y procesos de elaboración de nuevos productos que serían muy útiles para satisfacer gran parte de las demandas de los usuarios.
Consideraciones
El curso de la actividad económica de nuestro país requiere contar con estructuras gubernamentales lo suficientemente eficaces que anticipen fenómenos atmosféricos e hidrometeorológicos que representen una amenaza a esa actividad, para que la integridad física de los mexicanos pueda ponerse a salvo frente a condiciones climáticas adversas, así como para que el flujo de recursos financieros que garantizan el bienestar de nuestros ciudadanos no se vea afectado.
Recientemente, como se expuso, por solicitud expresa del Servicio Meteorológico Nacional a la Organización Meteorológica Mundial, esta institución que agrupa a 188 países miembros, entregó a la Comisión Nacional del Agua, el diagnóstico preliminar del Servicio Metereológico en la que detallan las debilidades bajo las que opera ese organismo en la predicción de las condiciones atmosféricas e hidrometeorológicas.
El resultado de ese estudio alerta sobre la necesidad de invertir en recursos humanos suficientemente capacitados, así como en recursos materiales y financieros que redimensionen el trabajo del Servicio Meteorológico Nacional.
De acuerdo con cifras del Centro Nacional de Prevención de Desastres (características e impacto socioeconómico de los principales desastres ocurridos en la República Mexicana en 2007) los daños provocados por la presencia de huracanes y otros fenómenos naturales afectó a más de tres millones de personas, de las cuales ocurrieron 526 decesos, y sumó la cantidad de 4 mil 248 millones de dólares.
En materia de protección civil, la participación del SMN es fundamental ya que los avisos de los fenómenos hidrometeorológicos permiten al Centro Nacional de Prevención de Desastres orientar su trabajo y prevenir a la población de agentes destructivos.
Ello da cuenta de la ineludible necesidad de atender el diagnóstico de la Organización Meteorológica Mundial, para corregir las fallas del Servicio Meteorológico Nacional y de apoyar como legisladores la inversión en esta área, no sólo como medida de precaución en la cadena productiva, sino fundamentalmente para salvaguardar la integridad física de los habitantes en nuestro país.
En este tenor, el mecanismo para corregir las fallas en el servicio prestado por el Servicio Meteorológico Nacional, es mediante la asignación de recursos económicos a través del Presupuesto de Egresos para el próximo ejercicio fiscal y que en términos de lo dispuesto por la fracción IV, párrafo segundo del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Ejecutivo federal presentar a la Cámara de Diputados, y a ésta aprobar, previo dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados; por lo que someto a consideración de esta asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a efecto de que en la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 considere asignaciones suficientes para que el Servicio Meteorológico Nacional de México corrija las fallas detectadas por la Organización Meteorológica Mundial.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren y aprueben las asignaciones necesarias para que el Servicio Meteorológico Nacional de México corrija las fallas detectadas por la Organización Meteorológica Mundial.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 2 de septiembre de 2010.
Senador Sergio Álvarez Mata (rúbrica)
De la Cámara de Senadores, con el que remite acuerdo aprobado por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que considere en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 una partida de 375 millones de pesos destinada al organismo de cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua para realizar obras que permitan mitigar los daños por inundaciones en municipios y comunidades de la cuenca del río Papaloapan, en Veracruz
México, DF, a 7 de septiembre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha se aprobaron los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal DE 2011, se considere una partida de 375 millones de pesos para el organismo de cuenca Golfo Centro, a cargo de la Comisión Nacional del Agua, de los cuales 33 millones serán destinados para realizar estudios y 342 millones de pesos para obras que permitan mitigar los daños por inundaciones en diversos municipios y comunidades de la cuenca del río Papaloapan, en Veracruz.
Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a acelerar los estudios hidrológicos de las cuencas de los ríos Coatzacoalcos, Jamapa, Tecolutla Cazones, Tuxpan y Pánuco, en Veracruz, con objeto de que se definan y establezcan con la mayor brevedad las obras de infraestructura que eviten o prevengan inundaciones ocasionadas por el cambio climático.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rubrica)
Vicepresidente
De la Cámara de Senadores, con el que remite acuerdo aprobado por el que esa soberanía exhorta a la Cámara de Diputados, reiterando la excitativa a la Comisión de Gobernación, a fin de que emita el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley General de Protección Civil
México, DF, a 7 de septiembre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presente
Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobaron los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. La Cámara de Senadores solicita a la Comisión Nacional del Agua, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Gobernación que informen por escrito a esta soberanía cuál es la dimensión de los daños causados a la agricultura, la ganadería y el patrimonio de los campesinos por las intensas lluvias ocurridas hasta la fecha en la presente temporada, así como sus capacidades actuales para encarar eficiente y suficientemente esos daños.
Que igualmente informen detalladamente sobre los apoyos otorgados a los productores del valle de Mexicali afectados por la destrucción de sus canales de riego.
Segundo. La Cámara de Senadores hace un respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados, reiterándole la excitativa hecha el 7 de julio último a la Comisión de Gobernación de esa Cámara, a fin de que emita el dictamen correspondiente a la minuta que contiene iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley General de Protección Civil, que para tal efecto le fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores con fecha 2 de marzo 2010.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rubrica)
Vicepresidente