- De la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
- De la Junta de Coordinación Política, por la cual comunica que autorizó la adición de dos municipios al Grupo Plural de Trabajo para dar seguimiento a la problemática existente en el predio El Divisadero de Tenacatita y de la zona federal de la bahía de Tenacatita, municipio de La Huerta, Jalisco
Iniciativas
Oficios
- Del gobierno de Chihuahua, dos con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente
- Del gobierno del estado de México, tres con los que remite contestaciones del secretario general de Gobierno a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados relativos al cumplimiento de los reglamentos que rigen la circulación en los caminos y puentes de su jurisdicción, y a la calidad de vida de los niños que permanecen con las madres en los centros de reclusión del país, así como en materia de seguridad y justicia
- Del Gobierno del Distrito Federal, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados
- De la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados
- Del gobierno de Morelos, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al Día de la Familia
- Del gobierno de Puebla, con el que remite contestación a punto de acuerdo relativo al cumplimiento de los reglamentos que rigen la circulación en los caminos y puentes de su jurisdicción
- De las Procuradurías Generales de Justicia de Querétaro y de Sinaloa, con los que remiten contestaciones de los a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados
- De la Secretaría de Seguridad Pública de San Luis Potosí, con el que remite contestación de su titular en materia de seguridad y justicia
- Del Congreso de Tamaulipas, Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados
- De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que informa que en septiembre de 2010 el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, dio destino únicamente a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y no transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
- Del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con el que remite los informes sobre su situación financiera patrimonial y operativa al cierre de 2009, y de sustentabilidad “calidad de vida y valor patrimonial 2009”
- De la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Anaid de la Fuente Martínez, Ricardo Eduardo Domínguez Medrano y José Manuel González Torres puedan prestar servicios en la Embajada de la República Federativa de Brasil en México; y en los Consulados de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente
- De la Secretaría de Gobernación, por el que informa que la ciudadana Elizabeth Nora Echavarri Villanueva ha dejado de prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México
- De la Secretaría de Gobernación, tres con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados
- De la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación del secretario general del Consejo Nacional de Población a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo a los estudios técnicos para considerar Irapuato y Salamanca, Guanajuato, como zona metropolitana
- De la Secretaría de Gobernación, con el que comunica que el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, ha designado subsecretario de Defensa Nacional al general de división diplomado de Estado Mayor Carlos Demetrio Gaytán Ochoa
- De la Cámara de Senadores, con el que remite contestación del secretario de Gobierno del estado de Guanajuato a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados
- De la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por el senador Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo Parlamentario de Convergencia
- De la Cámara de Senadores, con el que devuelve el expediente de la minuta con proyecto de decreto que reforma los transitorios segundo y cuarto y adiciona uno octavo al decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2009, para los efectos de lo dispuesto en la fracción D del artículo 72 constitucional
- De la Cámara de Senadores, con el que devuelve el expediente de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código Federal de Procedimientos Penales, para los efectos de lo dispuesto en la fracción D del artículo 72 constitucional
- De la Cámara de Senadores, en el que transcribe acuerdo aprobado por el que se exhorta a la Cámara de Diputados crear un fondo para apoyar los programas de reconversión integral e incentivar el comercio del tabaco que se produce en el país
- De la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se incrementen los recursos del Fondo Metropolitano, presentado por senadores de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PRD
- De la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo a fin de que la Cámara de Diputados aumente el presupuesto de la Comisión Nacional de Vivienda, presentado por senadores de los Grupos Parlamentarios del PRI, del PAN y del PRD
- De la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el proyecto denominado “Reactivación Puerto Frontera, Tabasco”, presentado por el senador Francisco Herrera León, del Grupo Parlamentario del PRI
- De la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, se contemple el subsidio en precios de diesel marino y gasolina ribereña, presentado por la senadora Margarita Villaescusa Rojo, del Grupo Parlamentario del PRI
- De la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se asignen recursos mayores a los de 2010 para apoyar el desarrollo integral del estado de Zacatecas, presentado por el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT
- De la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se fortalezcan los recursos destinados a los diversos programas de salud que atienden a niñas y niños con cáncer en México, presentado por el senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del PAN
- De la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo a fin de que en el ejercicio fiscal de 2011 no se permita la generación de nuevas plazas con elevado rango y onerosos sueldos en la administración pública federal, presentado por el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT
- De la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se establezca una partida extra de recursos para el estado de Campeche, presentado por la senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del Grupo Parlamentario del PRI
- De la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a establecer en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 un incremento en los recursos asignados a la Comisión Nacional de Vivienda y al Fondo Nacional de Habitaciones Populares, presentado por la senadora María del Socorro García, del Grupo Parlamentario del PRI
- De la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011 se destinen y etiqueten recursos para la ampliación de la carretera Zacatecas-Guadalajara vía Juchipila, presentado por los senadores Antonio Mejía Haro y Ramiro Hernández García, de los Grupos Parlamentarios del PRD y del PRI
- De la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos suficientes para sustentar un programa de salud pública que ayude a disminuir la tendencia del incremento sostenido del cáncer de mama, presentado por la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI
- De la Cámara de Senadores, con el que remite solicitud de Francisco Agundis Arias, del PVEM, para que se dictamine la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 25 y los artículos 47 Bis, 47 Ter y 47 Quáter de la Ley de Coordinación Fiscal
- De la Cámara de Senadores, con el que remite solicitud de los senadores Javier Castellón Fonseca y Eloy Cantú Segovia, de los Grupos Parlamentarios del PRD y del PRI, para que se dictamine la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 219 de la Ley del Impuesto sobre la Renta
Minutas
- Con proyecto de decreto, que autoriza la emisión de una moneda conmemorativa de los cien años de la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México
- Con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos, para los efectos de lo dispuesto por la fracción E del artículo 72 constitucional
- Con proyecto de decreto, que expide la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo
De la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Honorable Asamblea
Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo, en sentido negativo, los cuales que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes comisiones:
Economía
• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Turismo a ejercer una acción coordinada a fin de emitir la norma oficial mexicana para prácticas de comercialización del servicio de tiempo compartido, con el fin de incrementar y fortalecer la actividad turística en México.
Educación Pública y Servicios Educativos
• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se solicita al secretario de Educación de Jalisco la asignación periódica o permanente de profesionales de atención psicoeducativa y psicosocial para las escuelas primarias y secundarias del estado.
• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se propone la creación del programa emergente Canasta Básica Escolar, como parte de las medidas para atemperar la crisis económica de las familias mexicanas.
Recursos Hidráulicos
• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a las Comisiones de Recursos Hidráulicos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, al elaborar el dictamen con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, a asignar recursos al Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas en cuanto a la rectificación, revestimiento y modificación de estructuras del río Querétaro.
• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Ejecutivo federal a establecer a través de la Comisión Nacional del Agua, en las reglas de operación del ejercicio 2010, un componente máximo de inversión no mayor de 10 por ciento en la contraparte que aportarán los usuarios de riego en los programas hidroagrícolas, y un componente máximo de inversión no mayor de 20 por ciento en la contraparte a cargo de los organismos operadores o de los gobiernos locales en los programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
Seguridad Pública
• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo relativo al clima de inseguridad y violencia en el estado de Chihuahua.
Trabajo y Previsión Social
• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se solicita que se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 una disposición que otorgue mayores recursos destinados al pago de jubilaciones y pensiones a derechohabientes del IMSS y del ISSSTE.
• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo con el objeto de exhortar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a fijar un incremento salarial de al menos 6.5% para el 2010; y al pleno de esta Cámara de Diputados, constituir un grupo de trabajo que elabore las reformas necesarias para que sea esta soberanía la que fije en adelante los incrementos a los salarios mínimos.
• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del secretario del Trabajo y Previsión Social con relación a la pérdida de empleos y la estrategia anunciada por el Presidente de la República en su mensaje de año nuevo, así como para que informe sobre la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y la asunción de sus funciones por la Comisión Federal de Electricidad.
• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Ejecutivo federal a desistir de presentar ante el Poder Legislativo la denominada “iniciativa Lozano” de reformas a la Ley Federal del Trabajo, o su equivalente, y al contrario, inicie al efecto un amplio proceso de discusión, especialmente entre la clase trabajadora, que lleve a la tutela de los derechos históricos de ésta.
• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a fijar para 2010 un incremento sustancial que redunde en beneficio de los trabajadores, satisfaga efectivamente las necesidades normales de la vida de éstos y sus familias en el orden material, social y cultural, y permita proveer la educación obligatoria de los hijos, respetando en todo momento la dignidad de las trabajadoras y los trabajadores.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica)
Presidente
De la Junta de Coordinación Política, por la cual comunica que autorizó la adición de dos municipios al Grupo Plural de Trabajo para dar seguimiento a la problemática existente en el predio El Divisadero de Tenacatita y de la zona federal de la bahía de Tenacatita, municipio de La Huerta, Jalisco
Palacio Legislativo, México, DF, 19 de octubre de 2010.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
Presidente de la Mesa Directiva
Honorable Cámara de Diputados
Presente
Hago referencia al oficio del diputado David Hernández Pérez, presidente del grupo plural de trabajo, grupo para dar seguimiento a la problemática existente en el predio El Divisadero de Tenacatita y de la zona federal de la bahía de Tenacatita, municipio de La Huerta, Jalisco, mediante el cual informa que en reunión de trabajo, se acordó solicitar la ampliación de las acciones y actividades de dicho grupo, agregando dos municipios (Campo Acosta, José María Morelos y Chalacatepec, municipio de Tomatlán; así como del ayuntamiento de Cabo Corrientes, que continúan siendo focos de inestabilidad que requieren de inmediata atención.
Al respecto, me permito comunicarle que en reunión de trabajo celebrada el día de la fecha, éste órgano de gobierno acordó autorizar la adición de dos municipios al nombre del grupo de trabajo antes mencionado, para queda como sigue:
“Grupo plural de trabajo para dar seguimiento a la problemática existente en el predio El Divisadero de Tenacatita y de la zona federal de la bahía de Tenacatita, municipio de La Huerta, y de los ayuntamientos de Tomatlán y Cabo Corrientes, Jalisco”.
Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Sin más por el momento, quedo de usted.
Atentamente
Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica)
Presidenta
Programa de Trabajo
El pasado 7 de septiembre, en el pleno de la Cámara de Diputados se aprobó el punto de acuerdo que presentaron los diputados David Hernández Pérez, Salvador Caro Cabrera y Joel González Díaz, del Grupo Parlamentario del PRI, con el fin de que la Cámara de Diputados exhorte a los ejecutivos federal y estatal de Jalisco y a las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, a intervenir en la solución de la problemática existente en el predio El Divisadero de Tenacatita y de la zona federal de la bahía de Tenacatita, municipio de La Huerta, Jalisco, con el fin de evitar la inestabilidad social en la región, así como la integración de un grupo de trabajo plural de diputados que dé seguimiento puntual al desarrollo de la solución de este conflicto.
A esta iniciativa, se sumaron los legisladores José Luis Íñiguez Gámez y Juan Enrique Ibarra Pedroza, de los Grupos Parlamentarios del PAN y del PT, respectivamente.
Esta propuesta fue aprobada por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, acordando que la integración del grupo de trabajo será de seis legisladores de los diferentes grupos parlamentarios.
Debido a que en la costa de Jalisco se han suscitado problemas similares referentes a la tenencia de la tierra, el grupo de trabajo propone incorporar los temas de los ejidatarios de Campo Acosta, José María Morelos y Chalacatepec, municipio de Tomatlán, así como del ayuntamiento de Cabo Corrientes, que continúan siendo focos de inestabilidad que requieren inmediata atención.
Las principales actividades que desarrollará el grupo de trabajo incluyen reuniones con funcionarios federales, estatales y municipales, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial de Jalisco, titulares de las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, con ejidatarios, grupos indígenas, propietarios y demás involucrados en los problemas de los municipios de La Huerta, Tomatlán y Cabo Corrientes, Jalisco, así como con funcionarios de las embajadas de Estados Unidos de América y Alemania en México, las cuales ha solicitado información sobre la afectación a sus ciudadanos.
Antecedentes del predio El Divisadero y de la zona federal de la bahía de Tenacatita
• Existen documentos que datan de 1972 y que son parte de la resolución presidencial de fecha 29 agosto de ese año, cuando se le otorgó al ejido del Rebalse de Apazulco, hoy Lázaro Cárdenas, la primera ejecución en su favor, lo que derivó en que se llevará a cabo la ampliación del mismo para ocupar el predio denominado El Divisadero de Tenacatita, en más de 50 hectáreas.
• Esta ampliación de terreno fue comprobada por la Secretaría de la Reforma Agraria, que revisó la “carpeta básica”, para verificar que no existieran problemas de colindancias del plano definitivo con la resolución presidencial y con el proyecto.
• Antes de 1970, Rodolfo Paz Vizcaíno, habitante del municipio de San Gabriel, poseía un terreno en la zona, el cual fue comprado en ese año por Financiera Industrial de Jalisco (Banca Cremi). En 1973, los ejidatarios entablaron un juicio contra la financiera, toda vez que nunca fueron delimitadas las colindancias.
• Con la resolución presidencial de 1972, la señora Paz Gortazar de González Gallo, inconforme con la afectación, promovió el juicio de amparo número 1596/772 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el estado, que culminó con la resolución definitiva pronunciada el 18 de agosto de 1977 por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la revisión número 756/77, que resolvió que “el predio rústico denominado El Divisadero de Tenacatita, que formó parte de la antigua finca rústica conocida con el nombre de Apazulco, en el municipio de La Huerta, Jalisco, con superficie de 42 hectáreas, no fue materia de dotación agraria a favor de comunidad agraria alguna”, por lo que le concedió la protección constitucional y en cumplimiento de la sentencia de amparo, la Secretaría de la Reforma Agraria le restituyó –en el año 1979– la posesión del predio.
• En 1991, la Inmobiliaria Rodenas, SA de CV, adquirió 42 hectáreas bajo la escritura 20 mil 147, de fecha 14 de diciembre de 1991, delimitándose medidas y colindancias, a pesar de que los ejidos argumentaban estar “legitimizados” y el juicio en contra de la Financiera Industrial de Jalisco no estaba resuelto.
• En 1992, se le otorgó una concesión de la zona federal a la inmobiliaria para preservación y ornato de la zona, no obstante que el ejido ya había solicitado la concesión con anterioridad.
• El 7 de mayo de 1992, la SCJN rechazó un recurso de queja promovido por el ejido para revocar la sentencia emitida en 1980, que ratifica la de 1977; el 18 de enero de 1993, la misma Suprema Corte resolvió negativamente otro recurso de queja promovido por el comisariado ejidal para contravenir el veredicto.
• En 1996, el ejido solicitó un amparo contra esta resolución, pero le fue negado nuevamente.
• El 8 de febrero de 2000, el juez de Primera Instancia de Cihuatlán giró los oficios correspondientes para solicitar el auxilio de la fuerza pública en el proceso de desalojo, mismo que intentó realizarse el 25 de febrero del mismo año. Sin embargo, éste no pudo realizarse debido a que el presidente municipal de La Huerta se negó a apoyar la diligencia.
• El miércoles 4 y jueves 5 de agosto, fue ejecutada una orden de desalojo dictada por el juez de Autlán, Jalisco, del predio El Divisadero de Tenacatita y de la Playa de Tenacatita, municipio de La Huerta, destruyéndose con maquinaria pesada pequeños hoteles, restaurantes, tiendas. Los daños provocaron el cierre de seis hoteles, la crisis de dos cooperativas de pesca y de servicios turísticos, la destrucción de restaurantes y de fondas familiares y, sobre todo, la afectación de los habitantes del ejido de El Rebalsito.
Además, se cerró una de las playas públicas más importantes del Estado de Jalisco, que es generadora de 700 empleos directos y el sostén para 200 familias de la zona.
Los pobladores desalojados han demostrado ser dueños mediante título de propiedad expedido por instrucciones del presidente Vicente Fox en 2006, así como con certificados de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio con sede en Autlán, Jalisco, en donde se reconoce título de propiedad expedido por el Registro Agrario Nacional.
Es el tercer desalojo que se intenta desde 1993; es la única vez que se ha logrado desalojar a la totalidad de los habitantes.
A pesar de ello, la inmobiliaria no ha pagado desde 1999 los derechos por el otorgamiento de la concesión, y la última liquidación la efectuó por concesión para uso y aprovechamiento de agricultura en la misma zona y el pago del adeudo de los cuatro años anteriores, por lo que no realizó los pagos en tiempo y forma y el motivo de concesión fue cambiado.
Habitantes de esa zona por el contrario, han cumplido con sus respectivos pagos.
• El 2 de septiembre de 2010, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió por conducto de la Dirección General de Zona Federal Marítima, Terrestre y Ambientes Coste ros, la resolución administrativa mediante la cual revocó la concesión a la empresa Inmobiliaria Rodenas, SA de CV, que abarca una superficie de 266,473.23 m² de zona federal marítimo terrestre y terrenos de propiedad federal, en El Divisadero de Tenacatita.
Asimismo, a través de este resolutivo, se apercibió a la inmobiliaria Rodenas, SA de CV, a no ocupar la zona federal concesionada y de lo contrario, se haría acreedora a las sanciones correspondientes.
• El 23 de septiembre de 2010, la dirección en jefe del Registro Agrario Nacional, informó que en relación con la acción de ampliación del ejido “El Rebalse de Apazulco”, municipio de La Huerta, concretamente al plano definitivo en la que se representará la exclusión de una superficie de 42 00-00 hectáreas, concedida en el amparo que promovió la presunta afectada, no se localizó en sus archivos documento alguno que sirviese de base para la ubicación física de las hectáreas mencionadas, por lo que solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria, a través de la Dirección General Técnico Operativo, los antecedentes que se tuvieran sobre la zona descrita.
El 14 de septiembre pasado, se entregó una carpeta del ejido “El Rebalse de Apazulco” a la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales de la Secretaría de Gobernación, así como el plano definitivo de la ampliación, acta de posesión y deslinde de los terrenos concedidos en ampliación al ejido; acta de posesión de las 42.00.00 hectáreas para cumplimentar el juicio de amparo, así como un plano descriptivo de los trabajos técnicos realizados por la Dirección General de Catastro, en los que se plasman las diversas versiones técnicas sobre la ubicación de las hectáreas citadas.
El Registro Agrario Nacional agregó que hasta la fecha, no se tiene respuesta de la Reforma Agraria en el sentido de que sólo obran planos proyecto de localización, sin que éstos expresen a detalle los vértices que permitan una localización exacta de la superficie en conflicto.
Diagnóstico
• Este problema ha sido originado por las autoridades federales, al duplicar trámites y sin tomar en cuenta la situación de las personas que ya tienen concesiones.
• Los títulos de propiedad de terrenos locales expedidos durante el sexenio del presidente Vicente Fox, son un sustento jurídico para los poseedores, quienes tienen todo derecho de oponerse a los desalojos.
• Estos títulos se emitieron con base en el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Certificación de Solares Urbanos (Procede), encabezado por la Procuraduría Agraria y el Inegi, que derivaron de un procedimiento legal de medición de linderos y confirmación de la legítima propiedad del núcleo agrario sobre la zona.
• Sumado a lo anterior, al momento del desalojo y en la delimitación del terreno para evitar que los ejidatarios entraran por la fuerza, la inmobiliaria destruyó algunos metros cuadrados de mangle al instalar profundamente en él una malla ciclónica con cadenas y pasador, daño que fue comprobado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Jalisco, quien determinó que los efectos fueron mínimos, por lo que no hubo sanción a la empresa responsable y únicamente se le ordenó la entrega de un informe de las actividades que desarrollarían, así como el estudio de impacto ambiental autorizado por la Secretaría del Medio Ambiente Federal.
• Con esta determinación de desalojo, se violó además el derecho de acceso a las playas que impiden policías estatales, problema que ha ido creciendo; las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, se encuentran estudiando actos y omisiones de los niveles de gobierno.
• Incluso, la Comisión Nacional abrió un expediente sobre presuntas violaciones a las garantías jurídicas de ciudadanos.
• La Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitó información al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Cihuatlán, Jalisco, y explicara si solicitó que permanecieran los elementos de seguridad en el bloqueo de la carretera y acceso a las playas, contestando negativamente.
• La intervención de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se ha circunscrito a realizar las gestiones para que se reabra el acceso a las playas.
• Contrario a lo anterior, el gobernador de la entidad señaló que la decisión de no permitir la entrada corresponde a la orden del juez, y no al gobierno del Estado, y él solamente se limita a garantizar el estado de derecho, cuestión que ya fue desmentida por el propio juez.
• Después del violento desalojo, se estableció una mesa de diálogo y entendimiento entre representantes del ejido El Rebalsito con el secretario general de Gobierno, refrendando éste el compromiso de “salvaguarda del estado de derecho y a petición de un juez, en virtud de una sentencia.”
• Sin embargo, el gobierno del estado se ha negado a aceptar cualquier demanda, incluyendo la negativa de abrir una mesa de diálogo para cotejar documentos de propiedad, de mover a la policía estatal de la playa y de liberar la carretera bloqueada.
• En esta problemática, también se ha involucrado la Embajada de Alemania en México, cuya representación diplomática ha solicitado información ante diferentes instancias públicas de las denuncias de ciudadanos alemanes que fueron afectados por el lanzamiento, ya que argumentan, son compradores de buena fe y “poseen escrituras validadas por dos presidentes de la República Vicente Fox y Felipe Calderón”.
Líneas de acción
• Evitar se generen actos de violencia y violaciones de derechos humanos. Es evidente el conflicto de intereses y la duplicidad de propietarios, por lo que es importante participar de manera inmediata en la solución del problema y así, dejar un antecedente para futuros inconvenientes similares.
• La .presunta intención del desalojo sin ningún tipo de negociación, es convertir esa zona en un desarrollo turístico con dos marinas, villas unifamiliares y hoteles, un campo de golf y la construcción de un aeropuerto entre los ejidos José María Morelos y Campo Acosta, por lo que es necesario impulsar a la brevedad posible el establecimiento de una mesa de diálogo con todos los involucrados, con el fin de evitar se generen mayores problemas.
• Solicitar la participación de ambientalistas oficiales e independientes para que emitan sus opiniones respecto a los presuntos problemas causados a los mangles, así como la posible afectación, en caso de la construcción del proyecto turístico, a las reservas ecológicas de mangle más importantes del litoral costero que forma parte del corredor del jaguar.
Antecedentes de los ejidos de Campo Acosta, José María Morelos y Chalacatepec, municipio de Tomatlán
• El 20 de agosto de 2007, funcionarios del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XIII, en compañía de elementos antimotines de las policías estatal y federal preventiva, se presentaron en el poblado Campo Acosta en el kilómetro 105 de la carretera federal 200 que corre entre Puerto Vallarta y Melaque, del municipio de Tomatlán, para ejecutar la sentencia dictada en el juicio agrario 362/02 de restitución de tierras -gran parte de ellas situadas en las playas de Peñitas-, promovido por la comunidad indígena de Tomatlán, debido a que unos 200 ejidatarios se oponían a entregar mil 200 hectáreas a la comunidad indígena que a su vez, presuntamente vendió al menos dos terceras partes del predio playero a la empresa Sierra Vallarta, vinculada al ex presidente Vicente Fox Quesada y al empresario sinaloense Ernesto Coppel.
• Además de ser desalojados, algunos campesinos fueron detenidos y trasladados a la cárcel municipal y posteriormente, a la de Puerto Vallarta, quienes fueron liberados con el pago de una caución de tres mil pesos por cada uno.
• El tercer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, manifestó que en el desalojo y detención “hubo excesos” de la policía estatal.
• En la Recomendación 33/2009 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se acreditó negligencia en agravio de una paciente por parte del Centro de Salud de San Martín de Bolaños, cuando acudió a recibir atención porque había sido herida en el abdomen por arma de fuego. No obstante la gravedad del caso, luego de revisarla, se le suministró medicamento, se tuvo en observación una hora y se le envió a su domicilio. Con la gravedad, se tramitó tardíamente su traslado urgente a un hospital de Tlaltenango, Zacatecas, a donde no pudieron llegar y pidieron atención en el centro de salud de Villa Guerrero, donde la mujer falleció.
• Este conflicto data desde los años 60, entre la comunidad indígena de Tomatlán y el poblado de Campo Acosta. En el transcurso de ese tiempo, se han desarrollado diversos juicios ante distintas instancias judiciales, sin llegar hasta el momento a resolverse de fondo, ya que es un tema muy complejo.
• Este problema creció porque, además del enfrentamiento entre ambas comunidades agrarias, apareció un tercer actor, una empresa inmobiliaria denominada “Sierra Vallarta”, que se adjudicó la propiedad de los terrenos de más de 100 comuneros, que afectó sus propiedades, ganado, embarcaciones.
• En cuanto al ejido de Chalacatepec, el director de Proyectos de la empresa Rasaland y responsable de las negociaciones con los ejidatarios, aseguró que éstos fueron bien remunerados por la cesión de derechos posesorios de las tierras; reconoció que hubo quienes recibieron 150 mil pesos por hectárea, así como otros llegaron a cobrar hasta 700 mil pesos por hectárea.
• La empresa Rasaland y pensiones del estado, pretenden desarrollar el complejo turístico.
• Isaías Rivera Rodríguez, ex procurador agrario, explicó que después de que diversos pequeños propietarios promovieron el juicio de amparo 2130/65 contra el decreto presidencial que otorgaba la tierra a los ejidatarios, el 23 de julio de 1971 se dictó sentencia definitiva “protegiendo a Carlos Jimeno Serrano y otros”, determinando que los planos conforme a los que se ejecutó la resolución presidencial no eran correctos porque en ellos se incluía los predios Param y Xola (donde se ubicaría el complejo turístico).
• Con esa resolución, ambos predios se excluyeron de la dotación de tierra y el régimen de la propiedad cambió a ser privado; aunque esta sentencia se tuvo por ejecutada en favor de los propietarios en 1985, según lo establece un acuerdo firmado el 23 de mayo de ese año por el Juez Segundo de distrito en materia penal en el estado de Jalisco, la posesión del predio la conservaron los ejidatarios debido a que la ejecución de la restitución se hizo “de gabinete”.
• Es en este punto donde entró la empresa Rasaland, que tras adquirir la propiedad a un precio no revelado, procedió a negociar con los ejidatarios para ofrecer “convenios indemnizatorios” por la posesión de la tierra para así, consolidar el derecho a la propiedad.
• En enero pasado, el gobierno del estado anunció la compra de terrenos en la playa de Chalacatepec para desarrollar el “Nuevo Cancún”, a pesar del conflicto agrario que no ha sido resuelto. El ejido tiene un decreto presidencial y una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su favor.
• Este proyecto es presuntamente catalogado como un negocio inmobiliario de “complicidad de intereses públicos y privados”, ya que se comprometen recursos estatales para infraestructura carretera y aeroportuaria, y los fondos de los pensionados del gobierno de Jalisco para adquirir reservas territoriales bajo la figura jurídica de un fideicomiso como socios minoritarios, con riesgos de mercado.
• El fondo de retiro de 115 mil burócratas de la entidad, que asciende a unos 89 millones de dólares, podría incrementa el grado de peligro, debido a que los recursos se encuentran en manos de Goldman Sachs, firma financiera acusada de fraude por las propias autoridades estadunidenses.
Líneas de acción
• Conocer la opinión de la sociedad civil y los sectores productivos, incluyendo a los ejidatarios de Campo Acosta, José María Morelos, Chalacatepec y de otros ejidos de la zona, para participar en la solución de los graves problemas sociales, territoriales y económicos que padecen.
• Evitar el despojo de tierras a campesinos de las localidades.
• Consultar a especialistas para garantizar que cualquier obra que se pretenda realizar, garantice el respeto y cuidado del medio ambiente, así como la inclusión e integración social.
• Vigilar que no se utilicen recursos públicos para beneficio de particulares.
• Evitar la privatización de playas donde anidan las tortugas marinas.
• Cuidar que no se cometa un fraude a las pensiones del estado.
Antecedentes del municipio de Cabo Corrientes
• El municipio de Cabo Corrientes atraviesa por una transformación en el ámbito de la tenencia de la tierra, y por la creciente presión de desarrolladores y corredores de bienes raíces.
• De sur a norte, se encuentran los ejidos La Boquita, Vistahermosa e Ipala, donde las transmisiones de parcelas han sido a nivel interno.
• En Villa del Mar y López Mateos, la corredora Golden ha adquirido decenas de derechos ejidales y las ventas a diversos desarrolladores van aumentando. Sólo en unas cuantas caletas se tiene acceso, ya que predomina el mar abierto.
• En Villa del Mar ha habido un intenso tráfico de propiedades, desde lotes frente al mar hasta parcelas completas.
• El ejido distribuyó parcelas a lo largo de litoral a todos sus ejidatarios para que tuvieran frente de playa.
• En el ejido Aquiles Serdán, se acordó por asamblea la venta de todas sus tierras, caminando en el mismo sentido los ejidos Morelos y Naranjitos.
• Habitantes del poblado de Aquiles Serdán, municipio de Cabo Corrientes, Jalisco, intentaron ser desalojados el 18 y 25 de junio pasado por elementos de seguridad estatales y personas ajenas y desconocidas, cuando irrumpieron armados para ejecutar la orden de desalojo, que presuntamente nunca presentaron, emitida por un juez federal de Monterrey, acompañados por el ejecutor del juzgado tercero civil de Puerto Vallarta.
• Los afectados, conforman aproximadamente 65 familias que se encuentran asentados en 208 hectáreas, en el predio de Tecolotán, en zona de playa.
• Durante un tercer desalojo el 5 de julio, los pobladores de Cabo Corrientes argumentaron tener más de 30 años con la posesión de sus tierras, además de que existe un juicio agrario por la titularidad de las tierras del ejido de Aquiles Serdán.
Líneas de acción
• Conocer la opinión de los pobladores de los ejidos que conforman el municipio y de los sectores productivos y desarrolladores, así como de otros sectores para participar en la solución de una posible problemática.
• Evitar el despojo de tierras y propiedades hasta que no se agoten todos los recursos legales y políticos.
• Evitar la privatización de playas donde anidan las tortugas marinas.
• Ofrecer la asesoría legal a los ejidatarios para que en caso de vender sus tierras, se apeguen a Derecho.
Reuniones
Funcionarios federales, magistrados y diplomáticos
• La primera reunión que se propone realizar, es con los secretarios de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Reforma Agraria, para que participen como mediadoras en las reuniones.
• Con magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer su opinión referente a la duplicidad de títulos de propiedad.
• Con el secretario o subsecretario de la Reforma Agraria, con el fin de conocer la posición sobre las “carpetas básicas” que verificaron los planos definitivos antes de las resoluciones presidenciales.
• Reunión con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y las dependencias y entidades que pudieran tener competencia, con el fin de realizar un diagnóstico de la conflictividad agraria en la zona, incluyendo la problemática de mérito, y se implementen acciones de política pública que prevengan y, en su caso, solucionen pacíficamente los conflictos por tierras.
• Reunión con el secretario o subsecretario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para conocer sus opiniones sobre la afectación al área de mangles y el impacto que podría generar la construcción de los proyectos turísticos.
• Reunión con el titular del Registro Agrario Nacional, para solicitar información sobre la situación legal de las áreas referidas.
• Reunión con los titulares de la Procuraduría Agraria (Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Certificación de Solares Urbanos –Procede–) y del Inegi, quienes verificaron los títulos que se emitieron en el gobierno de Vicente Fox, mediante un procedimiento legal de medición de linderos y confirmación de la legítima propiedad del núcleo agrario sobre la zona.
• Reunión con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que informe sobre el expediente que abrió de las presuntas violaciones a las garantías jurídicas de ciudadanos, como consecuencia del desalojo.
• Reunión con funcionarios de las embajadas de Estados Unidos de América y de Alemania en México, para que sus ciudadanos participen en las mesas de diálogo, ostentando los títulos de propiedad que poseen.
Funcionarios y actores locales
• Reunión con el gobernador o secretario de Gobierno del estado, para plantear la instalación inmediata de una mesa de trabajo que coadyuve en la solución del problema y en la liberación de los accesos públicos y vías de comunicación.
• Reunión con magistrados del Poder Judicial de Jalisco, con el titular del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Cihuatlán, y con el Juez de Autlán, para conocer su opinión sobre la problemática jurídica que existe en el municipio de La Huerta.
• Reunión con el director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Autlán, para conocer los certificados que reconocen los títulos de propiedad expedidos por el Registro Agrario Nacional.
• Reunión con el procurador federal de Protección al Ambiente en Jalisco, con el fin de que informe sobre los daños causados al manglar que, argumentó, fueron muy mínimos, y sobre la resolución administrativa que emitió la Dirección General de Zona Federal Marítima, Terrestre y Ambientes Costeros de la Semarnat, mediante la cual revocó la concesión a la empresa Inmobiliaria Rodenas, SA de CV, que abarca una superficie de 266,473.23 m2 de zona federal marítimo terrestre y terrenos de propiedad federal, en el Divisadero de Tenacatita.
• Reunión con el presidente de la Comisión de Estatal de Derechos Humanos, institución que ha intervenido activamente en el conflicto para conocer y garantizar no se violen los derechos de los desalojados y de la sociedad del municipio, al cerrar accesos públicos y carreteras.
• Reunión con .ejidatarios, propietarios y representantes de Inmobiliaria Rodenas, SA de CV, principales actores en esta problemática y quienes tendrán que participar, a través de representantes, en todas las mesas de trabajo con las autoridades que intervendrán en la solución.
• Reunión con el titular del Instituto de Pensiones de Jalisco, para conocer la participación de esa dependencia en los proyectos de Tomatlán.
• Reunión con los presidentes municipales de Tomatlán y Cabo Corrientes, para coadyuvar en la pronta solución de los conflictos.
• Encuentro con la sociedad civil, con los sectores productivos, con grupos indígenas, ejidatarios de Campo Acosta, José María Morelos, Chalacatepec, de Cabo Corrientes, de otros ejidos de la zona afectados; con representantes de Rasaland.
Resolutivos planteados en el punto de acuerdo
Primero. Que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo federal intervenir en la solución de la problemática existente en el predio El Divisadero de Tenacatita y de la zona federal de la bahía de Tenacatita, municipio de La Huerta, Jalisco, a fin de evitar la inestabilidad social en la región.
Segundo. Que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo federal para que a través del Registro Agrario Nacional, se realice nuevamente una valoración que contribuya a encontrar una solución entre todos los involucrados.
Tercero. Que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo federal para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se informe a esta soberanía sobre el presunto daño ecológico en contra de manglares por la instalación de una malla ciclónica.
Cuarto. Que se exhorte al gobierno de Jalisco a atender las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos referentes al retiro de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, al desbloqueo de la carretera y al libre acceso a las playas, y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emita una pronta opinión sobre el conflicto suscitado por el desalojo en mención.
Quinto. Que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados integre un grupo de trabajo plural de diputados que dé seguimiento puntual al desarrollo de la solución de este conflicto e informe a esta soberanía del estado que guarda el problema. Este grupo presentará programa de trabajo y tendrá vigencia hasta la conclusión del problema.
Integrantes
Diputados: David Hernández Pérez, Presidente, PRI; Salvador Caro Cabrera, integrante, PRI; Rafael Yerena Zambrano, integrante, PRI; Juan José Cuevas García, integrante, PAN; Carlos Luis Meillón Johnston Johnston, integrante, PAN; Indira Vizcaíno Silva, integrante, PRD; Norma Leticia Orozco Torres, integrante, PVEM; Juan Enrique Ibarra Pedroza, integrante, PT; Roberto Pérez de Alva Blanco, integrante, NA; Falta por nombrar, integrante, Convergencia.
Del Congreso del estado de Michoacán, que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por el Congreso de Michoacán
Morelia, Michoacán de Ocampo, a 14 de octubre de 2010.
Presidente de la Mesa Directiva
De la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión
Presente
En cumplimiento a lo instruido en sesión celebrada en esta fecha, por este conducto nos permitimos remitir a usted, acuerdo número 331, que contiene iniciativa de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativo al cambio de formato de Informe de Gobierno federal, lo anterior para su conocimiento y trámite legislativo correspondiente. Se anexa dictamen.
Reiteramos la seguridad de nuestro respeto.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
La Mesa Directiva del Congreso del estado de Michoacán de Ocampo
Diputados. Iván Madero Naranjo (rúbrica), presidente, Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), primer secretario; Epigmenio Jiménez Rojas (rúbrica), segundo secretario; Arturo Guzmán Ábrego (rúbrica), tercer secretario.
El honorable Congreso del estado, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente
Acuerdo 331
Primero. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, y 62 fracción I de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, esta Septuagésima Primera Legislatura se permite someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de decreto, que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes
Artículo Único. Se reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar con el texto normativo que en seguida se inserta
Artículo 69. A la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso asistirá el presidente de la República acompañado de su gabinete ampliado, y ahí presentará, en una ceremonia de simpleza republicana y de trabajos de colaboración entre poderes, un informe por escrito a la representación popular y a la representación de entidades federativas, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país, como aporte a los trabajos legislativos, pronunciando un mensaje para presentar su informe de no más de quince minutos.
Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los secretarios de estado, al procurador general de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.
En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus Cámaras, el presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.
Transitorios
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones legales y administrativas que se opongan al presente decreto legislativo.
Artículo Tercero. Remítase el presente acuerdo, que contiene iniciativa de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al honorable Congreso de la Unión para los efectos legales a que haya lugar.
Palacio del Poder Legislativo, Morelia, Michoacán de Ocampo, a los 14 catorce días del mes de octubre de 2010.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Diputados. Iván Madero Naranjo (rúbrica), presidente, Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), primer secretario; Epigmenio Jiménez Rojas (rúbrica), segundo secretario; Arturo Guzmán Ábrego (rúbrica), tercer secretario.
Honorable Asamblea:
Samuel Arturo Navarro Sánchez, José Antonio Salas Valencia, Gabriela Desireé Molina Aguilar, Jaime Rodríguez López y Luis Manuel Antúnez Oviedo, diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Septuagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio del derecho establecido en el artículo 71 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sometemos a la consideración del pleno, propuesta de acuerdo que contiene iniciativa de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor del siguiente
Antecedente
Único. Que en sesión de pleno de la Septuagésima Primera Legislatura de fecha 13 de noviembre de 2009, se turnó iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Wilfrido Lázaro Medina a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para estudio y análisis correspondiente.
Del estudio y análisis realizado, se arribó a las siguientes
Consideraciones
Que el Congreso del Estado es competente para iniciar leyes o decretos, ante el Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido por el artículo 44 fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
Que la Comisión de Puntos Constitucionales, es competente para conocer y dictaminar sobre los reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a lo establecido por el artículo 62 fracción I de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del estado de Michoacán de Ocampo.
Que la iniciativa de decreto de mérito sustentó su exposición de motivos, sustancialmente en lo siguiente
“Que el texto vigente del artículo 69 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el siguiente, cito:
Artículo 69. En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la República presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus Cámaras, el presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.
Cada una de las cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los secretarios de estado, al procurador general de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad. Fin de la cita.
Que con ese texto del artículo constitucional transcrito anteriormente, el Congreso Constituyente Permanente consideró en el año 2008 que debería suprimirse la expresión conceptual (cito): «... asistirá el presidente de la República y presentará un informe por escrito...» (cierro la cita), para el efecto de que el titular del Poder Ejecutivo federal no tuviera la obligación expresa de acudir de manera personal, concurrir irremisiblemente en persona a tal apertura a presentar ese informe; que por sexenios, históricamente, tuvo razón de ser esa obligada presencia del presidente de México, puesto que, entre otros motivos, ante los embates de fuerzas del exterior, que llegaron a invadir territorio nacional para imponer un emperador, o cercenar más de la mitad de nuestro territorio patrio, se requería un Ejecutivo fortalecido internamente y respetado en el campo de la diplomacia;
que la asistencia del Ejecutivo a rendir personalmente un informe del estado que guarda la administración pública del país ante el honorable Congreso de la Unión, llegó a distorsionarse, es verdad, con el tiempo, convirtiendo a la simple apertura de sesiones ordinarias de ese cuerpo colegiado y a la rendición del informe administrativo, en el día del presidente, en donde, con el acarreo de gente que iba con la consigna de aplaudir, de portar mantas de agradecimiento, de arroja aplausos, serpentinas y confeti por toneladas, para después concentrarse a lanzar vivas al presidente, es verdad, agradecimientos porriles y a formar en filas interminables para saludarlo de mano, se afectó incluso la estructura republicana de la nación.
Que ante esa deformación oficial nació una deformación opositora, contraria a la anterior, pero igual de bárbara y primitiva, en donde desde la llegada del presidente al recinto legislativo se le organizaba, con acarreados abucheos y silbidos, también; y una vez, dentro del recinto se le interrumpía en su discurso; los parlamentarios rompían las reglas de sus reglamentos para sesiones, tomaban la tribuna, coreaban consignas en contra del presidente, llegando a portar máscaras de cerdos, enfrentándose con el mismo personal de seguridad;
que entre todas esas circunstancias, y otras más, innecesarias para ser señaladas aquí, se orilló al Congreso Constituyente Permanente a aprobar el actual texto del artículo 69 de la Constitución Federal, en donde se da margen legal para que el presidente de la República en turno se presente o no; de manera personal, a entregar dicho informe, o pueda enviarlo con alguien y así cumplir con la norma constitucional;
Que aplicado, ahora, dicho artículo 69 de nuestra Carta Magna, el presidente Felipe Calderón Hinojosa dio un giro de interpretación -desde nuestra óptica- inexacto a ese precepto, que afecta a la vida del país y a la relación entre los Poderes de la Unión, al hacer el Ejecutivo federal su propia ceremonia de informe, y ya no ante el honorable Congreso de la Unión, sino ante sí mismo, ante su espejo, ante sus colaboradores, partidarios, familiares, amigos y/o compañeros de partido político, gastando el dinero de los mexicanos en pagos millonarios a medios masivos de comunicación para que transmitan a todo lujo, color y horarios triple AAA, su informe al pueblo, cuando somos, por disposición constitucional, una república representativa, faltándole al respeto así al Poder Legislativo federal, en vía de regreso, como una venganza absurda.
Que los tres Poderes de la Unión se merecen, y se deben, respeto entre sí, y tienen, la obligación jurídica de ejercer sus atribuciones con la atención considerada a sus encargos Y personas, por lo que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos debe personalmente presentarse a la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso de la Unión, y presentar ahí un informe por escrito en el que se manifieste el estado general que guarda la administración pública del país, dando un mensaje que no rebase treinta minutos; asistiendo con los miembros del gabinete ampliado, con más de dos centenares de invitados, incluyendo a su familia; siendo una auténtica reunión republicana, eminentemente de trabajo eficaz para que el Poder Ejecutivo traslade información de la administración pública que se sirva y oriente a los legisladores para la discusión y aprobación de normas jurídicas que auxilien al desarrollo de México, siendo esta ceremonia el inicio eficaz y práctico de tales labores, un día de trabajo más; sin que haya convocatorias ni organización de vallas o concentraciones populares por fuera del recinto parlamentario; ni banquetes ni ceremonias posteriores de saludos; que las transmisiones de esta ceremonia se realicen como las informaciones normales de trabajo, sin que ocasionen gastos al erario, ocupando los tiempos oficiales correspondientes; que se apliquen sanciones severas a quienes siendo parte de los Poderes de la Unión falten al respeto entre poderes y/o incumplan con las reglas de orden que encausan las conductas parlamentarias.
Que la iniciativa de mérito, en esencia, pretende que el Ejecutivo federal vuelva a presentarse personalmente al Congreso de la Unión, a rendir el informe del estado que guarda la administración pública federal.
Que está Comisión de Puntos Constitucionales coincide con el iniciador y hace suyos los planteamientos hechos en la exposición de motivos, en virtud de que en un acto republicano de rendición de cuentas y transparencia en el manejo de los recursos federales, el presidente de la República debe rendir el informe del estado que guarda la administración pública en el recinto legislativo y ante el poder al que por mandato constitucional le corresponde aprobar el Presupuesto de Egresos y dictaminar la Cuenta Pública Federal.
Que en este sentido, el nuevo orden político constitucional nos demanda potenciar el desarrollo jurídico de la Constitución, no sólo en su concepción propia de “norma jurídica”, sino sobre todo en su armonización con los diversos mecanismos de control constitucional. Una Constitución auténticamente normativa es aquella que genera un sistema que delimita y equilibra efectivamente la acción del poder.
Que en el devenir histórico de la rendición de cuentas del Ejecutivo federal, no debe perderse la seriedad y solemnidad que el acto requiere, toda vez que, es el más alto cargo de elección popular y representa al Poder Ejecutivo federal, por tanto en la respetuosa relación de Poderes del Estado Mexicano; el equilibrio: contrapeso y toma de decisiones conjuntas debe prevalecer, por tanto y en esa lógica el presidente de la República debe rendir personalmente ante el Congreso de la Unión el informe de que guarda la administración pública federal.
Que los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de está Septuagésima Primera Legislatura del Estado de Michoacán de Ocampo, consideramos que debe ser interés de los Poderes del Estado, informar de cara a la nación el estado que guarda la administración pública federal, dando certeza legal y transparencia al manejo del erario público, lo que permita un diálogo franco y respetuoso entre poderes, para el debido y cabal cumplimiento de lo que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Que con la presente iniciativa de reforma constitucional pretendemos adecuar el marco jurídico constitucional en materia de la presentación del informe del estado que guarda la administración pública federal, considerando que el titular del Ejecutivo federal debe rendir dicho informe en la máxima tribuna de la nación que es el Congreso de la Unión.
Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 44 fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y el artículo 62 fracción 1, 122, 123, 124, de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Septuagésima Primera Legislatura, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente propuesta de
Acuerdo
Primero. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, y 62 fracción I de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, esta Septuagésima Primera Legislatura se permite someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de decreto, que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes
Artículo Único. Se reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar con el texto normativo que en seguida se inserta
Artículo 69. A la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso asistirá el presidente de la República acompañado de su gabinete ampliado, y ahí presentará, en una ceremonia de simpleza republicana y de trabajos de colaboración entre poderes, un informe por escrito a la representación popular y a la representación de entidades federativas en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país, como, aporte a los trabajos legislativos, pronunciando un mensaje para presentar su informe de no más de quince minutos.
Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los secretarios de estado, al procurador general de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.
En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus Cámaras, el presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.
Transitorios
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones legales y administrativas que se opongan al presente decreto legislativo.
Artículo Tercero. Remítase el presente acuerdo, que contiene iniciativa de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al honorable Congreso de la Unión para los efectos legales a que haya lugar.
Palacio del Poder Legislativo, Morelia, Michoacán de Ocampo a 5 de octubre de 2010.
Comisión de Puntos Constitucionales
Diputados. Samuel Arturo Navarro Sánchez (rúbrica), presidente; José Antonio Salas Valencia (rúbrica), Jaime Rodríguez López (rúbrica), Gabriela Desireé Molinar Aguilar (rúbrica), Luis Manuel Antúnez Oviedo.
Del gobierno de Chihuahua, dos con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente
Chihuahua, Chihuahua, a 9 de septiembre de 2010.
Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña
Presidente de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presente
Por este conducto, en relación a su oficio de número de identificación DGPL 61-II—483, mediante el cual informa de la aprobación del punto de acuerdo en el cual se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, a que realice las investigaciones necesarias, a efecto de determinar la procedencia de ejercer la facultad de atracción en el caso del asesinato de Josefina Reyes Salazar; le comento lo siguiente:
Le comunico que el punto de acuerdo en cuestión es ya del conocimiento de la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, MDP Patricia González Rodríguez, por tratarse de un asunto relativo al ámbito de su competencia.
En ese sentido, me permito informarle que gobierno del estado de Chihuahua en coordinación con la Secretaría de Gobernación federal, atendió los casos referidos en el cuerpo del documento, tanto del licenciado Gustavo de la Rosa Hickerson, como de la ciudadana Cipriana Jurado Herrera, emprendiendo una serie de acciones y medidas para garantizar su seguridad y protección y manteniendo constante comunicación con ambos. Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo, reiterándole la seguridad de mi consideración atenta y distinguida.
Atentamente,
Sufragio Efectivo. No Reelección
Licenciado Sergio Granados Pineda (rúbrica)
Secretario General de Gobierno
(Se remite al promovente, para su conocimiento)
Chihuahua, Chihuahua, 11 de octubre de 2010
Diputado Amador Monroy Estrada.
Vicepresidente del Congreso de la Unión.
Presente
Con relación a su atento oficio DGPL 61-II-2-628 de fecha 28 de septiembre del presente año, por medio del cual da conocer el punto acuerdo, que exhorta a que se salvaguarde la protección integral de las niñas, niños y adolescentes de los campos agrícolas y se atienda las causas estructurales que originan el fenómeno migratorio temporal de la población indígena campesina y se garantice el cumplimiento de los derechos laborales de los mismos, al particular me permito informar a usted lo siguiente:
Que en su respectivo momento, dicho asunto fue despachado mediante volante en turno 430/10 turnado para su atención al entonces director de Trabajo y Previsión Social, por tal motivo con fecha octubre 6 del presente año, el actual y nuevo secretario de Trabajo y Previsión Social, licenciado Fidel Pérez Romero, en oficio STPS 001/2010, nos está informando que atenderá cabalmente la recomendación en comento, en los términos indicados en el punto de acuerdo emitido por los diputados integrantes de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas de ese Congreso de la Unión.
Sin otro particular de momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, reiterándole mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Licenciada Graciela Ortíz González (rúbrica)
Secretaria general de gobierno.
(Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento)
Del gobierno del estado de México, tres con los que remite contestaciones del secretario general de Gobierno a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados relativos al cumplimiento de los reglamentos que rigen la circulación en los caminos y puentes de su jurisdicción, y a la calidad de vida de los niños que permanecen con las madres en los centros de reclusión del país, así como en materia de seguridad y justicia
Toluca de Lerdo, México, a 19 de octubre de 2010.
Diputado Federal Amador Monroy Estrada
Vicepresidente de la Mesa Directiva
Presente
Por instrucciones del licenciado Enrique Peña Nieto, gobernador constitucional del estado de México y en relación a su atento oficio número D.G.P.L.61-II-7-527, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión:
Único. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informe a esta soberanía sobre la ubicación, funcionamiento y supervisión de los puntos de verificación que existen en el país; y se exhorta a los gobiernos estatales para que determinen las medidas necesarias, a fin de que se cumpla con los reglamentos establecidos que rigen la circulación en los caminos y puentes de su jurisdicción.
Me permito hacer de su conocimiento que se ha instruido a la Agencia de Seguridad Estatal y en particular a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, para verificar el cumplimiento del peso y dimensiones del transporte de carga que circule por las carreteras y vialidades urbanas de jurisdicción estatal, en los términos que establecen los reglamentos de tránsito de la entidad y el metropolitano.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Luis Enrique Miranda Nava (rúbrica)
Secretario General de Gobierno
(Se remite a la Comisión de Transportes, para su conocimiento)
Toluca de Lerdo, México; octubre 14 de 2010.
Diputado Jesús Zambrano Grijalva
Vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente
Por instrucciones del licenciado Enrique Peña Nieto, gobernador constitucional del estado de México, y con relación a su oficio DGPL 61-11-2-630, mediante el cual informa el siguiente punto de acuerdo:
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a través del titular de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Nacional; a los titulares del Poder Ejecutivo de los estados; al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y se hace un llamado público a las instituciones de asistencia e integración social a nivel nacional y local, a que impulsen mayores acciones tendentes a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas que permanecen junto con sus madres en los centros de reclusión del país y que se reconstituyan sus derechos a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral; que contemplan los párrafos sexto y séptimo del artículo cuarto de la Carta Magna.
Al respecto, hago de su conocimiento que se encuentran 45 menores de dos años de edad con sus madres en nueve centros preventivos y de readaptación social del Estado de México, los cuales reciben atención médica especializada para su cuidado y vacunación. Las 26 niñas y 19 niños nacieron en hospitales del sector salud con la finalidad de no estereotiparlos.
Las diferentes áreas técnicas con que cuenta el sistema penitenciario, contribuyen en la atención de las niñas y los niños y realizar actividades recibir donaciones de ropa, pañales, leche y alimentación.
Se ha considerado, que si bien los menores requieren de un cuidado maternal, hasta cierta edad, también se tiene el peligro de que puedan sufrir alguna agresión, pues en los centros de reclusión se encuentran mujeres homicidas, infanticidas, que pudieran causar un daño irreparable en su persona y entre la población, toda vez que éstos pueden originar riñas entre las mismas internas.
Psicológicamente se estima que los menores sólo pueden permanecer con sus madres hasta la edad de tres años, y una vez cumplidos requieren cuidados más especializados; asimismo, graban imágenes en su cerebro, que les causan daños en su infancia, por lo que al cumplir esta edad, el personal de trabajo social penitenciario realiza el trámite con familiares de la mujer recluida, para que reciban al menor en custodia, siempre bajo la supervisión jurídica de los sistemas DIF municipales. En el caso de que la mujer no cuente con familiares que se hagan responsables del menor, se otorga la tutela temporal al DIF estatal, para que se encargue del cuidado del infante hasta el momento que la mujer obtenga su libertad.
De lo antes señalado, se puede decir que los 45 menores que viven con sus madres en los centros preventivos y de readaptación social, cuentan con la atención técnica y médica necesaria.
Sin embargo, es importante señalar que el problema de hacinamiento que se registra en los Reclusorios del Estado de México, complica la asignación de espacios para el libre esparcimiento de las niñas y los niños. Aunado a lo anterior, se han tenido que sacrificar áreas para recibir y ubicar a las personas de nuevo ingreso a las instituciones penitenciarias.
Sin más por el momento, le reiteramos nuestra consideración distinguida.
Atentamente
Licenciado Luis Enrique Miranda Nava (rúbrica)
Secretario General de Gobierno del Estado de México
(Se remite a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, y de Seguridad Pública, para su conocimiento)
Toluca de Lerdo, México, 6 de octubre de 2010
Diputado Jesús Zambrano Grijalva
Vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente
En atención al oficio número DGPL61-11-5-845, mediante el cual comunica que, en sesión celebrada el 23 de septiembre de 2010, esa soberanía popular aprobó el punto de acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas que a la fecha no hubieren adecuado su marco legal en materia de seguridad pública, a que realicen las reformas necesarias a fin de dar cumplimiento a lo mandatado en el artículo séptimo transitorio de la reforma constitucional, en materia de seguridad y justicia, de fecha 18 de junio de 2008; por indicación del licenciado Enrique Peña Nieto, gobernador constitucional del estado de México, y con fundamento en lo establecido por los artículos 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 3, 15 y 19, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; respetuosamente, me permito dar respuesta en los términos siguientes:
El Gobierno del Estado de México, es consciente de la gran relevancia y trascendencia que la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reviste para el marco jurídico nacional, en virtud de sentar las bases de los novedosos sistemas procesal penal acusatorio y de reinserción, adoptados por el Estado mexicano, adicionalmente a las disposiciones en materia de seguridad pública.
En ese sentido, comunico a esa soberanía popular, por su gentil conducto, que en el estado de México se han expedido diversos decretos en aras de armonizar el marco jurídico de actuación de los entes públicos estatales, con la reforma constitucional de mérito; tales reformas incluyen entre otras, sendas adecuaciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, a la Ley de la Defensoría Pública del Estado de México y al Código de Procedimientos Penales para el Estado de México.
Ahora bien, de modo concreto, respecto al artículo séptimo transitorio de la multicitada reforma a la carta fundamental, cuyo contenido es materia del punto de acuerdo que nos ocupa; me permito manifestar que el licenciado Enrique Peña Nieto, gobernador constitucional del estado de México, ha preparado una iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Pública del Estado de México, congruente con las disposiciones contenidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de enero de 2009; dicha iniciativa de decreto, habrá de ser sometida a la consideración de la honorable LVII Legislatura del estado de México, para su eventual aprobación.
Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para reiterarle mi distinguida consideración.
Atentamente
Licenciado Luis Enrique Miranda Nava (rúbrica)
Secretario General de Gobierno
(Se remite a la Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento)
Del Gobierno del Distrito Federal, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados
México, DF, a 21 de octubre de 2010.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente
En ejercicio de la facultad conferida en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de Gobierno con otros órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales, y en alcance al oficio SG/009400/2010 de fecha 7 de octubre, adjunto oficio DGSU/7493/10, mediante el cual el Ing. Alfonso Hernández López, director general de Servicios Urbanos en la delegación Iztapalapa, da respuesta al punto de acuerdo relativo al exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal y a los titulares de las 16 delegaciones a emprender una campaña de creación de conciencia ciudadana para no arrojar basura en la vía pública.
Lo anterior, en relación con el oficio DGPL 61-II-2-492, en donde se comunicó por parte del presidente y Secretario de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, la aprobación del Punto de Acuerdo, en Sesión celebrada el 20 de abril del presente, relacionado con el asunto antes citado.
Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado José Ángel Ávila Pérez (rúbrica)
Secretario de Gobierno del Distrito Federal
Iztapalapa, DF, a 13 de octubre de 2010.
Licenciado Eliseo Moyao Morales
Coordinador de Enlace Delegacional de la Secretaría de Gobierno
Presente
En atención al oficio número SG/CED/0601/2010 de fecha 22 de abril por medio del cual solicita a la jefa delegacional, licenciada Clara Marina Brugada Molina, la respuesta sobre las acciones para dar cumplimiento a dos puntos de acuerdo emitidos por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y que en el caso de la delegación Iztapalapa, corresponden los que a continuación se indican:
Segundo. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal y a los titulares de las 16 delegaciones a emprender una campaña de concientización ciudadana para no arrojar basura en la vía pública:
• Se elaboró manta con el objetivo de conducir la campaña de concientización ciudadana para evitar que arrojen residuos sólidos en la calle y evitar inundaciones.
Cuarto. Se exhorta respetuosamente a los titulares de los 16 órganos políticos administrativos en el Distrito Federal a que realicen labores de bacheo y desazolve en sus territorios, a fin de evitar encharcamientos y posibles inundaciones en la siguiente temporada de lluvias;
• De enero a mayo se realizó un programa emergente para atender lo efectos de las lluvias y en puntos de mayor incidencia de encharcamientos y posibles inundaciones tal y como se muestra en la tabla siguiente:
Anexo a la presente copia de la manta de campaña de concientización difundida en ésta delegación.
Sin más por el momento quedo de usted.
Atentamente
Ingeniero Alfonso Hernández López (rúbrica)
Director General de Servicios Urbanos
(Se remite a la Comisión del Distrito Federal, para su conocimiento)
De la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados
México, DF, 22 de octubre de 2010
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Presente
En atención al oficio número D.G.P.L.61-II-3-678, mediante el cual informa sobre la aprobación de los puntos de acuerdo relacionados con la aceptación y cumplimiento del jefe de la delegación de Cuauhtémoc de la recomendación número 14/2009, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, así como las acciones que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ha realizado en materia de erradicación de la explotación sexual comercial infantil y la trata de personas, le señalo lo siguiente:
La procuraduría, consciente de las graves consecuencias que trae aparejada la trata de personas, ha realizado una serie de acciones encaminadas a prevenir y combatir este delito, así como brindar atención a las víctimas y posibles víctimas de éste, las cuales se describen a continuación:
• Diligencias ministeriales in situ . La Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales, a través de la Fiscalía de Investigación para Delitos Sexuales y de la Fiscalía Especial para la Investigación de Secuestros, ha realizado diversos operativos para rescatar a víctimas o posibles víctimas de este delito.
A partir del año 2008 a la fecha, en el caso de la trata de personas con fines de explotación sexual, se han iniciado y determinado 18 averiguaciones previas por los delitos de lenocinio, trata de personas, delincuencia organizada y corrupción de menores. Asimismo, 98 personas han sido arraigadas y 101 consignadas. Se han rescatado un total de 113.
El monto incautado hasta el momento por trata con fines sexuales, es de más de $250,000.00 pesos.
Respecto a la trata de personas con fines de explotación laboral, se han consignado a 19 probables responsables y rescatado a 104 víctimas.
• Juicios tramitados ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal por
Extinción de Dominio. A partir de la publicación de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal se han tramitado 11 juicios por el delito de trata de personas y se han dictado 4 sentencias a favor y 1 en contra, asegurándose 12 inmuebles.
• Sentencias. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ha dictado 3 sentencias condenatorias por los delitos de lenocinio, trata de personas y corrupción de menores.
• Línea de atención a víctimas de trata de personas y página de Internet.
Con la publicación del acuerdo A/001/009, se estableció el número telefónico 53468800 y una liga en Internet, ambas a cargo de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad para brindar información sobre la prevención y atención del delito de la trata, abuso sexual y explotación sexual comercial infantil, y funge como un vínculo entre la ciudadanía y la procuraduría para la realización de denuncias anónimas.
• Capacitación. Con el objetivo de sensibilizar, concientizar y profesionalizar al personal de la procuraduría en materia de trata de personas, se han implementado una serie de talleres y diplomados por parte del Instituto de Formación Profesional, con especial énfasis en la identificación y atención de víctimas de este delito.
Asimismo, en coordinación con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Programa de Apoyo a Víctimas de Trata de Personas en México (PROTEJA), e Inmujeres-DF, se han instrumentado diversos cursos en la materia.
• Comisión Interinstitucional para prevenir y erradicar la trata de personas, el abuso sexual y la explotación sexual comercial infantil. Con el propósito de dar cabal cumplimiento a la normatividad en la materia, se instaló un órgano colegiado integrado por diversas instituciones de la administración pública del gobierno del Distrito Federal, el Poder Judicial del Distrito Federal, instancias académicas; expertas y expertos académicos y organizaciones de la sociedad civil.
• Programa para Erradicar la Trata de Personas en el Distrito Federal. Como resultado de los trabajos realizados en la comisión interinstitucional, se elaboró este documento el cual plantea la ejecución de políticas públicas en materia de prevención, atención y justicia.
• Coordinación interinstitucional y con organizaciones de la sociedad civil. Se han establecido mecanismos de coordinación y colaboración con instancias del gobierno federal y con organizaciones de la sociedad civil expertas en el tema para proporcionar atención a las víctimas de trata de personas. Está en proceso de firma un convenio de colaboración con la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas (Fevimtra) con la organización civil Camino a Casa y la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, con el propósito de que las víctimas y posibles víctimas de este delito sean canalizadas a refugios de alta seguridad y reciban la atención necesaria.
Asimismo, se firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Turismo del gobierno del Distrito Federal para capacitar a servidores públicos en la inducción y prevención del delito de trata de personas en el Distrito Federal.
• Agencia especializada en materia de trata de personas. Está en proceso de creación una agencia especializada encargada de iniciar y determinar las averiguaciones previas relacionadas con el delito de trata de personas, en su modalidad de explotación sexual.
• Acuerdo A/016/2010 por el que se emite el protocolo de actuación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en la realización de diligencias ministeriales in situ , para el rescate, protección y atención a posibles víctimas del delito de trata de personas. En colaboración con diversas áreas de la procuraduría, se elaboró este instrumento que establece los lineamientos que regirán, con estricto apego a la normatividad internacional y resguardando los derechos humanos de las personas involucradas, cada una de las actuaciones de los servidores públicos que participen en las diligencias.
Modelo de Intervención. Teniendo como ejes rectores la perspectiva de género y de derechos humanos, el Sistema de Auxilio a Víctimas orienta y atiende a través de las áreas de trabajo social, psicología, médica y jurídica a las víctimas de trata de personas en sus diversas modalidades.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y reiterarle mi más distinguida consideración.
Atentamente
Licenciada Dilcya S. García Espinoza de los Monteros (rúbrica)
Subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito
y Servicios a la Comunidad
(Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento)
Del gobierno de Morelos, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al Día de la Familia
Cuernavaca, Morelos, a 15 de octubre de 2010.
Diputado Amador Monroy Estrada
Vicepresidente
Diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso
Secretaria
Cámara de Diputados
Presentes
Sirva la presente para enviarles un cordial saludo y, al mismo tiempo, hacer de su conocimiento que el ingeniero Óscar Sergio Hernández Benítez, secretario de Gobierno, por instrucciones del ciudadano Marco Antonio Adame Castillo, gobernador constitucional de Morelos, ha turnado a este Sistema DIF Morelos su oficio número DGPL 61-II-3-641, de fecha 28 de septiembre del presente año, referente a difundir y promover al primer domingo de marzo de cada año como Día de la Familia, por lo cual me permito acusar de recibo e informarles que se darán las instrucciones necesarias al área competente de este sistema para cumplir en tiempo y forma lo mencionado.
Sin otro particular, reitero a usted mi más atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Licenciado Rafael Martínez Flores (rúbrica)
Director General del Sistema DIF Morelos
(Se remite a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento)
Del gobierno de Puebla, con el que remite contestación a punto de acuerdo relativo al cumplimiento de los reglamentos que rigen la circulación en los caminos y puentes de su jurisdicción
Diputado Amador Monroy Estrada
Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presente
En atención de su oficio número DGPL 61-II-7-527, de fecha 28 de septiembre del presente año, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70 y 79, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, y 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado, hago de su conocimiento lo siguiente:
En ejercicio de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo, se toma nota del punto de acuerdo, aprobado en sesión celebrada el 28 de septiembre del presente año, en virtud del cual la Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que informe a dicha soberanía sobre la ubicación, el funcionamiento y la supervisión de los puntos de verificación existentes en el país; y se exhorta a los gobiernos estatales a determinar las medidas necesarias a fin de que se cumplan los reglamentos establecidos que rigen la circulación en los caminos y puentes de su jurisdicción, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.
Asimismo, me permito manifestar a esa soberanía que en el marco de las disposiciones legales aplicables, se brindará la atención pertinente a través de las dependencias competentes.
Sin otro particular, me permito reiterarle la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Puebla de Zaragoza, a 13 de octubre de 2010.
Licenciado Mario Marín Torres (rúbrica)
Gobernador Constitucional de Puebla
(Se remite a la Comisión de Transportes, para su conocimiento)
De las Procuradurías Generales de Justicia de Querétaro y de Sinaloa, con los que remiten contestaciones de los a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados
Querétaro, Querétaro, a 30 de septiembre de 2010.
Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva
Vicepresidente de Mesa Directiva de la LXI Legislatura Federal
Presente
En atención al similar número DGPL-61-1!-5-845, a través del cual comunica el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en sesión de fecha 23 de septiembre de 2010, por instrucciones del licenciado José Eduardo Calzada Rovirosa, gobernador de Querétaro, le comunico lo siguiente:
Que esta institución se da por enterada del exhorto que realiza la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a efecto de que las entidades federativas que aún no hayan adecuado su marco legal en materia de seguridad pública realicen las reformas necesarias para cumplir con el mandato derivado de la reforma constitucional realizada el18 de junio de 2008.
Al respecto, me permito comentarle que el pasado 24 de junio de 2010, el mandatario estatal instaló la comisión para la implantación de la reforma penal y la modernización de la justicia del estado de Querétaro, la cual quedó integrada con representantes de los tres poderes del estado y de la sociedad civil, fungiendo como secretario técnico de ésta el secretario de gobierno, licenciado Jorge García Quiroz. A este órgano le corresponderá dirigir las actividades inherentes a la inclusión, colaboración, difusión, análisis e implementación del nuevo sistema de justicia penal en la entidad.
Finalmente le comunico que hemos tomado nota de su exhortación, que tomaron en cuenta en lo concerniente al cumplimiento de las funciones encomendadas a esta institución a mi cargo.
Sin otro particular quedo de usted
Atentamente
“Querétaro cerca de todos”
Licenciado Arsenio Durán Becerra (rúbrica)
Procurador General de Justicia
Culiacán, Sinaloa, a 11 de octubre de 2010.
LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presente
En atención del oficio número DGPL 61-II-5-845, de fecha 23 de septiembre del año en curso, relativo al expediente número 1797, mediante el cual se informa al licenciado Jesús Alberto Aguilar Padilla, gobernador constitucional de Sinaloa, que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el punto de acuerdo por el cual se exhorta a las entidades federativas que a la fecha no hubieren adecuado su marco legal en materia de seguridad pública a realizar las reformas necesarias a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo séptimo transitorio de la reforma constitucional en materia de seguridad y de justicia de fecha 18 de junio de 2008, respetuosamente me permito expresar lo siguiente:
El 14 de octubre de 2009 fue publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa el decreto número 392 del Congreso local, por el que se expidió la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y se reformó la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa; con lo cual esta entidad federativa da cabal cumplimiento a lo señalado en el artículo séptimo transitorio de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia del 18 de junio de 2008.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Licenciado Alfredo Higuera Bernal (rúbrica)
Procurador General de Justicia del Estado
(Se remiten a la Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento)
De la Secretaría de Seguridad Pública de San Luis Potosí, con el que remite contestación de su titular en materia de seguridad y justicia
San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 7 de octubre de 2010.
Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva y Firmante
Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Presente
Por este conducto, y toda vez que nos fue turnado mediante volante número SP/V2301/10, signado por el licenciado Gabriel Alejandro Guerra Turribiates, director general ejecutivo de Gobierno del estado, el acuerdo en el cual se exhorta a las entidades federativas que no hubieren a la fecha adecuado su marco legal en materia de seguridad pública, a fin de que se realicen las reformas necesarias para dar cumplimiento a dicho acuerdo.
De lo anterior me permito informarle que con fecha 24 de junio de 2009, se publicó el decreto 718 en cual reforma, adiciona y deroga diversos artículos a la Ley Orgánica de la Administración Pública y se da paso a la creación de la Secretaría de Seguridad Pública de San Luis Potosí; asimismo con fecha 22 de diciembre de 2009, mediante el decreto 025 se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley de Seguridad Pública, vigente al día siguiente de su publicación; actualmente se encuentra en espera de publicación el Reglamento Interno del Secretaría de Seguridad Pública del estado y se está trabajando en las diversas reformas a la reglamentación en materia de seguridad pública para el estado.
Sin más por el momento, le envío un saludo cordial.
Atentamente
El Secretario de Seguridad Pública
Maestro Enrique Francisco Galindo Cevallos (rúbrica)
(Se remite a la Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento)
Del Congreso de Tamaulipas, Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 20 de octubre de 2010.
Diputado Amador Monroy Estrada
Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
México, DF
Con fundamento en el artículo 60, párrafo 4, inciso d), de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, me permito comunicarle que en la sesión del pleno legislativo celebrada en esta propia fecha, se recibió su oficio número D.G.P.L.61-II-3-663, fechado el 5 de octubre del actual, por el que remite acuerdo mediante el cual se exhorta a las legislaturas locales, para que se expida una ley para prevenir y sancionar la trata de personas o, en su caso, se armonice el marco jurídico penal de acuerdo a la Ley Federal para prevenir y sancionar la Trata de Personas.
Al respecto, por instrucciones del presidente de la Mesa Directiva, se acusa recibo del oficio referido, asimismo se comunica que, mediante el decreto LX-1134 de fecha 13 de octubre del actual esta legislatura expidió un ordenamiento local en la materia, anexando al presente copia del decreto relativo.
Sin otro particular, me es grato reiterar la seguridad de mi consideración más distinguida.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección
Licenciado Ernesto Meléndez Cantú (rúbrica)
Secretario General
(Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento)
De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que informa que en septiembre de 2010 el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, dio destino únicamente a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y no transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
México, DF, a 20 de octubre de 2010.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presente
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera, por este conducto me permito hacer de su conocimiento que el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, en septiembre de 2010 únicamente dio destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquella que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
Los bienes reportados como destinados por dichas autoridades aduaneras se informan en relación anexa.
Atentamente
Licenciado Oliver Arredondo Gálvez (rúbrica)
En suplencia por ausencia del Administrador Central de Destino de Bienes, con fundamento en los artículos 2o., penúltimo párrafo, 8o., cuarto párrafo, 28, numeral 9, inciso a), y 29, apartado G del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, expedido por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007, en vigor a partir del 23 de diciembre del mismo año, modificado por Decreto publicado en dicho órgano informativo el 29 de abril de 2010, firma el Administrador de destinos de bienes “1”,
(Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento)
Del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con el que remite los informes sobre su situación financiera patrimonial y operativa al cierre de 2009, y de sustentabilidad “calidad de vida y valor patrimonial 2009”
México, DF, a 20 de octubre de 2010.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
Presidente de la Mesa Directiva
LXI Legislatura
Honorable Cámara de Diputados
Congreso de la Unión
En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23, fracción IX de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, envío a usted un disco compacto que contiene el informe sobre la situación financiera, patrimonial y operativa del instituto al cierre de 2009, mismo que fue aprobado por la asamblea general del instituto en su 98a. sesión ordinaria celebrada el 23 de abril del año en curso.
Asimismo, se incluye un disco compacto con el informe de sustentabilidad “Calidad de vida y valor patrimonial 2009”, en el que se detallan los avances de la estrategia de sustentabilidad del Infonavit en los ejes vivienda, entorno y comunidad, entre otros aspectos.
Atentamente
Víctor Manuel Borrás Setién (rúbrica)
Director General
(Se remite a la Comisión de Vivienda, para su conocimiento)
De la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Anaid de la Fuente Martínez, Ricardo Eduardo Domínguez Medrano y José Manuel González Torres puedan prestar servicios en la Embajada de la República Federativa de Brasil en México; y en los Consulados de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente
México, DF, a 19 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número DEP-01633/10, Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios a gobierno extranjero que se menciona:
Nombre: Ricardo Eduardo Domínguez Medrano.
Puesto: Asistente en la Oficina de Seguridad.
Lugar de Trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Nombre: José Manuel González Torres.
Puesto: Técnico en radio y telefonía.
Lugar de Trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Nombre: Anaid de la Fuente Martínez.
Puesto: Auxiliar técnico.
Lugar de Trabajo: Embajada de la República Federativa del Brasil en México.
Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de sus identificaciones oficiales.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
De la Secretaría de Gobernación, por el que informa que la ciudadana Elizabeth Nora Echavarri Villanueva ha dejado de prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México
México, DF, a 15 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número DEP-1604/10, Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión la cancelación del permiso que fue concedido a la persona que se cita para prestar servicios al Gobierno extranjero que se menciona:
Nombre: Elizabeth Nora Echavarri Villanueva.
Puesto: Agente de compras.
Lugar de Trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.
Por lo anterior les acompaño, para los fines procedentes, copia del oficio a que me he referido y de su anexo.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo
Atentamente
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
De la Secretaría de Gobernación, tres con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados
México, DF, a 18 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-1865, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Cora Cecilia Pinedo Alonso, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DGF/1588 /2010, suscrito por el licenciado Rubem Hofliger Topete, director general del Fondo de Desastres Naturales, así como los anexos que en el mismo se mencionan, en formato impreso y medio magnético, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a los estados de Veracruz, Oaxaca, Nuevo León, Tabasco, Coahuila Tamaulipas, Campeche y Querétaro, afectados por los desastres naturales.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 11 de octubre de 2010.
Licenciado Julián Hernández Santillán
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Presente
Me refiero al oficio SEL/UEL/311/2978/10 , de fecha 23 de septiembre de 2010, dirigido inicialmente a la licenciada Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil, por medio del cual se informa que mediante oficio D.G.P.L. 61-II-9-1865 los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Cora Cecilia Pinedo Alonso, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión comunican a la Secretaría de Gobernación (Segob), el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el día 21 de septiembre de 2010, y cuyo resolutivo primero se reproduce a continuación:
“Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público se agilice la entrega de recursos que permitan solucionar la difícil situación que se presenta en los Estados de Veracruz, Oaxaca, Nuevo León, Tabasco, Coahuila y Tamaulipas, y otros municipios afectados de Campeche y Querétaro, por los desastres naturales recientemente ocurridos.”
Sobre el particular se comunica que aún y cuando el punto de acuerdo que nos ocupa se compone de dos puntos resolutivos, en el presente oficio solamente nos pronunciaremos respecto del antes transcrito, por ser el único que guarda relación con la esfera de competencia de la Segob y, por ende, de esta unidad administrativa.
Asimismo y toda vez que el asunto que nos ocupa fuera recibido en esta Dirección General del Fondo de Desastres Naturales (DGF) el día 27 de septiembre de 2010 para efectos de su atención correspondiente, me permito solicitar atentamente a usted que sea el amable conducto para hacer del conocimiento de la Mesa Directiva de la Cámara de 9iputados del honorable Congreso de la Unión, las acciones efectuadas en el marco del programa Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para dar atención a la ocurrencia de diversos fenómenos naturales perturbadores 1 en las entidades federativas a que se refiere el punto de acuerdo que nos ocupa:
De manera previa, estimamos oportuno formular las consideraciones siguientes:
• Coincidentes con el espíritu solidario que impulsa el punto de acuerdo de mérito, y sabedores de que el mismo obedece al válido afán de que se responda de forma más expedita a las necesidades de la población que ha sufrido los embates de un fenómeno perturbador de origen natural, sugerimos atentamente valorar que la autorización de recursos para la atención de desastres naturales implica, entre otros aspectos, la toma de decisiones de orden presupuestal, financiero y administrativo por parte de los servidores públicos de los tres niveles de gobierno involucrados en la atención de desastres, que requieren para su adopción de un estudio necesario previo y estar sustentadas en elementos objetivos y en los análisis que formulen las instancias especializadas en el comportamiento, atipicidad y severidad, etcétera de los fenómenos naturales perturbadores.
Así también, consideramos que la autorización de recursos para hacer frente a la ocurrencia de desastres naturales conlleva la ejecución de diversas labores que son realizadas por instancias de orden federal y/o local diversas a la Segob, y que en no pocas ocasiones requieren de un tiempo considerable para ser llevadas a cabo. Sin embargo, podemos afirmar que en la implementación del Fonden, no implica de ninguna manera la falta de atención de la emergencia y/o desastre de que se trate, desde el momento de su ocurrencia.
Ahora bien, con la finalidad de lograr un mejor entendimiento de la información que suministraremos líneas adelante, estimamos oportuno realizar las precisiones siguientes, relativas a las características generales del Fonden, a los instrumentos que opera y al procedimiento de acceso a los mismos.
Comenzaremos por decir que el objeto del Fonden es apoyar tanto a los estados de la República Mexicana, como a las dependencias y entidades de la administración pública federal, en la atención y recuperación de los daños que produzca un fenómeno perturbador de origen natural. Para el cumplimiento de dicho objeto, se cuenta con los siguientes instrumentos:
a) El Fondo Revolvente Fonden, que se aplica para la adquisición de suministros de auxilio para responder de manera inmediata a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población afectada ante situaciones de emergencia ocasionadas por fenómenos naturales perturbadores. Entre esos suministros se incluye al agua, alimentos, etc. El marco jurídico aplicable a este instrumento es el “Acuerdo que establece los Lineamientos para emitir las Declaratorias de Emergencia y la utilización del Fondo Revolvente Fonden” a los (Lineamientos), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008.
Cabe señalar que a esta DGF sólo le corresponde autorizar la adquisición de suministros de auxilio con cargo al Fondo Revolvente Fonden, y coordinar el procedimiento para acceder a ellos. No tiene a su cargo la entrega de los suministros a los estados, municipios u órganos político-administrativos, o a la población en general, ya que es la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, DGRMSG, de la Segob, quien los adquiere y entrega a los estados para que sean las autoridades estatales quienes los distribuyan.
b) El Fonden Reconstrucción (que incluye al Programa Fondo de Desastres Naturales y al Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales), a través del cual se invierte capital, destinado a la restitución, parcial o total, de los daños ocasionados en la infraestructura pública y el sector vivienda en los estados, municipios u órganos político-administrativos del Distrito Federal, afectados por un fenómeno natural perturbador. El marco normativo que regula al instrumento en mención es el “Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales” (ROF) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2009.
En atención a las disposiciones contenidas en las ROF, los recursos que se autorizan con cargo a este instrumento del Fonden para llevar a cabo de reconstrucción en los sectores de competencia de las entidades federativas, en ningún caso se entregan de manera directa a la población en general, toda vez que los mismos son transferidos del Fideicomiso 2003 Fonden federal al Fideicomiso Fonden Estatal 2 de la entidad federativa en donde se haya presentado el desastre, a fin de que la ejecución de obras y acciones de reconstrucción sean realizadas por las propias entidades federativas, a través de las instancias ejecutoras estatales designadas para ello, y en el entendido de que el Fiduciario pagará directamente a los contratistas de obra pública, prestadores de bienes y servicios y proveedores por cuenta y orden de las instancias ejecutaras estatales, previo a la presentación de entre otros aspectos, de las facturas que amparen la ejecución de las obras y acciones realizadas.
Cabe igualmente señalar que en la implementación del Fonden Reconstrucción, la participación de la Segob, por conducto de la DGF, se limita a coordinar el procedimiento de acceso a los recursos que se autorizan con cargo a este instrumento, dando cumplimento para tales efectos a los plazos, requisitos y formalidades establecidos en las ROF, motivo por el cual no autoriza, ni tiene a su cargo la entrega de los recursos autorizados a un municipio u órgano político-administrativo en particular, y tampoco actúa como instancia ejecutora de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado.
Ahora bien, para acceder a los instrumentos que opera el Fonden, es necesario que se cumpla previamente con los requisitos, formalidades y procedimientos establecidos en la normatividad aplicable a cada uno de ellos.
Para la autorización de suministros de auxilio con cargo al Fondo Revolvente Fonden, los lineamientos establecen la necesidad de contar con una solicitud de declaratoria de emergencia, dirigida a la Coordinación General de Protección Civil, CGPC, de la Segob, suscrita por el titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente (o en su caso por el servidor público del nivel jerárquico inmediato inferior con facultades expresas para ello), en la que se describa, entre otros aspectos, el fenómeno natural perturbador origen de la situación de emergencia, los municipios u órganos político-administrativos en situación de emergencia, la población estimada que fue o pueda ser afectada con motivo de la emergencia, y señalar expresamente que ha sido rebasada la capacidad de respuesta de la entidad federativa y de los municipios u órganos político-administrativos en el Distrito Federal respecto de los que se solicita la Declaratoria de Emergencia.
Asimismo, y para efectos de la autorización de los recursos con cargo al Fonden Reconstrucción, las ROF disponen que una vez corroborada la existencia del fenómeno natural perturbador por parte de la instancia técnica facultada para e1lo, 3 el gobierno de la entidad federativa afectada debe presentar una solicitud de declaratoria de desastre natural, suscrita por el titular del Ejecutivo estatal correspondiente, dirigida a la CGPC, de la Segob, en la que se deberá manifestar, entre otros aspectos, la descripción del fenómeno natural perturbador de que se trate, la fecha de su ocurrencia, los municipios u órganos político-administrativos que hayan sido previamente corroborados por la instancia técnica facultada respectiva como afectados por el fenómeno en cuestión, y la manifestación de que ha sido rebasada su capacidad financiera y operativa, para atender, por sí misma, la totalidad de los efectos producidos por el fenómeno natural en cuestión.
Visto lo anterior, y considerando que en el punto resolutivo primero del punto de acuerdo que nos ocupa no se establece un período de tiempo específico con base en el cual pudiéramos proporcionar la información con la que se cuenta, adjuntamos al presente oficio un disco compacto en el que se informa a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión sobre las acciones efectuadas en el marco del Fonden, a través de los instrumentos Fondo Revolvente Fonden y Fonden Reconstrucción, para dar atención diversos fenómenos naturales perturbadores de orden hidrometeorológico ocurridos en las Entidades Federativas de mérito, desde junio del año en curso al día de la fecha, y respecto de los cuales, según se ha visto, se solicitó el apoyo de este programa federal.
Ello, haciendo hincapié en que la información que ponemos a su disposición, se encuentra actualizada al 11 de octubre de 2010 y (considerando que algunas declaratorias que referiremos se encuentran en proceso de atención al día de la fecha), aún podría sufrir modificaciones por la dinámica propia de dichos instrumentos del Fonden.
Sin más por el momento, y esperando que la información suministrada en el ámbito de nuestras atribuciones sea de utilidad, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Notas
1 Entendidos como los eventos generados por la naturaleza, que por sus características extremas, atípicas o severas condiciona o genera una situación de desastre natural, caracterizado por la ausencia relativa de la participación directa o indirecta del ser humano.
2 Los fideicomisos Fonden estatales tienen por objeto establecer un mecanismo ágil y transparente para ejercer los recursos que aporten las entidades federativas para atender un desastre natural, incluyendo las coparticipaciones federales asignadas a dichas entidades federativas (numeral 44 de las ROF).
3 Aquellos entes Facultados para corroborar la ocurrencia de un desastre natural en una fecha y lugar determinado, pudiendo ser la Comisión Nacional del Agua, por tratarse de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos, la Comisión Nacional Forestal, en caso de incendios forestales, o el Centro Nacional de Prevención de Desastres, para el caso de los fenómenos geológicos.
Atentamente
Licenciado Rubem Hofliger Topete (rúbrica)
Director General
México, DF, a 18 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-1865 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Cora Cecilia Pinedo Alonso, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 349-A- 001008 suscrito por el licenciado Juan Manuel Pérez Porrúa, jefe de la Unidad de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al impuesto sobre la renta para personas físicas y morales y el impuesto especial a tasa única durante el último cuatrimestre del año.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)
Titular de la Unidad
México, DF, a 14 de octubre de 2010.
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Me refiero a su oficio número SEL/UEL/311/2977/10 de fecha 23 de septiembre de 2010, mediante el cual remite el punto de acuerdo suscrito por el pleno del honorable Congreso de la Unión en la sesión celebrada el 21 de septiembre de 2010, mediante el cual se solicita al Poder Ejecutivo decretar “la condonación del impuesto sobre la renta para personas físicas y morales y el impuesto especial a tasa única durante el último cuatrimestre del año, a todos los contribuyentes establecidos o que se establezcan en las zonas declaradas de emergencia, para ayudar a la recuperación económica y del empleo”.
Sobre el particular, le comento que el 24 de septiembre de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes afectados por los fenómenos meteorológicos ocurridos en el estado de Veracruz, consistentes en eximirlos de la obligación de efectuar pagos provisionales de los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa única durante el periodo de septiembre a noviembre de 2010, así como autorizar la deducción inmediata y hasta por el 100 por ciento de las inversiones que se realicen en las zonas afectadas en el periodo comprendido del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2010, entre otros beneficios.
Asimismo, el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha estado pendiente de la situación de emergencia de los estados afectados por las lluvias e inundaciones. En caso de que la evaluación de los daños causados por las lluvias determine que se pone en riesgo la actividad económica de los contribuyentes ubicados en las regiones afectadas, se podrán emitir el decreto correspondiente de beneficios fiscales, en complemento a la ayuda financiera y material que los diferentes órdenes de gobierno han venido haciendo llegar a los damnificados por dichos eventos.
Por otra parte, no es procedente otorgar la exención del ISR y del IETU a los contribuyentes ubicados en las zonas declaradas de emergencia de Veracruz, Oaxaca, Nuevo León, Tabasco, Coahuila y Tamaulipas, en virtud de que fiscalmente no se puede adoptar como norma general para conceder beneficios fiscales, la declaratoria de emergencia.
Lo anterior, se debe a que la naturaleza y objetivos de la declaratoria de emergencia tienen que ver con cada uno de los programas del gobierno federal que operan con recursos del Fonden y que han sido establecidos para afrontar los desastres naturales, en especial para atender las necesidades urgentes de la población en materia de salud, alimentación, atención médica, vestido, albergue temporal, programas de empleo temporal, así como para la reconstrucción y reparación de la infraestructura y viviendas dañadas, entre otros.
En cambio los decretos de beneficios fiscales cuyo fundamento jurídico es el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, tienen como finalidad establecer medidas tributarias que eviten poner en riesgo la planta productiva y laboral de alguna región del país por catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.
Es importante precisar que de forma excepcional en los últimos dos decreto de beneficios fiscales se incluyeron los municipios con declaratoria de desastre natural, Sin embargo, por un principio general de política tributaria siempre se ha delimitado rigurosamente el área geográfica afectada por el fenómeno meteorológico de que se trate, a efecto de que los beneficios fiscales se circunscriban exclusivamente a los contribuyentes cuya actividad productiva resultó severamente dañada y, de esta manera, evitar que sean aprovechados por quienes tuvieron poco o nulo daño.
Finalmente, es importante mencionar que los daños reportados en la mayoría de los municipios declarados en emergencia se concentran en viviendas, carreteras e infraestructura urbana como hospitales, escuelas y dependencias de gobierno, así como en las zonas rurales y montañosas, por lo que ha sido prioritario poner en marcha los programas destinados a atender las necesidades básicas de la población en materia de albergue, comida, vestido, salud, entre otras y al mismo tiempo aplicar programas de reconstrucción de la infraestructura urbana, carretera, eléctrica y de telecomunicaciones.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviar a usted un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Juan Manuel Pérez Porrúa (rúbrica)
Jefe de la Unidad
México, DF, a 18 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L.61-II-9-1887, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Cora Cecilia Pinedo Alonso, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número DGF/1590/2010, suscrito por el ciudadano Rubem Hofliger Tapete, director general del Fondo de Desastres Naturales, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la declaratoria de desastres para los 166 municipios del estado de Oaxaca afectados por las lluvias.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)
Titular de la Unidad
México, DF, a 12 de octubre de 2010.
Licenciado Julián Hernández Santillán
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Presente
Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/3005/10, de fecha 24 de septiembre de 2010, dirigido inicialmente a la licenciada Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil, y que fuera recibido en esta Dirección General del Fondo de Desastres Naturales (DGF), el 1 de octubre del presente año, por medio del cual se informa que mediante oficio número D.G.P.L.61-II—9-1887, los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Cora Cecilia Pinedo Alonso, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunican a esta Secretaría de Gobernación (Segob) el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 23 de septiembre de 2010, y cuyo resolutivo único se reproduce a continuación:
Único. La Cámara de Diputados solicita emitir la declaratoria de desastre, por tanto, la utilización de recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y del Fondo para Apoyar a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas (FAPRACC), para atender a los 166 municipios del estado de Oaxaca afectados por las lluvias.
Sobre el particular, comunicamos que esta unidad administrativa dará atención al referido punto de acuerdo, en el ámbito de competencia de la Segob, solicitando atentamente a usted que sea el amable conducto para hacer del conocimiento de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, las acciones efectuadas en el marco del programa Fondo de Desastres Naturales, para dar atención a la ocurrencia de lluvias en el estado de Oaxaca, y que se relacionan con el punto de acuerdo que nos ocupa.
Para tales efectos, consideramos oportuno formular las siguientes precisiones:
• Las declaratorias de desastre natural que emite la Segob tienen como finalidad el poder acceder a los recursos que se autorizan con cargo al instrumento financiero del Fonden que denominamos Fonden Reconstrucción, a través del cual (según se detallará líneas adelante) se autorizan recursos destinados a la restitución parcial o total de los daños sufridos por un fenómeno natural perturbador 1 en los sectores de competencia federal, o de competencia de las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativos en el Distrito Federal, así como a la mitigación de los daños a las viviendas de la población de bajos ingresos afectadas por un fenómeno perturbador de origen natural.
• En ese sentido, precisamos que dichas declaratorias no tienen alcances tales como para activar o facilitar el acceso a los recursos que se otorgan en el marco de programas que resultan ajenos a la competencia de la Segob, como es el caso del hoy Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PACC, anteriormente denominado Fondo para atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, FAPRACC), que se encuentra a cargo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), en términos del “acuerdo por el que se establecen las reglas de operación de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación” (en lo sucesivo el Acuerdo). 2
En ese orden de ideas, y de conformidad con los artículos 16, 26 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 90 de la Ley de Planeación; 7, 8, 32, fracciones IX y X, 60, 61, 65, 89, 124 y 129 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; 8, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y 19 del Acuerdo, la Sagarpa cuenta con atribuciones para emitir declaratorias de contingencia climatológica para efectos del acceso a los recursos con cargo al PACC.
No omitimos señalar que de conformidad con lo dispuesto en los numerales 35, 36 y 37 del “acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Fondo de Desastres Naturales”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2009, en lo sucesivo las ROF , el programa Fonden únicamente podrá ser fuente de financiamiento para el programa PACC, cuando los recursos correspondientes a éste se encuentren ejercidos en su totalidad o resulten insuficientes. De ser el caso, una vez autorizados los recursos respectivos: la aplicación de los mismos se hará conforme a lo establecido en el Acuerdo aludido.
En tal virtud, sugerimos que, de estimarlo conducente, aquellos aspectos del punto de acuerdo que se atiende y que se encuentren relacionados con el PACC sean puestos a consideración de la Sagarpa, a efecto de que dicha dependencia informe, en el ámbito de su competencia, sobre las acciones que, de ser el caso, se hayan realizado o pudieran ser efectuadas en torno al asunto que nos ocupa, o en su defecto sea el conducto para orientar acerca de los requisitos, formalidades y procedimientos a realizarse en el marco del dicho programa, en aras de lograr atemperar los daños causados por la ocurrencia de los fenómenos naturales ocurridos.
Visto lo anterior, y considerando que esta unidad administrativa carece de atribuciones para conocer, disponer o concentrar la información relativa a los recursos que, en su caso y en el ejercicio de sus atribuciones, pudieron haber erogado otras dependencias o entidades (ya sea federales o locales), para la atención del punto de acuerdo de mérito, comunicamos que la DGF únicamente se encuentra en posibilidad de suministrar la información con la que cuenta en el marco de la implantación del programa Fonden.
En ese orden de ideas, y para efectos de un mejor entendimiento de la información que suministraremos líneas adelante, estimamos oportuno realizar las precisiones siguientes, relativas a las características generales del Fonden, a los instrumentos que opera y al procedimiento de acceso a éstos:
• Comenzaremos por decir que en términos de lo dispuesto por el numeral 1 de las ROF, el Fonden se define como un instrumento de coordinación intergubernamental e interinstitucional cuyo objeto es ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil y bajo principios de corresponsabilidad, complementariedad, oportunidad y transparencia. Para la realización de ese objeto, cuenta con los instrumentos siguientes:
a) El Fondo Revolvente Fonden, que sólo podrá ser utilizado cuando exista una declaratoria de emergencia, y con ello que esta DGF autorice la adquisición de suministros de auxilio (insumos) para responder de manera inmediata a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población afectada por situaciones de emergencia generadas o asociadas con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un fenómeno natural perturbador (según el numeral 3, fracción I, de las ROF, y los artículos 1 y 3 del “acuerdo que establece los lineamientos para emitir las declaratorias de emergencia y la utilización del Fondo Revolvente Fonden” (en lo sucesivo los Lineamientos). 3
En el marco del Fondo Revolvente Fonden se generan declaratorias de emergencia para efectos del acceso a los suministros de auxilio que se autorizan con cargo a este instrumento, que están entendidas como el acto mediante el cual la Segob reconoce que uno o varios municipios u órganos político-administrativos de una entidad federativa, se encuentran ante la inminencia, alta probabilidad o presencia de una situación anormal generada por un fenómeno perturbador de origen natural, que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población. Dicha declaratoria podrá subsistir aún ante la presencia de una declaratoria de desastre natural (artículo 7 de los Lineamientos).
Cabe señalar que si bien es cierto a la DGF le corresponde autorizar la adquisición de suministros de auxilio con cargo al Fondo Revolvente Fonden, y coordinar el procedimiento de acceso a los mismos, también es cierto que esta unidad administrativa no tiene a su cargo la entrega de tales suministros de auxilio a las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativos en particular, dado que las entidades federativas son las encargadas de llevar a cabo dichas acciones, a través de las instancias estatales designadas para tales efectos, según el artículo 15 de los Lineamientos.
b) El Fonden Reconstrucción (que incluye al Programa Fondo de Desastres Naturales del Ramo General 23, “Provisiones salariales y económicas”, del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, y el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, en términos del numeral 3, fracciones II y III, de las propias ROF). Con cargo a este instrumento se autorizan recursos (ya sea del programa Fonden o del Fideicomiso), destinados a la restitución parcial o total de los daños sufridos por un fenómeno natural perturbador en los sectores de competencia federal, o de competencia de las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativos en el Distrito Federal, previstos en las ROF, de acuerdo con los porcentajes de coparticipación establecidos, así como también a la mitigación de los daños a las viviendas de la población de bajos ingresos afectadas por un fenómeno natural perturbador.
Por virtud de este instrumento en el marco de las ROF la Segob, por conducto de la Coordinación General de Protección Civil (CGPC) emite declaratorias de desastre natural, entendidas como el documento mediante el cual esta dependencia del gobierno federal declara formalmente en zona de desastre natural a los municipios de las entidades federativas, u órganos político-administrativos en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en los que se hayan corroborado afectaciones por la ocurrencia de un fenómeno natural perturbador, y con ello que se pueda tener acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales, a través del instrumento Fonden Reconstrucción.
No se omite señalar que, en atención a las disposiciones contenidas en las ROF, los recursos que se autorizan con cargo a este instrumento del Fonden para llevar a cabo labores de reconstrucción en los sectores de competencia de las entidades federativas, en ningún caso se entregan de manera directa a la población en general, toda vez que éstos son transferidos del Fideicomiso 2003 Fonden Federal al Fideicomiso Fonden Estatal 4 de la entidad federativa en donde se haya presentado el desastre, a fin de que la ejecución de obras y acciones de reconstrucción sean realizadas por las propias entidades federativas, a través de las instancias ejecutoras estatales designadas para ello, y en el entendido de que el fiduciario pagará directamente a los contratistas de obra pública, prestadores de bienes y servicios y proveedores por cuenta y orden de las instancias ejecutoras estatales, previo a la presentación de entre otros aspectos, de las facturas que amparen la ejecución de las obras y acciones realizadas.
Cabe igualmente señalar que, atentos a lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, en la implantación del Fonden Reconstrucción la participación de la Segob, por conducto de la DGF, se limita a coordinar el procedimiento de acceso a los recursos que se autorizan con cargo a este instrumento, dando cumplimento para tales efectos a los plazos, requisitos y formalidades establecidos en las ROF, motivo por el cual no autoriza, ni tiene a su cargo la entrega de los recursos autorizados a un municipio u órgano político-administrativo en particular, y tampoco actúa como instancia ejecutora de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado.
Ahora bien, informamos que para efectos de la emisión de una declaratoria de desastre natural, o bien una declaratoria de emergencia, y por ende, para la autorización de recursos con cargo al Fonden Reconstrucción, o suministros de auxilio con cargo al Fondo Revolvente Fonden, es necesario cumplir previamente con los requisitos, formalidades y procedimientos establecidos en la normatividad aplicable a cada uno de ellos.
A ese respecto, diremos que para la autorización de suministros de auxilio con cargo al Fondo Revolvente Fonden, los Lineamientos establecen la necesidad de contar con una solicitud de declaratoria de emergencia dirigida a la CGPC de la Segob, suscrita por el titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente (o en su caso, por el servidor público del nivel jerárquico inmediato inferior con facultades expresas para ello), en la que se describa, entre otros aspectos, el fenómeno natural perturbador origen de la situación de emergencia, los municipios u órganos político-administrativos en situación de emergencia, la población estimada que fue o pueda ser afectada con motivo de la emergencia, y señalar expresamente que ha sido rebasada la capacidad de respuesta de la entidad federativa y de los municipios u órganos político-administrativos en el Distrito Federal respecto de los que se solicita la declaratoria de emergencia.
Por su parte, para la autorización de recursos con cargo al Fonden Reconstrucción, las ROF establecen que una vez corroborada la existencia del fenómeno natural perturbador por parte de la instancia técnica facultada para ello, 5 el gobierno de la entidad federativa afectada debe presentar, en términos del numeral 9 de las ROF, una solicitud de declaratoria de desastre natural, suscrita por el titular del Ejecutivo estatal correspondiente, dirigida a la CGPC de la Segob, en la que se deberá manifestar, entre otros aspectos, la descripción del fenómeno perturbador de que se trate, la fecha de su ocurrencia, los municipios u órganos político-administrativos que hayan sido previamente corroborados por la instancia técnica facultada respectiva como afectados por el fenómeno en cuestión, y la manifestación de que ha sido rebasada su capacidad financiera y operativa, para atender, por sí misma, la totalidad de los efectos producidos por el fenómeno natural en cuestión.
Visto lo anterior, procedemos a informar respecto de las acciones que la Segob, por conducto de la DGF y a través del instrumento Fonden Reconstrucción, ha llevado a cabo para atender la ocurrencia de lluvias en el estado de Oaxaca durante el presente ejercicio fiscal de 2010, y respecto de las cuales, habiendo mediado las solicitudes correspondientes, se han emitido las declaratorias de desastre natural respectivas, haciendo hincapié en que la información que ponemos a la disposición de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se encuentra actualizada al 12 de octubre de 2010 y aún podrá sufrir una constante actualización por virtud de la dinámica propia del programa Fonden:
Fonden Reconstrucción, estado de Oaxaca
Ocurrencia de lluvia severa el 8 de julio de 2010, en 10 municipios del estado de Oaxaca
Una vez cubiertos los requisitos y formalidades que establecen las ROF, la CGPC emitió y publicó en el DOF de fecha 27 de julio del año en curso, la “declaratoria de desastre natural por la ocurrencia de lluvia severa el 8 de julio de 2010, en 10 municipios del estado de Oaxaca”, procediendo a declarar como zona de desastre natural a los municipios de San Jerónimo Tlatochahuaya, San Sebastián Abasolo, San Sebastián Tutla, Santa Cruz Amilpas, Santa Cruz Papalutla, Santa María Guelacé, Teotitlán del Valle, Tlacolula de Matamoros, Tlalixtac de Cabrera y San Juan Guelavía.
• Con fecha 21 de julio de 2010, se llevó a cabo la sesión de instalación del Comité de Evaluación de Daños, CED, 6 para los 10 municipios del estado de Oaxaca aludidos.
• Por su parte, con fecha 6 de agosto de 2010, se llevó a cabo la sesión de entrega de resultados del CED.
• El 31 de agosto de 2010, el Comité Técnico del Fideicomiso Fonden federal autorizó las siguientes cantidades definitivas para los sectores que se indican:
Ocurrencia de lluvias severas los días 21, 22 y 23 de agosto de 2010, en 75 municipios del estado de Oaxaca
• Una vez cubiertos los requisitos y formalidades que establecen las ROF, la CGPC emitió y publicó en el DOF de fecha 14 de septiembre del año en curso, la “declaratoria de desastre natural por la ocurrencia de lluvias severas los días 21, 22 y 23 de agosto de 2010, en 75 municipios del estado de Oaxaca”. 7
• Con fecha 8 de septiembre del 2010, se llevó a cabo la sesión de instalación del CED, para los 75 municipios del estado de Oaxaca señalados. En dicha sesión se acordó como fecha de entrega de resultados el 6 de octubre de 2010.
• Con fecha 6 de octubre de 2010 se llevó a cabo la sesión de entrega de resultados del CED, en la que se presentaron las siguientes cantidades preliminares por sector:
Ocurrencia de lluvias severas los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2010, en 34 municipios del estado de Oaxaca
• Una vez cubiertos los requisitos y formalidades que establecen las ROF, la CGPC emitió y publicó en el DOF, de fecha 12 de octubre del año en curso, la “declaratoria de desastre natural por la ocurrencia de lluvias severas los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2010, en 34 municipios del estado de Oaxaca. 8
• Con fechas 30 de septiembre y 4 de octubre el gobierno del Estado de Oaxaca, presentó ante la comisión Nacional del Agua, Conagua , una solicitud de corroboración para 198 municipios por la ocurrencia de lluvia severa e inundación los días 25, 26 y 27 de septiembre provocados por Matthew.
• El 5 de octubre la Conagua emitió un primer dictamen parcial, corroborando 34 municipios, por lo que el 6 de octubre se instaló el CED y en dicha instalación se acordó como fecha para la sesión de entrega de resultados el 3 de noviembre de 2010, por lo que habrá que esperar a esa fecha para conocer los montos preliminares con los que se atenderá a dicha entidad federativa.
Ocurrencia de lluvias severas los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2010, en 26 municipios del estado de Oaxaca.
• El 8 de octubre la Conagua emitió un segundo dictamen parcial , corroborando 26 municipios más, por lo que el 11 de octubre se instaló el Comité de Evaluación de Daños y se señaló como fecha para la sesión de entrega de resultados el 5 de noviembre de 2010, por lo que habrá que esperar a esa fecha para conocer los montos preliminares con los que se atenderá a dicha entidad federativa.
Corroboración pendiente
Al día de la fecha la Conagua se encuentra realizando los estudios correspondientes respecto del resto de los 198 municipios solicitados.
Visto lo anterior, adelantamos que una vez que hayan sido autorizados en su totalidad los recursos con cargo al Fonden para dar atención a los fenómenos naturales perturbadores de referencia, en términos de lo dispuesto por el numeral 27 de las ROF, dichos recursos se encontrarán disponibles para ser transferidos del Fideicomiso Fonden Federal al Fideicomiso 1997.- Fonden Estado de Oaxaca, una vez que se reciba por parte de cada una de las entidades federativas el aviso de depósito de la parte correspondiente a su coparticipación.
Asimismo, atentos al numeral 44 de las ROF, el Comité Técnico del Fideicomiso 1997.- Fonden Estado de Oaxaca, será el responsable de verificar que se cumpla el calendario de ejecución de las obras y acciones de las dependencias y entidades ejecutaras, en el entendido de que, de observarse retrasos constantes e injustificados hasta por un plazo de tres meses en el cumplimiento de dicho calendario, deberá realizar las acciones necesarias para que, en su caso, se reintegre al patrimonio del Fideicomiso Fonden federal el remanente de la coparticipación de orden federal.
Así también, dentro de las sesiones ordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso 1997.- Fonden Estado de Oaxaca, los ejecutores del gasto invariablemente deberán presentar los avances físicos y financieros de sus programas de reconstrucción que se encuentren en ejecución y, en su caso, las problemáticas que éstos enfrenten.
De igual manera, en términos del numeral 46 de las ROF, será responsabilidad del fiduciario del Fideicomiso 1997.- Fonden Estado de Oaxaca, llevar el control detallado para la atención, recepción y desembolso de los recursos destinados a dicha Entidad Federativa y que por concepto de coparticipaciones se les hayan entregado a través del Fonden, siendo corresponsables en ese control las dependencias y entidades normativas y ejecutoras, respectivamente, a través de las cuales se canalizaron los recursos al Fideicomiso Fonden estatal para la atención del desastre natural.
Notas
1 Entendidos como los eventos generados por la naturaleza, que por sus características extremas, atípicas o severas condiciona o genera una situación de desastre natural, caracterizado por la ausencia relativa de la participación directa o indirecta del ser humano.
2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2009.
3 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008.
4 Los Fideicomisos Fonden estatales tienen por objeto establecer un mecanismo ágil y transparente para ejercer los recursos que aporten las Entidades Federativas para atender un Desastre Natural, incluyendo las coparticipaciones federales asignadas a dichas Entidades Federativas (numeral 44 de las ROF).
5 Aquellos entes facultados para corroborar la ocurren.cia de un desastre natural en una fecha y lugar determinado, pudiendo ser la Comisión Nacional del Agua, por tratarse de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos, la Comisión Nacional Forestal, en caso de incendios forestales, o el Centro Nacional de Prevención de Desastres para el caso de los fenómenos geológicos.
6 De conformidad con el numeral 13 de las ROF, para efectos de la exclusiva evaluación y cuantificación de los daños en los sectores que sean materia de competencia de las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativos del Distrito Federal, se instala a nivel estatal un comité de evaluación de daños, que funciona a través de subcomités que se agrupan, según su respectivo ámbito de competencia, para dar atención a los daños ocasionados en el sector o los sectores que hubieren resultado afectados.
7 Procediendo a declarar como zona de desastre natural a los municipios de Abejones, Ayotzintepec, Chiquihuitlán de Benito Juárez. Concepción Pápalo, Cuyamecalco Villa de Zaragoza, Ixtlán de Juárez , Juchitán de Zaragoza, Loma Bonita, Natividad, Nuevo Zoquiapam, Salina Cruz, San Andrés Teotilálpam, San Bartolomé Zoogocho, San Blas Atempa, San Felipe Jalapa de Díaz, San Felipe Usila, San Francisco Chapulapa, San José Chiltepec, San José Independencia, San José Tenango, San Juan Atepec, San Juan Bautista Cuicatlán, San Juan Bautista Jayacatlán, San Juan Bautista Tlacoatzintepec, San Juan Bautista Tuxtepec, San Juan Bautista Valle Nacional, San Juan Chicomezúchil, San Juan Coatzospam, San Juan Comaltepec, San Juan Cotzocón, San Juan de los Cues, San Juan Juquila Vijanos, San Juan Lalana, San Juan Petlapa, San Juan Quiotepec, San Juan Tabaá, San Juan Tepeuxila, San Juan Yaeé, San Lucas Ojitlán, San Martín Toxpalan, San Mateo del Mar, San Miguel Aloápam, San Miguel Amatlán, San Miguel del Río, San Miguel Santa Flor, San Miguel Soyaltepec, San Pedro Huamelula, San Pedro Ixcatlán, San Pedro Sochiapam, San Pedro Teutila, San Pedro Yaneri, San Pedro Yólox, Santa Ana Cuauhtémoc, Santa Catarina lxtepeji, Santa María Ixcatlán, Santa María Jacatepec, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Pápalo, Santa María TIahuitoltepec, Santa María Tlalixtac, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Camotlán, Santiago Choapam, Santiago Jocotepec, Santiago Lalopa, Santiago Nacaltepec, Santiago Xiacuí, Santiago Yaveo, Santo Domingo Tehuantepec, Tanetze de Zaragoza, Teococuilco de Marcos Pérez, Teotitlán de Flores Magón, Valerio Trujano y Villa Talea de Castro.
8 Procediendo a declarar como zona de desastre natural a los municipios de Matías Romero, San Antonio Nanahuatipam, San Bartolomé Ayautla, San Cristóbal Lachirioag, San Dionisio del Mar, San Ildefonso Villa Alta, San Juan Bautista Atatlahuca, San Juan Bautista Coixtlahuaca, San Juan Bautista TIacoauintepec, San Juan Evangelista Analco, San Juan Yauona, San Miguel Chimalapa, San Miguel Yotao, San Pedro Jaltepetongo, San Pedro Jocotipac, San Pedro y San Pablo Ayutla, Santa Ana Yareni, Santa María Chimalapa, Santa María Ixcatlán, Santa María Petapa, Santa María Tecomavaca, Santa María Temaxcalapa, Santa María Tepantlali, Santa María Texcatitlán, Santiago Comaltepec, Santiago Nacaltepec, Santo Domingo Albarradas, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Roayaga, Tamazulapam del Espíritu Santo, Teotitlán de Flores Magón, Totontepec Villa de Morelos, Unión Hidalgo y Villa Hidalgo.
Sin otro particular, y esperando que la información proporcionada sea de utilidad, le saludo cordialmente.
Atentamente
Licenciado Rubem Hofliger Topete (rúbrica)
Director General
(Se remiten a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento)
De la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación del secretario general del Consejo Nacional de Población a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo a los estudios técnicos para considerar Irapuato y Salamanca, Guanajuato, como zona metropolitana
México, DF, a 18 de octubre de 2010.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
Presidente Comisión de Desarrollo Social
LXI Legislatura Honorable Cámara de Diputados
Presente
En atención a su oficio número DGPL-61-II-2-649, en el que comunica a esta Secretaría General, el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, por el que “Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y al Consejo Nacional de Población como integrantes del Grupo Interinstitucional que realiza la delimitación de las zonas metropolitanas, a llevar a cabo los estudios técnicos necesarios que permitan considerar a Irapuato y Salamanca, Guanajuato como zona metropolitana, para los efectos a que haya lugar, me permito externarle lo siguiente.
El Grupo Interinstitucional formado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Consejo Nacional de Población (Conapo) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) define como zona metropolitana al conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica, así como a aquéllos municipios que por sus características particulares son relevantes para la planeación y política urbanas.
Para ello define un conjunto de criterios, cuya evaluación tiene como únicos insumos de información válidos, la cartografía urbana y los resultados definitivos de los Censos y Conteos de Población y Vivienda que produce el Inegi, además de los instrumentos de planeación y política urbana que aporta la Sedesol.
En el caso de los municipios de Irapuato y Salamanca, la cartografía urbana del II Conteo de Población y Vivienda 2005 no muestra la presencia de una conurbación física entre sus ciudades principales, por lo que para determinar su eventual consideración como municipios de una misma zona metropolitana se procedió a medir la distancia, integración funcional y carácter urbano de ambos, a la luz de los siguientes criterios:
Criterio: Distancia. La distancia entre las ciudades principales de ambos municipios no debe ser mayor de10 kilómetros por carretera pavimentada y de doble carril.
Situación: La distancia más corta entre las ciudades de Irapuato y Salamanca es de 11.3 kilómetros.
Criterio: Integración funcional. Al menos 15 por ciento de la población ocupada que reside en un municipio trabaja en el otro, o bien, 10 por ciento o más de la población que trabaja en el primero reside en el segundo.
Situación: Sólo 1.1 por ciento de la población ocupada que reside en Irapuato, trabaja en Salamanca; y únicamente 2.7 por ciento de la de Salamanca trabaja en Irapuato.
Asimismo, sólo 1.2por ciento de la población que trabaja en Irapuato, reside en Salamanca; y 2.6 por ciento de la de Salamanca reside en Irapuato.
Criterio: Carácter urbano. Su proporción de población ocupada en actividades industriales, comerciales y de servicios es mayor o igual a 75 por ciento, y su densidad media urbana es de por lo menos 20 habitantes por hectárea.
Situación: Ambos municipios presentan altas proporciones de población ocupada en los sectores secundario y terciario: Irapuato 90.7 por ciento y Salamanca 85.4 por ciento, así como densidades urbanas elevadas: 107 y 75 habitantes por hectárea, respectivamente.
Cabe señalar que para incorporar a un municipio como parte de una zona metropolitana debe cumplir con cada una de las condiciones anteriores, o bien estar incluido en la declaratoria o programa de ordenación de la zona conurbada o zona metropolitana correspondiente, caso en el que tampoco se encuentran ambos municipios de acuerdo con la información que en su momento aportó la Sedesol.
En virtud de lo anterior, los municipios de Irapuato y Salamanca no son considerados como una zona metropolitana.
El cuadro siguiente muestra el valor de los indicadores analizados por esta Secretaría General para emitir la presente opinión.
Asimismo le informo que durante el 2011, el Grupo Interinstitucional actualizará nuevamente la delimitación de las zonas metropolitanas con base en la cartografía urbana y los resultados definitivos del XIII Censo General de Población y Vivienda 2010 y la revisión de los instrumentos de planeación urbana vigentes.
Aprovecho la ocasión para extenderle un cordial saludo.
Atentamente
Maestro Félix Vélez Fernández Varela (rúbrica)
Secretario General
(Se remite a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento)
De la Secretaría de Gobernación, con el que comunica que el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, ha designado subsecretario de Defensa Nacional al general de división diplomado de Estado Mayor Carlos Demetrio Gaytán Ochoa
México, DF, a 18 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que. mediante oficio número 80306, el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional, comunica la designación del general de división diplomado de Estado Mayor Carlos Demetrio Gaytán Ochoa como Subsecretario de la Defensa Nacional.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
(Se remite a la Comisión de Defensa Nacional, para su conocimiento)
De la Cámara de Senadores, con el que remite contestación del secretario de Gobierno del estado de Guanajuato a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados
México, DF, a 26 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que se recibieron oficios en respuesta a acuerdos de la Comisión Permanente, presentados por diputados, que se anexan.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Senador Francisco Arroyo Vieyra
Comisión Permanente del Congreso de la Unión
Xicoténcatl número 9
México, DF
Por instrucciones del licenciado Juan Manuel Oliva Ramírez, gobernador constitucional de Guanajuato, y en respuesta a su atento oficio número DGPL-61- II-5-845, de fecha 23 de septiembre del presente año, a través del cual comunica la aprobación del siguiente punto de acuerdo: Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las entidades federativas que a la fecha no hubieren adecuado su marco legal en materia de seguridad pública, a que realicen las reformas necesarias a fin de dar cumplimiento a lo mandatado en el artículo séptimo transitorio de la reforma constitucional, en materia de seguridad y justicia, de fecha 18 de junio de 2008; con base a lo anterior, me permito manifestar lo siguiente:
En Guanajuato nos hemos preocupado por armonizar nuestra legislación a la realidad social y los imperativos constitucionales, pues sabemos que esto fortalece el ejercicio democrático, por ende, nuestro Plan de Gobierno 2006-2012 asume este imperativo y en su objetivo general 5.9 señala el compromiso de: Contar con un marco jurídico actual y pertinente en el estado de Guanajuato, lo que se patentiza en el objetivo particular 5.9.1, el cual plantea la necesidad de: Actualizar el marco normativo vigente a efecto de hacerla congruente con la realidad social del estado.
Esto conlleva la preocupación por realizar a la brevedad la reforma constitucional local en materia de justicia penal y seguridad pública, la cual se cristalizó a través del Decreto Legislativo número 53, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 33, Segunda Parte, de fecha 26 de febrero de 2010.
Posteriormente, se expidió la Ley de Seguridad Pública de Guanajuato, contenida en el Decreto Legislativo número 268, publicada en el Periódico Oficial de la Federación número 154, Segunda Parte, de fecha 25 de septiembre de 2009.
Además de lo anterior, en Guanajuato se expidió la Ley de Proceso Penal para el estado de Guanajuato a través del Decreto Legislativo número 80, de la LXI Legislatura, publicada en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado número 141, Tercera Parte, de fecha 3 de septiembre de 2010, instrumento donde se regulan las atribuciones de los policías en el Sistema Procesal Penal Acusatorio. Es así que Guanajuato atendió ya el mandato del dispositivo transitorio objeto del punto de acuerdo.
Reconociendo su digna labor, le envío mis más atentos saludos.
Respetuosamente
Guanajuato, Guanajuato, a 6 de octubre de 2008.
Licenciado José Gerardo Mosqueda Martínez (rúbrica)
Secretario de Gobierno
(Se remite a la Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento)
De la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por el senador Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo Parlamentario de Convergencia
México, DF, a 26 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presente
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
El suscrito Ericel Gómez Nucamendi, senador de la República a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La Ley de Coordinación Fiscal constituye la regulación de las relaciones fiscales entre los tres órdenes de gobierno, y establece las disposiciones sobre cómo transferir los recursos de la Federación a las entidades federativas y municipios.
Sin embargo, este ordenamiento y el propio Sistema Nacional de Coordinación Fiscal presentan limitaciones de carácter estructural para las entidades federativas y los municipios.
La configuración actual de la fórmula de distribución de las participaciones federales, no presenta incentivos adecuados para generar mayor responsabilidad fiscal entre las entidades federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, lo que ha provocado que el esquema de responsabilidades compartidas no sea lo suficientemente efectivo para la distribución de los recursos y la fiscalización de los mismos.
Por tanto, la iniciativa que se somete a la consideración de esta soberanía tiene el propósito de atender aspectos fundamentales, como son la distribución y la recaudación, para lo cual se plantea:
1. Tomar en consideración en el rendimiento de las contribuciones a los municipios en donde el petróleo es extraído, y
2. Fortalecer las funciones de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas de los recursos federales destinados a las entidades federativas.
De ahí que propongamos reformas a la fracción II del artículo 2-A y las fracciones II y III del artículo 49 de la Ley de Coordinación fiscal en los siguientes términos:
Reforma a la fracción II del artículo 2-A
De acuerdo con la organización de Pemex, la producción de hidrocarburos en México se encuentra dividida en cuatro diferentes zonas del país: Región Sur; Región Norte; Región Marina Noroeste y Región Marina Suroeste; siendo en estas dos últimas de las que se extrae el 80 por ciento del petróleo del país, lo cual convierte al Golfo de México en la zona más importante en explotación petrolera.
La explotación del petróleo y las ganancias que se generan por su extracción y refinación, ciertamente es generadora de empleos, sin embargo también provoca diversas afectaciones en las comunidades donde se realiza el procesamiento de estos hidrocarburos.
De acuerdo al Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía, las principales entidades federativas donde se llevan a cabo la explotación de petróleo son las de Campeche, Tabasco, Veracruz, Chiapas,Tamaulipas, Puebla, San Luis Potosí e Hidalgo.
En diversos municipios de estas entidades se puede observar un sinnúmero de efectos negativos para la población y el medio ambiente a lo que se agrega la falta de recursos económicos de las autoridades municipales para enfrentar las necesidades de la población que es afectada. Cabe señalar que 112 municipios del país son reconocidos por Pemex con el carácter de “municipios petroleros”.
Actualmente la Ley de Coordinación Fiscal establece en su artículo 2-A que en el rendimiento de las contribuciones se participará directamente el 0.136 por ciento de la recaudación federal a municipios “...colindantes con la frontera o los litorales por los que se realicen materialmente la entrada al país o la salida de él de los bienes que se importen o exporten”.
Señala además que se participará de manera general con el 3.17 por ciento del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, excluyendo el derecho extraordinario sobre el mismo a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de dicho productos.
Esto significa que prevalece un esquema en cual se excluye de manera particular a aquellos municipios o regiones donde el petróleo es extraído, lo cual genera una inequidad incomprensible, ya que existen lugares que son afectados de manera directa con las actividades que realiza Petróleos Mexicanos, que enfrentan problemas y costos económicos como son la contaminación de suelos y mantos acuíferos; derrames en ríos, litorales y esteros; la elevación del costo de la vida; afectaciones a las actividades económicas e inutilización de las tierras para la actividad agrícola por encontrarse éstas destinadas a la extracción del petróleo.
Lo anterior es así, debido a que los ingresos petroleros al ser federales no puede existir una contribución estatal o municipal. De ahí que los municipios donde se lleva a cabo la explotación del crudo y gas no recibían participación alguna, ya que la reforma fiscal de 2008, y la cual se encuentra vigente, estableció en la Ley de Coordinación Fiscal un Fondo denominado “de Extracción de Hidrocarburos” que se distribuye a los estados petroleros con base en la última información del Inegi, y se calcula a partir de la recaudación del derecho ordinario sobre hidrocarburos, por esta razón los municipios denominados petroleros se encuentran excluidos de estos derechos, por lo que la distribución del derecho adicional sobre la extracción de petróleo se hace de manera general 1 .
De ahí que el impacto ecológico, económico y social que genera Pemex en aquellos lugares donde se encuentran sus instalaciones nos convoca a generar las acciones legislativas tendientes a garantizar en estas regiones un desarrollo sustentable y equilibrado.
Si bien es cierto que la Ley de Coordinación Fiscal prevé la asignación directa de recursos a los municipios por los cuales se exportan los hidrocarburos, también lo es que no se toman en consideración a aquellos en cuyo territorio se realiza la extracción de los mismos, ni aquellos en los cuales éstos se transforman.
Por tanto, a efecto de garantizar una distribución equitativa para aquellos municipios donde el petróleo es extraído y garantizar que puedan acceder al porcentaje del 3.17 por ciento del derecho adicional sobre la extracción de petróleo que señala la propia Ley de Coordinación Fiscal, proponemos reformar la fracción II del artículo 2-A, con la finalidad de que estos municipios cuenten con recursos suficientes para enfrentar los impactos generados de manera directa por la paraestatal.
Reforma a las fracciones II y III del artículo 49
Actualmente los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señalan que el 39.5 por ciento del gasto programable se destina a las entidades federativas, sin embargo, estas aportaciones y participaciones carecen de una efectiva transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de estos recursos.
En mucho de los casos se llega al extremo de municipios que no concluyen al 100 por ciento sus obras, o de entidades federativas que no transparentan los recursos entregados por la Federación, como son los destinados para seguridad pública, salud o educación por mencionar algunos.
Muchas de estas anomalías tienen como causa los deficientes sistemas de control interno, deficiente fiscalización interna y los lineamientos que emite la propia Secretaría de Hacienda y el hecho de que en muchas entidades federativas y municipios no se han consolidado los sistemas de control. La fiscalización se limita a una glosa de cuentas y en muchos municipios ni siquiera existe, lo cual genera opacidad y corrupción.
Por tanto, el destino de las transferencias federales a las entidades no es transparente, porque los gobiernos locales no reportan suficientemente la información y no hay certeza sobre el impacto en el desarrollo de las entidades, por lo que es necesario avanzar en un sistema de colaboración compartido entre los distintos niveles de gobierno. Es importante que en una democracia exista la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización, pues son factores fundamentales para su consolidación.
De ahí que propongamos reformas a la fracción II del artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal para que en el caso de las aportaciones federales que reciban y sean administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, puedan hacer del conocimiento de la población los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios a través de los órganos de difusión oficiales, así como de la página web del gobierno que corresponda y de los medios de comunicación de mayor difusión.
Por lo que respecta a la fracción III del propio artículo 49, proponemos en el caso de los recursos federales que se ejerzan por las entidades federativas, el Distrito Federal, sus demarcaciones territoriales o los municipios, corresponderá su fiscalización a la Auditoría Superior de la Federación, la cual establecerá los mecanismos de coordinación con los Congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que en el ámbito de sus atribuciones colaboren en correcta fiscalización de estos recursos públicos.
Por lo anteriormente expuesto, propongo a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.
Artículo Único. Se reforma la fracción II del artículo 2-A y las fracciones II y III del artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
Artículo 2-A. En el rendimiento de las contribuciones que a continuación se señalan, participarán los municipios, en la forma siguiente:
I. ...
II. 3.17 por ciento del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, a los municipios donde se realizan la extracción o refinación de los mismos, excluyendo el derecho extraordinario sobre el mismo, a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de dichos productos.
...
III. ...
Artículo 49. ...
...
...
I. ...
II. Recibidos los recursos de los fondos de que se trate por las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, hasta su erogación total, corresponderá a las autoridades de control y supervisión interna de los gobiernos locales, por lo que deberán ser públicos y del conocimiento de la población. Al efecto deberán publicar en sus órganos de difusión oficial, página de internet y medios de comunicación de mayor difusión, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios.
...
III. La fiscalización de las Cuentas Públicas de las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, será efectuada por el Poder Legislativo local que corresponda, por conducto de su Contaduría Mayor de Hacienda u órgano equivalente conforme a lo que establezcan sus propias leyes, a fin de verificar que las dependencias del Ejecutivo local y, en su caso, de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, respectivamente aplicaron los recursos de los fondos para los fines previstos en esta ley, en el caso de los recursos federales que se ejerzan por las entidades federativas, el Distrito Federal, sus demarcaciones territoriales o los municipios, corresponderá a la Auditoría Superior de la Federación su fiscalización, la cual establecerá los mecanismos de coordinación con los congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que en el ámbito de sus atribuciones colaboren en su correcta fiscalización.
IV. a V. ...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Nota:
1 Acuerdo por el que se da a conocer la información relativa a la recaudación federal participable y a las participaciones federales, por estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente al Distrito Federal, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de julio de 2010 y las participaciones del fondo de fiscalización del segundo trimestre del 2010. Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2010.
Dado en la sede del Senado de la República, a los 21 días del mes de octubre del año 2010.
Senador Ericel Gómez Nucamendi (rúbrica)
De la Cámara de Senadores, con el que devuelve el expediente de la minuta con proyecto de decreto que reforma los transitorios segundo y cuarto y adiciona uno octavo al decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2009, para los efectos de lo dispuesto en la fracción D del artículo 72 constitucional
México, DF, a 14 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos, por el que se desecha el proyecto de decreto por el que se reforman los transitorios segundo y cuarto y se adiciona un octavo transitorio al decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2009.
En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto en la fracción D) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
De la Cámara de Senadores, con el que devuelve el expediente de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código Federal de Procedimientos Penales, para los efectos de lo dispuesto en la fracción D del artículo 72 constitucional
México, DF, a 14 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se desecha el proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el Código Federal de Procedimientos Penales.
En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto en la fracción D) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
De la Cámara de Senadores, en el que transcribe acuerdo aprobado por el que se exhorta a la Cámara de Diputados crear un fondo para apoyar los programas de reconversión integral e incentivar el comercio del tabaco que se produce en el país
México, DF, a 26 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que por medio de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía se imponga un arancel a la importación del tabaco a fin de proteger la salud de los mexicanos.
Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que por medio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación cumpla cabalmente con lo estipulado por el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, en lo relativo a la importancia de la asistencia técnica y financiera para ayudar a realizar la transición económica a los cultivadores y trabajadores cuyos medios de vida queden gravemente afectados como consecuencia de los programas de control del tabaco.
Tercero. Se exhorta a la Cámara de Diputados a crear un fondo que como mínimo esté provisto con 500 millones de pesos, a fin de apoyar los programas de reconversión productiva integral e incentivar el comercio del tabaco que se produce en el país.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
De la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se incrementen los recursos del Fondo Metropolitano, presentado por senadores de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PRD
México, DF, a 26 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Ramiro Hernández García, María de los Ángeles Moreno Uriegas y Yeidckol Polevnsky Gurwitz presentaron propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a incrementar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 los recursos del Fondo Metropolitano y los destinados a las zonas metropolitanas de Jalisco.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
El suscrito, Ramiro Hernández García, y María de los Ángeles Moreno Uriegas y Yeidckol Polevnsky Gurwitz, integrantes de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República someten la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En México, más de la mitad de la población habita en zonas metropolitanas, las cuales tienen que coordinar esfuerzos a fin de establecer una planeación común para resolver problemas en materia de asentamientos humanos, infraestructura y desarrollo urbano, agua potable, transporte público y seguridad pública, entre otros. Los problemas en dichas zonas se han ido agudizando y haciendo cada vez más complejos como producto de esta conurbación.
De acuerdo a datos del Consejo Nacional de Población, en el país hay 56 zonas metropolitanas y 60 conurbaciones; de éstas, 14 cuentan con un promedio de 750 mil habitantes, 32 entre 100 mil y 500 mil habitantes y 9 tienen una población mayor de 1 millón.
Lo anterior nos da un aproximado de 58 millones de habitantes, lo que representa 53 por ciento de la población total del país. Las 56 zonas metropolitanas están integradas por más de 300 municipios, que a su vez están en 29 de las 32 entidades del país. 3 de cada 4 de estos asentamientos son precarios, lo que conlleva a que cada 7 de 10 habitantes sean marginados.
Este hecho ha seguido generando graves problemas, incongruencias, contradicciones y dificultades en leyes, reglamentos, decretos, programas y actos administrativos relacionados con desarrollo urbano y ordenamiento del territorio.
En diciembre de 2005 se aprobó incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación el Fondo Metropolitano, en el ramo 23, integrado por mil millones de pesos, que se ejercieron en 2006. El propósito de dicho fondo era el desarrollo de las áreas conurbadas de la Ciudad de México, otorgando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la administración de los recursos, con la corresponsabilidad de las autoridades del estado de México y el Distrito Federal.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se incrementó el monto de recursos para el Fondo de Desarrollo Metropolitano: se alcanzaron 3 mil 300 millones de pesos. En ese año solicité la inclusión de las zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey para acceder a los recursos de dicho fondo, lo cual en efecto ocurrió, y a partir de ese momento se destinaron a la zona metropolitana de Guadalajara 150 millones de pesos, igual que la cantidad de recursos para la zona metropolitana de Monterrey.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se destinaron 5 mil 550 millones de pesos al Fondo de Desarrollo Metropolitano. En ese entonces, el Ejecutivo federal planteó su reducción a 3 mil 500 millones, por lo que en noviembre de 2009 solicité, con los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial de la Cámara de Senadores, que no disminuyera el monto de recursos e incluso que se ampliase, dadas las crecientes necesidades de las 56 zonas metropolitanas de México.
En 2010, al Fondo de Desarrollo Metropolitano se destinaron 7 mil 455 millones de pesos. Para 2011, el Ejecutivo federal envió una propuesta de 3 mil millones, prácticamente 60 por ciento menos que el año pasado. En México hay 56 zonas metropolitanas, donde viven más de 59 millones de habitantes. Por lo mismo, en vez de una disminución de recursos, es necesario fortalecer o al menos mantener el monto del año pasado, toda vez que cada año integran nuevas zonas metropolitanas para ser consideradas para acceder a dicho fondo.
Para 2009, a Jalisco correspondieron mil 100 millones de pesos del Fondo Metropolitano; y para 2010 hubo un reducción a 970 millones de pesos, de los cuales a la zona metropolitana de Guadalajara corresponden 920 millones y a Puerto Vallarta 50. De efectuarse un recorte a ese fondo en el Presupuesto de Egresos de 2011, por tercer año consecutivo disminuirían los recursos destinados a las zonas metropolitanas de Jalisco, que actualmente son Guadalajara y Puerto Vallarta.
Es necesario avanzar en la legislación en materia de zonas metropolitanas y dar mayor importancia a las zonas conurbadas a fin de que superen problemas y rezagos sociales tan propios de ellas.
Al respecto, quisiera mencionar que ya se trabaja con la colegisladora en una norma que dé sustentabilidad jurídica a la problemática metropolitana.
Por lo anterior hago esta solicitud para que la Cámara de Diputados, a través de las comisiones correspondientes, en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 aumente las partidas presupuestarias del Fondo Metropolitano.
En razón de lo expuesto, estamos convencidos de la necesidad de someter al pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a incrementar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 los recursos del Fondo Metropolitano y los destinados a las zonas metropolitanas de Jalisco.
Dado el 21 de octubre de 2010, en el salón de plenos del Senado de la República.- Xicoténcatl 9, colonia Centro, México, DF.
Senadores: Ramiro Hernández García, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, María de los Ángeles Moreno Uriegas (rúbricas).
De la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo a fin de que la Cámara de Diputados aumente el presupuesto de la Comisión Nacional de Vivienda, presentado por senadores de los Grupos Parlamentarios del PRI, del PAN y del PRD
México, DF, a 26 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Rubén Fernando Velázquez López, Jaime Rafael Díaz Ochoa, Ramón Galindo Noriega, Ernesto Saro Boardman y Carlos Aceves del Olmo presentaron propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a autorizar un aumento en el presupuesto de la Comisión Nacional de Vivienda.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Los suscritos, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Rubén Fernando Velázquez López, Jaime Rafael Díaz Ochoa, Ramón Galindo Noriega, Ernesto Saro Boardman y Carlos Aceves del Olmo, senadores en esta LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108 y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
A la luz del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, que señala como uno de sus objetivos nacionales reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren sustancialmente su calidad de vida y tengan garantizados salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como dice nuestra Constitución, surgió el Programa Nacional de Vivienda 2008-2012, a fin de que todos los conciudadanos puedan acceder a un desarrollo habitacional sustentable.
En tal sentido, el decreto que creó el Programa Nacional de Vivienda ha señalado a la Comisión Nacional de Vivienda
(Conavi) como uno de los órganos encargados del cumplimiento del programa y para ello lo ha facultado para elaborar sus respectivos programas anuales y la integración de sus anteproyectos de presupuesto para que los objetivos que se han planteado puedan, efectivamente, ser cumplidos.
De tal suerte, para que las metas del programa entre otras funciones que debe realizar, a cabalidad, la Conavi, es necesario que cuente con el presupuesto adecuado. A este respecto, la vivienda forma el espacio en que la familia encuentra estabilidad, seguridad, consolidación patrimonial y sentido de pertenencia por lo que constituye uno de los indicadores básicos de desarrollo humano, que para México se ha vuelto un verdadero desafío en aras de satisfacer la demanda de los ciudadanos.
No obstante, además del reto que tiene la Conavi para darle seguimiento al programa debe ser congruente con la necesidad, por un lado, de focalizar los apoyos gubernamentales a favor de los ciudadanos que cuentan con menos ingresos y, por otro, que el crecimiento urbano no sea desordenado y origine conflictos de sustentabilidad.
Entonces, como se mencionó, para que la Conavi consiga alcance sus objetivos debe tener los recursos suficientes y un ejemplo del cómo se están manejando sus finanzas es que para el 30 de septiembre de 2010 (que representa 75 por ciento del año) este organismo ya había ejercido 77 por ciento del presupuesto asignado para el programa Esta es tu Casa, para lo cual destinó a 159 mil 705 acciones de vivienda para apoyar la compra de una casa, un lote con servicios o para la construcción o mejoramiento de una vivienda. Ello nos da certeza tal de cómo y para qué se usan los recursos y también que serán utilizados en su totalidad para fomentar la vivienda.
Sin embargo, resultará sumamente difícil que dicho organismo descentralizado este en posibilidad de cumplir sus metas para el próximo ejercicio fiscal, si como lo propuso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el presupuesto de esta institución será reducido en cerca de12 por ciento respecto de 2010, periodo durante el cual le fueron asignados 5 mil 976 millones 897 mil 758 pesos, cantidad superior a los 5 mil 297 millones 812 mil 33 pesos que está planteando la dependencia encargada de las finanzas públicas federales.
No creemos que sea a través de la reducción del presupuesto como logren solucionarse las graves carencias de vivienda que viene sufriendo nuestro país de manera ancestral, sino por medio de herramientas que permitan que dichos recursos sean ejercidos de manera responsable y transparente, en beneficio del mayor número de mexicanos posible.
Por lo expuesto, solicito a esta soberanía que sea aprobado, de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados, a autorizar un aumento en el presupuesto de la Conavi, a efecto de que cumpla cabalmente con las acciones que tiene encomendadas en materia de vivienda.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 21 de octubre de 2010.
Senadores: Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Rubén Fernando Velázquez López, Jaime Rafael Díaz Ochoa (rúbrica), Ramón Galindo Noriega (rúbrica), Ernesto Saro Boardman (rúbrica), Carlos Aceves del Olmo (rúbrica).
De la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el proyecto denominado “Reactivación Puerto Frontera, Tabasco”, presentado por el senador Francisco Herrera León, del Grupo Parlamentario del PRI
México, DF, a 26 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presente
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Francisco Herrera León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a comisiones de la Cámara de Diputados a considerar el presupuesto necesario a fin de implementar las acciones propuestas en el estudio presentado por la Universidad Nacional Autónoma de México, relativo a la construcción de una nueva red de diques, canales y presas que eviten el riesgo de inundaciones en el estado de Tabasco, así como el incremento presupuestal necesario a fin de llevar a cabo la continuación del proyecto denominado “Reactivación Puerto Frontera”, en Tabasco.
La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
El suscrito, Francisco Herrera León, senador de la República en la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 fracción II, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de este pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución con base en las siguientes
Consideraciones
Es conocido que año con año los habitantes del sureste vivimos con la convicción de que nuestras vidas y propiedades corren peligro ante el amenazador incremento de las inundaciones y las lluvias extremas, las que también afectan gravemente la economía regional y nacional.
Si bien es cierto en Tabasco se han realizando algunos esfuerzos como el de la implementación del Proyecto Integral de Control de Inundaciones (PICI), cuyo principal objetivo fue controlar el escurrimiento de los ríos Carrizal y Grijalva “para salvaguardar y garantizar protección a la población de la ciudad de Villahermosa y su zona conurbana con el municipio de Nacajuca, su patrimonio e infraestructura existente, así como la zona agrícola y ganadera”, este no cumplió su cometido.
Asimismo, las acciones del Plan Hídrico Integral Tabasco (PHIT) han resultado insuficientes a medida que pasa el tiempo y las obras no se concluyen. Así, lo planeado queda desfasado de la realidad presente y de las proyecciones futuras de sufrir mayores inundaciones como consecuencia del cambio climático.
Recientemente, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) un estudio en el que se detallan las causas del desastre ocurrido en Tabasco en el otoño de 2007, catástrofe que provocó que se anegara el 70 por ciento del territorio tabasqueño. Concluyó la UNAM que estas causas son principalmente de carácter humano: apertura de vialidades en los diques que debían proteger la ciudad de Villahermosa, así como retrasos burocráticos en la construcción de obras contempladas en el PICI de 2003, entre otras.
También señala el estudio que, de no emprenderse acciones urgentes, Villahermosa corre el riesgo de quedar nuevamente sumergida bajo las aguas del río Grijalva como consecuencia de los escurrimientos de las lluvias provenientes de los Altos de Chiapas, a pesar de que el propio escurrimiento del Grijalva está prácticamente controlado antes de entrar en la zona de la llanura.
En este sentido, la UNAM recomienda emprender cuanto antes y durante los próximos tres años un programa de mega obras de casi 5 mil millones de pesos, con miras a reducir el peligro de que Villahermosa quede bajo el agua en futuras inundaciones. La idea del estudio es desviar los flujos excesivos de agua, producto de lluvias atípicas y temporales hacia un sistema de seis lagunas como los Zapotes, El Vigía, San Julián, Playa la Poza, Sabana Nueva, San Román y El Pajaral hasta desembocar en los pantanos de Centla. Por ello, la viabilidad de esta propuesta obliga a incluirla, de manera urgente, en los programas de trabajo institucionales y dotarla de los recursos presupuestales necesarios para su implementación.
Por otra parte, consideramos que las obras de infraestructura constituyen un fuerte pilar para el desarrollo económico regional. Hacemos esta referencia ya que en enero de 2006 iniciaron las obras del proyecto “Construcción de Escolleras y del Dragado del Canal de Acceso del Puerto de Frontera, Tabasco”, las cuales consisten en el dragado del canal lateral y la construcción de dos mil 500 metros de escolleras de este puerto.
El objetivo social del proyecto es fortalecer y mejorar la vinculación entre el gobierno, la iniciativa privada y los productores del estado para mejorar el aprovechamiento de los recursos. Los objetivos económicos revisten particular importancia, ya que con ellos se estarían generando empleos en la construcción de las obras a personas de la región; se promovería el intercambio comercial con otros países; se ahorraría en los costos de transporte de bienes, servicios y personal para las plataformas petroleras de Petróleos Mexicanos (Pemex) y otras empresas que lo requieran, entre otros; y, finalmente, sus objetivos ambientales minimizarían los impactos adversos al medio ambiente con el uso del canal existente construido décadas atrás para la entrada de la navegación, y, además, se respetaría la vegetación existente a ambas márgenes del canal de acceso al puerto de Frontera.
Sin duda, el proyecto detonaría el desarrollo económico de la región al ser un punto estratégico autosuficiente, autofinanciable y generador de empleos. Sin embargo, en marzo de 2006 se suspendieron las obras debido a la falta de presupuesto. Esta situación ha inhibido la de por sí maltrecha economía de Tabasco por lo que es urgente dar continuidad y concluir el proyecto.
Compañeros legisladores, es de particular importancia la adaptación del sector hídrico a los efectos del cambio climático, ya que el agua es el principal medio a través del cual éste impactaría a la población.
Este proceso de adaptación debe incluir políticas públicas eficaces que trasciendan en la protección de la vida y del patrimonio de los gobernados. Los efectos del cambio climático como las inundaciones, también nos urgen a implementar medidas presupuestales que atiendan y prevengan estas catástrofes.
De igual manera, estas medidas deben ir acompañadas de proyectos de desarrollo que detonen la economía regional y atenúen los efectos negativos dejados por los fenómenos naturales.
Para el caso particular de Tabasco, es necesario dar continuidad al proyecto “Reactivación del puerto de Frontera”, toda vez que sin duda estas obras generaron las oportunidades de desarrollo que demandan los habitantes de la región sureste de nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Recursos Hidráulicos, de Comunicaciones y la de Transportes de la Cámara de Diputados, para que se considere el presupuesto necesario para el ejercicio presupuestal 2011 a fin de implementar las acciones propuestas en el estudio presentado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), relativo a la construcción de una nueva red de diques, canales y presas que eviten el riesgo de inundaciones en el estado de Tabasco, así como el incremento presupuestal necesario a fin de llevar a cabo la continuación del proyecto denominado “Reactivación del puerto de Frontera, Tabasco”.
Cámara de Senadores, a 21 de octubre de 2010.
Senador Francisco Herrera León (rúbrica)
De la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, se contemple el subsidio en precios de diesel marino y gasolina ribereña, presentado por la senadora Margarita Villaescusa Rojo, del Grupo Parlamentario del PRI
México, DF, a 26 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Margarita Villaescusa Rojo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados a mantener y considerar el apoyo energético a las actividades primarias que incluyen subsidio en precios en diesel marino y gasolina ribereña en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
La suscrita, senadora Margarita Villaescusa Rojo, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108 y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
La industria pesquera en el país representa alrededor de 500 mil empleos directos y 3 millones 500 mil indirectos, además de que constituye una fuente generadora de divisas y alimentos para el país entre las diferentes pesquerías como el atún, calamar, camarón, y tilapia, entre otras.
A pesar de las carencias que afectan a este sector, el vigor de la pesca mexicana se refleja en el hecho de que, por ejemplo, en Mazatlán se encuentra la planta procesadora de atún y las flotas atunera y camaronera más importante de Latinoamérica, así como también muchas congeladoras con gran potencial de desarrollo en la generación de valores agregados a partir de los recursos pesqueros existentes.
Ahora bien, la flota pesquera mexicana se ha encontrado activa gracias a los apoyos ofrecidos por el gobierno federal a través de la Sagarpa, entre ellos el subsidio otorgado al diesel marino, que, de conformidad con lo dispuesto en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, estaría en riesgo de desaparecer.
Por su carácter estratégico, el diesel es el principal insumo de la industria pesquera y significa aproximadamente 50 por ciento del costo de operación de fas flotas. Asimismo, el diesel marino es vital para la operación de las granjas, por la labor permanente de bombeo en la oxigenación de los estanques debido a la falta de infraestructura eléctrica.
De igual forma, el diesel marino es el único apoyo que reciben la pesca y acuacultura contra los muchos programas que benefician a las otras actividades del sector primario: agricultura y ganadería en México y el mundo; por lo que es indispensable para la viabilidad de dicha actividad, contar con un precio que conforme a la estructura de costos, permita operar de manera competitiva y, asimismo, poder estar en condiciones de competir con flotas de otros países que concurren con sus productos en los mismos mercados.
Fue por ello que, ante el incremento de los precios y la necesidad de tener un precio competitivo, durante la administración pasada se determinó que el precio de este combustible sería de 3.50 pesos, vigente desde el 3 de marzo de 2005 hasta el 30 de noviembre de 2006.
Empero, desde el inicio del presente gobierno, no se mantuvo el precio determinado y en vez de ello se aprobó un apoyo de 2.00 pesos por litro.
Para el 2009 la situación empeoró dramáticamente, ya que ese año inició con un paro técnico de las embarcaciones de la flota pesquera nacional, debido a su incapacidad para operar con el precio del diesel marino, entonces de 6.71 pesos, impactado por el deslizamiento de 5 centavos semanales, 20 centavos mensuales, del precio del diesel.
Actualmente, la industria paga 6.88 pesos por litro, es decir, 3.38 pesos más por litro, incremento que casi duplica el total del precio de 3.50 pesos, el cual se pagó hasta el 30 de noviembre de 2006. De cancelarse el apoyo, la industria tendrá que pagar a partir de enero de 2011 8.88 pesos por litro, impactado además por el deslizamiento del precio en el curso del año.
De conformidad con lo anterior, y frente a la posibilidad de no contar con el apoyo otorgado hasta ahora al diesel marino, la industria pesquera se encuentra en riesgo de paralizar las flotas y cerrar granjas, por lo que es indispensable que permanezca el apoyo en el Presupuesto, mientras no se den otras medidas que permitan recuperar las pesquerías y operar rentable y competitivamente a la industria pesquera nacional. Es por ello que a través del presente nos unimos a los diferentes puntos de acuerdo formulados recientemente por compañeros legisladores de todas las fuerzas políticas, a fin de pedir respetuosamente a la Presidencia de la República el mantenimiento de los subsidios otorgados al diesel marino, ello con la finalidad de hacer realidad el compromiso asumido por el titular del Ejecutivo federal el 21 de febrero de 2007 en Mazatlán, Sinaloa, en el sentido de impulsar una política de largo aliento para el desarrollo integral de la pesca, la cual incluiría como uno de sus ejes de acción el continuar con el apoyo de energéticos a los pescadores del país.
Creemos que la lucha de los pescadores por conseguir una reducción en los precios del combustible es legítima y por tanto debe apoyárseles, toda vez que la recuperación económica de que se jacta el gobierno aún no se refleja en los bolsillos de los mexicanos.
Por lo expuesto, solicito a esta soberanía que sea aprobado, de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Respetuosamente se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados a efecto de que se mantenga y siga considerando el subsidio en los precios del diesel marino y la gasolina ribereña en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011.
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República a 21 de octubre de 2010.
Senadora Margarita Villaescusa Rojo (rúbrica)
De la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se asignen recursos mayores a los de 2010 para apoyar el desarrollo integral del estado de Zacatecas, presentado por el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT
México, DF, a 26 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presente
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó propuesta con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de 2011 se asignen recursos adicionales a los de 2010 para apoyar el desarrollo integral del estado de Zacatecas.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo sometemos a consideración de la Cámara de Diputados este punto de acuerdo con la finalidad de que en el Presupuesto de Egresos de 2011 se asignen recursos adicionales a los de 2010 para apoyar el desarrollo integral del estado de Zacatecas, al tenor de los siguientes
Consideraciones
El estado de Zacatecas ocupa el octavo sitio en cuanto a su extensión territorial, con el 3.0 por ciento; por su población se ubica en el lugar veinticinco con un millón cuatrocientos mil habitantes, y un crecimiento anual ínfimo de 0.2 por ciento –se calcula que otra cantidad igual de zacatecanos viven fuera de su territorio, principalmente en Estados Unidos– y por su contribución a la producción nacional llega al lugar veintiocho con el 0.8 por ciento.
La accidentada orografía que tiene Zacatecas da como resultado que muchos de sus habitantes se encuentren dispersos en grandes áreas poco comunicadas. En sus 58 municipios tiene más de 6 mil comunidades con menos de 200 habitantes. Además, no debemos olvidar que la mitad de su territorio es semidesértico, lo que provoca que se reduzca la extensión dedicada a la producción agropecuaria.
Mientras que a nivel nacional la población urbana tiene una participación del 75 por ciento y la población que habita en el medio rural es del 25 por ciento; en Zacatecas el 60 por ciento corresponde a la población rural y sólo dos quintas partes se integran por población urbana. Esto está aparejado con el hecho de que la densidad demográfica es muy baja en el estado (18 habitantes por kilómetro cuadrado, en contraste con el nacional que es de 53 habitantes por kilómetro cuadrado).
A lo anterior debemos añadir que la estructura de la producción del estado de Zacatecas está distorsionado, ya que una parte importante de su producción se ubica en actividades primarias 22.4 por ciento (agropecuarias con 13 por ciento, minería 9.6 por ciento); industria manufacturera únicamente 5.5 por ciento, mientras que actividades terciarias ocupan el 28.7 por ciento (15.6 comercio, restaurantes y hoteles y 13.1 servicios financieros) lo que refleja ínfimas condiciones de vida de sus habitantes, que los ubica en condiciones muy altas de atraso.
Hay que destacar que a pesar de que la agricultura es de temporal, Zacatecas destaca a nivel nacional en la producción de maíz, avena, trigo, frijol, chile, sorgo, nopal y durazno.
En la minería destaca a nivel internacional en la producción de plata y en Latinoamérica en la producción de zinc.
Es importante mencionar que resulta imperativo incrementar cada año el presupuesto con el objetivo de crear las condiciones suficientes para detonar actividades agroindustriales y de manufacturas, es decir, fortalecer la industria manufacturera, mejorar y ampliar las vías de comunicación terrestre ya que éstas han adquirido gran relevancia para el desarrollo de los pueblos.
Cada vez más resulta obvio que la incomunicación mantiene a las poblaciones alejadas de todo tipo de actividades: productivas¡ educativas¡ culturales¡ de atención a la salud y por tanto a vivir permanentemente en la pobreza y en la marginación¡ pero sobre todo en el aislamiento constante.
Un país bien comunicado brinda a sus habitantes la posibilidad de ampliar sus capacidades productivas, sociales, educativas y culturales, ya que permite la movilidad de personas, de los bienes y de los servicios.
Además se debe considerar que en la actualidad el transporte de personas como el de mercancías es más barato por la vía terrestre, amén que por la ruta aérea es oneroso y con destinos muy selectos y el ferroviario es prácticamente inexistente.
La reducida comunicación terrestre dada por la falta de vías de comunicación o por el deterioro de las ya existentes, va acorde con los niveles de algunos de los principales indicadores socio demográficos. Si se desea revertir esta situación, se deben modernizar las carreteras para disminuir los riesgos de accidentes, permitir el desplazamiento vehicular más ágil, con la finalidad de aminorar los costos de operación así como los tiempos en los recorridos, manera directa beneficiará a mucho más usuarios de otras regiones de la República, contribuyendo también en la integración de corredores regionales que desarrollen y dinamicen el comercio, la industria y los servicios de todo tipo.
Por lo que toca al nivel de alimentación, el 21 por ciento de los habitantes padece pobreza alimentaria, lo que significa que no reciben las remuneraciones suficientes para comer adecuadamente; no tienen acceso a los servicios básicos, ubicando a la mitad de la población también en pobreza patrimonial.
También es prioritario no abandonar la inversión en educación en todos los niveles, la atención a la salud, pero sobre todo mejorar la seguridad pública. La creación y el fomento de actividades económicas permitirán que esta entidad del centro norte del país no siga destacando como la principal expulsora de mano de obra, fundamentalmente hacia el vecino del norte.
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, se asigne presupuesto adicional superior al 2010 para apoyar el desarrollo integral del estado de Zacatecas.
Dado en el salón de plenos del Senado de la República, a los 21 días del mes de octubre del 2010.
Senadores: Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), Alejandro González Yáñez (rúbrica), Rosario Ibarra de la Garza, Francisco Javier Obregón Espinoza (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica).
De la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se fortalezcan los recursos destinados a los diversos programas de salud que atienden a niñas y niños con cáncer en México, presentado por el senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del PAN
México, DF, a 26 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presente
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, se fortalezcan los recursos destinados a los diversos programas de salud que atienden a niñas y niños con cáncer en México.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
El suscrito, senador de la República del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se fortalezcan los recursos destinados a los diversos programas de salud que atienden a niñas y niños con cáncer en México, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Hoy en día nuestro país libra una dura batalla, por demás dolorosa, contra el cáncer infantil. Desgraciadamente en México ésta es la segunda causa de mortandad en niños, sólo después de los accidentes, inclusive la Organización Mundial de la Salud proyecta que para este año será la primera causa. Diversas organizaciones, como la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer, AC, estiman que anualmente mil 500 niños y adolescentes mueren por cáncer en México.
Según información del Hospital Infantil de México, cada año se suman en nuestro país poco más de 7 mil casos de cáncer en niños. Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social detallan que los padecimientos cancerígenos más frecuentes entre la población infantil son: leucemia, con casi la mitad de los casos, tumores cerebrales, con un 18 a 20 por ciento de prevalencia y cáncer de ganglios linfáticos o linfomas con un 15 a 18 por ciento. Cabe destacar que varios expertos coinciden en que la mayoría de estos males se desarrolla por condiciones multifactoriales y los menos se deben a causas hereditarias y genéticas.
El panorama no es esperanzador ya que a finales del año pasado sólo se contaba con 100 oncólogo-pediatras en todo el país y 20 hospitales con esa especialidad, pero de tercer nivel de atención nada más hay dos en Monterrey, dos en Guadalajara y seis en el DF. Es una realidad, hoy en día existen muy pocos centros especializados.
Necesitamos enfrentar de lleno este problema, debe de ser un esfuerzo conjunto de gobierno y sociedad, a efecto de instrumentar acciones preventivas, pues solo previniendo podremos avanzar. Es sumamente necesario garantizar el diagnóstico oportuno y la atención integral de los menores de 18 años que padecen la enfermedad. También debemos buscar reducir el impacto social y económico que ocasiona a las familias.
Según el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, actualmente el cáncer en niños y adolescentes representa que, del 65 al 90 por ciento de las familias sin seguridad social, no cuente con recursos económicos para su atención y entonces enfrentan gastos extraordinarios, sufren la pérdida de sus ahorros, se endeudan, sacrifican el consumo de otros bienes básicos, abandonan la educación o pierden sus viviendas. Pero peor aún, muchos de ellos llegan al abandono del tratamiento por falta de recursos.
El gobierno federal se ha comprometido con la salud de los mexicanos y es una realidad que sí existe apoyo para niños con cáncer en instituciones, fundaciones y en el propio Seguro Popular, donde hay que destacar que también se atiende a mujeres con cáncer de mama o cervicouterino. El comisionado nacional de Protección Social en Salud destacó que en el año 2009, el Seguro Popular financió mil 600 tratamientos de cáncer en niños menores de 18 años. Con este aseguramiento se ha logrado reducir la tasa del abandono del tratamiento de 30 a menos de 7 porciento. Asimismo, a partir del 2008, el gobierno federal puso en marcha el programa “Todos los niños, todos los cánceres”, que garantiza la atención diagnóstica y de tratamiento de los menores de 18 años con esta enfermedad. El año pasado se lograron avances importantes como el financiamiento de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, para lo cual se destinaron más de 300 millones de pesos, además de fortalecer la Red de Unidades Médicas Especializadas.
Sin embargo es también evidente que aún hay mucho por hacer, el Seguro Popular manifiesta problemas de desabasto de medicamentos sumamente graves y la mortalidad sigue siendo muy alta en nuestro país. Los recursos son, a todas luces, insuficientes la sociedad ha sido parte importante y debe reconocérsele, en combatir el cáncer infantil. Diversas organizaciones de la sociedad se dan diario a la tarea de atender a niños que padecen este mal, sin embargo batallan día a día para conseguir recursos y la mayoría de las veces no pueden atender al número de niños que quisieran. Organizaciones importantes como la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer IAP (Amanc) se enfrentan a diversos problemas como medicamentos costosos, el problema para realizar los traslados, situaciones de desintegración familiar, entre muchos otros. Viven también el dolor de estos niños y niñas, y el de sus familias, que están obligadas a hacer del hospital su segundo hogar, con visitas de cuatro horas, cuatro o cinco días a la semana, durante 30 o 36 meses que dura el tratamiento.
Teniendo en cuenta que el cáncer es la segunda causa de muerte en niños en nuestro país, diversos expertos, inclusive la Secretaría de Salud, aseguran que el 70 por ciento de los casos con un tratamiento adecuado se puede curar. Por eso es necesario que en estos momentos que se discute el Presupuesto de Egresos del próximo año se tomen en cuenta los programas de salud que existen para prevenir, diagnosticar y combatir el cáncer infantil, es necesario que se destine un mayor número de recursos para el año 2011, que permita avances sustanciales y que salven cada vez más vidas. Asimismo es vital que exista claridad en cuanto a los criterios que serán establecidos para destinar recursos a programas y campañas de prevención y detección de cáncer en los niños y adolescentes.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta el siguiente Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se fortalezcan los recursos destinados a los diversos programas de salud que atienden a niñas y niños con cáncer en México, debido a su magnitud e impacto como una causa de mortalidad infantil.
Salón de sesiones de H. Cámara de Senadores, a 26 de octubre de 2010.
Senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica)
De la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo a fin de que en el ejercicio fiscal de 2011 no se permita la generación de nuevas plazas con elevado rango y onerosos sueldos en la administración pública federal, presentado por el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT
México, DF, a 26 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó propuesta con punto de acuerdo sobre el aumento de plazas y de sueldos para la alta burocracia.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Consideraciones
Como ya es de conocimiento público, el gobierno del señor Felipe Calderón pretende para el 2011 “engordar” a la alta burocracia, aunque ello implique aniquilar a los pequeños y medianos trabajadores de la administración pública federal.
Baste decir que desea elevar a rango de secretaría de Estado a la Consejería Jurídica de la Presidencia, con lo cual serían ya 19 secretarías; asimismo, en el proyecto de egresos para 2011 que envió la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados, considera 68 carteras de subsecretarios, pero habrá 353 plazas “homólogas” a ese cargo; respecto a direcciones generales, actualmente hay 28 mil funcionarios con esa plaza, pero para el próximo año los directores generales adjuntos serán mil 381, destacando el aumento de las Secretarías de Gobernación y de Medio Ambiente, la primera pasará de 128 a 144 y la segunda de 101 a 124. 1
En pocas palabras se trata de “despilfarrar” dinero en puestos y condecoraciones innecesarias, y digo innecesarias porque muchas de estas áreas de trabajo no laboran, de lo contrario la situación de este país sería diferente.
Sin embargo, esto no es nuevo. Cuando la Auditoría Superior de la Federación analizó los ingresos del gobierno de Vicente Fox y los dos primeros años de Calderón, dijo de manera fulminante e irrefutable que se habían recabado un billón 281 mil 902.7 millones de pesos gracias a los excedentes obtenidos por los altos precios del petróleo, sobre todo durante la gestión de Fox.
¿Dónde terminó ese dinero? En el caño de la corrupción y en el mejor de los casos para engordar a una ineficiente burocracia blanquiazul. De acuerdo con estudios del Senado la alta burocracia ha aumentado casi 20 por ciento durante la última década. Y alrededor de 71.8 por ciento de esos ingresos petroleros se destinaron a incrementos presupuestales para el gasto corriente de dependencias federales y estatales. En 2001 el número de plazas de alto perfil era sólo de 554 mil 197 puestos. En 2010 la cifra llegó a 660 mil 848, es decir, 106 mil 651 más creadas entre las gestiones de Vicente Fox y de Calderón. 2
Eso es lo cuestionable de este gobierno; que utilice un doble discurso y que muestre una doble careta, al mismo tiempo que denote su indolencia ante la difícil situación que tiene el pueblo de México: desempleo, carestía, pobreza, marginación social y educativa, y un enorme gasto policial y militar para sostener una fallida estrategia de combate al narcotráfico y a otras expresiones del crimen organizado en aras de lo cual se sacrifican numerosos recursos que podrían ir destinados a la satisfacción de las necesidades sociales básicas de la nación. Es decir, tenemos gobierno rico y pueblo pobre.
Aun cuando este gobierno federal ha celebrado a su manera con “bombo y platillo” los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución, la realidad y los hechos terminan por imponerse y evidenciar la ignorancia de este gobierno por el verdadero sentido de ambos acontecimientos históricos.
Baste decir que el cura Miguel Hidalgo, el 15 de septiembre de 1810, se lanzó a la guerra apoyado por una tropa de militares criollos, indígenas y campesinos, bajo el grito de: “¡Viva la Virgen de Guadalupe, muerte al mal gobierno, abajo los gachupines!”, y que finalmente ello derivaría en una verdadera guerra independentista en busca de crear un Estado soberano e independiente capaz de minimizar las determinaciones del exterior y las profundas desigualdades sociales existentes.
Casi un siglo después, la Revolución de 1910 posibilitó la creación de un Estado nacional que aún tiene –ya que es el que está vigente– la tarea fundamental de preservar la soberanía nacional y la gobernabilidad política democrática, pero propiciando el desarrollo económico y la equidad social, ya que por mandato constitucional (ver artículo 3) y por el origen mismo de las fuerzas que triunfaron en la Revolución, es su razón de ser.
Resulta lamentable que no se entiendan estos preceptos fundamentales por parte de quienes dirigen la hacienda pública nacional.
Lejos de ser el “presidente del empleo” para todos los mexicanos, el señor Calderón se ha empeñado en pasar a las páginas de la historia como el presidente del empleo para los cuates, los compadres, la familia y todo aquel que es cómplice de su cofradía para medio gobernar, en cambio, es el presidente del desempleo para los millones de mexicanos de a pie, que urgen por un puesto laboral, dado las difíciles circunstancias por las que atraviesa el país.
Ello fue el incentivo para que hace más de un año, con motivo de la grave crisis económica que azotaba al país, planteáramos la Ley de Austeridad Republicana, y ello también ha sido el impulso para que de nueva cuenta hace un mes la propusiéramos.
El objetivo con tal medida es sencillo: si se quiere edificar una sociedad más igualitaria y justa requerirnos de una legislación que obligue a los poderes de la Unión a sujetarse a reglas y principios estrictos de austeridad presupuestal,
Esta iniciativa implica un esfuerzo de disciplina y compromiso con el servicio público, porque éste es eso; trabajadores y servidores del pueblo. Resulta inaceptable el marcado contraste entre las retribuciones de los servidores de la alta jerarquía y los ingresos de la inmensa mayoría de la población a la que supuestamente sirven.
El país necesita funcionarios con vocación de servicio público, porque éste es una distinción en sí mismo y no la alta remuneración que aleja y confronta a los trabajadores del gobierno con los del pueblo al que supuestamente sirven.
México es aún un país de privilegios para unos cuantos y de enormes carencias para millones. Nosotros querernos cambiar esta circunstancia porque somos conscientes de que no alcanzaremos la democracia, el Estado de derecho o, la seguridad pública, mientras no moderemos la indigencia y la opulencia.
La propuesta ya está sobre la mesa, sólo falta voluntad política, congruencia y verdadera vocación de servicio con la sociedad de ciertas fuerzas políticas.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que esta soberanía exhorte de manera respetuosa, en el ámbito de sus respectivas competencias y facultades, a la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura para que no permitan la generación de nuevas plazas con elevado rango y onerosos sueldos en la administración pública federal para el ejercicio fiscal de 2011.
Notas
1 “Los Pinos pide más para alta burocracia”, El Universal, lunes 18 de octubre de 2010.
2 “Burocracia que engorda”, editorial de El Universal, 17 de mayo de 2010; http://www.eluniversal.com.mx/ editoriales/48362.html
Dado en el salón legislativo de Xicoténcatl, a los dieciocho días del mes de octubre del 2010.
Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
Diputado César Barrera (p.a. rúbrica)
De la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se establezca una partida extra de recursos para el estado de Campeche, presentado por la senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del Grupo Parlamentario del PRI
México, DF, a 26 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se establezca una partida extra de recursos para el estado de Campeche debido a la caída del 18 por ciento de sus ingresos.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
La suscrita senadora Guadalupe Fonz Sáenz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 108, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, sustentado en las siguientes
Consideraciones
El 29 de octubre del 2009 se presentó ante el pleno del Senado de la República, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 4o.-B de la Ley de Coordinación Fiscal. A través de ella se propone aumentar el porcentaje del derecho ordinario sobre hidrocarburos para el Fondo de Extracción de los mismos a 0.80 por ciento, en consideración a que los estados petroleros como Campeche han sufrido por la volatilidad de los precios petroleros; además de la caída en la producción de hidrocarburos, por el agotamiento de las reservas; aunado a que las fórmulas autorizadas en la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal que entraron en vigor en el 2008, han provocado que los ingresos caigan en un 18 por ciento para Campeche.
Si agregamos, que la parte del golfo donde se asienta el estado es una zona en la cual los fenómenos naturales año con año son más devastadores por el cambio climático, provoca que una parte importante del presupuesto estatal se destine para la reparación de los daños.
Desde que se presentó la iniciativa al momento actual, Campeche sigue siendo uno de los estados con menos recursos recibidos; con la caída de la producción petrolera y de los precios del petróleo, el producto interno bruto del estado es menor cada vez.
No obstante, así como se estableció en esa iniciativa; Campeche resulta triplemente afectado: por el cambio de fórmulas en el Fondo General; por la nueva distribución del Fondo de extracción de hidrocarburos y por los desastres naturales; razones que han incidido para que no se hayan recuperado en este año los ingresos estatales.
Y si a esto le sumamos un factor que no se considerará y que es de suma importancia en las fórmulas para la distribución de las participaciones federales; como son la baja densidad y la alta dispersión poblacional; ha hecho que la administración pública en Campeche, encarezca la construcción de la infraestructura, como carreteras, escuelas, agua potable, luz eléctrica; es decir, de todos los servicios públicos a los que constitucionalmente todo campechano tiene derecho, teniendo que hacerse esfuerzos adicionales en nuestra entidad, la cual no cuenta con ningún rubro en presupuesto compensatorio, condenándose así a ser muy lento el avance en el Estado.
La situación económica de la entidad es cada vez más vulnerable; los programas sociales que tiene el gobierno estatal están amenazados con suspenderse, por falta de fondos en perjuicio de la población de escasos recursos.
Por ello, en vísperas de que se apruebe el presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año, facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, presentamos el siguiente exhorto para que la colegisladora determine una partida especial de recursos para el estado de Campeche como lo fue en el ejercicio fiscal del año 2005, aprobado solidariamente por la mayoría de los partidos políticos que hicieron un reconocimiento a la entidad por la situación económica que padece y aun que es la entidad de la cual se extrae por más de 30 años petróleo en su sonda marítima y tiene los más grandes yacimientos que han hecho posible los años gloriosos de producción en nuestro país, enriqueciendo el presupuesto para toda la nación.
No tenemos hasta el día de hoy una ley, una formula y una política federal real, sin doble lenguaje que le haga justicia al estado que sigue siendo el primero en la extracción del crudo en el país y 40 por ciento del gas natural, recibiendo también los altos impactos demográficos, ambientales y sociales como la delincuencia, drogadicción, el alcoholismo y la prostitución que trae consigo la industria petrolera.
Nuestro Campeche ha visto el nacimiento del pozo más grande de petróleo en el mundo: Cantarell, en el año de 1979, que causó grandes esperanzas no sólo en su gobierno, sino en su población en general, donde esta última ha creído que la federación y Petróleos Mexicanos darán un trato justo.
Sin embargo, tristemente han pasado años de su explotación y también su mejor producción estando hoy en día en declive; aunque de pie la esperanza de los campechanos porque sabernos que los Estados de la republica representados en la Cámara de Diputados, históricamente han dado a Campeche un trato justo y equitativo por todo lo que el estado aporta a la nación y por ser afectado en su fuente de ingresos mayor, como lo fue gloriosamente la pesca que hoy sólo es un recuerdo y representa un problema social.
En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter de manera urgente a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República del Congreso de la Unión exhorta a la Cámara de Diputados para que en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación establezca una partida extra de recursos para el estado de Campeche, por la situación económica que padece el estado dada la caída del 18 por ciento de sus ingresos.
Senadora Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica)
De la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a establecer en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 un incremento en los recursos asignados a la Comisión Nacional de Vivienda y al Fondo Nacional de Habitaciones Populares, presentado por la senadora María del Socorro García, del Grupo Parlamentario del PRI
México, DF, a 26 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presente
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a comisiones de la Cámara de Diputados a establecer en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, un incremento en los recursos asignados a la Comisión Nacional de Vivienda y al Fondo Nacional de Habitaciones Populares con respecto a los del presente ejercicio fiscal 2010.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
La suscrita, María del Socorro García Quiroz, senadora de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo previsto por el artículo 276 del Reglamento para el Senado de la República, somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Desde la perspectiva del ámbito internacional, el derecho a la vivienda es concebido como un derecho básico del ser humano, al considerarse que una vivienda inadecuada e insegura amenaza, sin duda alguna, la calidad de vida de los individuos. De ahí que no resulte extraño que en nuestro país el derecho a la vivienda, consagrado en el artículo 4º constitucional, tenga como objetivo principal que los mexicanos podamos disfrutar de una vivienda digna, que nos ayude a la supervivencia segura, autónoma e independiente, que nos brinde la protección necesaria ante las eventualidades climáticas, de los desastres naturales y, en última instancia, que nos provea de los servicios mínimos para el buen desarrollo humano.
Así las cosas, conscientes de la capital importancia que tiene la vivienda digna para el desarrollo humano de cualquier nación, consideramos oportuno y conveniente exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora, a efecto de que establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, que los recursos públicos asignados a la Conavi y al Fideicomiso Fonhapo se ejerzan en las entidades federativas bajo un esquema que privilegie a aquellas que registren mayores niveles de densidad, así como de pobreza y marginación.
Actualmente, la propuesta del gobierno federal para el ejercicio fiscal 2011 prevé un presupuesto para la Secretaría de Desarrollo Social de 4,467 millones de pesos, bajo un esquema que promueve un ejercicio centralizado de funciones que constitucionalmente le corresponden a los estados y municipios; entre los que destaca urbanización y rescate de espacios públicos, modernización de registros públicos, regularización de la propiedad y prevención de riesgos.
Así las cosas, se requiere de una política de estado en materia de vivienda que realmente atienda las necesidades particulares de las distintas regiones del país, por lo que se propone que la Cámara de Diputados asigne directamente a los estados de la república, a través de la Conavi y del fideicomiso Fonhapo, los recursos públicos que impulsen decididamente la vivienda en nuestro país, tomando como referencia los indicadores de densidad demográfica, pobreza y marginación, garantizándose así un uso racional de los recursos mismos, pero sobretodo evitando el desvío de los mismos para otros fines absolutamente distintos para los que fueron asignados.
Asimismo, sería conducente incrementar los recursos de la Conavi que actualmente ejerce, de 5,173 millones de pesos a 7 mil millones; mientras que en el caso de Fonhapo, se agregarían 2 mil millones de pesos a la propuesta original de 2,040,067,992, para ser ejercidos con toda transparencia, directamente por los organismos estatales de vivienda, lo cual permitirá una importante corrección que dará elementos para atender a la población de menores ingresos que no tiene acceso a los servicios de previsión social.
El derecho a la vivienda digna presupone unas circunstancias que permitan a la persona acceder a una habitación que se encuentre acorde con su valor como ser humano y que le permita desarrollarse en un ambiente de comodidad y bienestar; pero aunado a ello se requiere una política de estado en esa materia, con un presupuesto perfectamente acabado, y unas directrices claras y eficientes para su ejecución.
De ahí que tengamos la firme convicción de que dicha política de estado debe de tratar igual a los estados iguales, pero también de manera desigual a los desiguales; razón por la cual resulta realmente importante impulsar una adecuación al Presupuesto de Egresos de la Federación, a efecto de fomentar la construcción de viviendas dignas, es decir, de las que cumplan y contengan los servicios esenciales para un buen desarrollo y satisfacción del individuo, en aquellas zonas del país que registren mayor atraso y desigualdad social, así como mayor crecimiento demográfico nacional.
En suma, asumimos que en nuestra condición de legisladores tenemos el poder de otorgar a todos los habitantes de nuestro país una vivienda decente, pero lo más importante avanzar en la universalización del derecho a la vivienda en todo México.
Por ello, señoras y señores legisladores, de nueva cuenta desde esta tribuna queremos refrendar nuestro compromiso por fortalecer los derechos de nuestro pueblo, lo cual requiere el compromiso firme y decidido de todos y cada uno de nosotros.
Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 276 del Reglamento para del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. El H. Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, a que establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, un incremento en los recursos asignados a la Comisión Nacional de Vivienda y al Fondo Nacional de Habitaciones Populares con respecto a los del presente ejercicio fiscal 2010, mismo que deberán invertirse en las entidades federativas tomando en consideración tanto la densidad demográfica como los niveles de pobreza y marginación de las mismas.
Salón de sesiones del Senado de la República, a 26 de octubre de 2010.
Senadores: María del Socorro García Quiroz, Rosalinda López Hernández, Norma Esparza Herrera, Renán Cleominio Zoreda Novelo, Javier Orozco Gómez (rúbricas).
De la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011 se destinen y etiqueten recursos para la ampliación de la carretera Zacatecas-Guadalajara vía Juchipila, presentado por los senadores Antonio Mejía Haro y Ramiro Hernández García, de los Grupos Parlamentarios del PRD y del PRI
México, DF, a 26 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presente
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Antonio Mejía Haro y Ramiro Hernández García, presentaron propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el marco de la revisión, análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, se destinen y etiqueten recursos para la ampliación de 7 a 12 metros de la carretera Zacatecas-Guadalajara vía Juchipila para un subtramo de 19 kilómetros. Asimismo, se destinen y etiqueten recursos para la continuación del lado de Jalisco de esta autopista Guadalajara-Zacatecas, conforme al proyecto ejecutivo existente.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Los suscritos senadores Antonio Mejía Haro y Ramiro Hernández García, integrantes de la LXI Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el ejercicio de sus facultades constitucionales y en el marco de la revisión, análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, se destinen y etiqueten recursos para la ampliación de 7 a 12 metros de la carretera Zacatecas-Guadalajara vía Juchipila para un subtramo de 19 kilómetros (del km 255+000 al km 274+000). Asimismo, se destinen y etiqueten recursos para la continuación del lado de Jalisco de esta autopista Guadalajara-Zacatecas conforme al proyecto ejecutivo existente, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La inversión en infraestructura carretera resulta necesaria para detonar el desarrollo económico del país, ya que es la columna vertebral del transporte de carga doméstica nacional, por lo que su construcción y mantenimiento es estratégico. El no invertir en este rubro conduce a la disminución de las inversiones nacionales y extranjeras, además de que provoca desigualdad entre regiones y estados del país.
Es por ello que resulta indispensable generar las condiciones para la atracción de capitales por medio de la construcción, modernización y rehabilitación de la infraestructura carretera, para elevar el nivel de competitividad de nuestras economías regionales. Es decir mientras más facilidades e infraestructura brinden los estados, más empresas invertirán, generando desarrollo y empleos que disminuyan el éxodo de mexicanos que se van en busca de oportunidades al país vecino del norte.
De acuerdo al Cuarto Informe de Gobierno, en el año 2008, la longitud de la red carretera nacional alcanzaba una extensión de 366 mil kilómetros, de los cuales el 36.3 por ciento correspondía a vías pavimentadas, 41.3 por ciento a vías revestidas y el resto a caminos de terracería y brechas mejoradas. Como referencia la red carretera en nuestro país en el 2007 fue de 3.4 kilómetros por cada un mil habitantes, cifra que es considerada baja al compararla con nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, quien tiene un promedio de 21.7 kilómetros de red carretera por cada un mil habitantes y donde la mayor parte de su carga doméstica se mueve vía ferrocarril, los datos anteriores reflejan la necesidad de contar con más y mejor infraestructura carretera.
Sin embargo, la ubicación de la red carretera sigue siendo centralizada, pues una elevada proporción de sus carreteras confluyen hacia el centro del país, región que a su vez concentra un gran porcentaje de las actividades económicas. No obstante, hay regiones cuyo mercado de producción y de consumo necesitan de una mayor conexión para poder impulsar sus economías y su desarrollo.
Asimismo, para lograr el desarrollo del campo es necesario contar con infraestructura carretera de calidad, ya que el evidente mal estado en las que se encuentran frena la creación de polos de desarrollo y aleja a regiones rurales del comercio tanto interno como externo, condenándolas a la subsistencia por las condiciones precarias en que se encuentran.
De acuerdo al Inegi, la longitud de la red carretera en Zacatecas en el 2008 fue de 11,841.2 kilómetros, lo que equivale a que tiene 46.25 por ciento de caminos rurales, 28.80 por ciento de carreteras alimentadoras estatales, 14.01 por ceinto troncal federal y 10.92 por ciento de brechas mejoradas.
También, habrá que reconocer que en los últimos años Zacatecas ha crecido de manera muy significativa en infraestructura carretera, esto debido al esfuerzo conjunto de los gobiernos federal y estatal y a la participación activa de los diputados y senadores de la República de la entidad y de estados circunvecinos. Es así que está por concluirse la autopista Zacatecas-San Luis Potosí (ya terminada en el tramo del estado de Zacatecas), se lleva un gran avance en la autopista Zacatecas-Saltillo, de igual manera en la autopista Zacatecas-Malpaso-Jerez, y se avanza en la modernización de la carretera Las Palmas, Fresnillo-Durango, entre otras.
Una de las regiones del estado de Zacatecas más olvidadas en la construcción y modernización de infraestructura carretera es la de los cañones de Juchipila y Tlaltenango, donde por cierto tiene un gran potencial productivo agropecuario y forestal, porque es donde se registran los más altos niveles de precipitaciones, tiene el mejor clima para la producción agrícola a cielo abierto o bajo ambiente controlado, cuenta con un gran número de presas y pequeñas presas, pero sobre todo su gente se destaca por ser trabajadora y emprendedora, lo cual se ve limitado por la carencia de infraestructura carretera moderna.
Bajo un enfoque de desarrollo regional existe un gran interés de los estados de Zacatecas, Jalisco y Coahuila de entroncar la autopista Zacatecas-Saltillo con la autopista a construirse de Zacatecas a Guadalajara vía Juchipila, lo cual acortaría distancias y disminuiría tiempos de traslado de Guadalajara y Zacatecas hacia Saltillo, Monterrey y la frontera con Estados Unidos y se entroncaría además a otros ejes carreteros importantes, lo que favorecería el comercio nacional y extranjero, y el desarrollo de estas regiones.
Hay que mencionar que el proyecto de la autopista Zacatecas-Guadalajara vía Juchipila ya comenzó tanto de la parte de Zacatecas como de la de Jalisco. A la fecha los avances son los siguientes: por parte de Jalisco se lleva construido del km 0+000 al km 13+100 que es el subtramo correspondiente del periférico norte de Guadalajara a la comunidad San Isidro por el mirador Doctor Atlas; mientras que por el lado de Zacatecas, actualmente se tiene modernizado del km 290 al 278+000 y se encuentra en proceso de construcción del km 274+000 al km 278+000, los cuales se concluirán al 31 de diciembre del presente año.
Además se cuenta con proyecto ejecutivo, registro ante SHCP, exención de impacto ambiental y derecho de vía de otros 19 km, para su ampliación de 7 a corona de 12 metros, subtramo correspondiente del km 255+000 al km 274+000, con un costo aproximado a los 200 millones de pesos.
Por lo que el objetivo de este punto de acuerdo es solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados se destinen 200 millones de pesos para la ampliación de 7 a corona de 12 metros para este subtramo de 19 kilómetros, correspondientes del km 255+000 al km 274+000, de la carretera Zacatecas-Guadalajara vía Juchipila.
De igual manera se destinen y etiqueten recursos económicos para la continuación del lado de Jalisco de esta autopista Guadalajara-Zacatecas conforme al proyecto ejecutivo existente.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de Unión, para que en el ejercicio de sus facultades constitucionales, y en el marco de la revisión, análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, se destinen y etiqueten recursos para la ampliación de 7 a 12 metros de la carretera Zacatecas-Guadalajara vía Juchipila para un subtramo de 19 kilómetros (del km 255+000 al km 274+000). Asimismo, se destinen y etiqueten recursos para la continuación del lado de Jalisco de esta autopista Guadalajara-Zacatecas conforme al proyecto ejecutivo existente.
Dado en la Cámara de Senadores a los 26 días del mes de octubre de 2010.
Senadores: Antonio Mejía Haro (rúbrica), Ramiro Hernández García.
De la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos suficientes para sustentar un programa de salud pública que ayude a disminuir la tendencia del incremento sostenido del cáncer de mama, presentado por la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI
México, DF, a 26 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presente
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a contemplar los recursos suficientes y etiquetados dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, que permitan sustentar un programa de salud pública que ayude a disminuir la tendencia del incremento sostenido del cáncer de mama a partir de una mayor cobertura de detección temprana.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
La suscrita, María Elena Orantes López, senadora por el estado de Chiapas e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Apenas el 19 de octubre pasado, celebramos el Día Mundial del Cáncer de Mama. Quizá para muchos esta celebración pasó inadvertida o, simple y sencillamente, nunca han mostrado sensibilidad sobre la problemática que enfrentan cientos de miles de mujeres en nuestro país.
Esto ocurre solamente, cuando se experimenta el padecimiento del cáncer de mama de manera personal o a través de un familiar.
De acuerdo a información proporcionada por el Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva, la tasa de mortalidad por cáncer de mama para finalizar este año será de 17.3 defunciones por cada 100 mil mujeres de 25 años y más edad, que es superior en 2.4 por ciento a la tasa de 16.9 en 2009, y resulta mayor en 3.6 por ciento respecto a la tasa del año 2008.
El incremento sostenido obedece a la asociación de esta neoplasia con el envejecimiento de las poblaciones. México no es la excepción, el envejecimiento de la población ya es una realidad y, cada vez con mayor insistencia, se tendrán que hacer esfuerzos mejor encaminados para la detección del cáncer mamario.
Los países desarrollados han podido revertir la tendencia mundial del incremento sostenido gracias a una buena cobertura para la detección. En México se espera que la detección temprana pueda darse en un 21.6 por ciento a final de esta administración. Esto nos habla de que solo una de cada cinco mujeres tendrá la posibilidad de ser detectada a través de los estudios que realiza el sector salud en el país.
Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para impactar la mortalidad por cáncer de mama se requieren coberturas mayores al 70 por ciento. Este programa en nuestro país es de reciente creación pero es necesario incrementar la infraestructura, los recursos humanos y la capacitación para enfrentar el problema creciente de esta enfermedad.
La protección de la salud es garantía constitucional y condición básica para que toda persona desarrolle sus capacidades.
Según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a nivel nacional a partir de 2006 el cáncer de mama ocupa el primer lugar de causa de muerte por cáncer en las mujeres.
Al año en nuestro país, la tasa de mortalidad por cáncer de mama está cercana a los 5 mil decesos de mujeres de entre los 25 años y más.
Si pensamos en el impacto que esto trae en el núcleo familiar y a nivel social, podremos ver que el costo de las defunciones por esta causa, va más allá de las simples estadísticas.
La probabilidad de desarrollar cáncer de mama a lo largo de la vida, es de una por cada ocho mujeres. Aun cuando es más común la enfermedad en mujeres mayores de 50 años, se puede presentar en mujeres de cualquier edad y de cualquier raza.
Debe destacarse que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 40 por ciento de todos los casos de cáncer son curables si se detectan a tiempo, y entre los de mayor factibilidad de ser diagnosticados de manera temprana, se encuentra el cáncer de mama.
Creemos que tanto el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, como aquellas dependencias de salud de las entidades federativas, deben brindar una mejor atención en la detección temprana del cáncer de mama a través de la promoción de la asistencia social, la prestación de servicios y la realización de las demás acciones que tengan como características: la calidad y calidez.
La detección temprana puede cambiar el destino de una mujer y su familia. Sin embargo, la detección debe ir acompañada de una serie de acciones por parte de las autoridades de salud para encaminar a la mujer en el proceso de curación.
La diferencia entre detectar un cáncer de mama en etapa temprana y otra en etapa tardía puede ser la diferencia entre la vida o la muerte. La mejor forma de atacar los efectos mortales de esta neoplasia es concientizando a la población sobre los factores de riesgo y proporcionarle al mismo tiempo, servicios de salud preventivos y de diagnostico oportuno, al tiempo de dar un seguimiento puntal de las pacientes detectadas con cáncer mamario.
Hasta el mes de agosto se contaban en el país con 578 mastógrafos para la detección y diagnóstico. Sin embargo, debemos reconocer que a pesar de los grandes esfuerzos que el Sistema Nacional de Salud realiza en esta materia, la insuficiencia de recursos humanos en radiología e imagenología han provocado que la interpretación de los estudios no se realice en tiempo y forma en beneficio de las pacientes.
Cuando esto ocurre, la paciente pierde la gran oportunidad de tener un diagnóstico temprano que le permita contar con las condiciones físicas y de salud necesarias para revertir el problema.
La salud debe ser considerada un tema de prioridad nacional y un elemento fundamental para lograr equidad, reducir la pobreza e incrementar la calidad de vida los ciudadanos. Esta visión puede por sí misma, brindarnos otras oportunidades como nación.
Es un buen momento para trabajar en las estrategias y mecanismos viables que nos permitan la configuración de un plan extensivo que incluya un paquete básico de servicios de salud para la prevención de enfermedades, con la oportunidad que tenemos de hacerlo antes de que nos alcance el fenómeno del envejecimiento de la población. El cáncer de mama es un ejemplo en el que debemos ocuparnos.
Requerimos acelerar el desarrollo de infraestructura en hospitales, clínicas, casas de salud, unidades móviles, capacitación actualizada para médicos, enfermeras y promotores de salud, entre otros, a fin de lograr programas efectivos para la orientación, prevención, detección temprana y atención integral en la rehabilitación de las enfermedades.
Es una realidad que se requieren mayores recursos financieros para lograr verdaderos cambios estructurales y eficientes programas operativos en materia de salud. De ahí el interés de promover los proyectos de las Unidades Médicas Especializadas en Mama (Unemes).
Es por todo ello, que es necesario redoblar esfuerzos y dotar de equipamiento y personal capacitado a los centros oncológicos del país para la realización e interpretación de mastografías, con el propósito de apoyar los trabajos que el gobierno federal y los de las entidades federativas realizan en esta materia.
Es importante reconocer las carencias para saber hacia donde encaminar los esfuerzos en materia de salud pública, así como dotar de recursos a los diferentes programas para atender el cáncer de mama con el objetivo de encontrar un mejor desempeño y mayor eficacia de los mismos.
No podemos seguir malgastando los recursos del Seguro Popular y permitir que sigan siendo las entidades federativas las que con criterios parciales y poco estandarizados, subroguen los servicios de mastografía e interpretación a particulares, elevando el costo por estudio y brindando, en muchos de los casos, una atención que solo responde a intereses económicos y que nada tienen que ver con los servicios de calidad y calidez que deberían caracterizar este tipo de servicios, pero sobre todo, responder a una obligación del Estado mexicano.
Como vemos, es necesario darle un mejor uso a esos recursos para permitir la construcción de un mayor número de Unemes en la República mexicana, con el equipamiento y contratación de personal capacitado para su correcto funcionamiento.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Senadores exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, y a la honorable Cámara de Diputados, por medio de las Comisiones de Salud, de Equidad y Género y de Presupuesto y Cuenta Pública, para que se contemplen los recursos suficientes y etiquetados dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de año 2011, que permitan sustentar un programa de salud pública que ayude a disminuir la tendencia del incremento sostenido del cáncer de mama a partir de una mayor cobertura de detección temprana, al tiempo de sentar las bases en infraestructura, recursos humanos y capacitación, con la construcción y operación de un mayor número de Unidades Médicas Especializadas en Mama (Unemes).
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 26 días de octubre de 2010.
Senadora María Elena Orantes López (rúbrica)
De la Cámara de Senadores, con el que remite solicitud de Francisco Agundis Arias, del PVEM, para que se dictamine la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 25 y los artículos 47 Bis, 47 Ter y 47 Quáter de la Ley de Coordinación Fiscal
México, DF, a 21 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se recibió del senador Francisco Agundis Arias, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, solicitud de excitativa para que se dictamine el proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, presentado el 15 de octubre de 2009.
La Presidencia dispuso que dicha solicitud, la cual se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión
Presente
El suscrito, Francisco Agundis Arias, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 214, numeral III, 216 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva que se sirva enviar excitativa a la honorable Cámara de Diputados, a fin de que se proceda a dictaminar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:
Antecedentes
1. Con fecha 15 de octubre de 2009, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó ante el pleno de la LXI Legislatura del Senado de la República una iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona una fracción IX al artículo 25 y se adicionan los artículos 47 Bis, 47 Ter y 47 Quáter a la Ley de Coordinación Fiscal.
2. La iniciativa en cuestión tiene como finalidad la creación de un fondo de aportaciones para el medio ambiente, cuyo objetivo fundamental es la distribución de recursos para la atención del cambio climático. En la iniciativa se propone que el fondo se constituya con cargo a recursos federales, determinados en forma anual en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y que sea la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la que cada ejercicio fiscal formule una propuesta a la Secretaría de Hacienda para la integración de recursos a este fondo.
3. Los recursos de este fondo se propone que se destinen para conducir políticas nacionales sobre cambio climático y sobre protección a la capa de ozono; diseñar e implementar un programa de modelación de clima y el sistema de información climática; realizar la valoración económica de los costos asociados al cambio climático y enfrentarlos; normalizar el ahorro y eficiencia de energía en instalaciones estatales y municipales; generar capacidades para contabilizar las emisiones de gases con efecto invernadero; implementar proyectos de reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero en los Estados Unidos Mexicanos, en términos del Protocolo de Kyoto, así como de otros instrumentos tendentes al mismo objetivo; e impulsar el desarrollo de proyectos de investigación de interés nacional en relación con el cambio climático y difundir sus resultados.
4. La iniciativa propone que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregue a las entidades el fondo de aportaciones para el medio ambiente de los estados y del Distrito Federal con base en los criterios que la Semarnat determine, utilizando para la distribución de los recursos criterios que incorporen el número de habitantes de los estados y del Distrito Federal; el índice de contaminación atmosférica de cada entidad y los desastres naturales asociados al cambio climático.
Finalmente, propone que los estados y el Distrito Federal deberán reportar trimestralmente a la Semarnat el ejercicio de los recursos del fondo y el avance en el cumplimiento de las metas, así como las modificaciones realizadas a los convenios de colaboración y sus anexos técnicos en la materia.
6. La iniciativa antes señalada fue turnada a la honorable Cámara de Diputados sin que a la fecha haya sido dictaminada.
Consideraciones
1. Como sabemos, durante los últimos años nuestro país ha sido víctima de graves desastres naturales provocados por el cambio climático. Recientemente, hemos podido constatar las grandes pérdidas humanas, materiales y ecológicas que provocaron las fuertes inundaciones del estado de Veracruz.
Al respecto el secretario de Hacienda, licenciado Ernesto Cordero, ha señalado la necesidad de “diseñar una política pública para sacar recursos para atender las consecuencias de desastres naturales, que más frecuentes van a ser en el país”.
De manera que la propia autoridad ha considerado la conformación de un fondo específico para la atención del cambio climático.
2. Desafortunadamente, el país se enfrenta a una situación de escasez de recursos, pero igual de desafortunado y crítico es el hecho de que el cuidado del medio ambiente no puede esperar más.
El cambio climático que hoy experimenta el mundo no es un asunto coyuntural, es una situación grave y las repercusiones que sufre nuestro país debido a ello son severas.
Si no se da atención a este problema las pérdidas humanas, ecológicas y económicas por los desastres naturales que se desprenden de este hecho seguirán en aumento, provocando que seamos un país no sólo con escasos recursos naturales, sino un país aún más empobrecido.
3. El cambio climático es un problema que no ha pasado inadvertido en el país, el 31 de mayo de 2005 se constituyó, por decreto presidencial, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático como un órgano federal responsable de formular políticas públicas y estrategias transversales de prevención y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, la adaptación a los efectos del cambio climático y, en general, es la encargada de promover el desarrollo de programas y estrategias de acción climática relativos al cumplimiento de los compromisos suscritos por México en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y los demás instrumentos derivados de ella, particularmente el Protocolo de Kioto.
Pese a ello, los recursos y estrategias específicas para dar atención al cambio climático siguen sin presentarse.
Adicionalmente, México ha propuesto la creación de un fondo mundial contra el cambio climático: “el Fondo Verde”. Este fondo busca convertirse en un mecanismo financiero que movilice y concentre los distintos esfuerzos de inversión para la atención del cambio climático.
Su objetivo es ampliar la escala global de mitigación de gases de efecto invernadero al estimular la participación de países tanto desarrollados como en desarrollo.
Si bien la presencia y preocupación por el cambio climático de México a nivel mundial ha sido importante, no deja de ser lamentable que las políticas al interior del país sean escasas y sin una concatenación a las tendencias internacionales. Es decir, nuestro gobierno no hace extensiva su propuesta internacional a los mexicanos, pues no existe ningún Fondo Verde que permita una derrama de recursos para el cambio climático entre los estados y municipios de la nación.
4. Por todo esto, consideramos urgente que bajo el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, la Cámara de Diputados considere la dictaminación de esta iniciativa con la finalidad de que se conforme por ley un fondo de aportaciones para el medio ambiente, y año con año existan recursos suficientes para mitigar los efectos del cambio climático y la degradación ecológica.
Señor presidente; por lo expuesto, el que suscribe, solicita de la manera más atenta de trámite a la siguiente:
Excitativa
Único. El Senado de la República excita a la honorable Cámara de Diputados, a presentar dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona una fracción IX al artículo 25 y se adicionan los artículos 47 Bis, 47 Ter y 47 Quáter a la Ley de Coordinación Fiscal.
Atentamente
Senador Francisco Agundis Arias (rúbrica)
De la Cámara de Senadores, con el que remite solicitud de los senadores Javier Castellón Fonseca y Eloy Cantú Segovia, de los Grupos Parlamentarios del PRD y del PRI, para que se dictamine la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 219 de la Ley del Impuesto sobre la Renta
México, DF, a 26 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió de los senadores Francisco Javier Castellón Fonseca y Eloy Cantú Segovia, solicitud de excitativa para que se dictamine el proyecto de decreto que adiciona el artículo 219 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentado el 28 de abril de 2010.
La Presidencia dispuso que dicha solicitud, misma que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores
Presente
Francisco Javier Castellón Fonseca y Eloy Cantú Segovia, Senadores de la República a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, solicitamos que en uso de la facultad que le confieren tanto el inciso g) del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, como los artículos 214 y 216 del Reglamento del Senado de la República, solicite excitativa, en nombre de esta Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, para que se presente el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 219 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada a esta soberanía el 28 de abril de 2010, por los senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, que fue turnada desde aquella fecha a la Cámara de Diputados, bajo las siguientes
Consideraciones
Durante la sesión del 28 de abril de 2010 el senador Eloy Cantú Segovia, presentó en nombre de un grupo de senadores de diversos grupos parlamentarios, en uso de nuestra facultad constitucional, una iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona el artículo 219 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Según consta en el diario de los debates de la Cámara de Diputados, durante la sesión del 29 de abril de 2010, la mesa directiva de los diputados, dio cuenta del oficio mediante el cual esta Cámara de Senadores le remitió la iniciativa en comento, dictando turno a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Sin embargo, desde aquel momento la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados no se había reunido con sus pares, para desahogar la carga de trabajo a la que se ven sometidos los diputados en los meses en que se aprueba el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos de la Federación, pero es precisamente durante ese lapso en que es conveniente analizar las propuestas que se hacen en una y otra Cámara para ejercer cabalmente la función presupuestaria del Poder Legislativo de la Unión.
Ya van a ser más de medio año desde que se presentó y turnó la iniciativa, desde entonces la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados ha sesionado en una ocasión y evidentemente se ha excedido varias veces los plazos legales previstos en los reglamentos. Si bien el nuevo Reglamento del Senado de la República, establece un plazo no mayor a treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la recepción del turno el citado reglamento regula los procedimientos legislativos del Senado de la República. Sin embargo, se establecen también plazos en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que establece al respecto:
Artículo 21. Son obligaciones del presidente:
...
XVI. Excitar a cualquiera de las Comisiones, a nombre de la Cámara, a que presenten dictamen si han transcurrido cinco días después de aquel en que se les turne un asunto y si no fuere suficiente, la emplazará para día determinado, y si ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que se pase a otra comisión; y
...
Artículo 87. Toda comisión deberá presentar dictamen en los negocios de su competencia, dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que los haya recibido. Todo dictamen deberá contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación.
Ha transcurrido casi medio año de la presentación de la iniciativa, y sigue sin existir viabilidad en el país, es decir, se sigue sin fomentar la competitividad. La propuesta de iniciativa pretende atizar la realización de inversiones en materia de investigación y desarrollo tecnológico que promueva la innovación en nuestros procesos productivos en general.
Hoy en día, nuestro país ha recurrido a la importación de tecnología sobre el desarrollo de la capacidad de innovación doméstica, siendo el segundo país con menor proporción de gasto del PIS en cuestiones de investigación y desarrollo tecnológico entre los países miembros de la OCDE.
Si bien existen estímulos directos para fomentar estas actividades, el año pasado se derogó el artículo 219 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en el que se establecían estímulos fiscales a las actividades relacionadas con la investigación y desarrollo tecnológico, es decir, estímulos indirectos que son los que fomentan la realización voluntaria de estas actividades por parte de los propios contribuyentes.
Cabe destacar que 23 de 30 países miembros de la OCDE cuentan con un programa de estímulos fiscales. Este organismo recomienda los esquemas que incluyen estímulos mixtos, es decir, tanto el subsidio directo a las actividades como los estímulos fiscales que son indirectos, ya que fomentan el interés del sector privado en la innovación y generación de nuevos procesos y productos, lo cual resulta en la creación de nuevos y mejores empleos.
Asimismo, la Ley de Ciencia y Tecnología en el artículo 12, fracción VII, establece los principios que regirán el apoyo que el gobierno federal está obligado a otorgar para fomentar, desarrollar y fortalecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, entre éstos, promover mediante la creación de incentivos fiscales y de otros mecanismos de fomento que el sector privado realice inversiones crecientes para la innovación y el desarrollo tecnológicos.
Por lo anterior, la iniciativa propone restablecer el estímulo fiscal a los contribuyentes de hasta el 30 por ciento de la inversión y gastos realizados en proyectos de desarrollo tecnológico para nuevos productos, materiales, procesos y servicios, aplicable al impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal que corresponda dicha inversión y gastos.
Al restablecer este estímulo fiscal se fomentará la innovación y el desarrollo de productos, materiales y procesos de producción que favorecerán la competitividad de nuestro país.
Por las anteriores consideraciones, y con fundamento tanto en el inciso g), numeral 1, del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, como los artículos 214 y 216 del Reglamento del Senado de la República, solicitamos al presidente de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Senadores, tenga a bien solicitar la excitativa a la Cámara de Diputados, a fin de que se presente dictamen en términos de ley.
Recinto Legislativo de Xicoténcatl, a 26 de octubre de 2010.
Senadores: Francisco Javier Castellón Fonseca, Eloy Cantú Segovia (rúbricas).
Con proyecto de decreto, que autoriza la emisión de una moneda conmemorativa de los cien años de la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México
México, DF, a 21 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se autoriza la emisión de una moneda conmemorativa de los cien años de la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Decreto por el que se autoriza la emisión de una moneda conmemorativa a los cien años de la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México
Único. Se establecen las características de una moneda conmemorativa a los cien años de la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:
Moneda con contenido de una onza troy de plata pura por pieza.
a) Valor nominal: Diez pesos.
b) Forma: Circular.
c) Diámetro: 40.0 mm (cuarenta milímetros).
d) Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) de plata.
e) Peso: 31.103 g. (treinta y un gramos ciento tres miligramos) equivalente a 1 (una) onza troy de plata pura.
f) Contenido: 1 (una) onza troy de plata pura.
g) Tolerancia en Ley: 0.001 (un milésimo) en más o en menos.
h) Tolerancia en peso: Por unidad, 0.175 g. (ciento setenta y cinco miligramos); por conjunto de mil piezas, 1g. (Un gramo), ambas en más o en menos.
i) Canto: Estriado continuo.
j) Cuños:
Anverso: El Escudo Nacional en relieve escultórico, en semicírculo superior la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”. El marco liso.
Reverso: El motivo de esta moneda será el que, de conformidad con el artículo segundo transitorio del presente decreto, apruebe el Banco de México a propuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dicho motivo deberá referirse, invariablemente, a su contribución al desarrollo educativo, científico o académico de la sociedad mexicana a cien años de su fundación.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Universidad Nacional Autónoma de México enviará al Banco de México el diseño del motivo que se contendrá en el reverso de la moneda a que se refiere el artículo único del presente decreto, a más tardar dentro de los 30 días naturales posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
En caso de que la Universidad Nacional Autónoma de México no presente una propuesta del motivo indicado en este artículo, dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, corresponderá al Banco de México realizar el diseño de que se trate, a fin de que se contenga en el reverso de la moneda.
La moneda a que se refiere el artículo único de este decreto podrá comenzar a acuñarse a los 90 días naturales posteriores a la fecha límite de entrega del diseño señalado en el párrafo primero del presente artículo.
Tercero. Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran para que el motivo que proponga la Universidad Nacional Autónoma de México en los términos del artículo único, así como del segundo transitorio de este decreto, pueda ser utilizado en el reverso de la moneda conmemorativa a que se refieren los citados artículos. En todo caso, los ajustes técnicos que se realicen en los términos de este artículo deberán ser acordes con las características esenciales del motivo propuesto.
Cuarto. Corresponderá al Banco de México cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual derivado del diseño de acuñación de la moneda.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 21 de octubre de 2010.
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Senador Renán Cleomino Zoreda Novelo (rúbrica)
Secretario
Con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos, para los efectos de lo dispuesto por la fracción E del artículo 72 constitucional
México, DF, a 26 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos de lo dispuesto en la fracción E) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Proyecto de decreto
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos.
Artículo Único. Se reforma el encabezado del artículo 258 Ter, y se adicionan los artículos 254 Quáter, 257 Bis, con una fracción IV; 258 Bis, con una fracción III; 258 Ter, con las fracciones VI y VII; 258 Quáter y 258 Quintus, relativos al capítulo XII, “Hidrocarburos”, de la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue:
Artículo 254 Quáter. Pemex Exploración y Producción estará obligado al pago anual del derecho para regular y supervisar la exploración y explotación de hidrocarburos, aplicando la tasa del 0.03 por ciento al valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año. El valor de estos productos se calculará de acuerdo con lo establecido en el artículo 258 de esta ley.
A cuenta de este derecho, se harán pagos mensuales provisionales dentro de los siete días hábiles después de terminado el mes de calendario correspondiente.
Se deberá presentar una declaración anual por este derecho, a más tardar, el último día hábil del mes de marzo del siguiente año del ejercicio de que se trate, en la que se podrán acreditar los pagos provisionales efectivamente pagados del ejercicio que corresponda.
Los ingresos que se generen por concepto del derecho a que se refiere este artículo se destinarán a cubrir el presupuesto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Si al finalizar el ejercicio presupuestal, existiera saldo proveniente de dichos ingresos, el órgano de gobierno de la comisión instruirá su transferencia a una reserva especial, la que será destinada a la cobertura de gastos correspondientes a posteriores ejercicios.
Con la aplicación de estos derechos quedarán cubiertos los pagos por los servicios de supervisión y regulación a que se refiere el artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
El último día hábil del mes marzo de cada año la Comisión Nacional de Hidrocarburos entregará a las Cámaras del Congreso de la Unión un reporte anual del cumplimiento de las actividades y metas programadas.
Artículo 257 Bis. ...
IV. Los campos marginales a que se refiere el artículo 258 Bis de esta Ley, únicamente respecto de la producción incremental anual que se obtenga una vez alcanzada la producción base anual. A la producción base anual se aplicarán los derechos previstos en los artículos 254 a 257 de esta ley.
...
Artículo 258 Bis. ...
III. Campos marginales, aquellos campos de extracción de petróleo crudo o gas natural que formen parte del inventario autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acorde con lo establecido en el artículo 258 Quáter de esta Ley.
Artículo 258 Ter. Para los efectos de los artículos 257 Bis, 257 Ter, 257 Quáter, 257 Quintus, 257 Séptimus, 257 Octavus y 258 Quáter de esta ley, se considerará
...
VI. Como producción base anual de un campo marginal, la que se obtenga conforme a la siguiente fórmula:
Donde:
pba t ; es la producción base anual del campo marginal.
pce t : es el volumen de petróleo crudo equivalente extraído durante los 12 meses inmediatos anteriores al mes en que se presente la propuesta de incorporación a que se refiere al artículo 258 Quáter de esta ley, incluyendo el consumo de dicho producto efectuado por Pemex Exploración y Producción.
reservas 1P: es el monto de reservas probadas (1P) que Pemex Exploración y Producción haya registrado en el ejercicio fiscal inmediato anterior a la incorporación del campo al inventario de campos marginales, en su certificación de reservas ante los mercados reconocidos a que se refiere el artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación en los que participe.
Perfil 1P t : es el perfil de extracción de petróleo crudo equivalente correspondiente a las reservas probadas (1P) que Pemex Exploración y Producción haya registrado en el ejercicio fiscal inmediato anterior a la incorporación del campo al inventario de campos marginales, en su certificación de reservas ante los mercados reconocidos a que se refiere el artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación, en los que participe.
t : es el ejercicio fiscal que corresponda de manera que cuando t=1, se refiere al ejercicio fiscal en que se incorpora el campo al inventario de campos marginales.
VII. Como producción incremental anual de un campo marginal, la que se obtenga de la siguiente fórmula:
Donde:
pia t : es la producción incremental del campo marginal en el periodo que corresponda.
pba t : es la producción base anual del campo marginal.
prod t : es el volumen efectivamente obtenido de petróleo crudo equivalente del campo marginal, incluyendo el consumo que de este producto efectúe Pemex Exploración y Producción en el ejercicio fiscal que corresponda.
t : es el ejercicio fiscal que corresponda, de manera que cuando t= 1, se refiere al ejercicio fiscal en que se incorpora al campo al inventario de campos marginales.
Artículo 258 Quáter. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizará el inventario de campos marginales.
A más tardar el 31 de agosto de cada año, en su caso, Pemex Exploración y Producción presentará a consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa opinión favorable de la Secretaría de Energía, una propuesta de modificación al inventario de campos marginales que aplicará para el siguiente ejercicio fiscal.
Pemex Exploración y Producción, previa opinión favorable de la Secretaría de Energía, deberá anexar a la propuesta a que se refiere el párrafo anterior, un estudio que contenga para cada campo que proponga incorporar al inventario correspondiente, lo siguiente:
I. En caso de que el campo no esté activo, una estimación de los costos de exploración, desarrollo y producción, así como de los montos de las reservas probadas (lP) y probadas y probables (2P) de petróleo crudo o gas natural;
II. En caso de que el campo propuesto esté activo, una relación de los costos de producción y desarrollo, así como de los montos de las reservas probadas (lP) y probadas y probables (2P) de petróleo crudo o gas natural;
III. Una estimación de la rentabilidad esperada de la explotación del campo, en el que se incluya, al menos, un análisis que demuestre que la explotación del campo de que se trate:
a) Sea económicamente rentable, antes de aplicar lo dispuesto en los artículos 254 a 257 de esta ley;
b) No sea rentable para Pemex Exploración y Producción una vez aplicado lo dispuesto en los artículos 254 a 257de esta Ley; y
e) Sea rentable para Pemex Exploración y Producción en caso de que se aplique el régimen previsto en esta ley para los campos incluidos en el inventario de campos marginales.
IV. El perfil de producción de hidrocarburos que corresponda a las reservas probadas (lP), de acuerdo con el proceso de certificación de reservas de Pemex Exploración y Producción ante los mercados reconocidos a que se refiere al artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación, en los que participe.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, habiendo analizado qué campos se deben incluir, mantener o eliminar, a más tardar el 30 de noviembre de cada año autorizará, en su caso, las modificaciones al inventario de campos marginales que aplicará para el siguiente ejercicio fiscal.
Pemex Exploración y Producción deberá notificar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el cierre o abandono de un campo incluido en el inventario de campos marginales a más tardar a los 15 días naturales posteriores al cierre o abandono, a efecto de que la citada secretaría elimine el campo de que se trate del inventario de campos marginales autorizado para el ejercicio en curso.
Para emitir las opiniones a que se refiere este artículo la Secretaría de Energía solicitará la opinión técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá expedir los criterios generales y lineamientos a los que deberá sujetarse Pemex Exploración y Producción para elaborar los estudios y la propuesta de modificación al inventario de campos marginales a que se refiere este artículo.
Artículo 258 Quintus. Para los efectos de este capítulo, Pemex Exploración y Producción deberá contar con sistemas de medición de volúmenes extraídos de petróleo crudo y gas natural, instalados en cada pozo, campo y punto de transferencia de custodia. La Secretaría de Energía a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos emitirá los lineamientos para la medición de los citados volúmenes.
Artículos Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2011, salvo la reforma a los artículos 254 Quáter y 258 Quintus de la Ley Federal de Derechos que entrarán en vigor el 1 de enero de 2012.
Segundo. Para los efectos del artículo 258 Quater de la Ley Federal de Derechos, el inventario de campos marginales para 2011 se integrará con lo siguiente:
I. Los campos abandonados y en proceso de abandono incluidos en el inventario a que se refiere el artículo séptimo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos en materia de hidrocarburos y se derogan y reforman diversas disposiciones del decreto que reforma diversas disposiciones del título segundo, capítulo XII, de la Ley Federal de Derechos, publicado el 21 de diciembre de 2005, dado a conocer en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007; y
II. Los siguientes campos:
a) Área de Magallanes Cinco Presidentes:
1. Blasillo;
2. Cinco Presidentes;
3. La Venta;
4. Magallanes;
5. Ogarrio;
6. Otates;
7. Rodador;
8. San Alfonso; y
9. San Ramón.
b) Área de Arenque:
1. Arenque;
2. Atún;
3. Bagre;
4. Carpa;
5. Escualo;
6. Isla de Lobos;
7. Jurel;
8. Lobina;
9. Marsopa;
10. Mejillón;
11. Morsa;
12. Náyade; y
13. Tiburón.
c) Área de Altamira:
1. Altamira;
2. Barcodón;
3. Cacalilao;
4. Corcovado;
5. Ébano;
6. Limón;
7. Pánuco;
8. Salinas;
9. Tamaulipas Constituciones; y
10. Topila.
A más tardar el 28 de febrero de 2011, Pemex Exploración y Producción, previa opinión de la Secretaría de Energía, deberá entregar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información que delimite la ubicación de los campos a que se refiere este artículo. Para emitir la referida opinión la Secretaría de Energía solicitará la opinión técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Tercero. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 258 Quintus de la Ley Federal de Derechos, la Secretaría de Energía a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos deberá emitir los lineamientos para la medición de volúmenes extraídos de petróleo crudo y gas natural a más tardar el 30 de junio de 2011.
Cuarto. Se deroga el artículo séptimo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos en materia de hidrocarburos, y se derogan y reforman diversas disposiciones del decreto que reforma diversas disposiciones del título segundo, capítulo XII, de la Ley Federal de Derechos, publicado el 21 de diciembre de 2005, dado a conocer en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007.
Quinto. El primer reporte anual de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para cumplir con lo establecido en el artículo 254 Quáter de la Ley Federal de Derechos, se entregará en marzo de 2012.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 26 de octubre de 2010.
Senadores Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente; Renán Cleominio Zoreda Novelo, secretario (rúbricas).
Con proyecto de decreto, que expide la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo
México, DF, a 26 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto que expide la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Proyecto de Decreto
Que expide la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Único. Se expide la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Título Primero
Disposiciones Generales
Artículo 1. La presente ley es de orden público y observancia general en todo el territorio nacional, y se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales.
Esta ley tiene por objeto dotar al Poder Ejecutivo federal de los instrumentos necesarios para la programación, promoción, concertación, fomento, coordinación, ejecución, cuantificación, evaluación y fiscalización de acciones y programas de cooperación internacional para el desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y los gobiernos de otros países, así como con organismos internacionales, para la transferencia, recepción e intercambio de recursos, bienes, conocimientos y experiencias educativas, culturales, técnicas, científicas, económicas y financieras.
Las acciones de cooperación internacional para el desarrollo que lleve a cabo el Estado mexicano, tanto en su carácter de donante como de receptor, deberán tener como propósito esencial promover el desarrollo humano sustentable, mediante acciones que contribuyan a la erradicación de la pobreza, el desempleo, la desigualdad y la exclusión social; el aumento permanente de los niveles educativo, técnico, científico y cultural; la disminución de las asimetrías entre los países desarrollados y países en vías de desarrollo; la búsqueda de la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, así como el fortalecimiento de la seguridad pública, con base en los principios de solidaridad internacional, defensa y promoción de los derechos humanos, fortalecimiento del estado de derecho, equidad de género, promoción del desarrollo sustentable, transparencia y rendición de cuentas y los criterios de apropiación, alineación, armonización, gestión orientada a resultados y mutua responsabilidad.
Artículo 2. Las disposiciones de esta ley establecen los lineamientos jurídicos para
I. El cumplimiento de los objetivos consignados en el Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
II. La administración, cuantificación y fiscalización de los recursos públicos humanos, materiales y presupuestales asignados en forma directa o transferidos a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores para el exclusivo cumplimiento de las tareas de coordinación, seguimiento y evaluación del Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en los ámbitos nacional, binacional, regional y multilateral, en sus diferentes vertientes.
III. La administración, cuantificación y fiscalización de los recursos que la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo reciba de otras fuentes, nacionales e internacionales, mediante procedimientos que garanticen plena transparencia.
IV. El cabal cumplimiento de los acuerdos y convenios internacionales vigentes y futuros en materia de cooperación internacional suscritos por el Estado mexicano
Artículo 3. Son sujetos de la presente ley las dependencias y entidades de la administración pública federal.
Artículo 4. Para los efectos de esta ley se entenderá por
I. Amexcid: La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
II. Cooperación horizontal: La cooperación para el desarrollo económico y social en la que los recursos del oferente son complementados con recursos de contraparte aportados por el receptor.
III. Cooperación internacional: La cooperación internacional para el desarrollo definida en los términos y para los efectos del artículo 1 de la presente ley.
IV. Cooperación triangular: Modalidad de cooperación en asociación con una fuente tradicional bilateral o multilateral, para concurrir, conjuntamente, en acciones en favor de una tercera nación demandante, de menor o similar desarrollo relativo.
V. Cooperación vertical: La cooperación que se otorga a países en vías de desarrollo sin aporte de recursos de contraparte.
VI. Cooperante: La persona moral mexicana del sector público que reúna las capacidades técnicas e institucionales para participar en la ejecución de las actividades de oferta o de demanda de cooperación internacional.
VII. Consejo Consultivo: El Consejo Consultivo de la Amexcid.
VIII. Consejos técnicos: Los consejos técnicos para la atención de temas específicos de la cooperación internacional que pueden ser propuestos por el Consejo Consultivo.
IX. Demanda de cooperación: Las acciones de cooperación internacional que México requiera para fortalecer sus capacidades educativas, científicas, técnicas y tecnológicas para su proceso de desarrollo.
X. Director ejecutivo: El director ejecutivo de la Amexcid.
XI. Oferta de cooperación: Las acciones de cooperación internacional que las instituciones mexicanas pueden realizar en apoyo de terceros países, en las modalidades de cooperación vertical, horizontal y triangular.
XII. Programa: Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
XIII. Registro nacional: Registro nacional de instituciones y expertos participantes y de acciones de cooperación internacional.
XIV. Secretaría: La Secretaría de Relaciones Exteriores.
XV. Tratados internacionales: Los instrumentos de derecho internacional público a que se refiere la fracción I del artículo 2 de la Ley sobre la Celebración de Tratados.
Artículo 5. La autoridad competente para la aplicación e interpretación de la presente ley será la secretaría.
Título Segundo
De los Instrumentos para la Cooperación Internacional para el Desarrollo
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 6. Son instrumentos para la cooperación internacional los siguientes:
a) La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo; y
b) El Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Capítulo II
De la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Artículo 7. Se crea la Amexcid como un órgano desconcentrado de la secretaría, en los términos de su reglamento interior, con atribuciones específicas para resolver sobre las materias que se señalan en la presente ley y las demás disposiciones relativas.
Artículo 8. La Amexcid contará con autonomía técnica y de gestión, en los términos de esta ley y de lo dispuesto en el Reglamento Interior de la secretaría, y dispondrá de los recursos materiales y humanos aprobados en términos de las disposiciones aplicables, así como de los recursos financieros conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente.
Artículo 9. La Amexcid tendrá la estructura administrativa y operativa que prevea el Reglamento Interior de la secretaría.
Artículo 10. La Amexcid tendrá las siguientes atribuciones:
I. Concertar, coordinar y estimular las acciones de cooperación internacional con las dependencias y entidades de la administración pública federal;
II. Coadyuvar con la secretaría en la elaboración del Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Planeación, el cual deberá ser presentado al Consejo Consultivo para sus observaciones y recomendaciones;
III. Asesorar a la secretaría, en el ámbito de su competencia, sobre los tratados internacionales y convenios interinstitucionales que suscriba en materia de cooperación internacional;
IV. Apoyar, supervisar, evaluar y dar seguimiento, en el ámbito de su competencia y en coordinación con las instituciones cooperantes que correspondan, a la ejecución de las políticas y acciones de cooperación internacional de conformidad con los lineamientos del programa;
V. Establecer, bajo criterios objetivos y transparentes, la calificación de cooperante y precisar los alcances de su misión, en los acuerdos internacionales que se suscriban en la materia, tanto para los nacionales mexicanos que participen en acciones de cooperación internacional en terceros países como de extranjeros que lo hagan en México, sin perjuicio de lo establecido en los tratados internacionales;
VI. Celebrar, con la participación de las instancias competentes de la secretaría, convenios con los gobiernos de las entidades federativas, de municipios, universidades e instituciones de educación superior e investigación, pertenecientes al sector público, para la realización de acciones de cooperación internacional;
VII. Celebrar, con la participación de las instancias competentes de la secretaría, convenios de colaboración con agencias de cooperación internacional de otras naciones para realizar acciones conjuntas en terceros países con menor desarrollo relativo, con arreglo al artículo 8 de esta ley;
VIII. Administrar, como parte de sus funciones, el registro nacional y el Sistema Nacional de Información de la Cooperación Internacional para el Desarrollo;
IX. Promover, con la participación de las instancias competentes de la secretaría, la constitución de un fondo para el financiamiento de las acciones de cooperación internacional y de los programas específicos consignados en acuerdos y convenios, conforme a lo dispuesto en el capítulo I del título cuarto de esta ley;
X. Ejercer las funciones generales asignadas en el Reglamento Interior de la secretaría y en acuerdos reglamentarios que de él deriven; y
XI. Las demás que le correspondan, conforme a las disposiciones legales aplicables.
Artículo 11. Es obligación expresa de la Amexcid identificar opciones de cooperación internacional y, en su caso, elaborar las evaluaciones previas a la ejecución de los proyectos que se deriven de ellas, en coordinación con las instancias e instituciones involucradas, a fin de contar con referentes claros para la formulación de evaluaciones de los resultados e impactos al término de su ejecución, cuya elaboración será igualmente obligación expresa de la propia Amexcid.
Artículo 12. La Amexcid, con apoyo en los datos del registro nacional, deberá desarrollar una metodología para contabilizar el total de los recursos humanos, financieros y técnicos que el conjunto de los cooperantes mexicanos destinen a este propósito.
Artículo 13. Es responsabilidad de la Amexcid que su personal se mantenga actualizado en relación con las mejores prácticas en materia de cooperación internacional, desarrolladas, adoptadas y aplicadas por agencias de cooperación de terceros países y por organismos multilaterales especializados.
Capítulo III
De las Autoridades de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Artículo 14. La dirección y administración de la Amexcid corresponden al director ejecutivo.
La Dirección Ejecutiva contará con la estructura orgánica y administrativa que se establezca en el Reglamento Interior de la secretaría.
Capítulo IV
Del Consejo Consultivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Artículo 15. El Consejo Consultivo de la Amexcid se constituye con el propósito de contribuir a la formulación del Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo, o su equivalente, y de la política pública en esta materia, cuya definición es responsabilidad de la secretaría. El Consejo Consultivo estará integrado por un representante de cada una las secretarías y entidades que se mencionan a continuación, quienes tendrán derecho a voz y voto:
a) Secretaría de Gobernación;
b) Secretaría de Relaciones Exteriores;
c) Secretaría de la Defensa Nacional;
d) Secretaría de Marina;
e) Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
f) Secretaría de Desarrollo Social;
g) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;
h) Secretaría de Energía;
i) Secretaría de Economía;
j) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;
k) Secretaría de Comunicaciones y Transportes;
l) Secretaría de la Función Pública;
m) Secretaría de Educación Pública;
n) Secretaría de Salud;
ñ) Secretaría del Trabajo y Previsión Social;
o) Secretaría de la Reforma Agraria;
p) Secretaría de Turismo;
q) Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología;
r) Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; y
s) Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
La Presidencia del Consejo Consultivo estará a cargo del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Los integrantes propietarios del Consejo Consultivo deberán contar con sus respectivos suplentes, los cuales habrán de tener el nivel jerárquico inmediato inferior y contarán con las mismas facultades que los propietarios en caso de ausencia de éstos.
El consejo podrá solicitar a su presidente invitar a representantes de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, así como de los sectores privado, social y académico, quienes participarán con derecho a voz.
Los cargos en el Consejo Consultivo serán de carácter honorífico.
Artículo 16. Corresponde al Consejo Consultivo de la Amexcid
I. Conocer el programa y, en su caso, hacer recomendaciones a la secretaría para su correcta integración;
II. Formular recomendaciones sobre proyectos y programas específicos de cooperación internacional y líneas generales de acción de la Amexcid;
III. Conocer de las evaluaciones anuales sobre los resultados de las acciones de cooperación y asistencia internacional realizadas o coordinadas por la Amexcid y emitir opinión sobre las mismas; y
IV. Sesionar ordinariamente dos veces al año y en forma extraordinaria cuando se considere que existen asuntos de especial interés o trascendencia en las materias de su competencia.
El presidente del Consejo Consultivo podrá convocar a reuniones de los consejos técnicos que se constituyan a propuesta del director ejecutivo para que opinen o participen en la elaboración y evaluación de acciones específicas de cooperación internacional en temas especializados.
Artículo 17. Los acuerdos en el seno del Consejo Consultivo se tomarán por mayoría simple; en caso de empate, el presidente del mismo tendrá voto de calidad.
Capítulo V
Del Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Artículo 18. Al frente de la Amexcid habrá un director ejecutivo, quien será propuesto por el titular de la secretaría y designado por el titular del Poder Ejecutivo federal.
Artículo 19. El director ejecutivo tendrá las siguientes atribuciones:
I. Establecer políticas, lineamientos, criterios, sistemas y procedimientos de carácter técnico y administrativo que deban regir en las áreas administrativas con que cuente la Amexcid;
II. Acordar y suscribir los convenios y contratos relativos a la Amexcid, de conformidad con las disposiciones y lineamientos que fijen las unidades administrativas centrales de la secretaría;
III. Administrar los recursos humanos, así como los financieros y materiales que se asignen a la Amexcid para el desarrollo de sus actividades;
IV. Coordinar con el conjunto de instituciones cooperantes las acciones necesarias para la elaboración del programa y presentar la propuesta al Consejo Consultivo;
V. Realizar las acciones que se requieran para el cumplimiento de las políticas, objetivos y metas establecidos en el programa y coordinar su ejecución, de conformidad con las políticas, lineamientos y procedimientos emitidos por la secretaría, tomando en cuenta las recomendaciones del Consejo Consultivo;
VI. Plantear al Consejo Consultivo la constitución de consejos técnicos para el tratamiento de temas específicos de cooperación internacional, con la participación de los especialistas de las dependencias y entidades consignadas en el artículo 3;
VII. Elaborar el anteproyecto del programa de presupuesto anual de la Amexcid, sometiéndolo a la consideración de la secretaría y, una vez aprobado, conducir su correcta y oportuna ejecución;
VIII. Proponer los proyectos de manuales de organización, procedimientos y servicios al público, relativos a la Amexcid, previo dictamen de la Oficialía Mayor de la secretaría, los cuales deberán ser expedidos por el titular de la secretaría;
IX. Proponer al titular de la secretaría la delegación de atribuciones en servidores públicos subalternos;
X. Participar, en el ámbito de su competencia, en el diseño y establecimiento de los mecanismos de coordinación y concertación que se establezcan con las autoridades federales, estatales y municipales;
XI. Coordinarse con los titulares de las unidades administrativas de la secretaría para el eficaz despacho de los asuntos de su competencia;
XII. Proporcionar la información, los datos, criterios de calificación o de la cooperación técnica que le sea requerida oficialmente, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;
XIII. Vigilar que se cumplan estrictamente las disposiciones legales y administrativas en todos los asuntos cuya atención le corresponda;
XIV. Cumplir las normas de control y fiscalización que establezcan las disposiciones legales correspondientes;
XV. Presentar al Consejo Consultivo el informe semestral del desempeño de las actividades de la Amexcid, incluido el ejercicio del presupuesto y los estados financieros correspondientes, las metas propuestas y los compromisos asumidos, sin perjuicio de hacer lo propio con la secretaría;
XVI. Asistir a las sesiones del Consejo Consultivo con derecho a voz, pero sin voto;
XVII. Desempeñar el cargo de secretario ejecutivo del Consejo Consultivo; y
XVIII. Las demás que le confieran la presente ley, el Reglamento Interior de la secretaría, así como otras disposiciones legales aplicables.
Artículo 20. Para ser director ejecutivo de la Amexcid se requiere
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. Contar con experiencia en la materia objeto de la Amexcid;
III. Haber desempeñado cargos afines a la cooperación internacional para el desarrollo cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencias en materia administrativa, académica o científica;
IV. Tener cumplidos treinta años de edad al día de su designación; y
V. Gozar de buena reputación.
Artículo 21. El director ejecutivo de la Amexcid no podrá desempeñar, durante el ejercicio de su encargo, ningún otro empleo, cargo o comisión distintos que sean remunerados, con excepción de los de carácter docente o científico.
Capítulo VI
Del Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Artículo 22. Las políticas y mecanismos de ejecución de la cooperación internacional estarán establecidos en el programa correspondiente.
Artículo 23. El programa es la base para la planeación y ejecución de las acciones de cooperación internacional, así como de las estrategias de recepción, transferencia e intercambio de recursos, bienes, conocimientos y experiencias en materia educativa, cultural, técnica, científica, económica y financiera.
Artículo 24. El programa deberá contemplar los siguientes aspectos:
I. La política general de cooperación internacional consistente en el conjunto de acciones de transferencia de recursos, bienes, conocimientos y experiencias educativas, culturales, técnicas, científicas, económicas y financieras, de terceros países y de organizaciones internacionales a México, y de México a terceros países, con el propósito fundamental de fortalecer en ambos casos las capacidades nacionales para el desarrollo;
II. La identificación de las áreas geográficas que resulten prioritarias para el interés de México en materia de oferta de cooperación internacional, en primer término Centroamérica y el resto de los países de América Latina y el Caribe;
III. La identificación de los contenidos prioritarios de la cooperación internacional, entre los cuales deberán figurar de manera obligada investigación científica y tecnológica en todos los ámbitos de interés nacional, salud, educación, protección del medio ambiente y prevención de desastres, bajo los principios señalados en el último párrafo del artículo primero de esta ley;
IV. Los medios y estrategias contemplados para el cumplimiento de los objetivos del programa; y
V. Las políticas que regirán la coordinación y concertación del Ejecutivo federal con las dependencias y entidades enunciadas en el artículo 3 de este ordenamiento, en materia de cooperación internacional.
Artículo 25. En la orientación de la política de cooperación internacional, el programa deberá
I. Estimular la participación de las dependencias y entidades del sector público, así como de los centros de investigación científica y de desarrollo tecnológico, y de los organismos culturales, también pertenecientes al sector público, en las acciones de cooperación internacional;
II. Establecer los lineamientos para garantizar el apoyo a la cooperación internacional de México por parte de las representaciones diplomáticas y consulares del gobierno federal en el exterior;
III. Impulsar la concertación de convenios, acuerdos marco y otros instrumentos jurídicos de cooperación internacional;
IV. Promover la diversidad cultural y la proyección de México en el exterior como un Estado pluriétnico y multicultural;
V. Privilegiar la demanda de cooperación internacional para fortalecer la formación de recursos humanos en las áreas de mayor importancia estratégica para el desarrollo nacional;
VI. Promover el fortalecimiento institucional para la cooperación internacional, con especial énfasis en la formación de recursos humanos especializados en la gestión de la oferta mexicana en la materia;
VII. Propiciar la celebración de acuerdos internacionales para la realización de proyectos de cooperación internacional de gran impacto y largo alcance, participando de manera activa en los organismos de cooperación internacional de distinta índole de los que México forme parte;
VIII. Incorporar lo dispuesto en las leyes mexicanas en lo relativo a la prestación de ayuda humanitaria en casos de desastres; y
IX. Garantizar la coherencia con la consecución de los Objetivos del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas, así como con los otros acuerdos y convenciones internacionales que incidan en la cooperación internacional y de los que México forme parte.
Artículo 26. El programa deberá ser evaluado anualmente por la secretaría, sin perjuicio de las facultades que en materia de evaluación correspondan a otras instancias, y podrá ser revisado cada dos años para ajustarlo tanto a las modificaciones que se produzcan en los ámbitos específicos de su aplicación como a los avances y limitaciones que se observen en su ejecución.
Título Tercero
Del Registro de Información de la Cooperación Internacional para el Desarrollo
Capítulo I
Del Registro Nacional de la Cooperación Internacional
Artículo 27. Se crea el registro nacional, como una función de la Amexcid, que estará bajo su responsabilidad directa, sujeto a las disposiciones que al efecto prevea el Reglamento Interior de la secretaría.
Artículo 28. En el registro nacional se inscribirán
I. La relación de las dependencias y entidades de la administración pública federal participantes en las acciones de cooperación internacional;
II. Los acuerdos y convenios en materia de cooperación internacional suscritos por el gobierno mexicano con otros gobiernos y entidades multilaterales;
III. Los proyectos y acciones de cooperación internacional en los cuales participen como receptores o donantes las dependencias e instancias consignadas en el artículo 3, y en cuya promoción, acuerdo y ejecución participen la secretaría o la Amexcid;
IV. Las ofertas de cooperación internacional en materias educativas, culturales, técnicas, científicas, económicas y financieras presentadas a México por instituciones y gobiernos extranjeros y por organizaciones multilaterales;
V. Las demandas de cooperación internacional en materia educativa, cultural, técnica, científica, económica y financiera planteadas a México por terceros países;
VI. Los sujetos enunciados en el artículo 3 que hubieren recibido de la Amexcid la calificación de cooperantes;
VII. Los acuerdos de cooperación internacional que celebren, tanto en calidad de oferentes como de demandantes, las dependencias y entidades consignadas en el artículo 3 y los centros de investigación pertenecientes al sector público;
VIII. Los informes de los cooperantes mexicanos y extranjeros al término de sus misiones de cooperación internacional;
IX. Los tratados internacionales y las disposiciones jurídicas referidas directa o indirectamente a la cooperación internacional para el desarrollo;
X. Los montos de las asignaciones presupuestales federales al Fondo Nacional para la Cooperación Internacional, así como los fideicomisos creados para el financiamiento de proyectos específicos;
XI. Las evaluaciones de los resultados finales de las acciones de cooperación internacional coordinadas por la Amexcid; y
XII. Los montos, modalidades y ejercicio de los recursos financieros, las donaciones y las aportaciones en especie provenientes de gobiernos extranjeros y organismos internacionales, que se deriven de los esquemas de cooperación internacional de los que forme parte el Estado mexicano.
Capítulo II
Del Sistema de Información de la Cooperación Internacional para el Desarrollo
Artículo 29. Con base en la información inscrita en el registro nacional, la Amexcid creará, organizará, administrará y mantendrá actualizado, como una de sus funciones, el Sistema de Información de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, estableciendo un banco de información que permita identificar la concurrencia y, en su caso, la duplicidad de esfuerzos, así como las posibles iniciativas contradictorias de cooperación internacional que impulsen las dependencias e instancias de la administración pública federal.
La información inscrita en el registro nacional será pública y estará sujeta a lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Artículo 30. Toda persona tendrá derecho a que la Amexcid ponga a su disposición la información puntual que solicite sobre la cooperación internacional para el desarrollo, en los términos previstos en las leyes.
Artículo 31. La Amexcid, bajo la coordinación de la secretaría, diseñará y pondrá en práctica una política de divulgación de los resultados y beneficios de las acciones de cooperación internacional para el desarrollo, precisándose las gestiones del Estado mexicano en carácter de receptor y de oferente de dicha cooperación.
Artículo 32. Las dependencias y entidades de la administración pública federal otorgantes o beneficiarias de las acciones de cooperación internacional estarán obligadas a colaborar con la Amexcid en la organización y actualización del sistema de información, mediante la presentación anual de informes sobre los acuerdos interinstitucionales que celebren en materia de cooperación internacional para el desarrollo.
Título Cuarto
Del Financiamiento de la Cooperación Internacional para el Desarrollo
Artículo 33. Las acciones de cooperación internacional se financiarán con asignaciones presupuestales federales aprobadas por la Cámara de Diputados, así como con aportaciones financieras y en especie de gobiernos extranjeros y organismos internacionales, y con aportaciones financieras y en especie de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios.
Capítulo I
Del Fondo Nacional y otros Fondos de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Artículo 34. El Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo se integrará con las asignaciones presupuestales federales para programas de cooperación internacional, en el marco del Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y por las aportaciones enunciadas en el artículo 33 de este ordenamiento.
Artículo 35. Los recursos del fondo tendrán como destino la consecución de los objetivos a que se refiere el artículo 1 de esta ley, para sufragar entre otros, los siguientes costos:
I. Capacitación de personas para que actúen en acciones de cooperación internacional;
II. Movilización a terceros países de las personas a que se refiere la fracción anterior;
III. Adquisición de materiales didácticos para respaldar las acciones de cooperación internacional;
IV. Donación de equipos y materiales a países con menor grado de desarrollo relativo para la aplicación de los conocimientos transferidos; y
V. Asunción de los costos de estancia en México de cooperantes extranjeros cuando así lo estipulen los convenios internacionales respectivos.
Artículo 36. El Fondo Nacional de Cooperación Internacional podrá ser receptor de recursos externos destinados a proyectos específicos de cooperación internacional para el desarrollo y, en su caso, efectuará la transferencia de los mismos a las dependencias y entidades de la administración pública federal responsables de su ejecución, con arreglo a lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos en la materia.
Artículo 37. El Fondo Nacional de Cooperación Internacional se administrará mediante un fideicomiso constituido conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, considerando que la cooperación internacional constituye una prioridad estratégica tanto para el desarrollo como para la política exterior de México.
Artículo 38. El Comité Técnico y de Administración del fideicomiso estará integrado por representantes de la secretaría, de la Amexcid y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 39. La Amexcid podrá promover la constitución de fondos de cooperación internacional para la ejecución de acciones específicas. Los recursos de estos fondos se administrarán mediante fideicomisos especiales, constituidos conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Los Comités Técnico y de Administración de estos fideicomisos se integrarán con funcionarios de la secretaría, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las dependencias y entidades de la administración pública federal que participen en los proyectos a los cuales se asignarán los fondos.
Artículo 40. Los bienes donados a favor de las entidades federativas y los municipios invariablemente se incorporarán al patrimonio del estado o de los municipios.
Artículo 41. La Amexcid, por conducto de la secretaría, presentará a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública un informe anual sobre los recursos financieros recibidos y aplicados directamente por la propia agencia.
Artículo 42. Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública intervendrán, en el marco de sus respectivas competencias, para evaluar y fiscalizar la gestión de los flujos financieros realizados directamente por la Amexcid y por los fideicomisos creados en los términos establecidos en esta ley.
Transitorios
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor a los diez días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo a que se refiere la presente ley deberá constituirse dentro de los 120 días siguientes a su entrada en vigor, mediante la reasignación de los recursos de todo tipo que se destinan actualmente a las tareas de cooperación internacional en la estructura y presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Los programas, proyectos y demás acciones que, en cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y en razón de su competencia, corresponda ejecutar a las dependencias y entidades de la administración pública federal deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Artículo Tercero. El programa a que se refiere la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo deberá ser integrado dentro de los 120 días que sigan a la constitución de la Amexcid.
Artículo Cuarto. El registro nacional deberá ser instituido, como una función de la Amexcid, dentro de los 240 días siguientes a la constitución del órgano desconcentrado.
Artículo Quinto. El Fondo de Cooperación Internacional para el Desarrollo a que se refiere la presente ley deberá constituirse dentro de los 120 días siguientes a la constitución de la Amexcid, integrando como recursos semilla los que ya forman parte del presupuesto, tales como el Fondo Mexicano para la Cooperación con Centroamérica y el Caribe, el Programa de Acciones Estratégicas de México con el Caribe, el Programa de Cooperación entre México e Iberoamérica y el Fondo 22 México/OEA, así como los recursos de contraparte de los proyectos de cooperación acordados con la Unión Europea y varios países pertenecientes a la OCDE.
Artículo Sexto. La Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro de los 100 días siguientes a la aprobación de la ley en la materia, propondrá al Ejecutivo federal la adecuación del Reglamento Interior que la rige, a fin de incluir la Amexcid como órgano desconcentrado y señalar las atribuciones que esta ley le confiere.
Artículo Séptimo. La Secretaría de Relaciones Exteriores, una vez promulgada la presente ley en el Diario Oficial de la Federación, destinará a la Amexcid recursos presupuestales que le hayan sido asignados en el ejercicio fiscal en curso, a fin de iniciar sus trabajos en el tiempo señalado en este capítulo.
Artículo Octavo. El personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores que, en aplicación de esta ley, pase a la Amexcid, incluido el perteneciente al Servicio Exterior Mexicano, en ninguna forma resultará afectado en los derechos que haya adquirido en virtud de su relación laboral con la administración pública federal.
Artículo Noveno. Si alguna unidad administrativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores pasa a formar parte de la Amexcid, el traspaso se hará incluyendo al personal a su servicio, mobiliario, archivo y, en general, el equipo que la dependencia haya utilizado para la atención de los asuntos a su cargo.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 26 de octubre de 2010.
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica)
Secretario