- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para conformar el sistema nacional de becas, a cargo del diputado Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción de un puente a desnivel en Zamora, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción de la Plaza Artesanal de la Esfera, en el municipio de Tlalpujahua, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción del Malecón del Bicentenario de la Independencia, consistente en museo, estacionamiento, restaurant y embarcadero, en Petatán, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción de la segunda etapa de la casa de la cultura del municipio de Cojumatlán de Régules, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción de un relleno sanitario para tratar la basura que se genera en el municipio de Cojumatlán de Régules, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para pavimentar con concreto hidráulico diversas calles de Cojumatlán, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción de un módulo deportivo en la localidad de Puerto de León, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción de un módulo deportivo en la localidad de Petatán, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción de un módulo deportivo en la localidad de El Nogal, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción de un módulo deportivo en la localidad de Rincón de María, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción de una fábrica de harina de pescado en la localidad de Petatán, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para otorgar un pago único a ex trabajadores de Talleres Gráficos de la Nación, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para la Universidad Autónoma Chapingo, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para el Centro Nacional de las Artes y para la Dirección General de Bibliotecas del Conaculta, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para las instituciones de educación superior, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para financiar el Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para el organismo público descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la pavimentación del camino correspondiente al tramo San Cristóbal-El Corralito, del ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a cargo del diputado Luis Felipe Eguía Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se establezca un fondo para el pago de los ex trabajadores jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de la Nación, a cargo del diputado Domingo Rodríguez Martell, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, a fin de adicionar un párrafo al artículo 20 del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 a efecto de que en las campañas y programas del gobierno federal, sea incluido en un recuadro, un intérprete de lengua de señas mexicanas, o en su defecto, el sistema de subtítulos o close caption, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del PRD y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios
- Con punto de acuerdo, relativo al Programa de Apoyo para la Infraestructura Social del Distrito Federal y sus Demarcaciones Territoriales, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos adicionales para el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura urbana del municipio de Puebla y de la cuarta zona metropolitana del país, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del PVEM
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para los programas federales destinados al desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, principalmente al Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, a cargo del diputado Rodrigo Pérez Alonso González, del Grupo Parlamentario del PVEM
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para fortalecer el equipamiento de escuelas, con el fin de resarcir las carencias en los centros educativos, contribuir a la calidad educativa y abonar el camino para alcanzar el objetivo de asignar el ocho por ciento del PIB que debe destinarse a educación, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para impulsar la calidad de los maestros del nivel básico de educación, en específico al rubro de formación, capacitación y actualización docente, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la SHCP a considerar la propuesta de exentar el peaje al servicio de transporte escolar, a cargo del diputado Roberto Pérez de Alva Blanco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se instauren las medidas necesarias para que se autorice y se asigne el 1 por ciento del PIB a ciencia y tecnología, como partida anual irreductible, a cargo de la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se instauren las medidas necesarias para que se autorice y se asigne 8 por ciento del PIB a educación, como partida anual irreductible, a cargo de la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Excitativas
- A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de la diputada Guadalupe Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI
- A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Óscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del PAN
- A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud del diputado Avelino Méndez Rangel, del Grupo Parlamentario del PRD
- A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
- Al Senado de la República, a solicitud del diputado Francisco Ramos Montaño, del Grupo Parlamentario del PRI
- A la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a solicitud de la diputada Nancy González Ulloa, del Grupo Parlamentario del PAN
- A la Comisión de Salud, a solicitud del diputado José Luis Marcos León Perea, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para conformar el sistema nacional de becas, a cargo del diputado Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, Armando Ríos Piter, diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo con la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado 23 de octubre, este país despertó con otra funesta noticia en la que 16 jóvenes fueron masacrados y otros 15 resultaron heridos en una balacera ocurrida en la colonia Horizontes del Sur, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Fue apenas a principios de este año cuando ocurrió un hecho análogo, el cual dio origen a un ambicioso plan de inclusión social denominado “Todos Somos Juárez”.
Lo ocurrido el pasado fin de semana es un acto execrable como todos aquellos de los que tenemos registro desde que inició la guerra contra el narcotráfico. No obstante en esta matanza hay una situación que debe sacudirnos más a fondo y es el hecho de que los muertos son jóvenes, en tanto que el presunto victimario es descrito como un hombre de 20 años, quien irrumpió en una fiesta privada preguntando por un vehículo estacionado en el exterior. Los medios de comunicación relatan que el joven fue ignorado en dos ocasiones por los asistentes, de tal manera que montó en cólera y comenzó a disparar en todas direcciones. Al momento, entre tres y cuatro tiradores más aparecieron en el lugar y comenzaron a disparar también. La madre del festejado, Martina Arteaga Cereceres, de 30 años, fue asesinada en el acto y entre los heridos se contó un menor de 9 años.
Este relato estremecedor se ha convertido en un paisaje cotidiano, el cual corre el riesgo de perderse entre las estadísticas criminales y ser un caso más con muy pocas esperanzas de justicia.
Sin embargo, en este nuevo atentado es imposible soslayar un aspecto distintivo: la violencia está devorando a la juventud. Ante la falta de opciones de vida, los jóvenes están cambiando su sistema de valores, por lo que la carrera de la criminalidad se ha convertido en una opción de vida, tanto porque los retornos económicos son altos y acelerados como por la absoluta certeza de la impunidad que prevalece.
El hecho de que la juventud esté siendo atraída por el crimen organizado o bien, hacia una vida de violencia, no solamente representa un problema social en el presente, sino que sus efectos tendrán resonancia en el futuro con menores posibilidades de crecimiento económico porque en vez de haber generado suficiente capital humano hoy para el desarrollo futuro habremos desperdiciado una década de bono demográfico que aún tenemos por delante, huelga decir que se ha perdido la mitad del potencial con que se contaba a principios del 2000. 1
Durante la última década, México ha tenido un crecimiento raquítico, no mayor a 2 por ciento, y no ha creado los empleos suficientes para absorber a la población activa, principalmente a la más joven. Asimismo la falta de educación de calidad limita aún más las posibilidades de desarrollo y movilidad social de los jóvenes por la vía de las actividades legales.
Frente al desempeño mediocre de la economía nacional, sin posibilidad de empleo y sin estudios que representen una verdadera esperanza de mejoramiento personal, el futuro de los jóvenes mexicanos se encamina hacia el subempleo, la informalidad, la migración y ahora cada vez más frecuente hacia la delincuencia.
La carencia de expectativas de vida ha generado que los grupos criminales sean quienes, en términos prácticos, resuelven las necesidades básicas de la juventud. Tan sólo en documentos oficiales de la Secretaría de Gobernación, se cita que el ‘homicidio está a punto de ser la principal causa de muerte’ entre jóvenes de 15 y 25 años. Otro ejemplo dramático es que de los 5 mil 500 homicidios ocurridos desde 2008 en Ciudad Juárez, 30 por ciento implica a menores de 20 años, de acuerdo con la subprocuraduría de justicia de Chihuahua.
Por otro lado, la dinámica poblacional de México indica que para alcanzar el desarrollo agrícola, industrial, científico, tecnológico y cultural es necesario reconocer hoy, que los jóvenes constituyen la mayoría de la población. La atención a los jóvenes representa un componente fundamental de cualquier estrategia de desarrollo.
En estricta lógica, el Estado Mexicano debería contar con definiciones de gran aliento en materia juvenil. Ello presupone aceptar que los grandes problemas nacionales no corren paralelos a los que padece la juventud, y que no es necesario optar entre la atención de unos u otros; o sea, reconocer que todos los problemas nacionales tienen un cruce obligado con la juventud, trátese de la educación, el empleo, la salud, la vivienda, la industria, la agricultura, los servicios, la pobreza, la marginalidad y otros que sería excesivo enumerar. Hay que convertir dichos cruces en las claves para liberar la energía social de nuestra juventud, utilizándolos como los cauces para abordar la solución de esos problemas. En resumen, y retomando una idea que ha sido repetida hasta la saciedad, las políticas juveniles deben ser concebidas, definidas y ejecutadas como: proyectos nacionales de inversión de muy alta rentabilidad social.
En el cumplimiento de este objetivo, el Poder Legislativo debe contribuir de manera determinante, haciendo las adecuaciones jurídicas y presupuestales que permitan alcanzar los objetivos de las políticas hacia los jóvenes. La instrumentación de una política juvenil no supone la centralización de los planes; por el contrario, se instala en los terrenos de las políticas regionales, estatales y municipales para que adquiera un verdadero carácter nacional. Esto supone no caer en la tentación de incrementar la burocracia, sobre todo si ya existe una dependencia encargada de coordinar las tareas de atención a la juventud.
En la actual estructura del aparato de la administración federal no es posible atender articuladamente los elementos antes mencionados, ya que muchas de las prácticas oficiales se realizan sin coordinación y en forma parcial e insuficiente. Se deben identificar adecuadamente las tareas que correspondan a cada área y establecer un mecanismo de coordinación interinstitucional que supervise y evalúe las políticas aplicadas; es aquí donde el Instituto Mexicano de la Juventud cumpliría funciones y acciones importantes, que hasta ahora no ha podido visualizar.
Quizá haya llegado a su maduración el momento de superar el ancestral tabú que ha prolongado el divorcio de las instituciones educativas y los sectores productivos. Nada más saludable que un acercamiento de las autoridades, las instituciones de educación superior y de las empresas para establecer compromisos y generar sinergias para emprender planes comunes, de los cuales no pueden quedar excluidos los jóvenes. Las becas-trabajo, la capacitación para la adquisición de nuevas competencias, entre otras cosas, pueden ser algunas de las aportaciones de las empresas a las políticas a favor de la juventud. A su vez, ellas tendrían acceso a los beneficios de la investigación científica y tecnológica de las instituciones educativas, mismas que podrían recibir recursos del sector productivo. El gobierno, por su parte, haría su contribución con estímulos a las empresas y, a cambio, recibiría el apoyo de las instituciones y las empresas para la solución de los problemas del país.
México cuenta también con recursos que se encuentran en otros ámbitos y no sólo en los señalados en el párrafo anterior. En la tarea común de aplicar políticas de apoyo a los jóvenes bien pueden involucrarse a los colegios de profesionistas, fundaciones, agrupaciones defensoras de los derechos humanos, organizaciones ambientalistas, e incluso a las iglesias. El asunto es tener claro los objetivos y distinguir meridianamente lo que pueden hacer o no cada una de estas organizaciones. En todo caso, lo primero es generar un polo con la aceptación suficiente como para ser portador de una gran capacidad de convocatoria.
No parece ocioso el conformar un observatorio de la juventud -aunque ya exista un observatorio ciudadano y otros que abordan el tema- que sea el ámbito del debate y de los acuerdos entre los distintos sujetos y organizaciones relacionados con la política juvenil. Con ello se busca favorecer una instancia en la cual se recupere, se analice y sistematice la información sobre la juventud; donde se puedan identificar los temas relevantes y se generen los acuerdos que guíen las propuestas de acción con y para las diferentes franjas juveniles, en el entendido de que es necesario formar las ciudadanías juveniles, democratizar la información e incluir a los jóvenes como actores fundamentales del desarrollo. 2
Para esto se debe contar con un sistema nacional de becas y apoyos en todos los niveles educativos para impulsar significativamente la mayor permanencia de los jóvenes en las instituciones educativas.
En forma concomitante, diseñar una estrategia integral de acceso a servicios de salud específicos y profesionalizados para jóvenes que impliquen las áreas de sexualidad, alimentación, abuso de alcohol y drogas, así como los temas de depresión, soledad, problemas afectivos y de relación social.
Junto con ello es importante garantizar plenamente los derechos que las jóvenes tienen para decidir en torno a las cuestiones de uso responsable de su sexualidad y de reproducción. Alentar en las instituciones públicas y políticas del país, así como en los medios de comunicación, la promoción y defensa de los derechos juveniles, superando los prejuicios y estereotipos en torno a los jóvenes que por su condición de pobreza y marginación se vinculan a redes de violencia y delincuencia. Para lo cual se necesitan verdaderos programas de reinserción social y desarrollo social. Asimismo, se debe fomentar el acceso de los jóvenes a la justicia para combatir los niveles de violencia y apoyar el desarrollo de una cultura a favor de los derechos humanos y de la resolución de conflictos mediante el diálogo y los valores democráticos. Construir los espacios adecuados y las condiciones básicas para fomentar el diálogo y la participación juvenil, donde se respeten las diversas manifestaciones y expresiones culturales; así como se fomenten su difusión y su integralidad.
Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Único. Por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados a efecto de que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 se genere una partida presupuestal por un total de 20 mil millones de pesos etiquetados para conformar el Sistema Nacional de Becas, lo que permitiría atender alrededor de 30 por ciento de los jóvenes entre 15 y 19 años de edad, en virtud de que este país debe generar las condiciones para aprovechar el bono demográfico y contrarrestar la ola de violencia que afecta directamente a la juventud.
Notas
1 El Consejo Nacional de Población define al ”bono demográfico” como el fenómeno que se da dentro del proceso de transición demográfica en el que la población en edad de trabajar es mayor que la dependiente (niños y adultos mayores), y por tanto, el potencial productivo de la economía es mayor. Es una ventana de oportunidad demográfica, que bien aprovechada, principalmente, bajo escenarios de crecimiento económico y con instrumentos adecuados para fomentar el ahorro interno e impulsar la inversión en capital humano, puede ser un importante factor de expansión de la economía, que a su vez, permita realizar las inversiones necesarias para generar más empleos y mantener a los dependientes económicos. En nuestro país, en 1970, la relación de dependencia económica era de 1.1, es decir, había 1.1 personas inactivas por cada persona en edad productiva, para el 2000 esta relación fue de 0.7 y para 2020 será de 0.6, fecha que tendrá el punto mínimo alcanzable en la historia moderna de nuestro país. A partir de 2021, dicha relación de dependencia económica empezará a modificarse negativamente, de tal modo que la población económicamente inactiva será nuevamente mayor que la activa.
2 Mónica María Uribe. “El observatorio de juventud para Medellín: una estrategia que puede contribuir al reconocimiento y la inclusión”, en Trabajo social, juventud, participación política y cultura, Nueva Época, 7 de julio de 2003, páginas 56-63.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.
Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción de un puente a desnivel en Zamora, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Emiliano Velázquez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La construcción del puente a desnivel de la salida a Morelia, ubicado en la avenida Juárez, a la altura de la central de autobuses, en la localidad de Zamora municipio de Zamora, Michoacán, con el objeto de beneficiar al municipio.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones, de Transportes, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, se considere la programación de 44,617,747.49 (cuarenta y cuatro millones seiscientos diez y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos 49/100 moneda nacional) para la construcción de puente a desnivel de la salida a Morelia en Zamora, Michoacán.
Palacio Legislativo, a 28 de octubre de 2010.
Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción de la Plaza Artesanal de la Esfera, en el municipio de Tlalpujahua, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Emiliano Velázquez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Debido a que el porcentaje de ventas de esfera se ha incrementado considerablemente y por ser un proyecto de suma importancia para el desarrollo comercial e impulsar el sector artesanal de tlalpujahua, un pueblo en el cual se beneficiaran significativamente los artesanos y la población que adquiera sus productos, es por tal motivo que con la puesta en marcha de la construcción de la plaza artesanal de la esfera se eleva el nivel de producción así como el número de empleos que se generan. Esto traerá consigo una mejora de la imagen municipal y principalmente ofrecer un espacio de manera permanente para los artesanos, también se pretende un aumento en la afluencia turística y poder ofrecer un mejor servicio, esto incrementa la venta de esfera, beneficiando a una población de 25,373 habitantes, desarrollando la actividad y promoción artesanal, satisfacer la demanda de la población gracias a las creaciones de los artesanos y a ofertar durante todo el año.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones de Cultura, de Economía, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, consideren la programación de $5, 000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 moneda nacional) para la construcción de esta plaza artesanal de la esfera.
Palacio Legislativo, a 28 de octubre de 2010.
Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción del Malecón del Bicentenario de la Independencia, consistente en museo, estacionamiento, restaurant y embarcadero, en Petatán, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Emiliano Velázquez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Esta localidad es privilegiada por la cantidad de borregones que llegan a invernar por un periodo de seis meses, generando con esto una gran afluencia de visitantes nacionales y extranjeros que vienen a observar este fenómeno natural, es por esto que es necesario dotarla de la infraestructura necesaria para darle un mejor servicio a sus visitantes, para así mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones de Cultura, de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, consideren la programación de $5,522,173.71 (cinco millones quinientos veintidós mil ciento setenta y tres pesos 71/100) para la construcción de dicha obra.
Palacio Legislativo, a 28 de octubre de 2010.
Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción de la segunda etapa de la casa de la cultura del municipio de Cojumatlán de Régules, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Emiliano Velázquez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En nuestro municipio no hay espacios que permitan elevar el nivel cultural de la población por que el plantel educativo más elevado es un colegio de bachilleres, que sólo ofrece nivel de preparatoria.
No todos los jóvenes tienen posibilidad tanto de ingresar a la preparatoria y menos a Internet, ni desplazarse a otra población
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones de Cultura, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, consideren la programación de $2,444,367.92 (dos millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil trescientos sesenta y siete pesos 92/100 moneda nacional) para la construcción de dicha obra.
Palacio Legislativo, a 28 de octubre de 2010.
Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción de un relleno sanitario para tratar la basura que se genera en el municipio de Cojumatlán de Régules, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Emiliano Velázquez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Toda vez que ahora depositan la basura en un terreno a cielo abierto, lo cual constituye a todas luces un problema sanitario, ambiental y además se desaprovecha la oportunidad de darle valor económico a los residuos municipales.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones de Salud, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, consideren la programación de $2’680,248.42 (dos millones seiscientos ochenta mil doscientos cuarenta y ocho pesos 42/100) para la construcción de del relleno sanitario.
Palacio Legislativo, a 28 de octubre de 2010.
Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para pavimentar con concreto hidráulico diversas calles de Cojumatlán, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Emiliano Velázquez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Se solicita esta obra por ser una necesidad urgente en nuestro municipio; estas calles carecen de los servicios mas necesarios provocando enfermedades y accidentes ya que cuando llueve el lodo que se genera afecta a sus habitantes especialmente a los niños que acuden a la escuela y no pueden llegar a elle en forma presentable y a los adultos mayores se les dificulta el tránsito por ellas por el peligro de resbalar y caer.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones, de Salud, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, consideren la programación de $18, 767,984.57 (dieciocho millones setecientos sesenta y siete mil novecientos ochenta y cuatro pesos 57/100 moneda nacional) para la realización de dicha obra.
Palacio Legislativo, a 28 de octubre de 2010.
Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción de un módulo deportivo en la localidad de Puerto de León, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Emiliano Velázquez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Esta localidad no cuenta con espacios de recreación donde se pueda ofrecer algún entretenimiento a sus habitantes sobre todo a los jóvenes y niños que requieren de un lugar donde poder practicar algún deporte o desarrollar otras actividades.
Nuestros jóvenes necesitan espacios donde gastar sus energías para evitar que busquen ayuda en sitios equivocados y puedan caer en el vicio del alcohol y la drogadicción.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones de Juventud y Deporte, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, consideren la programación de $3,100,156.89 (tres millones cien mil ciento cincuenta y seis peos 89/100 moneda nacional) para la construcción de este modulo deportivo.
Palacio Legislativo, a 28 de octubre de 2010.
Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción de un módulo deportivo en la localidad de Petatán, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Emiliano Velázquez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Esta localidad no cuenta con espacios de recreación donde se pueda ofrecer algún entretenimiento a sus habitantes sobre todo a los jóvenes y niños que requieren de un lugar donde poder practicar algún deporte o desarrollar otras actividades.
Nuestros jóvenes necesitan espacios donde gastar sus energías para evitar que busquen ayuda en sitios equivocados y puedan caer en el vicio del alcohol y la drogadicción.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones de Juventud y Deporte, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, consideren la programación de $4,302,435.46 (cuatro millones trescientos dos mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 46/100 moneda nacional) para la construcción de este modulo deportivo.
Palacio Legislativo, a 28 de octubre de 2010.
Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción de un módulo deportivo en la localidad de El Nogal, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Emiliano Velázquez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Esta localidad no cuenta con espacios de recreación donde se pueda ofrecer algún entretenimiento a sus habitantes sobre todo a los jóvenes y niños que requieren de un lugar donde poder practicar algún deporte o desarrollar otras actividades.
Nuestros jóvenes necesitan espacios donde gastar sus energías para evitar que busquen ayuda en sitios equivocados y puedan caer en el vicio del alcohol y la drogadicción.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones de Juventud y Deporte, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, consideren la programación de $2,605,251.26 (dos millones seiscientos cinco mil doscientos cincuenta y un pesos 26/100 moneda nacional) para la construcción de este modulo deportivo.
Palacio Legislativo, a 28 de octubre de 2010.
Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción de un módulo deportivo en la localidad de Rincón de María, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Emiliano Velázquez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Esta localidad no cuenta con espacios de recreación donde se pueda ofrecer algún entretenimiento a sus habitantes sobre todo a los jóvenes y niños que requieren de un lugar donde poder practicar algún deporte o desarrollar otras actividades.
Nuestros jóvenes necesitan espacios donde gastar sus energías para evitar que busquen ayuda en sitios equivocados y puedan caer en el vicio del alcohol y la drogadicción.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones de Juventud y Deporte, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, consideren la programación de $2,724,336.75 (dos millones setecientos veinticuatro mil trescientos treinta y seis pesos 75/100 moneda nacional) para la construcción de este modulo deportivo.
Palacio Legislativo, a 28 de octubre de 2010.
Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción de una fábrica de harina de pescado en la localidad de Petatán, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Emiliano Velázquez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Esta obra es muy necesaria en esta comunidad por el peligro de contaminación debido a que diariamente se desechan un promedio de siete toneladas de desperdicio de pescado el cual cuando entra en estado de descomposición genera olores muy desagradables perjudiciales para la salud y el medio ambiente, así como también se contamina el lago de Chapala que tanto necesita de nuestro cuidado, por lo cual considero que esta obra resultara ecológica y mejorara la calidad de vida de los habitantes de esta localidad.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones de Salud, Medio ambiente y Recursos Naturales, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, consideren la programación de $6,981,116.00 pesos (seis millones novecientos ochenta y un mil ciento dieciséis pesos 00/100) para la construcción de la fábrica de harina de pescado.
Palacio Legislativo, a 28 de octubre de 2010.
Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para otorgar un pago único a ex trabajadores de Talleres Gráficos de la Nación, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2011, se incluya una partida especial para otorgar un pago único a ex trabajadores de Talleres Gráficos de la Nación, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Talleres Gráficos de la Nación fue creada por acuerdo del Presidente Lázaro Cárdenas del Río el 13 de enero de 1938 y, desde esa fecha, se constituyó bajo la figura de sociedad cooperativa. Para el cumplimiento de sus fines le fueron proporcionados algunos bienes propiedad de la nación. Por ello, la empresa se constituyó como de participación estatal y nombró a un representante ante la asamblea a fin de cuidar sus bienes.
Con el tiempo, el gobierno federal se constituyó como propietario de 50 por ciento de los rendimientos anuales, no obstante que no estaba considerado como socio en el acta constitutiva de la cooperativa.
Para el pago de pensiones vitalicias a los trabajadores de Talleres Gráficos de la Nación se constituyó un fideicomiso en 1990, pero la cooperativa fue intervenida por la Secretaría de Gobernación desde noviembre de 1993. Además, de acuerdo a información de los ex cooperativistas, no se ha cumplido el pago de las pensiones de dichos trabajadores, no obstante que, mediante una liquidación no fundada en derecho, el gobierno federal se apropió de todos los activos de la empresa cooperativa, apoyándose en la figura de participación estatal.
De acuerdo a versiones de la Secretaría de Gobernación dadas a la Comisión Permanente en 2003, los asuntos demandados ya se atendieron. Por un lado, dice, se otorgaron indemnizaciones y pagos por única vez a los trabajadores que tenían derecho a una pensión conforme al fideicomiso que otorgaba las pensiones y que fue liquidado; además, dice, las demandas que se presentaron, fueron en su momento sobreseídas mediante el juicio de amparo respectivo.
En el primer caso, el 16 de mayo de 1998 el liquidador de Talleres Gráficos suscribió convenios individuales con los jubilados para el pago de las aportaciones que constituyeron un fideicomiso para el pago de las pensiones. Se pagó a 157 ex cooperativistas la cantidad de 11 millones 671 mil pesos. Sin embargo, estos pagos fueron entregados sin informar a los trabajadores que al aceptarlos, asumían la pérdida del derecho a una pensión. Al liquidar el fideicomiso, se canceló el derecho de los trabajadores a recibir una jubilación, al momento cerca de 200 ex cooperativistas quedaron sin una pensión para su vejez, la cual no se sustituyó con una liquidación o un pago único.
En consecuencia, se propone otorgar un pago por única vez a los ex trabajadores que hayan adquirido derechos conforme al fideicomiso citado por un monto de 22.1 millones de pesos que cubrirían el pago de los años que no han recibido una pensión, tomando como base un ingreso promedio de un salario mínimo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados solicita a las Comisiones de Gobernación, y de Presupuesto y Cuenta Pública, que incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 una partida especial en el Ramo 4 Gobernación, de 22.1 millones de pesos para otorgar un pago único a ex trabajadores de Talleres Gráficos de la Nación por los derechos adquiridos como socios cooperativistas en dicho organismo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.
Diputados: Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas, Vidal Llerenas Morales (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), Armando Ríos Piter (rúbrica), Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica).
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para la Universidad Autónoma Chapingo, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para solicitar que se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 la ampliación del presupuesto de la Universidad Autónoma Chapingo (Uach), al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Uach tiene como misión contribuir al desarrollo nacional soberano y sustentable, a través del aprovechamiento racional de los recursos naturales para la producción de bienes y servicios agropecuarios, forestales y agroindustriales; formar profesionales íntegros, solidarios, con juicio crítico, democrático y humanístico; y generar y transferir oportunamente al sector rural innovaciones científicas y tecnológicas que mejoren las condiciones de vida de los habitantes del medio rural y sus familias.
En respaldo de esa misión, y con el reconocimiento de la importancia estratégica de la Uach, la Cámara de Diputados ha autorizado recursos adicionales en los últimos cinco años, que se han destinado a la modernización de la infraestructura y al fortalecimiento de sus funciones sustantivas.
Específicamente, esos recursos adicionales han permitido el equipamiento de laboratorios, campos y granjas experimentales, actualización del parque vehicular y el equipo de cómputo, construcción y equipo de cómputo, y construcción y remodelación de edificios, algunos con valor histórico que son patrimonio de la nación.
La Uach se ha vinculado al sector productivo, social e institucional, en busca de desarrollar la infraestructura con cobertura nacional para contribuir así a la solución de problemas específicos de las regiones agroecológicas del país.
Invertir en educación es invertir en el futuro del país, sobre todo por la oportunidad que nos presenta el bono demográfico de millones de jóvenes que demandan educación universitaria.
En un acuerdo institucional entre autoridades, sindicatos de trabajadores académicos y administrativos y del Comité Ejecutivo Estudiantil de la Universidad Autónoma Chapingo se propone una ampliación de mil 249 millones 500 mil pesos:
1. Servicios personales equilibrio regularizable: 93 millones de pesos.
2. Servicios personales homologación y pasivos, retabulación, jubilación: 324 millones 700 mil pesos.
3. Gastos de inversión: 539 millones 100 mil pesos.
4. Operación, capítulos 2000 y 3000: 127 millones 700 mil pesos.
5. Módulo unidad de servicios habitacionales (estudiantes), capítulo 6000: 65 millones de pesos.
6. Compromiso contractual Uach-Stauach terrenos de vivienda: 100 millones de pesos.
Total solicitado de ampliación: mil 249 millones 500 mil pesos.
Por lo expuesto y fundado, los suscritos someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados solicita a las Comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Presupuesto y Cuenta Pública que se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, en el ramo 08, “Agricultura, ganadería, desarrollo rural y pesca”, una ampliación presupuestal para la Universidad Autónoma Chapingo por mil 249 millones 500 mil pesos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.
Diputados: Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas, Vidal Llerenas Morales (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), Armando Ríos Piter (rúbrica), Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica).
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para el Centro Nacional de las Artes y para la Dirección General de Bibliotecas del Conaculta, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar que en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se incluyan ampliaciones presupuestales para el Centro Nacional de las Artes y la Dirección General de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La cultura es parte indispensable del desarrollo de la sociedad, uno de los fundamentos de la nación y un derecho de los mexicanos. El desarrollo cultural implica el mejoramiento de la calidad de vida.
La cultura encarna los valores más altos, es uno de los fundamentos de la nación, de la comunidad, del hogar. Una sociedad que fortalece su cultura está mejor preparada para la convivencia civilizada, el consenso y la tolerancia. La cultura es manifestación de identidad, en tanto riqueza, pluralidad y diversidad.
La cultura es además un factor de desarrollo y bienestar; nos permite esclarecer las metas y aspiraciones, desatar procesos creativos, valorarnos en lo individual y en lo colectivo como actores de nuestra historia. La cultura no puede estar desvinculada de la discusión de nuevas formas de desarrollo y convivencia. Los recursos destinados a la cultura son redituables en desarrollo, entendimiento, progreso y bienestar individual y colectivo. La cultura debe ser el corazón del desarrollo: sin democracia cultural no habrá democracia política.
El presupuesto aprobado para el sector cultural en 2010 ascendió a 13 mil 94.1 millones de pesos. La propuesta enviada por el Ejecutivo para el próximo ejercicio es de sólo 10 mil 991.5 millones de pesos, monto menor en 2 mil 102.6 millones de pesos.
Los trabajadores del sector cultural han propuesto, en defensa de su materia de trabajo, ampliar el presupuesto para cumplir en mejores condiciones sus labores relacionadas con la educación artística y la difusión de la cultura.
Concretamente, se propone para el Centro Nacional de las Artes una ampliación de 12 millones 303 mil 763 pesos para la equiparación salarial al catálogo de puestos.
Los trabajadores de la Dirección General de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes solicitan su equiparación salarial con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, lo que equivale a un monto aproximado de 58 millones de pesos.
El monto de estas ampliaciones, comparado con el recorte del sector, es mínimo porque importa 70.3 millones de pesos.
Por lo expuesto y fundado, los suscritos someten a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados solicita a las Comisiones de Cultura, y de Presupuesto y Cuenta Pública que en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 incluyan la ampliación en el ramo 11, “Educación”, del presupuesto del Centro Nacional de la Artes por 12 millones 303 mil 763 pesos para equiparación salarial al catálogo de puestos y de la Dirección General de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 58 millones de pesos para su equiparación salarial con los trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.
Diputados: Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas, Vidal Llerenas Morales (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), Armando Ríos Piter (rúbrica), Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica).
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para las instituciones de educación superior, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar que se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2011 ampliaciones presupuestales para instituciones de educación superior, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo a un análisis entregado a esta Cámara de Diputados por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) considera que los recursos previstos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2001 destinados a educación superior “resultan insuficientes para la realización de las tareas académicas”. Instituciones públicas de educación superior, con excepción de la UNAM, institución que este año cuenta con un proyecto presupuestal adecuado para la realización de sus programas y proyectos considerados en su plan de desarrollo.
Plantea la ANUIES que los montos propuestos para el resto de las instituciones públicas de educación superior deben fortalecerse para 2011, y “los recursos destinados a los fondos de financiamiento bajo una nueva integración presupuestaria no deben verse afectados, sino por el contrario, observar un crecimiento real a fin de atender adecuadamente la ampliación de la cobertura, la elevación de la calidad y la atención a problemas estructurales”.
En este contexto, las autoridades de algunas de estas instituciones, así como sus trabajadores han solicitado se hagan llegar a esta soberanía propuestas específicas de ampliación presupuestal que consideramos deben ser atendidas para combatir el rezago que la educación superior ha venido sufriendo en las últimas décadas y puedan ocupar el lugar destacado que merecen como palanca del desarrollo nacional.
Instituto Politécnico Nacional
El IPN es una institución rectora de la educación superior tecnológica pública mexicana que desde hace 74 años está comprometida con el proyecto nacional.
Al cierre del presente ejercicio atiende una matrícula total de 154 mil 428 alumnos y se estima que para el próximo año su cobertura educativa se incrementará en 5.4 por ciento, equivalente a 8 mil 374 alumnos. Los recursos adicionales que se solicitan tendrán un alto impacto social en cuanto a mayor cobertura y oferta de calidad; programas académicos con reconocimiento nacional e internacional, certificados por organismos externos; así como una cobertura en todo el país a través de unidades académicas y centros de investigación vinculación y educación continua.
Las ampliaciones que solicita el IPN son a servicios personales (148. 3 millones de pesos) para cumplir compromisos laborales que requieren ser respetados y regularizados; materiales y suministros por 293.9 millones de pesos para la adquisición de insumos para trabajos de investigación en laboratorios, equipo y bienes informáticos para las prácticas realizadas en áreas tecnológicas y en las redes de investigación y posgrado con que cuenta el instituto; en servicios generales se solicita una ampliación de 480 millones de pesos para mantenimiento de equipos, construcciones y edificios, mantenimiento de redes informáticas. Cabe señalar que 60 por ciento de la infraestructura de las escuelas y centros de investigación tienen una vida de servicio mayor a los 50 años.
Finalmente, en el caso de inversión se solicita una ampliación de 309.8 millones de pesos, entre los que destacan los siguientes proyectos: segunda etapa de construcción y equipamiento del Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías; consolidación del Polo de Desarrollo Tecnológico; robustecimiento de infraestructura y equipamiento de unidades académicas ubicadas en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos; consolidación del equipamiento del planetario Luis Enrique Erro; construcciones necesarias y equipamiento de diversas unidades académicas como la Escuela Superior de Cómputo, la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas; la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Biotecnología; la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía; el CECyT 8 Narciso Bassols y el Centro de Desarrollo Infantil Unidad Zacatenco.
En total, la ampliación presupuestal que se solicita para el Instituto Politécnico Nacional es de 1 mil 232 millones de pesos.
Universidad Autónoma de Guerrero
La Universidad Autónoma de Guerrero solicita una ampliación presupuestal de un millón 495 mil pesos, para aplicarse en los siguientes rubros:
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), incremento de 317.5 millones de pesos, a distribuir como sigue:
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal
Para el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal (IEMS-DF), se solicita un monto de 1 mil 065 millones de pesos, a distribuir como sigue:
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Esta universidad solicita una ampliación presupuestal de 200 millones de pesos, de los cuales 100 se destinarían al equiparamiento salariales, incrementos salariales y prestaciones sociales para el personal que presta sus servicios en las unidades escolarizadas Casa Libertad, San Lorenzo Tezonco, Centro Histórico, Del Valle, Cuautepec y las sedes administrativas de Eugenia y Pestalozzi.
Los restantes 100 millones corresponden a gasto de inversión en obra física para la edificación de un nuevo plantel en Milpa Alta y la conclusión de los planteles San Lorenzo Tezonco y Cuautepec.
Colegio de Bachilleres de Guerrero
Este organismo público descentralizado ofrece sus servicios a 29 mil 983 estudiantes. Para contribuir a su saneamiento financiero, mejorar su calidad educativa y las condiciones laborales de los trabajadores docentes y administrativos, se solicita una ampliación de 147 millones 940 mil pesos, distribuidos de la siguiente manera: 28.1 millones para planteles por cooperación; 39.9 millones para reconocimiento de la plantilla real; 59.9 millones para establecer una zona salarial única, reconociendo la existencia de zonas de vida cara y 20 millones para planteles municipales incorporados.
Universidad Revolución, de Chicoloapan (Nueva Creación)
Esta institución inició operaciones en agosto de 2010, dentro de las instalaciones de la Escuela Preparatoria oficial 55 del estado de México, ubicada en el municipio de Chicoloapan.
La Universidad Revolución se encuentra actualmente gestionando el reconocimiento de sus estudios a través de la Universidad Autónoma de Chapingo, creando un centro universitario público para la zona oriente metropolitana.
Su perfil como institución educativa está dirigido a formar profesionistas que puedan crear proyectos, programas y empresas para innovar procesos y aplicar tecnologías informáticas y de comunicación, con el fin de gestionar el desarrollo comunitario bajo una perspectiva ambientalista y sustentable.
Los requerimientos presupuestales solicitados por esta universidad ascienden a 480.3 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera: 8.2 millones de pesos para la nómina del personal docente y no docente; 468.6 millones de pesos para inversión física; 2.0 millones de pesos para servicios y suministros y 1.5 millones de pesos para práctica e investigación.
Bibliotecas de la Dirección General de Operaciones y Servicios
El personal de bibliotecas de la Dirección General de Operaciones y Servicios en Iztapalapa, solicita una ampliación de 13 millones 503 mil pesos, distribuidos de la siguiente manera:
Universidad Autónoma de Sonora
Se solicita una ampliación para un programa de equiparación salarial interno a fin de que todos los trabajadores reciban la misma percepción salarial en cinco años. El monto solicitado para alcanzar esta meta es de 20 millones de pesos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados solicita a las Comisiones de Educación y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública que incluyan en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 las siguientes ampliaciones presupuestales al ramo 11 Educación, destinadas a instituciones de educación superior, como se detalla a continuación:
• Instituto Politécnico Nacional, 1 mil 232 millones de pesos;
• Universidad Autónoma de Guerrero, 1 mil 249 millones 500 mil pesos;
• Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 317 millones 520 mil 690 pesos;
• Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, 1 mil 065 millones de pesos;
• Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 200 millones de pesos;
• Colegio de Bachilleres de Guerrero, 147 millones 940 mil 150 pesos;
• Universidad Revolución de Chicoloapan, estado de México, 480 millones, 300 mil pesos;
• Bibliotecas de la Dirección General de Operaciones y Servicios, 13 millones 503 mil 269 pesos;
• Universidad Autónoma de Sonora, 20 millones de pesos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.
Diputados Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas, Vidal Llerenas Morales (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), Armando Ríos Piter (rúbrica), Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica).
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para financiar el Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en al LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, se incluya una partida especial para el financiamiento del Fideicomiso FerronalesJub 5012-6, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Ferrocarriles Nacionales de México, ahora en liquidación, otorgaba a todos su personal un plan de jubilación que otorgaba pensiones vitalicias al momento de cumplir con determinados requisitos. Lo anterior quedó plasmado en el Contrato Colectivo de Trabajo suscrito con el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM).
El 19 de diciembre de 1997, con la finalidad de garantizar el cumplimiento del programa jubilatorio se constituye en Nacional Financiera, SNC, el Fideicomiso Ferronalesjub, con recursos que serían proporcionados por la venta de las empresas ferroviarias concesionarias. El patrimonio inicial del convenio ascendió a 13 mil 530 millones de pesos para 53 mil 348 jubilados en ese momento.
De acuerdo al último estudio actuarial disponible, elaborado por el despacho Lescale Consultores Actuariales, SC, (diciembre de 2008), el valor presente de las obligaciones del fideicomiso asciende a 21 mil 800 millones 735 mil pesos. Como el fideicomiso contaba, al momento de la evaluación con 6 mil 101 millones 729 mil pesos, el pasivo del fideicomiso asciende aproximadamente a 15 mil 699 millones de pesos. En caso de que el gobierno federal no cuente con estos recursos y de acuerdo a las tendencias observadas, para principios del año 2011 no existirán recursos suficientes para enfrentar el pago de las obligaciones del fideicomiso. Al 31 de diciembre de 2009 el fideicomiso contaba con sólo 3 mil 869 millones de pesos para cubrir sus obligaciones.
A valor actual, estimamos que las obligaciones del fideicomiso ascienden a cerca de 25 mil 500 millones de pesos.
Es importante mencionar que el artículo 4o. del decreto por el que se extingue FNM y se abroga su Ley Orgánica establece:
En toda época, el gobierno federal garantizará complementariamente el pago vitalicio de las pensiones otorgadas a los trabajadores jubilados y pensionados, de Ferrocarriles Nacionales de México, en el caso de que el fondo de jubilaciones sea insuficiente.
El riesgo de incumplimiento de esta obligación por la insuficiencia financiera del fondo del fideicomiso es un problema crítico que afectará en el corto plazo a los beneficios de cerca de 42 mil jubilados y pensionados en el próximo ejercicio fiscal.
En ese sentido, se propone que para capitalizar el fideicomiso FerronalesJub 5012-6 se otorgue una partida especial, a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por 3 mil 500 millones de pesos, que permita solventar el cumplimiento de obligaciones para el próximo ejercicio fiscal. En caso de que esta propuesta sea aceptada, se requerirían aportaciones similares por los siguientes siete años para obtener la suficiencia financiera del fideicomiso y dar certidumbre a estos ex trabajadores ferrocarrileros.
Por lo expuesto, los suscritos sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único . La Cámara de Diputados solicita a las Comisiones de Transportes, y de Presupuesto y Cuenta Pública que incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 una partida especial, en el ramo 09 Comunicaciones y Transportes, de 3 mil 500 millones de pesos para financiar el Fideicomiso FerronalesJub 5012-6.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.
Diputados: Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas, Vidal Llerenas Morales (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), Armando Ríos Píter (rúbrica), Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica).
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en al LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo a fin de solicitar que se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos para el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El artículo cuarto, párrafo tercero, de la Constitución establece el derecho a la protección de la salud. Los artículos 2, 3, 90 y 96 de la Ley General de Salud especifican que la protección de la salud tiene como finalidades el disfrute de servicios de salud y de asistencia social, el desarrollo de la enseñanza, así como de la investigación científica en materia de salud, que los servicios de salubridad deben satisfacer las necesidades de la población; que la investigación científica debe contribuir al conocimiento, prevención y control de las enfermedades, así como a la producción de insumos para la salud y que la enseñanza debe orientarse a la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos.
En los artículos 37, 51 y 54 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud se establece que estas instituciones atienden padecimientos de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento, que la investigación científica tiene que contribuir al conocimiento y a las necesidades de salud del país, y que la formación y capacitación de recursos humanos debe vincularse con los programas de atención médica y de investigación, y que la prestación de los servicios médicos será preferentemente a la población que no se encuentre en algún régimen de seguridad social.
El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) es un organismo descentralizado que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado por la Secretaría de Salud, que tiene autonomía técnica, operativa y administrativa.
El INNN realiza estudios e investigaciones clínicas, epidemiológicas, experimentales, de desarrollo tecnológico y básicas, en las áreas biomédicas y sociomédicas en el campo de las neurociencias, para la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del sistema nervioso, y rehabilitación de los afectados, así como para promover medidas de salud; promueve y realiza reuniones de intercambio científico, de carácter nacional e internacional, y celebra convenios de coordinación, intercambio y cooperación con instituciones afines; forma recursos humanos en sus áreas de especialización, así como en aquellas que le son afines; brinda servicios de salud de alta especialidad en aspectos preventivos, quirúrgicos y de rehabilitación en el área de las afecciones nerviosas; proporciona consulta externa, atención hospitalaria y servicios de urgencias a la población que requiera atención médica de su especialidad, hasta el límite de su capacidad instalada.
Durante más de 40 años de esfuerzo sostenido el INNN ha logrado la construcción de una sólida infraestructura social y desarrollo de recursos humanos de alto nivel científico-técnico.
Es reconocido nacional e internacionalmente por su alta productividad y calidad de sus servicios, resultado principalmente de la dedicación y preparación de sus trabajadores, que se desempeñan en condiciones extremas por las características de su fuente y materia de trabajo.
Desde 2001 operan con sólo 39 consultorios, en los que se atienden 90 mil personas, lo que registra un promedio de 0.48 consultorios médicos por cada mil personas atendidas, inferior al valor estándar del sector salud. Lo anterior denota la falta de espacios para la atención oportuna de la demanda de personas que acuden a programar su cita para recibir una consulta médica de alta especialidad, lo cual incide en los retrasos en el otorgamiento de las mismas.
Durante años el gasto en inversión ha sido limitado, como consecuencia se nota un marcado deterioro en los equipos y las instalaciones. La falta de reequipamiento ha acentuado la obsolescencia tecnológica, constituyendo un factor decisivo en lo limitado de los servicios y contribuyendo a su baja calidad.
La propuesta que se presenta permitirá hacer frente a la conversión de plazas, ampliación de plantillas de personal (principalmente rama médica), la sustitución de las compañías subrogadas por plazas del instituto y dotación oportuna y suficiente de medicamentos y materiales para atención del paciente.
La normatividad faculta a los órganos de gobierno del INNN para aprobar y modificar la estructura básica de acuerdo con el monto total autorizado de su presupuesto de servicios personales, así como definir los lineamientos y normas para conformar la estructura ocupacional y salarial, las conversiones de plazas y renivelaciones de puestos y categorías.
Esta propuesta consiste en otorgar 2 millones 175 mil pesos para conversión de plazas; 36 millones 415 mil pesos para plazas de nueva creación y 48 millones 788 mil pesos para sustituir a las compañías subrogadas por plazas el INNN.
El derecho a la salud sólo puede garantizarse sobre la base de las instituciones públicas, ya que aún ocupan el lugar central en la atención a la salud, y constituyen un patrimonio social construido durante décadas, por lo que debe fortalecerse su gestión para resolver sus actuales problemas. La primera condición para superar su deterioro es revertir su desfinanciamiento, garantizando el incremento del gasto programable en salud.
El incremento al Presupuesto de Egresos permitirá hacer frente a la conversión de plazas, ampliación de plantillas de personal (principalmente rama médica), la sustitución de las compañías subrogadas por plazas del instituto y dotación oportuna y suficiente de medicamentos y materiales para atención del paciente.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados solicita a las Comisiones de Salud, y de Presupuesto y Cuenta Pública que, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, considere la ampliación de 87 millones 378 mil 843 pesos en el ramo 12, “Salud”, para el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.
Diputados: Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas, Vidal Llerenas Morales (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), Armando Ríos Piter (rúbrica), Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica).
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en al LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el proyecto ejecutivo de ampliación presupuestal para el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) experimenta un retroceso en la inversión en ciencia, tecnología e innovación; siendo el ININ el único centro nuclear de México, se presentan problemas en el desarrollo de proyectos de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, así como en la atención y calidad de los servicios que prestan las diversas áreas que lo conforman.
En este sentido, se requiere el reemplazo de los equipos existentes con opciones tecnológicas más eficientes, así como la implantación de nuevos procesos productivos, como la necesidad de contar con una instalación de tratamiento de desechos radioactivos y un nuevo reactor nuclear de investigación de 20 megavatios, los proyectos constan de participación en el diseño, construcción y operación de las instalaciones de los trabajadores del ININ.
En general, la petición de ampliación presupuestal en el ejercicio fiscal de 2011 para el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares se presenta en la tabla siguiente, con la solicitud de que en el rubro de subsidios y apoyos fiscales se le dote de una ampliación al propuesto por el gobierno federal de 769 millones, 803 mil 743 pesos para completar la cantidad en ese rubro de 1 mil 231 millones 651 mil 14 pesos, a efecto que en inversión física se proporcione la cantidad de 538 millones 35 mil 775 pesos que incluyen los equipos, infraestructura, materiales, suministros, edificios y la compra de un reactor nuclear de investigación de 20 megavatios, para producir ciencia, tecnología y productos para beneficiar a la sociedad, el campo, la industria, la educación, la salud, por mencionar algunos.
La estrategia refleja el compromiso de los agremiados del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN), en relación con la mitigación del cambio climático y la adaptación a los efectos adversos de éste, asimismo con nuestra participación en beneficio de la sociedad, desarrollando ciencia y tecnología, para satisfacer la demanda que tiene la industria y los sectores productivos. Consideramos que la ciencia, la ingeniería y la innovación tecnológica, deben tener un papel preponderante y decisivo para el logro de estos objetivos.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único . La Cámara de Diputados exhorta a las Comisiones de Energía, y de Presupuesto y Cuenta Pública a efecto de que en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011 considere la ampliación de 769 millones 803 mil 743 pesos para el proyecto ejecutivo de ampliación presupuestal para el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.
Diputados: Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas, Vidal Llerenas Morales (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), Armando Ríos Piter (rúbrica), Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica).
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para el organismo público descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que incluya en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 una ampliación al Ramo 12, “Salud”, para el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Es indispensable gestionar la ampliación del presupuesto 2011 al sector salud, ya que el Sindicato Único de Trabajadores del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán está comprometido con los trabajadores agremiados a dicha organización, que se encuentran en una situación precaria, contratados por honorarios, tratándose de casi dos mil trabajadores que operan el Seguro Popular y nuevos hospitales; tres mil 273 trabajadores de personal regularizado, el cual no ha recibido incrementos salariales durante tres años consecutivos hasta la fecha, así como 82 trabajadores contratados por el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.
Por lo expuesto, los suscritos someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a las comisiones de Salud, y de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar, en el marco del proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, la ampliación de 290 millones 656 mil 965 pesos en el Ramo 12, Salud.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010
Diputados: Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas, Vidal Llerenas Morales (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), Armando Ríos Piter (rúbrica), Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica).
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la pavimentación del camino correspondiente al tramo San Cristóbal-El Corralito, del ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a cargo del diputado Luis Felipe Eguía Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, diputado Luis Felipe Eguía Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo para exhortar a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y al pleno de esta LXI Legislatura para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2011 se aprueben recursos etiquetados destinados para la pavimentación del camino correspondiente al tramo San Cristobal-El Corralito, perteneciente al honorable ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en favor de la región del Corralito y 13 comunidades de la subregión, de las cuales están las de San Antonio de los Baños, San José de los Baños, colonia Las Rocas, Pinabetal, Corralito Pazotal, entre otros, con base en los siguientes
Antecedentes
1. Desde hace más de dos décadas, la región del Corralito, del municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, integrada por las comunidades indígenas de la etnia tzotzil, en donde su población prevalece la marginación y extrema pobreza, la cual tiene un avanzado rezago social, hace más de 36 años el camino comprendido San Cristóbal-El Corralito, con una longitud 6+300 kilómetros, fue abierto de manera rudimentaria con materiales diversas, pero no propios técnicamente, por habitantes e integrantes de esa comunidad y de otras subregiones, y han solicitado apoyo a diversas instancias gubernamentales de los tres niveles, y que hasta la fecha no han sido escuchadas sus demandas como es la construcción y pavimentación del camino de merito, que es prioridad para comunicarse e integrarse a las comunidades y acceder a diversos servicios y al desarrollo.
2. En esa región se tiene aproximadamente una población de 15 mil habitantes.
3. Son muchas y variadas las necesidades de los municipios que conforman la región del Corralito, no obstante es fundamental que cuenten con vías de comunicación que les permitan desarrollar actividades de intercambio entre las comunidades y que propicien el desarrollo.
Considerando
Primero . Que es una realidad que en dicha población habitan 2 mil 600 de familias que viven en un alto grado de marginalidad que carecen además de muchas otras cosas, de la infraestructura urbana básica para resolver sus necesidades cotidianas a las que se enfrentan día a día.
Segundo . Que como legisladores, el deber es velar por el bienestar de todas y todos los mexicanos, encausados al bien común, en particular de los que menos tienen, garantizando que en el presupuesto aprobado a los gobiernos estatales y municipales sea destinado a cubrir, entre otras, las necesidades básicas de la población con la finalidad de elevar la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro país. En especifico, en esta comunidad del Corralito, por ser una zona marginada y de pobreza, que para acceder a los poblados donde se encuentran algunos servicios de salud, transporte, escuelas y otros, que están distanciados de la comunidad que nos ocupa, se requiere de su pavimentación para ser una vía para mitigar y resolver sus problemas de comunicación y acceso a diversos servicios indispensables.
Tercero . Que por ello es ineludible y necesario que el Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe esta soberanía establezca una partida presupuestal por 45 millones de pesos, suficiente y etiquetada para la construcción del camino que durante años han gestionado los habitantes de las comunidades mencionadas, así como para acceder a diversos servicios públicos cuando menos básicos, que están alejados de esa comunidad.
El proyecto de la pavimentación del camino correspondiente al tramo San Cristóbal-El Corralito cuenta con los soportes documentales, de aprobación por el honorable ayuntamiento de San Cristóbal y validado por la Secretaría de Comunicación y Transporte; oficio de impacto ambiental, emitido por la Semarnat y la Semavi Chiapas; la validación del INAH y carta compromiso del ingeniero Mariano Díaz Ochoa, presidente municipal de San Cristóbal de las Casas.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXI Legislatura, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único . Se exhorta a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y al pleno de esta LXI Legislatura a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2011 se apruebe la cantidad de 45 millones de pesos, recursos etiquetados destinados a la pavimentación del camino correspondiente al tramo San Cristóbal-El Corralito, con una longitud de 6+300 kilómetros, perteneciente al honorable ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para tener acceso a una infinidad, necesarios e indispensables, de servicios públicos en favor de la región del Corralito y 13 subregiones, que beneficiará a más de 2 mil 600 familias.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.
Diputado Luis Felipe Eguía Pérez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se establezca un fondo para el pago de los ex trabajadores jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de la Nación, a cargo del diputado Domingo Rodríguez Martell, del Grupo Parlamentario del PRD
El diputado Domingo Rodríguez Martell de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y de la Comisión de Asuntos Indígenas, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Talleres Gráficos de la Nación S.C. de P.E. y R.S fue creada por acuerdo del presidente Lázaro Cárdenas del Río el 13 de enero de 1938 y, desde esa fecha, se constituyó bajo la figura de sociedad cooperativa. A esta empresa se le proporcionó algunos bienes propiedad de la nación y se constituyó como de participación estatal.
No obstante, el 3 de junio de 1992 el gobierno federal dio por terminado de manera arbitraria el contrato entre los Talleres Gráficos de la Nación S.C. de P.E. y R.S, y se convino la devolución de los bienes al gobierno federal.
Asimismo, cabe señalar que en 1990 se constituyó un fideicomiso para el pago de pensiones vitalicias a los trabajadores de Talleres Gráficos de la Nación, sin embargo, la cooperativa fue intervenida por la Secretaría de Gobernación en noviembre de 1993.
De acuerdo con la información de los ex cooperativistas y jubilados, no se ha cumplido con el pago de las pensiones de dichos trabajadores, a pesar de que mediante una liquidación no fundada en derecho, el gobierno federal se apropió de todos los activos de la empresa cooperativa, apoyándose en la figura de participación estatal.
En dicho fideicomiso, se estableció que la aportación de 10 por ciento de la nómina mensual, así como de los rendimientos anuales de la cooperativa a los fondos fideicomitidos, debía ser efectuada por las instituciones que explotan el centro de trabajo desde 1993 hasta la fecha.
Así, a la fecha ninguno de los jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de la Nación ha recibido pensión, lo que ha representado para ellos y sus familias sobrevivir en un ambiente de zozobra y carencias, agravando esta situación con el irreparable fallecimiento de quienes han venido demandando el cumplimiento de este derecho.
Por tal motivo, se realizó el ejercicio para el pago de las pensiones vitalicias para los 213 jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de la Nación, relativo al periodo del año de 1995 al año de 2010. Para la generación del pago se tomó en cuenta el estudio actuarial que hizo la Secretaría de Gobernación, asimismo también se incorporaron los incrementos en el salario mínimo publicados en el Diario Oficial de la Federación con base en las normas que establece la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, actualizado con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (I.N.P.C.), Banco de México.
Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía, considere la urgente necesidad de aprobar un fondo de 236’681,350.67, dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, a fin de cubrir el pago a los ex trabajadores jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de la Nación, correspondiente al periodo de 1995 a 2010.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.
Diputado Domingo Rodríguez Martell (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de adicionar un párrafo al artículo 20 del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 a efecto de que en las campañas y programas del gobierno federal, sea incluido en un recuadro, un intérprete de lengua de señas mexicanas, o en su defecto, el sistema de subtítulos o close caption, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del PRD y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios
La suscrita, diputada Claudia Edith Anaya Mota, en nombre propio y de diputados de diversos grupos parlamentarios, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de punto de acuerdo a fin de adicionar un párrafo al artículo 20 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, con base en las siguientes
Consideraciones
La presente proposición tiene por objeto adicionar un párrafo al artículo 20 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, relativo a los recursos presupuestarios para actividades de comunicación social a través de la radio y la televisión de los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, así como las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo para que en los programas y campañas de comunicación social de éstos se incluya a un intérprete de lengua de señas mexicanas o el sistema de subtítulos o Close Caption en los que se transmitan por televisión.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Evaluación del Desempeño, realizado en el 2003 por la Secretaría de Salud, aproximadamente el 9 por ciento del total del país presentaba algún grado de dificultad en el dominio de su movilidad, función mental, estado de ánimo, actividades usuales, y dolor y función social, por lo que se estima que alrededor de 10 millones de personas presentan discapacidad.
El Diagnóstico del Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad señala que de los hombres con discapacidad, el 16.5 por ciento son sordos y de las mujeres el 14. 8. Los rangos de edad de la población sorda se distribuye: De 0-14 años representan el 12 por ciento, de 15 a 29 años el 11.2, de 30 a 59 el 12 por ciento y de más de 60 años, el 21 por ciento.
El 16 por ciento son sordos de nacimiento, el 25.6 por enfermedad, el 11.8 por un accidente, y el 38.2 la adquiere por la edad avanzada.
En materia educativa, en 2006 se atendieron a 384 mil 393 personas con discapacidad, tan sólo 14, 835 personas eran sordas, o sea tan sólo el 3.9 por ciento, de los 384 mil 393 el 90 por ciento, es decir 350 mil 574 eran atendidos por las entidades federativas.
Esta medida que se propone en el decreto de Presupuesto de 2011, está sustentada en los objetivos estratégicos del Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012. Al respecto el programa señala: “Estrategia 2.3 Incentivar la instalación y el uso de medios, programas, tecnologías y formatos alternativos para facilitar la comunicación y la difusión de información para personas con discapacidad.”
La estrategia 2.3. el gobierno federal, la pretende alcanzar con las siguientes acciones: “2.3.1. Gestionar ante las autoridades de los niveles federal, estatal y municipal, el uso de tecnologías de información y comunicación, así como de formatos alternativos adecuados para personas con discapacidad, en espacios públicos. 2.3.2. Promover ante las principales empresas televisoras la contratación de intérpretes de la Lengua de Señas Mexicana para los noticieros y programas culturales de mayor difusión, o bien, el uso de estenografía proyectada; y 2.3.3. Gestionar la publicación de información en sistema braille u otros formatos alternativos y asegurar que se proporcione información de este tipo en las instancias de servicio al público.”
Lamentablemente, este programa en materia de acceso al uso de tecnologías de información y comunicación, así como a formatos alternativos adecuados para personas con discapacidad, en espacios públicos; sólo tiene como meta “lograr que al menos uno de los noticieros nocturnos transmitidos por televisión nacional cuente con intérprete de Lengua de Señas Mexicana.”
Con nuestra proposición el sector público tendrá la obligación y el recurso para hacer accesible la información del gobierno transmitida por televisión accesible para las personas con discapacidad auditiva.
Esta propuesta, también ha sido presentado con anterioridad mediante dos instrumentos legislativos: vía una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a ordenar al Centro de Producción de Programas Informativos Especiales a que en todos los programas especiales, cortes informativos y cadenas nacionales del presidente de la República se incluya un recuadro con un intérprete de lengua de señas mexicanas o el sistema de subtítulos o Close Caption que fue aprobada por la Comisión Permanente y turnado al jefe del Ejecutivo el 28 de julio de 2010. La Mesa Directiva de la Cámara aun no cuenta con respuesta al respecto.
Y, mediante una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 23 de marzo de 2010, y turnada a las comisiones unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con opinión de Presupuesto y Cuenta Público. La iniciativa propone considerar que la información que difunda el Canal del Congreso deberá contar con un intérprete de lengua de señas mexicanas en un recuadro o subtítulos, que garanticen la accesibilidad de la información a las personas con discapacidad auditiva.
Por otro lado, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por nuestro país, obliga al Estado mexicano a cumplir lo que establece el “artículo 21. Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información.
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente Convención, entre ellas:
a. Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de manera oportuna y sin costo adicional, en formato accesible y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad;
b. Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas , el Braille, los modos, medios, y formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad en sus relaciones oficiales ;
c. Alentar a las entidades privadas que presten servicios al público en general, incluso mediante Internet, a que proporcionen información y servicios en formatos que las personas con discapacidad puedan utilizar y a los que tengan acceso;
d. Alentar a los medios de comunicación, incluidos los que suministran información a través de Internet, a que hagan que sus servicios sean accesibles para las personas con discapacidad;
e. Reconocer y promover la utilización de lenguas de señas.
Asimismo, la Ley General de las Personas con Discapacidad en su artículo 18, establece que “los medios de comunicación implementarán el uso de tecnología y, en su caso, de intérpretes de la Lengua de Señas Mexicana, que permitan a la comunidad de sordos las facilidades de comunicación y el acceso al contenido de su programación.”
Finalmente, la garantía constitucional establecida en el segundo párrafo del artículo 6, obliga al Estado para con sus ciudadanos con discapacidad auditiva a establecer procedimientos que garanticen el derecho de acceso a la información pública a más mexicanas y mexicanos.
Las anteriores consideraciones demuestran que la adición tiene sustento jurídico nacional e internacional; programático, en cuanto a metas y estrategias; financiero, ya que el gasto total de comunicación social del gobierno federal asciende en su conjunto a 1 mil 392.21 millones de pesos.
Por lo expuesto y fundado se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que en el análisis y discusión del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se adicione un párrafo al artículo 20 con el objeto de que en las campañas y programas del gobierno federal sea incluido en un recuadro un intérprete de lengua de señas mexicanas, o en defecto el sistema de subtítulos o Close Caption.
Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 28 de octubre de 2010.
Diputados: Claudia Edith Anaya Mota, Guadalupe Acosta Naranjo, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, José María Valencia Barajas, Francisco Armando Meza Castro, Silvia Puppo Gastélum, Domingo Rodríguez Martell, Julio César Godoy Toscano, Olga Luz Espinosa Morales, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Sergio Ernesto Gutiérrez Villanueva, María Araceli Vázquez Camacho, María Dina Herrera Soto, Ramón Jiménez Fuentes, Martín García Avilés, José Narro Céspedes, Juan Carlos López Fernández, Ariel Gómez León, Jaime Arturo Vázquez Aguilar, Armando Ríos Piter, Nazario Norberto Sánchez, Florentina Rosario Morales, Avelino Méndez Rangel, Samuel Herrera Chávez, Carlos Torres Piña, Martha Angélica Bernardino Rojas (rúbricas).
Con punto de acuerdo, relativo al Programa de Apoyo para la Infraestructura Social del Distrito Federal y sus Demarcaciones Territoriales, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Vidal Llerenas Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
A partir de la década de los ochenta en nuestro país se sentaron las bases de un esquema de coordinación fiscal amplio y de reparto de participaciones más equitativas, toda vez que se expidió la Ley de Coordinación Fiscal, la cual modificó sustancialmente la forma de repartirlas pues se consideró que cierta cantidad de ellas deberían distribuirse no sólo en función de donde se generara la recaudación, sino dependiendo del grado de desarrollo regional, aunado a que se estableció la colaboración administrativa entre los ámbitos de gobierno federal y local a través de la celebración de convenios.
Dentro de la nueva Ley de Coordinación Fiscal quedó regulado el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, con el objeto de evitar la doble tributación, señalar el ámbito de competencia de la federación y de las entidades federativas, así como distribuir a los estados miembros una proporción de la recaudación federal, mediante el establecimiento de convenios de adhesión.
Si bien es cierto con el establecimiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal las entidades federativas cedieron una parte de sus facultades impositivas, también lo es que se estableció un orden fiscal más o menos homogéneo, toda vez que ganaron mayores recursos el otorgamiento de participaciones federales provenientes de ingresos tributarios y no tributarios, así como los obtenidos por la producción y venta de petróleo.
Es durante la década de los noventa que los procesos de descentralización de recursos destinados al combate a la pobreza inciden con mayor fuerza en la Ley de Coordinación Fiscal: en el año de 1998 se incorporan en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y en el capítulo V de la ley de mérito los Fondos de Aportaciones Federales del ramo 33.
Con la incorporación de los Fondos de Aportaciones Federales, la federación transfiere recursos a las haciendas públicas de los estados, Distrito Federal, y en su caso, de los municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece la Ley de Coordinación Fiscal, para los fondos siguientes:
I. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.
II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
V. Fondo de Aportaciones Múltiples.
VI. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos;
VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, y
VIII. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
Ahora bien, dentro de todos los fondos que conforman el ramo 33 el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) adquiere una especial importancia para los gobiernos locales, ya que representa una importante fuente de recursos financieros y plantea un nuevo esquema de administración de recursos y programas transferidos para la aplicación de la política social.
En cuanto al FAIS es de señalarse que este se encuentra dividido en dos vertientes: estatal (FAISE) y municipal (FAISM), los criterios de distribución son ponderados en una fórmula que calcula un índice global de pobreza a nivel familiar, municipal y estatal.
Las aportaciones federales que con cargo al FAIS reciban los estados y los municipios, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:
a) FAISM: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural, y
b) FAISE: obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o intermunicipal.
No obstante las bondades de dicho fondo, es de destacarse que el Distrito Federal sigue en la actualidad excluido del FAIS, en este sentido el presente punto de acuerdo tiene por objeto incorporar al Distrito Federal y a sus demarcaciones territoriales en este fondo con el objeto de que la población del Distrito Federal se vea beneficiada con estas aportaciones federales bajo la premisa fundamental de dedicar los recursos del fondo a obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o entre sus demarcaciones territoriales, en este tenor estimamos que el Distrito Federal ha dejado de percibir por este conducto, desde su creación hasta el 2010, 7,262.4 millones de pesos de 2010, necesarios para la creación de infraestructura básica, y de no distribuirse recursos bajo este Fondo en el 2011, dejara de percibir alrededor de 811.1 millones de pesos de 2011.
Lo anterior, en virtud de que el Distrito Federal no es considerado un estado y sus demarcaciones territoriales no son consideradas municipios. Es decir, la problemática de la exclusión al FAIS radica en que, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, sus recursos se distribuyen a los estados y de los estados a los municipios.
El hecho de que se excluya al Distrito Federal y a sus Demarcaciones Territoriales de los recursos de este Fondo, no radica en que la federación reconozca la inexistencia de brechas carenciales en base a las cuales se calculan los coeficientes de distribución del fais, sino en el hecho de que el Distrito Federal no es un estado, por lo tanto, el problema es de naturaleza jurídica (semántica).
Por ello, resulta de vital importancia y de justicia social, que tanto el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales sean incluidas y beneficiadas del FAIS, el argumento de que no es un estado y no cuenta con municipios para excluirlo de dicho fondo, no es una consideración jurídica lógica, ya que desde el año de 1977 el Distrito Federal ha sufrido una evolución en cuanto a su régimen interno.
Sobre este punto en particular, es de señalarse que el primer párrafo del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es incompleto en su pretensión de considerar que el artículo 44 de la propia Ley Suprema fija la naturaleza del Distrito Federal, toda vez que el propio artículo 44 no determina de manera completa la naturaleza jurídica del Distrito Federal, puesto que sólo señala que es la sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Distrito Federal es una parte integrante de la Federación, lo que significa que adquiere la categoría de entidad federativa, siendo a su vez reconocido en distintos artículos de la Carta Magna donde se abarca igualmente a los estados y al Distrito Federal.
Con base en lo anterior se desprende la categoría de entidad federativa del Distrito Federal y en consecuencia se justifica la incorporación del mismo para participar en el FAIS contenido en Ley de Coordinación Fiscal.
Como antecedente, es importante considerar que en el artículo 61 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se creó, como vertiente del Programa de Incentivos Estatales, el Fondo de Inversión Estatal para el Desarrollo Social, cuyos recursos recibieron las entidades federativas y fueron destinadas exclusivamente para acciones sociales e inversiones, que beneficiaban directamente a sectores de la población que se encontraban en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Tales recursos se distribuyeron entre todas las entidades federativas aplicando la fórmula del FAIS, correspondiéndole al Distrito Federal un coeficiente de distribución de 1.75 por ciento, de acuerdo con el cálculo realizado y dado a conocer por la Secretaría de Desarrollo Social.
Lo anterior, permite determinar objetivamente el coeficientes del Fais que le debería de corresponder al Distrito Federal y ratifica el hecho de que se exclusión de origen de los recursos de este Fondo, obedece a razones ajenas a los criterios de pobreza extrema especificados en la fórmula de distribución de este fondo, de conformidad con lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal.
Ahora bien, de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Coordinación Fiscal el FAIS se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5 por ciento de la recaudación federal participable, según estimación que de ésta se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Del total de la recaudación federal participable el 0.303 por ciento corresponderá al FAISE y el 2.197 por ciento al FAISM.
El Distrito Federal como capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de los poderes federales y entidad federativa ha sido objeto de reformas constitucionales paulatinas que en los últimos 20 años han tratado de incorporar elementos de corte democrático para aminorar los reclamos ciudadanos, por ello es de elemental justicia fiscal y federalista incluir al Distrito Federal y a sus demarcaciones territoriales dentro de un esquema que permita beneficiar a los capitalinos de muy escasos recursos, que habitan en la capital del país y que coadyuvará a mejorar su calidad de vida.
Es de considerar que, en tanto no se modifique la Ley de Coordinación Fiscal, se propone crear en el Presupuesto de Egresos de la Federación un Programa de apoyo para la infraestructura social del distrito federal y sus demarcaciones territoriales.
Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar a la Cámara de Diputados se someta a consideración la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se modifique el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, para quedar como sigue:
Título Cuarto
De las Reglas de Operación para Programas
Capítulo II
De los criterios generales para programas específicos sujetos a reglas de operación
Articulo 32. ...
Para estos fines, el ramo administrativo 20 Desarrollo Social considera los programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias; Hábitat; de Empleo Temporal; de Atención a Jornaleros Agrícolas; de Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras; de Rescate de Espacios Públicos; 70 y Más; 3 x 1 para Migrantes; de Opciones Productivas; de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares; de Ahorro y Subsidio para la Vivienda, Tu Casa; Vivienda Rural; de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres; de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, SA de CV; de Abasto Rural a cargo de Diconsa, SA de CV; de Apoyo Alimentario y de Desarrollo Humano Oportunidades; de Coinversión Social; del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, Fonart y de Apoyo para la Infraestructura Social para el Distrito Federal y sus Demarcaciones Territoriales.
El Programa de Apoyo para la Infraestructura Social para el Distrito Federal y sus Demarcaciones Territoriales se crea con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.05 por ciento de la recaudación federal participable, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para este ejercicio. Del total de la recaudación federal participable el 0.00606 por ciento corresponderá a la entidad federativa y el 0.04394 por ciento a sus demarcaciones territoriales.
Los subsidios federales con cargo a este programa se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:
Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural, así como a obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional.
Este programa será convenido entre el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social y el Gobierno del Distrito Federal.
Este subsidio se enterará mensualmente al Distrito Federal en los primeros diez meses del año por partes iguales por conducto de la federación y del Distrito Federal a sus demarcaciones territoriales.
Adicionalmente, se podrá destinar hasta el 3 por ciento de dichos recursos en cada caso, para ser aplicados como gastos indirectos a las obras señaladas en el presente artículo. Respecto de dichas aportaciones, la entidad deberá:
I. Hacer del conocimiento de sus habitantes, los montos que reciban las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios;
II. Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar;
III. Informar a sus habitantes, al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados;
IV. Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la utilización del Fondo le sea requerida.
V. Procurar que las obras que realicen con los recursos del Fondo sea compatible con la preservación y protección del medio ambiente y que impulse el desarrollo sustentable.
El ejercicio de los recursos del programa será informado por el Distrito Federal al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social. La Secretaría de Desarrollo Social remitirá trimestralmente dicha información a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.
El Distrito Federal distribuirá a sus demarcaciones territoriales, los recursos correspondientes al Programa de Apoyo para la Infraestructura Social del Distrito Federal y sus Demarcaciones Territoriales, con una fórmula igual a la señalada en el artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal, que enfatice el carácter redistributivo de estas aportaciones hacia aquellas demarcaciones territoriales con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema. Para ello, utilizarán la información estadística más reciente de las variables de rezago social a que se refiere el artículo en mención publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En aquellos casos en que la disponibilidad de información no permita la aplicación de la fórmula antes señalada, se utilizarán las siguientes cuatro variables sumadas y ponderadas con igual peso cada una de ellas:
a) Población ocupada de la demarcación territorial que perciba menos de dos salarios mínimos respecto de la población del Distrito Federal en similar condición;
b) Población de la demarcación territorial de 15 años o más que no sepa leer y escribir respecto de la población del distrito Federal en igual situación;
c) Población de la demarcación territorial que habite en viviendas particulares sin disponibilidad de drenaje conectado a fosa séptica o a la calle, respecto de la población del Distrito Federal sin el mismo tipo de servicio; y
d) Población de la demarcación territorial que habite en viviendas particulares sin disponibilidad de electricidad, entre la población del Distrito Federal en igual condición.
Con objeto de apoyar al Distrito Federal en la aplicación de sus fórmulas, la Secretaría de Desarrollo Social publicará en el Diario Oficial de la Federación, en los primeros quince días del ejercicio fiscal de que se trate, las variables y fuentes de información disponibles a nivel de demarcación territorial.
El Distrito Federal, con base en los lineamientos anteriores y previo convenio con la Secretaría de Desarrollo Social, calculará la distribuciones del Programa de Apoyo para la Infraestructura Social del Distrito Federal y sus Demarcaciones Territoriales correspondientes a sus demarcaciones territoriales, debiendo publicarlas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal a más tardar el 31 de enero del 2011, así como la fórmula y su respectiva metodología, justificando cada elemento.
El Distrito Federal deberán entregar a sus respectivas demarcaciones territoriales los recursos que les corresponden conforme al calendario de enteros en que la federación lo haga a éste. Dicho calendario deberá comunicarse a las demarcaciones territoriales por parte del Distrito Federal y publicarse a más tardar el día 31 de enero del 2011, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.
Diputado Vidal Llerenas Morales (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos adicionales para el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura urbana del municipio de Puebla y de la cuarta zona metropolitana del país, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del PVEM
El suscrito diputado federal, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción I, de los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura urbana del municipio de Puebla y de la zona conurbada que integra la cuarta zona metropolitana más importante del país, en virtud de las siguientes
Consideraciones
Diagnóstico sociodemográfico
El municipio de Puebla es una de las ciudades del centro y sureste de México que ha experimentado, en los últimos años, un desarrollo sociodemográfico importante. Esto, nos compromete a compartir una visión derivada de las necesidades de todos sus habitantes; que les brinde posibilidades de un desarrollo común, con perspectiva a futuro, producto del consenso de todos los sectores sociales y de un gobierno municipal incluyente, eficaz y sensible ante las demandas y necesidades locales, aunque restringido por la falta de recursos presupuestales.
Para ello, es necesario establecer estrategias emergentes que permitan incrementar la inversión productiva, darle mayor valor a las cadenas productivas y diversificar las actividades económicas del municipio, ya que un municipio no es grande por sus bienes materiales o su extensión territorial, lo es por el trabajo constante de sus habitantes y de su gobierno, y por la inteligencia con que aprovecha los recursos. Por lo tanto, el compromiso por consolidar aquéllas áreas de oportunidad para posicionarse en el ámbito nacional y aprovechar las oportunidades que brinda la inserción de la economía mexicana en la globalización y de éste desprender el desarrollo humano y la seguridad para los poblanos.
Debido a su ubicación geográfica, el municipio de Puebla representa un paso obligado entre la zona metropolitana de la Ciudad de México, el puerto de Veracruz y la región sur-sureste del país. Esta característica lo convierte en un punto de atracción de la población y de concentración de la planta productiva.
De los 10 ejes carreteros que conforman la infraestructura nacional de comunicaciones, tres de ellos cruzan el territorio poblano, lo cual significa una ventaja comparativa, tanto para el estado como para la ciudad. Adicionalmente, la ciudad como capital de la entidad federativa constituye el centro de las actividades económicas, políticas, administrativas, culturales, recreativas y deportivas del estado.
Población
El crecimiento poblacional del año 2000 al 2005, en la ciudad de Puebla, registró un incremento de 9.35 por ciento al pasar de 1 millón 346 mil 946 habitantes a 1 millón 485 mil 941, de igual forma, fue mayor el incremento en 1.07 por ciento en comparación con la media de crecimiento en el estado, sin embargo, se calcula que para el cierre de 2010, se concentre en el municipio aproximadamente el 38 por ciento de la población total de la entidad con más de 1 millón 850 mil habitantes.
Además de que, el municipio de Puebla, forma parte de la Cuarta Zona Metropolitana más importante del país, integrada por 38 municipios de los Estados de Puebla (18) y Tlaxcala (20), representando además, un núcleo poblacional de casi 2 millones 500 mil habitantes y en donde se puede evidenciar, un gran sinnúmero de contrastes entre las zonas urbanas, semiurbanas y rurales en lo que respecta a actividades productivas, servicios públicos y nivel de vida de la población.
En lo que respecta a marginación, en el municipio de Puebla se refleja un decremento en sus indicadores en el periodo comprendido entre 2000 a 2005, mostrando un Índice de Desarrollo Humano de -1.80493 para el año 2000 y, para el año 2005, este se sitúo en -1.71455; por lo que en términos generales el municipio posee muy bajo grado de marginación. Sin embargo, en el contexto nacional, retrocedió 7 posiciones.
En tanto a población indígena, la capital poblana registra un porcentaje marginal de población indígena, así lo arroja el XII Censo de Población y Vivienda de 2005. Para el año 2000, sólo contaba con 41 mil 292 y, para 2005, se contabilizaron 42 mil 142 hablantes de lengua indígena de 5 años y más.
Por lo que respecta a población ocupada en el municipio, tal y como puede observarse en el cuadro siguiente, sobresale una disminución en la población ocupada con ingreso de hasta dos salarios mínimos de 2005 con relación al 2000 debido a la desaceleración de la economía local, parte de ello, producto de la fuerte dependencia de la rama automotriz; del comercio y servicios, éstos últimos, provenientes principalmente de la actividad turística de la zona.
Actualmente, los principales sectores y actividades económicas de la zona han sido seriamente vapuleados en el último año por la incertidumbre generada por la crisis económica de 2009 principalmente en el ramo automotriz.
Es un hecho que la prospectiva de rentabilidad y crecimiento dependerá de las variables nacionales e internacionales; sin embargo, en la práctica, el panorama actual en la zona al igual que en muchas partes del país, refleja una aguda contracción de la producción y exportación principalmente en los sectores automotriz, de autopartes, textil, agrícola, manufacturera y minera, cuestión que preocupa indistintamente a los gobiernos principalmente del orden local como a la población que ha sido vinculada directamente con los procesos productivos de la zona industrial, comercial y agrícola que comparten los estados de Puebla y Tlaxcala.
Vivienda
En materia de vivienda se han obtenido significativos avances, puesto que, para el año 2000, sólo existían 315 mil 891 viviendas particulares y, para 2005, se remontó esta cifra a un total de 353 mil 19 viviendas, o sea un incremento del 11.75 por ciento; ocasionando un reacomodo urbano y semiurbano de infraestructura debido a la regularización de predios y a la creación de nuevas colonias. Cabe destacar que aun con la problemática general del agotamiento de reservas territoriales, la rama de la construcción calcula un crecimiento expansivo del 9.5 por ciento del periodo 2006 al cierre del 2009. Sin embargo, datos del gobierno municipal y de las Cámaras Nacionales de la Construcción dedicadas al subsector vivienda, reconocen que dentro de los límites del municipio, sólo cuentan con reservas territoriales para dos años más. Este dato se significa por la urgencia de planear y ejecutar acciones, programas y obras que le den viabilidad al ordenamiento de los asentamientos humanos y en general, al desarrollo urbano con sustentabilidad ecológica y ambiental.
Por otro lado, también, se ha abatido progresivamente el índice de ocupantes en viviendas con pisos de tierra en comparación con los resultados obtenidos en el estado, tal y como se muestra en la siguiente variación:
En cuanto a cobertura de servicios, de 2000 a 2005 se puede observar un notable crecimiento en las viviendas particulares que disponen de drenaje y energía eléctrica, cuya cobertura pasó del 91.1 al 96.5 por ciento y del 95.4 al 98.4 por ciento respectivamente. Para el año 2010, según datos prospectivos de las autoridades del municipio de Puebla, estiman una cobertura de energía eléctrica y de drenaje del 99 y 98 por ciento respectivamente.
Educación
En materia educativa el municipio concentra un gran talante al congregar a más del 40 por ciento de las escuelas en el estado de todos los niveles. A pesar de ello, no significa que haya suficiencia de recursos para la habilitación de espacios educativos y de mantenimiento para los mismos.
Datos censales revelan que se incrementó la población de cinco años y más con asistencia escolar en un 8.18 por ciento al pasar de 383 mil 710 a 415 mil 98 educandos, sin embargo, se incrementó la población sin asistencia escolar en un 10.78 por ciento al colocarse de 777 mil 910 en el año 2000, a 861 mil 820 para 2005. Lo anterior se explica por el incremento de la población en edad de estudiar de cinco años y más que pasó de ser de 1 millón 168 mil 702 en el 2000, a 1 millón 285 mil 409 para 2005. Asimismo, ésta lógica podría repetirse en covarianza al crecimiento poblacional estimado para 2010.
La tasa de analfabetismo comparado con el mismo rango de periodo de censo, registró una evidente baja al pasar de 42 mil 233 a 41 mil 306 analfabetas, una disminución del 2.19 por ciento, lo que significa que el 4.05 por ciento de una población total de un 1 millón 18 mil 745 de 15 años y más no sabe leer ni escribir. La población alfabeta representa el 95.8 por ciento de la población, por lo que se registra un incremento de 10.85 por ciento en comparación con el año 2000. Esta disminución se explica en gran medida por la concentración y/o expansión de los recursos y de la demanda y oferta educativa.
Salud
En el ramo de salud, y de acuerdo con los resultados del Informe Nacional de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas, el 47.6 por ciento de la población total son derechohabientes en algún sistema de salud. Por cada mil habitantes se cuenta con 1.85 médicos; por arriba de la media estatal con 1.12. En el mismo informe 2000-2006, sitúa al municipio de Puebla en el lugar vigésimo nacional en cuanto a Desarrollo Humano, tal y como se muestra a continuación:
Asimismo, en su apartado de Situación y Evolución del Desarrollo Humano en Puebla, hace una clara distinción del Índice de Desarrollo Humano, Educación, Salud e Ingreso de los 217 municipios con los que cuenta la entidad, por lo que el municipio de Puebla presentó los índices máximos de desarrollo humano y salud; aunque en educación está en primer lugar el municipio de Mixtla que pertenece a la franja de desarrollo del estado y, en ingreso, el municipio de Ahuehuetitla registró el máximo índice debido a factores de migración y del envío de remesas a la zona de la mixteca.
En comparación con los indicadores promedios del municipio con el estado, entre el 2000 y el 2006, se van minimizando las brechas entre una y otra como a continuación se observa:
En otra latitud, en materia de recursos municipales, Puebla, ha venido sufriendo parte de los estragos que la lógica centralista le ha impuesto al gasto federalizado a través de fondos y partidas insuficientes aunado a las complejas reglas de operación con la que se asignan, transfieren y aplican los recursos vía subsidios para obras etiquetadas desde el presupuesto, así lo podemos ver en los Fondos Metropolitano, Regional, de Pavimentación, de Seguridad pública Municipal, entre otros no menos importantes en donde el municipio de Puebla y la zona que conforma la cuarta zona metropolitana más importante del país, son beneficiados.
Como es de su conocimiento, la transferencia de recursos a Estados y municipios vía participaciones (ramo 28) y aportaciones federales (ramo 33), además de los convenios pari-passus que, como lo he repetido en otras ocasiones, constituyen un esquema limitado de descentralización presupuestal, toda vez que las reglas de operación establecidas por el propio Ejecutivo federal son excesivamente inflexibles, siguen constituyendo una vía alternativa para fortalecer financiera y físicamente a los municipios de dicha zona metropolitana.
Por lo que es un hecho que la productividad y rentabilidad económica del municipio de Puebla, al igual que la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala, es complementada decididamente por diversas actividades económicas con apoyo de los gobiernos locales en cuanto a infraestructura física y social.
En este sentido cabe destacar que tan sólo en el municipio de Puebla, se ha avanzado en la consolidación de proyectos, particularmente en el periodo 2005-2009. Prueba de ello, es la obtención de logros y avances trascendentales en el corto y mediano plazos en los que no se han dejado de reconocer por diversos órdenes de gobierno la contribución en materia de mejoras y rehabilitación urbana, histórica y en materia de turismo; así como en acciones emprendidas por cuanto al grado de impacto social y de acciones en el combate a la pobreza y marginación en coordinación con los gobiernos estatal y federal, principalmente, a través del programa Hábitat; Oportunidades-Urbano y del Programa Federal de Rehabilitación de Espacios Históricos; entre otros no menos relevantes.
Sin embargo, en los últimos dos años, el municipio de Puebla ha ejercido gran parte del gasto público en el rubro de inversión productiva e inversión de capital, para lo cual, la hacienda pública municipal, a pesar de la fuerte dependencia por parte de los recursos provenientes de la federación, se ha avocado a la búsqueda de un equilibrio presupuestal. De ahí que la conformación de un paquete de proyectos de inversión, que incidan en el desarrollo, es de alta prioridad para el municipio de Puebla, y más aún cuando, según las estimaciones de la Dirección de Desarrollo Urbano de Puebla, prevén un crecimiento poblacional en la capital y zona conurbada de hasta 3 millones de personas para el año 2020, por lo que las acciones de urbanismo y planificación deberán ser programadas y congruentes con los proyectos de infraestructura requerida.
Tal y como ya lo ha señalado en alguna ocasión el titular del Ejecutivo Federal: “Los programas de desarrollo que contribuyan a la superación a la pobreza y marginación, en todas sus vertientes como lo es Hábitat, por ejemplo, significan que la atención de las ciudades consiste en la atención a los hogares de la humanidad... y, por ello, la democracia debe concretarse en las calles y en el acceso a los servicios”.
En este tenor, combatir la marginación en las ciudades del país, significa dotar de agua potable a las personas, alcantarillado, proporcionarle un lugar digno donde vivir, pavimentar las calles y caminos, llevar energía eléctrica y alumbrado público; ese el compromiso de un gobierno con sensibilidad social y buenas prácticas democráticas, pero para ello, es indispensable un incentivo extraordinario para la implementación de este tipo de acciones para contribuir en la institucionalización de las experiencias de buen gobierno y gestión pública en los municipios de México.
En este contexto, los retos son mayúsculos y los recursos insuficientes para garantizar el desarrollo y bienestar de ésta zona del país que representa, hoy por hoy, la mayor tasa de crecimiento poblacional anual con el 6.5 por ciento, dando como consecuencia, que muchas de las implicaciones derivadas de la conurbación, sean irreversibles si no se cuentan con medidas oportunas y eficaces desde el plano institucional. De ello la importancia de que el municipio de Puebla así como a los integrantes que constituyen la Cuarta Zona Metropolitana, cuenten con los recursos óptimos para impulsar programas y proyectos de inversión y de obras que garanticen el desarrollo físico, de infraestructura, de capital social y humano como máximas virtudes que potencialicen sus crecimientos económicos y que, además, fortalezcan el esplendor histórico con el que culturalmente son reconocidas estas ciudades.
Por lo que es urgente la necesidad por hacer de estas zonas metropolitanas, ciudades competitivas en su desarrollo, sustentabilidad y viabilidad en el corto y largo plazos.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, a afecto de que incluya en el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 recursos adicionales para la realización de diversas obras prioritarias para el municipio de Puebla y de la zona conurbada, que integra la cuarta zona metropolitana del país, con base en los siguientes proyectos de obras:
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil diez.
Diputado Juan Carlos Natale López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para los programas federales destinados al desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, principalmente al Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, a cargo del diputado Rodrigo Pérez Alonso González, del Grupo Parlamentario del PVEM
El suscrito, Rodrigo Pérez-Alonso González, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Economía a efecto de que en el marco del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se considere destinar mayores recursos a los programas federales destinados al desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, principalmente a través de Prosoft de la Secretaría de Economía con base en la siguiente
Exposición de Motivos
De acuerdo con la Constitución, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envió a esta Soberanía el día 8 de septiembre del 2010, el Paquete Económico del ejercicio fiscal 2011. En él, se contemplaban ingresos por de 3 billones 378 mil 345.3 millones de pesos (mp), de acuerdo al proyecto de Ley de Ingresos de la Federación presentado por el Ejecutivo, mismo que corresponde al gasto neto total proyectado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF de ).
De igual manera, el pasado 20 de octubre fue aprobada por esta Cámara de Diputados la Ley de Ingresos de la Federación 2011, considerando los ingresos en el orden de 3 billones 438 mil 895 millones de pesos, implicando un incremento de 60 mil 550 millones de pesos respecto a la propuesta del Poder Ejecutivo.
Uno de los rubros relevantes corresponde a la Secretaría de Economía. Para el ejercicio fiscal 2011 se contempla un proyecto de Presupuesto para la Secretaria por un monto de 15 mil 939.9 millones de pesos, lo cual representa un monto superior en 1,585.2 millones de pesos al presupuesto aprobado para la Secretaría para el ejercicio fiscal 2010 y en términos reales implica un incremento de 6.8%
En el proyecto de Presupuesto de la Secretaría destaca, por su importancia relativa dicho presupuesto, el rubro de los Programas Federales que comprende a los Programas Sujetos a Reglas de Operación y Otros Subsidios.
De esta manera, el presupuesto destinado en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF de ) 2011 a los Programas Sujetos a Reglas de Operación, asciende a 10 mil 341.8 millones de pesos, entre los cuales cabe señalar los fondos Fommur, con un proyecto de presupuesto de 208.7 millones de pesos (mp); Fonaes, con un monto de 1,880.9 mp; el Fondo Pyme, 6 mil 755.1 mp; el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, con un monto de 220.1; en tanto que Prosoft cuenta con un presupuesto proyectado 589.2 mp y Prodiat 526.8 mp al igual que el Fondo llamado competitividad en Logística y Centrales de Abasto, con una propuesta de presupuesto de 161 mp.
Por otra parte, en el rubro de subsidios, el Poder Ejecutivo presenta un proyecto de presupuesto de 598.1 mp, de los cuales, el Fondo Sectorial de Innovación asciende a 304.8 mp.
Sin embargo, al comparar los recursos destinados con respecto al monto aprobado en el Presupuesto de Egresos 2010, podemos observar que en el caso de Prosoft se tienen decrementos importantes.
Estos decrementos se vuelven relevantes si consideramos que es necesario promover la política de promoción empresarial e industrial, de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. En este sentido, los programas sujetos a Reglas de Operación constituyen un elemento primordial en la definición y el diseño de política industrial a cargo de la Secretaría de Economía.
Dadas las condiciones económicas actuales, se convierten en un recurso importante para las empresas con el fin de contribuir a la reactivación económica.
Lo anterior debido a que nos enfrentamos a un entorno adverso, con un crecimiento económico insuficiente para compensar los rezagos y desigualdades prevalecientes.
Un factor adicional del entorno económico es que México continúa perdiendo niveles en materia de competitividad a nivel internacional. Los indicadores internacionales nos muestran el rezago y deterioro de nuestra economía en el concierto internacional.
El reporte recién publicado, del Índice Global de Competitividad 2010, del World Economic Forum, nos coloca en lugar 66 de 139 países, cayendo de un año a otro, 6 lugares más. Y las pérdidas en competitividad se deben principalmente a aspectos de regulación, seguridad jurídica, tecnología y promoción empresarial.
Por ello, se requiere una política industrial articulada y alineada en la Secretaría de Economía, de largo plazo y consistente, que permita a nuestro país alcanzar niveles de promoción empresarial aceptables.
En este sentido, un eje importante es el rubro de impulso a las tecnologías de la información y comunicación (TIC).
Actualmente, diversos países y la OCDE se refieren a la importancia de implementar tecnologías e industrias verdes, menos enfocadas en recursos no renovables y más focalizadas en las TIC, sociedad del conocimiento, tecnologías e industrias limpias y sustentables, basadas en el capital humano y en el uso de las nuevas tecnologías que denotan un crecimiento sostenido y competitivo. En este caso, estrategias y programas como Prosoft bajo este enfoque toman una relevancia cada vez mayor.
En este caso, es imprescindible apoyar presupuestalmente a dichos programas. A continuación se presentan los presupuestos de los programas relevantes en materia de TIC de la Secretaría de Economía.
En ellos destacan en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, Prosoft, con una disminución en sus recursos respecto al PEF de 2010, así como el Fondo Nuevo de Ciencia y Tecnología, con una reducción de 29.5 mp respecto al ejercicio 2010, en tanto que Prodiat tiene una propuesta de presupuesto con un incremento sustancial de 488 mp.
Es tendencia recurrente asignar, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, menores recursos a los Programas Sujetos a Reglas de Operación. En el caso de Prosoft, durante 2010 se asignaron en el PPEF de un monto de 385 mp, en tanto que en el PEF de 2009 se habían asignado 570 mp, por lo cual durante el proceso de discusión del PEF de 2010 se asignaron a Prosoft 300 mp adicionales, resultando el presupuesto de Prosoft para 2010 en 685 mp.
Para el PEF de 2011, se tienen asignados 589.2 mp, lo cual representa una disminución de 96 mp, y una caída de 17% real respecto al PEF de aprobado 2010
De los 589.2 millones propuestos por el Ejecutivo para Prosoft, el proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2011 indica que 570.9 mp corresponden a los subsidios que se transfieren a los proyectos, mientras que 18.2 mp se destinan a gasto corriente, distribuidos en 16.8 mp a servicios personales y 1.4 mp a subsidios de gasto corriente, en comparación con los 685.1 mp aprobados para 2010, de los cuales, 667.5 mp se aprobaron como subsidios a transferir a los beneficiarios para el ejercicio fiscal 2010, en tanto que 17.6 mp corresponden a servicios personales.
Como se puede observar, en el caso de Prosoft considera una disminución real en su presupuesto en montos muy considerables. En ese sentido, a fin de mantener el mismo nivel de desempeño, población cubierta, metas e indicadores relevantes, es imprescindible que dicho programa considere el mismo nivel de recursos, por lo menos en el nivel que tuvieron durante 2010, lo que permitirá conservar el alcance propuesto de metas. Reducir el monto de dichos programas compromete, sin duda, su alcance y cobertura.
Si bien, programas como Prosoft presentan problemas de ejercicio oportuno de los recursos debido a las dificultades de coordinación, implementación, no implica su disminución.
Más aun, dichos fondos y programas sujetos a reglas de operación han tenido dificultades en la coordinación y ejercicio de los recursos, de forma que el subejercicio en dichos programas es recurrente, e incide y retrasa enormemente el efecto multiplicador que estos fondos tienen en el desarrollo de tareas y actividades que la industria requiere implementar.
A pesar de las dificultades en el ejercicio de los recursos de estos fondos, no se cree conveniente que deban ser reducidos en sus recursos para el ejercicio 2011. Existen diversas consideraciones y fundamentos para no reducir el presupuesto de programas como Prosoft. En general, dicho fondo obtiene opiniones favorables de los evaluadores así como de los Secretarios de Desarrollo Económico de los estados.
Como se manifestó el año pasado, las evaluaciones de Prosoft señalan efectos favorables debido al elemento multiplicador de inversiones, lo cual beneficia de forma importante a las empresas de TI. Sin embargo, también se evidencia que existen oportunidades de mejora en cuanto a cobertura y diseño de indicadores.
Antes bien, es necesario trabajar en las Reglas de Operación y hacer efectiva la atribución de la Cámara en la cual faculta a la comisión respectiva en el caso de opinar en el diseño de dichas reglas de operación.
Más aun, dichos fondos y Programas Sujetos a Reglas de Operación han tenido dificultades en la coordinación y ejercicio de los recursos, de forma que el subejercicio en dichos programas es recurrente, e incide y retrasa enormemente el efecto multiplicador que estos fondos tienen en el desarrollo de tareas y actividades que la industria requiere implementar.
Dicho programa pretende, como señala la propia exposición de motivos del PPEF de 2011 “ acelerar el proceso de adopción de las tecnologías de información en las empresas, a favor de la competitividad de la economía mexicana a fin de apoyar la generación de al menos 10,230 empleos potenciales en el sector mediante la operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (Prosoft).”
Respecto a estos programas, si bien no son el único instrumento para la promoción del acceso a las tecnologías de la información y comunicación, si constituyen un impulso a las empresas e instituciones que promueven la investigación, la innovación y el fomento del uso de nuevas tecnologías en la vida económica del país.
Como se mencionó el año pasado, dichas tecnologías representan para nuestro país un elemento importante de desarrollo y son vitales para disminuir la dependencia de nuestra economía en los sectores primarios y secundarios. Esta industria se basa en un alto capital humano, de alto valor agregado, de menor volatilidad y vulnerabilidad en términos de intercambio y en el mercado internacional, a diferencia de los sectores primarios y secundarios, que son intensivos en capital físico y de una alta volatilidad por los precios internacionales de materias primas y en general con fuertes tendencias a la disminución, lo que pone en enorme desventaja a nuestro país en el comercio internacional.
De esta forma, la inversión en estas empresas fomenta el crecimiento del capital humano, especializado y de alta valía a nivel internacional, lo cual permite vincular a nuestro país en áreas de investigación y desarrollo, comúnmente llamadas I+D o R&D (por las siglas en inglés de research and development), en las cuales nuestro país manifiesta niveles bajos de desarrollo en comparación a los demás países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Además, es necesario que las Reglas de Operación se publiquen en forma oportuna y se revisen con el fin de que propicien un ejercicio eficaz, transparente, focalizado, equitativo y eficiente de los recursos de los programas de fomento. Es necesario establecer medidas a implementar y coordinar con las dependencias involucradas, principalmente en el diseño y publicación oportuna de las reglas de operación de los programas con el fin de que durante el 2011 no se repitan las mismas condiciones y se ejerzan oportunamente los recursos.
Si bien estos fondos debieran cumplir un papel preponderante en el impulso de la industria, las fallas en la coordinación al interior de la Secretaría han hecho estos fondos ineficientes e ineficaces. Si a esto se le añade que la propia Secretaría manda mensajes contradictorios a esta Soberanía al mandar su proyecto de Presupuesto de Egresos, casi siempre disminuyendo los montos de dichos fondos, entonces nos encontramos en una coyuntura difícil para el industrial, el pequeño y mediano empresario, el comerciante y todos aquellos que dependen de los apoyos que significan dichos fondos para continuar y mejorar sus labores.
Para el Partido Verde Ecologista de México, estos programas y recursos implican una fuente de desarrollo sustentable para el país, con beneficios colaterales y que fomentan el uso de tecnologías de alto nivel.
A los diputados del Partido Verde nos ocupa y nos preocupa generar y fortalecer proyectos, programas e iniciativas que promuevan un entorno más competitivo, una economía con bases más firmes, que privilegie más el conocimiento y en el capital humano, con el uso de tecnologías verdes, limpias y sustentables, responsables con el medio ambiente, en sustitución de un proyecto económico cortoplacista, poco preocupado por el medio ambiente, basado en el uso de energías y recursos no renovables. Requerimos el compromiso y empeño de todos los sectores por generar este impulso.
Por lo expuesto, pongo a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita que el presente punto de acuerdo se turne a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Economía a fin de que se considere que, en el marco de los trabajos de discusión e integración del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, se incluya la ampliación de los recursos federales provenientes de la Secretaría de Economía, etiquetados para el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicaciones, a través del fondo Prosoft.
Segundo. Dado que en 2011 dicho fondo considera decrementos reales importantes, se exhorta a ampliar el monto de dicho programa a niveles importantes. El nivel óptimo requerido asciende a 850 mp para el ejercicio 2011.
Tercero. Asimismo, se solicita al Poder Ejecutivo Federal y, en especial, a la Secretaría de Economía que generen los mecanismos necesarios para distribuir entre las regiones del país, los recursos de los proyectos de forma óptima, considerando criterios de eficiencia, equidad y proporcionalidad.
Cuarto . De igual forma, se solicita se generen a la brevedad las reglas de operación de dichos programas, incorporando las recomendaciones pertinentes de los órganos evaluadores. Asimismo, es necesario se prevean mecanismos para ejercer el gasto oportunamente en el año, evitando posibles subejercicios y existan en el año mecanismos oportunos de corrección y ajustes.
Quinto . Se exhorta igualmente a la Secretaría de Economía a considerar los criterios anteriores y los de eficiencia, economía, eficacia y calidad, así como los mecanismos de mejora necesarios derivados de los procesos de evaluaciones externas y los provenientes del Sistema de Evaluación del Desempeño para evitar poner en riesgo la operación y cumplimiento de sus metas. Para tal fin se requiere además generar indicadores regionales para identificar el destino de estos recursos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 28 de octubre de 2010.
Diputado Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para fortalecer el equipamiento de escuelas, con el fin de resarcir las carencias en los centros educativos, contribuir a la calidad educativa y abonar el camino para alcanzar el objetivo de asignar el ocho por ciento del PIB que debe destinarse a educación, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Cora Cecilia Pinedo Alonso, diputada federal del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito la aprobación del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, vemos en la estructura del gasto, debilidades e insuficiencias presupuestales relevantes, que apuntan y son contrarias a los objetivos que todo presupuesto debe alcanzar: equidad, inclusión y mejores niveles de bienestar, con el fin de mejorar el entorno social.
Sin educación no hay movilidad social, empleos de calidad, productividad ni competitividad en la economía.
Para alcanzar estas metas, debemos fortalecer el gasto social y en especial debemos hacer más robusto y consistente el presupuesto educativo, con el fin de respaldar la meta por alcanzar de la calidad educativa, que hoy tanto necesitamos.
En este tema existe coincidencia entre todos los actores y las evaluaciones lo demuestran de manera recurrente, sin embargo, a pesar de que la evidencia es incontrovertible, la insuficiencia presupuestal para dar un respaldo real al proceso educativo y en especial para elevar la calidad educativa en el nivel de educación básica, continúa siendo una tendencia sistémica.
El proyecto de presupuesto, disminuye en educación básica y en especial reduce los diferentes rubros que apoyan el desempeño de los maestros en apoyo a la calidad educativa.
Para respaldar esta afirmación, a continuación se presenta un cuadro en donde se hace relevante y preocupante la disminución presupuestal a varios e importantes rubros relacionados con la educación básica y la calidad educativa.
El cuadro que se presenta, es contrario a la importancia que las políticas públicas educativas deben de dar al objetivo de proveer a la población de una educación de calidad.
Como es evidente, la disminución presupuestal, necesariamente seguirá impactando la meta de fortalecer la calidad educativa.
Sabemos que las debilidades de la calidad educativa a lo largo y ancho del país, se han hecho evidentes en las diferentes pruebas que se han aplicado no sólo por la SEP, sino también por organismos internacionales.
Pero siendo consistentes con el argumento, esto obedece a múltiples factores, entre ellos los socioeconómicos, la dispersión geográfica de las escuelas y población, así como las condiciones en las que se encuentran las escuelas. Pero también esto refleja un débil esfuerzo presupuestal, para respaldar el proceso educativo, en cada una de las escuelas de educación básica.
La diferencia entre un país con posibilidades de mejorar consistentemente sus niveles de bienestar, y otro que se caracterice por lo contrario, radica en su capacidad para invertir eficientemente en la formación de los ciudadanos, dotándolos de los códigos, equipos e instrumentos necesarios para una correcta inserción en la vida comunitaria y productiva.
Sin embargo, nuestro país está muy lejos de ser de aquellos que se distinguen por la sustentabilidad económica y el avance social. Por el contrario, México se va pareciendo cada vez más a esos países donde las opciones de mejorar son escasas y los niveles de convivencia se deterioran consistentemente.
Está claro que no hemos podido crear los instrumentos que permitan cambiar esta situación. Una de las fallas en este sentido se debe a la ausencia de un sistema educativo capaz de detonar un nuevo paradigma social, caracterizado por una economía más competitiva y por la primacía de los valores sociales.
Para mejorar nuestra situación, es necesaria la construcción de una política educativa de Estado que sea responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, y cuyos esfuerzos se encaminen en primer lugar, a la asignación de recursos presupuestales, correctamente direccionados y administrados, por un periodo suficientemente largo como para garantizar los resultados buscados.
Hay que entender que el sistema educativo en la actualidad tiene que responder a una nueva realidad económica y social en la que la calidad educativa no puede dejarse de lado.
Por ello, convocamos a las Comisiones de Educación y de Presupuesto y Cuenta Pública para que respalden una asignación presupuestal consistente y suficiente para incrementar el presupuesto para el Equipamiento de Escuelas de Educación Básica.
Es precisamente en este sentido que como diputada federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, comprometida con el estudio e implementación de cambios legislativos dirigidos hacia una mejoría social y preocupados por el desempeño del sistema educativo nacional, propongo la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta las Comisiones legislativas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública, para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, instrumenten las medidas necesarias para que se asignen recursos adicionales suficientes para fortalecer el equipamiento de escuelas, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, con el fin de resarcir las carencias en los centros educativos, contribuir a la calidad educativa y abonar el camino para alcanzar el objetivo de asignar el ocho por ciento del producto interno bruto que debe destinarse a educación, como lo mandata el artículo 25 de la Ley General de Educación.
Dado en el Palacio Legislativo, 26 de octubre de 2010.
Diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para impulsar la calidad de los maestros del nivel básico de educación, en específico al rubro de formación, capacitación y actualización docente, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Cora Cecilia Pineda Alonso en mi calidad de diputada federal en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, por este conducto solicito respetuosamente a la Presidencia de esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación Pública y Servicios Educativos, para que en el PEF para el ejercicio fiscal 2011, se asignen mayores recursos para impulsar la calidad de los maestros del nivel básico de educación, en específico al rubro de formación, capacitación y actualización docente; al tenor de las siguientes:
Consideraciones
1. En los últimos 4 años, se ha puesto especial interés en generar instrumentos, mecanismos, programas y políticas públicas encaminadas a impulsar la calidad de la educación que imparte el Estado a nuestros niños y jóvenes.
Muestra de ello es la firma de la Alianza por la Calidad de la Educación, en la que converge la autoridad educativa Federal y el Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE) persiguiendo sin más, un solo fin: Mayor calidad para redefinir el rumbo de la educación pública del país.
En este sentido, se debe considerar que la Alianza, considera como un segundo eje de atención la “Profesionalización de los maestros y autoridades educativas” a través de diversas estrategias que se apoyan en instituciones de educación superior y programas ya existentes en la Secretaría de Educación Pública (SEP), para formar más y mejores maestros.
Al 15 de mayo de 2010, el portal web de la Alianza, reporta avances significativos respecto a este eje, pero también retos que sin duda requerirán recursos financieros suficientes.
2. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), señala que los docentes son importantes y la calidad con que se forma a éstos es fundamental, pues ellos representan “la columna vertebral de todo el sistema educativo”.
Recomienda a los gobiernos que de manera constante y permanente “busquen políticas magisteriales para seleccionar y conservar a los mejores”. Pero ¿cómo hacer esto si no invertimos y apostamos por su formación, capacitación y actualización?
Es cierto, que la misma OCDE ha señalado a México como uno de los países que más recursos invierten en el rubro educativo y cuyos resultados en la calidad de sus alumnos, no son congruentes con dichos niveles de inversión. Pero de ese recurso invertido, ¿cuánto se destina realmente a la formación y capacitación docente?
Está demostrado por la misma OCDE, que “el nivel de los docentes está íntimamente ligado con el desempeño de los estudiantes”. Es así que no se trata de no invertir más en la formación y capacitación docente simplemente porque aparentemente los resultados no son los esperados. Se trata de generar mecanismos que permitan hacer eficiente esa inversión. Los docentes, no pueden quedarse en el limbo de la calidad.
Debemos considerar que en nuestro país, no se ha considerado la forma y proporción en que dichos recursos son asignados, o la necesidad de redefinir el mecanismo mediante el cual se forma y capacita al maestro.
En el reciente acuerdo México-OCDE para mejorar la calidad de la educación de las escuelas mexicanas, se señalan como temas prioritarios para el país “La calidad de los servicios educativos, incrementar los niveles de logro académico y reducir las tasas de deserción”.
3. La respuesta que se le ha dado al estancamiento en la calidad educativa no ha considerado diversas variables que limitan la labor docente; me refiero a bajos salarios, infraestructura deteriorada o inexistente, retraso en el otorgamiento de los recursos para las escuelas, tardanza en la asignación de material didáctico, e incluso la localización geográfica de algunos centros escolares.
Responsabilizar sólo al maestro de los resultados del sistema educativo, en el contexto mexicano, es irresponsable.
4. Es necesario garantizar calidad para los 22,940,381 alumnos que los maestros atienden en el país en las 163,984 escuelas.
5. La asignación presupuestal para 2011 respecto a la formación y capacitación docente, debe ser significativa.
Por poner un ejemplo; en el PEF 2010 al Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio, le fueron asignados recursos por 489,322,500 pesos; de los cuales 100,000,000 pesos; fueron ampliaciones por esta Cámara de Diputados.
En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el ejercicio fiscal 2011, se le pretenden asignar un total de 553,848, 957 pesos.
Sin embargo en términos reales, la variación porcentual es de apenas 10 por ciento, lo cual aunque representa un incremento, es insuficiente considerando la magnitud del problema a resolver.
6. La UNESCO señala que en el país se requerirán durante los próximos 5 años un total de 483 mil maestros para poder atender las necesidades de cobertura del nivel básico educativo. Éstos deben ser formados de manera integral y bajo el más estricto sentido de calidad.
Para formar a nuevas generaciones de maestros se requieren mayores recursos, los cuales deben contar con reglas que permitan su ejercicio transparente y eficiente.
Por otro lado, para que los docentes que ya se encuentran en activo, cubran esa demanda con calidad, se requiere fortalecer los programas destinados a la formación continua y la superación de los docentes en servicio.
7. Para garantizar que la educación sean un verdadero vehículo de movilidad social y permita superar las desigualdades cada vez más crecientes entre la población, el Estado Mexicano tiene la obligación, entre otras cosas, de impartir educación de calidad.
Para ello es fundamental invertir en primera instancia en todos los instrumentos y políticas que garanticen calidad en el docente.
Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos a realizar las gestiones necesarias con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que se garanticen e incrementen aquellos recursos destinados al impulso de la calidad de los maestros del nivel básico de educación.
Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a que en el PEF para el ejercicio fiscal 2011, asigne mayores recursos al rubro de formación, capacitación y actualización docente, dada su importancia para el funcionamiento idóneo del nivel de educación básico.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.
Diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la SHCP a considerar la propuesta de exentar el cobro de derechos de peaje, al servicio de transporte escolar, a cargo del diputado Roberto Pérez de Alva Blanco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
El suscrito, diputado Roberto Pérez de Alva Blanco, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
La universalización de la educación ha sido un objetivo que permanentemente se ha buscado satisfacer tanto por maestros docentes en todo el país como por autoridades educativas de los tres niveles de gobierno. Esos esfuerzos han estado orientados a aumentar la oferta, a fomentar la capacitación permanente de los profesores y al otorgamiento de subsidios parciales a los costos que la educación tiene para los padres como por ejemplo los libros, uniformes, etcétera. Sin duda se han hecho esfuerzos considerables, no obstante, tenemos que reconocer que aun tenemos mucho camino que recorrer ya que seguimos teniendo sectores de la población, principalmente en zonas rurales aisladas y marginadas, que quedan excluidas de la escuela por falta de apoyos precisos y oportunos.
Sobre este tema en particular, la problemática que padecen los estudiantes de bajos recursos que se encuentran alejados de su centro de estudio, independientemente del nivel educativo que estén cursando, radica en que no obstante se han organizado para rentar o comprar transportes escolares que los trasladen a sus centros de estudio que muchas veces se encuentran a varios cientos de kilómetros, tienen que pagar diariamente los derechos por el uso de carreteras que se exige en las casetas de peaje en los dos sentidos de su cotidiano traslado. El resultado de lo anterior es que la asistencia a la escuela se hace muy caro para los modestos ingresos familiares y por ello tenemos el grave problema de que la gente en edad de estudiar va a la escuela cuando puede, su asistencia y educación es irregular y la gran mayoría desertan antes de cumplir los 12 años de escolaridad obligatorios.
A lo largo de los años hemos visto que una de las respuestas más comunes de los gobiernos –Federal, estatal y municipal– a la inasistencia escolar en zonas aisladas y marginadas ha sido instrumentar políticas de construcción de caminos que comuniquen las comunidades aisladas con sus cabeceras municipales y estos a su vez con la capital del Estado donde se encuentran aglomerados los centros de estudio. Esta política ha representado un avance importante, sin embargo, consideramos que las posibilidades de acción no deben limitarse al mantenimiento, modernización o construcción de caminos, ya que su sola existencia no garantiza que los alumnos acudan a la escuela. Insistimos en que hay que reconocer el esfuerzo de estos estudiantes que han decidido hacer un enorme sacrificio para asistir cotidianamente a la escuela, y evitar por el contrario continuar poniéndoles obstáculos que hacen más costoso su objetivo final.
Consideramos entonces, que una propuesta que pudiera sumar esfuerzos a esta labor tan importante de proveer de instrumentos para que la gente en edad de estudiar asista a la escuela, consiste en incentivar el servicio de transporte escolar. En este sentido, según La Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL) y la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe (OREALC), 1 los subsidios y transferencias de recursos directos a los costos que la educación tiene para los padres de familia que habitan en zonas aisladas o marginadas, elevan en un 40% las oportunidades de los niños de estas zonas de lograr más de 6 años de instrucción escolar.
Por ello, al ser muchas veces la carretera de cuota la única vía para llegar al centro educativo –ocasionado así el incremento del costo del servicio de transporte y afectando directamente la economía de las familias— el objetivo principal que se persigue con la presente proposición de Punto de Acuerdo, es que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consideren la propuesta de exentar el cobro de derechos de peaje a los transportes escolares que provienen de zonas alejadas de sus centros de estudio en los dos sentidos de su cotidiano traslado, y que requieren circular por la red nacional de carreteras de cuota para llegar a su destino, esto durante todo el año escolar y evitando desproteger a los usuarios en cuestión, de los beneficios de los seguros carreteros correspondientes.
Recordemos que la universalización de la educación pasa también por la posibilidad básica de llegar a las escuelas, por lo cual, el tema no puede ser considerado de menor importancia. De hecho, si reducimos la deserción escolar y se otorgan facilidades para el acceso a los centros de estudio, como es la disminución de los costos del transporte escolar, también ayudamos a mejorar la situación económica y social de estas zonas. De igual forma, de aprobarse la presente proposición de punto de acuerdo estaríamos contribuyendo con varios fines como: remover obstáculos al desarrollo de las comunidades marginadas, contribuir a la universalización de la educación, incentivar el servicio que se presta para el traslado diario de estudiantes, beneficiar la economía de los padres de familia e incrementar la asistencia diaria de los alumnos a los servicios educativos.
Finalmente, también es importante solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que además de considerar ésta propuesta, también lleve a cabo negociaciones con los titulares de los derechos de las vías de comunicación que sean de competencia estatal o que se encuentran concesionados a particulares, para sensibilizarlos de esta problemática y de dicha forma reconocer el esfuerzo e impulsar la asistencia a los centros de estudios de los millones de estudiantes mexicanos que se encuentran en zonas pobres y alejadas de sus centros de estudio.
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a considerar que se exente del cobro de derechos de peaje durante todo el año escolar a los transportes escolares que provienen de zonas alejadas de su centro de estudio en los dos sentidos de su cotidiano traslado, y que requieren circular por el tramo carretero respectivo de la red nacional de carreteras de cuota, bajo operación de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para llegar a su destino.
Segundo. En caso de que las vías de comunicación sean de competencia estatal o se encuentren concesionadas a particulares, se exhorta a las autoridades federales citadas, a que lleven a cabo negociaciones con los titulares de los derechos para sensibilizarlos sobre ésta problemática y que éstos consideren de igual forma la exención del cobro de derechos de peaje a los transportes escolares que provienen de zonas alejadas de su centro de estudio en los dos sentidos de su cotidiano traslado, durante todo el año escolar.
Nota
1 CEPAL, Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2007, México, 2007. Vol. I, pág. 252
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 28 de octubre de 2010.
Diputado Roberto Pérez de Alva Blanco (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 a instaurar las medidas necesarias para que se autorice y se asigne el 1 por ciento del PIB a ciencia y tecnología, como partida anual irreductible, a cargo de la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Elsa María Martínez Peña, diputada federal del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito la aprobación del pleno de esta soberanía para la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En 2009, al presentarse el informe Reviews of Innovation Policy : México, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos señaló que nuestro país enfrentaba un pobre desempeño de sus sectores científico y tecnológico, además de que se había dado cuenta, muy lentamente, de la importancia que posee la inversión en la innovación como conductor de crecimiento y competitividad de la economía.
Ese informe, que en términos prácticos es una evaluación del comportamiento de la ciencia y tecnología de 2007 y 2008 revela que México ha perdido competitividad en actividades basadas en el conocimiento, además de que posee el más bajo nivel de los países miembros de la OCDE en productividad científica, formación de recursos humanos en ciencia, inversión en ciencia y tecnología, educación de la ciencia y solicitudes patentes.
Esta situación tiene graves consecuencia, en especial para México que pretende salir de un severo periodo de estancamiento y que por recomendaciones internacionales debe crecer por arriba del 7 por ciento.
Nuestro país, debe revalorar el efecto multiplicador del gasto y la inversión en investigación y desarrollo, por sus enormes beneficios que tiene en la economía.
También debe cumplir con el mandato del artículo 25 de la Ley General de Educación y con el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología que a la letra dicen:
Ley General de Educación
Artículo 25. El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado –federación, entidades federativas y municipios–, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1% del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas. En la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad y la concatenación entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posible.
Ley de Ciencia y Tecnología
Artículo 9 Bis. El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público, correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la investigación científica y desarrollo tecnológico. El monto anual que el Estado –federación, entidades federativas y municipios–, destinen a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al 1% del producto interno bruto del país mediante los apoyos, mecanismo e instrumentos previstos en la presente ley.
Hoy, desafortunadamente vemos que en nuestro país los recursos destinados a ciencia y tecnología están por debajo del 0.5 por ciento del PIB, monto que se ubica abajo del nivel de inversión promedio de América Latina, que está en 0.55 por ciento.
El retroceso en la inversión en ciencia, tecnología e innovación explica, en parte, el por qué el país ha descendido en la clasificación de competitividad del Foro Económico Mundial.
Mientras la ciencia y la tecnología sean consideradas un gasto y no una inversión, mientras la educación de calidad no sea considerada como una solución y que el conocimiento y la innovación permanezcan como algo ajeno a la vida cotidiana, nuestro país no podrá aspirar al desarrollo sostenible, a una elemental justicia social, a una mejor calidad de vida para todos ni a una mayor productividad y competitividad económicas frente al resto del mundo.
De acuerdo con un reporte del Financial Times, China es el segundo país con mayor producción de conocimientos científicos en el mundo, y algo parecido está sucediendo con Brasil, país que casi ha alcanzado a la India en este rubro.
Si China mantiene su actual ritmo en materia de investigación, incluso puede llegar a sobrepasar a Estados Unidos de aquí a 2020.
En el periodo de 1970 a 2000, la inversión en ciencia y tecnología, como porcentaje del PIB, creció en México dos veces, Brasil 4.5, España cinco y Corea nueve. El ingreso per cápita se multiplicó en dólares corrientes; México 3.8 veces, Brasil 6.3, España 7.4 y Corea 25.4.
Como se puede ver, el compromiso de México con la ciencia y la tecnología debe madurar y debe respaldarse con un esfuerzo presupuestal consistente, asignándole mayores recursos.
El gasto y la inversión en ciencia y tecnología, deben ser estratégicos y prioritarios, sobre todo a la luz de los pobres resultados obtenidos en el desarrollo económico de México en los últimos años.
En este sentido estamos obligados como legisladores a buscar alternativas que posibiliten incrementar sustantivamente los recursos destinados a la educación. Sobre todo si queremos ser consecuentes y respetuosos con los Acuerdos signados por nuestro país con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
En base a los principios de la UNESCO, los países deben asignar recursos crecientes a la educación, ciencia y la tecnología, con el fin de que los pueblos logren una gestión más eficaz de su propio desarrollo.
En consecuencia, los recursos que se destinen a ciencia y tecnología, deben ser crecientes en el tiempo y el monto destinado a este rubro, nunca deberán ser menores al monto asignado en el ejercicio fiscal y presupuestal previo.
Pero vemos con gran sorpresa e indignación que la política presupuestal sigue presentando graves signos restrictivos y gravitan criterios de austeridad muy cuestionables y contradictorios inclusive con las políticas contracíclicas que el Presidente Calderón ha anunciado.
El 8 de septiembre pasado el Ejecutivo nos envía un paquete económico en el que el proyecto de Presupuesto envía señales preocupantes y cuestionables: por el lado del ingreso es regresivo y atenta contra el nivel de ingresos de la población y por el lado del gasto es restrictivo y excluyente y lo más grave, es que va en sentido contrario al espíritu constitucional. A nivel general en los ramos administrativos el Proyecto refleja una caída en términos reales de 3.3% y específicamente en el gasto de capital del Ramo 38 (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), la disminución real es de 5.9%.
Adicionalmente, también presenta una caída de los recursos del Ramo 18 (Energía), dirigidos a ciencia y tecnología que alcanza el 22.6 por ciento en términos reales, así como una caída de 51.1, en términos reales, en el Ramo 23 (Provisiones salariales y económicas).
Ante tales cifras, le manifestamos al Ejecutivo, que dejar de invertir en ciencia y tecnología en el presente, es más costoso en el mediano plazo, sobre todo si lo medimos en términos de crecimiento y nivel de vida de la población.
Recordemos que la importancia que tiene la ciencia y la tecnología, debe ser estratégica y prioritaria, ya que repercute en el nivel de la competitividad de las empresas y en el ingreso per cápita de los trabajadores, generando empleos de mayor calidad y un perfil de crecimiento incluyente.
Por lo anterior, estamos obligados a incrementar sistemática y consistentemente los recursos destinados que se le destinan para transformar realmente al sector productivo, generar bienes y servicios de mayor valor agregado.
México debe revalorar estratégicamente el lugar que le da al gasto y la inversión en ciencia y tecnología y una vía importante para hacerlo es la consolidación de una política presupuestal que lo garantice.
En los últimos años, la participación que el Estado ha tenido en la economía mexicana, ha sido pobre, errática y con una preocupante tendencia de nuestra actividad económica hacia el estancamiento y perdida sistemática de competitividad.
La participación del Estado es esencial para el crecimiento económico. Esto, lo reconocemos, y proponemos que para alcanzar mejores niveles de bienestar, es necesario que la participación del Estado asuma estratégicamente y como eje de desarrollo la inversión creciente en ciencia y tecnología.
Es precisamente en este sentido que como diputada federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, comprometida con el estudio e implementación de cambios legislativos dirigidos hacia una mejoría social y preocupados por el pobre desempeño de la economía nacional, propongo la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a las Comisiones de Ciencia y Tecnología, y de Presupuesto y Cuenta Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias instrumenten las medidas necesarias a fin de que se autorice y asigne durante el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, el uno por ciento del producto interno bruto a ciencia y tecnología, como partida anual irreductible, con el fin de cumplir con el mandato del artículo 25 de la Ley General de Educación y 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, así como también con las recomendaciones de organismos internacionales en materia de ciencia y tecnología .
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.
Diputada Elsa María Martínez Peña (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se instauren las medidas necesarias para que se autorice y se asigne 8 por ciento del PIB a educación, como partida anual irreductible, a cargo de la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Elsa María Martínez Peña, diputada federal del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito la aprobación del pleno de esta soberanía para la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Educación como uno de los principales derechos sociales que respalda nuestra constitución, está mandatada específicamente en el Artículo Tercero de nuestra magna y de la misma manera en los artículos 3o. y 25 de la Ley General de Educación, que a la letra dicen:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –federación, estados, Distrito Federal y municipios–, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria.
...
Ley General de Educación
Artículo 3o. El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente Ley.
Artículo 25. El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado –federación, entidades federativas y municipios–, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1% del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas. En la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad y la concatenación entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posible.
Como se puede ver, el compromiso de México con la educación es incuestionable, pero debe ampliarse y profundizarse, asignándole mayores recursos.
El gasto y la inversión en educación, deben ser estratégicos y prioritarios, sobre todo a la luz de los pobres resultados obtenidos en las pruebas que evalúan la calidad educativa, y en términos del pobre desarrollo económico de México en los últimos años.
En este sentido estamos obligados como legisladores a buscar alternativas que posibiliten incrementar sustantivamente los recursos destinados a la educación. Sobre todo si queremos ser consecuentes y respetuosos con los Acuerdos signados por nuestro país con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
En base a los principios de la UNESCO, los países deben asignar recursos crecientes a la educación, ciencia y la tecnología, con el fin de que los pueblos logren una gestión más eficaz de su propio desarrollo.
En consecuencia, los recursos que se destinen a educación deben ser crecientes en el tiempo y el monto destinado a este rubro, nunca deberán ser menores al monto asignado en el ejercicio fiscal y presupuestal previo.
La idea central es que los recursos destinados a educación sean crecientes con el fin de que detonen un soporte consistente al desarrollo económico.
Pero vemos con gran sorpresa e indignación que la política presupuestal sigue presentando graves signos restrictivos y gravitan criterios de austeridad muy cuestionables y contradictorios inclusive con las políticas contracíclicas que el presidente Calderón anunció.
El 8 de septiembre pasado el Ejecutivo nos envía un paquete económico en el que el proyecto de Presupuesto envía señales preocupantes y cuestionables: por el lado del ingreso es regresivo y atenta contra el nivel de ingresos de la población y por el lado del gasto es restrictivo y excluyente y lo más grave, es que va en sentido contrario al espíritu constitucional. A nivel general en los ramos administrativos el Proyecto refleja una caída en términos reales de 3.3 por ciento, y específicamente en el Ramo 11 Educación, la caída es de 0.4 por ciento. A nivel de educación básica la caída es de 4.13 por ciento y para elevar la calidad educativa las disminuciones son francamente preocupantes: van desde 2 por ciento a los centros de excelencia académica, hasta 92 por ciento en términos reales para el diseño y aplicación de la política educativa. En el Ramo 25 (previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica), la disminución real es de 3.54%.
Estas cifras reflejan falta de interés del Ejecutivo en el proceso educativo, por lo que manifestamos que dejar de invertir en educación en el presente, es más costoso en el mediano plazo, sobre todo si lo medimos en términos del nivel de vida de la población.
Recordemos que la importancia que tiene la educación es estratégica y prioritaria, ya que repercute en el nivel de la competitividad de las empresas y en el ingreso per cápita de los trabajadores, generando empleos de mayor calidad y un perfil de crecimiento incluyente.
Por lo anterior, estamos obligados a incrementar sistemática y consistentemente los recursos destinados a educación para transformar realmente al sector productivo, generar bienes y servicios de mayor valor agregado e incrementar el nivel educativo y de bienestar de nuestra población.
México debe revalorar estratégicamente el lugar que le da al gasto y la inversión en educación y una vía importante para hacerlo es la consolidación de una política presupuestal que lo garantice.
En los últimos años la participación que el Estado ha tenido en la economía mexicana, ha sido pobre, errática y con una preocupante tendencia de nuestra actividad económica hacia el estancamiento y perdida sistemática de competitividad.
La participación del Estado es esencial para el crecimiento económico. Esto, lo reconocemos, y proponemos que para alcanzar mejores niveles de bienestar, es necesario que la participación del Estado asuma estratégicamente y como eje de desarrollo la inversión creciente en educación.
Es precisamente en este sentido que como diputada federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, comprometida con el estudio e implementación de cambios legislativos dirigidos hacia una mejoría social y preocupada por el pobre desempeño de la economía nacional, propongo la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias instrumenten las medidas necesarias a fin de que se autorice y asigne durante el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, el ocho por ciento del producto interno bruto a educación, como partida anual irreductible, con el fin de cumplir con el mandato del artículo 25 de la Ley General de Educación y con las recomendaciones de organismos internacionales en materia educativa.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.
Diputada Elsa María Martínez Peña (rúbrica)
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de la diputada Guadalupe Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI
Las que suscriben, Guadalupe Pérez Domínguez, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Margarita Gallegos Soto, Julieta Octavia Marín Torres, Margarita Liborio Arrazola y María Isabel Pérez Santos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de la Comisión Especial para la Familia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicitan respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva que formule atenta excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que dictamine con la mayor brevedad las 14 iniciativas presentadas en el mismo sentido por diputados de diversos grupos parlamentarios desde el 9 de febrero hasta –la última– el 14 de septiembre del año en curso para reformar la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con la finalidad de que los pensionados y jubilados sean exentados del pago de éste.
Antecedentes
Con fechas 9, 10, 11, 16, 18, 23 y 25 de febrero, 25 de marzo, 21 y 29 de abril, 26 de mayo y 14 de septiembre de 2010, en sesión plenaria se presentaron 14 iniciativas con proyecto de decreto por integrantes de los distintos partidos políticos, entre los que destacan PRI, PT, PAN, PRD y Nueva Alianza, para reformar la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta a fin de exentar del pago de éste a jubilados y a pensionados.
Pese a que las iniciativas en mención fueron turnadas en tiempo y forma por la Mesa Directiva para estudio, análisis y, en su caso, dictamen a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, ésta no ha dictaminado con prontitud y diligencia lo correspondiente, ya que en un año de ejercicio legislativo no se han llevado a cabo las reuniones establecidas en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, teniendo un rezago de 632 iniciativas pendientes de dictamen.
Con base en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Hacienda y Crédito Público debió emitir el dictamen de las citadas iniciativas en un término de cinco días hábiles al de la fecha en que se haya recibido cada una de ellas. Sin embargo, han pasado siete meses desde que se turnó una de las primeras iniciativas y la comisión obligada no ha emitido el dictamen correspondiente.
Consideraciones
Las iniciativas en comento tienen como propósito eliminar el pago del impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, pensiones vitalicias u otras formas de retiro provenientes de la subcuenta del seguro, o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada o vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, excedan o no de 25 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente.
Lo anterior, en razón de que los ingresos citados ya fueron cobrados a los jubilados y ahora pensionados en su oportunidad y momento, resultando que si se cobran, como se hace hasta ahora, se estaría gravando de manera doble los ahorros de toda la vida de estos trabajadores. Lo anterior, en contraposición con la situación económica del país, que cada día es más difícil y afecta directamente a la clase trabajadora.
Las pensiones y las jubilaciones de los mexicanos son derechos obtenidos con lucha y esfuerzo para que fueran cristalizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la primera en Latinoamérica de tipo social, pues incluyó la seguridad social, y en ella se constituyó la previsión de los trabajadores que llegaran a la tercera edad.
Según datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cobro de dicho impuesto afecta a más de 220 mil pensionados, los que perciben por este concepto un monto superior a nueve veces el salario mínimo.
Como lo señala el artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las pensiones están gravadas entre 1.92 y poco menos de 30 por ciento, lo cual repercute negativamente en la economía de jubilados y de pensionados que, habiendo terminado la vida laboral y cumplido las cotizaciones en los institutos de seguridad social, ya no perciben ningún salario, teniendo acreditado su derecho a una pensión o jubilación digna.
Estamos hablando de trabajadores mexicanos que, durante los años laborales, cumplieron sus responsabilidades fiscales, pues dicho monto ya fue enterado a las autoridades hacendarias en su momento, además de que las pensiones no constituyen una fuente de capital o de un rendimiento.
Por lo expuesto, los legisladores, como representantes populares, debemos ser los primeras en solidarizarnos con nuestros representados y promover la equidad y armonía entre los sectores de la población. Ya no es posible mantener funcionarios privilegiados y ciudadanos empobrecidos.
De ahí la importancia de que dichas iniciativas sean dictaminadas con la mayor brevedad. De lo contrario, se corre el riesgo de que queden como otras tantas en la “congeladora” legislativa. Es necesario dar respuesta a este sector de la sociedad.
Por lo anterior, solicitamos respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que dé trámite a la siguiente
Excitativa
Único. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que dictamine las iniciativas con proyecto de decreto que reforman la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.
Diputadas: Guadalupe Pérez Domínguez (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Margarita Liborio Arrazola (rúbrica), Margarita Gallegos Soto (rúbrica), Julieta Octavia Marín Torres (rúbrica), María Isabel Pérez Santos, Blanca Estela Jiménez Hernández (rúbrica).
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Óscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción XVI, 58 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,: solicita respetuosamente al Presidente de la Mesa Directiva, formular una excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que presente dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma diversas disposiciones del Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de lograr deducibilidad de impuestos sobre colegiaturas pagadas en educación básica obligatoria. Presentada por los diputados Margarita Zavala Gómez del Campo y José Felipe Puelles Espina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional el día 12 de septiembre de 2005.
Considerandos
I. El lunes 12 de septiembre de 2005, los entonces diputados Margarita Zavala Gómez del Campo y José Felipe Puelles Espina, a nombre del Partido Acción Nacional, presentaron ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de hacer deducible de impuestos colegiaturas pagadas en educación básica obligatoria.
II. La iniciativa citada en el numeral anterior fue turnada a la Comisión de Hacienda, sin embargo a la fecha, no se cuenta con un proyecto de dictamen alguno, o incluso de discusión en lo que atañe a dicha iniciativa, contraviniendo el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:
Artículo 87. Toda comisión deberá presentar dictamen en los negocios de su competencia, dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que los haya recibido. Todo dictamen deberá contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación.
III. La importancia que reviste la discusión y dictaminación de esta iniciativa es imperativa.
En la exposición de motivos de esa iniciativa se expresó lo siguiente...
a) Nuestra Carta Magna establece en el artículo tercero constitucional el derecho de toda persona a recibir educación.
b) Para las naciones, lograr una población educada significa el tránsito a una sociedad de bienestar, productiva, competitiva y más democrática. De ahí que todo Estado ubica como una de sus prioridades en política pública la cobertura y calidad de la educación.
c) Particularmente en el reto de una educación para todos, las políticas educativas generadas en los últimos años demuestran el esfuerzo notable por incrementar las oportunidades de acceso a la educación
d) Se ha flexibilizado e incrementado la calidad y pertinencia de los modelos del Instituto Nacional de Educación para Adultos y del Consejo Nacional para la Vida y el Trabajo dirigidos a 32.5 millones de personas en el país, entre las que se encuentran sectores prioritarios de población como: mujeres, indígenas monolingües y bilingües, jóvenes mayores de 18 años, adultos mayores, personas con discapacidad, personas jornaleras agrícolas migrantes e incluso población mexicana que reside en los Estados Unidos de Norteamérica, que no han iniciado o concluido su educación básica.
e) Es imperioso lograr mayor eficiencia en la acción gubernamental para que garantice la educación de millones de mexicanos que hoy representan la oportunidad del bono demográfico.
f) Debemos aprovechar lo que hoy tenemos a nuestro a favor, un amplio sistema de escuelas particulares a las que recurren padres de familia de ingresos medios y altos para ver satisfecha la educación de sus hijos.
El sistema de escuelas particulares, reconocido en la Constitución y de manera amplia en la Ley General de Educación, ha contribuido en la oferta educativa, permitiendo al Estado orientar su acción en las áreas de mayor rezago educacional, atemperando las desigualdades regionales que registra el país.
g) En este tenor de ideas, y con base en el compromiso que el Estado y Acción Nacional tiene para con la sociedad mexicana, consideramos oportuno y justo establecer un incentivo fiscal que permita a los padres de familia tener un mayor beneficio por invertir en la educación de sus hijos y al mismo tiempo permitirá elevar, con menores costos para la población, el nivel educativo de nuestra sociedad, en la medida en que el beneficio fiscal se otorga para el gasto ejercido en educación básica.
h) La deducción fiscal del gasto en colegiaturas por el monto propuesto y para los niveles educativos señalados, disminuyen significativamente la base fiscal para el cálculo del impuesto gravable, lo que permite a las familias contar con un mayor ingreso disponible para generar ahorros y engrandecer su patrimonio.
i) Es así que la propuesta de apoyar a los padres de familia que tienen a sus hijos en escuelas particulares en algún nivel de la educación básica y que contribuyen con sus impuestos al erario nacional les brindará un incentivo directo a su economía familiar, al tiempo que permitirá al Estado fortalecer la calidad y equidad educativa.
Por lo anteriormente expuesto, se solicita a la H. Presidencia de la Cámara de Diputados, se sirva dar trámite a la siguiente:
Excitativa
Único. Tenga por presentada esta solicitud y se sirva excitar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la honorable Cámara de Diputados para que realice el dictamen correspondiente a la iniciativa que adiciona la fracción IX al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Presentada por los diputados Margarita Zavala Gómez del Campo y José Felipe Puelles Espina, del Grupo Parlamentario del PAN y a nombre de diputados del mismo grupo parlamentario, el lunes 12 de septiembre de 2005.
Diputado Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica)
A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud del diputado Avelino Méndez Rangel, del Grupo Parlamentario del PRD
Avelino Méndez Rangel y Fernando Morales Martínez, diputados de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, uno integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, PRD, y el otro integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, PRI, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, incisos f) y p); 39, numeral 3; 45, numeral 6, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitan respetuosamente al presidente de la Mesa Directiva, formular una excitativa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para que presente dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes
Considerandos
Primero. Que el presidente de la Mesa Directiva tiene la facultad, conforme a la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de excitar a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a nombre de esta Cámara para que presente su dictamen si han transcurrido cinco días hábiles después de aquél en que se les turne un asunto, y si no fuere suficiente, la emplazará para día determinado y, si ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión. Esto de acuerdo al artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice
“Artículo 87, Toda comisión deberá presentar dictamen en los negocios de su competencia, dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que los haya recibido. Todo dictamen deberá contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación.”[Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma DOF 04-06-2010]
Segundo. Que es el caso de que, ya hace casi un año, el martes 6 de octubre de 2009, los diputados Fernando Morales Martínez y Juan Carlos Lastiri Quirós, diputados a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometieron a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tendiente a crear la Comisión de Protección Civil como comisión ordinaria de esta Cámara de Diputados, por lo que se propone adicionar al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero. Que en la misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su dictaminación.
Cuarto. Que la situación que guarda la iniciativa es que se encuentra en análisis y pendiente de dictaminación.
Quinto. Que la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación General de Protección Civil, ha emitido más de 100 declaratorias de zona de desastre natural o por lo menos de emergencia en un sinnúmero de municipios de los estados de Baja California (Norte), Chiapas, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y el estado de México; tan sólo en los meses de febrero a septiembre del presente año.
Sexto. Que los fenómenos de lluvias “atípicas” (que por efectos del cambio climático cada vez serán más típicas) y movimientos telúricos, en lo que va de este año, han afectado sensiblemente la infraestructura y sobre todo a la población de las siguientes zonas metropolitanas estratégicas: Mexicali, Monterrey, Reynosa-Río Bravo y Matamoros, Veracruz, Minatitlán, Coatzacoalcos, Villahermosa y la zona metropolitana del Valle de México. Sin olvidar aquí los severos daños sufridos por la población y los edificios históricos en Tlacotalpan, Veracruz, sitio patrimonio cultural de la humanidad, de acuerdo con la respectiva declaratoria de la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura y las Artes, UNESCO . [Cf.http://www.proteccioncivil.gob.mx/Portal/PtMain.php?nIdHeader=2& nIdPanel=4 & nIdFooter=22]
En tal virtud y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete al pleno de esta honorable asamblea el siguiente
Acuerdo
Único. En los términos por lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que emita dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto, ya mencionada, mediante el cual se reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tendiente a crear la Comisión de Protección Civil como comisión ordinaria de esta Cámara de Diputados, por lo que se propone adicionar al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre 2010.
Diputados: Avelino Méndez Rangel (rúbrica), PRD; Fernando Morales Martínez (rúbrica), PRI.
A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Gerardo del Mazo Morales, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados que formule atenta excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a efecto de que realice el análisis, discusión y aprobación de la minuta proyecto de decreto que reforma los artículos 78 constitucional, y 117 de la Ley Orgánica del Congreso General, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
El 16 de junio de 2010 en sesión de la Comisión Permanente con sede en el Senado de la República, la diputada Cora Pinedo Alonso, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 78 constitucional, y 117 de la Ley Orgánica del Congreso General, el cual propone reformas al texto constitucional y al marco normativo interno del Poder Legislativo federal, con la finalidad de garantizar la representatividad en los distintos órganos de gobierno de la Cámara de Diputados, mediante el reconocimiento del principio de minoría en espacios de deliberación.
La Presidencia de la Mesa Directiva turnó la iniciativa para su estudio análisis y dictamen correspondiente a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Por lo anterior y con fundamento en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones encargadas del estudio, análisis y dictamen correspondiente debieron emitir el dictamen de la citada iniciativa en un tiempo de cinco días siguientes al de la fecha en la que se recibió.
Han pasado tres meses desde que se turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Puntos Constitucionales y al día de hoy no han presentado el dictamen para su votación en el pleno.
La comisión legislativa en la presentación del dictamen, no permite concretar la obligatoriedad a rango constitucional de que se le permita a la minoría del Congreso de la Unión, tener representación en la Comisión Permanente. De igual forma imposibilita la aplicación del principio de representación que tiene como derecho el Partido Nueva Alianza y por lo tanto establecer que los legisladores integrantes de la Comisión Permanente, serán nombrados de conformidad con los grupos parlamentarios representados en las respectivas cámaras.
Considerandos
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados:
Único. Formule excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para que emita el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 78 constitucional, y 117 de la Ley Orgánica del Congreso General, que les fue turnada el 16 de junio de 2010.
Dado en el Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados, 27 de octubre de 2010.
Diputado Gerardo del Mazo Morales (rúbrica)
Al Senado de la República, a solicitud del diputado Francisco Ramos Montaño, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado Francisco Ramos Montaño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al presidente de la Mesa Directiva, que en el uso de las atribuciones que le confiere la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite en nombre de la Cámara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Educación, y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, a que presenten a la mayor brevedad el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y deroga el artículo quinto transitorio del decreto por el que se aprueba el diverso que adiciona el artículo 3o. en su párrafo primero, fracciones III, V y VI, y el artículo 31, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Antecedentes
1. El 17 de abril de 2008, en sesión ordinaria de la LX Legislatura, los diputados Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla y Javier González Garza del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandro Chanona Burguete, del Grupo Parlamentario de Convergencia, Ricardo Catú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Emilio Gamboa Patrón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Gloria Lavara Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Marina Arvizu Rivas del Partido Alternativa Socialdemócrata (PAS) y Silvia Luna Hernández de Nueva Alianza presentaron ante el Pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3° y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y deroga el Artículo Quinto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de noviembre de 2002, que reforma el artículo 3o. en su párrafo primero fracciones III, V y VI, y el artículo 31 en su fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. En la misma fecha de 17 de abril del 2008, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dictó el turno de la iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Educación Pública y Servicios Educativos.
3. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Educación Pública y Servicios Educativos, en la elaboración del dictamen correspondiente, tuvieron a bien considerar las siguientes iniciativas:
A. Con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero, las fracciones III, V y VI del artículo 3o. y el artículo 31, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 3o., 4o., 8o. y 9o. de la Ley General de Educación, presentada por la diputada Silvia Luna Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, el 26 de abril de 2007, que propone elevar a rango constitucional la obligatoriedad de la educación media superior, publicada en la Gaceta Parlamentaria del 24 de abril del 2007, y turnada para su estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Educación Pública y Servicios Educativos.
B. Con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el Artículo 6 de la Ley General de Educación, presentada por la diputada Silvia Luna Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, el 26 de abril de 2007, con el propósito de garantizar el acceso a la educación de calidad, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 24 de abril de 2007, y turnada para su estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Educación Pública y Servicios Educativos.
C. Con proyecto de decreto que reforma el artículo quinto transitorio del decreto que adiciona el artículo 3o., en el párrafo primero, las fracciones III, V y VI, y el artículo 31, en la fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado José de Jesús Solano Muñoz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido acción Nacional, el 18 de agosto de 2007, y turnada para su estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Educación Pública y Servicios Educativos.
D. Con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos artículos de la Ley General de Educación, a efecto de que la educación que se imparta promueva y fomente la no discriminación y la igualdad de oportunidades entre los géneros, presentada por el Dip. Efraín Morales Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 18 de septiembre de 2007, publicada en la Gaceta Parlamentaria en la misma fecha, y turnada para su estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Educación Pública y Servicios Educativos.
E. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo quinto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de noviembre de 2002, que reforma el artículo 3o. en su párrafo primero, fracciones III, V y VI, y el Artículo 31 en su fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de ampliar el plazo en vigor de la obligatoriedad del primer año de preescolar, del ciclo escolar 2008-2009 al 2011-2012, presentada el 13 de marzo de 2008, por los diputados: Víctor Manuel Lizárraga Peraza, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Adrián Pedrozo Castillo, Sergio Hernández Hernández, Raymundo Cárdenas Hernández, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; María del Carmen Pinete Vargas, José Rosas Aispuro, Adolfo Mota Hernández, Daniel Amador Gaxiola, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Ariel Castillo Nájera, de Nueva Alianza, Abundio Peregrino García, del Partido del Trabajo (PT); José Luis Varela Lagunas del Partido Convergencia (Convergencia); y Faustino Javier Estrada González del Partido Verde Ecologista de México, integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la LX Legislatura, publicada en la Gaceta Parlamentaria del 26 de febrero de 2008, y turnada para su estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Educación Pública y Servicios Educativos.
4. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación Pública y Servicios Educativos, en sesión del 24 de abril de 2008, aprobó en base al estudio y análisis de las iniciativas el proyecto de dictamen en lo general y en lo particular con diversas modificaciones.
5. La Cámara de Diputados en sesión plenaria del 11 de diciembre de 2008, aprobó el dictamen en lo general y en lo particular por 299 votos en pro, 4 en contra y 11 abstenciones, turnándose a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales del artículo 72.
6. La iniciativa presentada el 17 de abril del 2008 por diputadas y diputados de distintos grupos parlamentarios de la LX Legislatura y objetos del dictamen aprobado, se enmarca en el proceso de la reforma del Estado mexicano, que de acuerdo a la Ley para la Reforma del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2007, los temas a atender por el Poder Legislativo entre otros es el de las garantías sociales. En este sentido, se asumió el compromiso de presentar ante las Cámaras del Congreso de la Unión las iniciativas de reformas constitucionales necesarias para el país, entre ellas las relativas a la educación.
7. La Cámara de Diputados en la LX Legislatura, en la celebración del primer foro parlamentario de Educación Media Superior, Superior, Ciencia y Tecnología en México, efectuado los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2006 en Colima, en relación al tema educativo nacional, se destacó que la educación se concibe como una función básica para la construcción de una sociedad libre y una nación soberana. Además, de entender que la educación en su sentido pública, laica y gratuita se sustenta como una de la promesas de la revolución mexicana, la cual fue plasmada en el artículo 3o. de la Carta Magna.
Consideraciones
1. El dictamen aprobado el 11 de diciembre de 2008, con la reforma al artículo 3o. constitucional, señala como derecho que toda persona tiene a recibir educación desde la preescolar hasta la media superior con el carácter de obligatorias.
Enfatiza que la educación será el eje fundamental del desarrollo nacional, en donde la federación, estados, Distrito Federal y municipios garantizarán el desarrollo de una política de Estado para tales fines.
Además, la educación fomentará el respeto a los derechos humanos, la no discriminación, la paz, el fortalecimiento y respeto por la diversidad cultural; el fomento de la participación social en la educación, en la promoción de condiciones de igualdad y equidad en el acceso permanente al sistema educativo nacional; la vinculación de la educación al desarrollo científico y tecnológico del país; el financiamiento por parte de la federación, estados, Distrito Federal y municipios en la ciencia y la tecnología para contribuir al desarrollo nacional; la impartición de la educación preescolar y primaria en los pueblos indígenas será bilingüe; la atención de la educación superior por parte del la federación, estados, Distrito Federal y municipios.
2. La reforma al artículo 31 constitucional, establece como obligatoriedad de los mexicanos que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria y la media superior.
3. Bajos las consideraciones del proponente, la educación es un factor fundamental del desarrollo humano, ya que a través de ella, las personas tienen mayores oportunidades de acceder al empleo, y en consecuencia integrarlas a los beneficios del desarrollo.
4. La mejor inversión que puede hacer una nación en la proyección y consolidación de su desarrollo es en la educación. Es una de las vías para mejorar los niveles de vida de la población, principalmente la de los jóvenes quienes en una aspiración legítima, buscan en su preparación encausar sus metas, anhelos y sueños para formarse como profesionistas, muchos de ellos de excelencia, como los hay en el país, quienes con invaluables aportaciones en la ciencia, en la tecnología y en la cultura, han dado prestigio y reconocimiento a México en escenarios internacionales.
5. Lejos de los discursos y reconocimientos sobre la importancia de la educación que en nuestro país sin duda han resultado recurrentes y constantes, es evidente la urgencia de atender las asignaturas pendientes en el sector educativo desde aspectos presupuestales como el de la universalidad de la educación en su calidad y cobertura. Por ello, resulta prioritario contar con una política de Estado que vea a la educación como el instrumento necesario para el progreso, el crecimiento y el desarrollo nacional.
6. De acuerdo al índice de Competitividad Global 2008-2009 del Foro Económico Mundial (WEF), México ocupa el lugar 60 entre 134 países, considerando como causas, los rezagos en educación y en sus instituciones educativas, factores que inciden directamente con el mercado laboral, la competitividad, el mercado de bienes de consumo y el potencial de innovación.
7. La importancia de la educación medio superior en el país resulta incuestionable, ya que de su impartición adecuada depende la calidad en la formación de las generaciones de jóvenes que habrán de ingresar a la fuerza de trabajo o continuar formándose como profesionales y técnicos especializados.
8. Finalmente, si se pretende consolidar el impacto de la educación en el progreso, desarrollo y crecimiento de la Nación; así como en la competitividad, en las actividades productivas y económicas vinculadas en el contexto globalizado en el que México está inscrito, y sobre todo, en mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, es el momento que esta LXI legislatura, apruebe las reformas constitucionales señaladas a fin de atender la problemática educativa del país y con ello dar certeza y fortaleza a nuestro desarrollo y soberanía como nación.
Por lo expuesto y fundado, solicito respetuosamente al presidente de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión.
Excitativa
Único. En los términos por lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito excite en nombre de la Cámara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Educación, y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, presenten a la mayor brevedad el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y deroga el artículo quinto transitorio del decreto por el que se aprueba el diverso que adiciona el artículo 3o. en su párrafo primero, fracciones III, V y VI, y el artículo 31, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 26 de octubre de 2010.
Diputado Francisco Ramos Montaño (rúbrica)
A la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a solicitud de la diputada Nancy González Ulloa, del Grupo Parlamentario del PAN
Los que suscriben, diputados a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, numeral 2, inciso e), 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 21, fracción XVI, 85, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos respetuosamente a la presidencia de la Mesa Directiva, tenga a bien formular una excitativa a la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, a efecto de que se dictamine, a la mayor brevedad, para su presentación ante el pleno de este órgano legislativo, la minuta por la que se adiciona el artículo tercero transitorio al diverso que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2006, misma que fue recibida por esta soberanía el 20 de abril de 2010, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. El día 18 de marzo de 2010, el senador Alejandro Zapata Perogordo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el pleno de la Cámara de Senadores, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo tercero transitorio al diverso que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2006.
2. En la misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que esa iniciativa se turnara a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, para su estudio y análisis correspondiente.
3. El día 15 de abril de 2010, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen con 84 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
4. La minuta fue recibida por el pleno de la Cámara de Diputados el 20 de abril de 2010, ordenándose su turno a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a fin de que se emita el dictamen correspondiente.
Consideraciones
El 17 de enero de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 74 de la Ley Federal de Trabajo. Esta reforma tuvo por objeto establecer a nivel legal los llamados “fines de semana largos”, es decir, recorrer los días de descanso obligatorio al día lunes más cercano a la conmemoración de la fecha cívica que se celebra. Estos fines de semana han tenido la intención por un lado, de que puedan realizarse actividades cívicas relacionadas con las fechas más significativas en la vida política y social de nuestro país, al tiempo que buscan una mayor derrama económica en los bienes y servicios que presta el sector turístico, fomentando la convivencia y fortalecimiento del núcleo familiar.
Esta reforma recorrió el día de descanso obligatorio de 3 fechas al día lunes más próximo, a saber: el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo y el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre.
Ese decreto tuvo una excepción en la celebración del 21 de marzo de 2006, pues con motivo de la conmemoración en ese año del Bicentenario del natalicio del Presidente Don Benito Juárez García, la reforma a la fracción III del artículo 74 entró en vigor a partir del año 2007. Esto con la idea de exaltar la importancia de conmemorar los 200 años del natalicio del Benemérito de las Américas.
En este sentido, desde la reforma al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, se ha fortalecido la derrama económica en los bienes y servicios que presta el sector turístico nacional, contribuyendo al mismo tiempo a fomentar la convivencia familiar. Sin embargo, en lo relativo a la necesidad de exaltar los valores cívicos de la vida política y social de nuestro país, estos días de descanso aún no han logrado tener el impacto deseado, pues en ocasiones, se resta la importancia de la conmemoración cívica debido a la lejanía entre la fecha en que se conmemora y el día de descanso.
Así, en este año 2010, cuando celebramos 100 años del inicio de la Revolución Mexicana, es necesario recordar que gracias a las fuerzas que la hicieron posible, la Revolución tuvo un carácter eminentemente popular y encarnó importantes demandas políticas y sociales, por los objetivos que se trazó; la Revolución fue un movimiento primordialmente democrático, ya que luchó por las libertades y derechos como la libertad de expresión, de manifestación y de creencias, el sufragio efectivo, el derecho de huelga, la educación gratuita, el derecho a la tierra, etcétera.
Así, la iniciativa propuesta por el senador Alejandro Zapata resalta la importancia de reconocer el trascendente significado histórico y cívico del que representa el movimiento armado de 1910, otorgándole para el año de 2010, la misma importancia que el movimiento independentista de 1810, reconociendo la relevancia de ambos acontecimientos en la cimentación de nuestro pasado y el fortalecimiento de nuestro presente.
Este criterio orientó a las comisiones dictaminadoras del Senado de la República, al coincidir en el sentido de que para llegar a un estado pleno de desarrollo cívico y democrático, es necesario promover e impulsar la cultura cívica de los mexicanos, a fin de fortalecer la memoria histórica acerca de los diversos acontecimientos nacionales que han marcado el cambio de manera trascendental en nuestro país.
Es por ello que la minuta enviada por la colegisladora propone que de manera excepcional, durante el año de 2010, la fecha de descanso obligatorio sea el lunes 22 de noviembre, generando así la posibilidad del reconocimiento de la conmemoración cívica y recorriendo por esa única ocasión el “fin de semana largo” a la última semana del mes de noviembre.
Resulta de significativa importancia recordar que el Congreso de la Unión aprobó el decreto por el que se declaro el 2010 “Año del Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional y de Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana”, en el que se establecen los criterios para el desarrollo de un programa que incluye eventos, acciones, expresiones, homenajes, calendarios cívicos, conmemoraciones y demás proyectos para exaltar la importancia de la gesta revolucionaria de 1910.
Por esta razón resulta relevante que en el año 2010 se traslade el día de descanso obligatorio, del lunes 15 de noviembre al día lunes 22 de noviembre, ya que el día de descanso obligatorio vigente será precedido por cinco días naturales para llevar a cabo la conmemoración mencionada, perdiendo con ello su real sentido cívico el día de descanso obligatorio.
Por las consideraciones expuestas, los que suscriben, someten a consideración de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados la siguiente solicitud:
Único. En virtud de la importancia de conmemorar el Centenario del inicio de la Revolución Mexicana, se excite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Cámara de Diputados a efecto de que se dictamine con la mayor brevedad, para su presentación ante el pleno de este órgano legislativo, la minuta con proyecto de decreto por la que se adiciona el artículo tercero transitorio al diverso que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2006, aprobada por el Senado de la República el 15 de abril de 2010 y recibida por esta Cámara el 20 de abril del mismo año.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.
Diputada Nancy González Ulloa (rúbrica)
A la Comisión de Salud, a solicitud del diputado José Luis Marcos León Perea, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado José Luis Marcos León Perea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 21, fracciones III y XVI, y 85, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta Cámara de Diputados la presente solicitud de excitativa a la Comisión de Salud al tenor de las siguientes;
Consideraciones
1. El 19 de mayo del 2009 los diputados Lorena Martínez Rodríguez y Emilio Gamboa Patrón presentaron iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud en materia de prevención, vigilancia y control de infecciones nosocomiales.
2. En la misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ordenó que fuera turnada a la Comisión de Salud de dicha Cámara legislativa.
3. Desde entonces y a la fecha, la comisión responsable de emitir el respectivo dictamen, es decir la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, ha hecho caso omiso de esta tarea.
4. Todas las premisas con las que se construyó dicha iniciativa siguen vigentes, y aún se han agravado.
Por lo expuesto y fundado, solicito atentamente a la presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados que dé trámite a la siguiente
Excitativa
Único. Se excita a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para retomar y dar curso a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversos artículos a la Ley General de Salud, en materia de prevención, vigilancia y control de infecciones nosocomiales presentada por los diputados Lorena Martínez y Emilio Gamboa Patrón del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 19 de mayo del 2009.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre del 2010.
Diputado José Luis Marcos León Perea (rúbrica).